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Entrevista a Stephen Heppell: “El alumno debe liderar el cambio”

Mayo 2016/Fuente: Educaciontrespuntocero /Autora: Ana Ayala

A Stephen Heppell, presidente de New Media Environments, Universidad de Bournemouth (Reino Unido), se le conoce como el hombre que puso la ‘C’ de Comunicación a las Tecnologías de la Información. Este experto mundial en innovación educativa opina sobre el papel de familias, niños y profesores, y sobre cómo mejorar el aprendizaje.

Algunas de las frases que se han publicado para definir a Stephen Heppell son: “El mayor experto en educación on line de Europa” (Microsoft 2006). “El académico más influyente en los últimos años en el campo de la tecnología y la educación” (Departamento de Educación y Habilidades de Reino Unido). “Es un buen samaritano digital que ayuda a que la gente corriente se adentre en la era Internet, con su aspecto de Santa Claus, con esa mirada de ojos azules centelleantes y su poblada barba” (The Wall Street Journal).

A lo largo de todos los años de su trayectoria profesional, su objetivo ha sido mejorar el proceso de aprendizaje y, para ello, considera imprescindible que “los niños estén más involucrados en mejorar su forma de aprender”.

El 65% del alumnado de Primaria de hoy desempeñará puestos de trabajo que todavía no se han ‘inventado’, ¿cómo debería ser su educación?

El ingrediente secreto es el compromiso. Por encima de todo, nuestros estudiantes necesitan amar el hecho de aprender, ser curiosos e ingeniosos y nada de esto ocurre si no están comprometidos. De hecho, no sólo cambiarán los trabajos en el futuro, sino que cada día nos enfrentamos a lo inesperado y necesitamos estar preparados. Esto también significa que la educación debe contar con sorpresas, con desafíos, con nuevas tareas. Así que un calendario escolar que establece qué va a pasar cada minuto de cada día durante un año no proporciona ninguno de estos aspectos.

Nuestros estudiantes necesitan amar el hecho de aprender, ser curiosos e ingeniosos y nada de esto ocurre si no están comprometidos

Entonces, ¿cómo debe evolucionar el sistema educativo en los próximos años?

Los niños deben estar más involucrados en mejorar su forma de aprender. No se trata de que hagan lo que quieran sino de animarles a investigar buenas ideas de otras personas y que piensen cuáles podrían funcionar en su escuela. Cuando conseguimos que sean profesionales reflexivos ya vemos avances metacognitivos y en el aprendizaje. Esto es más que un paso hacia la co-construcción (construir un entorno de aprendizaje mejor con ellos), significa permitirles que sean líderes en la innovación. Comenzar con este proceso es duro, pero la mejora es inmediata.

De igual modo, hay que tener en cuenta que gran parte de lo que hacemos es simplemente por costumbre o por conveniencia. Es necesario contar con nuevos enfoques que ya han demostrado ser efectivos, como superclases con múltiples profesores, con una ‘inmersión’ en bloques de aprendizaje…

No se trata de que los alumnos hagan lo que quieran sino de animarles a investigar buenas ideas de otras personas y que piensen cuáles podrían funcionar en su escuela

España tiene un elevado índice de fracaso escolar ¿qué debería cambiarse?

Sería un buen momento para desarrollar una campaña nacional que mejore el aprendizaje, pasando de los hábitos a las evidencias y que cada escuela se convierta en un centro de investigación. La diferencia puede ser enorme en 18 meses.

Pero ¿cómo llevar a cabo el cambio con los recortes que ha sufrido?

El modelo de hacer la educación para los niños o incluso hacerla con ellos es muy caro.Pero cuando el cambio está liderado por el alumno, éste se siente orgulloso de mejorar su aprendizaje y puede trabajar con presupuestos ajustados, puede hacer más con menos. Con frecuencia, mejorar el aprendizaje es más económico a largo plazo y, además, no requiere de grandes recursos, lo que necesita sobre todo es un cambio de actitud. De hecho, cuestionar la práctica anterior y buscar nuevas ideas eficaces no precisa de dinero.

¿Qué habilidades deben desarrollar los docentes?

