La democracia es clave para que el poder circule y sea accesible a todos. Es un sistema que garantiza la participación equitativa y transparente de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y gobernanza del destino de la sociedad. Instituye los derechos y voces de cada individuo donde todos somos iguales ante la ley y, precisamente, estas bondades han de cultivarse en el territorio educativo.
El expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, definió a la democracia de manera magistral, “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Esta poderosa frase resume el significado de la democracia que cada ciudadano del planeta debe estar familiarizado. Consciente de su impacto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra su valor cada 15 de septiembre. Es fundamental que toda la sociedad la promueva, ya que la democracia nos permite vivir con respeto, libertad e inclusión.
Para que las personas cultiven la democracia participativa, es perentorio que aprendan a pensar en grupo y tomar decisiones informadas, y esa es una responsabilidad de la educación. Enseñar y practicar la democracia en las escuelas, implica incorporar la educación ciudadana en el currículo para el ejercicio activo de los estudiantes en la vida escolar, potenciando el pensamiento crítico mediante debates basado en casos. Además, establecer valores democráticos y respetar la pluralidad de opiniones en la escuela, prepara a los estudiantes para una exitosa vida democrática.
Eduquemos a los niños la práctica de la democracia en el hogar, promoviendo el diálogo respetuoso y horizontal entre todos y, escuchemos su voz en la interrelación familiar. Animarlos a expresar sus ideas e involucrarse en actividades comunitarias, es otra de las maneras de cultivar la democracia participativa desde la temprana edad.
Sin embargo, en nuestro país, en nombre de la democracia, es común que muchas personas formen partidos políticos, prácticamente como un negocio personal. Algunos candidatos a alcaldías y gobiernos regionales, “compran votos” para ser elegidos y así tenemos a tantas autoridades cuestionadas por la justicia. Aunque todos tenemos el derecho de ser elegidos, creo que las personas que hayan cumplido condena por algún delito no podría ser autoridad, ya que sería como poner al zorro al cuidado de las gallinas.
La democracia es una herramienta fundamental para el desarrollo y el bienestar social. Es nuestra responsabilidad cuidarla y perfeccionarla para asegurar que las futuras generaciones vivan en un entorno más justo y próspero.
En octubre de 2023, activistas, investigadoras e investigadores brasileños (Israel & Firmino, 2023) revelaron que 1.700 escuelas públicas de la provincia de Paraná, en Brasil, implementaron sistemas de biometría facial con inteligencia artificial (IA) para supervisar el comportamiento y las emociones estudiantiles. Esta medida, justificada por el gobierno estatal, pretendía optimizar tiempos según un documento oficial, apoyándose en un estudio del Banco Mundial (Bruns & Luque, 2014), que encontró que el 36% del tiempo lectivo se destinaba a tareas como el pase de lista1. Se argumentaba que el sistema biométrico, al eliminar el tiempo usado para pasar lista, no solo evitaba una “pérdida de tiempo”, sino que también permitía reconocer las expresiones faciales de las y los estudiantes, usándose esto para prevenir violencia y evaluar la comprensión de contenidos.
Este caso ilustra lo que Morozov (2018) define como “solucionismo tecnológico”: la creencia ideológica de que la tecnología puede solucionar cualquier problema social, económico o político. Según este enfoque, con la implementación de tecnologías digitales en las aulas se presume que mejorará mágicamente la gestión del tiempo y la eficiencia, omitiendo los riesgos asociados. Los sistemas de biometría facial, junto con otras plataformas que utilizan las técnicas de IA como el deep learning, capturan datos y metadatos2 de las y los usuarios para generar estadísticas y probabilidades que favorecen los objetivos comerciales de los productos.
