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Un dilema universitario: Más autonomía o más gobernanza

Por: Roberto Rodríguez

El Estado contemporáneo enfrenta un dilema básico: instrumentar soluciones que respondan a las demandas sociales de acceso y participación en la distribución de recursos, y al mismo tiempo cumplir con metas de crecimiento económico y satisfacción de compromisos de eficacia y transparencia en la gestión. Buena parte de la discusión académica en torno a las condiciones de gobernabilidad aborda tal dilema, el cual se expresa, entre otros aspectos, en un continuo debate acerca de las condiciones y prácticas democráticas.

Los límites de la gobernabilidad instituida se concentran en las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía en los procesos generales y particulares de toma de decisiones. El modelo democrático republicano convencional ofrece como respuesta la representación ciudadana a través de partidos y la división de poderes. Tal esquema tiende al agotamiento a medida en que la representación social se integra a las esferas del Estado y el gobierno, y a medida en que los partidos y los legisladores pierden contacto con la base ciudadana fuera de coyunturas electorales. Por ello, se han abierto paso formulaciones alternativas centradas, en su conjunto, en la noción de gobernanza.

El concepto moderno de gobernanza alude a la operación de principios de gobierno y gestión pública que se apoyan en la participación activa de grupos y organizaciones que no forman parte integral del mismo, que se distinguen de las entidades de la administración pública y el sistema de partidos. La creciente participación de grupos de interés en procesos de gobierno incluye una amplia gama de prácticas, que van desde la consulta de opiniones en torno a determinadas políticas, reformas, innovaciones y otros procesos de cambio, hasta opciones de incidencia, más o menos reguladas, en procesos de toma de decisiones.
Mientras que la gobernabilidad se entiende como un fin central de la actividad política, la gobernanza es uno de los medios para conseguirla. Por varias razones: amplía las bases sociales de legitimidad de la acción gubernamental; mejora la eficiencia de la gestión pública; amplifica el conocimiento y la pericia (expertise) que soporta el diseño de políticas y programas, así como la toma de decisiones de gobierno. Uno de los temas de mayor relieve al que se vincula la idea de gobernanza pública remite al desarrollo de mecanismos de vigilancia y control sobre el ejercicio gubernamental, así como a las exigencias de transparencia y rendición pública de cuentas.

Tal perspectiva de gobernanza ha resultado de utilidad para sistematizar y orientar procesos de gobierno en ámbitos nacionales y también supranacionales. Dada la tendencia mundial de configuración y operación de bloques, alianzas y sistemas de orden multinacional, principalmente concentrados en la comercialización de bienes y servicios, aunque con implicaciones en el sector laboral, la movilidad de personas, la cooperación en áreas de interés compartido, entre otros elementos, la idea de gobernanza trasnacional o global se enfoca sobre esa problemática y comprende aspectos tales como la regulación del comercio internacional, el desarrollo de plataformas normativas de jurisdicción internacional, el desarrollo de tratados y acuerdos sobre la diversidad de temas que comprende la dinámica de la globalización, las fórmulas de cooperación y negociación, así como la solución de conflictos y controversias, por mencionar sólo.

No obstante la atribución conceptual de sus ventajas, el diseño práctico de fórmulas de gobernanza corre riesgos de formalismo e ineficacia en aquellos casos en que la asociación entre agentes gubernamentales y organizaciones civiles es un requisito burocrático antes que una fórmula eficaz de gestión. Varios autores han hecho notar, por otra parte, que las soluciones de gobernanza pueden ser acaparadas por grupos de interés que concentran la representación de sectores económicos y sociales dominantes, de modo tal que una gobernanza técnica tiende a desplazar la representación democrática de la sociedad.

Las reformas contemporáneas en el ámbito de la gestión gubernamental, en particular la planeación y administración de los órdenes de gobierno así como el desarrollo de políticas públicas, a través de instrumentos de gobernanza y nueva gerencia pública, se ha traducido, entre otras expresiones, en la conformación de una variedad de instancias y organizaciones, con autonomía plena o relativa del Estado, que cumplen funciones de consulta, vinculación, supervisión y control del ejercicio gubernamental. El conjunto de vínculos institucionales formales e informales entre actores gubernamentales y no gubernamentales, estructurados alrededor de intereses compartidos en la hechura e implementación de políticas, tiende a configurar redes de gobernanza, de modo que las políticas públicas sean resultado de una negociación entre los agentes de tales redes.

Los procesos de ampliación de gobernanza y la denominada nueva gerencia pública tienen puntos de convergencia entre sí, ambos confluyen en torno a la problemática de generar respuestas a los retos de la gobernabilidad democrática. Es notable, además, que los instrumentos asociados a tales procesos tienden a expandir su esfera de acción del ámbito de la administración pública hacia el resto de los organismos del Estado, las organizaciones civiles, los organismos públicos autónomos, y en algunos casos al sector privado asociado a la esfera gubernamental. La proliferación y profundización de estos modelos ha generado, según anotan algunos autores, una fase de nuevo regulacionismo estatal, que describe la tendencia hacia una configuración de gobierno basada en el desarrollo de mecanismos de control mutuo entre todos los agentes participantes.

Los procesos de gobernanza y nueva gerencia pública se han mostrado adaptables a distintos niveles de los sistemas de gestión pública, lo que incluye el ámbito de las organizaciones individuales. En este sentido, al considerar la problemática de la gobernabilidad y las opciones de gobernanza de conjuntos institucionales agrupados en estructuras o sistemas, como es el caso del sistema de educación superior, la reflexión obliga a considerar distintos planos: la relación entre el Estado y las instituciones de formación profesional, el gobierno interior de estas instituciones, y la acción de grupos de interés en su organización y orientación. Al hablar de gobernanza universitaria se hace alusión, en el sentido indicado, a la adopción de modos de relación específicos con la agenda pública, y a la adaptación de soluciones de gobernanza en la conducción institucional.