Deben continuar siendo profesionales del aprendizaje y al igual que los estudiantes deben estar en un estado de práctica reflexiva. Quizá en la actualidad también se considera esencial el análisis de datos, no prestamos suficiente atención a la información compleja que tenemos o deberíamos tener sobre el proceso de aprendizaje: ¿Cuánto tiempo están los estudiantes en clase?, ¿cuánto tiempo se desperdicia en una jornada partida?, ¿están disfrutando con su aprendizaje?, ¿qué comida es mejor antes de un examen?, ¿qué profesor es mejor en qué temas?… Tenemos que ser analíticos con el arte de la enseñanza.

Los docentes deben continuar siendo profesionales del aprendizaje y al igual que los estudiantes deben estar en un estado de práctica reflexiva

Y ¿qué papel debe jugar la familia en la educación?

El entorno doméstico es muy, muy importante. Los estudiantes tienen numerosos contextos familiares diferentes y pasan mucho más tiempo en casa que en la escuela. La mayoría de los padres (y los abuelos) quiere lo mejor para ‘sus’ niños, pero no les hemos ayudado lo suficiente en este aspecto, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de leer a un niño? o ¿qué pueden hacer para que se diviertan con los números desde pequeños? Al igual que los niños son fundamentales para ‘moverse hacia delante’, también es esencial el papel de la familia y de la comunidad en general. Las personas deben querer que los niños tengan un futuro mejor y si involucramos más a nuestras familias y sus entornos, el aprendizaje será mejor y también más económico.

 

Fuente de la entrevista: http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/stephen-heppel-alumno-liderar-cambio/35871.html

Fuente de la imagen: http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2016/05/Heppell4-500×226.jpg

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El II Plan de Atención Integral a la Infancia en Andalucía reforzará el acogimiento familiar

 La información/SEVILLA|

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado este martes de que su departamento trabaja en la elaboración del II Plan de Atención Integral a la Infancia, que será aprobado por el Consejo de Gobierno en los próximos meses y en el que se reforzará el programa de acogimiento familiar por ser «es el único instrumento que produce equilibrio emocional a menores en un tramo de edad en el que se definen para toda su vida».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha presentado el informe de evaluación del I Plan de Atención Integral a la Infancia, Sánchez Rubio ha explicado que actualmente hay unas 4.000 familias de acogida en Andalucía y que reforzar el programa se debe hacer extensivo a toda Andalucía, por la importancia de que sea «en el entorno de una familia, no en un centro» donde crezcan los pequeños, sobre todo de cero a seis años.

Ha subrayado que la infancia es una prioridad en la agenda política de la Junta y ha explicado que el segundo plan pondrá el acento en la promoción de valores, la participación, la inclusión de la perspectiva infantil en las políticas públicas, el fomento de escuelas de madres y padres, la captación de familias acogedoras y la mejora del acceso a los procedimientos de mediación.

Asimismo, la titular del ramo también ha señalado que se dará prioridad a la reducción de la desigualdad a través de la atención preferente a las situaciones de vulnerabilidad social, y que el objetivo es conseguir «una nueva cultura de la infancia donde sean los protagonistas los niños», así como potenciar y redirigir las políticas hacia los niños más vulnerables.

Tras explicar que aún no pueden ofrecer el coste que supondrá su entrada en vigor, Sánchez Rubio ha mencionado alguna de las medidas que se pondrán en marcha como un programa de mediación intercultural, se trabajará por el desarrollo de la ley de mediación familiar, la mejora de instrumentos técnicos de evaluación o el refuerzo y coordinación con jueces y fiscales.

I PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA

Sobre el I Plan de Atención Integral a la Infancia ha explicado que en los últimos 15 años ha beneficiado a más de 1,6 millones de menores de 18 años, y que ha permitido poner en marcha 254 iniciativas con la participación de 807 organismos y entidades, entre ellas 771 corporaciones locales, y 65 colectivos sociales, con una inversión de unos 500 millones de euros.

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Su objetivo se ha centrado en garantizar a los menores andaluces los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y los acuerdos internacionales ratificados por España.

La consejera ha subrayado iniciativas como la creación del Observatorio de la Infancia de Andalucía como órgano de investigación y formación; la constitución del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores como instancia de participación y consulta, y la convocatoria anual de los Premios Andaluna.

