Centroamérica/Puerto Rico/04 Abril 2019/Fuente: Noticel
Nominado Secretario se reunirá mensualmente
En su primer día como secretario interino del Departamento de Educación (DE), el profesor Eleuterio Álamo, se comprometió con la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, y la secretaria de la Local Sindical del gremio, profesora Grichelle Toledo Correa, para reunirse mensualmente, sin embargo, no coincidieron en el tema de las escuelas chárter.
En la reunión hoy, miércoles, celebrada en la Oficina del Secretario en Hato Rey, el funcionario informó que “llegamos a acuerdos para sentarnos en la mesa y dialogar todos los meses sobre los asuntos magisteriales y en las escuelas, de forma que sea una conversación continua”.
“Aunque no coincidimos en el tema de las Escuelas Público Alianzas habrá un respeto a la consulta que se le hizo a las comunidades escolares. Estaremos revisando los procesos para que, al final del día, las escuelas que puedan estar bajo este nuevo modelo sean aquellas cuyas comunidades escolares estén abiertas al proceso”, abundó Álamo.
“Tal como dije desde que asumí el cargo, quiero mantener un diálogo sincero y abierto con los representantes de la Asociación de Maestros; conocer sus inquietudes y necesidades para que desde mi posición pueda aportar al mejoramiento del sistema público, de los maestros y de la razón de ser de esta agencia, que son los estudiantes”, subrayó el nominado.
Por otor lado, apuntó que el Departamento de Educación consultará al magisterio sobre la posibilidad de extender hora y media el horario de los docentes pero se hará en coordinación con el representante sindical del magisterio. “El resultado de esa consulta se va a respetar”, puntualizó.
Sobre el proceso de otorgación de permanencias, Álamo aclaró que las comunicaciones que han recibido algunos maestros se tratan de la primera fase, atada al registro de elegibles, mientras la segunda será para maestros de difícil reclutamiento.
Cuando las escuelas charter son sin fines de lucro en nombre solamente
Algunos estatutos pasan casi todo su dinero a compañías con fines de lucro contratadas para administrar las escuelas. Es un arreglo que está levantando las cejas.
Esta publicación ha sido actualizada para incluir una respuesta de National Heritage Academies.
Hace un par de años, los auditores miraron los libros de una escuela charter en Buffalo, Nueva York, y se sorprendieron por lo que encontraron. Al igual que todas las escuelas autónomas, Buffalo United Charter School se financia con dólares de los contribuyentes. La escuela también es una organización sin fines de lucro. Pero como escribieron los auditores del estado de Nueva York, Buffalo United estaba enviando » prácticamente todos los ingresos de la escuela » directamente a una empresa con fines de lucro contratada para manejar sus operaciones diarias.
Las escuelas charter a menudo contratan compañías para manejar sus funciones de contabilidad y administración. A veces, las compañías incluso toman la iniciativa de contratar maestros, encontrar un edificio escolar y manejar las finanzas escolares.
En el caso de Buffalo United, los auditores encontraron que la junta escolar tenía poca idea de cómo la compañía, una gran empresa de gestión llamada National Heritage Academies, estaba gastando el dinero de la escuela. El consejo de la escuela todavía tenía que aprobar los presupuestos generales, pero parecía aceptar los números de la compañía con pocas preguntas. La firma fue «esencialmente sin sentido», escribieron los auditores.
En el sector de escuelas autónomas, este acuerdo se conoce como un contrato de «barrido» porque casi todos los dólares públicos de una escuela, en cualquier lugar del 95 al 100 por ciento, se «transfieren» a una empresa de administración de escuelas autónomas.
Los contratos son un ejemplo de cómo las escuelas charter a veces ceden el control de los fondos públicos a empresas privadas que no tienen la obligación legal de actuar en el mejor interés de las escuelas o los contribuyentes. Cuando el acuerdo es con una empresa con fines de lucro como National Heritage Academies, también es una oportunidad para que esas empresas conviertan el dinero de los contribuyentes en ganancias ordenadas.
«En realidad, es solo un paso para entidades con fines de lucro», dijo Eric Hall, un abogado en Colorado Springs que se especializa en el trabajo con escuelas autónomas y se ha topado con muchos contratos de barrido. «¿En qué sentido es un esfuerzo sin fines de lucro? No lo es».
Ni National Heritage Academies ni la junta de Buffalo United respondieron a las solicitudes de comentarios. (Actualización: la portavoz de NHA, Jennifer Hoff, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: «Nuestro enfoque libera a nuestras juntas asociadas de todos los riesgos financieros, operacionales y académicos, una carga importante que finalmente derrota a muchas escuelas autónomas. Liberada de cargas como la recaudación de fondos, nuestras juntas asociadas pueden enfoque en el gobierno y la supervisión … NHA y sus escuelas asociadas cumplen plenamente con las leyes estatales y federales, los requisitos de supervisión del autorizador y las regulaciones del departamento de educación, incluido todo lo relacionado con la transparencia «.
Si bien las relaciones entre las escuelas autónomas y empresas de gestión han comenzado a venir bajo escrutinio , barre contratos han recibido poca atención. Las escuelas han acordado tales configuraciones con compañías de administración sin fines de lucro y con fines de lucro, pero no está claro con qué frecuencia. Nadie parece estar siguiendo la pista.
Lo que está claro es que puede ser difícil para los reguladores e incluso para las propias escuelas seguir el dinero cuando casi todo se ingresa en las cuentas de una empresa privada.
«No estamos seguros de que los contratos de sweeps permitan que [las escuelas chárter y los reguladores] cumplan plenamente sus funciones públicas», dijo Alex Medler, quien lidera el trabajo de políticas y defensa en la Asociación Nacional de Autorizadores de Escuelas Chárter, un grupo comercial para reguladores chárter. La organización desalienta los arreglos. «Creemos que este es un problema que necesita atención».
Los funcionarios han logrado vislumbrar gastos cuestionables por parte de algunas empresas que utilizan contratos de «barrido».
Tomemos el caso de Brooklyn Excelsior Charter School, otra escuela de National Heritage Academies. En 2012, los auditores estatales intentaron rastrear los $ 10 millones en fondos públicos otorgados a la escuela, solo para concluir que » no pudieron determinar … hasta qué punto los $ 10 millones de fondos públicos anuales proporcionados a la escuela en realidad se utilizaron para beneficiar a sus estudiantes «. Por lo que los auditores pudieron decir, la escuela pagaba un alquiler por encima del mercado para su edificio, que a su vez es propiedad de una subsidiaria de National Heritage Academies. También les preocupaban los cargos de equipo.
