México / 18 de febrero de 2018 / Autor: Rompeviento Tv / Fuente: Vimeo
¡Listo un nuevo programa de A Contracorriente!
¿Cuál ha sido la respuesta de los candidatos presidenciales a la Reforma Educativa? ¿Cómo han reaccionado los maestros de México?
El periodista Luis Hernández Navarro entrevista a Francisco Bravo, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Entérate en rompeviento.tv
Fuente: https://vimeo.com/255934314
El Salvador / 11 de febrero de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Última Hora
La aspirante a diputada por el departamento de San Salvador, Marcela Villatoro, continúa recalcando que su eje central de la plataforma de propuestas que ella presenta es la mejora al sistema educativo del país; que a criterio de Villatoro es una de las áreas que han descuidado los gobiernos del FMLN y que ha frenado el desarrollo.
Dentro su discurso señaló que el país está en un momento que no puede tener gastos innecesarios. Destacando que como partido están impulsando que haya inversión y que el presupuesto de educación crezca y así poder tener maestros más capacitados.
Marcela Villatoro corre por el departamento de San Salvador, y aspira un escaño dentro del pleno legislativo para contribuir y gestionar políticas en beneficio de la población.
Fuente de la Noticia:
Marcela Villatoro: El Salvador urge de una mejora al sistema educativo
Chile/ www.elmostrador.cl / 20 de Diciembre de 2017
Hay optimismo sobre reacción de activos chilenos, incluyendo el IPSA, el peso y bonos. La victoria de Piñera debería darles un impulso a los sectores políticamente sensibles. Y en esa lista están la industria de la educación universitaria, las administradoras de fondos de pensiones, la industria farmacéutica, la minería, las generadoras de energía eléctrica, las industrias forestal y de la construcción.
Esta mañana, los empresarios, inversionistas y el mercado en general respiran con alivio.
El temor a una victoria de Alejandro Guillier pasó y Sebastián Piñera retorna a La Moneda con el envión de una victoria profunda, junto con la promesa de revivir la economía y bajar los impuestos. Ya no se sabrá si la campaña del miedo que parte de la derecha trató de difundir, argumentando que con Guillier nos convertiríamos en «Chilezuela», se haría realidad.
Donde sí hay consenso es en que esta semana los activos chilenos van a tener un empujón. El IPSA venía recuperando el terreno perdido después de la primera vuelta y, ahora, con los resultados de ayer, en el mercado especulan que las acciones locales van a tener un muy buen fin de año.
Igal Magendzo, el influyente macroeconomista, dice –en una entrevista en este mismo medio– que el peso debería dispararse y tocar los $625 versus el dólar. En el mercado hay consenso de que las tasas locales bajarán y los bonos chilenos tendrán un repunte.
El viernes el Banco Central de Chile salió a intervenir en el mercado en forma extroardinaria para asegurar liquidez en dólares, previo a las elecciones, ante estrechez del mercado.
A pesar del reciente repunte del IPSA, varios instrumentos financieros chilenos, incluyendo el riesgo país (CDs), los swaps en dólares y las tasas locales, apuntaban a un mercado que buscaba disminuir su exposición a activos locales ante la incertidumbre política que reinaba en la víspera de la segunda vuelta de las presidenciales.
En los últimos días aumentó el castigo por riesgo ante incertidumbre de escenario político, aunque el mercado accionario definitivamente descartaba el mito de “Chilezuela”.
Piñera, el Mandatario electo, promete revertir cuatro años del crecimiento más débil desde el retorno a la democracia. Entre sus promesas está la de implementar una nueva reforma tributaria y cambios a la laboral.
Aunque también prometió avanzar en la gratuidad en educación superior y, en lo que significó un shock para el mercado, prometió la creación de una AFP Estatal como parte de su plan para mejorar las pensiones.
La victoria del abanderado de Chile Vamos debería darles un impulso a los sectores políticamente sensibles. Y en esa lista están la industria de la educación universitaria, las administradoras de fondos de pensiones, la industria farmacéutica, la minería, las generadoras de energía eléctrica, las industrias forestal y de la construcción.
