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Gratuidad educativa en Colombia: una realidad inclusiva para los territorios

Por Carolina Bustamante

En Colombia, anualmente se matriculan más de 3 millones de estudiantes en Instituciones de Educación Superior. De estos, el 60% en centros de formación pública según el Ministerio de Educación Nacional, pero existe un subregistro sobre grupos étnicos, afrocolombianos, población Rom y campesinado vinculado a la academia.

Saldar la deuda, equilibrar la balanza de los beneficios, garantizar equidad o simplemente justicia social, es la forma como el Gobierno de Gustavo Petro, dentro de su nueva política de gratuidad educativa ´Puedo estudiar´, pretende avanzar hacia el acceso universal de la educación y cambiar un pasado de estancamiento profesional en los jóvenes del país.

Gratuidad educativa inicia con medio billón de pesos este 2024 en busca de cubrir el 95% de los estudiantes que están en las Instituciones de Educación Superior públicas. La meta para el 2026 es llegar al 97% y a los territorios afirma el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego.

Lo anterior porque, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de los 48 millones 258 mil ciudadanos que hay en Colombia, el 6 % corresponde a comunidades étnicas, representados en algo más de 1 millón 900 mil personas que se auto reconocen como indígenas de pueblos originarios diferentes, y 4.671.160 afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rom pero, ¿cuántos de estos han tenido, tienen o podrán tener acceso a educación superior?

¿Qué población será priorizada?

Jose Hildo Pete, secretario técnico de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas – Contcepi, no duda en señalar que cientos de jóvenes no han tenido acceso a educación: “muchos de los jóvenes terminan su colegio y se van a trabajar en floristerías, en el campo o en campos a raspar coca”.

No se conoce por la Autoridad Nacional Indígena las cifras de ocupación estudiantil en universidades del país afirma Hildo, pero la desocupación preocupa a los 115 pueblos indígenas. “Los pocos jóvenes que logran ir a estudiar a zonas urbanas o ciudades principales generalmente son financiados por la comunidad, su resguardo. Pero a veces solo logran llegar a cuarto o quinto semestre y se retiran, porque no es solo tener una matrícula, es cómo sostenerse durante el tiempo de estudio. A veces resulta imposible y desertan”.

Indica el Ministerio de Educación Nacional que esta estrategia busca llevar la educación superior a los territorios “la iniciativa elimina barreras de acceso y amplía los beneficios a diversos sectores de la sociedad, se enmarca en la estrategia Universidad en tu Territorio” lo que sugiere infraestructura, capacidad técnica, docente y tecnológica que permita estar a la vanguardia de otros centros educativos del país, añade el secretario técnico de educación.

Otra de las barreras que se eliminan con esta nueva política es que podrá aplicar población de estratos 1, 2 y 3 dando especial prioridad a indígenas, pueblo Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; se suman víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, campesinos, aquellos privados de la libertad y grupos A,B y C del sisbén IV.

Una mirada desde las aulas de clase

Sara Jiménez, tiene 24 años, hace su último año de estudios en mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia donde además funge como representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.

Asegura que los estudiantes reconocen las ventajas de la política de gratuidad ´Puedo estudiar´, señala que buscar mecanismos para conocer los resultados de las convocatorias rápidamente y los porcentajes reales que se consignan a las universidades por cada estudiante permitiría al beneficiario tener un control real de el rubro otorgado.

Indica que les preocupa que la política de educación del gobierno actual no es retroactiva “(…) los estudiantes tardan más de los 10 semestres en graduarse y la política actual contempla esas demoras, pero las anteriores no y esos estudiantes que son beneficiarios de gobiernos con políticas pasadas no tendrán gratuidad en 1 o 2 semestres extra que permite la política actual y quedaron por fuera”.

También piden a la cartera de educación nacional que se haga pública la forma y los porcentajes bajo los cuales los centros de educación superior, técnicos o tecnológicos recibirán los dineros para matrículas.

La reforma a la política de educación gratuita, en sus artículos 86 y 87 correspondientes a financiación, modifican la forma de medir los montos de financiación de beneficios del Índice de Precios al Consumo IPC al Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, sin embargo, reclaman los estudiantes, bajo la vocería de Sara Jiménez, información pública al respecto porque a la fecha no se conoce.

Financiación y cobertura

Indican los estudiantes que los beneficios en educación no deben quedarse ligados a matrículas: “debería ampliarse la cobertura, es decir, porcentajes extra que permitan a las universidades públicas crecer, porque actualmente están estancadas o tienen que realizar más investigación para tener recursos. Ejemplo: en la Universidad Nacional el 40 % de los recursos son autofinanciados».

Añade la representante estudiantil que si a lo anterior se suman los ´pagos simbólicos´ como los denomina y que equivalen a matrículas de hasta 100 mil pesos para población de bajos recursos, pese a que tener a un estudiante todo un semestre cueste mucho más, esto obliga a la universidad a entrar en gastos que no asume el Estado. Consideran pertinente que el Ministerio de Educación pague por ese estudiante el costo real de su estadía en los centros de formación superior.

