Gasto Educativo

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Puerto Rico: Recortes UPR bajo lupa de la Middle States

Noticias

Puerto Rico/Abril de 2017/Autor: David Cordero/Fuente: Metro

La Comisión de Educación Superior de la Middle States (MSCHE, por sus siglas en inglés) aseguró ayer a Metro que vigila atentamente las propuestas de recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) planteadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“No podemos especular sobre lo que podría o no podría suceder con respecto a la acreditación de cualquiera de los 11 campus de la UPR, pero la Comisión ha estado monitoreando de cerca la situación en Puerto Rico y el potencial impacto en la UPR de los recortes presupuestarios propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal”, afirmó Richard J. Pokrass, director de comunicaciones y relaciones públicas de la MSCHE.

Respecto a los recortes de fondos universitarios –que podría alcanzar hasta los $512 millones–, Pokrass explicó que la pregunta que la MSCHE busca responderse a sí misma cuando monitorea situaciones de recortes en cualquiera de las instituciones acreditadas por la Comisión, es cómo los recortes afectarían las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, los servicios estudiantiles y otras funciones que una institución necesitaría para cumplir con su misión. 

Precisamente anoche, la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández, concluyó que el recorte fiscal, como se propone en los modelos contemplados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), “tendrá como consecuencia una institución inoperante” y pondrían en peligro el cumplimiento de la misión institucional del sistema universitario.

En esa misma línea, el profesor de Economía y aspirante a presidir la UPR, Carlos Colón de Armas, afirmó ayer que los recortes “irrazonables” que la JSF exige al primer centro docente del país, representan el riesgo mayor para que la institución pierda su acreditación y acceso a programas federales.

“Algunas instituciones han compensado los recortes de financiamiento aumentando las oportunidades de ingresos, reduciendo algo el impacto de los recortes. Cada institución es única en cuanto a cómo reacciona y cómo se ve afectada por recortes de fondos”, apuntó el portavoz de la MSCHE, en declaraciones escritas a Metro Puerto Rico.

Comisión está “consciente” de la huelga

Pokrass también aseguró que “la Comisión está consciente de la huelga”. Explicó que la MSCHE requiere que “la institución sea operacional, con los estudiantes activamente siguiendo sus programas de grado”.

“La Comisión debería determinar en qué momento una institución deja de ser operacional”, apuntó, añadiendo que los 11 campus de la UPR están acreditados como instituciones separadas, de modo que en teoría, algunos campus podrían ser clasificados como no operacionales y otros no.

Sin embargo, Pokrass puntualizó en que “la Comisión aún no ha llegado a ese punto” respecto a la UPR y que, en ese sentido, responder cuándo podría llegar a una determinación de ese tipo sería especulativo. 

Acreditación no se pierde “abruptamente”

Para que una institución de educación superior sea acreditada por la Middle States Commission, debe cumplir con 10 requisitos de afiliación de la Comisión y con 14 normas de acreditación. 

Al momento, los once recintos y unidades de la UPR cumplen con todos los requisitos y se encuentran acreditadas por la MSCHE. 

“Si una institución se encuentra fuera de cumplimiento con una o más normas de acreditación, la Comisión pondría esta institución en advertencia o probatoria, dependiendo de la gravedad del incumplimiento”, explicó Pokrass. 

Por regulación federal, la institución tendría entonces un máximo de dos años para corregir los señalamientos y cumplir con los requisitos. La Comisión tiene procesos establecidos para instituciones en probatoria, con el fin de identificar lo que debe hacer para regresar al estatus de cumplimiento.

“La Comisión no retira abruptamente la acreditación”, puntualizó el portavoz de la MSCHE. 

Las normas, en términos generales, son las siguientes:

  1. Misión y Metas
  2. Planificación, Asignación de Recursos y Renovación Institucional
  3. Recursos Institucionales
  4. Liderazgo y Gobernabilidad
  5. Administración
  6. Integridad
  7. Evaluación Institucional
  8. Admisiones y Retención de Estudiantes
  9. Servicios de Apoyo al Estudiante
  10. Facultad
  11. Ofertas Educativas
  12. Educación general
  13. Actividades Educativas Relacionadas
  14. Evaluación del Aprendizaje Estudiantil

Fuente: https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/04/26/middle-states-vigila-cerca-recortes-propuestos-upr.html

 

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Nueva Zelanda: Minister, unions dispute size of education spending increase

