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Brasil reporta un aumento de casos de feminicidios en el 2020

América del Sur/Brasil/19-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

De marzo a agosto del 2020, el país registró una tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública señaló que en la primera mitad del año 2020, el país suramericano reportó un aumento de la tasa de feminicidios en un 1,6 por ciento.

“Cada dos minutos una mujer es agredida y hubo 120.00 casos de lesiones corporales durante la pandemia”, reportó dicho organismo. El Atlas de Violencia presentado por la institución brasileña, reporta en 2018 que cada dos horas una mujer fue asesinada en Brasil, con un total de 4.519 víctimas.

Asimismo, el informe declara que del total de defunciones por motivos de género el 68 porciento eran mujeres negras. Los feminicidios de mujeres negras aumentaron en un 12, 4 porciento entre 2008 a 2018, declaró el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

De marzo a agosto del 2020, el país registró una tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados; que representan el 49 porciento de la población femenina del total analizado. Se reportaron así 331 femicidios y las notificaciones de violencia psicológica a las personas LGBTI+ ascendieron a 1.819 en 2.018 víctimas.

En 2020 la directora de la Red de Salud Feminista, Télia Negrao, había indicado que el número de intentos de feminicidio seguía en aumento. “La tipificación es muy reciente y los feminicidios se pueden caracterizar como homicidios. Lo que sí podemos decir, de hecho, es una reducción puntual de las notificaciones”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-aumento-casos-feminicidios-20210216-0037.html

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En Brasil, 2 mil niños huérfanos debido a feminicidios

Fuente: Cuba Debate

Los casos de feminicidio (crímenes de odio motivados por la condición de género) dejan hoy a dos mil niños huérfanos en Brasil, revela un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública.


Este flagelo crea un drama paralelo: el de los infantes que pierden a su madre por la violencia y a su padre por la cárcel.

Las consecuencias emocionales de estos quebrantos suelen acompañarles durante toda su vida, alerta el portal de noticias R7 que describe lo ocurrido a Yasmim y Larissa, las hijas de Ana Lúcia.

Un feminicidio cambió el retrato familiar de un día para otro. Ana Lúcia fue agredida delante de dos de sus cinco descendencias. Los niños pidieron ayuda y fueron las hijas mayores, Yasmim y Larissa, quienes encontraron a su madre en casa, malherida. El marido se entregó a la policía.

Los niños ya no viven juntos. La pérdida de la madre destrozó la familia. El sitio describe que, con el núcleo familiar roto, los chiquillos y adolescentes son mantenidos por parientes o llevados a centros de acogida. Son los tribunales los que determinan con quién deben quedarse los pequeños y también si recibirán asesoramiento psicológico gratuito del Estado.

El Ministerio de Justicia dirige un programa de política pública para los huérfanos de la violencia doméstica. “Estas personas no pueden esperar”, afirma Daniele Alcântara, coordinadora de políticas de prevención de delitos contra mujeres y grupos vulnerables en la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.

Blanco de la discriminación de género arraigada en la sociedad, una mujer es agredida en Brasil cada dos minutos.

En medio de la pandemia de Covid-19, según un monitoreo del Instituto de Seguridad Pública, se superaron los 120 mil casos de lesiones corporales resultantes de la agresión doméstica en 2020.

“La mujer fue la más afectada por el aislamiento social. Muchas pasaron a vivir con el agresor, dentro de la vivienda y sin mucha posibilidad de escapar”, explica la abogada penal Hanna Gomes.

Los principales atacantes tienen algún tipo de vínculo con la víctima, sea una expareja, un compañero o un padre. Los casos más comunes de estos delitos mortales ocurren por motivos como la separación.

Muchas de las féminas ultimadas recibían amenazas o eran forzadas constantemente. Los agresores se sienten legitimados y creen tener justificaciones para matar, culpando a la víctima.

Las Naciones Unidas alegan que las incitaciones más comunes de los hombres violentos implican sentimiento de posesión de la mujer, el control sobre su cuerpo, deseo y autonomía, limitación de su emancipación (profesional, económica, social o intelectual) y desprecio por su condición de género.

Los meses de la pandemia y el confinamiento aumentaron el número de incidencias. De marzo a agosto del año pasado, el país registró una tasa de femicidio por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados; que en conjunto representan el 49% de la población femenina del total analizado, tuvieron tasas por encima de este promedio nacional y fueron responsables del 67 por ciento de las muertes por defunciones (331 femicidios).

Solo en los primeros quince días del año, Brasil ya registraba al menos 50 víctimas de feminicidio, una media de cuatro mujeres muertas por día.

(Con información de Prensa Latina, France 24 y Telesur)

Fuente:  Cuba Debate

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México: en 4 años crece tasa de feminicidio en 137.6 por ciento

En 4 años la tasa de víctimas de feminicidio creció en 137.6 por ciento, al pasar de 426 víctimas en 2015 a mil 012 en 2019, de acuerdo con el informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020”.

Este dato es una señal de que el Estado debe articular acciones para reducir la incidencia de este delito e incrementar las políticas de prevención, atención de víctimas e investigación criminal.

Así relatan los investigadores de la organización Impunidad Cero, Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez y Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, los hallazgos de la revisión de datos que dio origen a este informe.

La primera conclusión que se lee en el documento es que la incidencia y la impunidad en homicidio doloso y feminicidio siguen alcanzando cifras sin precedentes en el país, donde el feminicidio está definido en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificado en el Código Penal Federal.

Este reporte también derrumba las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que el delito va a la baja. Solo en una ocasión, en diciembre de 2020, al rendir su segundo informe de gobierno, López Obrador admitió que este crimen no disminuye.

