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Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”

Por: Thais Iervolino.

 

En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita

La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. 

Aminta Navarro: “No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.

En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.

Lee la entrevista completa.

¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?

Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.

De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.

Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.

¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?

Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.

“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”

Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.

También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.

En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?

Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.

Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.

Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.

Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?

Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.

Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.

¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?

Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.

La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?

Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.

Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.

¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?

Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.

Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.

En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.

Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.

Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?

Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.

“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”

Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.

¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?

Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.

La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.

¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?

Aminta Navarro –  La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.

Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/

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Promulgan ley de teletrabajo en Chile

América del Sur/ Chile/ 24.03.2020/ Fuente: mba.americaeconomia.com.

La iniciativa establece que el trabajo a distancia estará regulado por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato o un anexo entre empleador y empleado.

La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que regula el teletrabajo y trabajo a distancia, en el contexto de crisis como las que actualmente enfrenta el país a causa del Covid-19.

El proyecto había sido aprobado la semana pasada en el Senado, por lo que con su aprobación en la Sala de la Cámara Baja (por 88 votos a favor 22 en contra y 1 abstención) quedó listo para ser promulgado y con ello convertirse en Ley de la República.

En concreto, la iniciativa establece que el trabajo a distancia y el teletrabajo estarán regulados por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato de trabajo o un anexo entre empleador y empleado.

Además, instaura que el trabajador tendrá los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Otro punto importante es que el trabajador, en caso que sus funciones lo permitan, podrá pactar la distribución libre de la jornada de trabajo.

En paralelo, la ley señala que el empleador deberá proveer de los equipos, materiales y herramientas para que se lleve a cabo el teletrabajo o trabajo a distancia.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, agradeció el compromiso de los parlamentarios en respaldar esta iniciativa que había sido ingresada en agosto de 2018.

“Mientras más trabajadores puedan seguir cumpliendo con sus labores desde sus domicilios, menos expuestos estaremos los chilenos al Coronavirus, entonces no solo apoyaron una ley que permitirá generar más empleo, sino que también una norma que permitirá al país superar de manera más eficiente y rápida la crisis sanitaria que vivimos”, señaló.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dijo que como Gobierno “estamos muy contentos de la aprobación como Ley de la República del proyecto de Trabajo a Distancia y Teletrabajo que va a regular un tipo de empleo moderno, inclusivo y sustentable otorgando certeza jurídica a las partes y especialmente a los trabajadores, quienes a partir de ahora dispondrán de un catálogo de derechos respecto de los cuales pueden ejercer el Trabajo a Distancia de manera protegida, segura y sin menoscabo”.

Las autoridades destacaron que la nueva ley permite al trabajador prestar sus servicios total o parcialmente, desde un lugar o lugares distintos al de la empresa, permitiendo distribuir de mejor manera la jornada laboral, pero respetando los límites que actualmente impone la Ley y, sobre todo, resguardando todos los derechos laborales, tanto individuales y colectivos de los trabajadores.

Además, establece nuevas garantías de vanguardia en la legislación nacional y regional, como es el derecho a la desconexión.

Para resguardar tanto al trabajador como al empleador, se deberá registrar el contrato con dicho cumplimiento en el sitio web de la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su suscripción, y la DT remitirá copia de dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y a la mutualidad a que se encuentre adherida la entidad empleadora.

Asimismo, la DT será el organismo, previa autorización del trabajador, que deberá fiscalizar el cumplimiento a la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia.

Fuente de la noticia: https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/promulgan-ley-de-teletrabajo-en-chile

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Educación, empatía y fraternidad

Por: Pedro Luis Angosto. 

En una situación tan excepcional como la que vivimos la educación es tan necesaria como el aire que respiramos -tal como decía Goytisolo– trece veces por minuto. Educación a la hora de dirigirnos a los demás, a quienes tenemos más próximos en el hogar, a quienes nos sirven exponiendo su salud en hospitales, tiendas de alimentación, transportes y servicios esenciales o cuidando para que se cumplan las leyes; pero si cabe, es todavía más necesaria la educación democrática, esa que impide crear bulos, infundios, mentiras, esa que nos obliga a respetar y obedecer todas y cada una de las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias sin erigirnos en sabelotodo y en hipercríticos cuando hemos estado callados viendo como privatizaban nuestros hospitales públicos, como despedían a miles de sanitarios, como mantenían cerradas decenas de plantas hospitalarias para favorecer la aparición de más clínicas privadas, verdaderas sanguijuelas de lo público que se han estado tragando buena parte del presupuesto de salud de comunidades como Madrid, Cataluña o Murcia. Sorprende, por cierto, la unidad de acción existente entre los líderes de esos tres territorios, más interesados en echar la culpa a otros de su propia necedad, de su maldad, que de cumplir con sus obligaciones: Privatizar es precarizar y diezmar, es enajenar lo que es de todos, lo que está al servicio de todos independientemente de su condición social para favorecer a quienes sólo quieren ganar dinero de forma exponencial. Esa ha sido la política sanitaria de las derechas españolas, tanto periféricas como centralistas, acabar con el Sistema Público de Salud, cosa que ahora sufrimos todos, pero sobre todos quienes padecen la enfermedad, quienes han perdido a seres queridos y quienes se están portando como verdaderos héroes en los adentros de nuestros hospitales, los de todos. Y no es que esto suceda porque sí, no, eso deriva de la falta de educación democrática, pues quien muestra desprecio por lo público, por lo que nos ayuda y nos protege a todos ocupando cargos públicos, quien es capaz de entregar al negocio parcelas enteras del Sistema Público de Salud sólo pretende beneficiar a unos pocos a cambio de la salud y el bienestar de la inmensa mayoría. Su modelo no es otro que el de Estados Unidos donde el tratamiento por el coronavirus cuesta 35.000 euros a pagar por el enfermo si es que puede. Y allí, el país más rico del planeta, la mayoría no puede, ni aquí tampoco. Aunque aquí, esa es la grandísima diferencia, tenemos Hospitales Públicos.

