Por Bonifacio Barba
No se trata aquí de los riesgos del derecho a la educación considerados de forma común a propósito de las características insuficientes o inadecuadas de las políticas educativas, sino de uno que proviene de una actividad que debería aportarle al derecho certeza, sustento, garantía, como es el caso de la elección de autoridades, en particular las de gobernadores, de hace unos días.
Ya había experimentado la sociedad mexicana la disolución del Pacto por México como señal de compromiso de los tres principales partidos políticos de que iban a poner las necesidades de la nación como objeto primordial de sus acciones; resuena en el pasado el tercer objetivo relativo a la educación: “que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad”. La mencionada recuperación requiere un Estado con instituciones fuertes, en todos sus ámbitos, incluida la electoral, una de las fuentes de legitimidad de la autoridad del gobernante.
No obstante, de modo contradictorio, en las últimas elecciones estatales, sobre todo en la del estado de México, la actividad electoral disputó algo que rebasa el gobierno de ese estado: la lucha fue por el símbolo del poder de la elección presidencial del 2018, y en función de ello el partido en el gobierno sacó todas sus viejas maneras -y algunas renovadas con tecnología- de comprar, cooptar y amedrentar el voto. Una primera pregunta: ¿cómo puede un gobierno que violenta los derechos políticos garantizar el de educación, que en sus principios contiene el de la democracia, principio que es un rasgo constitucional de la República? Dilapidan y burlan el esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos.
El candidato Alfredo del Mazo, en algún momento de su campaña, declaró: “De nuestro triunfo depende el futuro del priismo; depende el futuro de este País” (Reforma, 29 de mayo de 2017: 8, Nacional). Si la primera parte es ya una sobrevaloración, la segunda no encuentra ningún escenario de la realidad mexicana sobre el cual asentarse, a menos claro, que indicara la conciencia del daño que este partido hace al país, pero esta interpretación no es nada probable. Tal vez ni siquiera hubo traición del inconsciente, sino la expresión simple, perjudicial de la confusión de la nación con el partido.
El PRI, inicia sus Estatutos declarando esto: “El Partido Revolucionario Institucional es un Partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; los superiores intereses de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los Partidos políticos contemporáneos” (Artículo 1, http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf). No se mostró un organismo político democrático ni incluyente ocupado de los intereses de nación; no les reconoce superioridad política; tampoco se mostró, claro está, nada de socialdemocracia.
Segunda pregunta: ¿para qué estas palabras si su acción las niega? Y buscando seguramente la exculpación, después de un proceso electoral en el que se sembró la inequidad y discordia, se llama a la unidad, al trabajo para atender las necesidades de la sociedad, siendo una de ellas el respeto a los principios de la democracia, pero no teóricos, sino como están establecidos en la Constitución de la República. Se vive una contradicción lógica y práctica. Así pues, ¿por qué está en riesgo el derecho a la educación? Por varios motivos; indiquemos tres.
- Los derechos humanos son indivisibles, y estas formas de llegar al poder público violentan esa unidad de sentido y de responsabilidad gubernamental. ¿Cómo garantizarán uno si violentan otro destruyéndole su objeto a garantizar: la expresión de la voluntad libre?
- Las autoridades ejecutivas de la federación y de los estados con gobierno priista y la autoridades electorales no resguardaron el derecho ciudadano y, desde luego, se deslegitimaron produciendo un daño a la vida social. No es responsabilidad de los poderes ejecutivos organizar ferias de servicios en tiempos preelectorales o actuar con inmediatismos para resolver necesidades de la población. Por el contrario, las autoridades tienen una obligación constitucional que olvidan, promover el “desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. (Artículo 25 de la Constitución).
- Con actuaciones que distorsionan los procesos electorales los gobiernos le quitan sustento a la reforma educativa, a su modelo, cuyo lema es Educar para la libertad y la creatividad. Si se pretendía reconocer la escuela al centro, será difícil, pues en las elecciones ponen en el centro el poder y este subordina a la escuela, busca el control de la sociedad, limitando o negando la libertad.
Deben salir de su confusión moral; es esencial a los derechos considerar a cada persona humana como un fin en sí misma, jamás como un medio.
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