Ana Sánchez-Sierra Sánchez, profesora Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala de la Universidad CEU San Pablo, explica en este artículo la importancia de que la educación sea lo más independiente posible de toda autoridad política.
Desconozco cuál es el secreto de la política. Es posible que su única lógica sea el afán de dominio. Nicolás de Condorcet subrayaba la necesidad de que la educación fuera lo más independiente posible de toda autoridad política. En su informe y proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción pública defiende una enseñanza pública, universal, gratuita y no religiosa (en el sentido de no confesional, el término laico no aparece) y, al mismo tiempo, considera clave la libertad de pensamiento y de opiniones como conditio sine qua non para el progreso educativo.
El artículo 14,3 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea pone en un lugar preferente a los padres respecto a la educación de sus hijos y consagra la libertad educativa, no sólo limitada a convicciones filosóficas o religiosas, sino también pedagógicas. Esa libertad en España no se puede hacer efectiva sin el sistema de conciertos educativos. Sin ellos, sólo podrían elegir quienes puedan asumir el coste de un colegio privado.
Existe, en una parte de la sociedad, una opinión verdadera e íntima que considera, que el Estado es subsidiario de la familia en materia educativa y no a la inversa. Es por ello vital para las familias poder elegir, por el bien superior del hijo, entre un colegio de integración o de educación especial, entre un método Montessori, constructivista o uno basado en las humanidades, o en el humanismo cristiano…
Los caminos son muchos, pero ninguna educación es neutra: la pública, tampoco. Para Condorcet el poder no puede usurpar: «los derechos de la conciencia bajo el pretexto de ilustrarla y de conducirla».
Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-monopoly-educativo-202012130112_noticia.html
La ‘ley Celaá’ potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones, reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades y quita al castellano la condición de lengua vehicular
El Congreso de los Diputados vota este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá. El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.
Así se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros: hacia una mayor descentralización (en la cual se enmarca la decisión más polémica: el gesto de apoyo al modelo de inmersión lingüística en Cataluña plasmado en la eliminación del castellano como lengua vehicular) y hacia la izquierda (con un mayor subrayado a favor de la escuela pública y un mayor control de la concertada, que se ha opuesto a la norma).
Si no se tuercen las cosas en el último momento las modificaciones permitirán que, a diferencia de lo que sucedió en verano, esta vez la iniciativa del Gobierno salga adelante. Pero los cambios también hacen más difícil pensar que la nueva ley pueda resistir a un cambio de color en el Ejecutivo (como tampoco lo hicieron las anteriores). Estas son las principales medidas que recoge el proyecto de ley.
Medidas contra la segregación escolar
La ley incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la pública estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar. Se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y a las que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos. Se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
El criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos. Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.
Limitación de repeticiones
En España ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, según ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, solo en la ESO la repetición tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
Nuevo equilibrio entre el Gobierno y las comunidades autónomas
La ley aprobada hace siete años por el PP reforzó las competencias educativas del Gobierno (por ejemplo en la fijación del currículo, formado por el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación), la nueva norma vira hacia un modelo en el que las comunidades tienen más competencias y participación. El Ministerio de Educación fijará el 50% del currículo en las comunidades con lengua cooficial (en lugar del 55% como hacía con la anterior ley educativa elaborada por el PSOE; con la última, del PP, es imposible comparar porque sustituyó el modelo de porcentajes por un complejo reparto de asignaturas que daba preeminencia al Gobierno) y el 60% (en vez del 65%) en las que no la tienen. La ley también prevé que los centros educativos fijen parte del mismo en una proporción que deben determinar las autonomías. Las comunidades estarán presentes en el futuro Instituto de Desarrollo Curricular, que tendrá la misión de actualizar regularmente el currículo. Y la ley prevé que el ministerio las consulte, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, antes de tomar diversas decisiones.