Alarmantes cifras de feminicidio

En México, durante 2019 se registraron mil 012 víctimas de feminicidio, delito por el que se iniciaron 983 carpetas de investigación, de acuerdo con el análisis que se basó en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al revisar los datos desde 2015 se observa que esta forma de violencia extrema contra las mujeres incrementó de forma alarmante: 137.6 por ciento.

El problema es de tal magnitud que si se suman los homicidios de mujeres que no fueron tipificadas como feminicidio, pero que murieron en hechos violentos, la cifra de víctimas llega a ser de 3 mil 834 mujeres.

De ese total de muertes de mujeres registradas, las clasificadas como feminicidio representan 26.4 por ciento a nivel nacional. Esta cantidad es baja, pero diversos instrumentos internacionales han llamado a los estados a analizar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.

Por estados, se observa que las entidades con mayor número de víctimas de feminicidio durante 2019 fueron Veracruz, con 162 mujeres; el Estado de México, con 126; la Ciudad de México, con 71; Nuevo León, con 67; y Jalisco y Puebla, ambos con 60 mujeres víctimas.

Paradójicamente, estas entidades cuentan con una Alerta de Violencia de Género, un mecanismo activado para implementar acciones de emergencia a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

Pese a tener estos mecanismos, estas entidades concentran casi la mitad de las víctimas registradas en México por este delito, sumando 49.4 por ciento del total.

Los investigadores revisaron la tasa de mujeres que habitan en cada entidad federativa y estimaron que en 2019 la tasa de feminicidio a nivel nacional fue de 1.6 feminicidios por cada 100 mil mujeres.

Esto significa que cada día, en promedio, 2.7 mujeres en México son víctimas de feminicidio. Si se suman también las mujeres víctimas de homicidio doloso, se tiene un promedio diario de 10.5 mujeres asesinadas.

En el reporte se indica que la incidencia de este delito, considerando la tasa, pone a Morelos en el primer lugar con una tasa de 3.8 por cada 100 mil mujeres. En segundo lugar está Veracruz con una tasa de 3.7 y en tercero Colima con una tasa de 2.8.

Alta tasa de sentencias

La investigación realizada por Impunidad Cero también analizó las sentencias condenatorias dictadas por feminicidio durante 2019, información que obtuvo a través de solicitudes de acceso a la información.

Con datos de 16 estados que respondieron las solicitudes, se encontró que hubo 269 sentencias, de las cuales 252 fueron condenatorias y 17 absolutorias. Es decir, la tasa de condena en este delito fue de 93.7 por ciento.

En el informe se advierte que el hecho de que la tasa de condena sea alta puede ser resultado de que los ministerios públicos clasifican un delito como feminicidio sólo cuando tiene pruebas suficientes para acreditar que fue un crimen por razones de género ante el juez y “asegurar” la condena.

La forma de comisión del delito también puede influir, ya que el uso de armas que requieren que el agresor se acerque a la víctima suelen dejar más rastros físicos en la escena del crimen, lo que incrementa la probabilidad de identificación del agresor.

En el caso de las víctimas de feminicidio solo en 22 por ciento de los casos se utilizó un arma de fuego, mientras que en las víctimas de homicidio doloso, el arma de fuego se utilizó en 71 por ciento de los casos.

Impunidad de 51.4 por ciento

A pesar de que organizaciones civiles aseguran que persiste la impunidad en las muertes violentas de mujeres, este reporte detalla que la impunidad del delito de feminicidio en 2019 se estimó en 51.4 por ciento. Esto implica que cerca de 5 de cada 10 casos de feminicidio fueron esclarecidos.

En 2019 la entidad con mayor impunidad en feminicidio fue Baja California Sur, con 100 por ciento, pero se debe considerar que ese año solo se registraron dos víctimas de feminicidio.

A esta entidad le siguieron Guerrero, con una impunidad de 93.8 por ciento y Jalisco con 86.7 por ciento. La investigación advierte que en este dato también hay que considerar que el indicador depende de los criterios que sigue cada estado para catalogar una muerte violenta de mujeres como feminicidio.

Los instrumentos internacionales sugieren que como hipótesis inicial se debe considerar que la muerte violenta de la mujer que se investiga corresponde a un feminicidio, con el fin de incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la sentencia por el caso de feminicidio de Mariana Lima, ocurrido en el Estado de México, que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género para descartar patrones de violencia por razón de género.

Fuente e imagen: CIMAC Noticias

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México: Familiares de víctimas cierran accesos de Segob para exigir atención a demandas

Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.

“Tenemos minutas firmadas con él de que se iban a resolver nuestros casos, pero la Segob ha incumplido las cosas a las que ya se había comprometido”, dijo Yoltzi Martínez Corrales, integrante del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, del estado de Guerrero.

“Queremos que nos digan qué está pasando con nuestras carpetas de investigación, porque la Fiscalía nos ha mantenido solamente con reuniones virtuales, sin tener acceso a nuestros Ministerios Públicos para continuar con nuestro proceso de justicia”, explicó Martínez.

La activista señaló que una de sus demandas tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos de protección a víctimas y el “desmantelamiento” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Ahora quiere quitarnos los apoyos que muy raquíticamente nos está dando para las personas que salimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Somos quienes hemos dejado el cuerpo, la vida y el hogar con tal de buscar a nuestros seres amados. Para las autoridades son cifras, pero para nosotros son nuestros tesoros, son una vida que anhelamos que regrese a casa”, indicó Martínez.

Agregó que la decisión de extinguir los apoyos obliga a los familiares a endeudarse para pagar la búsqueda de sus seres queridos, pues los fondos que las autoridades llegan a entregarles están siempre sujetos a una comprobación difícil de realizar.