Pese a estas dudas y sugerencias cabe resaltar que otros de los cambios que esta política contempló están asociados a estudiantes con títulos de postgrados técnicos o tecnológicos que podrán acceder a educación gratuita. Finalmente, la comunidad educativa celebra que ya no habrá giros a instituciones educativas a través del Icetex sino directamente desde el Ministerio de Educación Nacional.

¿Cómo acceder a los beneficios?

El estudiante puede dirigirse a una de las 67 Instituciones de Educación Superior públicas del país, elegir un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), ser admitido por la institución y matricularse.

La Institución se encargará de registrar al estudiante en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES.

Los calendarios académicos son particulares para cada institución, así como los tiempos que destinen para los procesos de matrícula. Se sugiere consultar directamente con la institución de su interés.

Radio Nacional de Colombia

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Empiezan las clases: la historia vuelve a repetirse

Todo fluye con la intensidad discursiva del eterno retorno, con los dimes y diretes en los medios de comunicación sobre el comienzo de las clases y las luchas docentes por salarios que aseguren ganarle a la inflación y condiciones de trabajo dignas en todo el país.

Entonces, el paisaje es con movileros en librerías relevando sobre el costo de los útiles escolares, el periodismo del establishment que intenta mostrarse a uno u otro lado de una grieta que en educación es inexistente, solo algunos matices diferenciales más discursivos que ejecutivos; el presidente Alberto Fernández inaugurando una escuela en el Chaco, donde algunos sindicatos aseguran no empezar el 1 de marzo, entre otras inauguraciones del año lectivo 2023 a cargo de ministros y gobernadores en época preelectoral.

Lo cierto es que nada de lo que suele suceder en los comienzos de año ha cambiado, los planteos del conjunto de la docencia, que trata de no ser subsumida en la categoría neoliberal de “facilitadores”, son históricos. Los salarios son bajos, no alcanzan a la canasta básica familiar, que está en los $250.000.

Muy lejos de esta cifra el propio gobierno nacional acordó con los sindicatos con representación nacional aumentar el salario de las y los maestros un 33,5% a julio y elevar el salario mínimo inicial a 130 mil pesos a partir de marzo. El acuerdo establece que el aumento será de un 17,5% en marzo y de un 8% ciento en mayo y otro 8% en julio. Lo que fue aceptado por dirigentes sindicales nacionales y festejado por la administración de Alberto Fernández.

Pero sucede que como esa paritaria nacional establece un piso, el otro 50% de la discusión es por jurisdicción y eso demuestra que mantener la fragmentación del sistema educativo, pregonando un seudo federalismo, no hace más que agravar las situaciones.

Por lo menos, 8 provincias en paro o con paro declarado por alguna de las agrupaciones sindicales, dependiendo de cuándo comiencen las clases. Porque, según el calendario escolar, algunas como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comenzaron ayer, 27 de febrero; otras como Buenos Aires (PBA), comenzarán el 1 de marzo, mientras que Corrientes lo hace hoy, 28 y La Rioja el 2 de marzo. Una cuestión poco comprensible si críticamente analizamos que el tema de la cantidad de días de clase, 190 o 192 no establece ninguna diferencia, ni ha sido demostrada la relación entre el rendimiento pedagógico y la cantidad de días de clase, otro tema para el debate.

CABA, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Misiones y Chaco, donde distintas agrupaciones sindicales provinciales han llamado al paro en el inicio de clases por considerar las propuestas absolutamente insuficientes, como sucede con el 60% que ofrece el gobierno de CABA como techo a pagar en 6 cuotas. Ademys, que, por supuesto no acordó, convocó al paro con movilización y un pliego de propuestas, mientras que UTE-CETERA si bien no firmó el acta de acuerdo con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tampoco tomó ninguna medida de fuerza.

Pero la Argentina es tan extensa que Alberto Fernández inauguró, ayer, el edificio de la Escuela de Educación Secundaria Nº 82 Doctor René Favaloro en la localidad de Basail, Chaco. Mientras en la previa al inicio del ciclo lectivo 2023, Federación Sitech realizó su congreso extraordinario ayer, en Quitilipi, y definió el “no inicio de clases” el 1 de marzo con una medida de fuerza y movilización en cada una de las localidades. En Resistencia, la manifestación tendrá lugar en el mástil de la avenida 9 de julio, a partir de las 9:30.

En el vaivén de mostrar lo “acertado” de las políticas educativas, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció hace unos días que las escuelas de todo el país promoverán contenido pedagógico para conmemorar durante todo el ciclo lectivo 2023 los 40 años de democracia en la Argentina.

Aquí se plantea una pregunta y una reflexión: ¿La democracia se conmemora o se ejerce como forma de vida?

La resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) consignó que “desde su recuperación en 1983, la Argentina ha sostenido con firmeza el sufragio como la forma de representación política para la toma de decisiones colectivas”

“La consolidación de la democracia, la reafirmación del Estado de Derecho, el respeto a nuestras instituciones y la protección de la democracia son ejes centrales para el Estado Nacional”.

No parece ser muy abarcadora la resolución del CFE respecto de la conceptualización de democracia, reducida al voto y al genérico “respeto a las instituciones” y lo más polémico, la “protección de la democracia” por el Estado, cuando la democracia es de los pueblos y los propios Estados se la arrebatan en múltiples ocasiones.

Seguramente habrá mucho que debatir en las escuelas sobre los temas propuestos en la resolución del CFE, pero más que tomar los 40 años de democracia como una efeméride, la propuesta debe ser crítica y darle vida para ampliar el debate democrático sobre la colonial reforma educativa; el descuento salarial por huelgas; la judicialización de las protestas, las políticas que generan pobreza, las amenazas constantes hacia el pueblo mapuche; la falta de agua y represión policial sufridas por las comunidades qom y wichí en Chaco, Salta y Formosa; el cambio climático; la contaminación masiva por el uso de agrotóxicos, la megaminería química, y los desechos industriales; la usurpación de territorios luego del genocidio indígena y los realizados con fraudes inmobiliarios como Lago Escondido y otros “emprendimientos”… la lista será completada por lxs lectorxs.

Temas todos que junto a la Educación Sexual Integral (ESI), deben formar parte de los contenidos curriculares, actualmente orientados a la formación estandarizada para la empleabilidad,que lejos de formar para la transformación, las políticas educativas continúan con un ordenamiento colonial encubierto por un discurso tecnocrático que intenta formar para la adaptación y la flexibilidad, pero hasta en eso el sistema político fracasa involucrando a la escuela, que es el último eslabón de la cadena institucional.

Y así cómo en las distintas “conmemoraciones” de los 40 años de democracia deberíamos preguntarnos por si, tal vez, la democracia representativa ya ha cumplido un largo ciclo, incluidos sus propios fracasos en la imposición de valores generales que a la sazón son valores de las clases hegemónicas, que nos llevaron a dictaduras y genocidios.

¿Acaso no será tiempo de pensar en democracias participativas donde las escuelas dejen de ser repositorios de la colonialidad del poder y pasen a ser usinas de pensamiento emancipatorio, con docentes formados en las pedagogías críticas?

¿La pobreza cuantificada de los debates comunicacionales en educación?

Para ejemplificar, apenas un poco, y en la coyuntura actual, el comunicador del grupo Clarín, Jorge Lanata, en su artículo: “Un tema que no le importa a nadie: el drama de la educación y los políticos que miran para otro lado”, del sábado pasado, buscando desde el título un golpe de efecto típicamente mediático, abre su nota con una cita sarmientina: “La palabra “democracia es una burla si el gobierno pospone o descuida formar al ciudadano”, aunque ya sabemos que democracia y ciudadano para Sarmiento no eran conceptos que abarcaran a todxs.

Continúa con una encuesta realizada por Management & Fit, en la cual se preguntó “¿cuál se consideraba el principal problema de la Argentina?” y nada más que un ínfimo 3% contestó, la educación.

¡Nada de qué sorprenderse! Porque las respuestas se encolumnaron de la siguiente manera: el 49% contestó que era la inflación, el 28% dijo que era la corrupción, el 7% la pobreza, el 5% la inseguridad y el 4% la desocupación. Más bien cabría preguntarse ¿cómo se ordena la agenda en los medios? Así la secuencia de la encuesta cobra sentido y no se trata de que “la educación no le interesa a nadie”, sino que, en la formación de la opinión pública, es decir en los contenidos mediáticos no está la educación, salvo para casos de violación, abuso, cierre de una escuela; esto es, en la temática mediática, el delito. O para los comienzos de ciclo lectivo o para los resultados de las pruebas estandarizadas. Es decir que el debate sobre educación solo se reduce a cuestiones medibles.

Así que el primer argumento de Lanata no se sostiene para hablar de la problemática educativa que de por sí es compleja y no se puede enfocar desde una mirada instrumental y mucho menos a través de una encuesta guiada.

Aunque sí esa parte del artículo, o todo, puede ser objeto de una clase de comunicación, para ver cómo se articulan enunciación y enunciado, pero eso lo dejamos para otros espacios educativos.

Más allá de esta breve digresión, el artículo de Lanata hace una pretendida cita de autoridad: “En 2021 Sergio Siciliano -ahora diputado bonaerense, ex viceministro de Educación de la gestión Vidal- presentó un proyecto para declarar la emergencia educativa en la Provincia. Nunca llegó a tratarse, ni siquiera en la Comisión de Educación de la Legislatura bonaerense, que en los últimos tres años solo se reunió seis veces”.