Esa falta de educación democrática se demuestra también de forma bestial en las acusaciones vertidas hacia el gobierno por autorizar las manifestaciones del 8 de Marzo, cuando ese mismo día se jugaron cientos de partidos de fútbol, se celebraron mítines masivos, todas las calles estaban llenas de gente y miles de personas, entre otras cosas, fueron a misa en miles de pueblos de España: Ese día, con un número de contagiados todavía bajo y con muchas recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre lo que podíamos y no podíamos hacer, no existía el Estado de Alarma como tampoco existía en China en las mismas fechas, como tampoco en ese país de economía centralizada y con una capacidad de producción enorme de cualquier cosa, tampoco hubo mascarillas, ni respiradores ni trajes aislantes durante el primer mes. Simplemente porque no tenemos ni varitas mágicas ni lámparas de Aladino. La misma carencia de educación democrática está detrás de quienes, irresponsablemente, piden la paralización de toda actividad económica sin ser conscientes del caos de producción, distribución, abastos y orden público que esa decisión podría acarrear. Por el contrario, es la educación democrática la que está llevando a la inmensa mayoría de ciudadanos a quedarse en sus casas y no seguir el ejemplo de los energúmenos que van a segundas residencias o aprovechan cualquier argucia para romper el confinamiento.

Nos han enseñado mal, hemos carecido de educación, empatía y fraternidad al contemplar como miles de inocentes morían en el Mediterráneo o en África por querer escapar de la miseria y de la guerra, por pretender que sus hijos tengan una vida mejor, por huir del infierno que Occidente les fabricó

Si hay algo necesario en este momento y debería seguir para el día después como norma vital de comportamiento, es la empatía, palabra tan de moda como hermosa por lo que significa. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en la piel del otro, en la piel de nuestros viejos que son quienes más están sufriendo la pandemia y a quienes algunos quieren apartar de las UCIs siguiendo criterios despreciables como su utilidad material para la sociedad o su esperanza de vida. La vida de un viejo vale tanto como cualquier otra y si hay algo que tenemos que aprender de esta tragedia es a respetarlos, quererlos y protegerlos evitando que en lo sucesivo la vida de muchos de ellos dependa de negociantes dueños de residencias concertadas que no cumplen con las mínimas normas higiénico-sanitarias tal como demuestra la actual situación. Empatía necesaria, como el pan de cada día -otra vez José Agustín- para comprender lo que está pasando en el interior de cada uno de los sanitarios que batallan contra la enfermedad sin tener otra cosa en el horizonte que acabar con ella; con quienes nos despachan en las tiendas, con quienes cultivan la tierra, con quienes reparten alimentos y medicinas, con quienes limpian las calles, con quienes no  pueden tener el privilegio de estar confinados porque les ha tocado estar en primera línea de batalla.

Y fraternidad, otra palabra hermosa que nos habla de la capacidad que tenemos para no ver al otro como un enemigo sino como un hermano, y de ese modo no vernos como el centro del universo sino como una parte más y ayudar con todas nuestras energías a quienes más lo necesitan, a quienes más están sufriendo, a quienes más dolor soportan. Ser conscientes de que nuestra vida vale lo mismo que la de nuestro vecino, ni un céntimo más ni uno menos; no querer llegar el primero en la carrera de la vida sino ayudar a quienes van rezagados para que también puedan llegar, al mismo tiempo, al mismo lugar y al llegar fundirnos con él, con ellos, en un inmenso abrazo. Saber que no es mejor quien más cosas tiene, sino quien es más generoso, más solidario, más benéfico como decía nuestra primera Constitución de 1812. 

Nos han enseñado mal, hemos carecido de educación, empatía y fraternidad al contemplar cómo miles de inocentes morían en el Mediterráneo o en África por querer escapar de la miseria y de la guerra, por pretender que sus hijos tengan una vida mejor, por huir del infierno que Occidente les fabricó. Nos hemos tapado los ojos, los oídos y la nariz para no sentir el dolor ajeno, para no denunciar la explotación, las privatizaciones criminales, el fraude fiscal que tantos recursos se ha llevado. Es hora de aprender la lección, de saber que pese a la minoría incívica dedicada a esparcir mierda mediante mentiras irresponsables, saldremos de esta y sabremos construir un mundo mejor para todos, sin exclusión. Para ello, cuando todo esto pase, tendremos que estar dispuestos a librar la gran batalla contra quienes vendrán de nuevo con recortes y con más austericidio, porque vendrán, dispuestos a todo, con toda su artillería.

Fuente del artículo: https://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/educacion-empatia-fraternidad/20200323142738172500.html?fbclid=IwAR3GebM-_OwHgCIty3VOQJgelYJjSjkK99MUL-9mD5Di_IUkqeK_hF-zuus

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Desnutrición y obesidad le cuestan el 2,6% del PIB a República Dominicana

Por: EFE.

La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad le cuestan a República Dominicana 1.961 millones de dólares al año, valor que equivale al 2,6 % del producto interno bruto (PIB), según un informe de las Naciones Unidas.

El informe, elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), calcula que la desnutrición y el sobrepeso generan cargas adicionales en educación y salud, así como en pérdida de productividad laboral.

El problema más costoso es el sobrepeso y la obesidad, que le cuestan 1.461 millones de dólares al erario público, al incrementar el gasto en la atención de enfermedades como diabetes e hipertensión, así como el costo asociado a la pérdida de productividad por el incremento del ausentismo laboral.