“Cada familia sigue pidiendo (recursos) o tomando casetas, con tal de tener el dinero para comprar una pala o un pico e ir a buscar. Si bien nos dicen que los fondos tienen que ser comprobados con facturas, ¿cómo le vamos a hacer en el desierto, en la sierra, en los drenajes. Esta lucha va más allá de los adeudos: es por la protección de los derechos de las víctimas de desaparición a ser buscados”, subrayó.

Finalmente, la activista añadió que la CEAV “tiene adeudos” con muchas de las personas que integran el plantón frente a la dependencia.

Con información de La Jornada

Fuente: https://desinformemonos.org/familiares-de-victimas-cierran-accesos-de-segob-para-exigir-atencion-a-demandas/

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Argentina: Se produjeron 26 femicidios y 36 intentos de femicidio durante el primer mes de 2021

América del Sur/Argentina/05-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

El desglose de los datos indicó que en el 59% de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares.

Veintiséis femicidios, entre ellos seis vinculados, y 36 intentos, fueron cometidos en el primer mes de 2021, según informó la organización Mumalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, que exigió «la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans».

Según el listado difundido durante las últimas horas por el Observatorio de la mencionada agrupación, entre el 1 y el 31 de enero últimos se produjo un femicidio cada 27 horas, y en el mismo período ocurrieron también cinco muertes violentas de mujeres vinculadas con el narcotráfico o con crímenes relacionados con venganzas o deudas.

Además, otros siete casos de mujeres asesinadas se encuentran en etapa de investigación, a la espera de la realización de autopsias o pericias complementarias para que la Justicia determine el contexto en que sucedieron los homicidios.

A su vez, el registro señaló que 27 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de esos hechos, y que 36 mujeres fueron víctimas de intentos de femicidio.

En tanto, el desglose de los datos indicó que en el 59% de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares; y que otro 29% por hombres conocidos por las víctimas o integrantes de sus círculos íntimos.

Sobre el lugar de los asesinatos, el informe explicó que el 63% se concretó en las viviendas de las mujeres -donde residían solas o con sus parejas-, el 17% en la vía pública, el 8% en el espacio de trabajo de las víctimas y el 4% restante en los domicilios de los femicidas.

Por último, las cifras destacaron que el 25% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor, y que el 17% poseía una orden de restricción de contacto o perimetral y otro 4% contaba con un botón antipánico.

En ese sentido, demandó la puesta en marcha «sin burocracias ni clientelismo» de medidas económicas para las víctimas de violencia de género y para el colectivo travesti-trans, como los programas Potenciar Trabajo y Acompañar.

«Reclamamos la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diversa y disidente», finalizó .

Fuente: https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Se-produjeron-26-femicidios-y-36-intentos-de-femicidio-durante-el-primer-mes-de-2021-20210201-0039.html

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Es política de Estado la violencia de género

Por: Ilka Oliva Corado

Es política de Estado en  sociedades con gobiernos neoliberales, la violencia contra la mujer y las masas empobrecidas y explotadas. Antes que el brazo armado está el recurso de la religión que manipula emocionalmente  a los excluidos pero que violenta doblemente a las mujeres por su género. En nombre de la fe, amparados por religiones misóginas muchos hombres ejercen la violencia de género a tal grado de llegar a los feminicidios. Eso no es nuevo, no estamos descubriendo el agua azucarada. Pero un Estado ausente, infestado de corrupción, donde se propaga el machismo, la misoginia, la homofobia y se alimenta el patriarcado sistemáticamente es el responsable de la violencia de género y todo su contexto.

Sin leyes que castiguen a quienes violentan a las mujeres en todas sus formas, la violencia de género continuará. Y el principal criminal es el Estado que con sus políticas niega el derecho al aborto, seguido de una planificación minuciosa de empobrecimiento de los sectores más explotados. Negarle el acceso a la educación a las niñas de los sectores más vulnerados. Obligarlas a parir manipulando a la población con que el aborto es un asesinato castigado por Dios, en lugar de informarles sobre sus derechos, sin inmiscuirse en sus cuerpos. El aborto es un derecho negado por Estados represivos donde gobiernan principalmente hombres machistas que lo utilizan como arma de castigo contra las mujeres por su género. Pero si una hija les saliera embarazada  la mandan a abortar a la mejor clínica del país o al extranjero y lo mismo con las cúpulas de la oligarquía.

Niñas sin acceso a la educación, sin alimentación sana, sin acceso a un sistema de salud, viviendo en casas que no cuentan con la seguridad mínima en entornos violentos sistemáticamente orquestados desde el Estado, son  niñas que jamás tendrán un desarrollo integral por ende tampoco serán mujeres realizadas, ni personal ni profesionalmente. Lo común será verlas siendo madres desde la adolescencia, por un abuso sexual, porque fue víctima del amor romántico tan patriarcal o porque fue casada a la fuerza, todo pero menos una persona feliz y realizada. Ninguna mujer puede ser feliz en esas condiciones.

¿Cómo puede ser feliz una niña con una madre que trabaja 16 horas en una maquila, en una fábrica, limpiando un edificio, un hospital, quemándose la vida en las fincas de cultivo? Una madre que sale de madrugada y regresa a altas horas de la noche a la que se le quita la oportunidad de compartir con sus hijos, de verlos crecer, de abrazarlos, de compartir tiempo de óseo con ellos. Si ella misma no lo tuvo, en esa cadena de abuso sistemático que es política de Estado.

Actitudes y acciones de abuso contra la mujer se cuentan por miles, no hay que llegar a los golpes para que se cuente como abuso, existe el abuso emocional también que es igual de dañino. Pero en nuestras sociedades la violencia ejercida desde el Estado en estas post dictaduras, también ha hecho que los hombres abusen a niñas, adolescentes y mujeres en entornos familiares porque saben principalmente que la vergüenza es una buena aliada y que con tal de que de las puertas hacia fuera no se enteren los demás, ellos pueden hacer lo que quieran de las puertas para adentro. Porque sigue siendo consejo sacerdotal o del pastor de la iglesia, perdonar, guardar silencio, mantener la familia unida a costa de los delitos que deben ser pagados con cárcel pero que si son ejercidos contra una mujer bien pueden ser perdonados por Dios.

