¿Cuál es el propósito real del sistema educativo? ¿Y cuál debería ser? Lucas Gortazar nos habla de las diferencias entre aprobar un examen o una prueba y el verdadero aprendizaje que va más allá de las mismas. Y de las consecuencias que ello tiene para toda la sociedad. Lucas Gortazar es un profesional independiente en el área de las políticas sociales y educativas, con experiencia en reformas políticas y análisis de políticas públicas. Desde 2012 trabaja en la Práctica Global de Educación del Banco Mundial, primero como Asociado Junior y ahora como Consultor. Ha participado en diversos proyectos con la consultora KSNET, el Gobierno Vasco, Politikon y el Proyecto Atlantidad para la innovación educativa. Es parte de la Red de Expertos de la Fundación COTEC, como experto en métricas de innovación y equidad educativa. Lucas ha estudiado Matemáticas en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), un Máster en Economía por el CEMFI y tiene un PhD en Economía por la Universidad del País Vasco. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx
Fuente de la reseña: https://www.youtube.com/watch?v=d8smMhh8DRU
Asia/China/08-12-2019/Autor(a) y Fuente: spanish.xinhuanet.com
Estudiantes de la parte continental china obtuvieron el nivel más alto en lectura, ciencia y matemáticas en la reciente prueba de educación global PISA realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con los resultados publicados este martes.
Les siguen estudiantes de Singapur y de dos regiones administrativas especiales de China: Macao y Hong Kong. Los primeros lugares de los países no asiáticos de la OCDE fueron Estonia, Canadá, Finlandia e Irlanda.
La prueba PISA de la OCDE 2018 examinó a unos 600.000 estudiantes de 15 años de edad en 79 países y economías en lectura, ciencia y matemáticas. El foco principal fue puesto en la lectura y la mayoría de los estudiantes realizaron la prueba en computadoras.
Los estudiantes de Beijing, Shanghai, las provincias de Jiangsu y Zhejiang, representaron a la parte continental china en esta prueba. En lectura, obtuvieron una puntuación significativamente más elevada que sus pares de otros países.
«La mayoría de los países, en particular en el mundo desarrollado, ha presenciado poca mejoría en su desempeño en la última década, a pesar de que el gasto en educación aumentó 15 por ciento en el mismo periodo», señaló la OCDE al publicar los resultados.
«Uno de cada cuatro estudiantes en los países de la OCDE son incapaces de completar las tareas de lectura aun más básicas, lo que significa que probablemente tendrán problemas para forjar su camino en la vida en un mundo cada vez más volátil y digital», agrega.
En ciencia y matemáticas, alrededor de uno de cada cuatro estudiantes en los países de la OCDE, en promedio, no lograron el nivel básico de ciencia (22 por ciento) o matemáticas (24 por ciento). Eso significa que no pueden, por ejemplo, convertir un precio en otra moneda distinta.
Alrededor de uno de cada seis estudiantes (16,5 por ciento) en Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang de China, y uno de cada siete en Singapur (13,8 por ciento), tuvieron el mejor desempeño en matemáticas, en comparación con sólo 2,4 por ciento en los países de la OCDE.
Respecto a la equidad en la educación, los estudiantes tuvieron un mejor desempeño que el promedio de la OCDE en 11 países y economías, incluidos Australia, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Japón, la República de Corea, Noruega y Reino Unido, mientras que la relación entre el desempeño de lectura y el estatus socioeconómico fue el más débil.
«Esto significa que estos países cuentan con los sistemas más equitativos en los que los estudiantes pueden prosperar, sin importar su origen», expresó la OCDE.
La prueba descubrió que las niñas superaron de manera significativa a los niños en lectura en promedio entre los países de la OCDE, en el equivalente a casi un año escolar.
En todo el mundo, las brechas más estrechas estuvieron en Argentina, la parte continental china, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. Los niños se desempeñaron ligeramente mejor que las niñas en matemáticas, aunque un poco por debajo en ciencias.
“El distrito único es un elemento como política que contribuye a la segregación”
El segundo mapa sobre escolarización en la ciudad de Valencia ha puesto el dedo en la llaga. La segregación socioeconómica o por procedencia en Valencia y la brecha entre la pública y la concertada. Pero no solo eso, sus autores llevan meses de persecución mediática y judicial.
José Manuel Rodríguez y Borja de Madaria son las cabezas visibles de un equipo de casi dos decenas de personas que han participado en la elaboración del II Informe Mapa Escolar de la ciudad de Valencia, un ambicioso proyecto del Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Valencia que ha puesto datos y ciencia a lo que muchos ya sabían en la capital valenciana: que hay “una escuela para ricos y otra para pobres” y que las decisiones políticas, principalmente de 25 años de gobiernos del PP, han favorecido sistemáticamente a la escuela concertada y, más concretamente, a la concertada religiosa, que se ha dedicado, explican estos investigadores, a mantener y reforzar su status quo. El trabajo les ha salido caro, según cuentan. Desde el mismo momento en el que se firmó el convenio, todo el grupo, y en especial Rodríguez en su calidad de investigador principal, han sufrido una persecución mediática auspiciada por una denuncia judicial de un asesor del PP y azuzada por los medios afines a la derecha valenciana.
