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Entrevista a Adriana Guzmán Arroyo: “Descolonizar el tiempo es renunciar a la acumulación capitalista”

Hemos hablado con Adriana Guzmán Arroyo, educadora popular aymara y referente del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia, sobre colonialismo, racismo, extractivismo, heterosexualidad obligatoria, familia, comunidad, Estado. privilegios, colores y lenguas minorizadas. Y sobre aprender a levantar la cabeza.

Adriana Guzmán Arroyo es educadora popular aymara, feminista y q’iwsa (no heterosexual, en aymara). Desde pequeña veía los cuerpos de su abuela y abuelo aymaras, su piel, su idioma, su lengua y se sentía muy cerca de ellos, pero no fue hasta después de la masacre del gas de 2003 cuando se reconoció como feminista y aymara, empezando así un camino de ruptura con las ideas coloniales y racistas que se habían ido instalando en su cuerpo.

En 2003, en la masacre del gas lucharon contra el colonialismo, el racismo, el extractivismo, después de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada autorizara la represión contra manifestantes que mostraban su rechazo a la decisión del Gobierno de exportar gas: “Ahora se ha puesto de moda el extractivismo, pero hace 500 años que venimos luchando contra la explotación de la plata, la minería y después la explotación de los hidrocarburos que ha destrozado nuestros territorios, que ha generado una mentalidad capitalista que rompe la comunidad, toda otra forma de vida que tenemos en Abya Yala”, explicaba Adriana Guzmán en Bilbao una mañana lluviosa y gris, después de haber participado en el congreso Nuevas narrativas para una educación feminista y antirracista, organizado por InteRed.

¿En qué momento te diste cuenta que esa lucha contra el extractivismo, el racismo, el capitalismo y el colonialismo era también una lucha contra el sistema patriarcal?

Estábamos en las calles organizadas protestando y cuando volvemos a las casas los compañeros quieren que las casas estén limpias y que las wawas [les hijes] hagan sus tareas, que haya comida caliente. Entonces una gran pregunta fue: ¿quién cuida en la revolución? Entendimos que existía también esta forma de opresión a la que luego le vinimos a llamar patriarcado, como lo han hecho otras feministas también. Para nosotras la masacre del gas fue mirarnos al espejo y reconocernos como aymaras. Queremos ser aymaras, pero no bajo los términos patriarcales que nos va a imponer la heterosexualidad obligatoria, no como la mujer que se calla y agacha la cabeza y va detrás del marido, no como la mujer que solo sirve para sembrar la papa. Queremos vivir bien y no se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal, si a las mujeres nos matan o nos violan. Queremos cuestionar la revolución dentro de la revolución. Y no queremos solo participar políticamente, queremos decidir, no queremos ser diputadas solo para decir que hay mujeres diputadas. Logramos que en Bolivia el impuesto directo a los hidrocarburos esté destinado a las universidades. Nosotras queríamos que nuestras wawas estudien en una universidad digna, en un espacio de conocimiento desde los pueblos.

“El patriarcado es un sistema de todas las opresiones, articula el colonialismo, el racismo, el capitalismo, el extractivismo, pero se construye sobre el cuerpo de las mujeres”

¿Cómo fue el proceso de elección en la asamblea constituyente de la palabra en aymara para nombrar el concepto “patriarcado”?

A esto lo llamamos la lucha en el territorio de las palabras, porque venimos de la lucha en el territorio. Lo primero que hicimos fue reconocernos feministas. Nuestros compañeros nos dijeron: “Feministas son las académicas, las europeas. Las indígenas no son feministas”. Fue toda una discusión epistemológica y política donde nosotras decimos que nos llamamos feministas porque recuperamos la palabra y nosotras inventamos un contenido. No es que el feminismo nació en Francia, el feminismo va a nacer en todos los territorios donde luchemos contra el patriarcado. Y ahí llegó la segunda palabra, que era “patriarcado”. Había que discutirlo en la asamblea constituyente. Planteamos que el patriarcado es un sistema de todas las opresiones: articula el colonialismo, el racismo, el capitalismo, el extractivismo, pero se construye sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo se ha aprendido que a la naturaleza se le pueden sacar los árboles, el agua, el aire, todo? En el cuerpo de las mujeres, porque nos sacan el agua, el aire, los afectos, todo. Pero estaba otra vez la justificación de los hombres aymaras: “En nuestro pueblo no existe la palabra patriarcado”. La palabra patriarcado no existe, pero la realidad patriarcal sí, ¿cómo se puede llamar? Usamos la palabra pacha usutawa: tiempo enfermo, un tiempo que hace daño. O pacha janiw walikiti: un tiempo que no está bien. Unquq pacha en quechua. Y así en guaraní y en distintos idiomas empezamos a construir estos conceptos de patriarcado, de capitalismo, de machismo, de racismo.

“La propuesta fundamental del feminismo comunitario es autoorganización, autonomía y autodeterminación”

Descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos (2019) es el título de tu libro. ¿Qué se propone desde el feminismo comunitario antipatriarcal para llevar a cabo esta descolonización?

La comunidad es contraria al Estado, aunque haya sido un Estado plurinacional; nosotras decimos siempre: “Estado plurinacional solo para transitar a la comunidad”. La comunidad te exige la responsabilidad propia de construir lo que quieres con tus manos. Es imposible que un presidente se haga cargo de 11 millones de personas. La comunidad hoy existe, la comunidad que se autoorganiza, que logra tener agua, que en Bolivia durante la pandemia ha logrado tener medicina y no morirse, ha logrado circular la comida. La propuesta fundamental del feminismo comunitario es autoorganización, autonomía y autodeterminación y entendemos que eso se llama comunidad, un sistema político. Hacer comunidad es renunciar al individualismo, a la acumulación, y por eso nos parece una propuesta antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial. La misma importancia tienen las personas como las montañas, las aguas, los animales, los pájaros y todo. En la comunidad en la que las wawas dialogan con las abuelas y los abuelos y se valoran sus conocimientos y sabiduría.

“Estos feminismos que ahora están de moda y hablan de la igualdad y el empoderamiento son funcionales al sistema”

“Leer en las arrugas de las abuelas”, te hemos escuchado decir.