Así es como vemos el aumento impresionante de abusos sexuales de niñas, por sus padres, abuelos, hermanos, por primos, adolescentes embarazadas abusadas dentro del propio hogar. Saben que no existe ley que los castigue porque las políticas de Estado son las de represión y violencia  a la población, las del empobrecimiento y explotación laboral porque entre más trabaje, más cansada está una persona, entre más hambre menos fuerza, menos tiempo y energía  para pensar, porque sin educación desconocen sus derechos y si esto se emplea adrede por género es mucho más beneficioso para un gobierno corrupto y criminal, tener niñas madres e infelices que adolescentes en camino hacia la educación superior y  a su desarrollo profesional: siendo madres son incapaces de cuestionar porque la pobreza las obliga a buscar la comida a deshoras para sus hijos, en cambio si se desarrollan profesionalmente tienen acceso a otro nivel de vida y exigen sus derechos y son cuestionantes de las políticas de Estado que si se lo proponen pueden cambiar.

Hemos llegado como sociedad a traspasar todos los límites porque los traspasó también el Estado, es por eso que un feminicidio no causa espanto, ni asombro ni indignación porque también dejó de sorprender que aterricen avionetas cargadas de droga y que las quemen después sin que se encuentre a los responsables. Porque dejó de sorprender que la misma policía o el ejército sean quienes custodien los cargamentos. Porque dejó de sorprender que los mismos miembros de las fuerzas de seguridad sean los que violen mujeres y no se les castigue. Entonces dice un civil: pero si ellos con uniforme violan por qué no puedo hacerlo yo con cualquier mujer, sea de mi entorno familiar o no. Si el mismo presidente ve que matan mujeres y no se pronuncia es porque no le interesa, entonces cualquiera sabe que puede violentar a la mujer que guste y no tendrá consecuencias.

Un crimen desde el Estado es negar alimentación, salud y educación a las niñas, pero también lo es voltear a otro lugar cuando las violentan por su género, cuando las golpean, las violan, las embarazan, las desparecen y las asesinan. Cuando sucede lo mismo con adolescentes y mujeres. Pero si un Estado no se pronuncia, ese gobierno debe ser cambiado de inmediato por la sociedad, entonces es el pueblo el que debe reaccionar y llevar al poder a gente capaz que entienda que es desde el Estado desde donde se deben ejercer las políticas que cambien la violencia sistemática hacia la mujer. Pero, ¿qué sociedad está dispuesta a hacerlo? Contra la violencia de género vemos a nivel mundial que son mayoritariamente las mujeres las que se pronuncian, porque los hombres sean de la ideología que sean son los más beneficiados con la inexistencia de leyes que castiguen semejante delito y aberración.

Pues serán las mujeres las que cambien las políticas de Estado de alimentar sistemáticamente la violencia de género.

Fuente:  https://cronicasdeunainquilina.com

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Activistas denuncian violencia contra mujeres por motivos políticos en Cuba: “Sufren mayores niveles de represión que los hombres”

América Central/Cuba/21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com

Activistas cubanos publicaron una declaración en que alertan sobre la violencia desatada por el Estado y sus aparatos represivos contra las mujeres, particularmente aquellas que se oponen de alguna forma a la ideología gubernamental en la Isla.

En un largo texto, destacan las acciones que durante estas últimas semanas se han producido a raíz de los sucesos de San Isidro y la protesta pacífica del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.

Seguidamente, reproducimos de manera íntegra la declaración en defensa de las mujeres cubanas, vulneradas con la anuencia del Estado y las instituciones gubernamentales que, en teoría, deberían ampararlas.

Feministas cubanas y aliades pretendemos con esta carta contextualizar y pronunciarnos en contra de recientes y reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida y/o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas.

Señalando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994) define que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, comunidad, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, en cualquier lugar donde ocurra.

Partiendo de la Convención sobre la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer, presentada en las Naciones Unidas y en vigor desde el 3 de septiembre de 1981, que Cuba se precia de ser el primer país en ratificar. Según el Artículo 7 de este documento de carácter internacional: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (…) participar en organizaciones y en asociaciones NO GUBERNAMENTALES que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Recordando que la sociedad civil cubana no puede articularse de manera orgánica en sus propias asociaciones que representen otros modelos de pensamiento de naturaleza diversa, pues estas no son reconocidas legalmente.

Reconociendo que estamos en un momento en que la solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, impulsada por activistas feministas, luego de ser discutida con miembros del Parlamento cubano no fue incluida en el Cronograma  Legislativo a ejecutarse hasta 2022.

Activistas feministas y antirracistas, así como del colectivo LGBTIQ+, son víctimas de ciberacoso desde cuentas falsas que responden a lógicas de vigilancia y deslegitimación, un comportamiento que es frecuentemente utilizado por cuentas anónimas presuntamente asociadas al Estado cubano. A feministas cubanas se les disminuye y minimiza abiertamente desde publicaciones oficiales. La criminalización del activismo feminista es de larga data en el período llamado revolucionario, que comenzó con el ostracismo y desconocimiento de feministas de la etapa anterior como Mariblanca Sabás Alomá (1901-1983), continuó con la desactivación de la Asociación de Mujeres Comunicadoras Magin en 1996 y se ha mantenido con escarnios públicos, desconocimientos y amenazas a feministas que han mantenido una postura crítica hacia las autoridades cubanas sobre la defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, hoy vivimos en un escenario diferente porque el acceso a internet permite mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar: acoso y violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, en la intimidad; feminicidios; necesidad de refugios; violencia obstétrica; violencia institucional y política. Los datos acerca de feminicidios y hechos de violencia machista son conocidos gracias a medios independientes y activistas que mantienen una red transparente y efectiva de observación y estadística, y no a una labor estatal implicada o interesada por estos procesos.