Los auditores no pudieron decir en última instancia si los cargos eran razonables porque las Academias de Patrimonio Nacional se negaron a compartir los detalles financieros relevantes. La firma también se negó a proporcionar documentación detallada por $ 1.6 millones en costos registrados como servicios corporativos, alegando que la información era confidencial, según la auditoría. El presidente de la junta de Brooklyn Excelsior no respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Si bien los auditores en Nueva York estaban molestos por lo que encontraron, podían hacer poco más que emitir informes con recomendaciones de asesoramiento. «No podemos auditar a la compañía de gestión», dijo Brian Butry, portavoz del Contralor de Nueva York Thomas DiNapoli.
En Michigan, donde NHA es el mayor operador de escuelas autónomas, los reguladores estatales de educación han expresado frustraciones similares sobre el grado en que estas empresas privadas están protegidas de tener que responder al público sobre cómo se gasta el dinero.
«No puedo FOIA National Heritage Academies», dijo Casandra Ulbrich, vicepresidenta de la Junta de Educación del Estado de Michigan, refiriéndose al derecho de solicitar documentos públicos de agencias públicas. «No sé con quién están subcontratando, no sé si están ofertados. No sé si hay algún conflicto de intereses. Esta es información que nosotros, como contribuyentes, no tenemos derecho a.»
El año pasado, Ulbrich y la Junta de Educación del Estado pidieron que se traiga más transparencia a los tratos financieros de las firmas de gestión de fletamentos. Pidieron específicamente a la legislatura que proscribiera los contratos de barridos . «Desafortunadamente», dijo Ulbrich, «cayó en oídos sordos».
El Servicio de Impuestos Internos ha cuestionado algunos casos de contratos de sweeps, pero no ha tomado una posición consistente sobre si los contratos son apropiados.
No solo los reguladores y auditores de los estatutos tienen razones para desconfiar de tales configuraciones. Algunas juntas de escuelas autónomas que firmaron contratos de barrido se han visto excluidas de las operaciones de sus propias escuelas.
En Ohio, diez juntas de escuelas charter demandaron a su firma de administración, White Hat Management, en 2010 después de que no pudieron obtener respuestas a preguntas básicas sobre por qué el rendimiento de sus escuelas se retrasó y cómo se gastó el dinero de la escuela.
Aun así, fue un desafío para las escuelas recuperar el control. Después de entregar la mayor parte de su dinero a White Hat por años, las escuelas tenían poco dinero propio, dijo Karen Hockstad, una abogada que ha estado representando a las juntas escolares en litigios continuos.
«Sus manos están atadas. No tienen el dinero para construir una infraestructura nueva y obtener nuevos escritorios, libros y cualquier otra cosa», dijo Hockstad. White Hat Management no devolvió una solicitud de comentarios.
Algunos reguladores de escuelas chárter, que reconocen su autoridad limitada sobre las compañías de gestión de chárter, están comenzando a rechazar, lo que exige que las escuelas obtengan más información de las empresas de gestión. Sin embargo, eso no ha impedido que algunas compañías de gestión armen una pelea .
Los reguladores en el Distrito de Columbia están buscando más autoridad legal sobre las firmas de gestión después de dos escándalos recientes . La Junta Escolar Pública de DC ha pedido al ayuntamiento que apruebe una legislación que permita el acceso a los libros de las empresas de gestión bajo ciertas condiciones. Hasta ahora, ese esfuerzo no ha ido a ninguna parte.
América del NOrte/EEUU/TheWashintongpost/Por Valerie Strauss
En septiembre de 1875, el presidente Ulysses S. Grant viajó a Des Moines, donde pronunció un discurso que decía en parte:
«Fomentar escuelas gratuitas y resolver que no se asignará ni un dólar de dinero asignado a su apoyo, sin importar cómo se recauden, al apoyo de cualquier escuela sectaria. Resuelva que el estado o la Nación, o ambos combinados, apoyarán a las instituciones de aprendizaje suficientes para permitir a cada niño que crece en la tierra la oportunidad de una buena educación escolar común, sin mezcla de principios sectarios, paganos o ateos. Deje el tema de la religión al círculo familiar, a la iglesia y a la escuela privada apoyada totalmente por contribuciones privadas. Iglesia y estado para siempre separados «.
Ese fue durante mucho tiempo el consenso de lo que significa «educación pública» en los Estados Unidos: escuelas comunes abiertas a todos y financiadas, operadas y gobernadas por el público a través de los gobiernos locales.
Ahora, la Secretaria de Educación Betsy DeVos y sus aliados están promoviendo su propia definición de educación pública, como lo hizo el nuevo Gobernador de Florida Ron DeSantis (R) este mes, para deleite de la secretaria. El 15 de febrero, DeSantis dio una conferencia de prensa sobre su plan para un programa similar a un vale escolar que usaría dinero público para la matrícula escolar privada y religiosa, una expansión de las opciones de «elección de escuela» ya disponibles en el estado. Él dijo:
«Un punto importante que se debe hacer es, ya sabes, hablamos de ‘Esto es una escuela pública, esto es chárter’. Mira, si son dólares públicos, es educación pública. . . . En Florida, la educación pública tendrá un significado dirigido por los padres, donde los padres son los conductores porque saben qué es lo mejor para sus hijos «.
Ahí estaba: «Mire, si es dinero público, es educación pública». Y DeVos se apresuró a twittear su apoyo, diciendo: «Completamente de acuerdo, @GovRonDesantis».
Completamente de acuerdo, @GovRonDesantis . «Si el contribuyente está pagando la educación, es la educación pública. Tenemos padres que están haciendo fila para una beca de crédito fiscal. No lo harían si el programa no tuviera éxito». https://t.co/vCJU3rfxWi
Para DeVos y aquellos que están de acuerdo con ella, es incorrecto decir que educación pública significa solo distritos escolares públicos tradicionales.
Más bien, según su definición, también significa escuelas charter, que son financiadas con fondos públicos pero de gestión privada, a veces por empresas con fines de lucro, y que generalmente operan con muchas menos reglas de transparencia que los sistemas escolares tradicionales. E incluye a los estudiantes que asisten a escuelas privadas y religiosas con vales financiados con fondos públicos, créditos fiscales y cuentas de ahorro para la educación. (No vale nada, las escuelas privadas pueden discriminar legalmente a los estudiantes LGBTQ y otros grupos de estudiantes, citando razones religiosas).
La definición de «si es dinero público, es educación pública» es lógica para DeVos, un multimillonario que una vez dijo que las escuelas públicas son «un callejón sin salida» y que ha pasado décadas con su esposo, el heredero de Amway Richard DeVos Jr., intentando para expandir las escuelas autónomas y los programas de vales y vales. Ella continúa presionando para usar el dinero público para la educación privada: el jueves, se espera que anuncie el apoyo a la legislación que se está introduciendo en el Senado que crearía un programa de crédito fiscal escolar financiado con fondos federales, aunque la idea no logró ganar fuerza en el Congreso en el pasado años.