Lo que se presenta como la “personalización de la enseñanza” u “optimización del tiempo escolar” (Cobo, 2023; Vicari, 2018; Luckin, 2016) oculta problemas significativos como la vigilancia y mercantilización de datos personales (incluidos las niñas, niños y adolescentes), además de sesgos de raza y género, así como la privatización de la educación. Estos riesgos permanecen ocultos para muchas personas, incluidos varios educadoras, educadores y directivos (Buzato, 2023; Gonsales, 2022; CGI.br, 2022).
La referencia al Banco Mundial (BM) justifica las acciones educativas, destacando la influencia política externa, especialmente notoria durante la pandemia de COVID-19, cuando se adoptaron plataformas privadas de las grandes corporaciones de tecnología (BIGTECHS) para la educación a distancia en América Latina y el Caribe.
Este modelo de negocio de corporaciones como Google y Microsoft se basa en la explotación de datos en lugar de pagos monetarios. Según Snircek (2017), estas empresas atraen a usuarias y usuarios ofreciendo productos gratuitos para luego usar sus datos con fines lucrativos y poca transparencia. Este fenómeno apoya la “plataformización de la educación”, recolectando extensivamente datos personales e información sobre comportamientos educativos (CGI.br, 2022a, 2022b; Williamson, 2020, 2021; Gonsales & Amiel, 2020; Dijck et al., 2018).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que anualmente unos tres millones de trabajadores mueren a causa de accidentes y enfermedades profesionales, y que cientos de millones más sufren lesiones no mortales en su lugar de trabajo.
Por ello, la organización realizó un informe para aprender de las lecciones logradas durante pandemia podría ayudar a prevenir millones de muertes y accidentes laborales.
La colaboración como herramienta para pasar a la acción
“Durante la pandemia, los gobiernos que priorizaron la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la gobernanza de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo pudieron desarrollar y aplicar leyes, políticas e intervenciones de emergencia”, destaca el informe.
La cooperación entre los diferentes actores del ámbito laboral resultó fundamental para garantizar la aceptación de esas medidas y que contaran tanto con el apoyo de los empleadores como de los trabajadores.
Como resultado, muchos países han adoptado medidas legales que cubren ámbitos como las medidas de prevención y la atención de los casos de COVID-19 en el lugar de trabajo, o los acuerdos de teletrabajo.
A modo de ejemplo, los cambios en las normas de vacunación en Singapur se produjeron tras consultas y debates entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, mientras que, en Sudáfrica, se celebraron diálogos tripartitos con los mismos actores para modificar las medidas dirigidas a la propagación de la COVID-19 en los lugares de trabajo.
El valor del diálogo tripartito
Sin embargo, en algunos países, estas negociaciones a tres bandas continuaron con nuevas consultas a nivel regional o sectorial, para poder adaptarlas al contexto específico.
Así, los sindicatos y las patronales finlandesas colaboraron con el Gobierno en la elaboración de medidas específicas para los sectores del turismo y la restauración, mientras que los interlocutores sociales del sector bancario en Italia crearon normas específicas sobre el teletrabajo en las que se contempló el derecho a la intimidad y a la desconexión laboral.
Los organismos tripartitos nacionales de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo también han desempeñado un papel importante en la lucha contra el COVID-19.
Durante la pandemia, muchos participaron en el proceso de toma de decisiones a nivel nacional. También han participado en la definición de medidas de cierre y restricción, estrategias de retorno al trabajo y otras instrucciones u orientaciones destinadas a mitigar los impactos.
El informe cita el ejemplo de países como Guatemala donde la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunió virtualmente durante los primeros meses de 2020 para proponer mecanismos de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Las lecciones aprendidas de esta crisis sobre la importancia del diálogo social para reforzar la seguridad y la salud a nivel nacional y en el lugar de trabajo deben aplicarse a otros contextos. Esto ayudaría a reducir el nivel inaceptable de muertes y enfermedades laborales que se producen cada año», afirmó el director general de la OIT, Guy Ryder.