Se dispone de varios informes preparados por la organización no gubernamental Cubalex, incluyendo el informe sombra a la CEDAW presentado en 2013, que alerta que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas y con manifestaciones que los hombres que participan en activismo político no padecen. Este sesgo de género se evidencia en el intento de descrédito a través de la exposición de su vida íntima; el uso de expresiones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas; en la instrumentalización de la seguridad de las y los integrantes más vulnerables de su familia para presionarlas; e incluso en violencia sexual. Cubalex ha documentado también varios casos de amenazas por parte del Estado de quitarles a madres activistas las custodias de sus hijes. Estas violencias sistemáticas se ven muchas veces atravesadas por otras formas de discriminación: racial, religiosa, económica, etc.

La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado, incluidas las mujeres integrantes de estos órganos, contra las mujeres disidentes, es avalada por el Estado. Las mujeres que disienten con el sistema político en Cuba sufren mayores niveles de represión que los hombres. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, ellas denuncian mayor cantidad de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias, así como eventos de vigilancia policial fuera del domicilio para restringir su derecho a la movilidad: estos son métodos recurrentes para impedir el ejercicio de sus derechos a expresarse, asociarse y manifestarse. En los centros de detención los agentes utilizan la violencia física y psicológica, la ofensa y el agravio sexual como medios de represión. Se registran testimonios de encierros en calabozos sin condiciones higiénicas, con servicios sanitarios sin privacidad o sin condiciones apropiadas para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. Algunas denuncian haber sido forzadas a desnudarse, a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales, e incluso que les han introducido un bolígrafo en la vagina, a pesar de tener en ese momento su período, bajo la justificación de la búsqueda de objetos de grabación.

Entre las prácticas represivas más comunes que afectan especialmente a las mujeres migrantes internas está la expulsión de las casas donde se encuentran alquiladas a través de la presión policial sobre los dueños de la vivienda, con argumentos fabricados por agentes de la Seguridad del Estado que equiparan el hecho de alojar a activistas políticos con ser cómplices de mercenarismo y “contrarrevolución”. El Decreto Ley 217 restringe la libertad de circulación a cubanos entre La Habana y otras provincias y les exige solicitar permiso a autoridades administrativas para residir en la capital. Aunque no es delito la estancia en la capital, la policía arresta y “deporta” a su lugar de origen a quienes incumplen el decreto.

Además, el Estado cubano ha impedido a mujeres, por causa de su actividad política, el acceso al mercado laboral. Igualmente,  ha expulsado a estudiantes y a profesoras de centros de estudios superiores.

El Estado organiza en centros laborales las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) con la misión de participar de actos de repudio que atentan contra el orden público y promueven el odio entre cubanes. Las mujeres cubanas disidentes han sido víctimas de estos eventos. Esta violencia ha sido ejercida recientemente incluso a través de la Federación de Mujeres Cubanas, organización a la cual todas las mujeres cubanas pertenecemos por mandato del Estado desde los 14 años de edad y a la cual cotizamos, por lo que rechazamos la participación de la organización y el uso de su estandarte en estas acciones violentas.

A todo lo anterior, se suman los medios de comunicación, con campañas para desacreditar a estas mujeres, que no tienen oportunidad para ejercer su derecho a réplica. Los medios estatales han lanzado hacia estas personas acusaciones graves, sin respaldo, de mercenarismo, penado con las penas más graves bajo la Ley No. 88 “Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.

Afirmamos que existe actualmente en Cuba un clima de evidente hostilidad hacia un segmento amplio y diverso de la ciudadanía que se encuentra en disenso con el estatus quo, y demanda un proceso de revisión y restauración de daños ocasionados. En este sentido, advertimos sobre importantes eventos recientes de discriminacion, violencia y exclusión protagonizados por instituciones estatales, fuerzas policiales y militares, y servidores públicos, motivados especialmente por las acciones más recientes de protesta pacífica del Movimiento San Isidro (MSI), creado en 2018 en respuesta al Decreto Ley 349, que institucionaliza la censura a la creación artística en Cuba.

Feministas cubanas y aliades denunciamos públicamente la situación de varias mujeres, que han padecido, documentado o dado testimonio de acciones violentas por parte del Estado cubano en los últimos tres meses en La Habana:

– Anamely Ramos, curadora, crítica de arte y miembro del MSI: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Detención arbitraria durante todo el día 27 de noviembre, luego de ser desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en la casa de Omara Ruiz Urquiola, a excepción del día 3 de diciembre. Detención arbitraria el 15 de diciembre. Previo a esta ola de represión, Anamely fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Arte, expulsada del apartamento donde estaba alquilada y se vio obligada a separarse de su hijo para evitar que fuese constantemente expuesto al acoso policial.

– Omara Ruiz Urquiola, historiadora de arte: Detención arbitraria con agresión física el 13 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en su casa, a excepción del día 3 de diciembre cuando fue al hospital a recibir tratamiento. Difamación en la TV nacional. En 2019 fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Diseño y desde entonces sufre fuerte acoso policial.

– Iliana Hernández, activista y reportera de CiberCuba: Detenciones arbitrarias los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Su madre fue detenida el 19 de noviembre mientras intentaba visitarla en la sede del MSI. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Vigilancia policial fuera de su casa desde el 28 de noviembre hasta la fecha. Detención arbitraria el 2 de diciembre. Acto de repudio encabezado por la Federación de Mujeres Cubanas el 8 de diciembre luego de ser difamada en la TV nacional. Detención arbitraria el 15 de diciembre cuando se dirigía a una cita en la Embajada de España en La Habana (Iliana es ciudadana española).