Nuestras mamás y nuestras abuelas han peleado por una vida digna, porque nadie nos maltrate. Nos hemos encontrado con que habían luchado por lo mismo que estábamos peleando nosotras: porque no haya extractivismo, no destruyan la comunidad, no se lleven a las niñas en la trata y tráfico, no maten a las mujeres, no destruyan la naturaleza. Hemos empezado a recuperar la memoria de abuelas en todo Abya Yala. La Tránsito Amaguaña dice en los años 30 que “es importante la tierra, es importante el territorio, es importante no tener patrón, pero también es importante que no te cases niña”. Recuperar la memoria de Bartolina Sisala Domitilala comandanta Ramonala María Sabina nos hace tener certeza sobre lo que estamos planteando. Frente a semejantes problemas (contaminación, trata y tráfico, que se lleven a tu hija, a tu sobrina, a la hija de tu hermana, que destruyan tu comunidad, el río y la montaña donde has crecido) que te vengan a plantear un discurso de igualdad de género es insuficiente, es indignante. Estos feminismos que ahora están de moda y hablan de la igualdad y el empoderamiento son funcionales al sistema. Nosotras creemos que los feminismos tienen que ser antisistémicos, antipatriarcales.
Por eso creo que un principio fundamental es que podamos dialogar entre todas las feministas, por más diferencias que tengamos hay que seguir discutiendo y politizando la lucha contra el patriarcado y el extractivismo. No basta que las feministas de Europa se vayan a Bolivia a apoyar la lucha contra la hidroeléctrica o denuncien a la empresa de Bolivia, necesitamos que haya acciones más concretas hacia los bancos que financian esas empresas en Europa, a los dueños de estas empresas, así como nosotras perseguimos a los jueces, a los feminicidas y pintamos su casa. Así creo que tendría que funcionar en Europa, la presión social para que estás empresas vayan reduciendo sus intervenciones en Abya Yala o vaya poniéndose más en cuestión esto.

Hablas también de descolonizar la temporalidad y la linealidad en los feminismos y en la manera de entender los procesos históricos.

Hay un feminismo hegemónico, liberal, blanco que habla de empoderamiento, que dice “supérate”, que dice que el mundo ha cambiado porque hay una mujer taxista, porque ha habido una mujer presidenta o porque hay una mujer negra vicepresidenta en los Estados Unidos. Eso no evita que los Estados Unidos siga matando migrantes, siga invadiendo los territorios o financiando, acompañando a Israel en el genocidio en Palestina. No creemos en estos proyectos lineales de que hay que luchar, capacitarse, formarse, hacer la revolución, tomar el poder y la vida va a cambiar. Esa es una linealidad del tiempo que le ha servido a Europa, pero le ha servido porque ha logrado el desarrollo y las comodidades que tiene ahora gracias al saqueo de nuestros pueblos. Descolonizar el tiempo para nosotras es generar condiciones en la lucha que nos permitan vivir bien todos los días, acabar con las relaciones de violencia, criar a las wawas de otra forma, en comunidad. Para recuperar los saberes, hablar con nuestras abuelas, nuestros abuelos, se necesita tiempo. Si te metes en la lógica capitalista de explotación, tienes que correr en los tiempos de productividad que te marca el capitalismo. Descolonizar el tiempo es renunciar a la acumulación capitalista. En el mundo aymara el tiempo es circular y no es un círculo en sí mismo que se repite, nosotras venimos de la comunidad y por tanto es lógico que podamos volver a la comunidad, porque hay una memoria política, hay una memoria genética, hay una memoria territorial. Toda esa insistencia en que querer hacer comunidad es difícil es una justificación del sistema, hacer comunidad es mucho más fácil que vivir en todo este mundo racista individualista y de explotación.

“Nosotras tenemos que transformar el Estado, porque nuestras hijas van a la escuela pública”

¿Qué ha cambiado en Bolivia con la aprobación en 2009 de la Constitución y con la declaración de un Estado plurinacional y en qué aspectos sientes que se podía haber ido más allá?

Desde 2009 hemos estado en la construcción de la ley de educación y en la construcción de la ley de violencia que habla de patriarcado. Hemos estado en la construcción del plan de salud de las mujeres para vivir bien, en las cumbres de justicia para refundar una justicia que no sea patriarcal, que tenga valores mínimos como los tiene la justicia comunitaria. Hemos visto que el Estado era útil para algunas cosas. En las que no vaya a ir más allá, le pedimos que no interrumpa nuestras luchas. Se ha ido extendiendo el cordón del pueblo aymara que va por todo Bolivia, llega hasta el norte de Chile, hasta el norte de Argentina y se han empezado a discutir, a intercambiar, a recuperar la cultura, la música. Más allá de las fronteras de los propios Estados. ¿Qué necesitamos? Qué el Estado no intervenga. Es mucho más fácil construir esa autonomía, esa reconstitución territorial cuando no hay un Estado que te persigue, cuando hay un Estado que es capaz de hablar de descolonización. Mientras exista, necesitamos que plantee un marco mínimo de lo que necesitamos los pueblos para vivir bien. Yo creo que en algunos lugares de Europa hay una mirada muy esencialista e higienizadora de no tener relación con el Estado. Tienen los privilegios y el dinero para hacer sus iniciativas a parte, una educación distinta, una salud distinta, trabajo de autocuidado autónomos. Nosotras tenemos que transformar ese Estado, porque nuestras hijas van a la escuela pública, porque son nuestros territorios los que se están discutiendo en ese Estado y en esa política pública. Incluso a los Estados fascistas hay que presionarlos, primero para sacar a los fascistas de ahí, lo segundo para que cumplan con las garantías mínimas: educación, salud. Tenemos la Constitución de 2009 y un código penal de 1970. No se ha transformado para llevar adelante esa Constitución. También ha habido un golpe de Estado fascista y racista [en 2019 y que implicó la salida de Evo Morales de la presidencia] para dejar claro cuál es nuestro lugar como indígenas: en las casas como sirvientas. El pueblo se ha organizado y ha logrado sacar ese golpe en un año, pero ese fascismo sigue, sigue organizado, está representado en el Parlamento y hay un discurso de odio racista que ha crecido más. Eso ha impedido que se profundice en la Constitución. Hay una ley en educación que que a mí me parece que es muy importante. Hay procesos de educación que se han estado haciendo con transformación curricular y metodológica, descolonizadora y comunitaria. En el sistema de salud también hay transformaciones para concretar la Constitución. Pero este fascismo, este permanente ataque para generar una inestabilidad al Gobierno ha hecho que el Gobierno también tome una posición conservadora: “No voy a profundizar nada más, hasta aquí llegamos, cuidemos lo poco que tenemos”. Y para nosotras esa no es la forma de cuidar, para nosotras hay que profundizar lo que tenemos, porque sino lo poco que tenemos fácilmente se recicla para el sistema y se pierde.

“El castellano nos impone una forma de entender el mundo y nosotras queremos vivir en otro mundo”

En el congreso Nuevas narrativas para una educación feminista y antirracista has hablado de la importancia de que las lenguas de los pueblos estén en el sistema educativo, no como asignatura, sino en todos lados, como acto de dignidad.