Sánchez Rubio ha recordado también el trabajo orientado a la prevención y detección de situaciones de dificultad, conflicto y riesgo social, así como a la atención e intervención con familias en situación de crisis y conflicto. Entre otras iniciativas, la Junta ha DESArrollado el plan de apoyo a las familias andaluzas y los programas de ayudas económicas familiares; tratamiento a familias con menores, y atención a menores víctimas de violencia sexual.

En el área sanitaria se han reforzado los servicios de atención a menores y se han desarrollado campañas de promoción de la salud, además de garantizar la formación escolar en casos de hospitalización prolongada a través de las aulas hospitalarias y el acompañamiento de las familias. La intervención educativa y cultural, por su parte, se ha centrado en la prevención de los procesos de exclusión social a través programas como el de fomento de la escolarización en Educación Infantil en zonas desfavorecidas.

Finalmente, el plan ha garantizado a los menores sin familia o en situación de desamparo una atención integral a través de planes personalizados en los ámbitos de la adopción y el acogimiento familiar y residencial. A ello se suma el Programa +18, mediante el que los jóvenes tutelados por la Junta acceden a recursos y apoyos durante los primeros años de la mayoría de edad legal, como ha explicado la consejera del ramo.

Tan importante iniciativa debe replicarse en todo el mundo, la preocupación y diseño de planes para la infancia es una labor que requiere sensibilidad humana, compromiso y constancia, en este sentido la sociedad, creo es posible avanzar con sólidos pasos, abonando el terreno en condiciones de igualdad, justicia y paz.

Fuente de la noticia: http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/II-Atencion-Integral-Infancia-Andalucia_0_905010764.html

Imagen 1: https://lh5.googleusercontent.com/-GMAyisDDU1U/TXX2aI5fqqI/AAAAAAAAABI/Xjia6Xcdo3I/s1600/03+Infantil.jpg

Imagen 2: http://crecermadrid.com/wp-content/uploads/2014/04/atencion_temprana-662×504.jpg

Socializado por:

Dulmar Pérez. Candidata al Doctorado Pedagogía, Magister en Docencia Universitaria, Especialista en Docencia para la Educación Inicial. Ha publicado artículos internacionales y nacionales PEII-A Investigadora adscrita al CIM. Coordinadora CNIE en Barinas.

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The Family in a New Social Contract: The Case of Russia, Kazakhstan and Mongolia

 

This paper examines the evolution of the family in both conceptual and empirical terms, as well as family support policies, in Russia, Kazakhstan and Mongolia after the dissolution of the Soviet Union. It argues that family support is a central element of a transition to a new social contract in these countries. It uses the systematic analysis of parental leave policies, childcare services, and family allowances and child benefits to understand the nature of the emerging welfare model in the three cases more deeply.
While within social and family policy debate, considerable attention has been paid to advanced welfare states and increasingly to countries in the Global South, the new independent states of the former Soviet Union have remained relatively neglected. This study thus aims to fill a gap in this research and policy area. The paper is further framed within a broader consideration of trends in development of families and family support policies globally and over time.

Being part of the same Soviet social welfare system, Russia, Kazakhstan and Mongolia transitioned from socialism simultaneously, having similar economic trajectories and demographic concerns at the outset. The study proposes a three-stage periodization of family support policies in these countries: (i) family destabilization in 1991–1999 that saw the collapse of the old social contract accompanied with drastic changes in economy and society; (ii) family revival in 2000–2007 that marked the resurgence of family support enabled by economic growth, putting families at the core of the new social contract; and (iii) family strain in 2008–2016 where the fiscal basis for family support policies has been undermined by economic crises, intensifying the vulnerability of families to poverty.

In response to the challenges that Russia, Kazakhstan and Mongolia have faced during transition, the respective governments adopted a pronatalist approach to family support policies, with some variation in measures within this approach and outcomes for families. The analysis of data on social spending, specific family support policies, as well as the priorities and concerns of the three governments, reveals a dissonance between the state rhetoric of the importance of the family as a social institution and the reality of its policy interventions. Despite some significant state efforts to support families, which contributed to the increase in fertility and reduction in poverty in these countries, there has not been sufficient emphasis on the quality of care services for children and the elderly, work-family reconciliation and gender equality.