Noticias

Nueva Zelanda/Marzo de 2017/Fuente: RNZ

RESUMEN: La ministra de Educación, Hekia Parata, está en desacuerdo con los sindicatos de maestros sobre cuánto dinero el gobierno gasta en las escuelas. El Instituto Educativo y la Asociación de Maestros de Primaria han acusado a la Sra. Parata de usar «hechos alternativos» en reiteradas declaraciones de que el financiamiento gubernamental para las escuelas ha aumentado un 35 por ciento desde 2008. Los sindicatos dijeron que el análisis del gasto gubernamental real de la firma Infometrics mostró que el gasto directo en las escuelas a través del financiamiento de operaciones, los salarios de los maestros y el gasto de capital aumentó alrededor de 25 por ciento desde $ 4,62 mil millones en 2008 a $ 5,45 mil millones en el año calendario 2015. Dijeron que una vez que se tomó en cuenta el crecimiento de la inflación y el balanceo, el aumento por estudiante fue sólo de 2.3 por ciento. La oficina de la Sra. Parata proporcionó a RNZ cifras para un período más largo y basado en años financieros en vez de años civiles – de 2007-2008 a 2016-2017.

Education Minister Hekia Parata is at odds with teacher unions over how much money the government is spending on schools.

The Educational Institute and the Post Primary Teachers Association have accused Ms Parata of using «alternative facts» in repeated statements that government funding for schools has increased 35 percent since 2008.

The unions said analysis of actual government spending by the firm Infometrics showed direct spending on schools through operations funding, teacher salaries and capital expenditure had increased about 25 percent from $4.62 billion in 2008 to $5.45 bn in the 2015 calendar year.

They said once inflation and roll growth were taken into account, the increase on a per student basis was just 2.3 percent.

Ms Parata’s office provided RNZ with figures for a longer period and based on financial years rather than calendar years – from 2007-2008 to 2016-2017.

That information showed a 35 percent increase in spending on education, only if early childhood education was included.

Spending on schools increased 32 percent in that period.

The spending increase fell further to just 23 percent if the start date for measurement was moved to a different point in 2008 – the 2008-2009 financial year.

The president of the Educational Institute, Paul Goulter, said the minister’s figures made it sound like schools should be well-off, but they were not.

«Every school across the country is under-going a significant funding squeeze,» he said.

Ms Parata said 35 percent was correct.

«It’s not a question of the union’s figures versus the Minister of Education’s figures. There’s only one set of data, they are the government’s accounts,» she said.

Ms Parata said New Zealand spent a higher percentage of public funding on education than any other OECD country and funding had increased at a higher rate than inflation.

Fuente: http://www.radionz.co.nz/news/national/326159/minister,-unions-dispute-size-of-education-spending-increase

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Nueva Zelanda: Think what early childhood education is worth, govt urged

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Nueva Zelanda/Febrero de 2017/Autor: John Gerritsen/Fuente: RNZ

RESUMEN: Las previsiones del Gobierno estiman que el gasto en educación de la primera infancia se incrementaría en $ 102 millones de dólares, o un 5,5 por ciento este año y aproximadamente a la mitad de la figura que cada uno de los próximos tres años. Los incrementos se basan principalmente en el crecimiento de la matrícula ya que el gobierno empuja hacia las TIC objetivo del 98 por ciento de los niños que sufren la educación de la primera infancia antes de que comiencen la escuela. El gasto total de este año superaría $ 1.83 billones de dólares y el año pasado el Ministerio de Educación advirtió que el gobierno los aumentos proyectados de gasto «probablemente a superar a la asequibilidad de la Corona». Dijo que aussi Que la rentabilidad de la inversión para el gasto del gobierno se redujo en los altos subsidios para las personas que podían permitirse el lujo de pagar por la educación de la primera infancia a sí mismos de todos modos.

Government forecasts estimate spending on early childhood education would increase by $102 million dollars or 5.5 percent this year and by about half that figure in each of the next three years.

The increases were based mostly on growing enrolments as the government pushes toward its target of 98 percent of children experiencing early childhood education before they start school.

This year total spending would exceed $1.83 billion and last year the Ministry of Education warned the government that projected increases to spending were «likely to outstrip affordability to the Crown».

It also said that the return on investment for the government’s spending was reduced by high subsidies for people who could afford to pay for early childhood education themselves anyway.

The chief executive of the Early Childhood Council, Peter Reynolds, said the ministry needed to rethink that advice.

«We’re facing a pretty fundamental question and that’s the extent to which government has a role in subsidising early childhood education in New Zealand. This government is certainly trying to cut back and rebalance that equation.»

Mr Reynolds said increases in government spending were caused by increased enrolments, but the amount paid per child had barely increased at all in recent years, and that was putting early childhood centres under pressure.

Budget documents last year said cuts to the sector had saved $528 million since 2009, much of that through the abolition of higher funding rates for centres where more than 80 percent of staff were registered, qualified teachers.