Citar al viceministro de la gestión de María Eugenia Vidal es cuando menos ignorar que la gestión de Vidal no invirtió en educación, ni en infraestructura (todavía están latentes las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la escuela N° 49 Nicolás Avellaneda de Moreno por las que tendrían que dar explicaciones Vidal y el empresario devenido en Director General de Escuelas, en ese momento, Gabriel Sánchez Zinny). La única gestión educativa de Vidal fue la desinversión, el consecuente abandono edilicio y los cierres de escuelas.

Así que citar a un funcionario de educación de la exgobernadora, que presenta un proyecto para declarar la emergencia educativa en la provincia, es como citar al coronel Federico Rauch en sus partes militares: “Hoy… para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles”.

Respecto de la formación docente, también el referente es Sergio Siciliano, el exviceministro de Vidal: “Hoy hay docentes a cargo de un aula -dice Siciliano- que apenas cursaron la mitad de la carrera. La formación de un maestro requiere cuatro años, pero la mayoría de los estudiantes termina la carrera en seis, y aunque cursan didáctica de la matemática y de la lengua, no tienen lengua ni matemática. Carecen de formación académica sobre las materias“.

Lo curioso es que hablan como si no hubieran estado en la administración de la provincia durante 4 años. Es cierto que hay estudiantes a cargo de cursos, pero la razón no es porque la carrera de 4 años, “la terminan en 6”, sino que no hay docentes. Mientras la población del primario y el secundario se expande por lógica del crecimiento demográfico, las carreras docentes y el trabajo han sido tan estigmatizados y precarizados por las propias políticas que ellos describen en sus análisis, cuando no son gobierno, que cada vez menos jóvenes se inclinan por esa actividad.

También es cierto que las carreras se alargan, pero la pregunta es por qué y la respuesta está en las políticas económicas y la necesidad de conseguir, aunque sea un trabajo precario para sostener los estudios.

No hay duda de la precarización a que fueron sometidos lxs docentes con los cambios de planes y las reformas curriculares, pero eso es el producto de más de 30 años de “aprender a aprender”, la famosa falacia, producida en los informes de la UNESCO y archirrepetida como un mandamiento sacralizado, sin grieta mediante por las pléyades de especialistas que toma el arco que va desde la derecha neoliberal, hasta los progresismos en todas sus variantes.

Aprender a aprender, el eslogan, idea fuerza del reformismo, leitmotiv que decretó que el conocimiento está en internet, o que no es necesario aprenderlo porque los cambios son vertiginosos por lo tanto los contenidos en la formación docente se han declarado desiertos, por lo menos como referencia curricular.

Pero los responsables no son lxs estudiantes, ni lxs docentes, son las políticas que vienen implementando los sucesivos gobiernos en función de los mandatos internacionales, llamados “recomendaciones”, que seguramente veremos en un próximo artículo ya que el superministro Sergio Massa expresó su beneplácito por la aprobación del Banco Mundial de un crédito de 450 millones de dólares de los cuales 300 son para el proyecto “Mejora de la Inclusión en la Educación Media y Superior por Resultados”.

Volviendo al artículo de Lanata, la otra fuente que cita es a “Argentinos por la Educación”, la ong empresarial, fundada por Roberto Souviron, ceo de Despegar.com, egresado de la elitista Universidad de San Andrés, que casi sustituyó al Ministerio de Educación durante el período 2015-2019, en el que en el gobierno del país cayó Mauricio Macri.

Al contrario de Jorge Lanata, hay demasiados exponentes ocupados de la política educativa, más todavía con los cientos de fundaciones parasitarias que se inmiscuyen en el sistema.

Pero lxs docentes que hacen la educación día a día, no la pueden pensar, sus prácticas están separadas de las políticas que las piensan.

Recapitulando, si la encuesta de Management & Fit dio esos resultados, tenemos que preguntarnos por la incidencia de los medios en “nuestras” percepciones de la realidad y de los formatos de las encuestas; si las citas de autoridad que toma Lanata para el diagnóstico son el exministro de educación de Vidal y Argentinos por la Educación, lo único que queda claro es el posicionamiento ideológico del comunicador y no el interés por la educación, tal como queda demostrado con la cita de cierre de la nota, con las expresiones de Javier Milei, que “planteó suspender la gratuidad de la educación pública y reemplazarla por un sistema de becas…”.

Claramente,la vertiente de la educación como servicio para quien pueda pagarla, una variante más del mercado educativo que es el objetivo final de los grupos concentrados, diseñadores de sociedades que profundizan las desigualdades, pero con discursos de cínica preocupación de sus voceros.

Fuente: https://tramas.ar/2023/02/28/empiezan-las-clases-la-historia-vuelve-a-repetirse/

 

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Entrevista a Noam Chomsky: «Los intentos de poner la educación superior al servicio del sector privado toman formas casi cómicas»

Por C.J. Polychroniou

A lo largo de la mayor parte del periodo moderno, desde la época conocida como la Ilustración, la educación fue ampliamente considerada como el activo más importante para la construcción de una sociedad decente.