Pero tan rápido como DeVos fue en elogiar a DeSantis, los críticos fueron igualmente rápidos en golpearlo.
No es de extrañar la propuesta del gobernador de crear un nuevo programa de cupones para escuelas privadas para estudiantes de familias de bajos ingresos y pagarlo directamente con el dinero de los impuestos. Tampoco es de extrañar que el anuncio de DeSantis fuera elogiado por el ex gobernador Jeb Bush, el padre de los vales escolares en Florida, y por la secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos, quien promueve la elección de escuelas y ha presionado para obtener un crédito fiscal federal por un bono. como programa
Lo que es notable es la retórica proveniente del gobernador. DeSantis estuvo en una escuela privada el viernes en Orlando y dijo: «Si el contribuyente está pagando la educación, es la educación pública».
Eso es absurdo. Redefine el significado de la educación pública en la Florida y la nación. También se opone a la Constitución de Florida: “La educación de los niños es un valor fundamental de las personas del Estado de Florida. Es, por lo tanto, un deber primordial del estado hacer una provisión adecuada para la educación de todos los niños que residen dentro de sus fronteras. La ley deberá establecer las disposiciones adecuadas para un sistema de escuelas públicas gratuitas, uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad. . . »
¿Exactamente dónde dice la Constitución del estado que el gobernador y la Legislatura de la Florida pueden cumplir con ese «deber primordial» desviando los impuestos públicos a las escuelas religiosas privadas?
En una columna invitada en el Orlando Sentinel, el senador del estado de Florida Perry E. Thurston Jr. (D) llamó a la definición de DeSantis «lógica sin sentido».
La Florida parece haberse empeñado en enviar sus escuelas públicas al purgatorio K-12. Estamos en la parte más baja de los gastos por alumno y el pago a los maestros, y el número de ofertas de trabajo para maestros de calidad continúa creciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro estado? Elección de escuela Demos más dinero público a las escuelas privadas. . . .
Dicha lógica sin sentido le está costando mucho dinero a los contribuyentes de la Florida, mientras que la única institución responsable de educar a más de 2.8 millones de estudiantes se resentirá de la falta de fondos y de la mala dirección de los líderes estatales. El gobernador DeSantis prometió anteriormente buscar más dinero para el gasto por alumno y los salarios de los maestros, pero este último movimiento socava ese esfuerzo para hacer de nuestro estado un lugar más atractivo para los educadores y la educación. Simplemente no podemos permitirnos este último desvío del dinero de los contribuyentes de las escuelas públicas de nuestro vecindario a escuelas privadas no reguladas ni responsables.
Entonces, ¿qué significa «educación pública», objetivamente? Si un diccionario es objetivo, aquí hay una definición, de Dictionary.com:
una escuela que se mantiene a expensas del público para la educación de los niños de una comunidad o distrito y que forma parte de un sistema de educación pública gratuita que generalmente incluye escuelas primarias y secundarias.
Sarah M. Stitzlein, profesora de educación y facultad afiliada en filosofía en la Universidad de Cincinnati, tiene una definición más detallada, como expuso en esta pieza de 2016 en la Semana de la Educación , titulada “¿Cómo definir la educación pública en la época de elección? «Ella nombró cinco cosas que las escuelas deben tener para ser llamadas» públicas «:
• Las escuelas públicas deben estar abiertas al público, lo que significa que no solo todos los niños están permitidos, sino que también son bienvenidos y reciben un apoyo equitativo, incluso si su educación puede ser más costosa que el promedio, como la de los estudiantes con discapacidades o los que están aprendiendo inglés.
• Deben servir al público, lo que significa que satisfacen las necesidades de la sociedad como la preparación de ciudadanos activos para mantener el gobierno y la economía o para servir en el ejército o en los jurados, mientras que también preparan a los graduados para criticar y revisar esas necesidades.
• Deben ser receptivos al público, permitiendo que los miembros de la comunidad voten a los funcionarios escolares o cambien las políticas escolares a través de vías significativas y viables como elecciones, referendos y reuniones escolares abiertas.
• Deben ser creadores del público, lo que significa que cultivan ciudadanos que saben cómo intercambiar ideas y responder a las ideas de otros, mientras toleran y trabajan con las diferencias.
• Deben sostener la democracia desarrollando habilidades y disposiciones dentro de los niños para participar y adoptar decisiones orientadas hacia la libertad.
Es difícil argumentar que una escuela privada es una escuela pública, pero una de las grandes preguntas en esta discusión es si las escuelas autónomas deben llamarse «públicas». Son financiadas con fondos públicos, pero no están sujetas a las mismas reglas de operación o transparencia que distritos escolares. Son gestionados de forma privada, a veces por redes o empresas con fines de lucro. Alrededor del 6 por ciento de los escolares estadounidenses asisten a escuelas autónomas, con 44 estados más el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico que han aprobado leyes que lo permiten.
Los argumentos para ambos lados pueden estar en Twitter, con un lado usando # ChartersAren’tPublic, y el otro, de manera predecible, usando #ChartersArePublic.
Los partidarios de los estatutos están convencidos de que estas escuelas son públicas, porque son financiadas con fondos públicos y, al menos en teoría, no se supone que haya requisitos de admisión. (Algunas escuelas charter tienen requisitos de admisión).
Una nueva organización sin fines de lucro de la Florida llamada School Choice Movement, que se abrió con el apoyo de la fundación educativa de Bush, está tratando de impulsar la idea de las “cartas públicas”, recientemente tuiteando el Estatuto de la Florida de 2018 que dice: “Todas las escuelas charter en la Florida son públicas. escuelas y formarán parte del programa estatal de educación pública «.
No se deje engañar por la campaña #ChartersArentPublic . El estatuto de la Florida 1002.33 dice:
«Todas las escuelas charter en Florida son escuelas públicas y formarán parte del programa estatal de educación pública». MITO: Las escuelas charter no son escuelas públicas. HECHO: 100% son sin fines de lucro y public pic.twitter.com/7AOAm9Vo9H
A lo que el educador veterano y autor Peter Greene tuiteó: “Las escuelas charter no son escuelas públicas. Puedo decir que el cerdo es realmente una vaca, pero eso no significa que dará leche «.