Mr Reynolds said quality early childhood education had a big impact on a wide range of social harms and the government should be spending more, not less.

«There comes a point in time when the government’s got to come clean and have a very clear view about whether it sees this as an important area to invest in or not.»

The government is redesigning the early childhood funding system, but it was not yet clear whether that would result in less money per child or more.

The chief executive of Kindergartens New Zealand, Clare Wells, said parents were already paying a lot.

«While the government is actually subsidising the service as well through its grant, that effectively hasn’t increased for the payment for each child since 2011. There’s been a slight increase, a slight adjustment, but not significant,» she said.

«So centres have had to make up the shortfall and the way they actually make up the shortfall is through fees to parents.»

The chief executive of Early Childhood New Zealand, Kathy Wolfe, said the government was reluctant to fund early childhood education appropriately.

However, she said she had not seen any sign that further cuts were coming, and she was hoping the government would re-introduce higher subsidy rates for centres where 100 percent of staff were qualified, registered teachers.

The Educational Institute (NZEI) is campaigning for increased government funding for schools and early childhood centres.

The union’s president, Lynda Stuart, said the lack of increased funding on a per-child basis was undermining the quality of early childhood education.

«What we’ve got is a situation really where either parent fees go up or quality goes down.»

The Education Minister Hekia Parata said the ministry’s statement about affordability was intended to highlight the continuing growth in demand for funding.

She said total funding for early childhood education had doubled since 2007 and early childhood education was 33 percent more affordable for parents than it was ten years ago and more affordable than it was a year ago.

«Per-child ECE funding in New Zealand is among the highest in the OECD,» Ms Parata said.

«In the year to September 2016 the cost of childcare increased by 0.8 per cent and the QES average ordinary-time earnings increased by 1.7 per cent. So in the year to September 2016, the cost of childcare relative to earnings decreased by 0.9 per cent,» she said.

Fuente: http://www.radionz.co.nz/news/national/324880/think-what-early-childhood-education-is-worth,-govt-urged

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La deuda universitaria en Estados Unidos supera ya el PIB de Rusia

Noticias

Estados Unidos/28 de Noviembre de 2016/Economía Hoy

Una deuda para toda la vida. Esto es a lo que se enfrentarán en los próximos meses más de dos millones de estudiantes en Estados Unidos, que esperan ansiosos las cartas de admisión de las facultades universitarias donde pretenden adquirir una educación superior. Pero la cuantía de las deudas de todos ellos y de los que llegaron a la universidad antes que ellos es apabullante: 1.3 billones de dólares, una cifra que supera, por ejemplo, el Producto Interior Bruto (PIB) de Rusia.

Por hacerlo aún más gráfico, reflejemos la cifra íntegra: 1.300.000.000.000 dólares, lo que implica el triple de la deuda pública de Colombia o superar el endeudamiento de todo México.

Las grandes cifras muestran que la deuda universitaria en Estados Unidos tiene más peso que la economía de 180 de los 191 países que recoge el Fondo Monetario Internacional, o que suma más valor que la producción anual de Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador juntas. Pero si se acude a los pequeños datos, se plasma un verdadero drama.

Por cada año, una formación de 4 años en una universidad pública acaba costando al bolsillo del estudiante una media de 20.090 dólares si acude a un centro del estado en el que reside, y de 35.370 dólares si lo hace fuera de su estado, ambos incluyendo alojamiento, según College Board. Si el estudiante es aceptado en una de las grandes universidades privadas, las de la llamada ‘Ivy League‘, puede alcanzar los 64.566 dólares que cuesta el curso (alojamiento incluido) en la Universidad de Brown.

Aunque en un reciente informe la Casa Blanca considera que la deuda universitaria supone «una excelente inversión» que permitirá al endeudado ganar 1 millón de dólares más a lo largo de su vida, el gráfico superior refleja cómo la deuda es cada vez mayor, incrementándose especialmente en las franjas de mayor edad.

Según datos de la Reserva Federal de Nueva York, las personas con más de 50 años aún acumulan una deuda universitaria por valor de 215.000 millones de dólares., cuando en 2004 era de 37.000 millones. Mientras, la deuda global se ha multiplicado por 3,5 entre 2004 y 2015, en la franja de edad mencionada casi se ha sextuplicado.

En porcentaje, la diferencia es más abultada. Mientras que en 2004 los más jóvenes – menores de 30 años – asumían el 42% de la deuda y los mayores de 50 años lo hacían con el 10,7%, en las cifras del pasado año los jóvenes han caído hasta el 30,5%, pero los mayores de 50 acumulan ya el 17,5% del total de la deuda universitaria, lo que habla de cómo las generaciones que cursaron sus estudios superiores hace tres o cuatro décadas han sido cada vez más incapaces de abonar sus obligaciones.

