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CONACyT, fiscalía y Foro Consultivo: Polvo en el viento

Por: Manuel Gil Antón

Sábado 2 de octubre, 2021

No olvidemos esta fecha. Nunca.

Infamias, vendetas revestidas de afán de justicia, desprecio a la actividad científica, pugnas, pareceres variopintos, declaraciones y posicionamientos diversos. Mucho ruido y falta de claridad. Confusión para el lego – que no desinteresado – y una serie de temas que no merecen abordarse desde la estridencia pues afectan aspectos medulares del país. Tengo claro, para mí, que:

  1. La Fiscalía de Gertz Manero hizo a un lado su autonomía por el afán de venganza (propio), y de la mano del menosprecio a la actividad de investigación (propia del gobierno federal, que no escatima descalificaciones a este sector) emprendió una acusación contra 31 personas en la que incluye presuntos delitos propios de una mente delirante, y la envía a un juez del penal donde se ubican los delincuentes más peligrosos del país. En la resistencia activa y condena a esta maniobra no hay modo de eludir el máximo repudio. Con independencia de quiénes son los ahora acusados y nuestra relación con ellos (pero incluyéndolos), al defenderlos del oprobio reivindicamos el estado de derecho que a todos nos ampara.
  2. El juez que recibe la solicitud de liberar las órdenes de aprensión es un ejemplo del acierto de la división de poderes. Enhorabuena por su entereza.
  3. El mismo juzgador refiere a la resolución que al respecto ya emitió la Supera Corte de Justicia: otra ventaja del contrapeso del sistema judicial.
  4. La legalidad de la relación entre el Conacyt y el Foro Consultivo, desde su creación en 2002 y hasta el 2018 cuando se modifican los ordenamientos, es nítida. Puede, sin duda, considerase inadecuada o perfectible, pero no ilegal, de tal modo que se abre la posibilidad de reformarl, pero de su modificación a futuro no se sigue la retroactividad que se pretende llevar a cabo.
  5. Se han desatado infundios, malentendidos, delaciones inválidas que asemejan a delincuentes a quienes han tenido una beca para estudios en el extranjero por la cuantía de la inversión que implicó. Es penoso advertir la mala entraña de los que lo hacen, pues además de mostrar su estulticia, ignoran que, por ejemplo, en Brasil, con Lula y Dilma, se enviaron a estudiar a otros países a decenas de miles de jóvenes. ¿Pueden mejorar los sistemas de obtención de esos apoyos? Por supuesto, pero no descalificarlos como resultado de medios ilícitos.

Por lo anterior, que no puede extenderse en razón del espacio del que dispongo, considero que todo este galimatías produce una polvareda que oculta tareas muy necesarias para el desarrollo de la actividad académica y científica en el país. De nuevo, a guisa de ejemplo:

  1. ¿Cómo habría de organizarse un espacio de consulta y representación de las y los investigadores, legítimamente integrado mediante procesos democráticos, que contribuya al diseño de una agenda prioritaria y sensata para la investigación científica en el país?
  2. ¿Qué riesgos contiene la idea actual de contar con una “Agenda de Estado” en materia de investigación, sin aclarar la forma en que se procesa, habida cuenta de una tendencia a confundir al Estado con el gobierno en turno y sus perspectivas unilaterales y de corto plazo?
  3. ¿Cuál es el papel que debe jugar, en el entramado institucional público, el Conacyt?

Valgan, como botones de muestra, estas tres cuestiones – hay muchas más – para advertir que la polvareda actual, a todas luces injusta, abusiva y torpe, impide atender a cuestiones de las que depende el papel de la indagación científica en México y su futuro. No es, para nada, poca cosa.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Función pública, caridad e interés general

Por: Elisabeth De Puig

El estado de derecho consignado en nuestra constitución debe asegurar el justo equilibrio entre la libertad y la solidaridad en la repartición de la riqueza, trátese de  bienes económicos o intelectuales, culturales y científicos.

Es bueno reflexionar de vez en cuando sobre el porqué, a pesar de los esfuerzos para enmarcar la función pública dentro de parámetros estrictos y exigencias más rigurosas de formación, la noción de servicio público no ha calado a cabalidad en el imaginario colectivo de la gran mayoría de la población, incluyendo los mismos funcionarios de nuestro país.

