Escuelas

ElMundo/30 de abril de 2016/Por: Noa de la Torre

El conseller de Educación, Vicent Marzà, y el portavoz de Compromís, Fran Ferri, esta semana en las Cortes. BIEL ALIÑO

Los colegios denuncian en una carta a los padres que Educación reduce el número de vacantes por debajo de los puestos autorizadosMarzà afirma que se incumplió la ratio legal en centros privados

Las familias de los 300 colegios agrupados en la patronal de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana comenzaron a recibir ayer una carta de la entidad denunciando las consecuencias del arreglo escolar efectuado por la Conselleria de Educación para la enseñanza concertada. Esta acción conjunta se suma así a las iniciativas individuales de protesta que han estado llevando a cabo los colegios afectados por el recorte de aulas. En juego, según la patronal, las plazas de los alumnos de 1.250 familias. Y, según el PP, la continuidad de algunos colegios sobre los que se cierne ahora la amenaza de cierre.
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Así lo advirtió ayer la portavoz de Educación del PP en las Cortes, Beatriz Gascó, quien alertó de que los centros a los que ahora se suprimen unidades de Infantil están abocados directamente a la desaparición. Este «ataque» a la escuela concertada, «objetivo» del conseller de Educación, Vicent Marzà, es «progresivo y se va a ir extendiendo con la supresión del concierto de Bachillerato el próximo curso», sentenció Gascó. En su opinión, además, el arreglo de la concertada se ha hecho en base a criterios ideológicos y sin fundamento normativo.Es lo que defienden también las patronales. En el caso de Escuelas Católicas, en la misiva se argumenta que «el planteamiento actual de la Conselleria reduce en más de 50 la oferta de unidades», lo que afecta a más de un millar de familias «que ven limitado su derecho a elegir la educación que deseen para sus hijos».Y a esto se suma, según se agrega en el documento que han recibido los padres de los centros, el hecho de que «la Administración educativa actual propone además la reducción en el número de plazas vacantes, por debajo de los puestos escolares autorizados, reduciendo la libertad de elección de las familias». El documento, muy duro, hace pública la «indignación» del sector por la decisión de la Conselleria de «impedir» la creación de unidades concertadas, «a cuya financiación con fondos públicos tienen derecho, so pretexto de la baja demografía o las vacantes existentes». Esto contrasta con que, «al mismo tiempo, crea más de 400 nuevas unidades en la enseñanza pública, con el enorme coste económico que ello supone». El objetivo, denuncia la patronal, es conformar «un planteamiento educativo único y público».Y, al igual que ya han hecho los sindicatos, la patronal alerta de la pérdida de puestos de trabajo directos -los de profesores, casi un centenar-, pero también indirectos: monitores de comedor, empleados de la limpieza… Aunque Marzà prometió una bolsa de recolocación para el profesorado despedido, la portavoz del PP señaló que esto «es una mentira y una irresponsabilidad porque no se puede pasar por encima de quien oposita». «Imposición»Tampoco ocultó ayer su enfado la Mesa por la Educación en Libertad, una entidad que aglutina a buena parte del sector de la enseñanza concertada, incluidas las familias. Su actual portavoz, Vicente Morro, opinó que «la Generalitat Valenciana ha cambiado la libertad de elección de las familias por la imposición del modelo educativo de centros públicos y afines». En este sentido, Vicente Morro apuntó:«Desconocemos los criterios objetivos para autorizar o denegar aulas porque no entendemos que si disminuye la natalidad desde hace años decrezcan sólo las aulas concertadas y aumentan las públicas».

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/04/30/5723c17d268e3e84138b461e.html