El economista Pavel Gómez escribió en este medio, el fin de semana, que cualquiera fuese el ganador de la segunda vuelta electoral, las empresas que operan en estas industrias deben prepararse para un ciclo de incertidumbre regulatoria y vulnerabilidad política, todo lo cual traería nuevas amenazas, pero también oportunidades de beneficios derivados de un posicionamiento social y ambientalmente responsable.
Añadió que, con el triunfo de Piñera, «la actuación legislativa del Gobierno requerirá de alianzas circunstanciales con sectores de la Fuerza de la Mayoría, lo cual, supone la transacción de algunas demandas de la centroizquierda, cuyo objetivo existencial estará marcado por su necesidad de no desdibujarse frente al surgimiento de la nueva izquierda».
Y, en tal sentido, profundiza: «En el escenario de minimización de cambios legislativos relevantes, debido a la imposibilidad de lograr coaliciones, la necesidad del Frente Amplio de crecer a expensas de la Fuerza de la Mayoría, derivará en una agudización de los conflictos antiempresariales en las canchas de la calle y el sentimiento público. De todo esto se deduce que el sueño de un retorno inmediato a un escenario de mayor certidumbre regulatoria, definitivamente se extinguió».
Para un importante empresario local, es irónico que sus pares, que nunca han estado muy seducidos por Piñera y que durante su primer mandato lo criticaban con dureza, ahora respiran aliviados con su abrumadora victoria.
Aunque dice que su sector tiene claro que, con el fraccionado nuevo Congreso, Sebastián Piñera tendrá que usar la muñeca política que nunca tuvo para, efectivamente, bajar los impuestos corporativos, reformar las pensiones y crear nuevos empleos.
Fuente: http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/12/18/el-susto-paso-y-empresarios-celebran-pinera-retorna-a-la-moneda-con-promesa-de-revivir-la-economia-y-bajar-los-impuestos/
Blanca Heredia
Resulta muy difícil pronosticar si habrá rupturas serias en los procesos de transformación del sistema y la política educativa impulsados desde fines de 2012. En extremo difícil, pues dependerá, en mucho, de quién gane la presidencia de la República el año entrante y eso, hoy por hoy, nadie lo sabe.
El que pueda detenerse o revertirse la reforma educativa llena, seguramente, de júbilo a sus detractores y de zozobra a sus apoyadores. Más allá de estas posiciones encontradas, el hecho mismo de que exista la posibilidad de una ruptura importante en la conducción de la política educativa, habla de que la reforma educativa no ha conseguido los apoyos sociales requeridos y los amarres institucionales suficientes para asegurar su estabilidad en el tiempo.
Ello es, en parte, resultado de la falta de empate temporal entre la producción de perdedores importantes y poderosos (corto plazo) y la generación de beneficios para gran número de personas (mediano plazo), que suelen generar los procesos de transformación, como la reforma educativa en curso. También es el resultado, sin embargo, de la notoria debilidad de la demanda social en México por una educación escolarizada que sea exigente, relevante y significativa.
La explicación de la falta de demanda mayoritaria y activa por una educación de calidad, tiene que ver con dos factores clave. Primero, condiciones estructurales –desigualdad alta y sobre todo rígida, aunada a bajo crecimiento económico y muy baja generación de empleo calificado– que hacen que (especialmente para los más ricos y para los más pobres) invertir recursos y esfuerzo en obtener una educación de calidad resulte irracional. ¿Para qué me esfuerzo, si, haga lo que haga, la situación económica y social de mis padres es la que determinará dónde termino?
Segundo, condiciones institucionales marcadas por fallas agudas en la representación política de los grupos poblacionales con mayores carencias y que más podrían beneficiarse de una educación sólida y posibilitante. Dicho de otra manera: entre el interés de un joven mexicano de bajos recursos y/o de sus padres por obtener aprendizajes en la escuela que le abran oportunidad y los que reparten los recursos, los puestos y toman las decisiones en materia educativa, hay un verdadero laberinto de aduanas y una maraña de arreglos corporativos y clientelares de densidad infranqueable.