Sí, aprender nuestras lenguas no solo para hablar bien, sino para dejar de pensar, sentir y amar en castellano. El castellano nos impone una forma de entender el mundo y nosotras queremos vivir en otro mundo, queremos construir ese otro mundo. Y recuperar esa otra imagen del mundo es recuperar la lengua para poder pensar, sentir, querer y alimentar la rabia desde nuestras propias lenguas, eso es parte de la descolonización, de la autonomía, de la autodeterminación. Es un acto de dignidad no tener que esconder tu lengua, tu color de piel, tu forma de vestir ni tu forma de comer para poder ser reconocida en el mundo. También presentaste el material didáctico Nosotras somos Abya Yala, un libro para colorear creado por les niñes del feminismo comunitario, para dejar de pintar princesas y hombres araña y pintar a las abuelas de las que vosotras les habláis. En esa discusión sobre las abuelas dijimos “tiene que haber reglas para pintar” y una de las reglas es que no hay un color piel, porque toda la vida han estado con maestras y maestros que les han dicho que había que pintar los dibujos de color piel y ese color piel oficial nunca ha sido nuestro color de piel. Y otra regla era “no hay colores feos ni bonitos, ni vivos ni muertos”, porque como nosotras vivimos en un lugar que es 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar no existe el naranja de los cítricos y el verde de las palmeras. Yo aprendo a amar y a reconocer los colores que hay en mi entorno, los colores como montaña, como agua. El negro es el color fundamental para nosotras, para nuestra ropa, para nuestra vida. Es más, la Wipala, que tiene muchos colores, antes tenía una franja negra en medio que era el color de la vida, de que todo viene de ahí, contrario a lo que las maestras y maestros dicen, que el negro parece un color muerto. En los colores y en las formas de vestir hay lógicas coloniales. Para mí es una decisión política llevar estas ropas, porque me acerca a mi abuela, mi ropa es una resistencia, es un atentado permanente al sistema. En una escuela había un profesor de gimnasia que decía “¿qué tengo que ver con la despatriarcalización?”. Y le decíamos: “Usted encárguese de que las wawas aprendan a no agachar la cabeza”. Porque eso no es casualidad, no es que vivamos en lugares muy altos y agachamos la cabeza para cubrirnos del frío, porque también nos han planteado eso. Este maestro de gimnasia después de un tiempo nos decía: “Qué difícil es enseñar a levantar la cabeza”. Es el cuerpo que está formado por un mundo colonial, siempre pidiendo perdón, siempre sin mirar a los ojos, porque eso te da poder, seguridad en vos misma. Era un proceso de descolonización para el propio profesor, para que cree sus metodologías y ejercicios que a la vez puedan descolonizar el cuerpo, y eso lo hemos hecho mediante la ley de educación, que obliga a las maestras y maestros a despatriarcalizar en cualquier asignatura.

“Nuestra memoria ancestral están estos cuerpos plurales, estos cuerpos que no eran ni hombre ni mujer. La comunidad también ha sido atravesada por el colonialismo, por el patriarcado y por la heteronormatividad”

En el libro Jiwasa / Nosotras: Resistencias chiquitanas, guarayas, moxeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas / Disidencias tevis, mujerengues, q’iwsas, qharimachos, ullupakus, machorras, maricas (2019) explicas tu decisión política de ser lesbiana, como parte del proceso de descolonización, un camino de descolonización del cuerpo, el placer y el deseo.

Nosotras cuestionamos la familia, no queremos familia, porque la familia rompe la comunidad, la familia es una imposición colonial. La heterosexualidad es una imposición colonial. Hay información de que nuestros pueblos no eran heterosexuales. Tenemos una memoria no heterosexual en el cuerpo, pero ese deseo es eliminado, coartado por la heterosexualidad desde el colegio y por las iglesias. Yo decido políticamente siendo feminista y comunitaria ser lesbiana, no lo decido antes porque no sabía que se podía. Me he casado a los 16 años y he tenido una hija a los 16 años y después otra, porque pensé que era la única opción para las mujeres. Esta decisión para mí ha significado reconstruir una relación de deseo, de erotismo con otra mujer, una relación que ha sido cargada de prejuicios, de sentir asco por nuestro cuerpo y por el cuerpo de otra mujer, porque el único cuerpo que podemos desear o que puede ser satisfactorio es el cuerpo de un hombre, el falocentrismo. En un mundo patriarcal, el deseo es patriarcal, el erotismo es patriarcal. También ha habido una discusión sobre si soy lesbiana, si esa es la palabra, porque no deja de ser una palabra que viene del griego, de Lesbos. Yo miraba el movimiento feminista, el movimiento lésbico y no la comunidad, donde había también lesbianas. Empezamos a recuperar la palabra q’iwsa en aymara, que son las personas no heterosexuales. Y ahí profundizamos más esa discusión de que la heterosexualidad es una imposición colonial, porque en nuestra memoria ancestral están estos cuerpos plurales, estos cuerpos que no eran ni hombre ni mujer. La comunidad también ha sido atravesada por el colonialismo, por el patriarcado y por la heteronormatividad, y por eso se habla de que somos hijas del padre sol y de la madre luna, de la Pachamama, del tata inti, toda esa heterosexualización y humanización de la naturaleza que es parte de un sistema patriarcal, las cosmovisiones no son antropocéntricas, pero lo parecen, porque sexualizan a la naturaleza por la colonización. Todo eso hemos cuestionado para poder nombrarnos. Sí, como lesbiana, pero fundamentalmente como q’iwsa, como esta resistencia a una heterosexualidad que es colonial, que es dominación, que es explotación y saqueo.

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Fuente de la información:  https://www.pikaramagazine.com

Fotografía: Pikaramagazine. Adriana Guzmán Arroyo, en Bilbao. / Foto: Garazi Basterretxea Barea

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Las diez historias ambientales que marcaron el 2023 en Latinoamérica

Olvido, impunidad y violencia son tres palabras que cruzan varias de las investigaciones más importantes del año. Desde los más de 90 casos de defensores del ambiente y territorio víctimas de desaparición en México y los 8278 residuos petroleros que contaminan los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hasta la violencia que acorrala a los resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia y Bolivia.

 

Contar cada una de las historias de esta lista ha sido complejo y también arriesgado para los periodistas que viajaron a lugares remotos donde los delitos ambientales y la presencia de grupos armados ilegales es una constante. Un periodista de La Silla Vacía, por ejemplo, que viajó para contar las historias del parque La Paya y los resguardos alrededor tuvo que lidiar con un retén de los Comandos de la Frontera. Varios de los equipos periodísticos tuvieron que esperar por meses antes de entrar a territorio para no poner en peligro a los entrevistados. Algunos navegaron por horas para llegar a lugares remotos donde la crisis climática es crítica y otros se sumergieron en investigaciones para desentrañar cómo operan las mafias que trafican especies silvestres y minerales preciados.

 

Esta es la selección de las mejores investigaciones del 2023 en la que trabajaron, durante meses, 16 medios de comunicación —de cinco países de la región— en alianza con el equipo de periodistas de Mongabay Latam.

 

10. Enemigas de la biodiversidad: especies invasoras avanzan sin control en Latinoamérica

¿Has escuchado hablar del castor, el caracol africano, la liebre europea, la palomilla y la rana coquí antillano?Estas especies tienen algo en común: son consideradas invasoras en varios países y su impacto es alarmante. Mongabay Latam; La Barra Espaciadora, de Ecuador; El Tiempo, de Colombia; y La Lista, de México, investigaron los efectos negativos que han causado en la biodiversidad y cómo pueden también afectar a los humanos.