Toda agrupación humana tiene sus propias formas de organización social que, de cierta manera, están integradas a su cultura; posee un sistema de valores reconocido por los miembros del grupo y forman tanto su contexto cultural como su concepto de nación.

Frente a estos valores positivos existen valores negativos que frenan el pleno desarrollo de las personas y de las comunidades y que son fruto de circunstancias históricas que las refuerzan.

Estos anti valores han invadido tantos los ámbitos sociales como los políticos y se han desarrollado como un caldo de cultivo en las instituciones públicas. Se han realizado varios esfuerzos a lo largo de nuestra vida democrática para contrarrestar esta situación.  Estas iniciativas incluyen tanto la creación del Ministerio de Administración Pública (MAP), como el empeño declarado de cambio del Gobierno del Cambio.

Sabemos que el servicio público integra las actividades realizadas por las instituciones gubernamentales para responder a necesidades colectivas y sociales que deben ser atendidas y que el funcionario tiene obligación de dignidad, de imparcialidad, de integridad, de probidad, de continuidad y debe asegurar la igualdad en el servicio.

Sin embargo, esta noción está todavía viciada en varios de sus estamentos por toda una serie de prácticas que siguen enclavadas como el nepotismo, el desorden, la codicia, la ineptitud, la insolencia, la negligencia, la improvisación o el tráfico de influencia, para citar solo algunos de los males que acechan en grados diversos.

Crear las condiciones para inculcar confianza en el servicio público es una tarea que incumbe al gobierno. La educación es uno de los factores clave: ser un buen ciudadano se aprende desde chiquito.

Sin embargo, uno no se nutre solamente de enseñanza: si queremos forjar buenos ciudadanos que podrán ser buenos funcionarios públicos tenemos que ofrecerles un servicio público de calidad que garantice acceso a la salud, a la educación, a la justicia,  etc… en condiciones de igualdad.

No sirve de mucho enseñarle a la gente sus derechos y sus deberes si estos se quedan como conceptos huecos y vacíos, y las instituciones estatales generan críticas de los usuarios.

A pesar de que existen excelentes servidores públicos, acervos de la nación, es por el  déficit de un servicio público de calidad que las grandes mayorías siguen identificando en el funcionario público a un corrupto que “chupa la teta” del Estado para su beneficio propio y que, a la vez, “es un pendejo si no lo hace”.

Los mismos que critican la corrupción no se dan a menudo cuenta que son parte de ella o quisieran participar de ella .

No ha calado la noción de grandes servidores del Estado reconocidos por sus capacidades y sus aportes. Lo que prima es un concepto político que no reconoce como primordial la necesidad de la continuidad del servicio público y, tarde o temprano, de manera clara o encubierta, se tiende a barrer en las instituciones a los servidores de los anteriores gobiernos.

Para corroborar la afirmación anterior hay muchos ejemplos de dependencias del Estado que progresan con un gobierno o un determinado incumbente, y cuyos servicios decaen a su salida.

Todavía no ha quedado superada la visión del Estado paternalista y patrimonial a la vieja usanza, heredado de la  forma de dominación de los  terratenientes y donde la regla era la confusión de lo público y lo privado, como fue característico en el gobierno del doctor Balaguer.

Nuestra generación recuerda la Cruzada del Amor y las largas filas que se hacían frente a la casa del presidente Balaguer para cualquier distribución de cajas o juguetes, entregando como si fueran propios bienes adquiridos por el Estado, al tiempo que se proclamaba la frase célebre: la corrupción se detiene a la puerta de mi despacho.

Esta visión pasada y en vía de superación se mantiene, sin embargo, en muchas mentalidades. Cuando la gente, empujada por las necesidades, le pide de manera individual a los gobernantes: “deme una casa”, “regáleme útiles escolares”, o “necesito que me costeen una operación”, reproduce un determinado patrón de comportamiento. Queda claro que el estado moderno, que debería ser un estado de derechos y de justa redistribución, todavía no ha logrado su cometido.