Frente a la debilidad de la demanda por escuelas exigentes y relevantes, tenemos grupos de intereses concentrados oponiéndose abierta o veladamente a la reforma, el muy entendible enojo de miles de docentes a quienes se les cambiaron las reglas del juego, y más de un político interesado en lucrar con el enojo movilizado y en aprovecharse de la no movilización y la no representación de los millones de mexicanos que más podrían beneficiarse de buenos aprendizajes en la escuela.
La reforma educativa en curso dista muchísimo de ser perfecta. En su empeño a favor del mérito y el esfuerzo en una sociedad marcada y ahogada por el privilegio, constituye colectivamente, sin embargo, nuestra mejor apuesta. Una apuesta firme y, al mismo tiempo, llevada a cabo de manera cuidadosa; es decir, sin poner la gobernabilidad en riesgo.
Tendremos que esperar a ver por dónde se van en lo educativo los contendientes a suceder a Enrique Peña Nieto: mérito o privilegio. En lo inmediato, lo más importante será mirar con especial atención por dónde se decantan los factores reales de poder y los diversos sectores de la sociedad mexicana en relación con el tipo de sistema educativo que les parece deseable y aceptable. Básicamente, pues de ello dependerá en alguna medida no trivial el resultado de las presidenciales de 2018.
Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-educacion-y-las-elecciones-presidenciales-de-2018.html
Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/10/25/59f036573bb28.j
Por: Lev M. Velázquez Barriga
La diversidad de manifestaciones políticas que se expresan entre militantes y simpatizantes de la CNTE siempre trae posiciones diferentes y en ocasiones encontradas cuando se atraviesan las coyunturas electorales. En la actual ruta hacia 2018, estas tensiones ya se viven en los órganos deliberativos y de toma de decisiones de los maestros, porque los principios del movimiento magisterial por un lado orientan hacia la autonomía con respecto de los partidos políticos y por otro reconocen como válidas todas las formas de lucha, incluida la electoral; también porque se trata de enunciaciones que definen el carácter ético del movimiento en general y no de normas que regulen de manera impositiva la vida de cada miembro. Este último, como individuo, ya no en nombre de la organización sindical, decide su simpatía o no con los partidos.
Un ejemplo de estas tensiones se vivió en las pasadas elecciones intermedias, cuando la Coordinadora definió desde sus organismos de representación nacional, que participaría mediante el boicot al proceso electivo; efectivamente, en diferentes modalidades y tiempos del proceso, que no sólo se remite al momento del sufragio en las urnas, se llevó a cabo el boicot en varios estados donde el magisterio disidente tiene presencia, siendo Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán los focos de mayor algidez en la movilización antielectoral.
Paralelamente se desarrollaron formas de influir que convivieron con las reglas del juego electoral; por ejemplo, en Michoacán se buscó el registro de candidaturas ciudadanas emanadas del movimiento popular mediante el Frente Cívico Social; en el caso de Oaxaca, expresiones colectivas de profesores se aliaron a Morena al margen de los acuerdos de la Sección 22 y en Veracruz el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano obtuvo varias candidaturas por Morena y de hecho una diputación al congreso local.
Si a la distancia hacemos un balance, encontraremos cosas que la Coordinadora no esperaba con el boicot: los resultados en varias entidades federativas reflejan que se pudo haber inhibido más el voto de la izquierda electoral, mientras el voto de la derecha se mantuvo con cierta estabilidad. Si a lo anterior sumamos que los costos en vidas perdidas, reprimidos y encarcelados fueron muy altos para los maestros y para sus organizaciones populares aliadas, podemos advertir que en el futuro cercano, será muy complicado decidir por la misma experiencia.