Retos de gobernabilidad y gobernanza en el sistema universitario

Al igual que en otras esferas de la organización social, la evolución reciente de los sistemas nacionales de educación superior se moviliza en torno a dinámicas simultáneas, a menudo concurrentes, de diversificación, diferenciación y convergencia. Aunque distintas razones explican este fenómeno, se reconoce como un sustrato común la creciente importancia de la educación superior para la economía y la sociedad del conocimiento, así como las implicaciones de la globalización sobre la forma y el contenido de la oferta de estudios de este nivel. En la actualidad, las universidades y el resto de las instituciones de educación superior son objeto de diversas demandas que provienen de la economía, el gobierno y la sociedad. De estas instituciones se esperan respuestas que, por vía de las funciones de enseñanza, investigación y difusión, coadyuven al crecimiento económico, al desarrollo y la cohesión social, a la construcción de ciudadanía y la integración cultural, y a la protección del medio ambiente, por citar sólo algunas. No es de extrañar, en consecuencia, que el reconocimiento del papel estratégico de estas instituciones en el enfrentamiento de los retos del siglo xxi se acompañe de preocupaciones acerca de la calidad, la eficiencia, la pertinencia y el potencial de respuesta de la formación educativa superior. Tampoco es de extrañar, en el marco de la problemática política descrita, que los temas de control, supervisión y coordinación de los sistemas universitarios aparezcan como prioridades de las políticas públicas relativas a este sector.

Las posibilidades de coordinación sistémica varían en función tanto del grado de centralización de las políticas de educación superior, como del grado de control institucional del gobierno sobre las universidades. En países con régimen federal una dimensión adicional de la problemática se refiere a la coordinación de sistemas de cobertura regional o estatal.

Aunado a lo anterior, una tensión generalizada que enfrentan las políticas de coordinación entre el Estado y las instituciones universitarias radica en la percepción, desde la perspectiva de las instituciones, de riesgos de pérdida de autonomía en virtud de una real o supuesta injerencia de las entidades gubernamentales que forman parte del esquema de coordinación propuesto o en ejercicio. Por regla general, con los matices que se advertirán en la presentación de casos nacionales, esta tensión suele ser más vigorosa cuanto mayor es el grado de autonomía de las instituciones con respecto al Estado. Escenarios de este tipo suelen ser resueltos mediante fórmulas de coordinación que son, simultáneamente, más débiles y más complejas que aquellas en las que prevalece un principio jerárquico entre la entidad gubernamental y las instituciones universitarias, es decir en sistemas en los cuales la autonomía se limita, por ejemplo, a la libertad académica y/o a la designación de autoridades.
La función de coordinación, en contextos en los cuales la autonomía universitaria prevalece con fuerza normativa, suele operar a partir de sistemas de relaciones entre, por ejemplo, asociaciones u otras corporaciones universitarias en las cuales es delegada la representación institucional —y por lo tanto delegadas atribuciones autonómicas— para entablar relaciones con la entidad gubernamental responsable.

De este modo no son las instituciones como tales, sino los cuerpos representativos de autoridad, con los cuales se entablan tanto relaciones de comunicación como negociaciones sobre, por ejemplo, montos y vías de subsidio financiero, políticas y programas que el gobierno desea instrumentar en el ámbito universitario, obligaciones de rendición de cuentas, entre otros. Es una tendencia que tales sistemas de relaciones operen a partir de esquemas de concesiones mutuas entre mejores condiciones de acceso a recursos fiscales a cambio de compromisos de implantación y desarrollo de ciertas políticas o programas. La negociación de esta clase de incentivos presupone una base de coordinación que evite la transacción bilateral como mecanismo preeminente de transmisión de las iniciativas que el gobierno está dispuesto a impulsar.

En México las tendencias de descentralización y federalización de la educación superior presentan, a pesar de los avances, importantes tensiones y algunos dilemas que reclaman solución. Entre los problemas más relevantes se identifica la ausencia de una coordinación y regulación del sistema con enfoque federalista. Aunque la autoridad gubernamental reconoce esa alternativa para el desarrollo del sistema, también es cierto que mantiene y tiende a incrementar atribuciones relevantes en materia de la orientación curricular de las entidades que coordina, particularmente los subsistemas de educación superior tecnológica y de formación de profesores.

Del mismo modo, las políticas de calidad enfocadas a las universidades públicas de los estados, basadas en la oferta de recursos federales adicionales, evidencian un rasgo centralista al ser normadas y regidas exclusivamente por la autoridad federal. Por último, se advierte un déficit normativo para la regulación estable de las atribuciones federales y estatales en el gobierno del sistema en su conjunto y sus distintos componentes. No menos importante, se advierte una tensión entre la autonomía concedida por ley a la mayoría de las universidades públicas federales y estatales y la incidencia de las políticas públicas federales sobre las instituciones.

A la vista de estos retos, la posibilidad de mejorar las condiciones de gobernabilidad del sistema de educación superior precisa, como punto de partida, reconocer su complejidad y heterogeneidad, así como la diversidad de papeles y funciones que las IES desempeñan en respuesta a las demandas de su entorno. Requiere, además, gestar políticas públicas susceptibles de ser adaptadas y adecuadas por las diversas instituciones sin desmedro de su identidad; generar objetivos y reglas comunes, cuyo acatamiento se base en una común percepción acerca de la bondad de los objetivos y la equidad de las reglas; aprovechar y encauzar los procesos de innovación y cambio que tienen lugar al seno de las instituciones, y no menos importante, construir canales que faciliten la cooperación interinstitucional.
Por su tamaño, diversidad y complejidad el actual sistema de educación superior hace poco recomendable la persistencia de políticas centralizadas, más allá de la coordinación y regulación indispensables. En su lugar ofrece una alentadora posibilidad, desde luego no exenta de riesgos, la vía federalista: apoyar la consolidación de sistemas estatales de educación superior y fortalecer las capacidades de los gobiernos de las entidades federativas para construir y gestionar adecuadamente tales sistemas.

