España

La UNESCO (organismo especializado de la ONU en educación, ciencia y cultura) cataloga la educación pública como fundamento del estado de derecho. La describe como “un bien mundial que debe protegerse para evitar una catástrofe generacional” y considera que la educación debe ser “un bien público y una responsabilidad colectiva”.

En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación concertada existe porque existió una dictadura –que duró cuarenta años– que dio un golpe letal a la evolución social y económica del país, sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los tiempos.

De no haber existido la dictadura la red pública de centros hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento, por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían anecdóticos, como en el resto de Europa.

Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor, la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.

Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero, como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que la educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación como un negocio la trata como tal.

Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie) cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada se transformaría en educación pública (en un determinado periodo  dichos centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.

Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos, por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero, claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que representar y, por tanto, sin ser necesario.

Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”. Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada respeta el principio predemocráctico del enchufe.

Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario. Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar dinero. Es desolador ver cómo hasta los partidos políticos cuyos principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público, se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren convertir la educación en un negocio.