El presente libro, Comunicación y política. Una visión crítica de las Ciencias Sociales desde Nuestra América, ha sido posible por el apoyo financiero y académico de la
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero. Por ello, nuestro agradecimiento a su Director General, Dr. Víctor Manuel Abarca Ramírez, y al Mtro. Margarito Radilla Romero, Jefe del Departamento de Capacidad Académica. Asimismo, por su incondicional y decidido esfuerzo para la publicación de esta obra crítica, al Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de la uagro, y al Lic. Rubén Leyva Montiel, Director General de Ediciones y Gráficos Eón, por la coedición del mismo.
PRÓLOGO
La antología Comunicación y política. Una visión crítica de las Ciencias Sociales
desde Nuestra América, coordinada por el Máster en Ciencias de la Comunicación y
Doctor en Ciencias Sociales, Cutberto Pastor Bazán, profesor-investigador de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero
(uagro), busca enriquecer, aumentar y mejorar los conocimientos teóricos-científicos
de los lectores en Ciencias Sociales y de Comunicación. Esto significa trabajar sistemáticamente por una sociedad más culta, activa y participativa en la realización de los cambios y las trasformaciones económicas, sociales, políticas, culturales, de género y de los pueblos originarios, democráticos y populares en Nuestra América, en aras de una preparación académica, política e ideológica.
Es importante subrayar que el colonialismo e imperialismo europeo y estadounidense han utilizado y siguen utilizando la introducción del eurocentrismo y estereotipos occidentales con el objetivo de destruir la identidad nacional, valores, usos y
costumbres de los pueblos de Nuestra América, para así seguir explotando a los
obreros y campesinos y saqueando los recursos naturales del continente. En otras
palabras, se utiliza un imperialismo cultural, como lo han desenmascarado y argumentado luchadores sociales, estudiosos, académicos, periodistas y revolucionarios de este continente que han combatido tal dominación colonial e imperialista, como Frida Kahlo (México), Haydée Santamaría (Cuba), Ernesto Che Guevara (ArgentinaCuba), Eduardo Galeano (Uruguay) y Aníbal Quijano (Perú) por mencionar algunos.
Se trata de una batalla de ideas entre un pensamiento libertario y progresista contra
los dogmas y manipulaciones coloniales e imperialistas, como lo mencionaron José
Martí, el héroe nacional de Cuba, y Ernesto Che Guevara.
La importancia de la antología, Comunicación y política. Una visión crítica de las
Ciencias Sociales desde Nuestra América, es un esfuerzo colectivo de académicos, escritores y activistas políticos a través de sus ensayos críticos sobre Nuestra América
para combatir la ofensiva política e ideológica, colonial, neocolonial e imperialista
contra los pueblos de la región. Pretende concientizar y preparar a los estudiantes,
obreros, campesinos y pueblos para generar conocimientos críticos, argumentos científicos y convincentes que fomenten condiciones teóricas y materiales que contrarresten la penetración e influencia negativa de este imperialismo cultural, sobre todo, en su forma neoliberal y antidemocrática.
GLASGOW – “Para mi pueblo, los efectos del cambio climático son la realidad diaria. La estación de lluvias es más corta y cuando llueve, hay inundaciones. Y hemos sufrido sequía”, aseguró la indígena wodaabe o mbororo Hindou Oumarou Ibrahim.
Para la fundadora de la no gubernamental Asociación de Mujeres y Pueblos de Chad, un efecto pernicioso es la violencia generada, porque “cuando pierde los recursos, la gente pelea por ellos, por el agua, por ejemplo”, relató a IPS luego de un foro sobre los avances de los grupos nativos en la cumbre climática de la ciudad de Glasgow, en el norte de Reino Unido.
En todo el mundo, los pueblos originarios enfrentan la ambigüedad de proteger ecosistemas, como bosques o zonas costeras, y al mismo tiempo padecen los embates de la furia climática desatada por la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles, como sequías, tormentas destructoras y el aumento del nivel del mar.