José Manuel Rodríguez
¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio?
José Manuel Rodríguez. En el primer informe hicimos un primer trabajo de investigación que nos permitió caracterizar socioeconómicamente las zonas de la ciudad y situar los colegios. En esta primera aproximación ya empezamos a observar que el modelo de planificación adecuado para la ciudad, el que menos efectos podía tener en términos de segregación escolar, no pasaba por una vinculación al distrito único, que en algún momento era la opción que se había propuesto. Es una cuestión compleja con varias variables en juego. Empezamos a estudiar los modelos de planificación que podíamos proponer. Ya con aquellos primeros datos empezamos a ver que la fórmula de distritos escolares, con algunos elementos más, era la fórmula adecuada. Empezamos a ver claro en esa investigación que el distrito único es un elemento, como política, que contribuye a la segregación. En el segundo informe pudimos sistematizar más este trabajo a partir de los datos obtenidos y planteamos nuestras propuestas.
¿Que son…?
JMR. Planteamos tres grandes grupos de intervenciones. La primera es para promover una información transparente en el sistema educativo, más y mejores datos para la planificación educativa. Señalábamos una realidad que no por obvia es menos grave: no hay datos para la planificación de las políticas educativas. La administración no los produce. Además, los que sí produce no están al alcance de los investigadores o de la sociedad. Hay una opacidad tremenda. La Consellería todavía, tres años después, no nos han dado algunos de los datos que les hemos solicitado. Menos mal que la oficina de Estadística del Ayuntamiento sí ha colaborado. Esta opacidad parece lógica viniendo de 25 años del PP, pero pone en riesgo la posibilidad de planificar políticas públicas informadas. El segundo gran grupo de intervenciones tiene que ver con la promoción de la equidad en la planificación educativa, con permitir un mapa escolar más equilibrado. Para planificar esa oferta proponíamos medidas como eliminar el conflicto por la confusión entre zonificación y proximificación, implementar una buena política de reserva de plazas para alumnos con necesidad de apoyo educativo, garantizar desde la Administración pública que los alumnos tengan las mismas opciones de entrar a un centro u otro según la equidad educativa o revisar la adscripción a centros de infantil y primaria a secundaria con criterios que promuevan la heterogeneidad social del alumnado, entre otras.
El último gran bloque de propuestas son intervenciones para promover la equidad en los procesos de demanda y admisión para promover los recursos en los centros; mejorar los canales de acompañamiento a las familias en los procesos de escolarización o modificar los criterios de renta de la unidad familiar y de proximidad mediante el análisis de la distancia real al centro educativo. Son toda una serie de propuestas que básicamente buscarían paliar y revertir en la medida de lo posible los procesos de segregación escolar que habíamos ido detectando en la ciudad.
También hay todo un trabajo de investigación cualitativa que nos ha permitido entender cómo la imagen de la educación pública se ha ido deteriorando a lo largo de estos 25 años, cómo se han producido dinámicas de distinción entre los diversos grupos sociales de la ciudad. Se han intentado obtener en la elección educativa las máximas ventajas, y estas dinámicas han ido acompañadas de procesos de expulsión de lo distinto, de diferenciación de los otros, de romper los procesos de equidad educativa. Los principales beneficiaros de este proceso de desmantelamiento han sido los colegios concertados que han ido, en paralelo, seleccionando su alumnado.
Borja de Madaria
Borja de Madaria. Todos estos años, las administraciones (25 años del PP) se han centrado en políticas educativas para satisfacer la demanda. Esta es de diversos tipos: una más activa que reclama acciones políticas y otra, menos activa, que se conforma con lo que puede. Hay unas familias que se han dedicado a demandar la libertad de elección y las políticas han ido en este sentido. Así, se ha creado una red escolar segmentada, donde el prestigio lo ha tenido la concertada y la oferta pública se ha entendido socialmente como asistencial, con más presencia en las zonas periféricas. Ha habido una escuela para ricos y otra para pobres y la gente lo percibía muy claramente. Analizando los datos se ven grandes diferencias, desequilibrios entre los distritos, entre los distintos titulares y diferencias también dentro de las mismas titularidades. Con todos estos datos, de manera más desagregada al principio por distritos pero luego con datos específicos centro a centro hemos podido comprobar cómo esos desequilibrios están manifestando situaciones de desigualdad, de escolarización muy diversa de determinados perfiles sociales en ciertos centros.