– Daylys Bandera, vecina de la sede del MSI: El 18 de noviembre agentes de la Seguridad del Estado le decomisaron suministros de comida y dinero que llevaba a Damas 955. Este evento motivó el inicio de las huelgas de hambre de algunos integrantes del MSI.

– Rosmelis Hernández y Jade Castillo, pareja e hija de Maykel (Osorbo) Castillo: La hija de 4 años del rapero fue agredida físicamente por supuestos agentes de la Seguridad del Estado el 21 de noviembre mientras accedía junto a su madre a Damas 955. Rosmelis ha recibido amenazas de retirarle la custodia de su hija, por parte de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, con los argumentos de que no le enseña “los conceptos reales de la Revolución” lo cual puede derivar en “un trastorno en la conducta”.

– Tania Bruguera, artista y fundadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR): Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias e interrogatorios el 2, 4 y 6 de diciembre. Vigilancia policial desde el día 6 de diciembre hasta la fecha frente a su casa. Desde el 15 de noviembre tiene deshabilitado el servicio de telefonía móvil y el acceso a internet por datos.

– Katherine Bisquet, escritora: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Vigilancia policial desde el 2 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside. A pesar de que amenazaron al propietario de la vivienda para que fuera desalojada, la policía le impidió efectuar la mudanza. Katherine ha tenido que cambiar de sitio por el mismo motivo en diez ocasiones anteriores.

– Camila Ramírez Lobón, artista visual: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial desde el 4 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside Katherine Bisquet, a donde se trasladó para ayudar con la mudanza que nunca ocurrió.

– Claudia Genlui, curadora de arte y miembro de MSI: Detención arbitraria el 25 de noviembre por intentar acceder a la sede del MSI. Acto de repudio fuera de INSTAR durante reunión de la plataforma 27N y detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Detención arbitraria el 2 de diciembre junto a Luis Manuel Otero Alcántara (su pareja sentimental), cuando intentaba reunirse con él luego de ser dado de alta del hospital. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil  el 11 de diciembre.

– Aminta De Cárdenas, productora: Detención arbitraria el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial el día 5 de diciembre y desde el día 10 hasta la fecha, fuera de su casa.

– Luz Escobar, periodista de 14yMedio: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar cubrir la protesta convocada en el Parque Central de La Habana. Vigilancia policial y arresto domiciliario arbitrario el 25 de noviembre y desde el 4 al 10 de diciembre, impidiéndole recoger a sus dos hijas de la escuela.

– Yoani Sanchez, bloguera y directora de 14yMedio: Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial los días 11 y 12 de diciembre.

– Anyell Valdés, trabajadora en el hogar y activista: Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Su papel durante las huelgas fue de cuidados. Recibió una visita de agentes de la Seguridad del Estado el 2 de diciembre y fue detenida arbitrariamente el día 5 y nuevamente el día 10, en la vía pública cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

– Iris Ruiz, actriz y coordinadora del MSI: Detención arbitraria el 10 de octubre, y el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Osorbo. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial desde el día 10 de diciembre hasta la fecha fuera de su casa, donde viven también sus 6 hijes.

– Camila Acosta, periodista de Cubanet: Detención arbitraria el 10 de octubre, durante la cual tuvo que orinar dentro de la patrulla de policía porque le impidieron ir al baño. Participó del diálogo en el MINCULT la noche del 27 de noviembre. Vigilancia policial desde el día 5 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde ha sido acogida temporalmente. Entre marzo y octubre de este año, ha sido detenida en cuatro ocasiones, ha tenido que mudarse 10 veces y reponer tres veces su teléfono celular, que han roto agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido amenazada con ser procesada por presunta “usurpación de funciones públicas” y multada bajo el decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales.

– Miryorly García Prieto, historiadora de arte: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido detención domiciliaria arbitraria y vigilancia policial los días 4 y 5 de diciembre.

– Solveig Font, curadora de arte independiente: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido vigilancia desde el 4 hasta el 6 de diciembre fuera de su casa, por hombres vestidos de civil. Inhabilitación del servicio de telefonía móvil el 10 de diciembre.

– Marthadela Tamayo, activista antirracista y por los derechos de la mujer: Detención arbitraria el 19 de noviembre, y el 22 de noviembre por asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana, donde fue agredida físicamente durante el acto de repudio permitido por el Estado. Vigilancia policial el 10 de diciembre fuera de su casa.

– Kirenia Yalit, psicóloga y activista: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– María Matienzo, periodista de Cubanet: Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– Maylin Alonso, periodista de Agence France-Presse (AFP): Agredida durante el acto de repudio permitido por el Estado el 22 de noviembre, mientras cubría como parte de su trabajo la protesta convocada en el Parque Central de La Habana.

– Diasniurka Salcedo, activista del proyecto comunitario Casa a Casa: Detención arbitraria el 20 de noviembre por sospechas de que intentaba acercarse a San Isidro, durante la cual asegura que sufrió abusos sexuales por parte de los oficiales. Detención arbitraria el 28 de noviembre en los alrededores del Hospital Manuel Fajardo, donde se encontraba retenido Luis Manuel Otero. Fue liberada en horas de la madrugada en una zona desierta a 14 kilómetros de su casa. Vigilancia y arresto domiciliario arbitrario los días 4, 5 y 10 de diciembre fuera de su casa.