Por lo que respecta a las candidaturas ciudadanas, no se ven en los posibles escenarios de la CNTE. Ahora, los acuerdos mutuos de varias secciones sindicales o expresiones al interior de ellas, que se dieron con la izquierda electoral tuvieron lugar en circunstancias muy específicas, de las cuales me gustaría rescatar dos elementos: en primera instancia, siendo la primera elección en la que Morena se presentaba como partido político, no podía ir en coalición con otros partidos, su opción más viable era buscar aliados y compromisos con el movimiento social para conseguir su apoyo; en segunda instancia el compromiso firmado y explícito más importante de estos acuerdos fue que se echaría atrás la reforma educativa.
En la actual coyuntura, me parece que ninguno de estos dos elementos que hicieron factibles aquellas alianzas está presente del todo. La izquierda electoral prioriza vínculos con otros partidos, recicla actores clave de los mismos esperando que atraigan sus seguidores a su fuerza política, muchas veces con criterios tan laxos que se ha permitido el ingreso en sus filas y también en sus órganos de dirección a quienes firmaron y promovieron las 11 reformas del Pacto por México, donde la educativa ha sido parte vertebral de los acuerdos ahí establecidos, además están las observadas relaciones con empresarios y personajes ligados a la derecha en el poder.
Su posicionamiento sobre el destino de la reforma educativa ha sido cada vez más ambiguo conforme se acercan las elecciones del próximo año. Aquél compromiso de las elecciones intermedias para revertirla, se va decolorando en matices cada vez más grises que pasan de un vamos a revisarla a otro donde se considera necesario ponerla a consulta, con el peligro que se corre cuando se pregunta sobre conceptos polisémicos como el de calidad educativa que han sido coptados por el lenguaje de la educación neoliberal y van ganando la batalla a las posturas críticas en el terreno de las ideas pedagógicas.
Podríamos afirmar con cierta seguridad, que en lo nacional la CNTE no se inclinará por ningún partido, pero esa misma afirmación pierde certeza si consideramos las particularidades contextuales en cada sección sindical, y creo con mayor convicción, que aún con un cambio de rumbo favorable a la izquierda electoral en 2018, el factor más decisivo para revertir la reforma educativa seguirá siendo la movilización social, la correlación de fuerzas en el sector magisterial y ante el nuevo gobierno.
No pretendo negar la creciente simpatía de los maestros disidentes hacia López Obrador, sino colocar algunas valoraciones en su justa dimensión, entre ellas que la idea explícita de echar atrás la reforma educativa proviene más de las esperanzas de cambio de los docentes, que de las definiciones claras y públicas del líder de Morena, quien tampoco lo deja escrito en las escasas líneas que dedica al problema educativo, lo mismo en su libro 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, que en su autobiografía política Esto soy.
*Fuente: www.jornada.unam.mx/2017/11/02/opinion/017a2pol
Fotografía: netambulo
Por: Aram Aharonian
Millones de venezolanos saldrán a votar el domingo 15 para elegir a los gobernadores de los 23 estados del país, en unos comicios donde se prevé una alta abstención. Hay muchos pronósticos, pero en realidad son 23 elecciones con características y situaciones diferentes, aunque en la mayoría de los estados sólo se presenten dos opciones: oficialismo u oposición.
Quizá para cortarle el paso a los «adecos», que amenazan con llevarse la mayor parte de los votos de la oposición en las elecciones regionales, los sectores radicales y elitistas antibolivarianos salieron a guarimbear nuevamente el lunes 25 de setiembre y dijeron que no van a participar del diálogo con el gobierno en Dominicana. El diálogo se ha convertido, realmente, en un problema interno de la oposición.
En el trasfondo de la agenda del diálogo opera el tema del “conflicto de poderes” y las aspiraciones de sectores radicales de la oposición de colocar en la calle la tesis de un gobierno y un Estado paralelo, tal como se pretendía en la bufa consulta del 16 de julio.