Por eso es que la caridad, noción fundamentalmente religiosa en su origen, por bien intencionada que sea, no ataca la raíz del mal. Atrae la atención sobre quien la ejerce y trata de subsanar los efectos de dramas sociales y económicos, sin llegar a las causas que han provocado el acto de caridad.

Los actos de caridad son soluciones individuales a problemas colectivos que, al final de cuentas, ocultan las desigualdades y las injusticias.

El estado de derecho consignado en nuestra constitución debe asegurar el justo equilibrio entre la libertad y la solidaridad en la repartición de la riqueza, trátese de  bienes económicos o intelectuales, culturales y científicos.

Soy de las que entiendo que la caridad favorece la injusticia y que se necesita más igualdad para que haya más derechos y justicia.

Fuente de la información: https://acento.com.do/opinion/funcion-publica-caridad-e-interes-general-8978340.html

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La militarización, fase superior del extractivismo

Por: Raúl Zibechi 

La militarización creciente de nuestras sociedades es claro signo otoñal del sistema capitalista patriarcal. El sistema renunció a integrar a las clases populares, ya no aspira siquiera a dialogar con ellas, sino que se limita a vigilarlas y controlarlas. Antes de este periodo militarista, se encerraba a los “descarriados” para corregirlos. Ahora se trata de vigilar a cielo abierto a camadas enteras y mayoritarias de la ­población.

Cuando un sistema necesita militarizar la vida cotidiana para controlar a las mayorías, se puede decir que tiene los días contados. Aunque en realidad esos días habría que medirlos en años o décadas.

Un buen ejemplo es la herencia del régimen de Pinochet en Chile, respecto del papel central de los militares y de la policía militarizada, Carabineros, en el control social. Una de esas herencias es el control de las fuerzas armadas de los excedentes de la empresa estatal de cobre, principal exportación de Chile.

La Ley Reservada del Cobre fue aprobada en la década de 1950, cuando arreciaban las movilizaciones de trabajadores y pobres de la ciudad y del campo. Durante la dictadura militar, esa ley secreta, como su nombre lo indica, fue modificada en siete oportunidades. Recién en 2016, gracias a una filtración del diario digital El Mostrador, se supo que 10 por ciento de las utilidades de la empresa estatal de cobre se traspasan directamente a las fuerzas armadas (https://bit.ly/3tNDa0S).

Recién en 2019 la ley secreta fue derogada (https://bit.ly/2OUAiAJ), cuando las calles de Chile empezaban a arder con una seguidilla de protestas y levantamientos que arrancaron en 2011, con las resistencias estudiantil y del pueblo mapuche, y luego por las feministas.

El daño que el régimen militar infligió a la sociedad puede verse en que más de la mitad de los chilenos no votan, cuando antes votaba la inmensa mayoría; en la tremenda deslegitimación de los partidos políticos y de las instituciones estatales.

No es el único caso, por supuesto. Los militares brasileños jugaron un papel destacado en la prisión de Lula, la destitución de Dilma Rousseff y la elección de Bolsonaro.

En todos los casos, la militarización vulnera el llamado “estado de derecho”, las normas legales que la sociedad ha adoptado, muchas veces sin ser debidamente consultada.

En todos los casos, la militarización contribuye a destruir naciones y sociedades, porque supone entregarle porciones significativas del poder y la gestión a una institución no democrática que, de este modo, queda fuera de cualquier control.

La militarización viene de la mano de la imposición de un modelo de sociedad que hemos llamado extractivismo, un modo de acumulación de capital por el 1% con base en el robo y el despojo de los pueblos, que implica una verdadera dictadura militar en las áreas y regiones donde opera.

El militarismo se subordina a esta lógica de acumulación mediante la violencia, por la sencilla razón de que no se le pueden robar los bienes a los pueblos sin apuntarles con armas.

Militarismo se conjuga con violencia, desapariciones forzadas, feminicidios y violaciones. Por lo demás, siempre propicia el nacimiento de grupos paramilitares, que siempre acompañan las grandes obras extractivas y que si bien se los considera ilegales, como lo demuestran Colombia y México, son entrenados y armados por las fuerzas armadas.

Ahora sabemos que el gran beneficiario del Tren Maya serán las fuerzas armadas, a las que el gobierno de López Obrador le ha concedido todos los tramos, añadiendo que se trata de “un premio” a esa institución (https://bit.ly/39aURjh).