Construir tales capacidades abre perspectivas para encontrar nuevas soluciones a los problemas de cobertura, pertinencia, calidad y equidad que aquejan a la educación superior. La propia realidad política del país, en su transición democrática, impone la apertura de nuevos espacios de acción que pasan, necesariamente, por la actualización del pacto federal.
De esta manera, la política regional del sistema de educación superior que el país adopte debe resultar de una necesaria negociación entre los actores federales y los estatales. No debe ser la simple desagregación por regiones de la política nacional, a partir de visiones y decisiones adoptadas por autoridades centrales, ni tampoco la simple sumatoria de políticas estatales. En este sentido, la política nacional debe construirse conciliando los objetivos macro del país con aquellos perseguidos por las comunidades de los estados, y también sistematizando los principios y compromisos que asumen las IES públicas en cada entorno territorial.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/un-dilema-universitario-mas-autonomia-o-mas-gobernanza/

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Entrevista Bruno Gili: «Gobernanza de la educación necesita un cambio radical»

18 Diciembre 2016/Fuente y Autor: El espectador

Bruno Gili, socio de CPA Ferrere visitó La Mañana de El Espectador para analizar entre otras cosas, la educación uruguaya y la implementación de la tecnología en varios ámbitos. «Creo que la gobernanza de la educación necesita un cambio radical, porque no responde a los criterios educativos ni pedagógicos, de cómo debería organizarse la educación en Uruguay”, sostuvo.

Una encuesta revela la apetencia de los jóvenes para ocupar cargos públicos. Ante esto, Gili dijo: «Uruguay tiene un paradigma respecto al Estado, a las certezas y seguridades».

A su vez, destacó: «Esto tiene una racionalidad. Cuando uno mira los distintos eventos en la historia del Uruguay, en donde hubo problemas, obviamente que quién estaba en el sector público tuvo una protección y quién estaba en el privado, no».

«Algunas empresas públicas son innovadoras, por ejemplo Antel, muchos quieren trabajar en una empresa que está en el corazón de la innovación tecnológica que vive el mundo hoy», agregó.

Con respecto a la educación en nuestro país declaró: «Cuando a veces uno habla de la preocupación de la educación, no es tanto por lo que la sociedad civil no está haciendo, porque hace y mucho”.

Por otra parte afirmó: «Las instituciones que responden a viejos modelos del Estado, están yendo a un ritmo que no contempla la velocidad con la que el mundo se mueve hoy».

“Yo creo que la educación es un tema que nos afecta a todos, los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos también”, sostuvo.

El integrante de la asociación Eduy21 expresó: “Yo creo que la gobernanza de la educación necesita un cambio radical, porque no responde a los criterios educativos ni pedagógicos, de cómo debería organizarse la educación en Uruguay”.

En referencia a la inclusión de la tecnología manifestó: “Hay que adaptarse. El mundo hoy es más complejo y hay que adaptarse a eso”.

En referencia a la situación que viven los bancos ante una caída de los costos de transacción, economía en red que los interpela y demás, dijo: «Hay cambios en los modelos de organizarnos para brindar bienes y servicios. Los sindicatos tienen que defender sus derechos de salarios, sus condiciones de trabajo, pero tienen que pensar que la cosa va a cambiar».

«Hoy es un problema si no se logra pensar con otra flexibilidad», afirmó.

 

Link de la entrevista: http://www.espectador.com/share_link/vl/5575/345352.html

Fuente de la entrevista: http://www.espectador.com/sociedad/345352/gili-gobernanza-de-la-educacion-necesita-un-cambio-radical

Fuente de la imagen: http://img.espectador.com/fotos/noticia/345352/658/345352_20161216140040_bruno-gili.jpg

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Entrevista a Miguel Brechner: «Tener cuidado que la política no destruya la educación»

18 Diciembre 2016/Fuente y Autor: espectador

Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, visitó La Mañana de El Espectador para discutir sobre el sistema educativo uruguayo y también tratar temas como el Plan Ibirapitá. «Tenemos que tener cuidado que la política no destruya lo importante que es la educación».

«En tono jocoso dada la discusión que hubo en torno a las pruebas PISA las ultimas semanas, en el año 2036 Finlandia alcanza Uruguay».

«Unos dicen que en los próximos 80 años vamos a estar donde estamos y si yo miro que hace tres pruebas PISA, Finlandia cae, lo único que hago es trazar la recta para bajo y cruzarla con la recta de Uruguay en 2036″.

En referencia a la educación de nuestro país, Brechner aseguró: «Yo creo que todos los que quieran estar involucrados tienen que estarlo, pero también hay que bajar un cambio de la discusión y ver cosas más prácticas».

Ante esto sostuvo: «Tenemos que tener cuidado de que la política no destruya lo importante que es la educación».

Con respecto a las pruebas PISA, dijo: «Es un reflejo de la realidad del mundo, que habla bien de algunas cosas de Uruguay y de forma preocupante de otras y creo que hay que valorarlo así». En la misma línea expresó: «Las pruebas PISA son todas de ‘pienso’, son todas complejas. No son pruebas que pregunten cuál es la capital de Albania. Nosotros necesitamos eso, gente mucho más crítica, gente que se sepa comunicar».

Consultado por la estructura de gobernanza en la educación, declaró: «Lo que tenemos que cambiar son que las prácticas sean mejores, que los estudiantes trabajen en base a proyectos, resuelvan problemas que les importen, y que a través de esto aprendan matemática, química, literatura».

Miguel Brechner explicó en entrevista con Daniel Castro que están en una etapa de planificación de muchas actividades, durante todo el año, porque se cumplen 10 años de la entrega de la primera computadora.