 

Científicos señalan que estos visitantes no deseadosestán entre las cinco principales causas de la crisis de pérdida de biodiversidad mundial. Además, varios estudios indican que casi una quinta parte de la superficie de la Tierra está en riesgo de invasiones de plantas y animales, incluidos muchos ‘hotspots’ de biodiversidad. Se calcula que el número de especies exóticas invasoras en el mundo ha aumentado en un 70% desde 1970.

 

Lee aquí la investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con La Barra Espaciadora de Ecuador, El Tiempo de Colombia y La Lista de México.

 

9. Avasallamientos en Bolivia: las invasiones ilegales que lastiman las áreas protegidas

“Son grupos armados, son grupos contratados que ingresan a diferentes predios después de varios análisis. Visitan varias veces las zonas, ven dónde ingresar y si es necesario lo hacen a la fuerza”. Así describe una fuente policial en Bolivia cómo funcionan los avasallamientos o invasiones de tierras estatales, una pesadilla que no logra ser controlada hasta el momento por el gobierno. Las regiones de Beni y Santa Cruz son las más afectadas hasta el momento, aunque la última de ellas es la que concentra alrededor del 80% de las tomas de tierra ilegales.

 

Un equipo de Mongabay Latam y del diario El Deber de Bolivia viajaron a tres áreas protegidas para mostrar el impacto de esta modalidad de ocupación ilegal en los bosques. En el Parque Nacional Amboró, los cultivos ilícitos y el narcotráfico son el motor que alientan los avasallamientos dentro del área protegida. Mientras que en la Reserva Municipal de San Rafael los cultivos de maíz, soya y la extracción de maderas preciosas son la principal causa de las invasiones. El último lugar en ser visitado fue la reserva El Curichi Las Garzas, un refugio natural donde los avasalladores han devastado 300 hectáreas para cultivar arroz y soya.

 

Lee aquí las cuatro entregas de esta serie.

 

8. Menonitas en Colombia: acumulación de tierras y deforestación no se detienen en Los Llanos Orientales

Esta historia empieza cuando el pueblo Sikuani denuncia la ocupación ilegal de su territorio por colonias menonitas. Desde la primera historia que Mongabay Latam y Rutas del Conflicto publicaron en 2021 hasta la fecha, el grupo religioso ha logrado acumular alrededor de 38 mil hectáreas de tierra invadiendo parte del territorio ancestral de las comunidades de Barrulia, Iwitsulibu y Tsabilonia.

 

Esta investigación, que forma parte de una de las entregas del especial La huella menonita, narra cómo las tres comunidades llevan más de cinco años solicitando a la Autoridad Nacional de Tierras la consolidación de sus resguardos para poder retornar al territorio del que salieron por causa de la violencia colombiana. Además, revela cómo las tierras indígenas sikuani han sido ocupadas por los menonitas en tres sectores a los que han llamado Australia, Liviney y Las Piedras.

 

Si bien la investigación publicada este 2023 evidenció, nuevamente, como las colonias siguen comprando tierras con los mismos problemas legales y manteniendo las mismas tensiones con los sikuani, en octubre de este año la ANT anunció que algunas de las tierras volverían al Estado para ser devueltas a las comunidades.

 

Lee aquí esta investigación.

 

7. Los bosques que perdimos: ¿Cómo combatir la deforestación con datos incompletos?

Mongabay Latam y la 6ta Generación de la #RedLatam de Distintas Latitudes investigaron el avance de la deforestación en Latinoamérica. El equipo periodístico empezó por solicitar información pública a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile sobre las extensiones y causas probables de pérdida boscosa entre 2001 y 2021. ¿Qué encontraron? Vacíos de información, datos incompletos y falta de transparencia en la mayoría de los casos.

 

También se logró identificar cómo cada país mide la deforestación con distintas metodologías, no todos establecen causas o amenazas específicas de pérdida de bosque, o lo que es más complejo, pueden incluir o excluir distintos ecosistemas al momento de la medición. Estos datos luego fueron comparados con las decisiones políticas que adoptaron los gobiernos en las últimas dos décadas para detectar la relación entre los picos de deforestación y el mandatario de turno. En Brasil, por ejemplo, el incremento sostenido de la deforestación coincide con el mandato de Jair Bolsonaro.

 

Lee aquí las dos entregas de esta investigación.

 

6. Navarino: una isla muy cerca a la Antártida afectada por los dramáticos cambios de la crisis climática

Para contar esta serie de historias sobre la crisis climática en Cabo de hornos, una periodista de Mongabay Latam tuvo que navegar a este apartado lugar durante 30 horas, donde la temperatura puede ser la de la Antártida, para registrar por primera vez los impactos que el cambio climático está generando en los bosques más australes del planeta. Los reportajes narran las transformaciones que están ocurriendo como la llegada de mosquitos que podrían transmitir enfermedades tropicales, el cambio en la vida de algunas especies por el aumento de la temperatura o los impactos de las especies invasoras.

 

También cómo el aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias ha provocado que humedales se sequen, que témpanos de hielo desaparezcan y poblaciones de diferentes animales disminuyan drásticamente. La serie muestra también el desconocido trabajo científico que se realiza en lugares lejanos y que es clave para sumar evidencias sobre la crisis climática y combatir el negacionismo. Este trabajo ganó el premio en la categoría de Crónica del concurso Excelencia Periodística 2023 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

 

Lee aquí la serie completa.

 

5. Deforestación, minería ilegal y narcotráfico acorralan a resguardos indígenas de la Amazonía de Colombia

Los resguardos indígenas de la Amazonía de Colombia llevan años siendo las víctimas silenciosas de una violencia que se agrava. Un equipo periodístico analizó geoespacialmente la situación de 230 de estos territorios y encontró que 218 perdieron más de 19 mil hectáreas de cobertura arbórea durante 2022, 88 registran la presencia de cultivos ilícitos de coca y 10 son afectados por la contaminación de la minería ilegal de oro que proviene de ocho ríos. A este panorama se suma que grupos armados ilegales acechan a las comunidades.

 

Periodistas de Mongabay Latam, Baudó Agencia Pública, Entreojos.co, La Liga contra el Silencio y La Silla Vacía viajaron a cinco de los resguardos donde la ilegalidad es crítica: Yurayaco, El Hacha, La Yuquera, Villa Catalina de Puerto Rosario y Curare Los Ingleses. Un dato clave: sólo este año, en los cinco resguardos visitados por los reporteros de esta alianza, se reportaron más de 36 mil alertas de deforestación.

 

Lee aquí las seis entregas de esta investigación.