Desde hace décadas, sus miembros han insistido en que sus conocimientos tradicionales pueden contribuir a la lucha climática. El surgimiento de la pandemia de covid-19 en 2020 ha corroborado el resultado de tratar a la naturaleza como una mercancía más.
Si bien en la última década la representación indígena ha saltado a la palestra de cumbres ambientales, como esta 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que inició el domingo 31 en esta ciudad escocesa. Pero ahora quieren más y no seguir siendo solo unos convidados de piedra.
“Esperamos que la cumbre tome en cuenta a las comunidades indígenas. Tiene que haber fondos que vayan directamente a los pueblos indígenas”, pidió ante IPS la indígena q’eqchí’ Graciela Coy, de la no gubernamental Ak’Tenamit (nuestro pueblo, en q’eqchí’), que trabaja en el norte de Guatemala.
Los representantes de las organizaciones indígenas han conquistado estar en todos los escenarios de las COP. Participan como observadores en las sesiones oficiales donde se debaten los acuerdos, en la cumbre paralela de los movimientos sociales y en todos los demás foros que se enciman uno tras otro en las dos semanas de la conferencia climática.
Esa propuesta debe ser aprobada por el Grupo de Trabajo Facilitador, integrado por siete indígenas y siete representantes gubernamentales y avalado en la COP24, celebrada en la ciudad polaca de Katowice en 2018. Luego deberá ratificarla la plenaria de la 196 Partes de la COP y tiene que incluir actividades de fortalecimiento de capacidades de los grupos originarios, el mapeo de medidas para su participación dentro de la CMNUCC y de financiamiento.
Entre 2019 y 2021, el grupo efectuó 11 actividades, sin sesiones físicas por la pandemia.
Las políticas climáticas son el foco de la COP26, que concluye el 12 de noviembre, luego de ser pospuesta un año por la pandemia de covid-19.
Los delegados gubernamentales en la COP26 abordan las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100000 millones de dólares anuales, las brechas entre las metas de reducción de emisiones y las disminuciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.
Para la indígena kankanaey igorot Victoria Tauli-Corpuz, de Filipinas, es fundamental la inclusión de derechos humanos en el financiamiento a la reducción de emisiones y adaptación a los efectos de la crisis climática, así como en la creación de mercados de carbono.
“Los pueblos indígenas sufren también por las soluciones climáticas, como los proyectos de energía renovable. Debe haber salvaguardias efectivas que permitan la protección de los derechos de los pueblos indígenas” en las políticas climáticas, señaló a IPS quien fue relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre 2014 y 2020.
Ese respeto se ha vuelto impostergable en zonas como la Amazonia, el principal macizo selvático de América Latina compartido por ocho países y un territorio francés, cuyos habitantes indígenas han sufrido el deterioro ocasionado por la incursión de empresas agropecuarias -ganadería y soja-, de hidrocarburos y mineras, además de las construcciones de represas, vías férreas, carreteras y puertos fluviales.
Por eso, el indígena shuar Tuntiak Katan, de Ecuador, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, consideró a IPS que la salida de las actividades extractivas de ese ecosistema es una condición fundamental para perseverar en la protección climática.
“Los pueblos indígenas ya protegemos 950 millones de hectáreas en todo el mundo. Lo que pedimos es el cuidado de 80 por ciento de la Amazonía en 2025. Somos la voz de las mujeres, los niños y los ancianos” que sufren los impactos en los territorios, exhortó Katan, vicecoordinador de la no gubernamental Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Un cúmulo de la evidencia científica más reciente demuestra que los pueblos nativos son los protectores más eficaces de los bosques tropicales, por lo cual se requiere de mayores esfuerzos para su conservación, ante las crecientes amenazas.
La indígena q’eqchí’ Graciela Coy (D), de Guatemala, pidió durante la cumbre climática de Glasgow que los fondos internacionales prometidos lleguen directamente a los pueblos originarios. Foto: Emilio Godoy / IPS
Prometer no empobrece
Ante los abundantes ofrecimientos efectuados en la primera semana de actividades de la COP26 para promover la tenencia indígena de la tierra y la reforestación, los pueblos originarios mostraron escepticismo y demandaron participación directa en esos esquemas.