Sin embargo, este valor parece haber caído en desgracia en el período contemporáneo, tal vez como un reflejo del dominio de la ideología neoliberal, creando en el proceso un contexto en el que la educación se ha reducido cada vez más al logro de habilidades profesionales y especializadas que atienden a las necesidades del mundo empresarial.

¿Cuál es el papel real de la educación y su vínculo con la democracia, con las relaciones humanas dignas y con una sociedad digna? ¿Qué define a una sociedad culta y decente? El lingüista, crítico social y activista de renombre mundial Noam Chomsky comparte sus puntos de vista sobre la educación y la cultura en esta entrevista exclusiva para Truthout.

Al menos desde la Ilustración, la educación ha sido vista como una de las pocas oportunidades para que la humanidad levante el velo de la ignorancia y cree un mundo mejor. ¿Cuáles son las conexiones reales entre la democracia y la educación? ¿O esos vínculos se basan principalmente en un mito, como argumentó Neil Postman en The End of Education?

No creo que haya una respuesta simple. El estado actual de la educación tiene elementos tanto positivos como negativos, en este sentido. Un público educado es sin duda un requisito previo para el funcionamiento de una democracia, donde “educado” significa no solo informado, sino capacitado para investigar libre y productivamente, el fin principal de la educación. Hacia ese objetivo a veces se avanza, otras veces se ponen obstáculos, en la práctica real, y cambiar el equilibrio en la dirección correcta es una tarea importante, una tarea de importancia inusual en los Estados Unidos, en parte debido a su poder único, en parte debido a las formas en lo que se diferencia de otras sociedades desarrolladas.

Es importante recordar que, aunque el país más rico del mundo durante mucho tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. era una especie de páramo cultural. Si uno quería estudiar ciencias avanzadas o matemáticas, o convertirse en escritor y artista, a menudo se sentía atraído por Europa.

Gran parte de lo que prevalece en el mundo actual es una educación impulsada por el mercado, que en realidad está destruyendo los valores públicos y socavando la cultura de la democracia con su énfasis en la competencia, la privatización y la obtención de ganancias. Como tal, ¿qué modelo de educación cree que es la mejor promesa para un mundo mejor y en paz?

En los primeros días del sistema educativo moderno, a veces se contraponían dos modelos. La educación podría concebirse como un recipiente en el que se vierte agua, un recipiente muy agujereado, como todos sabemos. O podría pensarse como un hilo, trazado por el instructor, a lo largo del cual los estudiantes avanzan a su manera, desarrollando sus capacidades para “indagar y crear”. Este es el modelo defendido por Wilhelm von Humboldt, el fundador del sistema universitario moderno.

Creo que las filosofías educativas de John Dewey, Paulo Freire y otros defensores de la pedagogía crítica y progresista pueden considerarse desarrollos adicionales de la concepción humboldtiana, que a menudo se implementa como algo natural en las universidades, porque es esencial para la enseñanza avanzada y la investigación, sobre todo en las ciencias. Un famoso físico del MIT era conocido por decirle a sus alumnos de primer año que no importa lo que estudien, importa lo que descubran.

Las mismas ideas se han desarrollado con bastante imaginación hasta el nivel de jardín de infancia, y son muy apropiadas en todo el sistema educativo y, por supuesto, no solo en las ciencias. Personalmente, tuve la suerte de haber estado en una escuela experimental deweyana hasta los 12 años, una experiencia muy gratificante, muy diferente de la escuela secundaria académica a la que asistí, que tendía hacia el modelo del agua en un recipiente, igual que los programas de “enseñar para el examen” que están más extendidos ahora mismo. Los alternativos son el tipo de modelos que se deben seguir si se quiere tener alguna esperanza de que una población verdaderamente educada, en todas las dimensiones del término, pueda enfrentar las cuestiones muy críticas que están ahora mismo en la agenda.

Lamentablemente, las tendencias educativas impulsadas por el mercado que usted menciona son muy reales y dañinas. Deberían, creo, ser consideradas como parte del ataque neoliberal general contra el público. El modelo empresarial busca la “eficiencia”, lo que significa imponer la “flexibilidad laboral” y lo que Alan Greenspan calificó de “creciente inseguridad de los trabajadores” cuando elogiaba la gran economía que dirigía (antes de que colapsara). Eso se traduce en medidas tales como socavar los compromisos a largo plazo con el profesorado y depender de mano de obra temporal barata y fácilmente explotable (adjuntos, estudiantes de posgrado). Las consecuencias son perjudiciales para la fuerza laboral, los estudiantes, la investigación y la indagación, de hecho, todos los objetivos que la educación superior debe tratar de lograr.