Las charterss no son escuelas públicas. Puedo decir que el cerdo es realmente una vaca, pero eso no significa que dará leche.- Peter Greene (@ palan57) 15 de febrero de 2019
Greene, quien es el autor del blog Curmudgucation y escribe una columna para Forbes, escribió en este post :
Así que técnicamente, cualquier escuela autónoma puede llamarse una escuela pública. Diablos, cualquier escuela privada o parroquial puede llamarse a sí misma una escuela pública si así lo desea. Pero si bien las escuelas charter modernas se financian con impuestos públicos, no son escuelas verdaderamente públicas por las siguientes razones.
Sus razones:
1) Transparencia:
Las escuelas públicas están obligadas a proporcionar una visión transparente de sus finanzas. A veces, algunos medios han ido tan lejos como para publicar los salarios de maestros individuales, y eso es perfectamente legal. Tampoco se les permite a las juntas de escuelas públicas reunirse en privado o en secreto. Todo lo que sucede en una escuela pública se paga con dólares públicos y, por lo tanto, está sujeto al escrutinio público. Las Cartas evitan deliberadamente ese nivel de escrutinio.
2) Sujeto a la ley estatal.
Los detalles aquí varían de estado a estado. . ., pero las escuelas autónomas generalmente no tienen que cumplir las mismas reglas que las escuelas públicas. La no discriminación, la salud y la seguridad, y la duración del año escolar son a menudo (pero no siempre) excepciones; más allá de las excepciones específicas, los estatutos funcionan como lo harían, y en algunos estados pueden solicitar exenciones adicionales. Así, por ejemplo, muchos estados no requieren que los maestros autónomos estén certificados. Las escuelas públicas, por su parte, deben cumplir con todas las reglas establecidas por el estado.
3) población estudiantil
Las escuelas charter modernas tienen una variedad de técnicas para controlar a qué estudiantes atienden. Comienza con la publicidad, que señala qué estudiantes tienen más probabilidades de sentir que la escuela es una buena opción para ellos. No se requiere que los estatutos provean programas que satisfagan todas las necesidades especiales; no necesariamente rechazan a esos estudiantes, pero si una escuela le dice que no ofrecen el programa que su hijo necesita, ¿realmente se inscribirá allí? Y aunque se supone que las loterías seleccionan a los estudiantes al azar, las loterías mismas a menudo requieren que los padres comprometidos estén dispuestos a trabajar en el papeleo y la burocracia, de modo que el sistema permita que los padres se auto seleccionen para brindar el tipo de apoyo y compromiso que hace que los estudiantes sean más exitosos .
4) control local
Las escuelas charter pueden ser operadas por una junta elegida localmente, pero casi nunca lo son. En cambio, las escuelas charter son propiedad y están operadas por individuos o juntas privadas, a veces ubicadas lejos de la escuela. A veces, el control de los estatutos se separa de la comunidad mediante una serie de transferencias administrativas: el Grupo X posee y opera técnicamente el estatuto, pero contrata a la Corporación Y para que administre la escuela.
Cuando los activos municipales, como los sistemas de agua y las instalaciones de estacionamiento, se entregan a las empresas privadas para su gestión, lo llamamos por su nombre: privatización. Pasar una escuela a una empresa privada para que la posea y la opere no es diferente.
Un funcionario de alto rango en la Oficina de Contraloría del Estado de Nueva York ha instado a los reguladores a exigir más transparencia en las finanzas de las escuelas autónomas. La respuesta ha sido, bueno, inexistente.
Agregue otra voz a los que advierten sobre la falta de supervisión financiera para las escuelas charter. Uno de los principales supervisores fiscales del estado de Nueva York dijo a ProPublica que las auditorías realizadas por su oficina han encontrado «prácticas que son cuestionables en el mejor de los casos, ilegales en el peor de los casos» en algunas escuelas autónomas.
Pete Grannis, el primer Contralor Adjunto del Estado de Nueva York, se contactó con ProPublica después de leer nuestra historia la semana pasada sobre cómo algunas escuelas autónomas han entregado casi todos sus fondos públicos y un control significativo a empresas privadas, a menudo con fines de lucro, que manejan su día a día. operaciones Los acuerdos pueden limitar la capacidad de los auditores y los reguladores de las escuelas autónomas para seguir cómo se gasta el dinero público, especialmente cuando las empresas se niegan a divulgar detalles financieros cuando se les solicita.
Tales configuraciones son un problema real, dijo Grannis. Y la forma en que lo ve, hay una solución muy simple. Como una condición para acordar aprobar una nueva escuela autónoma o renovar una existente, los reguladores autónomos pueden exigir que las escuelas y sus compañías de administración acuerden proporcionar todos los registros financieros relacionados con la escuela.
«Claramente, la necesidad de supervisión fiscal de las escuelas autónomas se ha intensificado», escribió la semana pasada en una carta al alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio . «Avise a las escuelas que los registros financieros pertinentes no pueden protegerse de los organismos de supervisión de las entidades gubernamentales estatales y locales».
Es una súplica que Grannis ha hecho antes. El año pasado, envió una carta similar a los principales reguladores de escuelas autónomas del estado: el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y la Universidad Estatal de Nueva York.
Nunca volvió a tener noticias de ninguno de ellos. «No hay respuesta alguna», dijo Grannis. Ni siquiera, agregó, un «‘Gracias por su carta, la estudiaremos’. Esa habría sido la respuesta burocrática normal «.
Nos contactamos con las tres agencias y la oficina del alcalde para hacer comentarios. Ninguno de ellos volvió a nosotros.
El debate sobre las escuelas autónomas en Nueva York, como en otros lugares, está políticamente cargado. La postura cautelosa de De Blasio sobre los estatutos lo puso en desacuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuyos patrocinadores financieros incluyen algunos partidarios de escuelas chárter de grandes cantidades de dólares . La oficina del contralor del estado ha enfrentado repetidas demandas de grupos y operadores chárter que desafían su autoridad para auditar escuelas chárter.
Para Grannis, sin embargo, sus esfuerzos no tienen que ver con la política. Su oficina es «agnóstica en las cartas», como él dijo. Señaló que su oficina también audita las finanzas de los distritos escolares tradicionales.
«Somos los monitores fiscales. Vigilamos el uso o mal uso de los fondos públicos», dijo Grannis. «Esto no pretende ser anti-charter. Nuestro trabajo no es ser pro o anti».
Grannis aún no ha recibido una respuesta de la oficina del alcalde sobre la carta que envió la semana pasada.
¿En cuanto a los reguladores de las escuelas autónomas que recibieron su carta el año anterior? Todavía está desconcertado de por qué no estarían más interesados en una posible solución, o por qué los reguladores de los estatutos nunca se molestaron en responder.
«Honestamente no lo sé», dijo Grannis. Dijo que les enviaría otra ronda de cartas.
Por primera vez, los maestros de las escuelas autónomas son sorprendentes. La semana pasada, una huelga en la mayor red sindicalizada de Chicago ganó fuerza, con 15 escuelas que atienden a los 7,500 estudiantes predominantemente latinos que permanecen cerrados desde el martes.