La desnutrición, que ha presentado en las últimas décadas una sostenida tendencia a la baja, tiene un sobrecoste de 499,7 millones, porque supone un aumento en los gastos en salud, así como por su efecto pernicioso en la educación de los niños y en su futura productividad laboral.

«La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad limitan el óptimo desarrollo de los individuos y el bienestar de las comunidades, impactando negativamente sobre la productividad y el crecimiento económico», dijo el director del PMA para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, en un comunicado.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, subrayó que la malnutrición y el sobrepeso afectan «de manera creciente» a la población pobre y vulnerable de América Latina y el Caribe, «lo que la convierte en un factor más» de desigualdad en la región.

El sobrepeso afecta al 32,5 % de los dominicanos y la obesidad, al 27,8 % de la población, según el estudio, que se basa en datos de 2017.

«El estudio da cuenta de la manera en que interactúan las brechas sociales con el desarrollo económico, y la necesidad de invertir para cautelar el ejercicio de los derechos de las personas en el marco de un modelo de desarrollo sostenible en la región», agregó Bárcena.

El coste del 2,6 % del PIB sitúa a República Dominicana en la línea de México (2,3 %), país donde se presentó el informe en 2017, pero en mejor lugar que países con mayores problemas de desnutrición como Ecuador (4,3 %) o El Salvador (6,8 %).

El PMA y la CEPAL presentaron los resultados de este informe con el Gobierno de República Dominicana, a través del programa Progresando con Solidaridad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública.

Fuente de la reseña: https://www.laprensagrafica.com/salud/Desnutricion-y-obesidad-le-cuestan-el-26-del-PIB-a-Republica-Dominicana-20200321-0058.html

 

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Los retos de la educación virtual en la era del COVID-19

Por: Carolina Botero.

 

El virus ha puesto en evidencia la enorme desigualdad en el acceso a la tecnología: veinte millones de ciudadanos no tienen internet y el 75 por ciento de los municipios no podrá tener clases virtuales. Pero tenemos algunas soluciones.

 

Los retos de la educación virtual

Una forma evidente de prevenir y contener el contagio del COVID-19 es evitar que niños, niñas y jóvenes vayan a guarderías, colegios y universidades.

Pero en Colombia esta medida supone varios desafíos que se han vuelto apremiantes tras la llegada del virus. Uno de ellos –quizás el principal– es que veinte millones de personas no tienen conexión a internet, y muchos de los que sí la tienen, acceden únicamente a través de celulares. Esto ocurre, sobre todo, en las zonas rurales.

Para que la educación virtual sea un éxito se necesitan los equipos en el centro educativo y en la casa de los estudiantes. Así mismo es necesario que educadores y estudiantes aprendan las metodologías y habilidades para el aprendizaje por fuera del aula.

Un esfuerzo indispensable

Aunque suene utópico, debemos trabajar para que todas las personas tengamos conexión a internet durante todo el tiempo y podamos navegar sin restricciones. Conformarnos con menos no debería ser una opción.

La conexión a internet es fundamental, sobre todo porque solo así es posible garantizar derechos básicos como el acceso a la educación en situaciones como la que estamos viviendo.

Recientemente la Corte Constitucional señaló que aunque el Estado no está obligado a pagar la conectividad a cualquier precio, sí debe poner en marcha un plan que aumente el cubrimiento y debe promover el uso de la tecnología en el sistema educativo. Además, indicó que -mientras la conectividad llega a todas partes-, el Estado debe ofrecer alternativas para garantizar la alfabetización digital.

Educación virtual

Foto: Super Intendencia de Industria y Comercio
¿Se puede aprovechar la tecnología para educar en un país sin conectividad?

Veinte millones de personas no tienen conexión a internet, y muchos de los que sí la tienen, acceden únicamente a través de celulares.

Un punto importante del debate es que la realidad presenta muchas zonas grises y no puede reducirse a la dicotomía de ‘hay conectividad’ o ‘no hay conectividad’. Generalmente, las políticas son diseñadas por centros de poder urbanos que ignoran estos matices y caen en generalizaciones simplistas.

Por ejemplo, en Karisma sostuvimos que las ventajas para promover la conectividad rural no deberían estar en manos solo de las grandes operadoras de telecomunicaciones, la Ley TIC debía promover soluciones locales, como las redes comunitarias para que las comunidades resolvieran sus necesidades usando sus propias capacidades. Así mismo, criticamos el proyecto de ley que prohibía el uso de celulares en las escuelas, señalando la necesidad de incorporar la tecnología en los procesos educativos que tienen lugar en las zonas rurales.

Puede leer: ¿Qué significa la virtualidad en internet?

Red Kimera: una iniciativa para aprender

En Karisma, la fundación donde trabajo, estamos buscando cómo llevar mecanismos de educación virtual a instituciones rurales donde la conectividad es muy limitada o no existe. Se trata de nivelar las condiciones para cerrar la brecha de la desigualdad.

En el resto de este artículo compartiré algunas lecciones que pueden acelerar este proceso en el futuro cercano.

Una de las iniciativas que estamos adelantando es “la Red Local Inalámbrica Kimera” que busca cubrir necesidades de conectividad local, especialmente en centros educativos rurales. Esta solución se basa en tres premisas: que sea fácil de usar para personas sin habilidades técnicas, que permita la apropiación de la herramienta por parte de la comunidad, y que funcione con los equipos disponibles en los centros educativos a los que tiene acceso la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red inalámbrica se aloja en el computador de alguno de los o las educadoras o del centro educativo, opera con Windows –el sistema más usado en Colombia en el sector educativo– y utiliza soluciones que son de software libre, es decir, que no cobran licencias, tienen actualizaciones disponibles y permiten hacer adaptaciones y ajustes.