La crisis económica surgida en 2007 también se ha convertido en un lastre para las economías domésticas en este aspecto. En el informe, la Casa Blanca señala que, pese a seguir siendo una buena inversión, «particularmente durante la recesión, muchos estudiantes no recibieron una educación que les permita gestionar la deuda en la que han incurrido».

Eso sí, aunque «el ascenso en la deuda de préstamos estudiantiles ha supuesto un desafío para algunos prestatarios con bajos ingresos, no ha sido un factor significativo en la macroeconomía», puesto que el aumento de la deuda universitaria «está asociada con ingresos adicionales, lo que pone a muchos hogares en una mejor posición para comprar casas o iniciar un negocio».

Fuente: http://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/7980973/11/16/La-deuda-universitaria-en-Estados-Unidos-supera-ya-el-PIB-de-Rusia.html

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El (recorte al) gasto federal y el derecho a la educación

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

 El presupuesto de egresos de la federación es una herramienta para lograr los objetivos y metas de los programas sectoriales, del plan nacional de desarrollo, de las funciones y atribuciones de los distintos órganos de la administración pública. Sin embargo, más allá de lo anterior, el presupuesto es también un indicador de la medida en la que el gobierno asume las responsabilidades del Estado, derivadas de los fines establecidos en la legislación de cada materia en particular, así como de los derechos humanos de los ciudadanos, en general.

Los recursos de los que dispone el gobierno son, siempre, limitados. Por lo tanto, el proceso de construcción del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) es un proceso eminentemente político. Múltiples actores, con diversos intereses y capacidades de gestión, se hacen presentes durante el proceso de confección del proyecto, antes de hacerse público. El PPEF en sí es resultado de las negociaciones, de acuerdos, de ajustes de cuentas y de nuevos compromisos entre los actores. Se pueden inferir las “prioridades” del gobierno en la asignación de recursos a los distintos ramos y programas presupuestarios. Tales prioridades están mediadas por criterios de diverso origen y distinta racionalidad, considerando que en nuestro país el presupuesto federal es también un factor clave del desempeño de la economía.

Una parte de las prioridades puede ser observada a través de los “anexos transversales” que acompañan al PPEF, según lo dispuso la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Los anexos representan un “presupuesto transversal” dedicado a asuntos específicos de la agenda de políticas públicas o a sectores de población particulares. Su definición procede de una estrategia de gestión presupuestaria, pero también de la atención debida a compromisos específicos del Estado: proveer fondos para garantir los derechos humanos (véase documento de Fundar.org).

Los presupuestos transversales contenidos en los anexos del PPEF relacionados con elDerecho a la Educación son varios. Sólo de modo indicativo, destacamos: Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Atención de grupos vulnerables; Atención de niños, niñas y adolescentes, Desarrollo de los jóvenes; Programa de ciencia, tecnología e innovación.  La LFPRH prevé (art. 58) que en algunos casos no se podrán hacer reducciones presupuestarias sin atenderse a una serie de criterios. En general, sin embargo, los presupuestos transversales pueden ser incrementados, compensados o disminuidos por efecto de la integración o trasferencia de programas presupuestarios.

Las perspectivas económicas y el escenario en el que se encuentra nuestro país llevaron a la previsión de una reducción del gasto público en 2016 y, ahora, para 2017.  El recorte aplicado al PPEF de 2016 y el planteado en el PPEF de 2017 es diferente tanto en tamaño como en la forma en que afecta a distintos ramos de la administración pública federal, así como de los presupuestos transversales. En la tabla 1 se muestra la evolución de la asignación presupuestaria a tres ramos: Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Gobernación (SG) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

cuadro-1

Es claro que la reducción de la asignación presupuestaria a la SG es mayor que la que se hizo a la SEP y significativamente mayor respecto a la de la SEDENA. Sin embargo, la reducción impuesta a la SEDENA es casi tres veces menor que la hecha a la SEP, en particular, en el PPEF 2017. Si bien son ramos de la administración que no se pueden equiparar por la naturaleza de sus funciones, es evidente el mayor impacto de la reducción en el sector educativo, en la medida en que disminuye recursos necesarios para generar condiciones para el ejercicio del derecho a la educación, base para el ejercicio de otros derechos.