 

4. Violencia en la Amazonía de Colombia: guardaparques desplazados y 14 áreas protegidas disputadas por grupos armados ilegales

Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron las amenazas que enfrentan los guardaparques y el avance de varios delitos ambientales en los parques y reservas de la Amazonía de Colombia. Para publicar esta serie, el equipo periodístico viajó a los parques nacionales La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu. Lo que encontraron fue un panorama grave: funcionarios ambientales amenazados por grupo armados ilegales que se disputan el dominio de las áreas naturales. Algunos han sido incluso declarados objetivo militar y otros han sido asesinados.

 

La investigación pudo establecer también que las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y áreas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas del país. Además, la presencia de grupos armados en estos parques y reservas ha traído violencia y provocado que los guardaparques sólo puedan visitar espacios muy específicos. En el Parque Nacional Sierra de la Macarena, por ejemplo, no pueden entrar a tres sectores por las amenazas recibidas, la presencia de grupos armados y de cultivos ilícitos. En Amacayacu, los funcionarios no pueden ingresar a la parte norte del área protegida por la presencia de grupos armados ilegales. Y en el Parque Nacional La Paya, los guardaparques indígenas solo pueden transitar por dos sectores muy específicos.

 

Lee los hallazgos de esta investigación aquí.

 

3. Colombia: hijo de capo del cartel de Cali envuelto en tráfico de aletas de tiburón a Hong Kong

¿Cuál es la relación entre el mayor decomiso de aletas de tiburón y Fernando Rodríguez Mondragón, el hijo del fallecido capo del cartel de Cali? Durante nueve meses un equipo periodístico de Mongabay Latam, OCCRP y Armando Info reconstruyó la ruta detrás del cargamento de más de 3000 aletas de tiburones amenazados de extinción que pretendían ser traficadas a Hong Kong. Mientras se realizaba este reportaje, la fiscalía de Colombia ordenó el arresto domiciliario de Fernández Mondragón.

 

La historia empieza en junio de 2021, seis meses después de que Colombia prohibiera la pesca y comercialización de tiburones. Ese mes, las autoridades interceptaron un cargamento con 3493 aletas de cinco especies de tiburones camufladas entre 117 kilos de vejigas natatorias o buches de pescado. ¿De dónde venían estas vejigas y las aletas?¿Quiénes estaban detrás?¿Cuál fue la ruta que siguió el cargamento hasta llegar al aeropuerto de Bogotá?

 

Lee esta investigación aquí.

 

2. A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México

Por primera vez, esta investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documenta cuántos defensores del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición desde diciembre de 2006. Las historias de Sergio Rivera, Eva Alarcón, Marcial Bautista y Celedonio Monroy, nombres que forman parte de la lamentable lista de defensores del ambiente y el territorio, son narradas en cada una de las entregas de este trabajo.

 

La base de datos construida reveló que al menos 93 personas defensoras han sido víctimas de desaparición en México desde 2006. Además que 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida. De los 93 casos, 83 son hombres y 10 son mujeres. Este trabajo periodístico documentó los casos registrados entre el 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó lo que el gobierno de Felipe Calderón llamó la “guerra contra el narcotráfico”, hasta el 1 de agosto de 2023.

 

Lee aquí las dos entregas de esta investigación.

 

1. Las deudas del petróleo: más de 6 mil desechos sin limpiar en cuatro países de Latinoamérica

Por segundo año consecutivo, Mongabay Latam, La Barra Espaciadora, Rutas del Conflicto, Cuestión Pública y el diario El Deber investigaron las malas prácticas de la industria petrolera en Bolivia, Colombia,EcuadoryPerú. Esta vez el foco de este trabajo estuvo en los pasivos ambientales que las operaciones dejan abandonados en los territorios. Lo que encontramos y construimos fue un mapa de la contaminación: más de 8 mil residuos petroleros acumulados en los cuatro países, más de 6 mil que aún han sido limpiados y 600 residuos petroleros que se superponen con 50 territorios indígenas y 15 áreas protegidas en la Amazonía.

 

Detectamos, además, que de los 8 mil residuos identificados, un total de 4284 pasivos ambientales son oficialmente reconocidos por los gobiernos, pero 3994 —que cumplen con la mismas características— son simplemente clasificados como “fuentes de contaminación” en Ecuador, “sitios impactados” en Perú, “impactos no resueltos” en Colombia y “pozos abandonados” en Bolivia. El equipo periodístico viajó a cinco puntos clave para narrar la historia detrás de los casos más emblemáticos.

 

Lee las ocho entregas de esta investigación aquí.

 

BONUS: Coltán, oro y pistas clandestinas: el botín con el que grupos armados desangran al Guainía

La minería ilegal se practica en el departamento de Guainía tanto en balsas dragas como en la extracción a cielo abierto. Crédito: Rodrigo Durán Bahamón.

Un equipo de Mongabay Latam y Vorágine viajó a los alrededores de la reserva Puinawai en el sur oriente de Colombia y lo que encontró es alarmante: tráfico de coltán, dragas ilegales, minería a cielo abierto para sacar oro, grupos armados y seis pistas aéreas clandestinas. Este cóctel de ilegalidad pone en riesgo a los bosques, ríos y comunidades de la zona.

Lee aquí la investigación completa.

Imagen principal: Tuberías expuestas en la base de Huayuri. Crédito: Patrick Wesember.

Fuente: https://rebelion.org/las-diez-historias-ambientales-que-marcaron-el-2023-en-latinoamerica/

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La lucha docente en Jujuy: entrevista a Mercedes Sosa, secretaria general de CEDEMS

Por: Anred

El jueves 13 de julio se llevó adelante una nueva jornada de paro por les docentes en el marco de las acciones que desarrolla la multisectorial y la citación del gobierno a una nueva reunión, luego de los descuentos recibidos, especialmente por las maestras. La secretaria general de CEDEMS, gremio docente de profesores de secundaria y de terciarios, acepta conversar y reflexionar con ContrahegemoniaWeb sobre este intenso mes y lo que se avizora. Por Andrea Arrigoni, para Contraghegemonía Web.

-Qué resoluciones han tomado en la última asamblea de CEDEMS que se desarrolló, más allá de haber logrado con la lucha un importante aumento en su rama, por la grave situación que se vive la provincia.

Bueno, la asamblea en el marco de pertenecer nuestros sindicato a la Intergremial y como hay una decisión de denunciar la persecución de parte del gobierno de la Provincia, por las situaciones de hostigamiento, situaciones represivas, amenazas permanentes de aplicación del Código Contravencional, decidió este paro.

Luego la Asamblea rondó en reivindicaciones de condiciones laborales, que tienen que ver con la precarización, con la asignación de aumentos de horas cátedras, para quienes venían siendo postergados durante mucho tiempo en el sistema educativo; los auxiliares docentes por ejemplo. También seguir peleando por un salario de acuerdo a los índices inflacionarios, seguir dando la pelea por las horas cátedras que estén acordes a los valores de la canasta familiar y no cobrar menos de esa asignación.