La red permite acceder a todos los contenidos y servicios desde cualquier dispositivo con tecnología inalámbrica (celulares, tabletas o computadores) y funciona en lugares que presentan grandes limitaciones para acceder a internet. Así, permite que las y los estudiantes usen las tabletas que los gobiernos repartieron en sitios donde no había conectividad, y fomenta un escenario donde las y los educadores y estudiantes se comunican, experimentan y aprenden.

El servidor se alimenta con contenidos y servicios que las y los educadores escogen entre opciones precargadas, porque la mayoría de estos lugares tienen una conectividad intermitente que depende de la hora o de las condiciones climáticas, por ejemplo. Los contenidos son ligeros y de la libre circulación, por lo cual son soportados fácilmente por todos los dispositivos. Cada vez es más frecuente que las y los educadores y estudiantes creen nuevos contenidos.

Las comunidades que acceden a este tipo de soluciones a pesar de tener problemas de conectividad apoyan su educación con tecnología y están por lo tanto preparadas para desplegar soluciones de virtualidad en casa, durante una crisis como la que estamos viviendo.

garantizar la conectividad en todo el país

Foto: MinTIC
No se debe centralizar el problema de la conectividad en los operadores privados, deben hacerse redes comunitarias.

Este tipo de soluciones tendría un impacto importante en una amplia franja de la población porque, otro punto a considerar es que no debemos confiar exclusivamente en las estadísticas sobre desconexión. Como ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hay comunidades que son registradas como conectadas, pero la calidad de su conexión es tan baja que no funciona para muchos fines, como el streaming. Otras comunidades se reportan como desconectadas, si tienen soluciones como la red Kimera logran un nivel de apropiación de la tecnología que no debe ser menospreciada. Estos son solo algunos de los grises a los que me referí anteriormente.

Le recomendamos: La subasta del espectro radioeléctrico: medio país sin conexión

Los dispositivos

Los dispositivos representan uno de los retos más importantes cuando pensamos en soluciones virtuales para la educación en poblaciones vulnerables.

El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana estableció que 95 por ciento de los municipios del país no podrá utilizar la educación virtual porque ni siquiera la mitad de los estudiantes tienen computador e internet en su casa (no hablemos de servicio eléctrico).

El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana estableció que 95 por ciento de los municipios del país no podrá utilizar la educación virtual

Ante esta realidad, el gobierno ha optado por usar la radio y la televisión para apoyar al sistema educativo. En la gama de grises, esa solución funciona para el extremo de la desconexión, aunque me preocupa que no se ocupa de los lugares donde no hay energía, es importante tener en cuenta que en muchas zonas de baja conectividad muchas hay personas –incluyendo estudiantes– tienen celulares, por lo cual podría pensarse en soluciones hibridas que les permitan no estar tanto en la franja de la desconexión.

En Karisma hemos notado que el celular es el dispositivo más utilizado por los y las estudiantes para acceder a la Red Local en los centros educativos rurales. Si contáramos a los celulares como dispositivos para la educación virtual, seguramente las estadísticas cambiarían y en una situación como la que vivimos actualmente, las y los niños y jóvenes podrían usarlos para aprender desde casa.

Esto no sucede todavía porque es necesario adaptar los contenidos escolares para poder acceder a ellos a través de los celulares. Aunque no es la mejor solución para educación virtual, si vamos a explorar con celulares valdría la pena pensar en aplicaciones y contenidos que ofrezcan características hipertextuales, que sean livianos y fáciles de usar y de instalar, y que puedan usarse sin tener conexión a internet, para que puedan ser actualizados y cambiados en la conexión de la escuela.

La crisis provocada por el COVID-19 demuestra que la desigualdad en términos de conectividad sigue siendo muy grande en Colombia y, por eso, muchos estudiantes tendrán dificultades para seguir estudiando, especialmente en zonas rurales. Debemos asumir esta situación como una invitación para cerrar la brecha y reflexionar sobre el potencial que ofrece la tecnología en materia educativa.

Lo que ocurra con la conectividad híbrida durante estos meses nos dará pistas para mejorar las condiciones de los sectores más afectados por la desigualdad tecnológica, por la llamada brecha digital. Tendremos muchas décadas de conectividades híbridas, así que debemos tomarnos en serio este tema y pedirle al gobierno que empiece a trabajar en él tan pronto superemos esta crisis.

*Directora de Fundación Karisma. Trabaja en la defensa de los derechos humanos en entornos tecnológicos, siguiendo debates sobre la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura y la innovación social @carobotero

Fuente del artículo: https://razonpublica.com/los-retos-la-educacion-virtual-la-del-covid-19/

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Coronavirus en Brasil: organizaciones demandan al Supremo Tribunal la inmediata suspensión de la limitación de gastos para educación y salud

América del Sur/ Brasil/ 24.03.2020/ Fuente: redclade.org.

 

La acción es apoyada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil. Además, el voto virtual sobre el nuevo fondo para la educación básica por el Congreso Nacional, y la postergación de la SAME son otras consecuencias de la propagación del COVID-19 en el país

Organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos en Brasil presentaron, el último 18 de marzo, una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la Emenda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016), que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.

Organizaciones brasileñas entran con demanda a la Suprema Corte por la suspensión inmediata de emenda constitucional que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. Foto: CNDE

La iniciativa de presentar dicha demanda al STF fue de: Plataforma Brasileña de Derechos Humanos (Dhesca) Brasil, ONG Ação Educativa y Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), al lado de otras 22 organizaciones y movimientos sociales brasileños que actúan en la defensa de los derechos humanos.