Sostuvo también que hoy hay unas 750.000 personas que tienen una computadora de forma activa. «Estamos dando clases de inglés a 80.000 personas, con profesores de Montevideo y también del exterior», manifestó.

«El plan Ibirapitá ha sido un éxito importante. Cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció el primero de junio del 2014 que si ganaba iba a entregar tablets, fuimos el hazme reír de mucha gente, desde la derecha hasta la izquierda, las redes sociales fueron impiadosas. Y hoy hay casi 102.000 jubilados, usándolas para leer el diario y escuchar la radio por ejemplo», mencionó.

 

Link de la entrevista: http://www.espectador.com/share_link/vl/5576/345355.html

Fuente de la entrevista: http://www.espectador.com/sociedad/345355/brechner-tener-cuidado-que-la-politica-no-destruya-la-educacion

Fuente de la imagen:http://img.espectador.com/fotos/noticia/345355/658/345355_20161216142946_miguel-brechner.jp

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Gestión territorial y gobernanza

14 de diciembre de 2016 / Fuente: http://pcnpost.com/

Por: Rodrigo Arce Rojas

En tanto el territorio es un concepto sistémico totalizador (masa, energía, información y sentido; dimensión biofísica y dimensiones socioculturales; tangibles e intangibles) es importante que podamos tener muy claro cuáles son sus límites. Simplificando podríamos identificar dos categorías: (1) Circunscripciones jurisdiccionales establecidas (criterios geográficos políticos), y (2) unidades convergentes.

En la primera categoría podríamos ubicar una comunidad, una localidad, una región, una provincia, un distrito (según la tipología que tenga cada país) y en la segunda categoría se ubican muchos sistemas que no necesariamente se inscriben en la categoría anterior y que tienen dinámica propia. Por ejemplo podemos estar hablando de unidades ecológicas, unidades hidrológicas (cuencas), corredores ecológicos, corredores económicos, corredores históricos, corredores culturales (caminos de las semillas),  entre otros criterios. Un ejemplo interesante de esta segunda categoría corresponde al territorio del pueblo Wampis.

Para la gestión sostenible del territorio necesitamos considerar 5 elementos fundamentales, estos son: buenos propósitos, buena gestión, buena ciencia,  buena comunicación y buena gobernanza. Explicaremos cada uno de estos elementos que en la práctica son convergentes e interrelacionados.

Buenos propósitos: refiere a la formulación participativa de los grandes objetivos de desarrollo, buen vivir, vivir bien o vida plena según prefieran llamarlo el conjunto de los actores. Alude a las grandes visiones o acuerdos concertados del ideal de vida para que las personas puedan desplegar a plenitud sus capacidades, facultades y potencialidades con pleno respeto a su dignidad, sus derechos y todas sus posibilidades siempre con respeto, solidaridad, reciprocidad entre todos los actores (hombres, mujeres, niños, niñas, discapacitados y otros) y con la naturaleza y el cosmos. Alude a la cultura de paz, la capacidad de adaptación y resiliencia; la fluidez de la creatividad y la innovación respetuosa de la vida. En estos tiempos es de suma importancia considerar el desarrollo territorial bajo de emisiones o desarrollo “descarbonizado” por todos los retos que nos imprime el cambio climático.

Los alcances y conceptos clave deben ser producto de amplios procesos democráticos de diálogo, deliberación y consensos.

Buena gestión: alude a los principios, mecanismos, herramientas, procedimientos, protocolos a tener presente para la correcta administración de la energía material y cultural del territorio. Alude a las condiciones objetivas y subjetivas para lograr los grandes propósitos establecidos en el elemento anterior con efectividad, justicia, equidad y sostenibilidad.

Buena ciencia: implica reconocer que las buenas decisiones parten de buenos sistemas de información que capitalizan los conocimientos, los aprendizajes. Significa contar con centros de excelencia de producción de conocimientos con capacidad para afrontar los problemas de frontera, aprovechar las oportunidades existentes. Implica grupos de pensamiento creativo y transformador de realidades siempre acorde con los grandes propósitos. En este elemento se toma en cuenta el valor de los conocimientos ancestrales y tradicionales bajo perspectivas de diálogo intercultural.

Buena comunicación: alude al hecho de generar mecanismos para la fluidez de la información, la conectividad, las redes que hacen posible pensamiento crítico, pensamiento autónomo y una cultura dialógica, democrática y participativa para la construcción de propuestas de mejora continua.

Buena gobernanza: significa la forma en la que todos los actores se organizan para la toma de decisiones, para resolver sus diferencias, controversias y conflictos, la forma cómo favorecen la mejor administración de la energía del territorio. Implica tomar en cuenta mecanismos para la transparencia, rendición de cuentas y lucha decidida contra la corrupción.


gestión forestal

Imagen cortesía de Tuomas Lehtinen en FreeDigitalPhotos.net


Es en este marco que se puede inscribir la gestión de los paisajes forestales sostenibles en los que bajo criterios de gestión holística se definen los elementos de convivencia entre las diversas propuestas productivas con consideraciones de mitigación y adaptación al cambio climático y la construcción de resiliencia de ecosistemas y de sociedades.

Bajo enfoques de gestión territorial sostenible se eliminan las falsas contradicciones entre enfoques productivistas y enfoques conservacionistas. Gestionar bosques con criterios de sostenibilidad permite que se pueda hacer un aprovechamiento económico responsable pero siempre con profundo respeto a la naturaleza de tal manera que no se afecte la capacidad productiva y reproductiva de los ecosistemas.

Implica también reconocer el papel de la agricultura adaptada al clima en la que tienen cabida los sistemas agroforestales de producción, enfoques de producción agroecológica y la importancia de la gestión de la agrobiodiversidad.