A veces, tales intentos de empujar el sistema de educación superior hacia el servicio al sector privado toman formas que son casi cómicas. En el estado de Wisconsin, por ejemplo, el gobernador Scott Walker y otros reaccionarios han estado intentando socavar lo que alguna vez fue la gran Universidad de Wisconsin, transformándola en una institución que satisfaga las necesidades de la comunidad empresarial del estado, al mismo tiempo que recorta el presupuesto y genera una mayor dependencia del personal temporal (“flexibilidad”). En un momento dado, el gobierno estatal incluso quiso cambiar la misión tradicional de la universidad, eliminando el compromiso de “buscar la verdad”, una pérdida de tiempo para una institución que produce personas útiles para las empresas de Wisconsin. Eso fue tan escandaloso que llegó a los periódicos, y tuvieron que afirmar que fue un error administrativo y retirarlo.

Sin embargo, es ilustrativo de lo que está sucediendo, no solo en los Estados Unidos sino también en muchos otros lugares. Al comentar sobre estos desarrollos en el Reino Unido, Stefan Collini concluyó de manera muy plausible que el gobierno Tory está intentando convertir universidades de primera clase en instituciones comerciales de tercera clase. Así, por ejemplo, el Departamento de Clásicos de Oxford tendrá que demostrar que puede venderse en el mercado. Si no hay demanda en el mercado, ¿por qué la gente debería estudiar e investigar la literatura griega clásica? Esa es la máxima vulgarización a la que hemos llegado, que puede resultar de imponer los principios capitalistas de estado de las clases empresariales a toda la sociedad.

¿Qué se necesita hacer para proporcionar un sistema de educación superior gratuita en los Estados Unidos y, por extensión, desviar fondos del complejo militar-industrial y del complejo penitenciario-industrial hacia la educación? ¿Requeriría esto una crisis de identidad nacional por parte de una nación históricamente expansionista, intervencionista y racista?

No siento que el problema sea tan profundo. Estados Unidos no fue menos expansionista, intervencionista y racista en años anteriores, pero sin embargo estuvo a la vanguardia del desarrollo de la educación pública masiva. Y aunque los motivos eran a veces cínicos (convertir a los agricultores independientes en engranajes de la industria de producción en masa, algo que lamentaban amargamente), hubo muchos aspectos positivos en estos desarrollos. En años más recientes, la educación superior era prácticamente gratuita. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de ley GI proporcionó matrícula e incluso subsidios a millones de personas que probablemente nunca habrían ido a la universidad, lo que fue muy beneficioso para ellos y contribuyó al gran período de crecimiento de la posguerra. Incluso las universidades privadas tenían tarifas muy bajas para los estándares contemporáneos. Y el país entonces era mucho más pobre de lo que es hoy. En otros lugares, la educación superior es gratuita o casi gratuita. En países ricos como Alemania (el país más respetado del mundo según las encuestas) y Finlandia (que constantemente ocupa un lugar destacado en el rendimiento) y países mucho más pobres como México, que tiene un sistema de educación superior de alta calidad. La educación superior gratuita podría instituirse sin mayores dificultades económicas o culturales, al parecer. Lo mismo ocurre con un sistema de salud pública racional como el de países comparables.

Durante la era industrial, muchas personas de clase trabajadora en todo el mundo capitalista se sumergieron en el estudio de la política, la historia y la economía política a través de un proceso de educación informal como parte de su esfuerzo por comprender y cambiar el mundo a través de la lucha de clases. Hoy en día, la situación se ve muy diferente, con gran parte de la población de la clase trabajadora abrazando el consumismo vacío y la indiferencia política, o peor aún, apoyando con bastante frecuencia a partidos políticos y candidatos que de hecho son partidarios acérrimos del capitalismo corporativo y financiero y promueven un movimiento contra la agenda de la clase obrera. ¿Cómo explicamos este cambio radical en la conciencia de la clase trabajadora?

El cambio es tan claro como lamentable. Con bastante frecuencia, estos esfuerzos se basaron en sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora, con participación de intelectuales en partidos de izquierda, todas víctimas de la represión y la propaganda de la Guerra Fría y del amargo conflicto de clases librado por las clases empresariales contra la organización obrera y popular, que aumentó particularmente durante el período neoliberal.

Vale la pena recordar los primeros años de la revolución industrial. La cultura obrera de la época estaba viva y floreciente. Hay un gran libro sobre el tema de Jonathan Rose, llamado The Intellectual Life of the British Working Class. Es un estudio monumental de los hábitos de lectura de la clase trabajadora de la época. Contrasta “la búsqueda apasionada del conocimiento por parte de los autodidactas proletarios” con el “filisteísmo generalizado de la aristocracia británica”. Más o menos lo mismo sucedía en las nuevas ciudades de clase trabajadora de los Estados Unidos, como el este de Massachusetts, donde un herrero irlandés podía contratar a un niño para que le leyera los clásicos mientras trabajaba. Las chicas de la fábrica estaban leyendo la mejor literatura contemporánea del momento, lo que estudiamos como clásicos. Condenaron al sistema industrial por privarlos de su libertad y cultura. Esto continuó durante mucho tiempo.