Dicen que habrá diálogo sólo si arrasan las gobernaciones. Traducido significa que si pierden, si el oficialismo se alza con la mayoría de las gobernaciones y la Asamblea Nacional Constituyente sigue su curso, volverán el terrorismo y la desestabilización de manera indefinida, en busca de la tierra arrasada.
Los socialdemócratas de Acción Democrática (AD) derrotaron en las internas a todos los demás sectores, a los que tratan como “petimetres”, pero necesitan de sus votos y también de financiamiento, ya que ellos son quienes manejan los recursos que desde años proveen gobiernos, fundaciones y ONGs del exterior, y no solo de Estados Unidos.
La oposición espera que las elecciones regionales y municipales permitan conquistar espacios para una estrategia incremental de recuperación de fuerzas, recursos de poder y unidad de mando en una coalición cruzada de intereses conflictivos entre el sector pragmático-electoralista, sectores radicales con aspiraciones putchistas-insurreccionales (resistencia civil) y sectores bisagras que intentan la combinación de todas las formas de lucha, señala el portal 15yúltimo.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) insiste en una estrategia internacional de aislamiento y estrangulamiento diplomático y económico-financiero, mientras el gobierno intenta romper el cerco con Rusia, China, Irán y aquellos países no alineados que bloquean una salida de fuerza de los EE.UU sobre Venezuela.
La MUD exige restablecimiento del cronograma electoral, incluyendo comicios regionales, municipales y presidenciales; la liberación de presos políticos, el levantamiento de inhabilitaciones a dirigentes opositores, el respeto a la independencia de poderes del Estado, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y atención inmediata a la emergencia económica y social.
El gobierno desea una oposición que lo reconozca, al igual que una oposición que le atribuya legitimidad y legalidad a las decisiones de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente. La oposición rechaza convalidar la ANC hasta tanto no consiga garantías de que no se convertirá en una nueva espada de Damocles en el año 2018. Para el Gobierno, reconocer a la Asamblea Nacional pasa por restituir su legalidad desde la “actual situación de desacato”, reconocer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y aceptar las decisiones de la ANC.
Pareciera que la pregunta crucial es si pueden convivir la Constituyente y la Asamblea Nacional, máxime cuando la primera fue creada como un órgano de poder que según sus propios Decretos Constituyentes, controla a todos los Poderes, incluyendo al legislativo. Así, más que reconocimiento de legitimidades, lo que puede negociarse una cohabitación.
Previsiones electorales
Dirigentes opositores suelen decir que ganarán todos sus candidatos, y sus asesores señalan que “el Gobierno no está en la capacidad de ganar ninguna elección regional ni presidencial”. Sin embargo, la subestimación de la capacidad de movilización electoral del gobierno ha sido una constante de la oposición, con la salvedad de los hechos ocurridos en el año 2015, cuando con 7.626.616 votos ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional.
Pasan los meses, pasan los años, y la dirigencia opositora no ha logrado cumplir una sola de sus promesas, mientras fue cómplice de la violencia terrorista que azotó al país durante cuatro meses. Y peor aún, aplaudió las sanciones y amenazas de invasión desde Washington, que revela posiciones antinacionales, lo que al fin y al cabo, se paga en la urnas.
Y siempre está la posibilidad, como ha sucedido tantas veces a lo largo de estos 18 años que al no lograr sus objetivos, la oposición otra vez denuncie fraude. Es parte del folclore.
Los sectores más radicalizados, como el grupo Resistencia, seguramente se abstendrán, lo que no beneficiará, obviamente, a los candidatos de la oposición. Algunas semanas atrás la periodista y militante opositora Marianella Salazar señaló que “la elevada abstención en las primarias (de la oposición) revela una acción política de repudio contra la MUD” y señaló que ésta “perdió su capital político y dio oxígeno a la llamada Resistencia, que ha venido ganando espacio”.