El castellano deja de ser vehicular
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisión tiene un alcance práctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña (la comunidad donde funciona desde hace décadas el sistema de inmersión lingüística y concentra la polémica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Y ninguna de ambas circunstancias cambiará tras la aprobación de la ley.
La decisión sí tiene una gran valor simbólico y supone un reconocimiento implícito al modelo de inmersión lingüística. Las entidades que reclaman que el castellano también se use en Cataluña creen que dificultará su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que cuando ello no esté sucediendo en un centro las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo.
Niños y letreros en catalán en un aula del colegio público Reina Violant, en Barcelona. (C)CARLES RIBAS /
Menos itinerarios y diversificación curricular
La norma elimina los itinerarios educativos que separaban de forma temprana a los alumnos en la ESO introducidos por la norma del PP, la ley Wert, parte de los cuales no llegaron a aplicarse. En tercero, los alumnos que vayan mal podrán matricularse en un programa de diversificación curricular (que implica, entre otras medidas, hacer más sencillo el currículo), que continuará en cuarto y permitirá obtener el título de la ESO. Estos programas de diversificación son, para el experto educativo Lucas Gortázar, ahora en Esade, uno de los puntos fuertes de la ley.
Evaluaciones diagnósticas en vez de reválida
La ley cambia el modelo de reválidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagnósticas. En cuarto de primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”. Y en sexto de primaria y cuarto de secundaria también se realizarán pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios años, que en este caso servirán como “evaluación general del sistema educativo” a imagen de los exámenes de PISA. Tantos unos como otros tendrán un carácter meramente “informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa” y no podrán utilizarse para establecer clasificaciones de centros. Muchos especialistas, como Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, han venido reclamando más información sobre el sistema para poder mejorarlo y evaluar las medidas que se adoptan.
Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria
A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamará Ciencias y Tecnología) y Artes, se sumará una cuarta, llamada General. Contendrá aspectos tanto de la rama científica como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO (normalmente con 16 años) no se han decidido por una u otra vía. La etapa de primaria volverá a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentación. Y se simplificará el modelo de asignaturas de la ley Wert, reduciéndolas a obligatorias y optativas (ya no habrá las llamadas de libre configuración).
Los centros decidirán parte de las horas de clase
Los centros educativos desarrollarán parte del currículo, esto es, podrán decidir “un porcentaje de los horarios escolares”, que deberán orientarse al trabajo de las competencias básicas. Las comunidades decidirán qué porcentaje de las horas pueden fijar (que se descontará del 50% que pueden fijar ellas; la otra mitad corresponde al ministerio). En Portugal, donde los colegios gestionan una cuarta parte del horario, el aumento de la autonomía ha dado buenos frutos.
Fusionar asignaturas
La agrupación de asignaturas por ámbitos de conocimiento ―impartir conjuntamente, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología― ha funcionado bien desde mediados de los años noventa, cuando empezó a utilizarse en grupos de alumnos que iban mal en los programas de diversificación curricular. Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la enseñanza obligatoria (salvo cuarto de la ESO), y la ley consolida el cambio. La primera autonomía en proponerlo fue la Comunidad Valenciana. Su consejero de Educación, Vicent Marzà, argumentó que los alumnos que llegan a los institutos desde la escuela pasan a tener de golpe “más asignaturas que años” y otros tantos profesores, lo que dificulta su adaptación y puede explicar, en parte, la elevada tasa de repetición de los primeros cursos de la ESO.
Puentes entre las 17 aulas virtuales autonómicas
El Ministerio de Educación impulsará la compatibilidad de las aulas virtuales autonómicas. Cada autonomía ha optado por la suya, lo que dificulta el intercambio de contenidos. Las aulas virtuales deberán permitir que los docentes creen fácilmente materiales para sus asignaturas. Deberá mejorarse la formación inicial y continua del profesorado al respecto, que la pandemia ha demostrado insuficiente.