Entonces ¿Valencia le ha dado la vuelta a la situación teórica y ha hecho de la escuela pública una subsidiaria de la concertada?
BM. La escuela pública siempre ha sido subsidiaria de la concertada. Tradicionalmente, aunque sea con información puntual, la mayoría de la escuela en Valencia ha sido concertada o privada. Hoy el 60% de la oferta es concertada y el 40% es pública, proporción que es inalterada durante la democracia y, en algunos casos, es similar a la que había durante el franquismo. Hablamos de la ciudad, los números de la Comunidad son los contrarios. A finales de los 80 se hizo un esfuerzo por incrementar la escuela pública, pero el sistema público nunca ha sido capaz de escolarizar ni a la mitad de la población.
El Gobierno actual lleva ya más de cuatro años. En Educación es poco tiempo, pero ya va siendo algo. ¿Está haciendo suficiente por revertir la situación?
BM. Hacen ver que están por esa labor, hacen mención de que están por la escuela pública y hay determinadas acciones que resultan mediáticas y transmiten esa imagen, pero promover la escuela pública es una cuestión compleja que depende de muchas cosas y se verá a largo plazo. De momento no ha habido grandes variaciones. Sí que es verdad que después de muchos años de abandono de la escuela pública se están haciendo actuaciones de mejora en los centros y se han licitado dos públicos después de años sin hacerlo. Hay una voluntad quizá tímida de hacerlo, pero no sé si ha tenido grandes efectos.
JMR. Creo que la cuestión es el punto de partida. Es un punto en el que durante 25 años de Gobierno del PP se desmantela y deteriora progresivamente la red de escuelas públicas. Al tiempo, se producía una imagen de deterioro de la escuela pública que se transmitía por sus medios de comunicación afines mientras promocionaban la escuela concertada. Los centros de barracones son un spot publicitario que el Gobierno utiliza para promocionar la escuela concertada, por eso los mantenía. El PP se financia durante estos años mediante la construcción de colegios, hay un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el presunto del reparto de comisiones de la empresa pública dedicada a promocionar conciertos. Con el cambio de gobierno se empieza a abrir la posibilidad de hacer otro tipo de políticas. Se abre un tímido espacio para, al menos, objetivar esta situación y tratar de revertir sus consecuencias más nefastas, que básicamente es que se ha contribuido a mantener la desigualdad educativa con dinero público. Hay políticas del Gobierno valenciano que trabajan en esta dirección, pero creemos que aún son demasiado tímidas, como el miedo a enfrentar a determinadas instituciones religiosas, el papel de la Inspección…
Decís en el informe que el 43% de los centros concertados no cumplen los requisitos mínimos que impone la legislación. ¿A qué tipo de infracciones os referís?
BM. Ese análisis se hizo de manera muy simple. Ese dato refleja aquellos centros cuya superficie de espacios libres no cumple con los mínimos establecidos o no tiene unas instalaciones que cumplan los requisitos que impone la Consellería. Muchos centros carecen de patios de juego. Hay mucha diversidad en la escuela concertada. Hay centros religiosos con unas instalaciones magníficas en barrios de la burguesía. También otros, normalmente de iniciativa laica pero también algunos religiosos que, sobre todo, no tienen las dotaciones de patios o espacios de juegos necesarias. También suelen tener instalaciones más sobrecargadas, aunque esto entra en las recomendaciones.
¿Hay un doble beneficio entonces para los centros religiosos incluso dentro del espacio concertado?
BM. No creo que vaya tanto por ahí. Lo que se ha hecho es consolidar unas infraestructuras que ya estaban desde principios de la democracia. En la periferia había un poco de todo y estas academias normalmente escolarizaban a inmigrantes, etc. En la periferia se ha hecho un esfuerzo por construir centros públicos, mientras en el centro de la ciudad se consideraba cubierta por estos centros de buenas instalaciones y no se ha hecho tanto por incrementar la oferta pública. Se ha favorecido en general el status quo que había.
