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La Fuerza pública es el actor armado que más vulneró los Derechos Humanos en Colombia en 2021

Por: Tercera Información

La revista Noche y Niebla hace un recuento de cómo ha sido la violación de Derechos Humanos en el país, según lo recopilado en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-. El número No. 63 de esta publicación contiene un amplio informe sobre la vulneración de DDHH en el país entre los meses de enero y junio de 2021.

Según la publicación, en el Paro Nacional se desbordaron las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los organismos del Estado, como la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-. La fuerza pública se constituyó en el principal vulnerador, aún por encima de los grupos armados ilegales.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El sacerdote jesuita e investigador del Cinep Javier Giraldo afirmó que dichos resultados deben ser vistos como destellos, ya que la Red de Banco de Datos no hace estadísticas ni tiene la posibilidad de registrar la totalidad de violaciones graves a los Derechos Humanos que son perpetradas en el país cada semestre. Y que en esta ocasión en específico la monumental cantidad de atropellos contra los manifestantes desbordó por mucho sus capacidades de registro.

A pesar de ello, se puede evidenciar una sistematicidad en el accionar de esta institución y también puede evidenciarse la continuidad del fenómeno de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como en el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril de 2021.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El padre Giraldo hizo hincapié en el fortalecimiento del paramilitarismo a nivel nacional, regional y local registrando, 86 amenazas de muerte y 24 ejecuciones extrajudiciales. Además, en ese período ocurrieron 11 desapariciones forzadas, siete crímenes de violencia sexual, tres fueron reportadas como personas torturadas y tres heridas. Todo esto como el saldo de hechos cometidos por grupos paramilitares.

“Creo que ese [el paramilitarismo] es un problema que se viene complicando cada vez más desde los Acuerdos de Paz. Todos sabemos que la no implementación de los Acuerdos dio lugar a grupos que no se ciñeron a lo acordado. Además, ya desde antes en las mismas Farc hubo grupo o unidades que no se desmovilizaron porque no estaban de acuerdo con aspectos de los Acuerdos de Paz. Pero, creo que fue la no implementación de los Acuerdos lo que llevó a varios grupos a retornar a la lucha armada y nombrarse como disidencias de las Farc. Sin embargo, esto se ha ido complicando cada vez más porque hay grupos que han tomado rumbos muy distintos y algunos se han acercado a los paramilitares. En el sur del país hay indicio de que algunas de estas disidencias están colaborando con el Ejército Nacional. Hay zonas en donde realmente se ve que hay grupos armados pero no se les puede ubicar muy bien en qué posición ideológica y estratégica están, porque hay mezcla de algunos actores armados (desde los tradicionales paramilitares hasta los actores militares). Hay grupos que aparecen en un momento con escarapelas del ELN [Ejército de Liberación Nacional] y en otro momento con escarapelas de los paramilitares. Los campesinos no saben a qué atenerse, no saben con quién negociar, y esto ha dado pie a muchos desplazamientos”, reflexionó Javier Giraldo.

El informe también llamó la atención sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- y señaló como presuntos responsables a los grupos guerrilleros, con 91 víctimas totales (47 amenazas de muerte, 13 homicidios, 20 heridos, siete víctimas de reclutamiento forzado y cuatro víctimas de tortura).

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

Por su parte, los grupos paramilitares serían responsables de 30 víctimas, 23 de estas fueron victimas de reclutamiento forzado, tres amenazas de muerte, dos heridos y una persona torturada. Del mismo modo, el Ejército Nacional y la Policía tienen la autoría conjunta de 27 crímenes.

Según el Cinep, sería Santander el departamento con el mayor número de vulneraciones de DDHH en todo el país (304 casos), seguido de Bogotá (149 casos), el Cauca (107 casos) y Boyacá (106 casos). La Revista Noche y Niebla en su edición # 63 también muestra que en los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario se presentaron en mayor medida en los departamentos del Cauca y del Chocó, seguidos por el Departamento de Antioquia y el Guaviare.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El padre Javier Giraldo llamó la atención sobre los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, señalando que dichos asesinatos responden a un ataque sistemático a los líderes de base, que atenta directamente contra los procesos. El trabajo de Noche y Niebla recolectó 530 testimonios de líderes exterminados, pero valora que la cifra debe ser más alta.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/14/10/2021/la-fuerza-publica-es-el-actor-armado-que-mas-vulnero-los-derechos-humanos-en-colombia-en-2021/

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Cacerolazo contra la violencia, la primera gran protesta del año en Colombia

América del Sur/ Colombia/ 21.01.2020/ Fuente: www.eldiario.es.