Otra cuestión es el impacto que la reducción presupuestaria tiene en distintos “presupuestos transversales” dirigidos a poblaciones específicas, en relación con el derecho a la educación.  Las tablas 2 y 3 permiten apreciar la variación en los presupuestos asignados (sin entrar al análisis de la dinámica que los programas presupuestarios tienen).  La reducción es de diferente intensidad e impacto en cada caso. Muestra cuidados y atenciones a unos sectores, así como tratos diferenciales que pueden resultar inequitativos.

cuadro-2

Mientras que la asignación presupuestaria destinada a ‘Desarrollo de pueblos y comunidades indígenas’ para 2017 muestra una reducción de casi 3% (mayor a 5% real si se considera la inflación), es bastante menor que la reducción aplicada al presupuesto dedicado a la ‘Atención de grupos vulnerables’ (el doble que la reducción aplicada a la SEP). Por su parte, es muy contrastante la reducción en la asignación a la ‘Atención de niños, niñas y adolescentes’ (-8%) y al ‘Desarrollo de los jóvenes’ (-0.3%) —véase tabla 3. Más allá de las diferencias en los programas presupuestarios implicados y sus costos asociados, se aprecia un desplazamiento de la atención federal hacia las metas dedicadas a la atención al ‘Desarrollo de los jóvenes’, por encima de las desigualdades y los déficits acumulados en los presupuestos destinados a la  ‘Atención a los niños, niñas y adolescentes’.

cuadro-3

El mayor contraste es ofrecido por la reducción diferencial –para 2017– en los cuatro presupuestos transversales arriba citados y el dedicado al ‘Programa de ciencia, tecnología e innovación’, cuyo caso muestra un crecimiento sostenido en las asignaciones, en un año igual a la inflación y muy por encima de la inflación en tres de los cuatro años observados –véase tabla 3. Se aprecia un sesgo inequitativo entre las asignaciones destinadas a amplios sectores de población y las asignaciones crecientes dicho programa, que refiere a un ámbito de desarrollo y no a una población en particular. Sin embargo, en términos de prioridades de desarrollo, y más si el presupuesto se basase en un enfoque de derechos, se aprecia una “tensión” entre prioridades y derechos.

La reducción presupuestaria no sólo afecta de modo desigual e inequitativo a sectores de población -niños, niñas y adolescentes o pueblos y comunidades indígenas. También tiene sesgos territoriales –implícitamente, políticos– claramente identificables en el planteamiento de los proyectos de presupuesto de egresos de la federación. Un caso se observa al comparar la variación de presupuestos asignados al componente de educación del programa Prospera (sin contemplar el gasto en el ramo de salud ni el gasto de operación) y el financiamiento a los servicios de educación básica y normal del Distrito Federal/Ciudad de México –gasto no descentralizado.  Los datos de la tabla 4 muestran que el componente de educación (luego de un incremento inicial) de Prospera perdió progresivamente por efecto inflacionario entre 2014 y 2015, así como entre 2016 y 2017; mientras que el incremento de 2016 sólo compensó la inflación de un año. Entre tanto, el gasto asignado a educación básica en el Distrito Federal/Ciudad de México tuvo incrementos por encima de la inflación, justo en los años en que se procesó una reducción significativa al presupuesto de la SEP (2016 y 2017).

cuadro-4

Las diferencias e inequidades visibles en el corto plazo –en la coyuntura de los ajustes al presupuesto federal anual– sin embargo, ofrecen indicios de inequidades estructurales que devienen de asignaciones presupuestarias desiguales acumuladas en el largo plazo. Inequidades que afectan las oportunidades para ejercer con plenitud el derecho a la educación por amplios sectores de población en situación de vulnerabilidad y de pobreza.

El caso de la educación preescolar permite observar y constatar lo anterior. La atención a la población de 3 a 5 años en México sucede a través de varios servicios: preescolar general, preescolar indígena y preescolar comunitario. Cada uno de ellos es objeto de programas presupuestarios diferentes y la asignación de recursos a gasto de operación y de inversión es distinta. Por ejemplo, el programa presupuestario dedicado a educación comunitaria sufrirá una merma igual a la inflación en 2017, porque se mantuvo la asignación de 2016; a lo que se añade que el gasto en la nómina representa en algunos casos más del 85% del gasto. Son tales las desigualdades entre los servicios de educación preescolar, que en sí mismas producen diferentes circuitos de escolarización de la población rural, indígena y urbana, con acceso a muy diferentes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de los niños.