JMR. Sí que encontramos tipologías diversas de concertada. La religiosa tiene una gama alta dedicada a la reproducción de las élites y la burguesía valenciana sostenido todo con dinero público. Esa red ha ido creciendo y ha tenido todos los beneficios para seleccionar a sus estudiantes y reproducirse sin dificultad. Esta red se ha mantenido impecable. Aquí hay que meter las escuelas religiosas del Opus Dei, que segrega por sexo. Serían aquellos centros dedicados a salvar cuerpos y carteras. Luego habría una gama baja de la concertada religiosa, dedicada más a salvar las almas y los cuerpos, con otros objetivos pastorales. Económicamente no se han beneficiado tanto del proceso, está dirigida a otro público y actuaría como complementaria de la primera. Dentro de los concertados laicos también hay una doble división. Tenemos la evolución de las antiguas academias franquistas, que serían la alternativa para las clases medias trabajadoras y quieren una mejor inversión para la educación de sus hijos. También se han beneficiado de este proceso. Por último está la escuela vinculada a los Movimientos de Renovación Pedagógica, con cierta presencia en la ciudad y cuya propuesta sería de negocio también, pero vinculada a otros tipos de proyectos educativos ciudadanos y democráticos. Los mayores beneficiarios del proceso han sido los concertados de gama alta, que han podido educar a sus hijos con fondos públicos y dedicar ese ahorro de su gasto a seguir incoporándoles beneficios educativos con actividades extraescolares, etc. que les permitieran distinguirse de los demás y colocarse en un espacio mejor. Todo ello siempre buscando la homogeneidad, que ellos estuvieran juntos y los distintos no estuvieran en esos colegios.
También habéis observado que existe segregación por nacionalidades.
BM. Los datos de Valencia no son muy diferente de los de otros lugares. Lo que indican es que la población extranjera está muy segregada en Valencia, se concentra en la escuela pública, como en el resto de España. Pero no solo se concentra de manera desigual entre pública y concertada, también en determinados distritos de la ciudad. Valencia no tiene un porcentaje alto de extranjeros (12% de población total y 10% en los centros) ni la población extranjera en general muy segregada. Hay determinados distritos con menos del 1% y con ningún extranjero en los concertados y están todos en centros públicos. El alumnado extranjero se concentra de manera general en la escuela pública, excepto en dos distritos. En estos ocurre que hay un único colegio que por las razones que sea se ha especializado en escolarizar población extranjera, con datos que podríamos denominar gueto, con hasta el 40% de extranjeros. Pero son casos muy concretos, hay tres en toda la ciudad. Lo normal es que la concertada escolarice muy por debajo de la mitad de lo que le correspondería.
Cambiamos de tercio. Habladme de las consecuencias que ha tenido el informe para vosotros, con un proceso judicial incluido. ¿Qué ha pasado?
JMR. La investigación tiene un diseño que persigue democratizar el conocimiento de alguna forma. La idea que anima el diseño en tres partes (investigación, formación y transferencia de resultados) es el de una universidad pública comprometida con la sociedad y la transferencia de resultados para reflexionar y debatir sobre ellos, que orienten las políticas públicas y se traslade a los profesionales. Este modelo, que sería del SXXI, es contestado inmediatamente por otro absolutamente autoritario y represivo que sería más propio del siglo pasado. Nada más hacerse pública la firma del convenio-subvención por parte de la Universidad de Valencia (UV) y el Ayuntamiento, el único concejal del PP que entonces no estaba siendo investigado denuncia el convenio bajo el argumento de que la concejala de Valencia en Comú le ha dado 100.000 euros a un compañero de partido (que sería yo). Tratan desde el primer momento de impedir que se objetive la realidad educativa en la ciudad de valencia. Hay que señalar que la UV tiene firmados 1.300 convenios de estas características con instituciones públicas. El convenio-subvención se caracteriza porque las investigadoras que trabajan en este proyecto no tienen retribución añadida (en nuestra condición de funcionarios ya nos paga la universidad) y se caracteriza por ser un modelo de transferencia de conocimiento a la sociedad. Desde nada más firmarse el convenio, el periódico local Las Provincias recoge la denuncia de este concejal, la lleva a primera página y lo plantea como un caso de corrupción. Ese es el punto de arranque de la persecución. Fue en 2017. Un año después, Luis Salóm, exasesor de Rita Barberá, que ya ha realizado 17 denuncias a instituciones, presenta una denuncia con estos mismos argumentos. A partir de ahí se produce una intensa persecución mediática por este diario de extrema derecha valenciano, que es el portavoz de la concertada religiosa y de las élites de la ciudad, que se traduce en 25 noticias. Nada más producirse la denuncia soy imputado. Las Provincias retoca las informaciones, añade mi foto. Están haciendo un proceso de criminalización, señalamiento e investigación. El equipo de investigación está compuesto de 16 profesores de la UV exclusivamente, con un núcleo de 5-6 investigadores principales. Las Provincias deja esto de lado y se dirige a la condición de ‘podemita’ del investigador principal (yo), dando a entender que me he beneficiado del proceso, que es un caso más de corrupción como todos los anteriormente ocurridos en Valencia. Es una campaña sistemática, hasta septiembre de este mismo año, que busca criminalizar y detener el proceso de investigación. La única manera de determinados sectores sociales de mantener sus privilegios, en este caso el negocio educativo, pasa por jugar de esta manera, por perseguir el convenio, por tratar de detener y defender sus privilegios en el campo educativo.