Trabajadores, estudiantes, indígenas y activistas saldrán nuevamente este martes a las calles colombianas para realizar un cacerolazo en rechazo al asesinato de líderes sociales, los abusos de la fuerza pública y las políticas sociales del Gobierno, entre otras demandas.

La protesta de este 21 de enero, la primera del año después de las masivas manifestaciones de noviembre y diciembre contra las medidas sociales y económicas del Gobierno de Iván Duque, fue convocada en esta ocasión por el Comité Nacional de Paro bajo el lema «defensa de la vida».

ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES

El motivo central de la movilización, según sus convocantes, es el repunte de la violencia en varias regiones del país, donde en las tres semanas que van de año han sido asesinados alrededor de veinte líderes sociales, en promedio uno diario.

La situación llevó incluso a que el Consejo de Seguridad de la ONU expresara su «seria preocupación» y reclamara «acciones efectivas» para mejorar la seguridad en el país.

De acuerdo con los registros de la ONU, 107 activistas fueron asesinados el año pasado en Colombia, la mayoría en áreas rurales y casi todos ellos (98 %) «en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados», mientras varias decenas están amenazados.

A ello se sumó la denuncia del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, sobre amenazas contra él, contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y contra políticos de izquierda como Gustavo Petro y el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, por parte del grupo criminal Águilas Negras.

«Amenazas contra la alcaldesa Claudia López y otros líderes sociales y políticos deben motivarnos a que el próximo 21E se constituya en una estruendosa expresión de rechazo a los asesinatos y toda forma de violencia. Millones de cacerolas sonarán por la vida y por la paz», advirtió en Twitter Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

RECLAMOS SOCIALES Y CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

Al cacerolazo se unirán distintos sectores para recordar sus reclamos sociales y económicos, como el rechazo a la recién aprobada reforma tributaria, además de repudiar las interceptaciones ilegales del Ejército a políticos, magistrados y periodistas.

«Continuamos junto al pueblo contra la reforma tributaria y el ‘holding’ financiero, el alza de impuestos, de las tarifas de los servicios públicos, por el derecho a un medioambiente sano», por los «recursos para atender la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico», afirmó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

La movilización será también en rechazo al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), causante de la muerte del bachiller Dilan Cruz, de 18 años, quien falleció el pasado 25 de noviembre en Bogotá a raíz de las heridas sufridas en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro de ese cuerpo policial.

En respuesta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el cargo desde el 1 de enero, presentó la semana pasada un nuevo protocolo de seguridad para las protestas, en el que reafirma que el Esmad será la última instancia en intervenir para evitar situaciones como la de Dilan Cruz.

«El Esmad no es regulador de movilizaciones ciudadanas, es un organismo de choque de última instancia, no de primera instancia», ha defendido la alcaldesa al asegurar que de ahora en adelante ese cuerpo antidisturbios saldrá cuando haya protestas «sí y solo sí con la expresa autorización del alcalde».

PRIMERA DEL AÑO

El cacerolazo, que está previsto para las 17.00 hora local (22.00 GMT), será la primera gran manifestación de 2020 para el Gobierno de Iván Duque, luego de las multitudinarias protestas de sectores sociales a finales del año pasado.

A esta jornada, para la que otros grupos han anunciado acciones como bloqueos en la capital, le seguirá un encuentro nacional de los sectores aglutinados en el Comité del Paro, el 30 y 31 de enero, en el que buscarán acordar la estrategia política y el plan de acción para este 2020.

El Comité Nacional del Paro reúne a trabajadores, estudiantes, asociaciones indígenas, pensionados, campesinos, ambientalistas, activistas de derechos humanos y víctimas de la violencia, entre otros.

Fuente de la noticia: https://www.eldiario.es/politica/Cacerolazo-violencia-primera-protesta-Colombia_0_986902277.html

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Costa Rica: Sindicatos de educación, salud y Poder Judicial protestan contra ley de huelgas: «Matan la democracia»

Centro América/ Costa Rica/ Fuente: semanariouniversidad.com.

arios sindicatos protestan contra la aprobación de la ley de huelgas (Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, expediente 21.049) en la avenida central, frente a la puerta de ingreso para particulares en la Asamblea Legislativa.

Desde antes de las 9 a. m., la Fuerza Pública mantiene cerrado el ingreso al bulevar por los costados de la avenida central y el parque Nacional.

La Asamblea Legislativa convocó a una sesión extraordinaria de plenario en la que votarán la ley de huelgas en su segundo debate; de aprobarse, la ley pasará al Poder Ejecutivo para recibir la firma del presidente Carlos Alvarado.

En la protesta, los sindicatos cargan carteles que dicen “Hoy los diputados matan la democracia”.