Solidaridad interterritorial
La norma recupera los planes de cooperación interterritorial que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para inyectar fondos en los sistemas educativos autonómicos y contribuir al “equilibrio territorial”. Tendrán prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarización “asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, así como los diseñados para reducir el abandono temprano,
Igualdad de género
La ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento. Las comunidades deberán impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso número de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formación del profesorado, deberán fomentar la igualdad.
Escuelas sostenibles
Para promover «la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno. También deberán crear “caminos escolares seguros”, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.
Más competencias para el consejo escolar
El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera las competencias que perdió con la ley Wert, que lo limitó a funciones informativas. Entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programación general del centro y participará en la selección del director.
Alumnos en una clase del colegio público López Ferreiro de Santiago de Compostela. OSCAR CORRAL / EL PAÍS
Educación especial
La ley sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considera segregador, a otro que integre más ambas. A corto plazo, la norma contempla que las discrepancias sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad deberá resolverse “siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Una fórmula con la que fuentes del grupo socialista esperan que terminen los casos en los que los alumnos son obligados a acudir a centros especiales contra el criterio de sus padres.
Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las Administraciones seguirán financiado los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, en línea con el sistema que se ha implantado con éxito en Portugal. El PP, Vox y Ciudadanos defienden, en línea con lo que sostiene un importante sector de los colegios especiales y muchas familias y asociaciones, que esta segunda referencia recogida en la ley supone en realidad la puesta en marcha de un plan que conducirá al cierre de la mayoría de estos centros y que puede obligar a niños con necesidades educativas especiales a acudir a escuelas ordinarias contra el criterio de los padres y generando problemas educativos y de inclusión para los menores.
Religión
La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, lo cual queda en manos de las comunidades.
Asignatura de valores cívicos
En uno de los cursos del último ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos.
Cada alumno tendrá un número identificativo
Los alumnos tendrán un número identificativo para facilitar el «intercambio de la información relevante” y “el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas”, con el objetivo de mejorar la estadística educativa, dentro de los márgenes que establece la normativa de protección de datos.
Apartar a los malos profesores
Los funcionarios “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento» podrán ser “removidos de su puesto” y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”.
Planes para futuras pandemias (u otras emergencias)
El cierre de los centros escolares en marzo demostró que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades “definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”. El “plan de contigencia para situaciones de emergencia” abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios técnicos.
Nuevo acceso docente e incremento del gasto público
La ley da un año al Gobierno para presentar un sistema de acceso a la profesión docente, y de formación inicial y permanente. La norma concede dos años al Ejecutivo para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB, el porcentaje que alcanzó en 2010 antes de caer por la crisis. El año pasado no llegó al 4,2%.
Educación infantil
En un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y «priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.
Calendario de aplicación
El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de año para que la Lomloe esté en vigor para el próximo proceso de escolarización, que suele empezar en marzo. El calendario establece que a su entrada en vigor (20 días después de su publicación en el BOE) serán automáticamente aplicables los cambios que afectan a la admisión de alumnos, la autonomía de los centros docentes y las competencias de los consejos escolares. Y el curso siguiente se implantarán las modificaciones en materia de evaluación, repetición, titulación, organización y currículo.
CEAPA reclama «una vuelta 100% presencial y segura, así como instrucciones claras que contemplen los distintos escenarios posibles».
Asociaciones de padres y madres de alumnos han solicitado este martes la convocatoria del Consejo Estatal de Familias con el objetivo de trabajar en una vuelta «segura» a las aulas en el mes de septiembre.
Según ha indicado este martes la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), el colectivo de AMPA ha remitido un escrito al Ministerio de Sanidad, del que depende este órgano asesor y consultivo, para solicitar su reactivación.
«Lleva años sin reunirse y podría ser una herramienta de gran utilidad de cara a organizar una vuelta al cole con las máximas garantías posibles ante la incertidumbre que impera entre las familias y la comunidad educativa en general», ha argumentado la organización.
A juicio de Ceapa, la actual crisis sanitaria consecuencia de la pandemia del Covid-19 «avala la necesidad de volver a contar con este consejo», creado en mayo de 2007 e integrado por representantes de la Administración General del Estado y del movimiento asociativo estatal.