¿En qué punto está la denuncia que os pusieron?
En la fase de instrucción. Los dos argumentos de la denuncia son prevaricación y malversación de caudales públicos. Respecto al primero, tenemos un informe que concluye el absoluto disparate que supone denunciar este convenio-subvención, una fórmula potenciada dentro de la jurisdicción de los ayuntamientos y la UV. En cuanto a la malversación de caudales, se sustenta en que se supone que estos convenios no pueden sufragar gastos corrientes. A partir de esta característica del convenio, Las Provincias vuelve a manipular la información y presenta la compra de estos bienes inventariales como irregular y que no forma parte del convenio-subvención. El convenio-subvención tiene una parte subvencionable directamente en la que contratamos investigadores, a las empresas colaboradoras, pagamos a nuestros estudiantes. Y tiene otra parte en la que a cada una de las tres anualidades se le asignan 7.500 euros, que es lo que la universidad recibe a cambio de las horas de dedicación de su profesor funcionario. Con estos 7.500 euros la UV, que podía dedicarlo a lo que quisiera, decide subvencionar aquellos gastos que tiene el equipo de investigación. En la mala interpretación deliberada de esto, se sostiene la malversación de caudales públicos. La UV y el Ayuntamiento han justificado que ninguno de estos gastos está en la categoría de gastos no subvencionables.
Pero la persecución mediática se ha presentado de este modo, hasta el punto de dar a entender que el investigador ‘podemita’ se lucra con la investigación, que esos 7.500 euros los recibía el investigador principal. Esta ha sido la estrategia de criminalización sistemática. Este tipo de informaciones no solo contribuyen a mantener los privilegios de un determinado tipo de educación concertada religiosa en la cuidad de Valencia, si no que supone una amenaza para las sociedades democráticas y su derecho a una información verdadera.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/10/17/el-distrito-unico-es-un-elemento-como-politica-que-contribuye-a-la-segregacion/
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Cenobio Popoca Ochoa
Benemérita Escuela Nacional de Maestros
Paola Arteaga Martínez
Doctorante en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Red Temática de Investigación en Educación Rural
La reciente modificación al artículo 3º constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, adopta el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, a fin de garantizar que las personas, niños, jóvenes y adultos, ejerzan su pleno derecho a la educación (DOF, 2019).
En la fracción II, inciso e) de dicho artículo, se indica que el Estado debe brindar una educación equitativa, a fin de combatir las desigualdades socioeconómicas en el acceso, el tránsito y la permanencia en los servicios educativos. Para ello, según se indica ahí mismo, se desarrollarán acciones educativas que mejoren las condiciones de los educandos que viven alta marginación.
Resulta de gran relevancia el establecimiento del marco normativo en las leyes secundarias y el ejercicio de una política educativa en favor de la equidad educativa, frente a las desigualdades que afectan todos los ámbitos de la vida social en nuestro país y que excluyen a la población en desventaja socioeconómica de oportunidades y bienestar. Las desigualdades asociadas al territorio es una de las principales aristas que es necesario visibilizar y tratar en el plano jurídico.
Históricamente, en nuestro país, existen brechas de desigualdad educativa en territorios rurales y urbanos.
Casi la mitad de las escuelas de educación básica en México se ubican en contextos rurales, muchas de las cuales son de organización multigrado, es decir, aquéllas donde el o los docentes atienden a varios grados escolares de manera simultánea en el mismo grupo. Asimismo, en estos territorios prevalecen los tipos de servicio de educación indígena, educación comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), escuelas para hijas/os de jornaleros agrícolas migrantes y telesecundarias. Estos centros educativos atienden a poco más de 6.3 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes en un 80% viven en localidades rurales con alto y muy alto grado de marginación (INEE, 2019a). Esta misma situación sucede con los telebachilleratos comunitarios y estatales, que representan una de las pocas opciones educativas para que jóvenes de estos contextos accedan a la educación media superior (Guzmán, 2018). La realidad es que esta población tiene mayores dificultades para el ingreso, la permanencia y el egreso del sistema educativo. Por ejemplo, en educación básica, 17% de NNA de zonas rurales no asisten a la escuela, en comparación con 13.5% de zonas urbanas. Estas desigualdades se acrecientan con la población indígena y las/os hijas/os de familias jornaleras agrícolas migrantes (INEE, 2019a, Mendoza, 2017, Rojas, 2018).
A su vez, el abandono escolar es casi el doble en escuelas rurales que en las urbanas. De igual manera, en zonas rurales hay menor probabilidad que NNA concluyan la educación básica, 78.9% en localidades rurales frente a 90.8% en zonas urbanas. En el caso de educación media superior, 34.7% de los jóvenes entre 20 a 24 años de zonas rurales egresan de este nivel educativo y 60.1% en zonas urbanas (INEE, 2019b).