Los sindicalistas también llevan carteles con caras de algunos legisladores. A la diputada liberacionista Yorleni León la llaman “enemiga de la clase trabajadora” y, por el contrario, al diputado del Frente Amplio José María Villalta lo llaman “amigo de la clase trabajadora”.

Durante la concentración, los sindicalistas gritan “El pueblo no perdona y el pueblo no olvida”; “Con ley o sin ley, huelga es huelga”; “Hoy votan los diputados, en quince días vota el pueblo” y “En dos años el pueblo también votará”.

Entre los sindicatos asistentes figuran la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); la Asociación Nacional de Educadores (ANDE; Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU); Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca); la Unión Médica Nacional y la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).

¿Qué reclaman los sindicatos?

Sindicatos afuera de Castillo, sobre avenida central. (Foto: Natalia Díaz).

El sindicalista Edwin Solano de la Unión Médica calificó el proyecto 21.049 como una “ley mordaza”.

“Creen que con eso nos van a callar. Cuando haya que manifestarse vamos a manifestarnos, cuando haya que hacer huelga vamos a hacer huelga. No vamos a permitir que una leyecita hecha por los liberales quiera callarle la boca al pueblo costarricense”, aseguró al micrófono, frente a los manifestantes.

“No importa si este segundo debate pasa, la clase trabajadora seguirá luchando en los movimientos de huelga, los regulen o no de una forma distinta. El ser humano no puede renunciar a su derecho a decir no. ¿Por qué les vamos a limpiar la calle para que nos quiten la educación, la salud y las pensiones”, aseguró en entrevista con UNIVERSIDAD el sindicalista de ANDE, Gilberto Barrantes.

“La mayor parte somos profesionales, somos educados y tenemos una condición de vida diferente, condiciones de salud distintas. Así que no nos va a preocupar que salga una ley, lo que me preocuparía, a mí, es que el pueblo no tenga conciencia cuando se incrementen las cosas y que sepan que uno, si sale a la calle, puede defender las cosas dignamente. Ellos hoy son diputados y mañana ciudadanos de calle”, dijo la sindicalista Xiomara Rojas del Sindeu.

¿Qué establece el proyecto de ley?

El proyecto de ley modifica 16 artículos del Código de Trabajo. En el caso del 371 que habla sobre el derecho a la huelga, el texto final del proyecto 21.049 dice que las huelgas legales serán las “contractuales”.

“Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono”, dice la reforma.

En la misma prohibición, el artículo especifica como excepción la “huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores”.
No obstante, el proyecto de ley dice que este tipo de huelga “no podrá tener una duración superior a 48 horas, ni podrán reiterarse por el mismo motivo”.

La modificación también establece que “No se considerará pacífica ninguna huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impida el acceso a las instalaciones o servicios públicos, la realización de sabotaje sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal, o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga”.

Prohibición en “servicios esenciales”

El proyecto añade al Código de Trabajo un artículo 375 bis que asegura que “La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del trámite de calificación previsto en este Código”.

Una modificación al artículo 376 del Código de Trabajo enumera los servicios esenciales: los servicios de salud “en todos sus niveles de atención”; los servicios de seguridad pública; los controladores aéreos y control migratorio en tierra, mar y aire; los servicios de transporte de “medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos, barcos tanqueros o naves de combustible u otras fuentes de energía”; los servicios de atención de desastres y emergencias (bomberos, búsqueda de desaparecidos, rescate y llamadas); los servicios de suministro de agua y alcantarillado; los servicios de energía eléctrica; servicios “indispensables para la importación, transporte, distribución y suministro de combustible”; y los servicios de comedores escolares y servicios de cuido para menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y otros, vulnerables.

Durante la gestación del artículo 376 se eliminó la prohibición de la huelga en servicios de educación y, por un voto de la Sala Constitucional, en diciembre, los diputados eliminaron la prohibición para los empleados del Poder Judicial.
Durante el primer debate, los diputados del Frente Amplio, José María Villalta, y la diputada oficialista Paola Vega, reclamaron que la redacción de la ley de huelgas respondió al contexto político de las huelgas contra la reforma fiscal (las cuales se extendieron a lo largo del segundo semestre del 2018 y provocaron pérdidas en diversos sectores comerciales, así como el atraso en el calendario de la educación pública nacional).

Suspensión del salario

Junto con Villata, la diputada socialcristiana Shirley Díaz opina que por estas razones políticas, el proyecto 21.049 limitará la huelga de empleados del sector privado.

Los diputados demostraron preocupaciones por la modificación del artículo 379 que dice los tribunales no podrán condenar “el patrono al pago de los salarios de los trabajadores que hubieran declarado una huelga en servicios esenciales”.