Muchos de los resultados dependerán de la gestión de cada gobernador que aspire a la reelección y esto también cuenta para los oficialistas. Pero, a diferencia de la desunión de la dirigencia opositora, el oficialista partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y sus aliados muestran unidad, probada capacidad organizativa y de maquinaria electoral, y apoyo mediático oficial.
Pero el problema mayor sigue tan campante por ciudades, pueblos y zonas rurales de Venezuela: el desabastecimiento y la inflación, a lo que se ha sumado en las últimas semanas un alza exagerada de los precios.
Pateando la mesa de diálogo
Más allá de la postergación, el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición deberá lograr acuerdos en los próximos nueves meses, ya que en julio deberán conocerse los candidatos presidenciales de cara a las elecciones pautadas –por ahora, Chávez dixit- para finales del año próximo.
Lo cierto es que no hubo mucha información sobre el diálogo: unos no informan para no “quemarlo”, habida cuenta de los fracasos sucesivos desde 2014, mientras otros se sienten “culpables” de sentarse a conversar con aquellos a quienes habían amenazado con “sacarlos” por las buenas, las malas o las peores formas.
En rondas de negociaciones que comenzaron en República Dominicana se tratan dos escenarios, el de corto plazo y el de mediano-largo plazo. En el primer escenario está la convivencia en los meses que restan del período presidencial de Maduro, con la necesaria aprobación por parte de la Asamblea nacional de nuevos empréstitos y endeudamientos y un acuerdo sobre el cronograma de elecciones pendiente y o postergado.
El objetivo central de la oposición de producirse la nueva ronda de las negociaciones pareciera ser que el gobierno se comprometa a entregar, si pierde en las elecciones del año entrante, mientras que la prioridad del oficialismo sería la de alcanzar un acuerdo de coexistencia –de ser pacífica mucho mejor, claro- para el próximo período presidencial, 2019-2024.
Pese a lo que digan sus dirigentes ante los micrófonos (lo que resulta comprensible solo de haber una fuerte presión de funcionarios estadounidenses), los partidos de la oposición que parecen favorables a un acuerdo sobre estos puntos son Acción Democrática, Al parecer, son favorables en líneas generales a un acuerdo de esta naturaleza los partidos socialdemócratas Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), así como y Avanzada Progresista (del gobernador del estado Lara Henry Falcón).
Mientras tanto, representantes de las organizaciones políticas –del oficialismo y de la oposición- y técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizaron sin objeción alguna la auditoría de datos en máquinas de votación, parte del cronograma electoral, dentro del conjunto de garantías para la transparencia y confiabilidad del sistema electoral, con vistas a las elecciones regionales del 15 de octubre.
Actitudes temerarias
Pero hay dirigentes de otros partidos de la variopinta Mesa de Unidad Democrática (MUD) que no se han expedido, quizá anclados en la esperanza de las medidas de bloqueo financiero y guerra económica impulsadas por Washington pudieran derrocar al gobierno, y por ello este plan no tiene aún el aval de Primero Justicia (del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y del presidente de la AN Julio Borges) ni de Vanguardia Popular, que encabeza Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
El analista y dirigente político Leopoldo Puchi señala que estos grupos –que han participado en las conversaciones pero no lo han expresado públicamente- quizá piensan que las presidenciales de 2018 se realizarán aunque no haya acuerdo previo de coexistencia, en “una actitud temeraria de desconocimiento de las realidades políticas, que puede resultar muy costosa para el país”.
De las organizaciones de la oposición, las que se han expresado de manera más tajante contra las negociaciones han sido Vente Venezuela (de María Corina Machado), la Conferencia Episcopal y la autollamada Resistencia.
Mientras el gobierno busca afanosamente la estabilidad política para la recuperación económica, los sectores de la oposición, entre ellos la jerarquía de la Iglesia Católica, tienen una agenda para la desestabilización a corto plazo del gobierno de Maduro.
El cardenal Urosa Savino llamó a postergar el diálogo hasta después de los resultados de las elecciones regionales en octubre. “Las elecciones de gobernadores son importantes para establecer el inicio del cambio de gobierno en el país. Ahora no se debe debatir si hay diálogo o no” (…) “no hay garantías ni condiciones para el diálogo”.