La asignación presupuestaria a cada servicio no sólo afecta al derecho a la educación(accesibilidad y asequibilidad) sino en la educación (aceptabilidad y adaptabilidad) por parte de diferentes sectores sociales, inscritos en territorios también desiguales. La tabla 5 muestra que los niños tienen distintas condiciones para el aprendizaje en escuelas que ofrecen los tres grados, según el número de docentes asignados a la escuela a la que les toca asistir: más de la mitad de las escuelas de preescolar general cuentan con al menos tres docentes (uno por grado); en cambio, en las escuelas de preescolar indígena la mayor parte atiende los tres grados con un solo docente y, en el extremo, 90% de los centros de educación preescolar comunitaria (de CONAFE) atiende los tres grados con un solo educador. En ese contexto, la reducción a la previsión presupuestaria para CONAFE resulta más que inequitativa.

cuadro-5

La asignación presupuestaria para la educación preescolar en su mayor parte se destina a gastos de operación y éstos, en buena medida, se dedican al pago de los salarios y compensaciones a docentes y becarios. Las diferencias entre los servicios educativos llevan implícita una serie de desigualdades en la distribución del gasto entre diversos sectores de población, así como territorios. Desigualdades que, al mismo tiempo, afectan de manera profunda su posibilidad de ejercer el derecho en la educación, en particular, a una educación integral.

Los datos de la tabla 6 permiten confirmarlo. En el servicio de preescolar general, las escuelas públicas de las entidades federativas tienen tres docentes y en las del Distrito Federal casi seis. Esa diferencia se justifica según la ratio de alumnos por escuela. Pero las diferencias van más allá: se estima que la totalidad de escuelas de preescolar general en la Ciudad de México cuentan con director sin grupo, con docente de educación física (algunas más de uno); en tanto dos tercios de las escuelas dispondrían de docente de educación artística y la mitad de un docente de idiomas. En contraste, en las entidades de la república, sólo un poco más de un tercio de las escuelas disponen de director técnico, un tercio con docente de educación física, menos de un tercio con docente de educación artística y sólo 7% con docente de Idiomas. La diferencia en la asignación de puestos docentes –generales y especializados– entre los territorios (centro vs periferia) es abismal.  El mayor contraste en la asignación de recursos, por su puesto, se aprecia entre escuelas de preescolar general, preescolar indígena y preescolar comunitario. Estos últimos dos servicios no disponen de docentes de educación física, artística o de idiomas. Sólo una décima parte de las escuelas de educación indígena disponen de director técnico. Se podrá justificar la diferente asignación de recursos presupuestarios (salariales/docentes) a esas escuelas por la ratio de alumnos por escuela y la ratio de alumnos por docente.

Pero ese no es el punto. Lo evidente es la inequitativa asignación de recursos entre diferentes sectores de población: a la población de la Ciudad de México mayores oportunidades de educación preescolar integral –educación física, artística y de idiomas, con gestión escolar especial. A las poblaciones rurales dispersas, a los pueblos y comunidades indígenas, menos recursos asignados, docentes con responsabilidades de gestión, con atención a grupos multigrado y con cada vez menos recursos para la enseñanza y el aprendizaje, es decir, rudimentos de educación preescolar.

cuadro-6

En síntesis, el presupuesto de egresos de la federación es una herramienta para gestionar las prioridades nacionales. También lo debe ser para asegurar que la población –a pesar de las desigualdades sociales, económicas, culturales y territoriales– ejerza de manera progresiva su derecho a la educación y en la educación.  El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en particular, tiene la grave responsabilidad de construir equilibrio entre las prioridades nacionales privilegiando un enfoque de derechos, por encima de intereses de grupo o partido, o de posiciones de poder de distintos actores de la administración pública federal. A la vista de las desigualdades en la distribución del recorte presupuestario al gasto federal ¿puede el Congreso enfrentar la injusticia y asumir el reto de garantizar un mínimo de equidad? ¿puede abonar a superar las inequidades estructurales en la asignación del gasto educativo y aportar a una mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas rurales, indígenas y de grupos en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, desde una perspectiva de educación y desarrollo integral?  Una obligación moral que deviene de lo anterior es que el Congreso revise a fondo la distribución del recorte presupuestal para no afectar el derecho a la educación de las nuevas generaciones de mexicanos.

Referencia:

Fundar (s/f) Los presupuestos transversales como herramienta para garantizar los derechos humanos. En: www.fundar.org.mx/mexico/pdf/presupuestosyanexos.pdf

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/el-recorte-al-gasto-federal-y-el-derecho-a-la-educacion/

Fuente de la imagen: Foto de Archivo

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Canadá: National spending on public education grows $18 billion over a decade even as enrolment falls: Fraser Institute

Noticias

América del Norte/Canadá/Octubre de 2016/Autora: Ashley Csanady/Fuente: National Post

RESUMEN:   La compensación de los maestros está haciendo subir los costos de la educación en Canadá incluso cuando cae la inscripción de estudiantes en todo el país, según un informe del Instituto Fraser. El gasto en educación aumentó en más de un 41 por ciento desde 2004 hasta 2014,  desde un 44,3 $ millones a $ 62,6 billón – un aumento de casi $ 18 mil millones. Al mismo tiempo, la matrícula total se redujo en alrededor de 200.000 estudiantes. Eso significa que la financiación por alumno en general ha aumentado, los autores del informe dicen,que la mayor parte de ese aumento se va a los sueldos maestros, prestaciones y pensiones. «Estamos gastando una mayor proporción de cada dólar que gastamos en nuestras escuelas públicas sobre la remuneración de los maestros», dijo DEANI Van Pelt, director del Centro Barbara Mitchell para el Mejoramiento de la Educación en el Instituto Fraser.