El mismo artículo dice que, durante la participación de la huelga, los patronos no estarán obligados “al pago de remuneraciones”. Los trabajadores recibirán sus salarios durante los días de huelga en retroactivo, no obstante, eso ocurrirá específicamente “Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo”.

Fuente de la noticia: https://semanariouniversidad.com/pais/sindicatos-de-educacion-salud-y-poder-judicial-protestan-contra-ley-de-huelgas-matan-la-democracia/

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Ecuador. “Graves vulneraciones de derechos por agentes estatales”, concluye Alianza de Derechos Humanos

América del Sur/Ecuador/03-11-2019/Autor(a) y Fuente: www.tercerainformacion.es

Se presentan cifras y testimonios de personas heridas, detenidas que sufrieron golpes y salieron en libertad sin ningún cargo en su contra, así como de los familiares de los fallecidos.

“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”, este es uno de los testimonios que incluye el informe presentado por la Alianza de organizaciones de Derechos Humanos, conformada por 6 entidades, sobre el paro nacional. En él, se señala las “graves vulneraciones de derechos cometidas, principalmente, por agentes estatales”, dentro del marco de los 11 días de protestas.

“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”. Lo golpearon nuevamente en todo el cuerpo y le obligaban a que responda preguntas específicas sobre su participación en el paro y la de los dirigentes. Después de acceder a colaborar, lo subieron a la patrulla, pero se volvió a quedar callado, y en ese momento le dispararon y el impacto lo recibió su celular. Entonces, respondió algunas preguntas. Finalmente, llegaron al Parque El Ejido, tomaron sus datos y después de golpearlo y amenazarlo, lo dejaron en libertad” (Dirigente indígena aprehendido el 9 de octubre en el Centro de Quito”).

El informe concluye que las movilizaciones se dieron en medio de uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza pública (policía nacional y fuerzas armadas) contra la ciudadanía que mayoritariamente se manifestaba de manera pacífica. La Alianza pudo registrar graves violaciones a los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad en relación con otros derechos.

 “J.S., hombre, se encontraba en una protesta cerca de Carapungo, y después entró a la casa con su primo. Los policías, alrededor de 5, entraron al domicilio, sin ningún tipo de orden u autorización competente para realizarlo y ambos fueron severamente golpeados en el cuerpo y en sus genitales”. (Su detención se dio entre el 3 y 4 de octubre. Se formalizó en Unidad de Flagrancia).

La Alianza corroboró que los actos de represión masiva desplegados al amparo de un estado de excepción y toque de queda produjeron una escalada de violencia que dejó más de mil heridos, ocho fallecidos confirmados por esta coalición de organizaciones de derechos humanos, heridos leves y graves, discapacitados, torturados, además de más de mil detenidos -449 reportados a esta Alianza- y pérdidas económicas y un exacerbamiento del racismo y la xenofobia en el país.

“Nos hincaron a todos, nos amarraron y en el centro nos botaron una bomba (lacrimógena) y el que se caía ahí le caían a patazos o a toletazos. Los menores de edad lloraban y se revolcaban en el piso y el que no hacía [el ejercicio] toletazo, patazo e incluso estaban con una tabla. Eran como 15 policías, 4 mujeres, todos salieron a reírse, se burlaban ahí…” (K.A.T, su detención fue el 8 de octubre. La audiencia fue por contravención de escándalo público. Pidió disculpas para salir en libertad).

La Alianza verificó que se vulneró también el derecho a la libertad personal y durante esas detenciones el derecho a la integridad de cientos de personas a nivel nacional. En este sentido, se logró verificar dos prácticas graves. Por un lado, la privación de la libertad de cientos de personas formalizadas ante un juez y, por otro, detenciones que no fueron formalizadas y que estuvieron acompañadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Estábamos sentados con el carro apagado, cuando un grupo de policías en moto se acercó, nos rodeó y comenzó a romper los vidrios de nuestro carro. Uno de ellos me apuntó con escopeta a la cara, amenazándome con disparar si no bajaba del carro. A mi hermano y a mi nos sacan a rastras del carro, y comienzan a golpearnos en el suelo y a patearnos entre varios policías. Apenas alzábamos un poco la cabeza, nos pateaban […] y nos gritaban que no intentemos ver. Luego de darnos una golpiza en la cabeza, espalda y extremidades, nos subieron a una patrulla y nos tuvieron dando vueltas por Quito por aproximadamente 2 horas. Nunca nos hicieron una detención legal. No quedó registrado en ningún documento…” (S.M.H y A.M.H, hermanos).