La huelga de esta semana es la primera en la nación contra un operador de vuelos chárter, y se produce solo días después de que Acero lanzó una auditoría financiera que demuestra que la organización sin fines de lucro actualmente tiene al menos $ 24 millones en efectivo y recaudó $ 89 millones en ingresos este año.
A pesar de tener $ 10 millones más de lo que tenía a fines de 2017, Acero logró gastar $ 1 millón menos en salarios este año, solo otorgando a sus maestros un aumento salarial “insignificante”, según el Chicago Teachers Union (CTU), y ningún aumento en todo al personal de apoyo de las escuelas.
Mientras que los maestros chárter suelen recibir un pago de $ 13,000 menos que los de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), las escuelas chárter aportan un 8 por ciento más por estudiante que el CPS bajo el esquema denominado «presupuesto basado en el estudiante» del alcalde Rahm Emanuel, que otorga a cada escuela Una cantidad fija de dinero por alumno matriculado.
Después de meses de negociaciones de contratos fallidos, el 98 por ciento de los maestros de Acero autorizaron una huelga en octubre y se unieron a piquetes esta semana, exigiendo aumentos de sueldo, clases más pequeñas, personal de educación especial adicional y protección de santuario garantizada para estudiantes y familias indocumentados.
“Los operadores de charter están creando un segundo nivel en la profesión docente. Su trabajo en una escuela autónoma, su salario, sus beneficios, sus derechos, su capacidad para hablar en nombre de los estudiantes, todas estas cosas están muy por debajo de los estándares [del distrito escolar público] ”, dijo Chris Baehrend, quien preside la división autónoma de CTU y enseñó inglés para siete años en la escuela secundaria de jóvenes latinos de Chicago, una escuela autónoma, antes de ir a trabajar para el sindicato.
La CTU se fortaleció en marzo luego de fusionarse con la Alianza de Maestros y Personal de la Alianza de Chicago, una afiliada de la Federación Americana de Maestros, que representa a más de 30 estatutos en la ciudad. Treinta y cuatro de los 128 campus de escuelas autónomas de Chicago, más de la cuarta parte de sus escuelas autónomas, ahora están sindicalizados. Otra red chárter, Chicago International Charter Schools (CICS) también ha autorizado una huelga, pero aún no ha fijado una fecha. Los maestros de otras nueve redes chárter de Chicago también están negociando contratos, y podrían autorizar huelgas en las próximas semanas.
Los negociadores sindicales trabajaron para establecer un conjunto central de propuestas de contratos en la primavera pasada, y ahora están avanzando en las propuestas en todas las 11 mesas de negociación, según Baehrend, con la esperanza de aumentar los salarios y los beneficios de manera más sistemática en toda la industria chárter.
Baehrend, que está regularmente en contacto con los miembros del sindicato en el equipo de negociación, dijo a Truthout que no ha habido ningún movimiento significativo en ningún elemento de negociación que costaría dinero a la red, lo que provocó que las negociaciones se prolongaran.
Con solo el 11 por ciento de los maestros chárter sindicalizados en todo el país, es probable que la huelga en curso tenga un efecto dominó en una industria que aleja los recursos públicos de las escuelas públicas y representa parte de un esfuerzo mayor para privatizar la educación. La huelga ya está haciendo mella a nivel local, con representantes estatales que anuncian la introducción de una legislación diseñada para reformar la industria chárter esta semana.
Los representantes estatales Chris Welch, Robert Martwick y Will Guzzardi están proponiendo una serie de proyectos de ley que impondrían un tope al pago del CEO, establecer requisitos mínimos para el gasto escolar, crear consejos escolares locales para la supervisión adicional, limitar la expansión de las escuelas autónomas en distritos con problemas financieros como CPS , y evitar que las compañías de administración con fines de lucro operen escuelas autónomas. La nueva legislación aumenta las apuestas para Acero, anteriormente UNO Charter Schools, que ya ha sido objeto de escrutinio público después de una serie de escándalos de corrupción.
«Espero que esta huelga sea un catalizador para que otros maestros se sindicalicen y se pongan de pie y digan: ‘Las escuelas de Charters han operado por mucho tiempo sin rendir cuentas'», dijo Katie Cannady, quien enseña Kindergarten en el campus de Acero en Brighton Park. “Es frustrante porque todos en el edificio pueden estar en el mismo equipo, pero la persona que tiene las cuerdas del bolso las mantiene cerradas, y ni siquiera por falta de fondos; es sólo avaricia corporativa «.
De hecho, la huelga ya está llamando la atención de otros maestros charter, tanto en Chicago como en otras partes de los Estados Unidos. Baehrend le dice a Truthout que varios maestros en Chicago que aún no están sindicalizados se han comunicado con CTU después de escuchar sobre la huelga. Además, el sindicato ha recibido una gran cantidad de mensajes de solidaridad de parte de los maestros chárter de Michigan, Nueva Orleans, Cleveland y otros lugares.
Las redes de charter están permitidas y financiadas con dinero público en 44 estados , y los maestros de charter en todo el país enfrentan muchos de los mismos problemas, por lo que los organizadores dicen que la huelga de Chicago tiene el potencial de reverberar a lo largo y ancho.
«Yo diría que esta huelga es la salva de apertura, el comienzo de una ola de sindicalismo militante en defensa de nuestros estudiantes en el sector chárter, donde durante mucho tiempo se asumió: ‘Bueno, trabajas para una escuela chárter, tus intereses debe ser el mismo que el interés de los operadores de vuelos chárter », dice Baehrend. “De hecho, ese no es el caso. Nuestros intereses son los intereses de los estudiantes y los intereses de los operadores de vuelos chárter son intereses comerciales, y esa contradicción está llegando a un punto de crisis y se está haciendo muy claro en estas negociaciones «.
El gerente general de Acero, Richard Rodríguez, parece haber reconocido la naturaleza de esa crisis: defendió a la industria chárter al culpar a los organizadores sindicales por impulsar una «agenda política anti-chárter».
Si bien los maestros de rango como Cannady reconocen algunos de los problemas sistémicos con las escuelas operadas bajo un estatuto, para ella, la lucha se reduce a proporcionar a sus estudiantes los recursos adecuados para lograr la mejor educación posible. Ella es una de las «afortunadas» en Acero: su clase no está inscrita en la friolera de 28 estudiantes.
«Acero no nos brinda los recursos suficientes para atender adecuadamente a los estudiantes que se encuentran en nuestro vecindario y en nuestra escuela, que son estudiantes de color de ingresos abrumadoramente bajos», dice ella. Muchos de sus estudiantes necesitan apoyo bilingüe, por ejemplo, y con frecuencia tiene que comprar sus propios suministros.