Hay más de una similitud con el caso del cobre en Chile.

La primera es la entrega directa de los beneficios, con lo que cualquier gobierno consigue fidelidad de los uniformados a los que, en realidad, se subordina.

La segunda es el argumento de la “seguridad nacional” que esgrimen los gobiernos. En Chile era la lucha contra el comunismo. En México la frontera sur, con el argumento de la migración y el tráfico.

La tercera es que la militarización es tanto un proyecto como un modo de gobernar. Le siguen los aeropuertos, el orden interno y los más variados aspectos de la vida. Por la fuerza, consiguen trastocar la legalidad a su antojo, como las normativas presupuestales.

Observamos procesos de militarización desde Estados Unidos, Rusia y China, hasta en el conjunto de los países latinoamericanos. Consiste en el control de geografías rurales y urbanas por hombres armados al servicio del capital, para controlar a los pueblos que resisten el despojo.

No se trata de la maldad de un presidente o de un gobierno. Ese extremo no lo pongo en duda, pero no es lo central. Estamos ante un sistema que para estirar su agonía necesita implementar figuras nacidas en el siglo XX, que son los temas de Giorgio Agamben: el estado de excepción como forma de gobierno, la guerra civil legal contra los “no integrables” y el campo de concentración a cielo abierto vigilado por paramilitares.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/politica/la-militarizacion-fase-superior-del-extractivismo/

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El Salvador: Policía sigue con las detenciones ilegales por incumplir cuarentena

América Central/El Salvador/26-04-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

Procurador de Derechos Humanos presenta informe de capturas ilegales por no cumplir cuarentena obligatoria.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, afirmó ayer que las autoridades de seguridad, Policía y Fuerza Armada, siguen realizando detenciones ilegales, a pesar que la Sala de lo Constitucional, las reiterado que riñen con la ley.

“Tenemos denuncias actuales de detenciones de personas que son capturadas por la policía. Esperamos que la Sala de lo Constitucional tome una decisión legal para que se detenga esas ilegalidades y sobre todo que los funcionarios e instituciones cumplan con las órdenes como lo establece un Estado de derecho”, expresó Tobar.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha realizado reiteradas resoluciones ordenando a la policía y la Fuerza Armada detener los arrestos para las personas que se encuentran en las calles y que no cumplen la cuarentena domiciliar ordenada por el presidente Bukele.

El Tribunal Superior Constitucional ha amparado a varias personas que se encuentran en albergues y ha ordenado su inmediata liberación, sin embargo, las autoridades no han acatado la orden.

En ese sentido, Tobar se presentó ayer a la Corte Suprema de Justicia, para entregar el primer informe sobre personas retenidas, que le ordenó la Sala de lo Constitucional como seguimiento del hábeas corpus número 148-2020.

En el informe, el procurador dice que la institución detectó 172 detenciones ilegales desde el 21 de marzo hasta el 22 de abril, durante el tiempo de la cuarentena domiciliar obligatoria.

“Conocimos de 778 casos denunciados hasta el 22 de abril, de los cuales 172 se refieren a detenciones ilegales. Y en el otro informe, que es el de la Policía Nacional Civil, hemos contabilizado detenciones de personas, en esos se encuentra 735 hombres y 59 mujeres”, dijo el funcionario.

Tobar indicó que tiene en todo el país, oficinas para que las personas presenten sus demandas de ilegalidades. Además, tiene los sitios en Internet, plataformas digitales y aplicaciones en celulares.

“Estamos en la disponibilidad de recibir todo tipo de denuncias en todo el país. No podemos seguir en esa situación. También, la policía está obligada a enviarnos los informes actualizados de todos los arrestos que se realizan en todo el país”, sentenció el funcionario.

El procurador explicó que presentará un informe cada viernes ante la Sala de lo Constitucional para mantener actualizada al Tribunal Constitucional de todas las detenciones ilegales.