The analysis further points to a shift in the relationship between the state, society and family within the new social contract, which entails more family autonomy and involves the partnership between the state, family and other actors including the private sector and non-governmental organizations. The underlying principle of self-responsibilization that serves as the basis of this relationship reflects a trend towards refamilialization in these contexts. The study indicates that these countries represent a hybrid welfare model, with a dominant liberal part and some distinct elements of the conservative model and to a much lesser extent of the social-democratic model.

The study also finds a growing tension in the institution of the family in Russia, Kazakhstan and Mongolia (as well as more globally), which has a negative impact on the structure, composition and well-being of families. To improve this, the paper suggests that family support policies in these countries could focus on ameliorating the access and quality of social services for children and the elderly, creating family-friendly employment opportunities with equal amount of paid maternity and paternity leaves, eradicating poverty through increasing incomes and social payments, and enhancing gender equality through reducing unpaid care work and promoting shared responsibility within the family. This all can help generate better future returns in terms of economic growth, human capital development and social cohesion.

Esuna Dugarova is a Research Consultant at the United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

Link: The Family in a New Social Contract: The Case of Russia, Kazakhstan and Mongolia

 

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Bolivia: La tenaza política y ecológica del cambio climático oprime a los pueblos indígenas

 

La problemática del cambio climático impone enormes problemas y riesgos para los pueblos indígenas sudamericanos. Esto ocurre a distintos niveles, desde los impactos locales por imponer extractivimos que generan los gases invernadero, a padecer los efectos en el cambio del clima, como pueden ser episodios de inundaciones o sequías.

A su vez, las condiciones políticas cada vez más duras, con el regreso de la represión en algunos países o la intromisión gubernamental para dividir a las organizaciones indígenas. Son los dos brazos de una enorme tenaza, ecológica y política, que presiona sobre los pueblos indígenas.

El brazo ecológico: impactos ambientales vinculados al cambio climático

Las comunidades indígenas sufren una variedad de impactos ambientales directamente vinculados con el cambio climático. Desde el lado de las causas se deben atender dos procesos. Uno es la deforestación y los cambios en el uso de los suelos, como ocurre con el avance la agricultura o ganadería. Muchas veces esto pasa desapercibido, pero en países como Perú, Bolivia o Ecuador, es la principal fuente de gases que alimentan el cambio climático. A su vez, ese deterioro ambiental afecta los territorios y calidad de vida indígenas; se destruyen los ambientes originales que sustentan a muchas comunidades o se pierden las prácticas agrícolas propias.

Otro factor es la extracción de hidrocarburos, que si bien serán quemados casi siempre en otros países, desde donde contribuirán al cambio climático, tienen graves efectos locales. Esos pozos de petróleo o gas desencadenan impactos locales, como desplazamientos de indígenas o contaminación del agua o suelos de sus comunidades.

Pero también existen impactos sobre los indígenas como consecuencia del cambio climático. En efecto, están en marcha alteraciones climáticas, con alteraciones en los ciclos de lluvias o la duración de los períodos secos, en los vaivenes entre olas de frío y calor, e incluso en desencadenar catástrofes naturales (como pueden ser las inundaciones). Muchos de estos problemas afectan directamente a las comunidades indígenas, a veces de manera insidiosa como puede ser la pérdida de animales o cosechas por sequía, y en otras ocasiones de forma repentina y violenta, como sucede con las inundaciones. Las comunidades indígenas tienen menos recursos paras enfrentar esta variabilidad climática o las catástrofes, y cuando ellas ocurren tardan mucho tiempo en recuperarse.

Este tipo de impactos ocurren en todo el continente y nadie escapa a ellos. Algunos territorios indígenas están doblemente afectados, tanto por los impactos locales que alimentan a los gases invernadero, como es la llegada de petrolera, como por los efectos de esta variabilidad climática. Ello es evidente, por ejemplo, en zonas de explotación de hidrocarburos en Bolivia, donde las comunidades indígenas tienen que lidiar simultáneamente con la contaminación petrolera y eventos de sequías o inundaciones.

El brazo político: restricciones, hostigamientos y criminalizaciones

Para enfrentar esa compleja situación ecológica, los pueblos indígenas necesitan de ciertas condiciones políticas. Ellas deben ir desde proteger sus derechos, implementar mecanismos efectos de información y consulta, y respetar su autonomía y organizaciones propias. Como ellos están entre los más afectados, necesitan de ese tipo de condiciones para poder hacer oír sus voces, proteger sus territorios y participar bajo condiciones de igualdad en los debates políticos nacionales e internacionales.