Cannady dice que a menudo piensa en cambiarse a una escuela pública, o tal vez incluso cambiar completamente su carrera. Después de seis años de enseñanza, ella dice: «Es difícil mantenerse en un sistema de fletamento» con su salario actual. «Cuando se les paga tan poco, los maestros se van muy a menudo, y no es justo para los niños, y por eso los niños y la ciudad que ya están en desventaja histórica, lo son aún más».
Sus colegas también le dicen que con frecuencia consideran seguir adelante. Muchos lo hacen: la disparidad salarial de Acero ha provocado una alta tasa de rotación en las 15 escuelas de la red, según CTU. Mientras que Rodríguez promociona a Acero como «una de las redes chárter con mejor desempeño en Chicago», Baehrend señala que la tasa de rotación de las redes revela una falla fundamental.
«El hecho de que se pueda trabajar demasiado y agotar a los maestros y tenerlos en un sistema de batido y quema … no es una medida de éxito para [su] modelo», dice.
Los maestros de la red chárter de Chicago se unen a educadores en Virginia Occidental, Oklahoma, Arizona, Kentucky y Colorado, entre otros, que abandonaron las aulas y se reunieron en capitolios estatales este año para luchar por salarios más altos y aumentar los fondos para las escuelas públicas. En una muestra de solidaridad con los maestros en otros lugares, los maestros charter en Chicago se han puesto de rojo en la escuela como parte del movimiento nacional » Red for Ed «.
Al igual que los maestros en los estados predominantemente rojos, los maestros de la red Acero a menudo tienen que tomar un segundo trabajo solo para llegar a fin de mes, dijo Baehrend. Cannady le dijo a Truthout que tendría que considerar tomar un segundo trabajo si no contaba con el apoyo de su esposo, y dijo que las preocupaciones financieras han contribuido a su decisión de retrasar la maternidad por el momento.
Pero a diferencia de muchos maestros que golpean en todo el país, los educadores charter también enfrentan el problema de las exorbitantes tarifas de administración pagadas por CPS a los administradores charter. Según la CTU, las tarifas de gestión de fletamentos pagadas a CICS, por ejemplo, aumentaron a $ 4.5 millones este año, desde $ 3.3 millones en 2017.
Los maestros chárter en Chicago también dicen que la responsabilidad es desesperadamente necesaria para garantizar que los estatutos cumplan con los requisitos legales mínimos para los diversos alumnos y la educación bilingüe, entre otros temas institucionales. No solo eso, sino que los operadores luchan sucio cuando los maestros intentan organizarse y hablar sobre violaciones.
“Los operadores de fletamento gastarán nuestros dólares de impuestos públicos para contratar abogados que evitan los sindicatos , y luego, cuando violen la ley, usarán nuestros dólares de impuestos para pagar las multas impuestas por la [Ley Nacional de Relaciones Laborales]. Esos son dólares de impuestos tomados de los estudiantes «, dice Baehrend. «Así que les están quitando recursos a nuestros estudiantes para pagarse a sí mismos y violar las leyes federales».
Además de enfocarse en los salarios y el tamaño de las clases, las demandas de los maestros de Acero por las políticas del santuario proporcionan un plan para los maestros públicos y chárter en todo los EE. UU. Para asegurarse de que las escuelas no compartan información con los funcionarios federales de inmigración o que les permitan ingresar a los campus sin una orden judicial.
«Somos responsables de hacer que esos niños, esos estudiantes, esos bebés y esos padres se sientan seguros», dijo Cannady. “Necesitamos un lenguaje explícito, especialmente en 2018, especialmente con todo lo que ocurre en la escala nacional más amplia … Necesitamos un lenguaje que diga: ‘Padres, pueden confiar en que su hijo puede venir a la escuela, pueden aprender y no serán perseguidos en sus aulas por [Inmigración y Control de Aduanas] o informados por el estado’, porque esto es su refugio «.
El 7 de septiembre, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó un proyecto de ley para ilegalizar las escuelas charter con fines de lucro.
California acaba de prohibir las escuelas charter con fines de lucro.
La ley existente de California, la Ley de Escuelas Autónomas de 1992, autoriza alas escuelas charter a elegir operar como una corporación de beneficio público sin fines de lucro. Sin embargo, a pesar de la visión legal y política original para las escuelas sin fines de lucro, miles de estudiantes ahora están inscriptos en cartas controladas por corporaciones con fines de lucro. Actualmente en California, de acuerdo con el Comité de Educación de la Asamblea, las corporaciones con fines de lucro operan escuelas que atienden a más de 25,000 estudiantes.
En 2015, la Asamblea de California aprobó AB-787 , que era un proyecto de ley que buscaba abordar la creciente preocupación de educadores, padres, derechos civiles y grupos comunitarios de que las escuelas charter de California estaban evolucionando para enfocarse más en las ganancias en lugar de los niños . La versión final de AB-787 prohibía que una escuela autónoma operara o fuera operada por una corporación con fines de lucro. En ese momento, la Asociación de Escuelas Autónomas de California (CCSA) se opuso y presionó activamente contra el proyecto de ley. El gobernador Jerry Brown, siguiendo esencialmente el consejo de los cabilderos de la CCSA, básicamente amenazó con toda legislación relacionada con las licencias con veto.
Como parte de su estrategia, CCSA normalmente inserta píldoras venenosas (es decir, que exigen inmunidad de reclamo legal en AB-276, un proyecto de ley sobre transparencia) durante el proceso legislativo que ha llegado a un compromiso con asociaciones que representan a educadores, organizaciones de derechos civiles y otras partes interesadas de la educación pública Casi imposible. Y de manera consistente con los esfuerzos de cabildeo de CCSA, Jerry Brown vetó AB-787, declarando , «Estoy devolviendo el Proyecto de Ley 787 sin mi firma … No creo que se haya hecho el caso para eliminar las escuelas autónomas con fines de lucro en California … No puedo para firmar AB-787 «.
Pero desde entonces el mundo ha cambiado.
El 7 de septiembre de 2018, el Gobernador Brown firmó AB-406 , que prohíbe que charters operen como, o sean operadas por, «una corporación con fines de lucro, una organización de gestión educativa con fines de lucro o una organización de administración de fletamentos con fines de lucro». Jerry Brown y CCSA no solo respaldaron la firma; ahora «celebraron» públicamente la misma prohibición a la que se opusieron recientemente.
Entonces, ¿por qué el flip flop?