Analistas como Luis Vicente León (Datanálisis, guionista de la MUD) han señalado que con el diálogo “La oposición puede conseguir cosas, pero no la salida de Maduro”. Gokai Moreno, en Supuesto Negado, afirma que el tema de diálogo y elecciones podría ser parte de una agenda para reconstruir la política democrática del chavismo, pues también requerirá de diálogo hacia sus propias bases para prepararlas para el complejo escenario económico electoral del año 2018.
De acuerdo con el politólogo Leopoldo Puchi, estas organizaciones trabajan de manera fluida con el español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español y con los dirigentes dominicanos, encabezados pro el expresidente Leonel Fernández, facilitadores de la negociación.
Lo interesante es que parece ser avalada por el gobierno de Donald Trump, que señalósu apoyo a la intermediación de Danilo Medina y Rodríguez Zapatero. Según un comunicado del Departamento de Estado: “Estados Unidos reitera su llamado a la restauración completa de la democracia en Venezuela. Apoyamos negociaciones serias que de buena fe logren este objetivo”.
Siguiendo el ejemplo que Washington dio, cancilleres de doce países latinoamericanos que apoyan el derrocamiento de Maduro, saludaron los acercamientos, pero señalaron que deben desarrollarse con acompañamiento internacional, “buena fe”, “objetivos” y “plazos claros”.
En un comunicado difundido en Bogotá, los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú reconocieron “la iniciativa de República Dominicana de reunir al gobierno y a la oposición venezolanos, así como la decisión de ambas partes de invitar a algunos países como acompañantes de este proceso”.
En el ámbito internacional se pueden identificar dos tipos de movimientos: uno que insiste en el aislamiento político-diplomático de Venezuela desde el bloque de derecha en la OEA, EE.UU y sus aliados europeos en Bruselas, y otro a impulsar un diálogo con verificación de garantías, acuerdos y resultados, desde la ONU, el Vaticano (no la jerarquía de la Iglesia venezolana) y algunos países del continente.
La oposición pone sus fichas en la elección de gobernadores, y concurre (por ahora) a ellas a sabiendas que no le será fácil superar la apatía abstencionista de sus seguidores. Si no gana, tiene tres opciones: declarar fraude, volver al terrorismo callejero o, por fin, sentarse a discutir políticamente los problemas del país, como parte del problema, pero también de la solución.
Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232263
Blanca Heredia
Últimamente, cada vez que pienso en México, me repiquetea en la cabeza la frase tan conocida de Shakespeare en Hamlet: Something is rotten in the state of Denmark. El enunciado “Algo está podrido en el estado de Dinamarca” se ha convertido en una frase emblemática para referirnos al estado de descomposición por el que atraviesa una determinada comunidad política en un cierto momento en el tiempo. En Hamlet, dicho estado de cosas es un secreto a voces. Le da voz un guardia, lo sabe el guardia, lo saben todos.
En México, hace rato, se respira y se siente por todas partes. En cada conversación, en cada bocanada de aire, en cada silencio y en cada mirada dispuesta a mirar lo que ocurre: algo está podrido, muy podrido. Huele a podrido, sabe a podrido. Algo profundo, algo básico, algo de lo que sostiene el edificio entero está descompuesto, podrido. Nos está faltando, con todo, el guardia que le ponga nombre y lo diga en voz alta.
Se acercan las elecciones del 2018 y ello parece abrirnos una oportunidad de respiro. Como si fuera cuestión de aguantar tan sólo unos meses más para que el entorno se aclare, para que se reacomoden las cosas, para dejar atrás el desbarajuste y poder volver a empezar.
Los cierres de ciclo sirven, simbólicamente, para imaginar y emprender nuevos comienzos. En nuestro caso, me temo que la perspectiva de las elecciones presidenciales del año entrante nos resulta útil, sobre todo, para seguir justificando las ganas de no mirar y de no hacernos cargo de la magnitud de la descomposición social, política y moral en la que estamos inmersos.