– Bertha Soler, coordinadora de las Damas de Blanco y Premio Sárajov del Parlamento Europeo: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana en apoyo al MSI. Detención arbitraria el 6 de diciembre cuando salía de la sede de la UNPACU. Vigilancia policial los días 9 y 10 de diciembre a la sede nacional de las Damas de Blanco. Detención arbitraria el 10 de diciembre antes de participar en una Reunión Extraordinaria del Parlamento Europeo. Inhabilitación de servicio telefónico los días 11 y 12 de diciembre.

– Lourdes Esquivel, integrante de las Damas de Blanco: Detenciones arbitrarias los días 6 y 10 de diciembre.

– Dayana Zerquera: Detención arbitraria el 28 de noviembre durante una protesta por el cierre de las tiendas en MLC (monedas libremente convertibles) frente a la sede del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), convocada por madres cubanas. Estas tiendas, donde se venden productos de primera necesidad en una moneda con que no se remunera a trabajadores cubanes, generan segregación económica y exclusión social violando derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba. También asistió a la sentada fuera del MINCULT.

– Rossane Carmona, estudiante de Comunicación Social y activista feminista: Detención arbitraria el 29 de noviembre en camino a una manifestación pacífica convocada en el Capitolio de La Habana.

– Yeilis Torres, ex fiscal e integrante de UNPACU: Detención arbitraria el 10 de diciembre.

– Ketty Méndez, activista: Secuestrada por agentes vestidos de civil el 14 de diciembre, en presencia de su hija menor, mientras se dirigía a una manifestación pacífica por el cierre de las tiendas en MLC y en contra de las medidas económicas anunciadas recientemente. Se ha manifestado en las redes sociales por el desamparo que sufre su hija de 22 años, que padece autismo y desnutrición.

Esta lista incluye solamente a quienes han hecho pública su denuncia y autorizado su divulgación. Además nos consta que al menos una mujer que se acercó a llevar comida a las personas sitiadas en San Isidro, ha recibido citaciones y amenazas de la policía. Tenemos conocimiento de que varias mujeres que participaron de la sentada fuera del MINCULT han recibido amenazas directas o a través de familiares, pero no están preparadas para denunciar públicamente. Algunas fueron gaseadas con spray pimienta por la policía cuando trataban de acercarse a la sentada frente a esta institución la noche del 27 de noviembre. La firma de peticiones o la adhesión a declaraciones como esta, en apoyo a quienes han sido víctimas de estas formas de violencia recientemente, ha sido también causa de acoso y amenazas por parte de autoridades.

La mayoría de estas mujeres lleva meses o incluso años sufriendo estas formas de persecución, acoso y represión. Las parejas, madres, hermanas, hijes de los activistas, artistas, o periodistas hombres vinculados a estos eventos también son víctimas secundarias de la violencia ejercida por el Estado.

La organización Human Rights Watch advirtió recientemente que el gobierno ha usado normas relativas a la covid-19 para intensificar la represión, en forma de detenciones, multas y acoso a disidentes, incluso antes de los hechos de las últimas semanas.

Consideramos importante llamar la atención sobre el caso de Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, detenida por la policía el 12 de abril en la ciudad de Cienfuegos por el uso incorrecto de la mascarilla. En la estación de policía, De la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla. Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, De la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. De la Mora Valle ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios. Estos cargos han sido utilizados para juzgar a otras mujeres integrantes de la UNPACU y de las Damas de Blanco, de las que al menos dos continúan en prisión a pesar de la crisis de la Covid-19, durante la cual el Estado cubano ha excarcelado a más de 10 mil personas bajo las figuras de ‘libertad condicional’ y ‘licencia extrapenal’. Las activistas políticas Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González han denunciado maltratos físicos, incomunicación y privación de atención o tratamiento médico dentro de los centros penitenciarios.

Considerando todo lo cual, feministas cubanas y aliades nos sentimos compelidas a manifestar nuestro desacuerdo con las prácticas discriminatorias, excluyentes y violentas que el Estado cubano ejerce, estimula y normaliza, en contra de mujeres y ciudadanxs en general, cuyo pensamiento y actuar cívico o político disienta de las formas de ordenamiento social admitidas según el discurso ideológico promovido por el Partido Comunista de Cuba, único e inapelable órgano rector de las políticas públicas e institucionales del país. Las violencias ejercidas desde el Estado cubano son una manifestación de un orden patriarcal político que busca perpetuarse en el poder por todas las vías. La supuestamente alta representatividad de las mujeres en cargos públicos se ve anulada por el mandato de tipo patriarcal que ellas representan y reproducen. El Estado ha vaciado de significado las instituciones cubanas, que reproducen los valores ideológicos del Partido Comunista de Cuba y son inflexibles e inoperantes en su capacidad para representar la pluralidad de la sociedad civil cubana, cada vez con más actores.

Solicitamos apoyo internacional de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la vez que insistimos en posicionarnos en contra de la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de Cuba, y ratificamos nuestro interés en que estos conflictos sean resueltos de una manera justa para todos sus implicados, incluyendo a cubanes que residen fuera del país. Nos pronunciamos en contra del uso de expresiones y de acciones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas, independientemente de quien las utilice, así como de señalamientos a cubanos de “marginales”, “enemigos al servicio de entidades mercenarias”, “alienados”, “manipulados” o “confundidos”, inmerecedores de la condición de ciudadanos. No admitiremos, como ha venido aconteciendo recientemente, que el Estado desplace el diferendo interno con una parte de la sociedad cubana hacia el conflicto con los Estados Unidos, haciendo uso de un ejercicio retórico reductivista y arbitrario.

Desde nuestras prácticas feministas diversas promovemos el activismo pacífico y decimos NO A LA VIOLENCIA en todas sus manifestaciones. El Estado cubano debe cumplir con las convenciones internacionales de las que es signatario, y comprometerse con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en lo concerniente a la participación en la vida política y pública del país independientemente de nuestra orientación política o ideológica. El Estado debe permitir nuestra organización al margen del Estado mismo, sin ser por causa de ello víctimas de acoso policial o violencia institucional.