En este sentido, ha recordado que entre sus cometidos se hallan la «formulación de propuestas y recomendaciones sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación» o el «seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado» que afecten a las familias.
La Confederación ha vuelto a exigir «una vuelta 100% presencial y segura a las aulas en septiembre, así como instrucciones claras que contemplen los distintos escenarios posibles».
Entre sus reivindicaciones se encuentra una mayor inversión para la escuela pública, bajada de ratios para posibilitar la distancia social y una enseñanza más personalizada, enfermería escolar, garantizar servicios esenciales como el comedor escolar, planes de conciliación laboral y familiar, flexibilización y adaptación del currículo, o caminos escolares seguros para evitar grandes aglomeraciones en las entradas y salidas de los centros.
«Es necesario asegurar las medidas higiénico sanitarias en septiembre, así como el derecho a la educación de todo el alumnado con clases presenciales que garanticen la igualdad de oportunidades frente a la brecha digital y social», ha manifestado la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal.
Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) considera que la Conferencia de Presidentes para ultimar la ‘ vuelta al cole‘ que se celebrará a finales de agosto llega «tarde» y ha reclamado medidas sanitarias y de conciliación para que el regreso a la escuela se realice con todas las garantías de seguridad.
Así lo explica a Europa Press el presidente de la organización, Pedro Caballero, quien se muestra crítico por que «ya se dijo por activa y por pasiva», tanto al Ministerio de Educación como a las comunidades autónomas, que «se tenía que haber empezado a trabajar en el inicio del curso a mediados de junio», cuando había finalizado el anterior. «Visto ya lo que había pasado, teníamos que empezar a trabajar», ha subrayado.
De esta forma, Caballero rechaza la conferencia tenga lugar a, escasamente, una semana« de que se inicie el curso escolar, »con la incertidumbre que tienen ahora mismo las familias de si comprar libros o no, mandar a los niños al colegio, si se cumplen las normas de seguridad o no, si los centros están adaptados«.
«Todo eso es un batiburrillo que hay ahí que lo que crea es una verdadera incertidumbre en las familias y un malestar», ha afirmado Caballero, que sostiene que «se está legislando para y por» los niños y «totalmente al margen» de la comunidad educativa, incluidos, padres y profesores.
Por todo ello, las familias reclaman que se garanticen la seguridad y las medidas sanitarias «necesarias y obligatorias» para que los niños –cerca de 8,2 millones de alumnos– puedan incorporarse a las aulas, «un peligro inmenso con la cantidad de rebrotes y la evolución de la pandemia».
Además, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos solicita que se instrumenten «los mecanismos necesarios» y se inicie un diálogo con los empresarios a fin de garantizar la conciliación laboral y familiar.
Los 14 puntos del Gobierno y CC.AA.
El Gobierno publicó el pasado 24 de junio en el BOE una orden que contiene los 14 puntos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional acordó con 15 comunidades autónomas el pasado 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Educación para preparar la ‘vuelta al cole’ de septiembre con garantías sanitarias frente a la pandemia del coronavirus.
El acuerdo, que suscribieron todos los gobiernos autonómicos salvo País Vasco y Madrid, establece un regreso a las aulas presencial como «principio general durante el curso 2020-2021», que comenzará en septiembre y tendrá un mínimo de 175 jornadas lectivas.
«La experiencia de este curso ha confirmado la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas, por lo que las administraciones educativas realizarán todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas», indica la orden en alusión a la suspensión de las clases presenciales en marzo por el confinamiento, que provocó adaptar la enseñanza a una modalidad telemática y a distancia en toda España.
El Gobierno y las comunidades pactaron recuperar los aprendizajes que el alumnado se perdió durante el confinamiento, para lo que se harán adaptaciones de las programaciones didácticas del próximo curso, y se establecerán «planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimente mayores dificultades en las circunstancias actuales».
