Educación

• La investigación realizada por académicos de las Universidades de Chile y Católica, entre ellos el investigador del Centro ANID, Instituto Milenio MIPP, Damian Clarke, deja en evidencia la importancia de las escuelas como canal para detectar situaciones de violencia infantil que puedan estar sufriendo niños y niñas en sus hogares.

Durante la pandemia, una de las primeras medidas que se tomó en todo el mundo frente a la propagación del Covid-19 fue el cierre de las escuelas. En Chile, las escuelas cerraron a nivel nacional el 16 de marzo de 2020. Para marzo de 2021, solo el 25% de todas los colegios tenían algún tipo de educación presencial, aumentando al 98% para diciembre de 2021, al final del año escolar. La asistencia de los estudiantes, sin embargo, se mantuvo por debajo del 50% del número total de estudiantes.

Debido a esto, una de las problemáticas que se ha comenzado a evidenciar es el bienestar de los niños y en comprender cómo los sistemas educativos formales cumplen una función específica, que es la de identificar y denunciar la violencia infantil.

En este contexto, debido a que existe poca evidencia que documente cuán generalizada ha sido tal ruptura en la denuncia de violencia contra los niños, como también la posible recuperación en la denuncia a medida que las escuelas vuelven a abrir, los académicos Pilar Larroulet, Daniela Quintana, Daniel Pailañir y el investigador del Instituto Milenio MIPP, Damian Clarke, desarrollaron un estudio denominado “Schools as a Safety-net: The Impact of School Closures and Reopenings on Rates of Reporting of Violence Against Children”.

Violencia infantil silenciada

La investigación tenía dos objetivos principales. En primer lugar, analizar cómo el cierre de las escuelas contribuyó a una disminución en la denuncia durante un período de tiempo considerable y distinguir entre diferentes tipos de violencia, incluida la violencia física, sexual y psicológica.

Segundo, determinar si esa caída se revirtió una vez que las escuelas reabrieron y, de ser así, en qué período de tiempo y en qué condiciones. Al analizar la recuperación de la denuncia, se podría arrojar luz sobre la relevancia de las interacciones en persona para la identificación del maltrato.

Para realizar el estudio, que se basó en Chile, analizaron todos los informes penales formales de violencia contra la niñez ocurridos en el país hasta diciembre de 2021, que abarcaban la violencia física, psicológica y sexual. Esto se combinó con registros administrativos de reapertura escolar, asistencia y medidas epidemiológicas y de salud pública.

Al finalizar la investigación se confirmó que las escuelas actúan como una red de seguridad social para los niños, detectando y formalizando denuncias por violencia que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Lo hacen en la medida en que las escuelas brindan oportunidades para interacciones en persona con los maestros y el personal de la escuela que pueden identificar señales de maltrato y denunciar tales casos a las autoridades pertinentes.

Las estimaciones del equipo investigador sugieren que el cierre de la escuela y la reapertura incompleta resultaron en alrededor de 2.800 informes “faltantes” de violencia intrafamiliar, 2.000 informes faltantes de agresión sexual y 230 informes faltantes de violación contra niños, equivalente a entre 10 y 25 semanas de informes en los períodos de referencia. Los impactos inmediatos y a más largo plazo del cierre de escuelas representan entre el 40% y el 70 % de los informes.

El investigador del MIPP, Damian Clarke, afirma que “se vio una caída gigantesca en denuncias al momento del cierre de colegios. Casi un 50% en los distintos tipos de violencia”. Además, explica que la falta de denuncias durante los meses de confinamiento “no tiene que ver con la ocurrencia del delito. Pensamos que sí aumentó la violencia, aunque hubo mucha menos denuncia. Eso nos parece preocupante porque creemos que siguieron habiendo escenarios de violencia hacia niños y niñas, pero esta vez sin el recurso legal”.

En segundo lugar, el estudio buscó comprender cómo la reapertura de las escuelas y los desafíos asociados han permitido la recuperación de las tasas de denuncia de violencia contra los niños. Si bien los informes aumentan con la reapertura, la recuperación de las tasas de informes es lenta. Las proyecciones sugieren que las brechas en los informes se mantuvieron hasta el último trimestre de 2021, casi dos años después del cierre inicial de los colegios.

“Seguimos la población por casi dos años, y vimos que los niveles aún no alcanzan el nivel previo al cierre de colegios. Es posible que hayan muchos casos no detectados, y que las personas sigan en una situación vulnerable”, afirma Clarke.

Políticas Públicas

Actualmente, los investigadores buscan información para contrastar con el escenario educacional del 2022, donde ya fueron retomadas prácticamente en su totalidad las clases presenciales. “La clave acá está en la interacción entre personas. En la capacidad de un docente, un profesional de la escuela de observar a un niño o niña. Al calcular cuántas denuncias perdemos, es calcular de alguna manera el límite más bajo de lo que pudo haber ocurrido”, afirman los investigadores. En ese sentido, los académicos expresan que estos resultados sirven para poder tomar nuevas medidas al respecto.

Se podría capacitar de mejor manera a los profesores y profesionales de la educación para identificar la violencia contra los niños, incluso después de que haya pasado el tiempo, ya que las escuelas con más personal y mejor capacitado tienen mayores posibilidades de identificar el maltrato. En la era post-Covid, esta decisión podría promover la recuperación de las capacidades de las escuelas para observar y canalizar a las víctimas de violencia hacia los sistemas legales y de protección infantil.

Fuente: MIPP