Teacher compensation is driving up education costs in Canada even as student enrolment falls across the country, a new Fraser Institute report finds.

Education spending increased by more than 41 per cent from 2004 to 2014, or from $44.3 billion to $62.6 billion — a spike of almost $18 billion. At the same time, overall enrolment declined by about 200,000 students.

That means overall per-student funding has risen, the report’s authors say, and the bulk of that increase is going to teachers’ salaries, benefits and pensions.

“We’re now spending a larger share of every dollar we spend on our public schools on teacher compensation,” said Deani Van Pelt, director of the Barbara Mitchell Centre for the Improvement of Education at the Fraser Institute.

She said that in 2004, 72 cents of every dollar spent on education went to compensation. It’s now 74 cents: “We have experienced a dramatic increase in what we spend on education in Canada and over 78 per cent of that increase has gone to teacher compensation.”

“Alberta stands out,” Van Pelt said, as that province has increased spending on compensation by 80 per cent. And Ontario has more than doubled how much it spends on teacher pensions in that decade, with spending in that area increasing by 106 per cent even as the province struggled to rein in public-sector compensation costs.

However, critics of the Fraser Institute and proponents of public education say the findings are a bit misleading — would parents say those dollars are misspent if it means fewer children in each classroom?

“The Fraser Institute’s observation that ‘governments are spending more dollars and a greater share of total education spending on teacher compensation, with increasing shares going towards fringe benefits and pensions’ is designed to prompt us to ask whether teachers are deserving of the compensation they receive,” said Charles Ungerleider, a professor of sociology of education at the University of British Columbia. “Canada enjoys one of the best-performing public education systems in the world, in part because it has a well-educated and prepared cadre of teachers.”

Of the $18-billion increase between 2004 and 2014, about 78 per cent of the hike went to teacher compensation. Of that increase, the bulk of the cost spike went to teachers’ pensions. National spending on their retirement nearly doubled over the decade, from $2.3 billion to $4.3 billion.

While the Fraser report, titled Understanding the Increases in Education Spending in Public Schools in Canada, didn’t dig into why pension costs were so high, expert Bill Tuft said it’s an effect of a cycle.

“Mainly it’s because of the rapidly increasing salary costs,” he said. “The contributions are based on a portion of the salary and as the salary costs go up, the pension costs go up.”

Fuente: http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/national-spending-on-public-education-grows-18-billion-over-a-decade-even-as-enrolment-falls-fraser-institute


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Estados Unidos: From the CIA to the GFE

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América del Norte/Estados Unidos/Septiembre de 2016/Fuente: Project Syndicate.org

RESUMEN: Los Estados Unidos tiene que cambiar su gasto de la guerra en la educación, a partir de un cambio de régimen apoyado por la CIA a un nuevo Fondo Mundial para la Educación (GFE). Con cientos de millones de niños en todo el mundo, no en la escuela, o en escuelas con profesores sin titulación, la falta de computadoras, clases numerosas, ni electricidad, muchas partes del mundo están encabezados por la inestabilidad masiva, el desempleo y la pobreza. El desequilibrio actual en los Estados Unidos, el gasto en la educación global y los programas relacionados con militares-es asombrosa: $ 1 mil millones por año en el primero, y más o menos $ 900 millones de dólares en este último. programas relacionados con los militares incluyen el Pentágono (alrededor de $ 600 millones de dólares), la CIA y organismos afines (alrededor de $ 60 mil millones), Seguridad Nacional (alrededor de $ 50 mil millones), los sistemas de armas nucleares fuera del Pentágono (alrededor de $ 30 mil millones), y los programas de veteranos ( alrededor de $ 160 mil millones). Por supuesto, los EE.UU. no está solo. Arabia Saudita, Irán, e Israel están desperdiciando grandes sumas de dinero en una carrera de armamentos, en el que los EE.UU. es el principal proveedor financiero y brazos. China y Rusia también están aumentando drásticamente el gasto militar, a pesar de sus prioridades nacionales urgentes. Estamos, al parecer, cortejando a una nueva carrera de armamentos entre las grandes potencias, en un momento en lo que realmente se necesita es una raza pacífica, educación y  desarrollo sostenible.