“Con el cierre de las escuelas motivado por la pandemia, muchas madres y padres no tienen donde dejar sus niñas y niños para trabajar, y muchos estudiantes no tendrán alimentación escolar, intensificando la vulnerabilidad de las famílias y aumentando el hambre en todo el país. Los alimentos servidos en los centros educativos y escuelas tienen función importante en el cotidiano de muchos alumnos y alumnas, aunque varíen en calidad y contenido – en gran parte de los casos son alimentaciones completas con arroz, frijoles, verduras y carne. Para esos niños y niñas, los periodos sin clases son equivalentes al hambre: una amenaza a lo largo de todo el año se vuelve una realidad difícil de ser enfrentada”, se afirma en el pedido enviado a la Suprema Corte.

La EC 95/2016, aprobada por el Congreso Nacional de Brasil en el 2016, determina que ninguna inversión pública en áreas sociales – lo que incluye educación y salud – puede ser superior a la inflación por 20 años. Según la CNDE, esta política ha contribuído para profundizar las desigualdades del país, en especial, la sobrevivencia de la población más pobre.

“La Campaña reafirma su compromiso histórico de repudio a la EC 95/2016 por sus impactos dañinos a la educación pública. En resumen, la EC 95 prácticamente vuelve inviables las metas y estrategias del Plan Nacional de Educación – PNE – 2004 a 2024”, subraya la Campaña Brasileña en su página web.

Votación virtual de nuevo fondo para la educación

“Nuevo Fundeb: en nombre de un consenso que promueva el derecho a la educación”. Foto: CNDE

Para prevenir el contagio por el COVID-19, se pasó a la modalidad virtual la votación sobre el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil. Depende de la aprobación del fondo la garantía de la movilización de recursos de Unión, estados y municipalidades del país para financiar la educación pública.

Según la CNDE, la propuesta para el Fundeb que se analiza actualmente en la Cámara de Diputados está lejos de consagrar el derecho a la educación. “En vez de avanzar en la línea de la equidad, la actual propuesta atiende a la presión de parlamentarios comprometidos con la reforma empresarial de la educación, y posibilita condicionar la transferencia de recursos para la red pública, a la medición del desempeño de estudiantes”, afirma la Campaña Nacional en posicionamiento público. 

La CNDE añade que la actual propuesta para el Fundeb también pone en riesgo al presupuesto de programas esenciales relacionados a la alimentación y al transporte escolar. Tal como está, el fondo si se aprueba tampoco irá contemplar la implementación del Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) y del Costo Alumno Calidad (CAQ), mecanismos de financiamiento que buscan asegurar inversiones públicas adecuadas por cada estudiante, para la garantía de una educación de calidad y gratuita para todas y todos. Estos mecanismos están previstos en el Plan Nacional de Educación, gracias a acciones de incidencia impulsadas por la CNDE.

Según la Campaña, la demanda presentada a la Suprema Corte refuerza las críticas de la sociedad civil a la última propuesta de Fundeb que se vota en el Congreso. La demanda también corrobora la lucha de la Campaña por la protección de la alimentación escolar en el trámite del nuevo Fundeb. 

Se postergan las celebraciones de la SAME en Brasil para junio

Aún con su realización postergada para junio, la SAME en Brasil sigue con inscripciones abiertas. Foto: CNDE

La edición 2020 de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en Brasil fue postergada para junio, y se realizará del 15 al 22/6, debido a los impactos y medidas de prevención que resultan de la pandemia COVID-19.

“La decisión quiere colaborar con la situación de salud pública. Recomendaciones de especialistas y autoridades nacionales e internacionales desaconsejan fuertemente las aglomeraciones de personas para disminuir la propagación del virus”, afirma la Campaña Nacional.

Sin embargo, siguen abiertas las inscripciones para participar en la movilización. Si eres de Brasil y quieres sumarte, solo debes acceder a la página web de la SAME nacional y llenar un formulario para recibir gratuitamente materiales que te permitan organizar actividades y diálogos sobre el derecho a la educación en tu localidad.

Con el tema “Educación contra la barbarie: por escuelas democráticas y la libertad de enseñar”, la SAME brasileña busca expresar la indignación de una multitud de profesionales de la educación, estudiantes, madres, padres y activistas que presencian la precarización y una fuerte desfinanciación de la educación pública y gratuita, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes.

Sobre la SAME

 

Todos los años, desde el 2001, la CME coordina la SAME, una movilización internacional que se impulsa simultáneamente en más de 100 países, recordando el aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar (2000).

Las acciones de incidencia, comunicación, diálogo y movilización que se impulsan en la SAME, tienen el objetivo de llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, en todo el mundo.

En el 2019, la SAME fue realizada de abril a junio en América Latina y el Caribe. Abrazando el tema “Nuestra Educación, Nuestros Derechos”, impulsó actividades y diálogos para analizar y discutir el estado del derecho a la educación en la región, contribuyendo así con la revisión del ODS 4 en el ámbito de Naciones Unidas.

Con el tema“10 años para alcanzar el ODS 4”, la SAME de este año seguirá subrayando la garantía del derecho humano a la educación y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, de la Agenda de Desarrollo 2030.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/coronavirus-en-brasil-organizaciones-demandan-al-supremo-tribunal-la-inmediata-suspension-de-la-limitacion-de-gastos-para-educacion-y-salud/

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El Coronavirus más allá del Coronavirus: umbrales, biopolítica y emergencias

Por: Emiliano Terán Mantovani.

 

Para el 19 de marzo de 2020, la pandemia global del Coronavirus (COVID-19) se aproximaba rápidamente a los 250 mil casos (220.313), registrándose el fallecimiento de 8.980 personas, lo que representa el 4,07% del total de estas cifras.