Sin soslayar los debates y cuestionamientos a los instrumentos y procesos de la evaluación del nivel de logro educativo, de acuerdo con el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 2018, 67% de los estudiantes de 6º de primaria de escuelas rurales alcanzó el nivel I, el más bajo, frente al 47% de escuelas urbanas (INEE, 2019a).[1]
A pesar de la relevancia social de estas escuelas para brindar opciones que abonen a revetir las desigualdades educativas, son planteles que trabajan en condiciones de mayor precariedad institucional, considerando que:
Cuentan con limitados recursos en infraestructura, equipamiento y material educativo. Por ejemplo, en educación básica, 72% de estas escuelas no tiene drenaje, 33% no cuenta con agua potable y 8% no tiene energía eléctrica (INEE, 2019a).
Son nulos o limitados los programas de formación docente, así como de acompañamiento pedagógico para una atención pertinente que considere la diversidad sociocultural y lingüística que prevalece en estos centros educativos, así como sus condiciones de movilidad y vulnerabilidad socioeconómica.
Faltan mayores incentivos y condiciones laborales para los docentes quienes, en muchos casos, no cuentan con una contratación formal.
Son limitadas las adecuaciones curriculares o de programas educativos de acuerdo con los tipos de servicio educativo.
Hace falta una política educativa sistemática, sostenida, incluyente y con equidad hacia estas poblaciones, acompañada de una política social que combata la pobreza y desigualdad. (INEE 2017, 2019a, 2019b; Guzmán, 2018; Mendoza, 2017; Rojas, 2018).
Ante este escenario, es necesario reforzar los instrumentos normativos contenidos en las leyes secundarias, principalmente en el Capítulo III de la Equidad de la Educación de la Ley General de Educación, en conjunción con el ejercicio de una política educativa que garantice el acceso, el tránsito, la permanencia y el logro educativo de niños/as y jóvenes en escuelas de contextos rurales. En este tenor se enuncian las siguientes propuestas:
Desarrollar una política integral de atención para las escuelas rurales con base en un enfoque de derechos humanos, garantizando que sus estudiantes reciban una educación pertinente y relevante en el lugar de residencia. Debe ser una política de equidad en atención, apoyos y programas, orientada por la inclusión y la interculturalidad y articulada con un trabajo interinstitucional e intersectorial.
Fortalecer los servicios educativos de mayor presencia en los contextos rurales: CONAFE, educación indígena, escuelas multigrado, telesecundarias y telebachilleratos en cuanto a condiciones presupuestales, infraestructura y equipo, condiciones institucionales de operación, cantidad, cualificación y desarrollo profesional de los docentes, a fin de lograr el cumplimiento del derecho de estas comunidades a una educación pertinente, integral, inclusiva y que favorezca el logro de aprendizajes centrales.
Asignar un presupuesto con base en el principio de equidad, a fin de atender de manera prioritaria las necesidades específicas de los niveles, modalidades y servicios educativos de los territorios rurales con mayor vulnerabilidad en acceso, tránsito, permanencia y logro educativo. Para ello se apoyará en un sistema de información e indicadores educativos regional que permita identificar condiciones en infraestructura y recursos, personal docente y resultados educativos, así como establecer prioridades de atención, como un criterio de los programas con reglas de operación.
Desarrollar propuestas y modelos pedagógicos pertinentes, contextualizados específicamente para atender la diversidad sociocultural existente en los territorios rurales, y la organización multigrado de muchas de las escuelas del contexto rural. Ello en concurrencia de la autoridad educativa federal, las autoridades educativas locales, docentes, investigadores y actores sociales involucrados en el tema.
Promover, con base en las previsiones presupuestales y de manera gradual, una estructura ocupacional con figuras itinerantes que apoyen a escuelas rurales y multigrado en gestión escolar: director itinerante o equivalente, asesores técnicos, personal de educación especial, educación física, artes, actividades productivas, lenguas originarias, lengua extranjera, todo para fortalecer el trabajo docente y el aprendizaje de los niños y adolescentes.
Impulsar, de manera gradual, un programa de estímulos económicos que favorezca el arraigo docente –permanencia durante ciclos escolares completos–, sobre todo en regiones de alta movilidad. Así también la ampliación de la jornada escolar.
Fortalecer centros de maestros, en coordinación con áreas de la secretaría de educación federal y de las entidades, así como de las escuelas normales, Universidad Pedagógica Nacional (UPN) e instituciones de educación superior para la formación inicial y el desarrollo profesional de docentes, asesores, directivos que laboran en territorios rurales, a fin de mejorar las competencias profesionales para una atención educativa pertinente a las necesidades de niños, niñas y jóvenes de contextos rurales.