Más de la mitad de las personas detenidas (55%) recuperaron la libertad sin cargos y otro 16% acusadas por supuestamente maltratar o insultar a miembros de la fuerza pública, recuperaron la libertad después de que fueran condicionados a pedir disculpas a sus aprehensores, sin que les hayan podido imputar el cometimiento de algún delito. Alertan de la posibilidad de que el 71% de las detenciones hayan sido arbitrarias, aleatorias y selectivas durante operativos de represión y de persecución policial.

J.R.M, joven afrocolombiano, fue detenido el 3 de octubre, durante su audiencia de flagrancia indicó que se encontraba en la 9 de Octubre y Pichincha cuando uno de los policías motorizados gritó “cógelo por ser negro”. Las tres personas fueron patrocinadas por el CDH, no se pudo calificar la flagrancia, se demostró la detención aleatoria y expresiones racistas y finalmente fue puesto en libertad la tarde del 4 de octubre. (Detenido el 3 de octubre en Guayaquil)

Estos son algunos de los testimonios que recoge el informe de la Alianza de organizaciones de derechos humanos sobre los afectados en el paro nacional.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2019/10/31/ecuador-graves-vulneraciones-de-derechos-por-agentes-estatales-concluye-alianza-de-derechos-humanos

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Colombia: Hay más de 1.000 docentes rurales víctimas del conflicto armado

Redacción: Semana

El más reciente estudio de la Fundación Compartir reveló que un número considerable de maestros han sido secuestrados, asesinados y desaparecidos entre 1958 y 2018.

Diana lleva más de 26 años como docente de primaria en el departamento de Nariño. A pesar de resistir a los hostigamientos de las Farc (antes de la firma del Acuerdo de Paz), y luego a la persecución del ELN, se vio obligada a no regresar a la escuela. Las ganas con las que había asumido su trabajo en una zona de conflicto armado en Nariño desaparecieron cuando, por medio de un panfleto, le dijeron que tenía que salir del pueblo.

Junto a ella fueron amenazados y desplazados 14 profesores más. El colegio quedó vacío, los más de 1.000 estudiantes que estaban inscritos hasta 2017 no volvieron a asistir a clases. Su caso fue investigado por la Unidad Nacional de Protección, que consideró que estaba en riesgo extraordinario y por lo tanto debía ser trasladada. Pero, a criterio de Diana, la enviaron para un lugar más peligroso.

La realidad de Diana fue y es la realidad de 1.579 maestros de las zonas rurales del país que han sido víctimas del conflicto armado en los últimos 60 años, según la Fundación Compartir. Esta entidad realizó un exhaustivo estudio en 170 municipios priorizados en el acuerdo de paz con las Farc con el objetivo de comprender la condición de los docentes y directivos rurales que se encuentran en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado.

Entre los hallazgos más escabrosos aparece que 1.063 maestros (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población. 201 (12,7%) sufrieron secuestros. 200 (12,6%) fueron desaparecidos.

Ahora, de los 1.579 docentes que han sido blanco de la guerra en Colombia, 561 (35,5%) han sido reportados en las regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En estas regiones existe una concentración muy fuerte en el delito de asesinatos selectivos con cerca del 69% de las víctimas, seguido de las desapariciones con el 11,8% y los secuestros con el 9%.

“Esta situación de riesgo de los maestros también se ha identificado recientemente con el asesinato de líderes sociales en el marco del posacuerdo. Según la Comisión Colombiana de Juristas, los docentes han sido víctimas de homicidios en departamentos como Cauca, Córdoba, Valle, La Guajira, Tolima, Antioquia y Risaralda y en Bogotá”, lee en el estudio.

Pero en medio del terror que surge durante la guerra, los docentes siguen empeñados en ser constructores de paz. De acuerdo con este estudio de la Fundación Compartir, su permanencia en los territorios se convierte en un acto de resistencia que previene un mayor abandono de las escuelas rurales, especialmente en territorios donde las entidades gubernamentales y la fuerza pública no tienen ningún tipo de intervención.

Actitud que, aunque beneficia a la comunidad en donde enseñan, evidentemente los deja en peligro. Por esa razón, este estudio propone algunas claves y recomendaciones de política educativa para que los docentes permanezcan en el campo sin que sus vidas corran peligro.

La Fundación Compartir recomienda, por ejemplo, “que el Estado garantice la protección, así como de su atención psicosocial de los docentes víctimas del conflicto armado, (…), y, por otro, se encargue de su formación en competencias socioemocionales que les permita generar en los estudiantes una disposición hacia la convivencia pacífica”. 