El asunto crítico general con el COVID-19 no es tanto su tasa de mortalidad, sino su ritmo de contagio especialmente acelerado (fácilmente de persona a persona), lo que se convierte en algo delicado en un mundo globalizado, alta y velozmente interconectado. Esto nos ha puesto ante un escenario de potencial contagio masivo a escala planetaria (¿cuántos más podrían contagiarse en el mundo?) que, por un lado, tendría un alto costo en vidas humanas (principalmente personas de la tercera edad) y, por el otro, profundizaría la precariedad e insostenibilidad de la vida cotidiana en la actual globalización tardía y descompuesta.

No sólo colapsan sistemas de salud de las más “desarrolladas” economías del mundo (como en el caso de Italia), sino que también se paraliza buena parte del comercio internacional y doméstico (debido a las restricciones impuestas para frenar la pandemia), generando cierre de fábricas y empresas, crecientes despidos, derrumbe de las proyecciones económicas por países, entre otros. Los efectos interconectados se han traducido en cosas como el desplome del valor de las monedas, la caída de la demanda de petróleo (sin precedentes) y de los precios; o el derrumbe de las bolsas de valores internacionales (Dow Jones registró a mediados de marzo la segunda peor caída de su historia).

La actual pandemia podría causar más daño, o bien podría ser superada. No lo sabemos hasta el momento. Pero parece que todo esto que está ocurriendo, nos dice muchas cosas más. Por eso también necesitamos tratar de interpretar qué expresa esta pandemia, más allá de ella misma; qué significado tiene en este preciso tiempo (geo)político; qué nos dice del particular mundo que hoy enfrentamos.

 

Tiempo de umbrales: el Coronavirus es síntoma y punto de inflexión

Imagen: Sarah Grillo/Axios.

Todos los ojos, las conversaciones, las angustias y debates están sobre la pandemia global del COVID-19. Pero tenemos que hablar de más cosas que se articulan con ella. La pandemia se inscribe en un proceso histórico del capitalismo contemporáneo: estamos ante las pandemias de la globalización neoliberal, que han venido incrementándose y sucediéndose desde las décadas de los 80-90s. La del COVID-19 es apenas una pandemia más de una particular lista que, en un grado u otro, han constituido amenazas para la humanidad, pero también advertencias. El SARS-CoV en 2002, la llamada “gripe aviar” (H5N1) en 2003, la porcina (H1N1) en 2009, el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV) en 2012, el ébola en 2013 o el Zyka (ZIKV) en 2015. A decir del que fuera Subdirector General de la OMS para Seguridad Sanitaria, Keiji Fukuda, al sortear estas pandemias, “sentimos que hemos esquivado una bala”. Pero aún, en la actualidad, seguimos jugando con nuestra suerte.

Sin embargo, la emergencia de estas pandemias de la globalización no tiene nada de ‘desastre natural’ o de un ‘hecho fortuito que tarde o temprano tenía que pasar’. Más bien son el resultado del avance neoliberal de mercantilización de la vida y ocupación de nuevas fronteras ecosistémicas de las últimas décadas: agricultura y avicultura intensivas e industriales (que propiciaron la gripe aviar), comercio de animales salvajes y exóticos (como ocurre en China), manipulación genética, expansión del turismo depredador, deforestación, abusos en el consumo de antibióticos, por mencionar ejemplos. Factores como estos se potenciaron con una forma transnacional de transmisión, posible por la expansión de las interconexiones de la movilidad humana y de mercancías, el extraordinario crecimiento de las ciudades, la precarización de los sistemas de salud pública, entre otros.

Este sistemático avance degradante y depredador del capital, durante las últimas décadas, sobre las fronteras de la vida, sobre los límites del planeta, pero también sobre los sistemas e instituciones de asistencia social, ha venido agravando no sólo la incidencia y rasgos de fenómenos globales como estos, sino también la situación de insostenibilidad del sistema globalizado actual. Por mencionar un ejemplo ilustrador, el derretimiento de glaciares de vieja data, debido al cambio climático, podría liberar virus de 15.000 años de edad, los cuales son desconocidos por la ciencia y se ignora su nivel de letalidad.

El particular tiempo en el que surge la pandemia del COVID-19 es un tiempo revelador, que nos muestra una serie de eventos límites que en realidad están concatenados, como los incendios en la Amazonía, los incendios de Australia o el hecho que 2019 haya sido el segundo año más caliente registrado. Los ecosistemas alcanzan umbrales, en los cuáles se abre un proceso sistémico en el que se desarrollan nuevas propiedades, se generan cambios repentinos y acelerados, que van a modificar las dinámicas socio-ecológicas tal y como las conocemos en la actualidad. Los años 2019-2020 nos están mostrando con mucha más claridad esto.

Y estos umbrales no son sólo ecológicos. Todo el sistema, que articula sintéticamente las dimensiones económica, cultural, social y política, con las redes y tejidos de la vida ecológica, se estremece desde muy adentro, desde lo más profundo. Por eso la pandemia del COVID-19 aparece como un detonante fundamental de una próxima y muy probable recesión económica global, la cual está conectada históricamente con la crisis económica 2008-2009 (que ha marcado nuestro tiempo reciente), pero también con la crisis sistémica desarrollada desde la década de los 70s del siglo XX, e incluso con la crisis de la civilización moderno-occidental. La pandemia del nuevo Coronavirus es un síntoma más de la crisis civilizatoria que nos atraviesa.