De ahí que el concepto de socioecosistemas tome real sentido en tanto la gestión toma en cuenta la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza (el ser humano es naturaleza) y no sucumbe bajo pensamientos colonizadores que pregonan que la naturaleza está al servicio del ser humano y por tanto se cuenta con licencia para explotarla, expoliarla, contaminarla.

A la luz de estas consideraciones es muy importante ser capaces de gestionar nuestros paradigmas, niveles de conciencia, creencias, discursos y acciones que construidos bajo el marco epistemológico de dominio del hombre sobre la naturaleza hemos provocado una crisis civilizatoria y ambiental que está poniendo en cuestión la propia viabilidad de la vida en el planeta.

Para hacer posible estos elementos de la gestión territorial sostenible se requiere sociedades dialogantes con alta capacidad para el pensamiento creativo y compromiso con la transformación positiva. Personas que no solo saben dialogar con otros sino también consigo mismo y con la naturaleza. Personas que no imponen sus intereses a toda costa sino que son capaces de reconocer la estrecha interrelación entre individuo-sociedad-especie y por tanto se reconocen como ciudadanos planetarios con responsabilidad con los ecosistemas que le han sido prestados y tienen la obligación de dejarlos saludables para las futuras generaciones.

Fuente artículo: http://pcnpost.com/rodrigo-arce-gestion-territorial-y-gobernanza/

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Aurora Lacueva | Referentes para educar

Caracas / 09 de noviembre de 2016 / Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/

Por: Aurora Lacueva

El reto para el ministerio es grande, pues no se trata solo de lanzar favorables ideas; ese organismo tiene la responsabilidad de derivar de ellas, a su nivel, acciones de cambio profundas y eficaces: en infraestructura, dotación, organización del sistema

Las buenas ideas dan pie a positivas acciones y en el actuar, a la vez que se cambia algo en la realidad, se van asimismo generando nuevas ideas y propuestas, y se van perfeccionando las existentes. Se trata de una fértil interrelación que debe imperar también en el campo educativo. Encuentro buenas ideas en los documentos del Proceso de Transformación Curricular, que ha colgado en su portal Web el Ministerio del Poder Popular para la Educación (Mppe). No coincido con todo lo que allí se postula, pero me parece importante que desde ese organismo se pongan a circular planteamientos potentes, que pueden abrir provechosos caminos.

Destaco los nueve Referentes Éticos que guían la transformación curricular y que surgen de la propia Constitución: educar con, por y para todos y todas; educar en, por y para la ciudadanía participativa y protagónica; educar en, por y para el amor a la Patria, la soberanía y la autodeterminación; el amor, el respeto y la afirmación de la condición humana; la interculturalidad y la valoración de la diversidad; el trabajo productivo y la transformación social; la preservación de la vida en el planeta; la libertad y una visión crítica del mundo, y la curiosidad y la investigación. Son planteamientos que vale la pena debatir con docentes, estudiantes, familias y la sociedad toda: ¿estamos de acuerdo con ellos?, ¿falta alguno importante?, ¿ya se están logrando?, ¿qué debemos hacer para cumplirlos mejor?, ¿qué propone en ese sentido el ministerio?, ¿qué proponemos nosotras y nosotros? El Mppe podría organizar diversas vías para esta discusión y para que en cada escuela surjan de allí planes de transformación viables y bien orientados.

El reto para el ministerio es grande, pues no se trata solo de lanzar favorables ideas; ese organismo tiene la responsabilidad de derivar de ellas, a su nivel, acciones de cambio profundas y eficaces: en infraestructura, dotación, organización del sistema, gobernanza, planes de estudio, evaluación y tantas otras facetas del hecho educativo. Más allá, la coherencia de la acción del Gobierno es clave: no podrá, por ejemplo, educar para la ciudadanía participativa si en la práctica se sale de la Constitución para impedirla, como vemos en el caso del referéndum revocatorio.

Fuente artículo: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/aurora-lacueva-referentes-educar/

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Polity, Politics, policy y gobernanza

Por Rosario Herrera Guido

En un periódico la “polity”
está en la nota editorial y los artículos de opinión,
la “politics” en la sección dedicada
a actividades y debates parlamentarios
y la policy a la política científica,
cultural, fiscal y administrativa.
Todo ello, en español, suele quedar
englobado en el término política, sin más.
Joan Subirats

Politics o política, desde una lectura clásica designa el arte, doctrina u opinión sobre el gobierno de los Estados: el arte de gobernar a los pueblos, conservar el orden y hasta las buenas costumbres. También el modo de conducir un asunto, con habilidad para lograr el fin deseado.

Claro que la política tiene su faz perversa, pero no se puede generalizar sin lamentar los efectos. Sólo porque los y las ciudadan@s no pueden desentenderse por completo de los asuntos del gobierno y las políticas públicas que son medibles en sus resultados (policy), gracias a principios y convicciones (polity) que conducen la acción política de las personas.

Precisamente porque la política es demasiado importante no puede dejarse exclusivamente en manos de los políticos. Por lo que la ciudadanía debe ser protagónica.

Por ello, la policy se sustenta en un esquema racional de intervención por parte del poder político: 1) diagnóstico de una situación, que entra a formar parte de la agenda del gobierno, que permita fijar objetivos, examinar recursos, diseñar estrategias de intervención para alcanzar los objetivos, seleccionando la más óptima, para elegir indicadores de gestión y lograr crear los mecanismos de cuantificación de los resultados conseguidos, sin olvidar que se debe encomendar la gestión a directivos competentes y cualificados de gestión, para que la puedan poner en práctica.

L@s ciudadan@s pueden pasar de la politics a la politiquería. Pero no deben posponer la polity, en la que pueden encontrar satisfacción a sus principios y convicciones. Tampoco de la policy cuando pueden conseguir una prestación razonable de un servicio de administración, o cuando ven los resultados de una política pública, gestionada por personas competentes y éticas.
Por todo ello, a lo que l@s ciudad@s no debemos renunciar es a concebir y practicar una política como ejercicio de la responsabilidad, solidaridad, fraternidad, además del ético servicio de la sociedad.