Por último, propone que el Gobierno Nacional elabore un plan de reconocimientos e incentivos económicos, académicos y simbólicos para fomentar el arraigo de los maestros en las zonas rurales donde laboran. Una propuesta que ha funcionado en algunos países de América Latina.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/hay-mas-de-1000-docentes-rurales-victimas-del-conflicto-armado/618605
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¿A quién benefician los encapuchados en las protestas?

Por: Julián De Zuburía.

Los encapuchados no representan a los estudiantes universitarios. Sin embargo, rectores, profesores y alumnos no han respondido con suficientes mecanismos para aislarlos. El pedagogo Julián De Zubiría propone algunas estrategias para la defensa de las universidades oficiales.

Las protestas son justas y necesarias en una democracia si son masivas, argumentadas y pacíficas. En este sentido, hay que reconocer que los estudiantes nos dieron, entre octubre y diciembre del año anterior, una gran lección al garantizar que se cumpliera a cabalidad con esas condiciones en las gigantescas manifestaciones que convocaron en defensa de la educación oficial.

Los estudiantes crearon mecanismos excepcionales de protección de la fuerza pública y expulsaron a los encapuchados de sus marchas. Lograron, de esta manera, establecer un estilo de protesta más creativo, simbólico y masivo. Por eso, por primera vez, la población respaldó masivamente sus luchas.

Los diversos sondeos de opinión señalaron que entre un 92 y un 94 por ciento de los colombianos estábamos de acuerdo, ya que consideramos justas sus causas y muy bien argumentados sus motivos. Bastaba ver un debate televisivo para darnos cuenta de que estábamos ante la presencia de un movimiento estudiantil más maduro, reflexivo y propositivo que el que habíamos encontrando en las décadas anteriores.

La consecuencia inmediata de esas protestas estudiantiles las conoce la nación: por primera vez en la historia, se sentaron a dialogar y a resolver los problemas educativos el equipo del Ministerio de Educación (MEN), los profesores y los líderes de estudiantes. Al final, el gobierno cedió a las presiones y se comprometió a transferir 5,9 billones adicionales para la educación superior y la ciencia, algo que marcará un hito en la defensa de la educación oficial del país. Las próximas generaciones tendrán que agradecerles por su lucha.

Sin embargo, fueron diferentes las imágenes que nos mostraron los medios masivos de comunicación del paro nacional realizado el pasado 25 de abril. Allí vimos grupúsculos aislados de estudiantes lanzando piedras a un pequeño grupo de policías arrinconados en la Plaza de Bolívar y otros pintando las paredes y la puerta de la catedral. En total no eran más de 50 jóvenes, pero ellos sembraron el caos e impidieron que los oradores se expresaran ante unas 10.000 personas que se aglutinaban para protestar contra el Plan de Desarrollo.

Los encapuchados no representan a los estudiantes, ni defienden los intereses de las universidades públicas. Nunca han generado ningún impacto positivo para la educación; por el contrario, sus refriegas con la fuerza pública han conducido al cierre de las universidades oficiales, a la pérdida de servicios complementarios y a la detención de algunos de los estudiantes que observan un grotesco espectáculo en el que un pequeñísimo grupo de estudiantes lanza piedras y “papas bomba” a la fuerza pública, mientras que otros observan el enfrentamiento como si se tratara de un juego rutinario.

Un país que ha convivido con las masacres, las desapariciones y los desplazados, es probable que, por tradición, se haya acostumbrado a las pedreas en sus universidades oficiales. No obstante, no hay que olvidar que en ellas se tendrían que lanzar ideas, hipótesis, investigaciones y propuestas, ¡y no explosivos! Absolutamente todas tendrían que ser territorios de paz, de diálogo y de rechazo a la violencia, venga de donde venga. El pensamiento crítico y la formación de mejores ciudadanos, dos de las prioridades actuales de formación en las universidades, son la antítesis de las pedreas entre estudiantes y fuerza pública.

Lo que hay que entender es que los encapuchados tienen una agenda propia y que defienden intereses anarquistas. Su objetivo es generar caos, desorden y refriega con la fuerza pública y lo logran muy fácilmente al actuar de manera aislada y violenta. La pregunta es sencilla y directa: ¿A quién benefician con sus actos vandálicos los pequeños grupos de encapuchados que de tiempo atrás hemos visto en las universidades oficiales y que en esta ocasión hacían presencia en una marcha de docentes, estudiantes y trabajadores, que consideran que el Plan de Desarrollo trae muchos elementos excesivamente favorables al capital, pero muy perjudiciales para la pensión, los impuestos y el bienestar social de los trabajadores?