Convocamos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores o posturas, sin represalias para quienes participen, y del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a los reclamos urgentes de la sociedad civil y a la actual crisis política que atraviesa el país.

A los 15 días del mes de diciembre.

Firman,

Salomé García Bacallao, conservadora de arte e investigadora

Anaeli Ibarra Caceres, investigadora

Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma. Coordinadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)

Juliana Rabelo, coordinadora de INSTAR

Camila Ramírez Lobón, artista visual y coordinadora de INSTAR

Kirenia Yalit Núñez Perez, psicóloga y activista

María Matienzo Puerto, narradora y periodista

Simone García Bacallao, artista

Laura Rodríguez Arango, creadora escénica

Ana Victoria Pérez, cineasta

María Gabriela Sánchez Álvarez, diseñadora de vestuario

Fernanda Montalvo, creadoræ escénico independiente y acompañante corporal holístico

Katia Gato Rimbau, abogada

Lisandra Castro López, filóloga

Ena Lucía Portela, escritora

Frida Alejandra Lobaina Pérez, teatróloga

Yanelys Nuñez Leyva, activista y productora cultural

Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas

Danae Diéguez, investigadora y experta en temas de género

Hector Luis Valdés Cocho, periodista independiente

Ricardo Sarmiento Ramírez, dramaturgo

Mara Karla Sanchez, psicóloga

Karla Perdomo, psicóloga

Laura Verdecia, Marketing Manager

Geisy Guia Delis, periodista independiente

Elaine Díaz Rodríguez, directora de Periodismo de Barrio

Ismario Rodríguez Pérez, periodista en Periodismo de Barrio

Yasmín S. Portales Machado, escritora, crítica literaria y activista LGBTIQ+

Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota

Laritza Diversent, abogada

Adria Valdés Peyrellade, arquitecta

Thais Milanés, autónoma

Liz Peláez, archivista

María de los Ángeles Bonet Hevia, asistente

Lia Villares, artista

Aminta de Cárdenas Soroa, productora

Karla María Pérez González, periodista y editora en la revista ADN Cuba

Claudia Genlui Hidalgo, curadora de arte

Fabiana Salgado Bernal, realizadora audiovisual

Ariadna Del Carmen Kott, actriz y músico

Virginia Ramírez Abreu (LA POLAKA), Directora/fundadora y profesora titular de Antropología de la Cultura e Historia del Arte de la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia. Guionista, productora y directora audiovisual.

Maielis González Fernández, escritora e investigadora literaria

Janet Batet, curadora independiente, crítica de arte y ensayista

Lynn Cruz, actriz y productora independiente

Daleysi Moya, curadora y crítica de arte

Diana Carmenate Castellano, comunicadora visual y docente

Claudia Padrón Cueto, periodista en Tremenda Nota

Laura N. Díaz Ravelo, diseño escénico

Maria Carla Rodríguez, vedette

Laura Kaila López Duarte, historiadora del arte

Clara González, feminista

Hilda Landrove Torres, investigadora

Iris Ruiz Hernández, actriz y coordinadora del MSI

Elena Larrinaga de Luis, Presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba

Dunia Medina Moreno, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

María Elena Mir Marrero, Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integrante de la Red Femenina de Cuba

Yanela Reyes, activista por los Derechos Humanos, Red Femenina de Cuba

Marthadela Tamayo, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Lázara Eumilla Ayllon  Reyes, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Tania García Hernández, Red Femenina de Cuba

Zelanda de la Caridad Perez Abreu, Red Femenina de Cuba

Yacqueline Madrazo Luna, Red Femenina de Cuba

Mileisis Vigoa Marrero, Centro Democracia Proactiva y Derechos Humanos “José de la Luz y Caballero”

Maribel Isidra Hernández, Mujeres Democristianas Cuba

Rocinante Sotolongo Cruz, Mujeres Democristianas Cuba

Maritza Concepción Sarmiento, Mujeres Democristianas Cuba

Lázara María Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Evelyn Pineda Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Yusleidy Valero Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Anai Penalba Subit, Mujeres Democristianas Cuba

Delices González Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Mimi Onel, Mujeres Democristianas Cuba

Sara Cuba Delgado, Alianza Cubana por la Inclusión

Aimara Peña González, Directora de Somos Nueva Cuba, activista feminista y YouTuber

María Cristina Labrada Varona, Consejo de Dirección de las Damas de Blanco

Marisel Nápoles González, periodista de Diario de Cuba y coordinadora del grupo Mujeres Esperanza

Adriana González Téllez

Olivia Blanco Martín, psicóloga forense (España)

Roberto Garcés Marrero, investigador

Luis Alberto Dieguez Albelo, informático de Habana Verde

Yudith Vargas Riverón, curadora e historiadora de arte

Linet Cums Yumar, editora de Rialta

Ibrahim Hernández, editor de Rialta

Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta

Camila Cabrera Rodríguez, investigadora y gestora cultural

Leticia Ramos Herrería, activista por los Derechos humanos

Miriam Herrera Calvo, Licenciada en Enfermería

Sheyla Pool, cineasta

Lidia M Romero Moreno, jurista y activista por los derechos humanos de las personas LGBTIQ y de las mujeres

Organizaciones, colectivos y medios que se adhieren a esta carta:

Revista Alas Tensas

Cubalex

ONG de Derechos Humanos José de la Luz y Caballero

Candela Review

Mujeres Democristianas Cuba

Red Femenina de Cuba

Habana Verde

Alianza Cubana por la Inclusión (ACI)

YoSíTeCreo en Cuba

Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-12-16-u1-e185759-s27061-activistas-denuncian-violencia-contra-mujeres-motivos

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