¿Tiene entonces el COVID-19 y la pandemia que ha desatado, algo de particular, algo de diferente en relación a las anteriores pandemias globalizadas? Sí. Es cierto que se habla mucho menos de cómo la hepatitis viral mata en el mundo 1,3 millones de personas al año; cifra similar se da con los accidentes de tránsito (si, ¡el carro mata!) y las enfermedades diarréicas (que sufren principalmente los sectores más pobres de la sociedad), por mencionar ejemplos dramáticos. Pero estamos ante otro ritmo de contagio, de ‘viralidad’, que aunque mata fundamentalmente a sectores específicos de la sociedad (como la gente de la tercera edad), en realidad no deja nada ni nadie por fuera de ella. Se escurre por cualquier vía que el humano transite. Así que, logra incorporarlo todo a su dinámica. Su potencial masividad (y ya hoy, con 200 mil infectados, es masivo) satura todo: satura los sistemas e instituciones médicas, satura la política y los medios de comunicación, satura la percepción de amenaza y muerte, satura la movilidad y la interacción social, satura al Estado y al poder.

Claro que hay desigualdades de clase, de género, raciales, que determinan quienes sufren más y primero esta pandemia. Pero esto desborda lo que el propio sistema de poder y privilegios puede controlar. Deja al desnudo los simulacros del poder. Ya no hay nadie que pueda “ver desde afuera” esto, así que el nivel de interpelación es máxima. Paradójicamente el capitalismo, con su dinámica devoradora, extractiva y mercantilizadora, infecta sus propias rutas comerciales, sus mercados, sus instituciones. Inviabiliza el necesario movimiento expansivo del capital. El nivel de contradicción es también el máximo.

A diferencia de un siglo atrás, cuando la ‘Gripe Española’ mataba unas 50 millones de personas, la pandemia actual del COVID-19 emerge ante un sistema global que es mucho más frágil que antes, mucho más inviable. Somos más vulnerables que nunca. Parece quedar claro que se ha abierto una puerta que nos dice que ya las cosas no serán como antes. Y esto también parece revelarnos que, del mismo modo, transitamos hacia una nueva gestión y organización del sistema. Ahora sí, ¿fin de la globalización?

 

Pandemia COVID-19: bio-política de la ‘emergencia’ y sus paradojas

Imagen: Reuters

La saturación máxima que provoca la pandemia del COVID-19 ha generado diferentes respuestas de los Estados, cada una con resultados diferentes (pensemos en los casos de China, Corea, Italia o España). Lo que vemos desarrollarse, en general, es la progresiva adopción de estrictas medidas de cuarentena por parte de los Estados a nivel mundial, sostenido por una advertencia por parte de expertos y asesores científicos de que el virus alcanzará a buena parte de la población mundial, y de que la vida social en el planeta será notablemente trastocada por muchos meses.

Esto claramente allana el camino para la consolidación de lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que permite poner en suspenso la democracia y sirve de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Es la bio-política en su máxima expresión, que ya venía precedida de normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, formas de militarización de la sociedad y los territorios, generalizadas al conjunto de la población en nombre de la ‘lucha contra el terrorismo’, el narcotráfico y el crimen organizado, grupos armados irregulares, contra el desborde de la migración y contra el ‘vandalismo’ en las protestas (recuérdese el año pasado en América Latina la relación entre protestas y estados de excepción). Y valga la pena añadir: estas lógicas están también en consonancia con el auge de las extremas derechas en varias partes del mundo, que desde patrones racistas y nacionalistas, pueden adjudicar la situación a ‘infecciones extranjeras’, una política migratoria permisiva y la necesidad de economías autárquicas (de nuevo, ¿otro factor para decirle adiós a la globalización?).

Férreos y drásticos controles sociales en el caso de China, Taiwán, Japón, Corea y posteriormente y menor medida Italia y España, se han expresado en cosas como la prohibición oficial de salir de casa; el establecimiento de reportes por persona (nombres, temperaturas corporales, movimientos y viajes, contactos con personas, etc) para luego ser procesados en forma de ‘Big Data’; la realización de tests express que, por ejemplo para el caso de Corea, suponía realizar a una persona un raspado nasal en un ‘drive in’ para determinar si la persona estaba infectada; entre otras medidas, que en casos como el chino, incluyeron el uso del ejército.

Pero precisamente, por esta dinámica de saturación máxima de la pandemia del COVID-19, se presenta una primera paradoja que conviene resaltar: el éxito que ha tenido China para detener el crecimiento del contagio ha abierto canales de legitimación a esta bio-política de alta intensidad (¡mirad el ejemplo chino!). El arrinconamiento societal que genera la posibilidad de un desbordamiento de la pandemia global puede hacer ver plausible y viable una sociedad de control bajo estos criterios de bio-seguridad. Así que esto nos pone ante un escenario no sólo de imposición política sino de un cierto consentimiento de un sector de la sociedad. Pero, ¿qué alternativas existen a este formato de gobernanza biopolítica, en este contexto pandémico?

Si el transitar de la crisis civilizatoria nos ha llevado a este tiempo de umbrales, de eventos extremos, de emergencia permanente (recuérdese la ‘emergencia climática’), ¿nos dirigimos hacia un capitalismo administrado como un ‘capitalismo del desastre’ permanente? ¿Cómo podría funcionar la democracia (o su posibilidad) en un régimen como ese?

Hay una segunda paradoja o tensión a resaltar: la política de estrictas medidas de cuarentena es absolutamente contraria a la necesidad de movilidad y dinamismo que tienen los mercados. El encierro social es una necesidad pero a la vez es un suicidio económico para el capitalismo. Los gobiernos del mundo se debaten entre la debacle epidemiológica y la económica. Y aquí cabe resaltar la que hasta hace unos días fuese la política del Gobierno británico liderada por Boris Johnson, ante la pandemia de COVID-19: una especie de bio-liberalismo, ‘dejar hacer, dejar morir’. Sir Patrick Vallance, Jefe de los asesores científicos del gobierno, anunciaba para la cadena Sky News el pasado 13 de marzo, que había que lograr la “inmunidad del rebaño” dejando que el 60% de la población británica se contagiara con el COVID-19, sin colocar mayores restricciones sociales a la movilidad y la actividad. Esto supondría que unos 40 millones de personas deberían como mínimo contagiarse a lo largo del tiempo para lograr dicho objetivo, estimando el Gobierno que al menos el 1% moriría (unas 400.000 personas).