Soy lo bastante viejo para recordar la atmósfera de la década de 1930. Una gran parte de mi familia provenía de la clase trabajadora desempleada. Muchos apenas habían ido a la escuela. Pero participaban de la alta cultura de la época. Hablarían de las últimas obras de teatro, conciertos del Cuarteto de Cuerdas de Budapest, diferentes variedades de psicoanálisis y todos los movimientos políticos imaginables. También había un sistema de educación obrera muy activo en el que estaban directamente involucrados destacados científicos y matemáticos. Mucho de esto se ha perdido… pero se puede recuperar, no se ha perdido para siempre.

Fuente: https://rebelion.org/los-intentos-de-poner-la-educacion-superior-al-servicio-del-sector-privado-toman-formas-casi-comicas/

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Entrevista a Jairo Torres Oviedo: «Gratuidad en universidades públicas costaría $677 mil millones». Colombia

Según el Sistema Universitario Estatal, la matrícula de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 instituciones está garantizada para el segundo semestre.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo, destacó el esfuerzo que han hecho el Gobierno y los entes territoriales para garantizar la educación de los más de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 universidades públicas del país. No obstante, hizo un llamado a mantener esta política en el tiempo y no aplicarla solo por la pandemia.

SEMANA: ¿Cómo ha avanzado el semestre académico para las universidades públicas en medio de la pandemia?
Jairo Torres Oviedo (J.T.O.): Desde 2018, las universidades públicas hemos tenido anormalidad académica, el paro nacional, que tuvo como resultado unos acuerdos históricos por 4,5 billones de pesos para las universidades. Eso retrasó a algunas instituciones. En 2019, las marchas y movilizaciones también afectaron el calendario académico. Por esta razón, cuando empieza la pandemia, 12 de las 32 universidades públicas no habían terminado ni siquiera el segundo semestre académico de 2019. Todo el tema del coronavirus, como es bien conocido, cambia el panorama de la educación superior y nos enfrenta a unas realidades que en este país nos han significado un verdadero reto para dar continuidad a la educación; por ejemplo, el tema de la brecha tecnológica.
SEMANA: ¿Pudieron terminar el semestre las universidades públicas?
J.T.O.: Hubo plataformas estudiantiles pidiéndonos que suspendiéramos el semestre debido a todas las dificultades. Mantuvimos el pulso, cada una de las universidades hizo esfuerzos importantes y las 12 universidades que venían culminando el pasado semestre académico lo hicieron y se disponen a iniciar el primer semestre académico de 2020. En las otras universidades culminamos semestre a tiempo.
SEMANA: ¿Qué balance tienen las universidades públicas tras cuatro meses de pandemia?
J.T.O.: Es positivo haber acabado el semestre y también lo es el hecho de que pudimos recibir apoyos por $97.500 milones por parte del Gobierno, para garantizar la educación de estratos 1 y 2, que están en condición de vulnerabilidad en las universidades públicas. Hemos solicitado apoyo para superar las brechas en materia de conectividad y hemos conseguido recursos. Esa parte es positiva.
SEMANA: Muchas universidades prevén un desplome en las matrículas. ¿Cuál es la proyección en las públicas?

J.T.O.: Como SUE hicimos un sondeo y evidenciamos que la deserción para el próximo semestre sería muy compleja debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Hay que tener en cuenta que el 70,9 % de los 621 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas son de estratos 1 y 2. Sin duda, la deserción nos preocupa porque, por la pandemia, las familias de esos estudiantes se han visto afectadas, han perdido sus empleos. Por esa razón, para evitar esa deserción que creemos podía ser del 50 %, propusimos el modelo de gratuidad en la educación para las universidades públicas.

SEMANA: ¿Qué le propusieron al Gobierno respecto a la gratuidad?

J.T.O.: Pusimos como ejemplo lo que hicimos en la Universidad de Córdoba y que se ha replicado en otras universidades públicas. Hay que tener en cuenta varios factores. El 48 % de los recursos de las 32 universidades del SUE son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 677 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, si el Gobierno quisiera montar una política pública de gratuidad para los estratos 1 y 2, eso costaría 677 mil millones de pesos al año. Eso les planteamos.

SEMANA: ¿Es factible tener esos recursos?
J.T.O.: Lastimosamente, no es la realidad. Por esa razón, las universidades buscan otras fuentes de financiación. Primera fuente: las matrículas de pregrado. Por eso, las matrículas en universidades públicas tienen un valor que oscila entre 380 mil y un millón de pesos en las universidades regionales. Por ejemplo, en Córdoba una matrícula de pregrado cuesta 500 mil pesos. Además, están las matrículas de posgrado, venta de servicios, laboratorios, diplomados, seminarios y cursos, que nos ayudan a constituir los recursos de ese 48 %. El Gobierno nos dio la línea de crédito para solventar nómina y los 97.500 millones para repartir entre las 32 instituciones públicas. Algunas recibieron 3.000 millones pesos; otras más y otras menos.
SEMANA: ¿Alcanzaron los 97.500 millones para el modelo que proponen? 