Las comunidades autónomas se comprometieron a seguir «las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas».
Además, los Ministerios de Educación y Sanidad remitieron una serie de recomendaciones para el próximo curso, como grupos de hasta 20 alumnos en las etapas de Infantil y Secundaria sin que tengan que mantener la distancia de seguridad de metro y medio, aunque se deja en mano de los gobiernos autonómicos poder ampliar ese número de escolares hasta 25, el máximo legal.
Con este acuerdo, las comunidades autónomas asumen la elaboración de protocolos para garantizar la higiene, la limpieza y el control sanitario en los centros.
Planes que prepararán junto a los servicios de prevención de riesgos laborales, y que incluirán medidas específicas para la atención de las personas incluidas en el grupo de riesgo.
Las comunidades también se encargarán de elaborar los planes de contingencia de los centros ante las «eventualidades» que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar, y tendrán que tomar «las medidas necesarias» para que los centros mantengan sus servicios de transporte y comedor escolar «en condiciones de seguridad».
Del mismo modo, recae en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias educativas, el objetivo de «reducir la brecha digital» y «limitar» sus consecuencias entre el alumnado, aunque el Ministerio colaborará en mejorar la «oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital» de profesores, familias y alumnos.
Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-vuelta-cole-2020-familias-exigen-regreso-seguro-aulas-septiembre-202008181342_noticia.html
El Grupo de Iniciativa de Maestros en Lucha, que aúna a docentes de la enseñanza pública, anunció hoy que podrían ir a huelga si las autoridades ignoran sus demandas.
Dady Charles, coordinador adjunto de la plataforma, señaló que el Ministerio de Educación tomó la decisión de reiniciar el curso académico sin consultar a los diversos sindicatos, en la conformación de protocolos pedagógicos y sanitarios, en el contexto de la actual crisis de salud.Asimismo, reiteró que no tomaron en cuenta exigencias de varios años como el ajuste salarial, aplicación de a ley relativa a estatus especial de los maestros, el pago de honorarios atrasados, entre otras demandas.
Charles aseguró a la plataforma digital Vant Bèf Info que si es necesario relanzarán el movimiento de huelga en todas las escuelas públicas, tan pronto como se reanuden las clases.
A inicios de julio, el presidente Jovenel Moïse informó la reapertura de las escuelas a partir del 10 de agosto, luego de que el azote de la Covid-19 y su rápida propagación obligaran a su cierre.
Además de la pandemia que lo cercenó unos tres meses, el año académico 2019-2020 también fue mutilado por las masivas protestas antigubernamentales en septiembre y octubre pasado, y muchas escuelas solo abrieron sus puertas a finales de noviembre.
El titular del sector, Pierre Josué Argenor Cadet, detalló que la fecha anunciada solo afecta a estudiantes de noveno grado en adelante, mientras que a partir del 17 de agosto se reincorporarán las otras clases.
Señaló además que la cartera educativa informará en breve los protocolos sanitarios y las instrucciones pedagógicas a seguir por los centros docentes del país para facilitar la reanudación de las actividades escolares y proteger de la pandemia a los estudiantes, profesorado y personal administrativo.
De igual manera, se publicará un calendario revisado que incluirá indicaciones sobre la organización de eventos oficiales.
La Consejería, que ya trabaja con los centros para adaptar el curso, se reunió ayer con la Junta de Personal, que censuró los «recortes» de plantilla.
La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente (integrada por STEC, ANPE, TU, CC OO, UGT y CSIF) mantuvieron ayer una larga videoconferencia. Dejaron de lado el calendario de 2021, ya que las consecuencias de la crisis sanitaria se imponen. Hubo, entre otros, dos asuntos de peso: avance de materia y merma de plantilla.