La Sala Constitucional en la resolución del hábeas corpus 148-2020, ordenó que no debe haber privados de libertad por violar la cuarentena familiar, irrespetando los derechos constitucionales, e instó a la Asamblea y al Ministerio de Salud a crear una ley formal, que regule las detenciones que incumplan la cuarentena domiciliar.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/detenciones-ilegales/708815/2020/

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Declaración de la sociedad bolivariana de Guinea Ecuatorial sobre el golpe de estado en Bolivia

África/Guinea Ecuatorial/17-11-2019/Autor(a) y Fuente: Sociedad Bolivariana de Guinea Ecuatorial

Por: Sociedad Bolivariana de Guinea Ecuatorial

La Sociedad Bolivariana de Guinea Ecuatorial, ha seguido con detenimiento el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, liderado por su Líder Indígena el Presidente Evo Morales, y advierte sobre la gravedad de lo ocurrido, donde se han cometidos delitos de lesa humanidad. Es por ello que en nuestro compromiso con las causas de los oprimidos del mundo, queremos hacer público un análisis de los acontecimientos y develar el carácter autoritario, fascista, racista y dictatorial, que nos lleva a las peores épocas de las dictaduras en América Latina, así como los Holocaustos y Genocidios cometidos en la historia de la humanidad.

En nombre de la Libertad, la Democracia y la Defensa de los Derechos Humanos, han perpetrado un golpe de Estado, con Biblia en mano, en nombre de dios, han torturado, asesinado, reprimido y eliminado los principales derechos de la sociedad boliviana que se ha manifestado pacíficamente para exigir que se retome el hilo constitucional y la paz en Bolivia.

El Presidente Evo Morales, asumió las exigencias de los sectores de la Extrema Derecha, convocando a conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y nuevas elecciones, luego que estos sectores fascistas habían vejado mujeres, amenazado familias de líderes políticos y sociales, así como miembros del Gobierno, quemando sus viviendas y exponiéndolos a la humillación pública, tal como hicieron con Patricia Arce, alcaldesa de Pinto, ante el silencio cómplice de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Será que la defensa por la equidad de género tan enarbolada por estos organismos internacionales no son otra cosa más que una fachada para la obtención de recursos que mantengan una burocracia internacional indolente ante tales atropellos?, el silencio devela sus principales intenciones, puesto que, cuando se trata de gobiernos que defienden los intereses del pueblo, como Venezuela o Nicaragua, tienen la osadía de advertir con anterioridad hechos que no han ocurrido con una velocidad impresionante.

Para hacer un llamado a la pacificación del país, el Presidente Evo Morales, presentó su renuncia a la Presidencia, a cambio de retomar la tranquilidad y convocar a la convivencia democrática, luego de la sugerencia del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para que dejara su cargo, con lo que se evidencia el carácter militar del golpe de Estado. El resultado, ha sido un llamado a la persecución política, que devela las verdaderas intenciones de la extrema derecha boliviana, con aniquilar el movimiento progresista que le había devuelto la esperanza y había sacado de la miseria al pueblo boliviano, especialmente en los sectores indígenas y la clase trabajadora.

La Constitución de Bolivia es muy clara, una vez presentada la renuncia por parte del Presidente de la República, la misma debe ser analizada por la Asamblea Plurinacional y decidir si la misma es aceptada o rechazada, y aunque el MAS, fuerza política que lidera Evo Morales ocupa dos tercios de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, la oposición mediante el uso de la violencia y la intimidación, con una pírrica minoría en el órgano legislativo autoproclamó a Jeanine Añez como Presidenta de Facto, desconociendo así toda legitimidad y orden democrático del pueblo Boliviano, avalado por las Fuerzas Armadas, quienes son los que finalmente le han colocado la banda presidencial, un detalle que poco puede pasar desapercibido. Denunciamos en consecuencia la inconstitucionalidad de la Sra. Jeanine Añez como Presidenta de Bolivia, y solicitamos a los organismos internacionales de las Naciones Unidas, exigir el retorno al orden democrático y constitucional en ese país. Se trata de un golpe al parlamento y a las instituciones también.

Consideramos que vale la pena preguntarse ¿cuáles son las causas que originaron esta ruptura del hilo constitucional? ¿cuáles son los intereses ocultos detrás del golpe de Estado?, ¿quiénes han sido los principales conspiradores para el derrocamiento violento del Gobierno del Presidente Evo Morales?, estas respuestas seguramente ayudarán a comprender por qué se ha desarrollado este ataque sistemático, grotesco y violento por parte de los golpistas en Bolivia.