En coordinación entre las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, desarrollar acciones que favorezcan el tránsito educativo de los niños y jóvenes por los distintos niveles educativos como alimentación, becas y transporte, entre otros apoyos.
Impulsar acciones integrales e interinstitucionales locales que atiendan, además de lo educativo, aspectos como alimentación, salud, cultura, deporte en las regiones rurales, con énfasis en las zonas aisladas.
Asegurar que, en educación básica, particularmente en preescolar y primaria, los niños, niñas y jóvenes reciban el servicio educativo en su lugar de residencia, lo que contribuye al fortalecimiento del tejido social, la vinculación escuela-comunidad y la valoración de la identidad.
Referencias
Diario Oficial de la Federación (DOF) (2019, 15 de mayo). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. México. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
Díaz-Barriga, A. (2017). De la evaluación individual a una evaluación social-integrada: La institución educativa, su unidad. En Díaz-Barriga, A. (Coord.). Docencia y evaluación en la Reforma Educativa 2013 (pp.327-364). México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Guzmán, C. (2018). Avances y Dificultades en la Implementación del Marco Curricular Común. Telebachillerato estatal, educación media superior a distancia y telebachillerato comunitario. México: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
INEE (2017). Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora Educativa de Escuelas Multigrado (PRONAEME). México: INEE.
INEE (2019a). Directrices para mejorar la educación multigrado. México: INEE.
INEE (2019b). La educación obligatoria en México. Informe 2019. México: INEE.
Mendoza Zuany, G. (2017). Evaluación de la política educativa dirigida a la población indígena en educación básica. México: INEE.
Navas, M., Alcaraz, N. y Sola, M. (2017). Evaluación y pruebas estandarizadas: Una reflexión sobre el sentido, utilidad y efectos de estas pruebas en el campo educativo. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 10(1), 51-67.
Rojas, T. (2018). Organismos internacionales y acciones gubernamentales para
la protección de los derechos de niños migrantes agrícolas. En, Rodríguez, C. y Rojas, T. (Coords.). Migración interna, infancia y derecho a la educación: aproximaciones interdisciplinarias, actores y propuestas de políticas públicas (pp. 43-73). México: Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
[1] Entre las principales críticas en torno a las pruebas está su validez en contextos socioculturalmente diversos; privilegiar la enseñanza de las disciplinas que se evalúan en detrimento de una formación integral, así como subsumir la acción y los procesos de formación a la habilitación y entrenamiento de los educandos para contestar este tipo de pruebas (Díaz-Barriga, 2017; Navas, Alcaraz y Sola, 2017).
Las excelentes notas a modo de crónicas de Erick Juárez (EF), nos muestran un panorama en el seno de la SEP de cambios que están a la orden del día: cambios en las personas (Educación Básica), cambios en la legislación y cambios en la orientación política, de todo ello también se reconoce que de contar con organismos ciudadanos (como fue el caso del INEE) ahora pasamos a la conformación de organismos que pretenden equilibrios partidistas.
Todos estos cambios o supuestos cambios nos llevan a hacer una lectura obligada en términos del sentido o el significado de los mismos ¿el sistema genera cambios con la finalidad de mejorar, de darle continuidad a lo que ya tienen o son cambios sin claridad ni de rumbo, ni de sentido? Aunque es una hipótesis yo me quedo con esta última parte.
La SEP tanto en lo que toca a su titular, como al equipo de trabajo y de colaboradores de las principales instancias de la misma, ha priorizado el equilibrio político, ha sido una especie de PACTO POR MÉXICO (Segunda Parte). ¿Por qué lo digo?
El discurso propiamente educativo al igual de lo que sucedió en el sexenio anterior se ha visto supeditado a la racionalidad y a la negociación política. Los cambios en el sistema, en la legislación y en las orientaciones educativas, buscan no la mejora educativa, sino el equilibrio político. Y no pensando en el proyecto de la Cuarta Transformación sino más bien en el proyecto del señor secretario.
Hemos entrado en una especie de pragmatismo político el cual gira en torno a los mismos asuntos que ocupó al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tanto ha cambiado en la agenda pública y en el estilo de abordar dicha agenda entre el gobierno anterior y el actual? Me parece que muy poco, desafortunadamente el estilo de hacer política educativa se ha contagiado entre uno y otro gobierno.
Los cambios que se anuncian más bien parecen parches o remiendos al interior de un sistema que no termina por acomodarse. Parece que en el seno de la SEP interesa mucho más la forma de hacer la negociación política que el fondo del contenido de la misma y lo que pudiera representar para avance educativo y sustantivo para el país.