The United States needs to shift its spending from war to education, from CIA-backed regime change to a new Global Fund for Education (GFE). With hundreds of millions of children around the world not in school, or in schools with under-qualified teachers, a lack of computers, large class sizes, and no electricity, many parts of the world are headed for massive instability, joblessness, and poverty. The twenty-first century will belong to countries that properly educate their young people to participate productively in the global economy.

The current imbalance in US spending on global education and military-related programs is staggering: $1 billion per year on the former, and roughly $900 billion on the latter. Military-related programs include the Pentagon (around $600 billion), the CIA and related agencies (around $60 billion), Homeland Security (around $50 billion), nuclear weapons systems outside of the Pentagon (around $30 billion), and veterans’ programs (around $160 billion).

What US politicians and policymakers in their right minds could believe that US national security is properly pursued through a 900-to-1 ratio of military spending to global education spending? Of course, the US is not alone. Saudi Arabia, Iran, and Israel are all squandering vast sums in an accelerating Middle East arms race, in which the US is the major financier and arms supplier. China and Russia are also sharply boosting military spending, despite their pressing domestic priorities. We are, it seems, courting a new arms race among major powers, at a time when what is really needed is a peaceful race to education and sustainable development.

Several recent international reports, including two this month by UNESCO and the International Commission on Financing Global Education, headed by former UK Prime Minister Gordon Brown, show that annual global development assistance for primary and secondary education needs to rise from around $4 billion to around $40 billion. Only this ten-fold increase can enable poor countries to achieve universal primary and secondary education (as called for by Goal Four of the new Sustainable Development Goals). In response, the US and other rich countries should move this year to create the GFE, with the needed funds shifted from today’s military spending.

If Hillary Clinton, the likely next US president, genuinely believes in peace and sustainable development, she should announce her intention to back the GFE’s creation, just as President George W. Bush in 2001 was the first head of state to endorse the newly proposed Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria. She should call on China and others to join this multilateral effort. The alternative – to continue spending massively on defense rather than on global education – would condemn the US to the status of a declining imperial state tragically addicted to hundreds of overseas military bases, tens of billions of dollars in annual arms sales, and perpetual wars.

Without a GFE, poor countries will lack the resources to educate their kids, just as they were unable to finance the fight against AIDS, TB, and malaria until the Global Fund was established.

Here’s the basic budgetary challenge: it costs at least $250 in a poor country to educate a child for a year, but low-income countries can afford, on average, only around $90 per child per year. There is a gap of $160 per child for around 240 million school-aged kids in need, or about $40 billion per year.

The consequences of underfunded education are tragic. Kids leave school early, often without being able to read or write at a basic level. These dropouts often sign up with gangs, drug traffickers, even jihadists. Girls marry and begin to have children very young. Fertility rates stay high and the children of these poor, under-educated mothers (and fathers) have few realistic prospects of escaping poverty.

The cost of failing to create decent jobs through decent schooling is political instability, mass migration to the US (from Central America and the Caribbean) and Europe (from the Middle East and Africa), and violence related to poverty, drugs, human trafficking, and ethnic conflict. Soon enough, the US drones arrive to exacerbate the underlying instability.

In short, we need to shift from the CIA to the GFE, from the expensive failures of US-led regime change (including those targeting Afghanistan’s Taliban, Iraq’s Saddam Hussein, Libya’s Muammar el-Qaddafi, and Syria’s Bashar al-Assad) to investments in health, education, and decent jobs.

Some critics of aid argue that funds for education will simply be wasted. Yet the critics said exactly the same about disease control in 2000 when I proposed a scale-up of funding for public health. Sixteen years later, the results are in: disease burdens have fallen sharply, and the Global Fund proved to be a great success (the donors now think so, too, and have recently replenished its accounts).

To establish a successful counterpart for education, first the US and other countries would pool their assistance into a single new fund. The fund would then invite low-income countries to submit proposals for support. A technical and non-political review panel would assess the proposals and recommend those that should be funded. Approved proposals would then receive support, with the GFE monitoring and evaluating implementation, enabling well-performing governments to build track records and reputations for sound management.

Since 2000, the US and other countries have squandered trillions of dollars on wars and arms purchases. The time has come for a sensible, humane, and professional new approach that would scale up investment in education while scaling back expenditures on wars, coups, and weaponry. The education of the world’s youth offers the surest path – indeed, the only path – to global sustainable development.

Fuente: https://www.project-syndicate.org/commentary/establish-global-education-fund-by-jeffrey-d-sachs-2016-09

Imagen: http://protestantedigital.com/cultural/34004/libros_vs_canones

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