En principio es necesario considerar que estamos frente a un conflicto de los sectores más poderosos de la oligarquía contra la clase indígena boliviana, quienes a lo largo de la historia habían sido execrados, excluidos y empobrecidos por las clases dominantes. Ante la llegada de Evo Morales, primer Presidente Indígena, que le da carácter Plurinacional al Estado, rompe con el concepto de distribución de la riqueza, anteriormente concentrada en una sola élite. Además, Evo Morales fue exitoso en su gestión al contrastar los indicadores de reducción de la pobreza y la desigualdad, a la par que mejoraba los ingresos de la población y mantuvo un crecimiento económico sostenido, aún en períodos de bajos precios de los hidrocarburos y crisis económicas mundiales. Por esta razón, denunciamos que el Golpe de Estado que se consuma en Bolivia, atenta contra las conquistas sociales alcanzada por el pueblo.

Bolivia significa geopolíticamente para el capital monopólico trasnacional, la joya de la corona, sus reservas de Litio, son parte principal del motor de la Cuarta Revolución Industrial, y el Gobierno de los Estados Unidos, no está dispuesto a perder control sobre este mineral; ya han perdido una batalla con China en el 5G, así que ahora van por los recursos materiales. Tal como se ha comprobado días recientes con audios, reuniones públicas y secretas del Gobierno norteamericano con líderes y dirigentes de la extrema derecha y miembros de las Fuerzas Armadas en este país suramericano. Es por ello, que denunciamos la injerencia extranjera por parte de los Estados Unidos, en el Golpe de Estado perpetrado en Bolivia. Algún día tendrán que responder por los muertos, por la violencia generada y la masacre que se enfila contra nuestros hermanos bolivianos.

Debemos también destacar el triste papel de la Organización de Estados Americanos (OEA), y su Secretario General Luis Almagro, quien ha actuado como operador político del Gobierno Norteamericano, ha manipulado un informe sobre la auditoría electoral en Bolivia, que no concluye evidencias sobre un fraude, y que además ha sido fuertemente contrariado por otros informes de importantes agencias internacionales como la Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y el Center For Economic And Policy Research (CEPR). El Secretario General ha dejado descaradamente su imparcialidad y ha rechazado la existencia de un golpe de Estado, ha sido cómplice de las masacres que se viven actualmente y ha reconocido un Gobierno de Facto, un precedente más que seguirá cavando la tumba de esta organización, que se ha manchado una vez más con sangre sus manos. Denunciamos el papel golpista de la OEA en Bolivia y por ser parte de la violación sistemática de los Derechos Humanos.

El movimiento golpista en Bolivia, es en toda su dimensión fascista:

  • Es fascista porque se ha instalado un Gobierno de Facto en Bolivia, con la bendición de la iglesia y el respaldo de las fuerzas opresoras y militares, que reprimen, torturan y asesinan al pueblo.
  • Es Fascista porque la autoproclamada Presidenta de Facto, emitió un decreto que le da licencia para matar a las autoridades policiales y militares.
  • Es Fascista porque ha asesinado a balazos a 24 personas, a quienes reclaman pacíficamente el retorno a la democracia, 542 heridos y más de 624 detenidos, todas estas muertes documentadas mediante una cantidad innumerable de registros audiovisuales que lo demuestran.
  • Es Fascista porque ha mostrado públicamente como torturan y amenazan a los indígenas y a las clases más humildes. Las autoridades policiales y militares se han atrevido a proliferar consignas como “los vamos a acribillar perros”, a los manifestantes, tal como lo muestran las imágenes en los videos de las redes sociales, a la par que lanzan disparos con armas letales.
  • Es Fascista porque en contravía a lo estipulado por la legislación internacional, ha usado armas de fuego letales contra manifestantes, las cuales se encuentran debidamente documentadas.
  • Es Fascista porque censura, amenaza y agrede la prensa, tal como hemos visto el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta directamente a la cara de periodistas, o mediante las amenazas públicas emitidas por la Ministra de Comunicación de Facto quien amenazó a los periodistas acusándolos de sedición.
  • Es Fascista porque persigue, tortura, quema y amenaza sin contemplación a quienes piensan diferente y denuncian el golpe de Estado. Tal como lo ha hecho públicamente el Ministro de Gobierno de Facto, quién ha dicho que “irán a la cacería” de los dirigentes sociales y políticos que se oponen al golpe. Mientras se escriben estas líneas el mismo personaje ha anunciado un “aparato especial de la fiscalía” para detener a los diputados del MAS.
  • Es Fascista porque en contravía de lo que dicta la normativa internacional, amenazó al personal diplomático venezolano y atacó su sede. Así mismo, inició una persecución sin precedentes contra los médicos cubanos que sólo habían llevado salud al pueblo boliviano.
  • Es Fascista porque han creado estructuras paramilitares para masacrar al pueblo boliviano, tal como se ha mostrado en videos actuando junto a fuerzas policiales y militares. Incluso se ha podido observar extranjeros con armas al lado de líderes políticos de la extrema derecha.