Sin embargo, la situación actual que se observa en América del Sur es casi la opuesta. Estamos frente al otro brazo de la tenaza sobre los pueblos indígenas: Se esconde información o cuando se la publica es inentendible, no se respetan las decisiones locales imponiéndose los extractivismos dentro de sus territorios, y cuando eso desencadena una comprensible reacción, se apela a la criminalización o la represión. Gobierno, empresarios y muchos académicos defienden esos extractivismos apelando a descalificaciones de los indígenas, exponiéndolos como ignorantes que impiden el progreso. O bien se insiste en justificar la llegada de las petroleras o la expansión agrícola prometiendo o brindando compensaciones económicas, convertidas en una taladra de mercantilizaciones que penetran poco a poco dentro de las cosmovisiones indígenas. Estos casos nos rodean, y tan solo como ejemplos, allí están en Perú los paquetazos ambientales o el debate sobre la extracción petrolera en Loreto (Perú).

Se podrá decir que muchos de estos problemas tienen una larga historia, y no hay nada nuevo en indicarlos. Pero también se puede argumentar que en algunos casos hay un agravamiento de la situación, ya que está regresando la criminalización y la represión, y desde un flanco inesperado, desde los gobiernos progresistas.

Recordemos que algunos gobiernos progresistas, como los de Lula da Silva en Brasil o Hugo Chávez en Venezuela, prometieron un nuevo relacionamiento con los pueblos indígenas. Compromisos de ese tipo fueron mucho más fuertes con Rafael Correa en Ecuador, y por ello recibió unos cuantos apoyos iniciales desde organizaciones indígenas. Seguramente los apoyos más intensos ocurrieron con Evo Morales en Bolivia, quien además se presentó como “presidente indígena”, y liderando un “gobierno para los indígenas”.

Por lo tanto, se esperaba que esos estados respetaran y escucharan a los pueblos indígenas, contribuyeran al fortalecimiento de sus organizaciones, lo que significa promover su autonomía, y se actuara para mejorar sus condiciones de vida. Importantes avances, como los derechos de la Naturaleza o de la Madre Tierra, o el concepto de Buen Vivir, sin duda sirven tanto para enfrentar el cambio climático como para respetar sus territorios e ideas. Esos compromisos obligan, sin dudar, a reducir drásticamente las emisiones nacionales de gases con efecto invernadero debidas a la deforestación, o a congelar la explotación petrolera en la Amazonia. Si se aplicaran medidas de ese tipo, no sólo atacarían el cambio climático, sino que a la vez favorecerían mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas y asegurarían la integridad de sus territorios.

Todos estos dichos ambientales no se están cumpliendo, mientras que las opciones de participación política de los pueblos indígenas siguen deteriorándose. Todo esto ya fue denunciado por las organizaciones indígenas en el marco de la cumbre sobre cambio climático en Lima (diciembre de 2015(1)).

Esas promesas no se están cumpliendo, mientras se profundizan las restricciones políticas sobre los pueblos indígenas. Se fortalece así este brazo político de la tenaza que oprime sobre las naciones originarias. Los dos componentes, el ecológico y el político, presionan especialmente sobre las comunidades locales, y ellas no tienen escapatoria.

La tenaza boliviana

La situación boliviana ilustra esta problemática, y es importante analizarla ante la invitación de ese gobierno a una nueva “cumbre de los pueblos” sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra.

Los discursos del gobierno de Evo Morales aluden a la Pacha Mama y denuncia el cambio climático global, y eso es muy positivo. Sin embargo, dentro del país ha decido aumentar la explotación petrolera y amparar ciertos tipos de agropecuaria con efectos ecológicos negativos sobre las comunidades indígenas. Ha aprobado medidas que liberan la exploración petrolera dentro de áreas protegidas (en muchas de las cuales viven comunidades indígenas), recorta derechos indígenas y minimiza las voces de alerta. Es más, allí donde surgió un bloqueo de indígenas guaraníes al ingreso de las petroleras, se aplicó la represión policial(2).