Marina Lombó anunció que su Consejería defenderá ante el Ministerio, en la Conferencia Sectorial del día 15, que, de adelantarse materia, el avance se centre en competencias y no en contenidos. Cantabria espera que la Sectorial termine con consenso. En cualquier caso, Educación ya ha empezado a tratar con los centros este asunto. En dos documentos girados a los centros -uno sobre ESO, otro sobre Bachillerato y EBAU-, propone que el avance sea «a un ritmo adecuado», sin obviar la «equidad» y asumiendo que, en estas circunstancias excepcionales, la adquisición de competencias prime sobre la de contenidos. En Bachillerato, Educación propone «una mirada más holística y más centrada en las competencias». Plantea, por tanto, la posibilidad de sustituir los exámenes tradicionales por trabajos, proyectos de investigación o cuestionarios, y que en la calificación final tengan más peso esas tareas y la actitud del alumnado.
La evaluación y los criterios de recuperación de etapas suspensas se adaptarán, y se reforzará la «coordinación docente» y la acción tutorial. La Consejería indica que se trabaja, además, para adaptar la EBAU a las nuevas fechas, a contenidos ya vistos en clase o a que haya mayor opcionalidad en las preguntas. Por otro lado, en ESO plantea adaptar evaluación y contenidos (incide en las competencias), y medidas como suprimir aspectos que puedan adquirirse en otros cursos.
La Junta de Personal propone retomar, vía telemática, el sistema de llamamiento semanal y cubrir las sustituciones, ahora paradas
Acerca de la plantilla, la Junta rechazó los últimos movimientos de la Consejería porque son recortes «inadmisibles» en la enseñanza pública. ¿Cuáles identifica? El despido de más de 50 docentes de apoyo en FP, la ausencia de sustituciones, y el proyecto de plantillas y arreglo escolar para el curso próximo («El saldo entre supresiones y creaciones de plazas es negativo»: 30 plazas menos, indica la Junta, pérdida que la Consejería achaca al «descenso demográfico»). Entre otras medidas, la Junta propone retomar el sistema de llamamientos telemáticos semanales para cubrir sustituciones, como se ha hecho a lo largo del curso.
Si adoctrinar es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias, es ingenuo discutir sobre quién adoctrina o deja de doctrinar mediante el sistema educativo pues, según esto, la educación, por sí misma, conlleva adoctrinamiento. Por tanto, todo sistema educativo, del régimen o sistema político que sea, incluye, además del conocimiento de determinadas disciplinas científicas, la transmisión de ideas, actitudes y valores relacionados con la moral, la política, el civismo, etc. Es más, cada régimen político, cada gobierno, utiliza el sistema educativo como instrumento de reproducción social, política, económica e ideológica, siempre intentando favorecer sus propios intereses, convirtiéndose la educación en un campo de batalla ideológica. La cuestión, es, ¿qué sistema de valores se quiere inculcar?
Los sistemas dictatoriales, sean del signo político que sean, desde posiciones dogmáticas, presentan modelos de pensamiento único en cuanto a ideología y sistema de valores. En España, durante la dictadura de Franco, en una connivencia entre el poder político y la iglesia católica, sufrimos el modelo fundamentalista del nacionalcatolicismo en la educación, donde se imponía como única verdad la ideología y el sistema de valores del catolicismo; a veces, por la fuerza, con castigos y violencia sobre el alumnado. Todos sabemos de los castigos físicos en el entorno escolar por no saber el catecismo o no asistir a algún acto religioso obligatorio.
Los sistemas llamados democráticos, sobre todo desde la proclamación de los derechos humanos, presentan modelos de pensamiento más abiertos, con mayor diversidad en la moral, en los derechos sociales y civiles; pero en cuanto a modelos socioeconómicos, también se utiliza la educación para sacralizar la democracia representativa (formal) unida al capitalismo (economía de mercado) como mejor sistema posible, transmitiéndose la idea de que la economía no tiene ideología y de que no puede haber más democracia que ésta, ignorando las posibilidades de una verdadera democracia: participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas (democracia directa o participativa) y democracia económica (mayor igualdad y justicia social).