Esta escalofriante política ponía de relieve, de forma descarnada que, en realidad entre el resguardo de la vida y el crecimiento del PIB, el gobierno de Johnson prefiere lo segundo –y ya ha dicho recientemente que “haría lo que fuese” para proteger la economía del Coronavirus. Pero sobre todo, revela una forma instrumental de representar la vida de millones de seres humanos, dentro de la categoría cuantitativa de  ‘población’. Tanto los regímenes de férreo control como estos bio-liberalismos, comparten esta noción instrumental de la vida humana, en la cual esta se traduce en un número funcional: 50.000, 500.000 o 5.000.000 de personas; 0,5; 5% o 15%. Todo depende de para qué sirva o no sirva. ‘Población’ borra rostros, historias personales, diversidades, para ser simplemente asunto operativo de Estado. Pero en todo caso, lo resaltante es que se mantiene la premisa biopolítica foucaultiana de “hacer vivir, dejar morir”, ahora en el marco de un tiempo de eventos extremos. Para este bio-liberalismo, lo que se revela es una lógica socio-darwinista de abandono a la muerte (‘a su suerte’) de una parte de la sociedad (seguramente, la parte más anciana y enferma).

Esto nos lleva a una tercera y última paradoja que nos gustaría destacar: la decisión estatal de quiénes se confinan, quiénes trabajan, quiénes viven y quiénes mueren en este tiempo de umbrales está en clara contradicción con las pulsiones de vida que se expresan desde abajo. Si hemos dicho que el encierro, la cuarentena, es una necesidad, al mismo tiempo esta es socialmente insostenible en el tiempo. Para los miles de millones de precarizados del mundo, es inmediatamente inviable. Para otros, representa una parálisis de anhelos, sociabilidades, descontentos, proyectos. Parálisis que se da justo cuando millones en el mundo se habían estado movilizando por el hartazgo de la situación en sus países (recordemos Chile, Irak, Libano, Hong Kong, Ecuador, Catalunya, etc). ¿Qué ruta pueden seguir estas pulsiones? ¿Pero qué pasa también con esos otros que se rehúsan a ser los daños colaterales, las bajas estadísticas de esta bio-política de la ‘emergencia’ (que pudiesen ser nuestros abuelos, los sabios, los maestros de la comunidad, o bien nuestros hermanos o colegas, afectados por una u otra enfermedad)?

Difícilmente la parálisis y el confinamiento puedan disolver los descontentos sociales que han emergido y emergen como síntoma de la decadencia de este sistema imperante. Esto lo saben los grandes administradores de esta bio-política de la emergencia. Por eso, el Gobierno de Johnson también retrocede en su política de la “inmunidad del rebaño”; por eso el Presidente francés Emmanuel Macron, un neoliberal, ante la pandemia gira en su discurso y plantea que la salud pública es un bien precioso que debe estar fuera de las leyes del mercado; por eso otros gobiernos retroceden en políticas de recortes a las clases trabajadoras.

Las tres paradojas mencionadas anteriormente en realidad se inscriben en una paradoja mayor: nada está garantizado, nadie puede ya garantizar el control de la situación. El sistema capitalista se estremece en su propia constitución. Nunca en su historia el capitalismo había tenido tantas grietas.

¿Qué hacemos nosotros?

El confinamiento social de la cuarentena, pero también las calles vacías o semi-desiertas, los mercados truncados, el confinamiento de los más pobres a una extraña precarización socio-económica ralentizada, nos abren el camino hacia otras temporalidades, otros ritmos, otras sociabilidades, otras apreciaciones y sensibilidades. Nunca parecía estar tan a la mano una oportunidad de despliegue de la otredad de esas lógicas y ritmos diferentes a los del sistema capitalista. La centralidad, ante los desafíos que representa esta paradoja colapso/oportunidad, parece estar en una política de lo común, del cuidado, de la reproducción de la vida, ante este capitalismo que se va quedando al desnudo. Ese camino se ha abierto ante nosotros, sin que eso necesariamente represente una garantía de éxito.

Pero fuera de ese espacio particular, en el espacio de la arena política, siguen prevaleciendo los tiempos del capital, de la pandemia, de la biopolítica de la emergencia, del cambio climático. Este sigue siendo el espacio colectivo del descontento, de las luchas, de las demandas sociales, de la transformación. ¿Cómo conectar ese resguardo, ese ‘distanciamiento social’ con la necesidad de re-encuentro, de exigencia al poder, de asunción de poder? Mientras que cuidamos de la vida en ese espacio particular, hay que seguir exigiendo, demandando cosas como una radical redistribución de las riquezas existentes para que se dirijan a la asistencia universal en la salud pública; la suspensión del cobro de la deuda externa de los países del Sur Global, suspensión de los impuestos a los más pobres y recuperarlos de los sectores más ricos; socializar los conocimientos científicos; respetar a la naturaleza y detener el avance de la mercantilización y las últimas fronteras de vida en el planeta; y un largo etcétera.

Hay que convertir la emergencia global en la emergencia de otro sistema que tribute a la vida y a los pueblos. Si el colapso sistémico nos va llevando a escenarios impensables, hay que, como lo reivindicara un famoso lema del mayo del 68, ser realistas y pedir lo imposible. Otro mundo diferente a este, ahora.

Fuente del artículo: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/03/19/el-coronavirus-mas-alla-del-coronavirus-umbrales-biopolitica-y-emergencias/

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