En el marco de estas precisiones se han dado notables cambios en la administración pública en el tránsito hacia la gobernanza. Por razones de tiempo y espacio, imposible analizar, valorar, interpretar y criticar la magna compilación de la investigadora María del Carmen Pardo, De la administración pública a la gobernanza, México, El Colegio de México, 2004, resultado de un espléndido coloquio internacional sobre el tema, en el marco del XX Aniversario de su Licenciatura en Política y Administración Pública. Un Coloquio que recorre de manera magistral los cambios que se reflejan en la acción pública y en las tareas de gobierno, con un gran impacto en la producción intelectual. Una compilación que recorre los grandes cambios que ha tenido la administración pública en las últimas décadas y cuya trascendencia va de una administración uniforme, regida por normas, jerárquica, autoritaria, vertical y centralista hacia una administración más abierta, flexible y descentralizada, en interacción con otros actores y una participación ciudadana cada vez más presente y activa, congruente con una democracia moderna. Sin embargo, el énfasis en la práctica puede desplazar las ideas, con graves consecuencias. Por ahora, me resigno a interpretar y resumir el tránsito de la administración pública hacia la gobernanza en por lo menos cinco modelos:

1) Como se sabe, Gobernanza viene del francés y pasa al inglés, con el sentido primero de dirección de navíos y después como dirección y administración de los gobiernos (Sánchez, J. Gestión pública y governance, Toluca, Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2006:18). En el comienzo, se puede hablar de la gobernanza como administración pública tradicional o progresiva (aunque parezcan términos contradictorio, en los inicios de la administración pública norteamericana, durante siglos XIX y XX, que buscó separar la política de la administración, para asegurar la eficacia de los servicios y evitar la corrupción de la burocracia. Una gobernanza como diseño e implementación de políticas públicas con objetivos políticamente definidos. Una gobernanza como administración pública donde el gobierno es el actor principal en la dirección de la sociedad, aunque haya otros actores representados. Su fundamento está basado en el supuesto de que los expertos contratados por el gobierno interpretan los deseos y necesidades sociales, sin la participación ciudadana. Hoy en día, podemos asumir que todavía funciona este caduco modelo, pues a veces las consultas ciudadanas son reducidas a tristes simulacros.

2) La Gobernanza como Nueva Gerencia Pública (NGP) (Kettl, D. The transformation of governance, USA, University Press, 2002), adopta valores y prácticas empresariales en el campo del sector público. Hay por lo menos dos variantes: a) el modelo Westminster (aplicado en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y el reino Unido) y b) la suma de intereses particulares que genera un resultado congruente con los más amplios grupos de ciudadanos. Sus vertientes teóricas están en la teoría gerencial racionalista (managerialism), la teoría de la acción racional para la maximilización de utilidades (public-choice-theory), la economía de los costos de transacción (transaction costs) y la teoría del agente principal (principal-agent). Una gobernanza limitada, pues frente a la corrupción y poca transparencia (Stiglitz, J. El malestar en la globalización, México, Taurus, 2003), pues la privatización que propone la nueva gerencia (NGP), beneficia a unos pocos amigos del grupo en el poder. Y como su filosofía cuestiona el papel cultural y filosófico de la democracia, genera desconfianza en el gobierno, (Peters, B.G. “Meassurement of governance”. Encyclopedia of governance, California-London, 2001:364-361).

3) La Gobernanza como Nuevo Servicio Público (NSP), (Denhardt, R. The new public service, Expanded, 2007), que se funda en el ejercicio de la autoridad pública, en base a un concepto más amplio que el de gobierno, que abarca tradiciones, instituciones y procesos en el ejercicio del poder en una sociedad, incluyendo las formas en que se toman las decisiones de la res pública (Denhardt, R. The new public service, Expanded, 2007:86). Donde los ciudadanos eligen los servicios públicos, las cantidades, provisión, fondos, contratos, sociedades y convenios, a través de la participación ciudadana (Callahan, K., Elements of effective governance: measurement, accountability and participation, Boca Raton, Taylor & Francis Group, 2007). Donde el Estado depende de otras organizaciones para cumplir con sus metas, aplicar sus políticas públicas y definir el estilo de gobernanza. Su antecedente es la nueva administración pública, surgida después de la conferencia de Minnowbrook (NY, 1968) y refundada con el Manifiesto de Blacksburg (VA, 1983) y revalorizada por las conferencias de Minnowbrook II (1988) y Minnowbrook III (2008), que no reportan avances con respecto a la conferencia Minnowbrook I (1968). Pero el nuevo servicio público sólo parece tener realidad como planteamiento e intención, pues en el mundo real lo que viene existiendo es una gobernanza estatista (donde el gobierno es el único actor) hasta la gobernanza con un gobierno horizontal y colectivo, donde los actores sociales son más importantes que el gobierno (Cherán, Michoacán). El modelo ideal de gobernanza del nuevo servicio público (NSP), que es más democrático proviene de la escuela holandesa (donde el gobierno es uno de los muchos actores que participan en las redes sociales del gobierno). Y el de “gobernanza sin gobierno” (Peters, J. y Pierre, G. Governig Complex Societies, NY, Mcmillan, 2005).

4) La Gobernanza como Conjunción Administrativa (CA) (Frederickson, G., (1999). The Repositioning of American Public Administration, Political Science and Politics, vol. 32 (4), dec., 701-711), se propone crear una imagen congruente de las relaciones laterales e interinstitucionales en la administración pública. Se trata del arreglo y carácter horizontal de la asociación formal e informal entre los actores que representan unidades, con una conducta pública y administrativas interconectadas. Pero, la política puede crear fuerzas que se opongan a la cooperación, o enfrentamientos de personalidades entre los jefes de los departamentos, además de que no existe investigación satisfactoria a nivel urbano, regional o nacional.