Y la respuesta, tan sencilla como directa: Las consecuencias de su vandalismo son contrarias a la causa que dicen proteger ya que, con sus actos, deslegitiman la protesta social y hacen que la población termine rechazando las marchas y las protestas, por el caos que generan.

En el caso del 25 de abril, a los pocos minutos de iniciada la pedrea, la marcha se había dispersado totalmente, no fue posible escuchar a los convocantes y en los medios de comunicación estaba totalmente anulado el motivo de la protesta. Sólo se hablaba de los encapuchados violentos que cometieron actos vandálicos en la Plaza de Bolívar. Al mismo tiempo, el presidente de FENALCO pedía exigir pólizas a los manifestantes, mientras muy pocas voces salían a defender la necesidad que existe en las democracias de recurrir a diversos mecanismos de protesta pacífica y masiva.

En múltiples ocasiones se han divulgado fotos y vídeos que permiten pensar que podría haber oscuros móviles de personas interesadas en deslegitimar la protesta apoyando actos vandálicos y de infiltrados interesados en generar anarquía y desorden en las marchas. Ojalá estas múltiples denuncias fueran investigadas por la Fiscalía.

Coloquialmente se afirma que “los extremos se tocan”. Este popular y sabio dicho explica por qué terminan actuando casi igual los grupos de extrema izquierda y extrema derecha. Los actos anárquicos de ambos terminan dándole la razón a quienes piden que se debilite la educación oficial y que los recursos sean transferidos al sector privado, bajo el supuesto de que allí se utilizarán mejor.

Necesitamos aislar, entre todos, a los violentos y fanáticos, y defender una protesta masiva, reflexiva y pacífica, como corresponde en las democracias.

La fuerza pública debería poder ingresar a los campos, siempre y cuando el Consejo Superior de las universidades así lo permita. De lo contrario, violaría la autonomía universitaria y podría escalar el conflicto, como lo ha reconocido el propio Consejo de Estado al condenar a la Policía al pago de gigantescas indemnizaciones después de que el ingreso intempestivo a las universidades oficiales ha conducido a asesinatos en el Alma Mater.

A pesar de ello, hay que invitar a los rectores a que utilicen este mecanismo cuando las circunstancias excepcionales lo ameriten. De lo contrario, los perjudicados son los hijos y las hijas de los sectores de menores ingresos que requieren de las universidades oficiales para continuar con sus estudios y aumentar, gracias a ello, sus posibilidades de movilidad en la sociedad.

Aun así, una solución más sencilla y directa es la instalación de cámaras en las afueras de los lugares en los que suelen presentarse los enfrentamientos con la fuerza pública. Con buenas y diversas cámaras, hoy es relativamente fácil identificar a los protagonistas de los enfrentamientos, así tapen sus caras con capuchas.

En conclusión, lo que tienen que entender los estudiantes es que quienes se encapuchan y lanzan piedras, contribuyen a la estigmatización y a la mala imagen de las universidades públicas. Con sus actos anarquistas, ellos terminan defendiendo a quienes quieren cerrarlas.

Es por lo tanto imprescindible que los promotores de las pedreas sean rechazados por los estudiantes y profesores. Para lograrlo, propongo debates y una votación general en todas las universidades oficiales sobre la vigencia y pertinencia de lanzar piedras a la fuerza pública en pleno siglo XXI, después de lo que hemos avanzado en la consolidación de la paz, luchando precisamente contra quienes han querido hacerla trizas.

Se trataría de analizar qué les han dejado a las universidades oficiales las pedreas que de manera recurrente se han sucedido en sus espacios aledaños. Hay que evaluar la experiencia y debatir su pertinencia. Al fin y al cabo, en los espacios universitarios se debería rechazar todo tipo de violencia en la sociedad, iniciando por la que se presenta en sus propios campus.

A la Fiscalía hay que exigirle investigación sobre la posible participación de personas infiltradas en los campos universitarios para deslegitimar a las protestas; a los rectores hay que pedirles que convoquen los Consejos Superiores en circunstancias excepcionales para autorizar el ingreso de la fuerza pública a las instalaciones; a la policía hay que convocarla a llenar de cámaras los espacios aledaños a las universidades.

A todos los docentes y estudiantes universitarios hay que invitarlos a rechazar la presencia de encapuchados en las marchas estudiantiles y de garantizar la protección de la fuerza pública en las movilizaciones. La paz la construiremos entre todos y las universidades tienen que ir en la punta para ejemplificar lo que significa para la vida, la democracia, la educación y el diálogo, la culminación exitosa del proceso de paz con la guerrilla más antigua del mundo.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/educacion/articulo/a-quien-benefician-los-encapuchados-en-las-protestas/612666

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En video: «La educación se defiende con argumentos no con explosivos»

América del Sur/ Colombia/ 06.05.2019/ Fuente: www.semana.com.