El gobierno boliviano critica al capitalismo global, pero ha anunciado un plan de apoyo a la inversión en exploración petrolera de más de 3 500 millones de dólares, una típica medida capitalista que las corporaciones aprecian. Esa enorme cifra de dinero además muestra que existen recursos económicos que lastimosamente en vez de aplicarse en la promoción de alternativas productivas o energéticas son usados para profundizar los extractivismos.

En Bolivia las acciones gubernamentales de penetración dentro de los mundos indígenas han calado profundamente. El gobierno alterna el apoyo a organizaciones y líderes indígenas afines a sus planes, con hostigamiento y castigos a quienes se oponen. Se llegó a una situación donde las dos grandes federaciones indígenas están divididas, y por eso hay una CONAMAQ oficialista y otra independiente, y de la misma manera una CIDOB alineada con el gobierno y otra autónoma(3). Se prometen compensaciones económicas a aquellas comunidades que acepten el ingreso de los extractivismos, y presiona sobre las que se resisten.

También se ha lanzado una campaña contra muchas ONG, varias de las cuales han apoyado solidariamente los reclamos indígenas. No es algo nuevo, porque muchas de ellas fueron atacadas por apoyar a la marcha indígena en defensa del TIPNIS. Pero ahora se impusieron medidas de funcionamiento más restrictivas, 38 de ellas han sido declaradas “irregulares” y se anuncia una medida similar para otras 290(4).

Finalmente, el gobierno insiste en promover a las compensaciones económicas como medio para justificar los extractivismos. Esto se puede resumir en la idea de “te contamino, pero te pago”. Esas concepciones penetran poco a poco en el seno de las comunidades, incluso dentro de las familias. Muchos las aceptan, y es comprensible allí donde las condiciones de pobreza y escasez tienen una larga historia. Pero esas medidas tienen un alto costo, ya que con ellas se aceptan que los daños a territorios, a la salud y la vida tradicional se la puede compensar en dinero. Se abren las puertas a una forma de pensar y sentir enmarcada en el dinero, una racionalidad mercantil, que penetra en las cosmovisiones indígenas.

Es evidente que el pago en dinero no devuelve a la vida a los bosques talados, ni limpiará automáticamente al agua contaminada, ni hará desaparecer los metales pesados en la sangre de los niños. Pero si es evidente que muchos de esos mecanismos terminan en tristes situaciones, como acaba de ocurrir con el Fondo Indígena boliviano, donde el dinero del petróleo desembocó en alimentar redes denunciadas por corrupción.

Estas condiciones tan restrictivas, desemboca en muchas interrogantes sobre una posible “cumbre de los pueblos” en Bolivia sobre cambio climático, si es que las voces de muchos de esos “pueblos”, los originarios, sufren estas restricciones y hostigamientos. Pero también dejan en claro como la tenaza ecológica y política presiona sobre los pueblos indígenas.

Alternativas y autonomía

Las presiones ecológicas asociadas sea a acciones que contribuyen al cambio climático como a sus consecuencias, y las restricciones políticas para abordar estas cuestiones, afectan sobre todo a los pueblos indígenas. Es necesario dejar muy en claro cómo está operando esta tenaza ecológica y política. Cada día que persiste o se profundiza esa situación, la calidad de vida de muchas comunidades empeora, las divisiones internas dentro del mundo indígena avanzan, y las pretensiones de resolver todos los problemas con compensaciones en dinero se refuerzan. Esto ocurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas.

Una vez que se reconoce todo esto, las posibles alternativas a esta tenaza ecológica y política necesariamente deben partir desde la autonomía de las organizaciones indígenas. Ellas mismas puedan discutir la situación y explorar las vías de salida, sin presiones, sin injerencias, sin divisionismos externos. Esa autonomía es una precondición indispensable, y es una obligación asegurar todos los derechos, desde aquellos que aseguran una vida digna y en libertad, a los que se expresan en el acceso a la información y la consulta. Todo esto no se agota simplemente en medidas legales, sino que requiere un cambio cultural en nuestras propias sociedades para respetar y entender de otra manera a los pueblos indígenas.