La Asamblea de Derechos Humanos, repleta de blancos que nada tienen que ver con la comunidad indígena, se ha pronunciado, y ha dicho que hay darle tiempo a las instituciones para que reacciones porque todo toma su tiempo. ¡Vaya cinismo!, es el mismo silencio cómplice de Michelle Bachelet, del Consejo de Derechos Humanos, y la tibia por decir casi nula declaración de la CIDH.

Denunciamos la doble moral de estos llamados “defensores de derechos humanos”, que, con hipocresía, arremeten en contra de algunos países, pero que pasan desapercibida la fuerte represión en otros como Chile, donde el aparato del Estado ha asesinado, torturado y herido, la invisbilización del conflicto en Haití, o el asesinato mediante bombardeos del Estado Colombiano que ha causado la muerte de niños y niñas, y ahora le sumamos la masacre de nuestros pueblos indígenas en Bolivia.

Jomo Kenyatta, líder independentista y padre fundador de Kenia, nos decía “Cuando llegaron los blancos, nosotros teníamos las tierras y ellos trajeron la Biblia, nos enseñaron a rezar con los ojos cerrados, cuando abrimos los ojos ellos tenían las tierras y nosotros la biblia”. Parece que la ola fascista y asesina que se desata en Bolivia contra nuestros hermanos de los pueblos originarios pretenden concretar la obra inconclusa de los conquistadores para terminar de exterminarlos. Dijeron que la Biblia entró de nuevo al Palacio de Gobierno, lo que no dijeron es que en la otra mano tenían la pistola, ya el gobierno absolvió de responsabilidad a los asesinos, no nos extrañaría que la iglesia los eximiera por decreto de sus pecados. En esta oportunidad no les han pedido cerrar sus ojos, se los han cerrado con las balas. Denunciamos el carácter racista del Gobierno ilegítimo, golpista, dictatorial y fascista de Bolivia por atentar con nuestras etnias ancestrales, y denunciamos el carácter clasista del mismo por atentar contra la vida de nuestros compañeros de clase; el proletariado.

Le exigimos a la comunidad internacional, que se pronuncie y abogue porque se restituya el Estado de derecho, la democracia, el orden constitucional, y sean condenados estos hechos como lo que son; crímenes de lesa humanidad, y sus responsables sean juzgados con todo el peso de la ley. A los militares a los que el Gobierno del Presidente Evo Morales les devolvió su integridad y que hizo la inversión más grande de su historia para dignificarlos, les exigimos que dejen de asesinar a nuestros hermanos y permitan restituir la democracia.

Pese a todo esto, el pueblo boliviano sigue en la calle, en defensa de su libertad, en defensa de su democracia, en defensa de las conquistas sociales alcanzadas, en defensa de su Estado Plurinacional, que hoy pretende ser humillado y execrado al olvido con la quema de la hermosa bandera Wiphala. Fuerza hermanos que los pueblos del mundo están con ustedes.

A la Bolivia Combativa, la Hija Predilecta del Libertador Simón Bolívar, les decimos no desmayen, la victoria les pertenece.

Descarga: Declaracion SBGE – Golpe de Estado Bolivia – Analisis

Fuente e Imagen: Sociedad Bolivariana de Guinea Ecuatorial

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Triunfa huelga de estudiantes: Renuncia ministro de Educación

Centro América/ Costa Rica/ 02.07.2019/ Fuente: www.elmundo.cr.