 

“La educación se defiende con educación, no con explosivos”, expresó Alejandro Palacio, representante de Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) sobre los actos de violencia y de vandalismo ocurridos en la Plaza de Bolívar, el pasado 25 de abril durante el paro nacional.

La escena de algunos jóvenes lanzando piedras contra los uniformados, mientras otros quemaban las lonas que protegían la catedral primada, para luego grafitearla, también provocó indignación entre los estudiantes que no se sienten representados por los encapuchados.

Y es que varios líderes del movimiento estudiantil le afirmaron a SEMANA Educación que los actos de violencia perpetrados por un pequeño grupo de encapuchados no provienen del movimiento estudiantil que está negociando con el Gobierno un pliego de 14 puntos acordados el año pasado.

“Queremos ser muy claros, tenemos que descartar todo tipo de manifestación violenta de nuestras movilizaciones, porque solo así vamos a permitir que toda colombia rodee nuestras reivindicaciones y exigencias”, dijo Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional.

Lo capuchos, como se les conoce a quienes cubren sus rostros para no ser identificados por la policía, generalmente son quienes lanzan las temidas papas bombas y ocasionan daños al espacio público con piedras y pintura.   

Como lo hicieron en diciembre del año pasado durante el paro estudiantil. En varias marchas, los encapuchados dejaron edificios manchados por globos de pintura y arremetieron contra el transporte público.  También ocurrió recientemente en la Universidad del Valle, en donde usaron explosivos para generar caoes en la ciudad. De esos desmanes, resultáron varios jóvenes heridos y una persona muerta. Hechos que aún son investigados por las autoridades departamentales.

Para Julián De Zuburía, director del Instituto Alberto Merani y experto en educación, los encapuchados tienen una agenda propia y defienden intereses anarquistas. «Lo que hay que entender es que la consecuencia de su vandalismo es contraria a la causa que dicen proteger, ya que, con sus actos deslegitiman la protesta social y hacen que la población termine rechazando las marchas y las protestas».

Aunque es usual verlos en las protestas estudiantiles, no es preciso saber si pertenecen a una universidad. John Deibi De la Cruz, representante estudiantil de la Universidad del Cauca, y quien ha estado presente en diferentes manifestaciones en Popayán, asegura que es muy difícil señalar si son o no estudiantes. Sin embargo, “no podemos descartar que al interior de las universidades hay estudiantes que comparten la protesta con violencia. Pero, de lo que sí estamos seguros es que no representan el grueso del estudiantado”.

Sin embargo, para algunos, no son los encapuchados quienes inician los desmanes. Julián Báez, vocero de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), cree que los encapuchados solo respondieron a la provocación de la fuerza pública. “Lo que pasó el 25 de abril se dio por el excesivo acompañamiento de la policía en la manifestación. Para nadie es un secreto que son ellos los que provocan a los manifestantes, se infiltran y usan la fuerza desmedida para atacar”.

De acuerdo con Zubiría, también existe la posibilidad de que existan grupos de la extrema derecha que apoyan los actos vándalicos para desligitimar la protesta. «En múltiples ocasiones se han divulgado fotos y vídeos que permiten pensar que podría haber oscuros intereses de personas de extrema derecha interesadas en deslegitimar la protesta apoyando actos vandálicos. Ojalá fueran investigados por la fiscalía estas múltiples denuncias».

Ahora, aunque el movimiento estudiantil le demostró al país que con la protesta pacífica logran presionar al Gobierno, su natural cercanía con quienes aprueban la violencia como una acción inherente a la protesta social puede terminar desligitimando sus exigencias y peor aún, alejando a quienes los apoyan.

Un escenario que tanto Alejandro Palacio y Jennifer Pedraza, los líderes más visibles del movimiento no descartan. Por ello, hacen un llamado a la reflexión a quienes intentan desligitizar su causa usando la violencia en las protestas estudiantiles, especialmente en sus próximas movilizaciones, con las cuales pretender asegurar, según ellos, los recursos que el Gobierno no le ha girado a la ciencia y tecnología. 

Video insertado

ACREES@ACREESCOL

La delegación de @ACREESCOL en la mesa con el Gobierno Nacional informa lo sucedido en la reunión del 30 de abril. El Gobierno dice que no asegura el dinero de saldos presupuestales que va mayormente para Ciencia y Tecnología. ¡Nos movilizaremos para que nos cumplan 100%!

Fuente de la noticia: https://www.semana.com/educacion/multimedia/la-educacion-se-defiende-con-argumentos-no-con-explosivos/611844#
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