Lo peor en que ha caído el staff educativo de las Cuarta Transformación es en un doble discurso que encierra una doble moral: por un lado se habla de que la racionalidad estratégica estará concentrada en la equidad y la justicia educativa al brindar educación a quien no la tiene y por el otro en aras de la austeridad republicana se les da de palos a los académicos de la educación superior encargados de responder y aportar respuestas en torno a dicha propuesta de equidad educativa. En torno a este doble mensaje pareciera que existe una perversión de fondo, se trata de regresar a los tiempos del inicio de la oleada neoliberal cuando se decía “tenemos que aprender a hacer más con menos”. O ¿de qué se trata?
Los cambios lo único que dan muestra es de debilidad del sistema, no son cambios a la ofensiva de una propuesta educativas clara y ambiciosa, sino más bien son cambios a la defensiva debido a que al interior del sistema se les comienza a hacer “bolas el engrudo”
Lo curioso es que los ciudadanos de pie, los académicos e investigadores, los maestros y maestras de grupo de todo el magisterio, ya no somos escuchados, de nuevo el poder se mueve a partir de monólogos, lo que se escucha son sus propias voces y dichas voces están cargadas de desaciertos, de algunas mentiras y es obvio decirlo de loas entre sí mismos. Así es el monólogo del poder.
Es obvio pensar que no es esta la propuesta educativa que necesita el país, pero la propuesta verdadera deberá construirse como sucede siempre desde abajo, desde los propios márgenes del sistema, en donde estamos la mayoría.
Ecuador / 21 de julio de 2019 / Autor: Rosa María Torres / Fuente: Otra Educación
Dice la nueva ministra de educación que el Aprendizaje a lo Largo de la Vida será uno de los cuatro ejes de su gestión (los otros tres: calidad, inclusión, equidad).
El Aprendizaje a lo Largo de la Vida (ALV) ha recobrado visibilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y especialmente del ODS4 referido a “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos”. En verdad, el ALV atraviesa a los 17 ODS de la Agenda 2030. La UNESCO concibe el ALV no solo como oportunidades de aprendizaje sino como un enfoque para la política educativa y como un nuevo paradigma para la educación en el siglo XXI.
Pocos ecuatorianos saben seguramente que el Ecuador fue el primer país en América Latina en el que se propuso adoptar el ALV como nuevo paradigma para la educación. En 2003 llegué al ministerio de educación con un documento construido participativamente y en consulta, titulado «Ecuador: Un nuevo modelo educativo para un nuevo país», en el cual planteamos el ALV como eje de ese nuevo modelo educativo.
Para entonces yo venía trabajando el ALV a nivel internacional, había escrito dos libros y varios artículos sobre el tema, entre otros:
■ Torres, R.M. 2003. Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. Un nuevo momento y una nueva oportunidad para el aprendizaje y la educación básica de personas adultas en el Sur. Estudio encargado por la ASDI. Nuevos Documentos de la División de Educación, No. 14. Estocolmo, ASDI.
Mucho he aprendido y avanzado desde entonces. Una compilación de artículos más recientes sobre el ALV (español e inglés) puede verse en mi blog OTRAƎDUCACION.
El documento «Un nuevo modelo educativo para un nuevo país» fue producto de cerca de tres meses de trabajo (noviembre 2002-enero 2003) en el seno de la Mesa de Educación organizada por el Movimiento Plurinacional Pachakutik previo a la instauración de un gobierno de coalición junto con Sociedad Patriótica. Estuve a cargo de la coordinación de dicha Mesa.
Lastimosamente, no tuvimos ni el tiempo ni las condiciones para empezar a plasmar ese nuevo modelo en la realidad. La alianza política entre Sociedad Patriótica y Pachakutik nació con problemas y terminó rompiéndose después de seis meses en el gobierno. Una semana después de mi salida del ministerio, el nuevo ministro, Otón Morán, nombrado éste sí por Gutiérrez, borró del sitio web del ministerio todo el material de mi gestión. El sitio web había sido iniciado por el ministro Juan Cordero en 2002, y terminado e inaugurado por mí en 2003.
En tiempos en que todo empieza y termina en el presente, sin ningún interés por indagar en el pasado, en que las bibliografías compiten por las últimas novedades, investigaciones y análisis de las políticas educativas tienden a presentar hechos y datos sin historicidad, visiones acotadas, lineales, incrementales, de la política y de la reforma educativa.
La realidad es mucho más compleja y no aparece como tal en esos modos de hacer investigación y análisis en el campo de la educación. La Política – de la que rara vez se habla en los recuentos académicos o tecnocráticos – tiene el poder de hacer y deshacer, poner y quitar, y hasta desmantelar programas, experiencias y procesos completos, sin dejar rastro. Hay circularidades, vaivenes, ires y venires, avances y retrocesos, que no se perciben, y/o prefieren no registrarse, en la historia educativa de nuestros países. Los «borra y va de nuevo», o los «borra» sin más, son pan de todos los días en la educación latinoamericana.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 21 de julio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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