Otro tema importante es el resguardo del Estatuto del Docente, que bajo ningún punto de vista se lo modifique en función de una posible ley que se quiera adaptar a los lineamientos de la nueva reforma constitucional, que la damos por inválida. Porque hay procedimientos, que vamos a demostrar también en la presentación, que fueron violatorios por cómo se llevó adelante esta reforma constitucional.

-En particular, respecto a la rama de educación secundaria, ¿ha habido avances en cuanto a las reformas que se vienen imponiendo en esta rama?

Sí, hubo algunos cambios, la Ley de la grilla, la Ley de las Juntas de Calificación, que lamentablemente han restringido la participación de los docentes a través de la elección de los vocales. Ahí ya hubo una modificación que es previo a la reforma constitucional. Nosotros hemos peleado mucho en aquel momento por la grilla docente que nos condena a una capacitación permanente, sin límite de puntaje, y a la comercialización de la capacitación. Los docentes acá tienen licencia para hacer la capacitación, lo que pasa es que hasta ahora nos descontaban el presentismo si la llegábamos a hacer, pero ahora con la última negociación paritaria no se va a aplicar, ese fue un logro de la paritaria última.

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-¿Se efectivizó el aumento?

Sí, hubo un aumento de la hora cátedra. Estaba en 2.000 y pico y ahora está en 4.000 y más de un 50% también del sueldo básico que estaba en 32.000 y ahora se fue a 62.000, hubo logros de esta última lucha y bueno seguimos en camino para otras reivindicaciones que habían quedado postergadas, sobre todas las que tienen que ver con la precarización laboral.

-¿En particular sobre el tema de la precarización laboral, entiendo que el hecho de que haya un incentivo vinculado al presentismo es una parte de la precarización, de qué otra manera se manifiesta?

Sí, hay designaciones en esta oportunidad que son a término, se denomina CL que no están, no figuran, en el Estatuto del Docente y ése es un reclamo que se va a llevar a la paritaria para que las designaciones no tengan esas características.

-Ustedes han sido notificados de parte de los gremios nacionales sobre un nuevo convenio con lxs trabajadores de educación, como viene anunciando la CTERA en consonancia con el gobierno nacional.

Nuestra central es la CEA y nuestra comisión directiva es reciente. Nosotros no estamos en la CTERA, de a poco vamos anoticiándonos de los convenios que van haciendo y por supuesto que queremos tener participación más plena en las decisiones que se tomen a nivel nacional.

-Respecto a la reforma a la Constitución que se votó en la provincia, en qué sentido esto perjudica y qué acciones hay en común con otros actores, si la Multisectorial es una de ellas o qué espacios hay de articulación para seguir cuestionando esa reforma y derribarla.

La reforma, de principio, en la manera en la que fue convocada, tiene errores de vicio en su iniciativa de cambio, que bueno no puedo adelantar mucho, porque son estrategias que va a tomar el sindicato para discutirla, las estrategias legales. Por otro lado, en el contenido está lamentablemente establecido y sospechamos que va a utilizarse como una forma de legitimar, en cuanto a la protesta social, la contravencional. Una herramienta que viene utilizando el gobierno para multar, para perseguir.

-¿Son las contravenciones que fueron publicadas por el gobierno en estos días?

Sí, fueron públicas. El gobierno las anunció y lamentablemente hizo públicos listados de personas y la multa que se les asigna por su participación en las movilizaciones. Hay un relato de parte del gobierno acerca de que esto fue pergeñado por la oposición o que, en esta contienda electoral, por partidos que se oponen a la fórmula que está presentando Morales junto con Larreta. Ahí lo que vemos es la peligrosidad no solo de la aplicación de ese código contravencional sino que además esto está legitimado en este momento por la Constitución, el ataque al derecho a la protesta.

Y por sobre todas las cosas también está en cuestionamiento el uso de los recursos naturales, de la territorialidad, de los bienes públicos y cómo el Estado inmediatamente que presente un proyecto que exprese que va en función de los “intereses” de una matriz productiva determinada, entonces hay posibilidad y hay riesgo de que se vayan expropiando esas territorialidades como ya de hecho se vienen haciendo. O sea, la Constitución lo que nosotros notamos es que viene a dar la legitimidad a una política previa de saqueo y de usurpación, que no va en beneficio de las comunidades o de quienes habitan en ese lugar o que son productores, estoy hablando de la finca El Pongo por ejemplo, o de las comunidades originarias que también sienten la peligrosidad de una explotación del litio que pueda poner en discusión su permanencia, así como su posibilidad de poner en debate qué es lo que se quiere para sus entornos.

También desde el punto de vista docente hemos notado algunos cambios entre lo que era la Constitución del año 86 y la Constitución actual, donde el artículo 67 tiene algunos términos que no están tal como estaban y que pueden ser una puerta abierta a que se modifique de alguna manera el Estatuto del Docente.

¿Por los actos represivos, de hostigamiento, y que en estos días han vuelto a recrudecer, han tenido algún apoyo para poder hacer las denuncias?

Sí, han venido muchísimo organismos de Derechos Humanos a la provincia y ahí se han realizado las denuncias pertinentes.

¿Cómo ves la proyección de esta situación?

Ahora somos parte de la multisectorial, que es un movimiento que articula distintos sectores. Esto empezó como una lucha docente, pero se fueron agregando en el camino de esta lucha muchísimos espacios, organismos y organizaciones, que venían con muchos reclamos que eran postergados y además que eran perseguidos, no? Entonces se articula en esta multisectorial todas esas demandas y además lo que unifica a todos desde las organizaciones sociales, los campesinos, los pueblos originarios, los gremios es el No a la reforma y ahí estamos articulando acciones.

¿Cuándo pensamos por qué ahora se produjo lo que ya se denomina el jujeñazo, porque en definitiva el paro empezó antes de la reforma y ya venía habiendo esta situación, que es en tu opinión lo que hizo que surgiera con esta fuerza la respuesta popular?

Es multicausante, la verdad que es multicausal, en algún momento esto se iba a dar y creo que la lucha docente con su contundencia, su organización y su participación masiva fue la que motivó y en el camino se fueron sumando reclamos, como decía, que venían siendo postergados. Esa conjunción y por supuesto la lucha docente que sucedió en Salta también y que ya era insostenible la precarización en los salarios, lo magro de los aumentos, una mecánica donde se sentía, se vivía, se experimentaba el maltrato de parte del gobierno, toda esa conjunción de elementos. Bueno, todo eso fue lo que hizo que se genere este gran movimiento hoy contra la reforma, que también es el cuestionamiento de un proyecto económico que pretende darle un matiz jurídico a una política de saqueo, de precarización y de empobrecimiento.

Hay una situación que vemos que se reproduce en distintas geografías con sus particularidades entre las luchas docentes, las luchas contra el saqueo y la criminalización de la protesta, lo vemos en Misiones con el extractivismo forestal que afecta a las comunidades, también en Chubut, en Tierra del Fuego o Mendoza o Santa Cruz, por solo nombrar algunas de las manifestaciones, los mecanismos represivos y las mismas formas económicas. Hay quizás un debate ahí que nos deberíamos dar sobre cómo romper estas fragmentaciones y tomarlo de conjunto.