Oumarou Ibrahim y Coy coincidieron en la definición necesaria de mecanismos para que los recursos ofrecidos lleguen directamente a los territorios.
Los líderes mundiales “deben ser nuestros socios. El financiamiento debe adaptarse a las necesidades de la gente. El asunto es cómo van a llegar los recursos directamente a los pueblos indígenas”, según Oumarou Ibrahim.
A juicio de Coy, la lucha climática requiere de asignación de fondos, que deben transferirse “a los pueblos indígenas, pues hay mucha ayuda internacional” que no siempre se materializa en las comunidades locales.
En una aceptación de lo que los pueblos originarios han reclamado por años, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 17 financistas privados anunciaron el 1 de noviembre la disposición de 1700 millones de dólares para ayudar a las comunidades indígenas y locales a preservar los bosques tropicales entre 2021 y 2025.
Se estima que cada año solo 270 millones de dólares se destinan al cuidado forestal y 46 millones llegan a los guardianes directos del bosque: los pobladores ancestrales.
El financiamiento multilateral directo a poblaciones aborígenes ha sido una barrera recurrente para los esfuerzos por proteger recursos naturales.
Para el total de 190 proyectos, ha desembolsado 2000 millones de dólares y otros 6000 están bajo ejecución. Además, ha comprometido otros 10000 millones para emprendimientos. Asimismo, ha registrado a 113 instituciones para recibir fondos, pero ninguna de índole indígena.
Los pueblos originarios demandan también su inclusión en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), los compromisos voluntarios adoptados por cada país para 2030 y 2050, a fin de cumplir con el Acuerdo de París y sobre los que recae la meta aspiracional de contener el recalentamiento planetario en 1,5 grados C.
“Solo necesitamos un empujón. Estamos seguros de lo que hacemos y por eso es bueno que ofrezcan financiamiento. Pero lo que se debe hacer es abandonar el extractivismo y sacar a las petroleras, mineras y las empresas agropecuarias de nuestros territorios, y aplicar una visión holística, con la visión de los pueblos indígenas”, urgió Katan.
Aunque la COP26 no arroje los resultados deseados por los pueblos indígenas, seguirán con el cuidado de los recursos naturales y con su exigencia de justicia climática.
No podemos hacer una propuesta sobre un nuevo Foro Social Mundial, sin tener en cuenta de que el mundo será totalmente diferente. Con la crisis sistémica abierta en 2008 y profundizada luego del crack sanitario y económico del Covid-19, las inmensas mayorías del planeta están siendo empujadas a los límites de la mera subsistencia. La pobreza extrema ya afecta al 10% de la población mundial y se prevé que el desempleo llegue en 2021 a niveles nunca antes vistos.
Del otro lado del tablero, una aristocracia financiera y tecnológica global concentra y centraliza las riquezas a una escala planetaria a partir de controlar la red financiera y la denominada cuarta revolución industrial. Una Plutocracia global, con 28 corporaciones (BlackRock, CitiGroup, Goldman Sachs, JP Morgan, entre otras) controlando más del 40% de la red financiera mundial y cinco empresas tecnológicas angloamericanas (las denominadas “GAFAM”) controlando el mundo virtual, ha sometido a su lógica de dominación a los pueblos y ha capturado, como nunca, los resortes del poder mediático, judicial y político en los Estados-Nación.
Al mismo tiempo, hace suya toda una dinámica de “gobernanza global” que empuja la destrucción del planeta y de la humanidad.
Pero los pueblos están de pie, incluso a pesar de la pandemia. La lucha está en las calles, en América latina, en África, en Asia y en Medio Oriente. Y por eso el Foro Social Mundial debe romper con su quietud y volver a ubicarse como un espacio de articulación social y política a una escala universal.