Vivir en vivo y en directo u observar a la distancia la sucesión imparable de eventos de violencia, deshonestidad e incompetencia grotescos que se producen en México día con día da para hacerse muchas y variadas elucubraciones. Difícilmente da, sin embargo, para pensar realmente que los problemas que vivimos pueden arreglarse con alguna solución institucional más o menos sencilla e ingeniosa, o con un simple cambio de gobierno.
¿Alguien de veras cree que introducir la segunda vuelta en las presidenciales, reducir el número de diputados plurinominales y/o promulgar o reformar tal o cual ordenamiento legal servirá para que bajen los niveles de violencia, disminuya la corrupción y/o empiece a operar el sistema de justicia? ¿De veras?
¿Un cambio de persona o de estafeta al frente del gobierno federal va a detener la violación no sólo frecuentísima y flagrante, sino sobre todo, sistemática –en particular, para los millones de mexicanas y mexicanas que carecen de “conectes” con el mundo del poder, que no estudiaron en colegios privados, que “escogieron” mal a sus papás y su código postal? ¿Alguien cree en serio que un cambio de gobierno constituye en sí mismo una solución para la podredumbre que nos aqueja y nos asfixia? ¿De veras?
A ver si logro explicar lo que atisbo sobre la naturaleza de nuestra encrucijada. Una, reitero, que no me parece pueda encararse o superarse con éxito a través de soluciones fáciles o indoloras. Permítaseme para intentarlo, referirles la siguiente anécdota. Hace unos días un amigo argentino me contaba que a fin de intentar resolver o, al menos, controlar y administrar el problema de los hooligans en su país, el gobierno y un grupo de empresarios argentinos contrataron a un expertazo inglés sobre el tema.
El experto en cuestión viajó de Gran Bretaña a Argentina, pasó varias semanas en el país entrevistando gente y analizando los datos. Tras largas investigaciones y pesquisas, el experto se reunió con los patrocinadores del proyecto para informarles que, desafortunadamente, no estaba en condiciones de ofrecerles una estrategia para resolver el problema del crecimiento de “fans” violentos en los estadios de futbol argentinos.
“¿Qué? ¿Cómo?” exclamaron sorprendidos y molestos los patrocinadores. El británico, según me cuenta mi amigo, les dijo, más o menos, lo que sigue. “No puedo ayudarlos, pues en Inglaterra los hooligans son grupos que operan afuera del sistema –es decir, de los partidos políticos, del gobierno, de la iniciativa privada, de la sociedad organizada–; aquí en Argentina, en cambio, son parte del sistema.
Los partidos, los gobiernos, todos en Argentina, usan a los hinchas violentos como parte de su modus operandi, esos grupos son parte del establishment. La experiencia británica no es comparable ni útil para diseñar soluciones para el caso argentino.”
En países como México –de forma análoga a lo que ocurre con los hooligans en Argentina– en donde la frontera entre las organizaciones criminales y extralegales por un lado, y el gobierno, los partidos, el sector privado y la sociedad organizada, por otro, es tenue, porosa y borrosa no parece muy probable que un cambio de gobierno (menos aún, un cambio en tal o cual ley o en las reglas electorales) sirva para arreglar el problema.
Hace falta no sólo muchísimo más; hace falta algo distinto. Para empezar, nombrar lo que ocurre, decirlo en voz alta. Un “Estado” que es indistinguible de los grupos criminales que pululan y hacen de las suyas en buena parte del territorio nacional exige no un parchecito o un conjunto de promesas vaporosas.
Demanda ser reconocido y nombrado como algo que no es “normal”. Exige ser encarado como lo que es: una podredumbre en la raíz cuya solución consiste en refundar las bases mismas de la colectividad.
Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/empezar-con-la-verdad.html
Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/06/21/594a92462bf3d.png
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