Todos los sistemas educativos, por la ideología que impregnan sus leyes, conllevan adoctrinamiento, aunque, por supuesto, es preferible una educación en un sistema democrático que en una dictadura pues, al amparo de los derechos humanos, se favorece más el desarrollo integral de la personas, se ofrece mayor diversidad de perspectivas en diversas temáticas, mayor libertad para pensar y opinar, razonamiento crítico, etc. Por su parte, el profesorado, según el régimen político el que lleva a cabo su labor, según la legislación educativa correspondiente, según su propia ideología y sistema de valores, influye de una u otra manera en este adoctrinamiento.
En nuestros país, en las últimas semanas, se ha levantado una polémica mediática sobre el derecho de los padres a decidir acerca de los contenidos que se imparten a sus hijos, el llamado “veto o PIN parental”, en relación a actividades relacionadas con la igualdad de género, la violencia contra la mujer o la diversidad sexual, tratándose de contenidos incluidos en los programas educativos a través de determinadas materias o como contenidos transversales y competenciales, teniendo como objetivo inculcar valores y actitudes de libertad y respeto,
Se trata de una polémica artificial, llena de informaciones falsas sobre la enseñanza y actividades relacionadas con esas temáticas que llevan años impartiéndose en las aulas. No hay una problemática real en los centros educativo al respecto. Lo que ocurre es que un determinado sector de la sociedad, relacionado con la derecha política (PP, VOX) y la Iglesia católica, desde posturas dogmáticas, quiere volver al pasado, ese en el que ellos ejercían un fuerte adoctrinamiento sobre toda la sociedad a través de la educación y que, en parte, sigue realizando a través de la enseñanza concertada que gestiona la Iglesia o Asociaciones relacionadas con ella, aunque subvencionada con dinero público. O sea, que los sectores sociales que denuncian adoctrinamiento moral en la enseñanza pública de nuestro país son los que favorecen o ejercen un adoctrinamiento sectario católico en la enseñanza concertada y privada relacionada con la Iglesia.
En realidad, este sector social, lo que quiere es imponer una censura, impedir que el alumnado se eduque en la diversidad y con libertad para su desarrollo integral como persona. Resulta paradójico que quienes ahora, desde un supuesto liberalismo, enarbolan la libertad de enseñanza para reclamar ese “veto parental”, no aceptan esa libertad para otros temas como el aborto, la eutanasia o muerte digna, matrimonios de personas del mismo sexo, el uso de métodos anticonceptivos, la diversidad sexual, etc., saliendo a relucir el fundamentalismo católico del que apenas han salido y desde donde les gustaría, como en tiempos pasados, adoctrinar a toda la sociedad.
América del sur/Brasil/06 Junio 2019/Fuente: El país
Desde el Ministerio de Educación piden a la sociedad denunciar a los profesores que intenten estimular a los alumnos a desarrollar su derecho a manifestarse
Junto con el descalabro de la economía que podría llevar a Brasil a una recesión técnica, el clima de miedo que viven las instituciones públicas de educación es uno de los puntos cruciales del nuevo Gobierno de extrema derecha que preside Jair Bolsonaro. Hasta el punto que en el mundo de la educación se vive ya un clima de dictadura y miedo ante las amenazas del ministro de Educación, Abraham Weintraub.
Ese miedo de profesores y alumnos ante las amenazas del Ministerio de Educación (MEC) de Brasil ha podido ser la causa de la fuerte disminución de público en las manifestaciones de este jueves con relación en la multitudinaria del pasado día 15. Si en la primera marcha contra los recortes de presupuesto a la enseñanza participaron 220 ciudades, el jueves solo fueron 82.
Las amenazas de las autoridades del MEC fueron tajantes: “Ninguna de las instituciones de enseñanza pública tiene prerrogativas legales para incentivar movimientos políticos partidarios y promover la participación de alumnos a las manifestaciones”. Hubo una petición oficial del MEC para que “la población denuncie a quien estimule manifestaciones en horario escolar”.