Notas:

(1) Por ejemplo, las organizaciones indígenas, en su comunicado en la cumbre de cambio climático señalaron entre otros puntos, que. (5) “El extractivismo del Abya Yala se muestra en todas las iniciativas que toman los gobiernos de nuestra región y que implican: ampliación de la frontera hidrocarburífera, priorización de las actividades mineras y de hidroeléctricas respecto de las necesidades de los pueblos, crecimiento de la deforestación para la conversión de los bosques en zonas con cultivos agroindustriales.  Lo más triste de esta situación es que los gobiernos de izquierda y de derecha se comportan de manera similar ante la acumulación por despojo como característica fundamental del capital global, cuyas principales víctimas somos los pueblos indígenas”. Pueblos del Abya Yala frente a los desafíos climáticos. http://www.cop20.coica.org.ec/index.php/component/k2/item/152-pueblos-del-abya-yala-frente-a-los-desafios-climaticos

(2) Guaraníes denuncian violenta represión en Takovo Mora, Página Siete, 18 agosto 2015, La Paz (Bolivia), http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/18/guaranies-denuncian-violenta-represion-takovo-mora-67049.html

(3) La ocupación de la sede de CONAMAQ y el hostigamiento a sus autoridades, fue denunciado repetidamente por organizaciones indígenas de países vecinos y la redes internacionales; ver por ejemplo comunicado de COICA, Solidaridad con CONAMAQ ante el despojo de su casa de gobierno por la política boliviana, 15 deciembre 2013.

(4) El gobierno declara “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB. Página Siete, 7 setiembre 2015, La Paz (Bolivia), http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/7/gobierno-declara-irregulares-ong-entre-ellas-cedib-69218.html

 

* Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Algunas ideas del presente reporte parten del acompañamiento y diálogo con organizaciones y líderes indígenas en los países andino amazónico. Twitter: @EGudynas.

Fuente original del texto: http://servindi.org/actualidad/13943

 

 

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Más de 2 millones de firmas en Rumania para defender el matrimonio y la familia

Rumania, marzo de 2016. Autor: Aciprensa. Fuente:ACI/EWTN Noticias

La plataforma rumana Coalitia pentru Familie (Coalición por laFamilia) lanzó desde octubre de 2015 una campaña para modificar un artículo de la Constitución de Rumania para hacer explícito que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer”. Hasta la fecha, han recogido más de 2 millones 200 mil firmas y han sumado más de 70 mil voluntarios a su causa.

La propuesta legislativa busca modificar el artículo 48, párrafo 1, de la Constitución que actualmente señala que “la familia está fundada sobre el matrimonio libremente consentido entre esposos”. Para la organización de defensa de la familia, el término “esposos” es “un término muy amplio en este contexto y, para proteger mejor y ayudar al nacimiento y crianza de nuestras futuras generaciones, necesita ser reemplazado”.

El texto que reemplazaría al actual, en la propuesta de modificación de la Constitución, señala que “la familia está fundada sobre el matrimonio libremente consentido entre un hombre y una mujer, su completa igualdad y el derecho y el deber de padres de asegurar la crianza, educación e instrucción de los niños”.

Coalitia pentru Familie explicó que una reforma de esa magnitud “solo es posible si es aprobada a través de un referéndum”.

Para que se convoque este referéndum, era un requisito superar las 500 mil firmas de ciudadanos votantes. Validadas las firmas, se requiere que la Corte Constitucional y el Parlamento nacional se pronuncien favorablemente al referéndum.

“Nosotros creemos que la familia es más que solo una ‘institución’ que asegure ‘la crianza, educación e instrucción de los niños”, aseguró la coalición.

La familia, indicó, “es, ante todo, el lugar de nacimiento de nuestras futuras generaciones”.

“Proteger el futuro y la santidad de la institución familiar es proteger nuestra continuidad como nación”, señaló.

Para más información, puede ingresar al sitio web oficial (en rumano e inglés) de Coalitia pentru Familie.

Fuente de la Noticia: https://www.aciprensa.com/noticias/mas-de-2-millones-de-firmas-en-rumania-para-defender-el-matrimonio-y-la-familia-23471/

Fuente de la Foto: https://www.aciprensa.com/imagespp/size680/Familia_FotoseimagenesDominioPublico_010316.jpg

Socializado por: Elisabel Rubiano, Centro Internacional Miranda (Venezuela) Doctora en Ciencias Sociales. Mención: Estudios Culturales. Magister en Educación. Mención: Lectura y escritura. Estudios de maestría en Literatura Venezolana

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