 

La huelga organizada por estudiantes de secundaria logró que el ministro de Educación, Edgar Mora renunciara a su cargo, mediante una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado.

Mora señaló que «ojalá tras mi renuncia se abran avenidas para un río de diálogo y compromisos mutuos para con el Estado de derecho y nuestros preceptos constitucionales».

«Yo no tengo ninguna excusa para no contribuir, para no ponerme al servicio de causas superiores a mis pequeñísimos intereses personales y volver atrás con el entusiasmo, con la calma, la concentración, la apertura de mente y la ternura que caracteriza mi forma de ser», agregó.

Mora manifestó que «salgo de su gobierno con la templanza con la que llegué».

La huelga inició el lunes de la semana pasada en el Liceo Colonia Puntarenas, luego se unieron el Liceo de Bijagua, Las Delicias, el Liceo San José de Upala, Liceo de Cuatro Bocas y el Colegio Técnico Profesional de Guatuso, mientras que jueves y viernes se manifestaron estudiantes de colegios de distintos puntos del país.

Las manifestaciones tomaron fuerza luego de que el miércoles oficiales de la Fuerza Pública agredieran a estudiantes del Liceo Cuatro Bocas de Upala.

Los estudiantes además de pedir la renuncia del ministro, se manifiestan en contra de algunas medidas tomadas por el Ministerio de Educación (MEP) como los baños neutros y la compra de drones, las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) y el proyecto de Educación Dual.

A los estudiantes se les unieron los traileros, que durante la reunión que tuvieron con el presidente de la República, Carlos Alvarado le dejaron claro que solo continuarían en la mesa de negociación el ministro Mora era destituido.

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Clade se pronuncia sobre las elecciones en Brasil: los derechos humanos están amenazados

Por: CLADE.

En el marco de la X Asamblea de la red, más de 80 personas, entre activistas, estudiantes, educadoras, educadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil de 19 países de América Latina y el Caribe, expresan preocupación ante la situación que vive Brasil en el contexto de la elección para la presidencia del país el próximo 28 de octubre

“Es una grave amenaza al Estado de Derecho su pronunciamiento reciente afirmando que ‘no permitirá ninguna forma de activismo’ en el país, así como su conocida posición en favor de la tortura y de torturadores de ingrata memoria en la historia brasileña”, afirma la carta sobre el candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro. En la carta, los miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), reunidos en su X Asamblea Regional en Bogotá, Colombia, se pronuncian y alertan sobre los impactos negativos de la posible elección de Bolsonaro en la democracia y los derechos humanos.

Firmada por activistas, estudiantes, educadoras, educadores y representantes de coaliciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la educación en 19 países de la región, la carta expresa que el enaltecimiento del autoritarismo y de la dictadura, ya experimentada y superada en Brasil con millares de víctimas, pone en riesgo valores fundamentales como las libertades y los derechos humanos, pilares de una sociedad democrática.

“Los derechos humanos de la mayoría del pueblo brasileño estarían bajo constante amenaza ante la posibilidad de la llegada de un gobierno liderado por Bolsonaro, para quienes ‘las minorías deben adecuarse o sencillamente desaparecer’, visión supremacista que reafirma su concepción históricamente racista, machista y homofóbica notada en sus casi tres décadas como parlamentario”, afirma la carta.

La CLADE llama la atención para los impactos negativos en la educación que implicaría la victoria de Bolsonaro: “Desde Latinoamérica y el Caribe y unidos en busca de una educación emancipadora para toda nuestra región, no podemos dejar de repudiar las recientes declaraciones del candidato de ‘extirpar toda la influencia de Paulo Freire de la educación brasileña’, en referencia al educador que inspiró generaciones y sigue inspirando el pensamiento educativo en todo el mundo”.

Asimismo, la carta de la Campaña afirma que el programa que Bolsonaro defiende para la educación representa un grave retroceso. “Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”.

Fuente del Documento: http://www.educarparalalibertad.org/wp-content/uploads/2018/10/pronunciamiento_Brasil-X-Asamblea-1-1.pdf

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