Sí, hay una fragmentación, en este momento, nosotros mismos en este momento estamos tratando de articular nuestras propias luchas, venimos de una desarticulación muy grande, es un fenómeno en el que estamos pensándonos nosotros también. En este tránsito, seguramente esto va a hacer que nos podamos unificar en otros reclamos a nivel nacional, pero en este momento es como que estamos muy concentrados en esta pelea en contra de la reforma y ahí hay una necesidad muy grande de que esta lucha se traduzca también en hechos concretos, ¿no? Acerca de qué va a pasar con este marco jurídico que tiene la pretensión de acallar, de perseguir y de ponernos al margen de las decisiones del futuro de nuestra provincia.

Fuente de la información e imagen:  https://www.anred.org

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Libro(PDF): Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Este libro es el resultado de la convocatoria lanzada por CLACSO en febrero de 2020 para el desarrollo de proyectos de investigación sobre «Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe». Los ensayos presentados reúnen a más de veinte investigadoras e investigadores de ocho países latinoamericanos, que abordaron las temáticas propuestas desde diferentes perspectivas, considerando los vínculos entre el concepto de «buen vivir» y los fenómenos ambientales y económicos que están ocurriendo en todo el mundo, como el innegable cambio climático, y en particular en los países latinoamericanos, como el modelo extractivista de explotación de la naturaleza.

Autoras(es): Tatiana Cuenca Castelblanco. Letícia Larín. Juan Manuel Delgado Estrada. Luz Carina Durán Solarte. Cindy Vanessa Quintero Ramírez. Manuel Alejandro Henao Restrepo. Sara Latorre. Andrea Bravo. Marisabel García Acelas. Robert Adrián Quintero Leguizamón. Marisela Pilquimán Vera. Stepfanie Ramírez. Clarena Rodríguez Jaramillo. Melisa Argento. Ariel Slipak. Florencia Puente. Sarah Patricia Cerna Villagra. Agustín Carrizosa. María Irene Rodríguez. Stefannia Parrado Morales. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO.

Año de publicación: 2022

País (es): Argentina.

ISBN: 978-987-813-158-0

Idioma: Español

Descarga: Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2473&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1609

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Luis Eduardo López: ¿Emergencia lingüística en América Latina y el Caribe?

La expoliación territorial, las políticas económicas, el extractivismo, los agronegocios, la expulsión de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales y los desplazamientos forzados de índole militar o económica son solo algunos de los factores que inciden en la situación.

Nuestra región es una zona de desastres naturales y actualmente está ante el embate del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los efectos de la pandemia. También afronta ahora un desafío adicional: el silenciamiento de los idiomas indígenas, hecho que, como la pérdida de la pérdida de la diversidad biológica, debe causar la furia de la Pachamama.

Las últimas dos décadas evidencian una tendencia de progresiva erosión y pérdida de la riqueza idiomática, que con la diversidad biológica, marcan la singularidad de América Latina y el Caribe. Entre el 40 y el 60% de sus cerca de 560 lenguas estarían en riesgo de silenciamiento y todas están en condición vulnerable, unas más otras menos.

Las causas son múltiples y, sobre todo, de orden político y económico. Varias de ellas están relacionadas entre sí y todas nos remiten a la precariedad de la vida y a la merma de la dignidad humana de nuestras Primeras Naciones; cabe recordar que esta región nació indígena. La expoliación territorial, las políticas económicas, el extractivismo, los agronegocios, la expulsión de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales y los desplazamientos forzados de índole militar o económica son solo algunos de los factores que inciden en la situación. A ello se añaden, de un lado, la creciente interrupción de la natural transmisión intergeneracional de las lenguas, y, de otro, la despreocupación de los Estados que siguen hablando solo en castellano, pese a que en un número importante de países, los idiomas originarios ostentan el carácter de oficial, como en Bolivia y México; co-oficial, como en Colombia y el Perú; o nacional, como en Guatemala.

Tan grave es la situación que, por ejemplo, en los últimos censos de Guatemala (2018) y Perú (2017), el número de personas que aprende a hablar en un idioma originario es menor que hace una o dos décadas. El Estado Plurinacional de Bolivia tampoco escapa a esta situación: allí el quechua y el aymara, sus dos lenguas mayoritarias, retroceden significativamente en su condición de primera lengua. Solo en el departamento de Potosí un 54,4% de personas manifestó el 2012 haber aprendido a hablar en quechua; en los otros dos de antigua predominancia quechua -Chuquisaca y Cochabamba, 55,2% y 55,9%, respectivamente tienen ahora al castellano como su lengua materna.

Ante estas constataciones, la Comunidad Iberoamericana en su XXVII cumbre de jefes de estado y de gobierno, de abril 2020 en Andorra, aprobó la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI). Esta institución verá la luz el 10 de febrero de 2021, en un acto especial a realizarse en la Cancillería Boliviana, con la participación de los 10 países que a lo largo de dos años se comprometieron en el diseño de esta iniciativa: Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. De ellos, Bolivia, Colombia y México conformaran su Comité Intergubernamental.

El IIALI se constituirá en un mecanismo de cooperación Sur-Sur que apoye tanto a las comunidades lingüísticas como a los Estados en la recuperación, fortalecimiento y revitalización de las lenguas originarias. Con esta acción, Iberoamérica abre y se suma de forma activa al inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

*Sociolingüista y educador peruano especializado en educación intercultural bilingüe (EIB). Asesoró al gobierno de Bolivia para que lleve a cabo su reforma educativa. Divulgado por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://rebelion.org/emergencia-linguistica-en-america-latina-y-el-caribe/

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Pueblos indígenas exigen detener el extractivismo en la Amazonia

Organizaciones indígenas de Ecuador entregaron a la Corte Constitucional más de 365.500 firmas de respaldo recogidas en todo el mundo, para que se les garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre los planes de actividades extractivas –sobre todo en minería y petróleo- en sus territorios en la Amazonía.

Representantes de las nacionalidades Cofán y Waorani, entre otras, llegaron a la Corte para mostrar el respaldo internacional a su reclamo de consulta sobre las concesiones mineras y petroleras que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso pretenda celebrar en la Amazonía.

Lasso, emitió en julio pasado un decreto para intentar duplicar la producción petrolera del país, acción calificada de «inconstitucional» por organizaciones sociales, que le acusan de hacerlo sin mediar la obligatoria consulta a las comunidades que podían ser afectadas. Se espera que la Corte Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre la demanda, apoyada por organizaciones sociales ecuatorianas e internacionales.