Si a los estudiantes Bolsonaro les llamó “idiotas útiles”, este jueves un joven en Fortaleza le respondió, en un cartel escrito a mano: “idiota inútil”. Ello indica el clima de tensión, preocupación y miedo que vive el mundo de la escuela y de la universidad, que se ven acusados de infundir ideología marxista a sus alumnos y que incitan a la sociedad a denunciar a profesores y alumnos.
Todo ello junto crea, en efecto, un clima de régimen dictatorial que solo puede acarrear prejuicios graves a la ya cenicienta educación de Brasil. Bolsonaro puede tener razón en denunciar que él recibió la educación con índices que aparecen siempre entre los peores a nivel mundial y que es preciso mejorar todo el mundo de la enseñanza, lo que no puede es acusar a los profesores de haber instituido un clima ideológico de izquierda impuesto a los alumnos y ahora querer sustituirlo por otro de ultraderecha con intimidaciones añadidas a quienes no acepten dicha imposición.
Mientras tanto, el presidente Bolsonaro parece querer emular al carismático expresidente, Lula da Silva, que se presentaba como “Lulinha paz y amor”. El hasta entonces duro presidente, amante de las armas parece haberse convertido en “Jairzinho paz y amor”. Así le hemos visto por primera vez cambiar el gesto de sus manos imitando a un arma con el gesto de un doble corazón. Lo ha hecho rodeado de sonrientes diputadas y teniendo a su lado, al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, también con sonrisa de oreja a oreja.
La foto es emblemática porque se sabe de la poca simpatía y aprecio de Bolsonaro por las mujeres. Basta recordar que defiende que deben ganar menos que los hombres y que, refiriéndose a la única hija de sus tres matrimonios, confesó que nació mujer “por un descuido suyo”. Así como resulta enigmático el enamoramiento repentino de Bolsonaro por Dias Toffoli cuando sus seguidores más radicales piden el cierre del mismo.
Algo de significativo debe existir en ese enamoramiento repentino de Bolsonaro por Toffoli hasta el punto que, mientras hacía el gesto del corazón que lo hacía ver como pacifista, llegó a confesar: “Es muy bueno tener a la justicia a nuestro lado”. Cabría preguntarse qué interés, incluso personal o familiar, puede tener el presidente brasileño para sentir el gozo de tener a su lado como protector al discutido Dias Toffoli.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación piden que la sociedad y los alumnos denuncien a los profesores que intenten estimularles a desarrollar un derecho sagrado y constitucional de manifestación, de libertad de expresión y de pensamiento. ¿Qué hará Dias Toffoli, la última conquista amorosa de Bolsonaro, si llega a sus manos la petición para juzgar ese clima dictatorial y de miedo en escuelas y universidades?
Lleva razón Bolsonaro que “es muy bueno”, en ciertos momentos, “tener a la justicia a tu lado”. Mientras tanto, el Gobierno maniatado en esas inútiles peleas ideológicas, parece que los millones de pobres, que lo son cada día más y más numerosos, han desaparecido de la escena. Nadie habla de los 13 millones de personas sin empleo, de los seis millones que, desilusionados, ni lo buscan. De los miles de estudiantes que han tenido que dejar las aulas para ir a aliviar la pobreza de sus padres trabajando para pagar deudas.
Nadie habla de hacer una gran campaña para ayudar a los millones de analfabetos funcionales que arrastra este país desde los tiempos de la esclavitud. Ellos son los verdaderos parias ya que se quedan siempre al margen de la riqueza y de la cultura, masa de maniobra para la compra de votos que perpetua la política incapaz de colocarse al lado de esas gentes y escuchar el dolor que desde generaciones llevan dentro.
Todavía este jueves un trabajador, que tiene la suerte de contar con un pequeño salario, me decía: “Pobre debe morir”. Terrible examen de conciencia para los satisfechos, los que sí tienen derecho a vivir, aunque sea a costa de quienes nacieron para morir antes de tener tiempo de soñar.
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