En primer lugar, un creciente cuerpo revisado por colegas literatura e informes de política de académicos y grupos de expertos políticos han demostrado que las cartas en línea funcionan tristemente en casi todos los sitios donde se han intentado. Por ejemplo, la organización de investigación En interés público descubrió que California Virtual Academies, la red de chárter en línea más grande del estado, tenía una tasa de graduación general de solo 36 por ciento en comparación con 78 por ciento para todo California.
El Gobernador Jerry Brown y la Asociación de Escuelas Autónomas de California no solo apoyaron la firma; ahora «celebraron» públicamente la misma prohibición a la que se opusieron recientemente. Entonces, ¿por qué el flip flop?
En segundo lugar, la Secretaria de Educación de EE. UU., Betsy DeVos, pudo haber envenenado el proverbial pozo para charters con fines de lucro en California. En Michigan, su estado natal, donde ejerció una gran influencia en la política y la política educativa, más del 80 por ciento de las escuelas charters tienen fines de lucro y, por lo general, tuvieron un bajo rendimiento .
Además, la administración del presidente Trump está obligando políticamente a los niños migrantes y refugiados a asistir a los fletamentos con fines de lucro en los campos de detención administrados por compañías penitenciarias con fines de lucro. Es justo decir que la visión de la educación con fines de lucro de DeVos y su sello de aprobación no es deseada por todos los que apoyan la elección de la escuela. En Blue California, parece que tener el apoyo de DeVos para las ideas de reforma educativa es ahora kryptonita, incluso para los demócratas.
En tercer lugar, un número creciente de estados ha prohibido los estatutos con fines de lucro. Education Week informa que Nueva York, Tennessee, Rhode Island y Nuevo México han aprobado legislación que prohíbe o restringe los estatutos con fines de lucro. Desde 2010, Maine, Mississippi y Washington han promulgado una nueva legislación que prohíbe que las empresas directas o en parte con fines de lucro realicen fletamentos.
En cuarto lugar, las organizaciones de derechos civiles están decididas a inyectar transparencia, responsabilidad y control democrático directo en el movimiento de elección de escuelas. Las declaraciones y resoluciones de las redes nacionales de derechos civiles , como la Alianza Journey for Justice, Movement for Black Lives y NAACP, han atraído más atención a las desventajas del control privado y la privatización de la educación habilitados por charters con fines de lucro.
El nuevo proyecto de ley de California tiene detractores. Las críticas de AB-406 han argumentado que el proyecto de ley en realidad no afectará a los 25,000 estudiantes que ahora asisten a escuelas charter con fines de lucro. Este sentimiento probablemente ha sido influenciado por K12 Inc., el mayor proveedor nacional de escuelas charter con fines de lucro. Un portavoz de K12 comentó en AB-406, diciéndole a EdSource que su empresa, «no cree que tendrá que cambiar la forma en que hace negocios para cumplir con la nueva ley: las escuelas ya están administradas independientemente por sus juntas directivas».
Sin embargo, una lectura de AB-406 relativa a una revisión de las prácticas de gestión de K12 Inc. llevada a cabo por In The Public Interest sugiere que estas opiniones son incorrectas y que podría haber un litigio si K12 Inc. continúa su actividad habitual en California. Las Academias Virtuales de California (CAVA) de K12 son un excelente ejemplo de cómo las corporaciones con fines de lucro pueden ejecutar escuelas charter «sin fines de lucro» detrás de escena. En Public Interest descubrió que K12 «se autofinancia»: la corporación es a la vez el administrador de los fondos escolares de cada junta de CAVA y el principal proveedor. K12 también prohíbe contractualmente explícitamente a CAVA aceptar ofertas competitivas y buscar otros proveedores de servicios.
Además, los acuerdos de K12 California con CAVA le permiten pagar directamente por servicios de cuentas bancarias de escuelas charter que está autorizado a administrar. K12 también ha requerido contractualmente conflictos estructurales de interés porque los principales administradores de CAVA son empleados de K12 mientras que los maestros trabajan para CAVA. Además, las juntas de CAVA arriesgan el cierre de la escuela a menos que cooperen con las propuestas presupuestarias de K12 que le permiten cobrar tarifas exorbitantes por servicios que esencialmente esposan a las escuelas con una deuda de «crédito presupuestario» cada año. Debido a que las escuelas siempre están en deuda con K12 Inc., el acuerdo financiero contratado directamente limita la independencia de las ubicaciones de CAVA de K12 Inc.
Estas travesuras financieras de una corporación con fines de lucro para ejercer un control directo sobre las escuelas autónomas de CAVA ahora estarán sujetas a un escrutinio y regulación mucho más estrictos según la ley de California. La definición de «operado por» establece limitaciones sobre lo que estas organizaciones con fines de lucro ahora pueden hacer en California. La nueva ley no permite que K12 tenga voz en los miembros de la junta, el personal, las operaciones diarias, la gestión de los gastos que no están autorizados por la junta o la prestación de servicios antes de que un órgano rector de la escuela chárter haya aprobado el contrato en una reunion publica.
Claramente, la nueva legislación no es perfecta. Es probable que los responsables políticos tengan que volver y abordar las lagunas que seguramente encontrarán K12 y otras corporaciones. Sin embargo, la nueva ley envía una señal clara a las corporaciones con fines de lucro que administran escuelas chárter, o planean hacerlo. Los legisladores en California ahora están prestando atención. Además, en términos más generales, envía una importante señal política a los partidarios de la privatización de la educación de que la transparencia y la rendición de cuentas en el movimiento de elección de escuela es un tema importante que se abordará de una manera creciente y estratégica.
Resumen: La fricción política que rodea a las escuelas charter se ha incrementado dramáticamente en Nueva York, donde durante años el avatar más visible para la industria ha sido Success Academy, la red de escuelas chárter más grande del estado. Ampliamente acreditada por los medios corporativos por elevar los puntajes de exámenes para estudiantes tradicionalmente de bajo rendimiento, la cadena de chárter de la ciudad de Nueva York y su CEO Eva Moskowitz también han sido inundados por la prensa negativa acerca de la disciplina y las prácticas instructivas abusivas .
Zephyr Teachout, left, promises to challenge school privatization. Letitia “Tish” James vows to investigate discriminatory practices at charter schools. Both are running for New York Attorney General.
The upcoming September 13 primary in New York could re-energize and redefine the Democratic party in the state. It also might mean drastic change for the charter school industry.
Across the U.S., billionaire hedge fund managers have routinely secured support for charter schools through direct campaign donations to candidates, or the simple act of “loading” charter school PACs with millions of dollars, which frightens potential critics into silence.
But public support for charters is waning. The industry took an unexpected beating in a 2016 Massachusetts ballot referendum when voters rejected a proposal to lift a cap on the number of charters allowed each year. Recent pollshave shown declining public support for charter schools, and a litany of scandals surrounding charters have prompted a number of progressive candidates to offer fresh criticism of the industry.