5) La Gobernanza desde la perspectiva de la Economía Política (EP), implica una serie de instituciones y procesos que tienen qué ver con el ejercicio del poder en una sociedad dada, y cuyas determinaciones remiten a la economía, las creencias y costumbres en el campo de la moral pública y los valores en el campo de la ética, cuyos fines se despliegan en la política como democracia (amor civil) y virtud pública, del latín vir = fuerza y poder (Strange, S. States and markets, UK, Blackwell Publisher, 1988), y ciudadanos pensantes y activos de una sociedad democrática, que deben tener clara la lógica de una democracia republicana y moderna, para no dejarse engañar con recetas internacionales que representan intereses particulares, y poder resistir la tentación de adoptar de manera acrítica las políticas públicas de moda, como las políticas públicas globalizadoras y neoliberales, si es que quieren construir una buena gobernanza.

Fuente: http://michoacantrespuntocero.com/polity-politics-policy-y-gobernanza/

Imagen tomada de: http://www.territorioindigenaygobernanza.com/images/stories/vinetas/ilustracion%205_258px.jpg

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Francia: finalités et objectifs du système éducatif et de l’école

Fines – objetivos  del  sistema educativo y de la República

Europa/Francia/Julio de 2016/Noticia/ theconversation.com

Resumen:

Este texto es de la conferencia de clausura «Escenarios para una nueva escuela» se realizó tras dos años de reflexión del seminario «La escuela y la República» Colegio Bernardo, que trataban de analizar la relación entre la escuela y la República. El simposio fue organizado por Bernard Hugonnier y Gemma Serrano, Co-directores del seminario. Gaby Hostens, director de Política Internacional de la Educación, Ministerio de Educación de Flandes; Miembro del Seminario de Investigación «La escuela y la República» Colegio Bernardo.  Señala que, hay un amplio consenso sobre los objetivos estratégicos y operacionales del sistema de educación, pero a menudo hay confusión entre los dos.La distinción es importante porque un modelo de gobernanza eficaz tiene un impacto en la decisión, y los socios que deben tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de los fines de formulación y desarrollo. De tal manera que Objetivos Estratégicos: En los documentos de política, literatura científica y las publicaciones de la OCDE, CIDREE, etc., hay un consenso bastante amplio en estos objetivos. Los objetivos estratégicos se definen de la siguiente manera: un desarrollo armonioso y equilibrado individual para todos; habilidades (conocimientos, habilidades y actitudes) para preparar todo para su integración efectiva en la vida social y económica (la educación superior y el mercado de trabajo); aprender a aprender durante toda la vida. Entre tanto, los Fines operativos en la Unión Europea, la cual ha hecho un esfuerzo considerable para identificar lo que llama las competencias básicas, pero son más bien los objetivos operativos: la comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; el espíritu de iniciativa y espíritu de empresa; conciencia y expresión culturales. Señala  de igual manera la importancia relativa de estos objetivos: los objetivos prioritarios
La consecución de estos objetivos al mismo tiempo está fuera de la cuestión. La realización dependerá del nivel de educación (preescolar, primaria, secundaria, terciaria, etc.) o el tipo de educación (general o profesional, especial).
Está claro que la preparación de los jóvenes al mercado de trabajo será una prioridad en el tipo de profesional de la educación y la adquisición de la base de conocimiento de prioridad en la enseñanza primaria.
Responsabilidades en el desarrollo y el logro de estos objetivos. En general, los sistemas educativos (muy) políticos centralizados año centralmente desarrollan los propósitos estratégicos y operativos y requieren las instituciones y maestros (individuales).  En este sentido el control sobre la calidad es ejecutado por un servicio (inspección) centralDando más responsabilidad va de la mano con una mayor profesionalización de los líderes escolares: rigurosos métodos de contratación (con participación de los agentes internos y externos), habilidades para la gestión eficaz de la formación de los equipos de la escuela. Estas habilidades se justifican un papel más importante de los líderes escolares en la gestión de los recursos humanos: reclutamiento, evaluación del personal y el desarrollo profesional.

Fuente:  https://theconversation.com/ecole-et-republique-finalites-et-objectifs-du-systeme-educatif-et-de-lecole-5-61704

Fuente: https://62e528761d0685343e1c-f3d1b99a743ffa4142d9d7f1978d9686.ssl.cf2.rackcdn.com/files/128540/width926/image-20160628-7851-1tw6hri.jpg

Ce texte est issu du colloque conclusif « Scénarios pour une nouvelle école » organisé le 23 juin 2016, suite à deux années de réflexion du séminaire « École et République » du Collège des Bernardins qui se proposait d’analyser la relation entre l’école et la République. Le colloque était organisé par Bernard Hugonnier et de Gemma Serrano, co directeurs du séminaire. Nous allons publier une série de huit articles sur le sujet.

Par Gaby Hostens, director of international Education Policy, Ministère de l’Education des Flandres ; membre du séminaire de recherche « École et République » du Collège des Bernardins

Apparemment, il y une grande unanimité sur les finalités stratégiques et opérationnelles du système éducatif, mais souvent il y a confusion entre les deux.

La distinction est importante parce qu’un modèle de gouvernance efficace a un impact sur le lieu de décision et sur les partenaires qui doivent prendre l’initiative et assumer la responsabilité de l’élaboration et le développement des finalités.

Finalités stratégiques

Dans les documents politiques, la littérature scientifique et les publications de l’OCDE, CIDREE, etc., il y a un assez large consensus sur ces finalités.

Les finalités stratégiques se définissent ainsi : développement individuel harmonieux et équilibré pour tous ; acquisition de compétences (connaissances, aptitudes et attitudes essentielles) pour préparer tous à une intégration efficace dans la vie sociale et économique (études supérieures et marché du travail) ; apprendre à apprendre tout au long de la vie.