Los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores ocupados y desocupados, los indígenas, los migrantes, deben ser los protagonistas en la búsqueda de construir una fuerza social y política que, aunque diversa, esté dispuesta a cambiar de raíz un sistema social en franca descomposición.
Por lo expuesto es que proponemos la siguiente hoja de ruta:
● Coordinar una misma agenda de discusión en diferentes niveles: local, nacional, regional e internacional.
● Establecer planes de acción con objetivos claros e instancias de auto-evaluación periódicas.
● Terminar con el colonialismo cultural: Ver el mundo con ojos de los pueblos del antes llamado tercer mundo, no con el de las ONG europeas.
● Aprovechar las herramientas de la virtualidad a sabiendas que las grandes transformaciones exigen la presencia de calles.
● Configurar escenarios de “guerrilla” comunicacional, de protesta social, de organización política y de agenda de transformaciones. Estamos en una guerra cultural y, dentro de ella, seguimos perdiendo (el campo popular) la guerra comunicacional, la batalla de las ideas.Es necesario apropiamos de las herramientas, construir agendas comunes y medios para difundirlas, para imponer algún imaginario popular-colectivo.
● Comprometer a las grandes personalidades a participar militantemente del FSM, sin perder de vista que las y los protagonistas deben provenir de la organización popular, sin exclusiones ni mezquindades, sin feria de vanidades.
Sugerimos los siguientes puntos para la construcción de esa agenda común que permita construir, de cara a eventual nuevo encuentro del Foro Social Mundial un Programa Común y Universal de transformación de la realidad social y política:
● Transnalización del capital: ¿Gobernanza global o Unidad protagónica de los Pueblos?
● ¿Estado Nacional/Transnacional o Estado Comunal/Universal?
● Aristocracia financiera y tecnológica versus economía productiva, solidaria y popular
● El futuro del trabajo: Economía de plataformas, cuarta revolución tecnológica.
● Un sujeto social universal: El feminismo.
● Clases subalternas: La construcción de la unidad en la diversidad.
● Explotación laboral, precarización, tercerización y primer trabajo
● Recursos Naturales y Medio Ambiente: ¿Extractivismo o cuidado?
● La construcción de la Paz como la alternativa de los Pueblos: Guerras de Cuarta y Quinta Generación, Derecho Humanitario y mecanismo protagónico de los Pueblos.
Sobre los autores: Somos jóvenes uruguayos, argentinos, chilenos -profesionales universitarios, trabajadores, campesinos, desempleados- militantes de distintas organizaciones del campo popular, que compartimos nuestras experiencias laborales, académicas y políticas en el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). La mayoría de nosotros no hemos participado en el FSM, pero como parte del futuro que se quiere construir, queremos tener voz en los debates
Diversos colectivos del país africano se reúnen por primera vez para luchar por la defensa de los derechos humanos y hacer oír sus reivindicaciones
“Hay que dejar claro que uno de los principales problemas que afrontamos los jóvenes en Benín es la falta de empleo. Nos esforzamos durante años en formarnos. Es un gran sacrificio económico para nosotros y para nuestras familias y al final no encontramos un empleo digno. Si optamos por emprender y montar nuestro propio negocio, se nos niega la financiación. Además, no se nos escucha, no hay plataformas donde hacer oír nuestra voz”, explica Arouna Karim Kpera, presidente de AJEG una organización de jóvenes que agrupa y ayuda a aquellos que no encuentran trabajo al finalizar la universidad.
Es uno de los muchos grupos creados en el norte de Benín para canalizar la voz de los jóvenes, las mujeres o los campesinos, entre otros colectivos. 30 de ellos se reunieron el pasado mes de febrero por primera vez en su historia en la ciudad de Nikki, en el norte del país, para compartir inquietudes y buscar líneas de trabajo en común con las que reivindicar sus derechos y crear una plataforma que permita canalizar sus demandas hasta las personas que toman las decisiones en el país. Un encuentro auspiciado y facilitado por la Fundación Salvador Soler y la ONG OAN International.