The political friction surrounding charters has dramatically increased in New York, where for years the most visible avatar for the industry has been Success Academy, the largest charter school network in the state. Widely credited by corporate media outlets for raising test scores for traditionally low-performing students, the New York City-based charter chain and its CEO Eva Moskowitz have also been deluged by negative press about heavy-handed discipline and abusive instructional practices.
This summer, things truly went off the rails for Success.
In June, a bill that would have added 100 new charter schools to the statewide cap was declared dead-on-arrival, even though it included an extremely popular repeal for a teacher evaluation law that uses standardized test scores to evaluate teachers.
Just days later, a judge struck down an audacious proposal to allow Success Academy and other charter schools authorized under SUNY’s Charter Committee to train and certify their own teachers. As The Progressivereportedin March, this violated clear legal requirements for minimal training standards and bypassed critical input by the public.
The political friction surrounding charters has dramatically increased in New York.
Soon after, there was a “mass exodus” of teachers leaving a Success Academy high school in Manhattan where forty-seven of sixty-seven educators will not return. At least twenty-five quit, nine were dismissed, and the rest were reassigned within the charter network. Some teachers mentioned inappropriate disciplinary policies and lack of respect for teachers, while others cited draconian policies that force students to repeat grades for failing classes.
And news of the charter network’s first graduating senior class brought new criticisms to light. Of the seventy-two first graders who comprised Success Academy’s founding cohort, only sixteen remained by the end of twelfth grade, a 78 percent drop. Some moved or changed schools, which is not uncommon, but unlike district schools, Success does not backfill, or replace, students who leave beyond fourth grade, so remaining students had smaller class sizes for twelve years.
Further, Success held back over one in six students—an alarming rate. Such a stringent policy ensures higher test scores in two ways: low performing students are likely to leave the school to avoid repeating the grade, while those who remain will have twice as much test preparation for state exams. Also, at least four Success schools eliminated 25 percent of their “self-contained” classes, in which special education students don’t change rooms for every subject, forcing students to either travel great distances to attend other Success locations, or leave the network.
Then in August, a court ruled that a key lawsuit could proceed, as five families credibly claimed Success Academy discriminated against students using a controversial “Got to Go” list that pressured struggling students to leave the school. The decision cited allegations of gross misjudgment, daily removals, frequent suspensions, and repeated threats to call the police or child services, including actual calls made on four- and five-year-olds.
Fast-approaching primaries suggest attitudes may be shifting for charter schools, and Success Academy in particular.
First, primary challengers are taking on all eight members of the Independent Democratic Conference, a group of breakaway Democrats who for years shared control of the state senate with pro-Trump Republicans – and also shared charter school PAC donors.
In the upcoming four-way Democratic primary for state attorney general, candidates are promising investigations of charter schools on multiple fronts, including their discrimination against special need children, the disabled, and English learners.
One candidate is New York City Public Advocate Letitia “Tish” James, who is supported by Governor Cuomo and most of the Democratic “establishment” in New York state. James previously filed a complaint against Success Academy and Moskowitz with the Civil Rights Division of the U.S. Department of Education, which opened an investigation in May 2016.
Candidate Zephyr Teachout has stressed that the attorney general can lead the fight against campaign finance abuses which perpetuate large scale discrimination in education, mass incarceration and the erosion of voting rights.
But following President Trump’s appointment of education secretary Betsy DeVos, the Office of Civil Rights has been significantly defunded, losing half its staff and abandoning over a thousand cases. The case James cited remains listed as active, but appears to be in limbo. (The hobbled department did not respond to my request for a status update.) James vowed to use the Office of Attorney General to investigate charter discrimination.
Another attorney general candidate, Zephyr Teachout, has vowed an even broader investigation into privatization of education, describing the attorney general’s subpoena power as a “magic lasso of truth” which could corral hedge fund managers who push for charter expansion in Albany.
When Teachout ran for governor against Democratic incumbent Andrew Cuomo in 2014, she revealed how pro-charter billionaires flooded the coffers of Cuomo and Republican leadership, spending over $4 million in last-minute dark money ad buys in six key state senate races that hid their pro-charter agenda. It worked in 2014, and again in 2016 to ensure Republican control of the state senate, which meant billions less for public education and increases in per-pupil funding to charter schools.
In her 2014 report, Teachout called out twelve billionaires by name, several of whom were members of the Success Academy board of directors, including Dan Loeb who was pressured to step down as chairman after repeatedly remarkingthat teachers unions were worse for minority children than the KKK.
Teachout, who once worked as a special education teacher’s aide, noted that hedge funders were driving the takeover of New York’s politics and privatizing education. When Tish James notably said “[I]t’s really, critically important that I not be known as the “Sheriff on Wall Street,” Teachout quickly tweetedshe was eager to take on the title, as previous attorney generals had, noting she was the only candidate in the race not taking corporate PAC or LLC donations.
Teachout stressed that the attorney general can use investigative and legal means as well as the bully pulpit, to lead the fight against campaign finance abuses such as the “LLC loophole” which perpetuate large scale discrimination in education, mass incarceration and the erosion of voting rights.
Candidate Leecia Eve by contrast, sympathized with parents who wanted to flee “failing schools” into charter schools, including those run by faith-based organizations. She did mention the attorney general can investigate charter schools with non-profit or charity status to ensure they are fulfilling their stated mission. And candidate Sean Patrick Maloney has not indicated whether he supports charters—my direct request last February for his position when the first charter school was proposed in his district went unanswered.
“From evaluating teachers based on high stakes tests to promoting charter schools. . .Governor Cuomo has failed to lead when it comes to education,” gubernatorial candidate Cynthia Nixon said in a recent statement.
Teachout and James also agreed to look into the use of for-profit management agencies within “non-profit” schools. James added she would also use the civil rights division to crack down on charters who siphon public school funding, defraud consumers, use deceptive business practices or false claims.
Also of great consequence will be the gubernatorial primary between Governor Cuomo, a major charter school supporter, and progressive challenger Cynthia Nixon who refuses corporate PAC money. Nixon pledges to stop the flow of public education money to charters and has slammed Cuomo for «taking charter school hedge fund money and making education policy accordingly.»
“From evaluating teachers based on high stakes tests to promoting charter schools and private school vouchers, and cutting education funding to finance tax cuts for the wealthy, Governor Cuomo has failed to lead when it comes to education,” Nixon said recently in a statement to classroom teachers.
The New York primary will surely be a nail biter as pro-charter Democrats face contentious races, but regardless of the outcome, progressive candidates and an increased awareness of charter school malfeasance have already changed the politics of the discussion.
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