Je préfère inclure « pour tous » dans les finalités stratégiques plutôt qu’ajouter une finalité séparée intitulée « garantir une égalité des chances ». « Pour tous » me paraît plus inclusif : tous les élèves, étudiants et adultes sont inclus !

Un projet international coordonné par l’OCDE et le Service Fédéral Suisse des Statistiques, DeSeCo (définition et sélection de compétences clés,), a identifié trois compétences clés :

  • Se servir d’outils de manière interactive (langue, technologie, etc.).
  • Interagir dans des groupes hétérogènes.
  • Agir de façon autonome.
Finalités opérationnelles

L’Union Européenne a fait un effort considérable pour identifier ce qu’elle appelle des compétences clés mais qui sont plutôt des objectifs opérationnels : la communication dans la langue maternelle ; la communication en langues étrangères ; la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies ; la compétence numérique ; apprendre à apprendre ; les compétences sociales et civiques ; l’esprit d’initiative et d’entreprise ; la sensibilité et l’expression culturelles.

Pour chaque compétence il y a une description des connaissances, aptitudes et attitudes essentielles.

Donner l’opportunité aux élèves, étudiants et adultes de participer à la réalisation et d’atteindre ces finalités me paraît un droit humain.

Importance relative de ces finalités : finalités prioritaires

Réaliser ces finalités simultanément est hors de question. La réalisation dépendra du niveau de l’enseignement (pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire, etc.) ou du type d’enseignement (général ou professionnel, spécial).

Il est clair que la préparation des jeunes au marché de travail sera prioritaire dans l’enseignement de type professionnel et l’acquisition de connaissances de base prioritaire dans l’enseignement primaire.

Par contre, le développement et l’acquisition de compétences transversales doivent être au programme de tous les niveaux et types d’enseignement et deviendront graduellement plus importants.

Responsabilités dans le développement et la réalisation de ces finalités

En général, dans les systèmes éducatifs (très) centralisés les responsables politiques an niveau central développent les finalités stratégiques et opérationnelles et les imposent aux établissements et professeurs (individuels).

Ces derniers exécutent les décisions des responsables politiques. Le contrôle sur la qualité est exécuté par un service (d’inspection) central.

Mieux vaut un modèle de gouvernance du système éducatif qui donne des responsabilités spécifiques à chaque niveau. L’élaboration des finalités stratégiques et des grandes lignes des objectifs opérationnels doit se faire au niveau central après consultation des partenaires du monde de l’éducation.

Comme la réalisation des objectifs opérationnels est de la responsabilité des établissements scolaires, il me paraît opportun et logique de donner un rôle crucial aux équipes scolaires dans le processus éducatif qu’est le développement du contenu des objectifs opérationnels. Je veux souligner l’importance de ces équipes scolaires sous la direction des chefs d’établissement.

Elaboration d’objectifs mesurables

Une évaluation efficace est difficilement concevable sans objectifs mesurables. Ils faciliteront l’évaluation formative des élèves et des étudiants qui est la responsabilité exclusive des professeurs qui disposent ainsi d’un trésor de données quantitatives et qualitatives pour améliorer leur enseignement et l’apprentissage des élèves.

L’évaluation sommative peut être soit interne, externe ou une combinaison des deux : équipes scolaires et inspection.

La radioscopie scolaire me paraît avoir une plus grande valeur ajoutée qu’une inspection individuelle de professeurs de discipline parce que toute l’équipe scolaire est concernée.

Les recommandations faisant suite à la radioscopie peuvent déclencher un processus permettant d’améliorer la qualité de l’enseignement.

Des ressources pour réduire l’échec scolaire et les inégalités

Un système éducatif doit essayer d’atteindre la plus grande qualité pour tous. Réaliser cet objectif ambitieux est la responsabilité de tous ceux qui participent au processus éducatif qu’ils soient responsables politiques, inspecteurs ou professeurs.

Il y a une division de travail assez prononcée. La responsabilité principale se situe au niveau des établissements : l’équipe scolaire est sous la direction du chef d’établissement.

Chaque établissement devrait élaborer un projet d’établissement dans lequel la politique pour atteindre cet objectif est élaborée de façon approfondie. L’élaboration de ce projet, avec la participation de tous les partenaires de l’établissement (enseignants, parents, milieux sociaux, culturels et économiques), est de la responsabilité de l’établissement et tient compte du contexte local.

Cet objectif est l’affaire de toute l’équipe. Il faut engager toute l’équipe dans la lutte contre les inégalités. De surcroît, l’équipe scolaire doit engager des partenaires des milieux social, économique et culturel pour réaliser cette mission.

La responsabilité principale de l’inspection est d’évaluer la politique de l’établissement pour atteindre cet objectif et de contrôler la qualité. Mettre les ressources humaines et financières additionnelles à la disposition des établissements est le devoir des responsables politiques.

Une gouvernance pour la mise en œuvre de ces finalités

Un système éducatif qui a l’ambition de réaliser ces objectifs a besoin d’un système de gouvernance robuste avec un système transparent de responsabilités.

Si les établissements sont les premiers responsables de la qualité de l’enseignement et de la réduction des inégalités sociales et de l’échec scolaire, il faut leur donner l’autonomie et les leviers pour atteindre ces objectifs.

Un rôle plus central du chef d’établissement me paraît absolument et inévitablement nécessaire.

Donner plus de responsabilités va de pair avec une plus grande professionnalisation des chefs d’établissement : méthodes rigoureuses de recrutement (avec participation de partenaires internes et externes), compétences pour une gestion efficace de l’équipe scolaire, formation continue.

Ces compétences justifient alors un rôle plus important des chefs d’établissement dans la gestion des ressources humaines : recrutement, évaluation du personnel et développement professionnel.

 

 

 

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