“La situación de los derechos humanos en este país es para reírse”, y de hecho Zouliatou Alidou Issaka suelta un par de carcajadas sonoras antes de continuar con su discurso. Ella pertenece a Groupement des Femmes, una asociación de mujeres jóvenes. “En Benín no tenemos eso. Son los que están en el poder, los políticos, los que escriben manuales sobre eso. Pero nosotros no tenemos ningún derecho, los derechos humanos no existen para los pobres. Somos los pequeños y, a pesar de eso, intentamos salir adelante”.
“En Benín las mujeres sufrimos mucho por la falta de medios”, continúa Issaka. “Los maridos no nos dan los medios para levantarnos, para llevar a los niños al colegio. Los padres no son capaces ni de dar el desayuno o la comida a sus hijos. Cada vez que el niño necesita algo, como una fotocopia para el colegio, somos nosotras las que nos ocupamos de ello”. Por eso desde Groupement des Femmes organizan actividades y promueven pequeños negocios para que “las mujeres podamos salir adelante y nos empoderemos. Queremos que se nos escuche y se nos haga caso”.
Nosotros no tenemos ningún derecho, los derechos humanos no existen para los pobres. Somos los pequeños y, a pesar de eso, intentamos salir adelante
“El desempleo juvenil es muy alto en Benín”, insiste Zoulkarnaïne Yinde, de la ONG Jedes Besen Sia. “El gobierno nos empuja a ser emprendedores, pero no pone los medios para que tengamos acceso a la financiación. Tienes que tener tu propio dinero para emprender. ¿Quién puede permitirse eso? Los de siempre. Tenemos formación, pero no tenemos los medios para ponerla en práctica”.
En Benín, el 70% de los jóvenes entre 15 y 35 años solo encuentran trabajo en el sector informal, como apunta el PNUD. Son personas con trabajos muy precarios. Estos datos darían a entender que en el país africano el problema del subempleo es más fuerte que el del desempleo, que alcanza al 30% de ese grupo de edad. Los trabajos del llamado sector informal facilitan solo la supervivencia diaria de las personas que los desempeñan y, prácticamente, no permiten el ascenso social, y relega a estos trabajadores a la pobreza de por vida.
La situación de las mujeres, sobre todo de las que no tienen estudios o solo han cursado estudios primarios, es todavía peor. Hay grandes diferencias en la alfabetización de la población: el 45,1% de los varones entre 15 y 24 años son analfabetos, mientras que entre las mujeres de la misma edad el porcentaje se eleva al 69,2%, según UNICEF. Además, el acceso a la educación es más difícil y deficitario en las zonas rurales. Igualmente, la mayoría de los servicios se concentran en las áreas urbanas mientras que los pueblos y aldeas se ven privados de hasta los más básicos. De ahí que la totalidad de las organizaciones reunidas en Nikki enfaticen “la necesidad de promover, como primera medida, el acceso a la educación de todos sin distinción”.
Ante la falta de oportunidades, a los jóvenes de las zonas rurales no les queda otro remedio que migrar hacia las grandes ciudades del país en busca de un trabajo que tampoco encuentran allí. De hecho, la población rural en Benín ha descendido del 91% que representaba en 1960 al 53% en 2017, afirma el Banco Mundial. Es por eso por lo que muchos de estos grupos piden, también, coordinar actividades e iniciativas para frenar el éxodo rural. Una de las propuestas que se presentó contempla la formación de los jóvenes agricultores para que opten por la agricultura bio.“Cavamos nuestra tumba con nuestros dientes”, afirma Kpera. “No sabemos lo que comemos. En el campo utilizamos todo tipo de productos tóxicos que nos imponen las multinacionales. Hay que buscar una alternativa a todo eso que promocione una agricultura de calidad y saludable”. Su ONG ha comenzado a formar en los pueblos grupos de jóvenes que optan por huertas bio. El siguiente paso será la creación de un centro para la comercialización de estos productos y un restaurante para su degustación.