«No queremos explotar nuestro bosque, ni mineros, ni maquinaria pesada. Queremos que sea como antes, que el río y bosque estén sin contaminación», declaró Víctor Quenamá, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que acompañó a las bases amazónicas, dijo que esta acción forma parte de una lucha contra el cambio climático que se produce por los excesos «del sistema de explotación capitalista». Isa exigió detener esta «forma de desarrollo criminal» que atenta sobre la forma de vida de los pueblos indígenas de la selva amazónica.

Iniciativas como «Quienes Deben Decidir», «Wao Resistencia» y «Stand With Sinangoe» recogieron cientos de miles de firmas de apoyo que fueron entregadas a la Corte Constitucional junto a una carta en la que se pide escuchar a los pueblos indígenas y que se «garantice» su derecho a decidir sobre sus territorios.

«Nos sentimos respaldados de todo el mundo por nuestra lucha y resistencia», aseguró Silvana Nihua, presidenta de una organización Waorani, y dijo confiar en que la Corte Constitucional dará el paso «histórico» en beneficio de las comunidades que habitan en la región amazónica y en el país entero.

“El mundo tiene sus ojos sobre Ecuador debido a los históricos casos de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza, que vencieron al poder empresarial y al Estado ecuatoriano que entregó concesiones mineras y petroleras en sus territorios ancestrales, sin la debida consulta”, expresa la petición.

Por su parte, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), Marlon Vargas se refirió al precedente que sentó la comunidad del A’i Kofán y subrayó que la corte tiene “la oportunidad histórica” de emitir un fallo favorable que garantice el derecho de las comunidades autóctonas a la consulta y “el consentimiento previo, libre e informado”.

Como parte de esta iniciativa, las comunidades que habitan junto a los ríos Coca y Napo presentaron un centenar de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de Judicatura de Puerto Francisco de Orellana, en el corazón de la región amazónica del país, ante el avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, catalogada como un peligro inminente a los derechos de estas comunidades a vivir en un ambiente sano, a la salud, la alimentación, el acceso a la información y la justicia.

A inicios de abril pasado se produjo en esta región la rotura de los principales oleoductos ecuatorianos: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Poliducto Shushufindi–Quito. La avería y posterior derrame de miles de barriles de crudo al suelo y cauces de los ríos afectó a más de 100 comunidades kitchwa con una población de al menos 27.000 personas.

Las comunidades denunciaron que detrás de la rotura estaba la negligencia de las empresas y otras entidades públicas, que no adoptaron medidas preventivas pese a que alertaron sobre las consecuencias de la erosión regresiva, unido a la inestabilidad geológica, la actividad sísmica y volcánica de la región.

Para evitar futuras averías y derrames, las comunidades demandan la inmediata suspensión del bombeo, el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, la reparación ante posibles inundaciones y otros daños, y la provisión de agua y proteína animal de manera estable hasta que los cauces del Coca y el Napo recuperen su normalidad.

El Ejecutivo ecuatoriano ha afirmado que las políticas aprobadas por el Gobierno de Lasso, que buscan intensificar la producción petrolera y minera en el país, tienen como objetivo impulsar la economía y reducir la pobreza que afecta, entre otros grupos sociales, a los indígenas.

Pero las organizaciones indígenas aseguran que su experiencia, a lo largo de décadas de extracción petrolera en el Amazonía, pone de manifiesto que los beneficios de dichas actividades extractivistas no llegan a las comunidades y que, además, entrañan el alto riesgo de desastres irreparables para la naturaleza y la vida de los pueblos originarios.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos respaldan la campaña “Detén la Extracción en la Amazonía”.

Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://estrategia.la/2022/01/20/pueblos-indigenas-de-ecuador-exigen-detener-el-extractivismo-en-la-amazonia/

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La ONU declaró que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano

Frente a las consecuencias innegables del cambio climático, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a tomar medidas «rápidas y reales» para el cuidado del ambiente y el pleno ejercicio de los derechos. La OMS también emitió un comunicado crítico en el que pide soluciones urgentes en la próxima COP 26.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Lo hizo a través de una resolución impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, que obtuvo 43 votos de apoyo y ningún voto en contra. Sin embargo, Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar. El Consejo instó a tratar el tema en la Asamblea General y estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud y Amnistía Internacional también emitieron declaraciones que ratifican la perspectiva de derechos humanos ligados íntimamente al respeto a la naturaleza.

El organismo internacional observó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados. En los hechos, la degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros. Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. En ese documento, la ONU ya afirmaba que «hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente«.

Proteger el medio ambiente, la naturaleza y a las personas que luchan contra el extractivismo

La reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alienta a los Estados a que creen capacidades para las actividades de protección del medio ambiente, a fin de cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Se pide, asimismo, que mejoren la cooperación con otros Estados, el resto del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las empresas para la implementación del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

También se les insta a adoptar políticas para el disfrute del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas. El documento pone en el contexto de la garantía de los derechos humanos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en consideración su carácter integrado y multisectorial. Además, invita a la Asamblea General a «examinar» el tema. El derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales.

ONU declara como derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible
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El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. Este hito significa también protección para quienes luchan contra los extractivismos y la contaminación. Según datos brindados por la propia ONU, solo en 2020 fueron asesinados más de 200 activistas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable. En ese sentido, manifestó su intención de que la medida “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.

A su vez, destacó que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas. Asimismo, continuó, la medida resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda. Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.

La lucha de la sociedad civil por el reconocimiento del cuidado del ambiente como derecho humano

En la previa de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional junto a más de 1100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas emitió una declaración pública en la que instaba al organismos de la ONU a reconocer un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. «Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humanas dependen de un medioambiente saludable», señalaba el documento conjunto, que también exigió a los Estados miembros que mandaten un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

“Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El documento encabezado por Amnistía Internacional denunció que «la falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia». En ese sentido, consideraron que una declaración internacional «animaría a los Estados que aún no reconocen este derecho en sus leyes nacionales a reconocerlo, y motivaría a otros a reforzar su legislación».

ONU declara como derecho humano el vivir en un ambiente sano
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La OMS se pronunció sobre «decisiones insostenibles» contra el planeta y la salud

En el Informe especial sobre cambio climático y salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y publicado ayer en el marco de los preparativos de la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, expone el llamado de la comunidad mundial de la salud en favor de la acción climática. De esta manera, el cumplimiento de esos objetivos se vincula expresamente con la garantía derecho humano a la salud, razón más que suficiente para sostener la perspectiva de derechos humanos en las políticas ambientales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que «las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están matando a las personas». Por este motivo, el organismo sanitario realizó un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C.

El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta abierta, firmada por más de dos tercios del personal de la salud mundial —300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo—, en la que se pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países en la COP26 que intensifiquen la acción climática.

En el documento afirma: «La quema de combustibles fósiles nos está matando. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, los más vulnerables y desfavorecidos los sufren de forma desproporcionada». Además, sostiene que la contaminación del aire, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.

Fuente: https://rebelion.org/la-onu-declaro-que-un-ambiente-limpio-saludable-y-sostenible-es-un-derecho-humano/

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