En las áreas rurales del norte de Benín, la mayoría de estas organizaciones ven el regreso a la agricultura como una tabla de salvación para muchos jóvenes y piden más medios para el campo, como su mecanización, líneas de financiación y mejores condiciones de vida para las personas que optan por esta actividad. Igualmente, muestran su preocupación por la deforestación y, por eso diseñan proyectos destinados a frenar este fenómeno, como la formación de jóvenes en la protección y explotación de árboles endémicos de la zona. Entre estos destaca el karité (Vitellaria paradoxa) y el neré (Parkia biglobosa).
Los maridos no nos dan los medios para levantarnos, para llevar a los niños al colegio. Los padres no son capaces ni de dar el desayuno o la comida a sus hijos
De la explotación del primero viven unas 200.000 mujeres en Benín, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca beninés. Pero es un sector que puede generar mayores ingresos si se desarrolla a fondo. El segundo está más amenazado. Tradicionalmente, sus frutos servían para condimentar los alimentos. Desde la introducción de los cubos de caldo su uso prácticamente ha desaparecido y por eso se corta. “Queremos promocionar el uso del neré que es mucho más sano que los compuestos industriales que ahora se usan y que tienen mucha sal y otros elementos que desconocemos. Podría ser una importante fuente de trabajo para muchos jóvenes, al mismo tiempo, permitiría conservar una especie en peligro de extinción, frenar el cambio climático y, además, ayudaría a mejorar la salud de la población”, explica Goounou Bashirou Sariki Imorow de la ONG Ajeced.
Otra de las grandes preocupaciones de los jóvenes reunidos en el Foro de Nikki es el de la degradación del medioambiente y la gestión de los residuos. “Las bolsas de plástico están por todas partes y la administración no hace nada para cambiar la situación. No hay concienciación, no hay servicio de recogida de basuras… ¿Qué hacen los políticos con nuestros impuestos?”, se pregunta Imorow. De hecho, antes de comenzar las sesiones del encuentro, la mayoría de las organizaciones participaron en un ejercicio de limpieza en la zona del mercado de la ciudad. Los sacos con la basura recogida fueron, luego, depositados delante de las puertas del Ayuntamiento de la ciudad para denunciar la inacción de las autoridades locales.
Una reivindicación no exenta de riesgos ya que todos los grupos insisten en que en los últimos años la libertad de expresión en Benín se ha visto reducida. “La crítica a la gestión administrativa no está permitida. Existen prisioneros políticos en el país, aunque nadie hable de ellos. Son personas que han criticado al Gobierno o a los ayuntamientos”, explica Imorow. “En cuanto a la libertad de expresión todavía queda mucho por hacer porque personas que han dicho la verdad están en prisión”, añade Kpera. El último informe de Reporteros Sin Fronteras avala estos datos y pone de manifiesto que en los últimos años ha habido un continuo retroceso de la libertad de expresión y de prensa en el país.
Esta situación no parece amedrentar a los jóvenes. Estos han creado una red de asociaciones civiles de la zona de Nikki que trabaja por la buena gobernanza y la transparencia. “Como ciudadanos vigilamos a la administración en temas como el de las infraestructuras o la rendición de cuentas y la transparencia. Los políticos tienen que rendir cuentas al pueblo. Igualmente trabajamos en la educación de los comportamientos de la población”, afirma Yinde.
El primer Foro de Nikki ha sido valorado por todos los participantes como una experiencia muy positiva, un medio para empezar a unir fuerzas y visiones y “trabajar todos juntos por la defensa de los derechos de los hombres y mujeres de Benín, especialmente de los jóvenes. Esta es una buena plataforma para que nuestra voz y nuestras reivindicaciones sean oídas. Solo así, unidos y sin miedo, conseguiremos un país mejor para todos”, afirma Kpera.
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