J.T.O.: En Córdoba, las matrículas de los 17 mil estudiantes nos cuestan 13 mil millones de pesos al año, es decir, por semestre son 6.500 millones. Una fuente fueron los $2.500 millones que nos tocaron del total que dio el Gobierno, la Gobernación nos dio 1.000 millones de pesos, la Alcaldía de Montería nos dio 600 millones, a lo que sumamos otros recursos que teníamos del monto que se consiguió durante el paro de 2018. Los teníamos destinados para otras cosas pero se usaron para la gratuidad. Ese mismo modelo lo hicieron Magdalena, Cartagena, Cundinamarca y la gran mayoría de instituciones. Pero es un modelo transitorio. El reto es volver este modelo permanente en el tiempo, porque después del segundo semestre la crisis no desaparecerá como si nada.
SEMANA: ¿Cómo establecer ese modelo de gratuidad de manera permanente?

J.T.O.: Proponemos al presidente Duque que se incrementen esos 97.500 millones a 200 mil millones en forma permanente para la gratuidad. En Córdoba, a través de ordenanza de la asamblea, se creó el Fondo de Educación Superior, que lo componen 15 % del impuesto de registro y 5 % de licores; es decir, que va a manejar 3.200 millones fijos que se actualiza año tras año. Nosotros con ese fondo, que va a perdurar, tendremos la fuente de recursos. Propusimos al alcalde de Montería que haga un fondo similar. Creemos que ese modelo se puede replicar en todo el país.

SEMANA: ¿Entonces está asegurada la educación de los 620 mil estudiantes de universidades públicas de cara al segundo semestre?
J.T.O.: La educación de nuestros estudiantes en las 32 universidades públicas está garantizada. Como digo, por la procedencia de nuestros estudiantes, esos estratos 1 y 2 tienen su gratuidad. Eso está garantizado. Hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional y los entes territoriales.
SEMANA: ¿Qué pasa con el 30 % de otros estratos? La crisis ha tocado prácticamente a todos los sectores…
J.T.O.: La clase media está sin empleo. Sé que las prioridades de un padre de familia en esa situación no es el estudio para sus hijos. En las universidades públicas, al haber hecho el esfuerzo tan grande para la gratuidad en los estratos 1 y 2, también incluimos al resto de comunidad estudiantil. En Córdoba eran 350 muchachos. Los vinculamos en estos modelos de gratuidad y lo mismo se está aplicando en otras regiones. En un futuro se debe mirar el tema de esos sectores, teniendo en cuenta las posibilidades de cada estudiante y su familia. De eso se trata un modelo de gratuidad justo y equitativo: que cada quien aporte de acuerdo con sus posibilidades para garantizar la educación de los más vulnerables.
SEMANA: ¿En el segundo semestre del año volverán a la presencialidad?
J.T.O.: En el caso de las ocho universidades del Caribe, decidimos que no retomaremos la presencialidad, ya que esta región ha sido muy impactada por la pandemia. No queremos correr ningún riesgo con la alternancia. En las otras regiones cada universidad será autónoma, aunque otras se han sumado, como es el caso de la Universidad Nacional. Hay que tener en cuenta que adoptar los lineamientos del ministerio costaría a las universidades grandes inversiones, y en el momento no están los recursos.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/es-posible-la-educacion-superior-gratuita-entrevista-al-presidente-del-sue/683724
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Educación Superior, un deber del Estado

Los países que invierten en educación e investigación son mas ricos, tienen mayor bienestar, saben resolver problemas con menos odio y entender mejor el valor de la vida, no es por ser ricos que invierten màs en ese campo. La inversión en educación se pone a prueba en su capacidad de respuesta colectiva a las crisis y se valida la investigación medida por impactos respecto a asuntos vitales, como este de ahora de salud, higiene cuidado del cuerpo y equilibrio mental, en el marco de relaciones entre el yo-el otro- y el entorno. La recuperación laboral y social de la profunda crisis del 2008, que dejo 230 millones de trabajadores sin empleo y acrecentó las migraciones y destierros, fue superada mas rápidamente allí donde había mayores recursos del PIB en educación e investigación. De esta crisis la quedo a América latina la Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena) que concluyó de manera ejemplar que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado” (OEI.es). Como todo derecho, su reconocimiento de universalidad implica que las garantías de realización deben ser cubiertas por el estado con recursos de la nación. La educación como derecho, no como libertad, queda a cargo del estado, de tal manera que en este momento de crisis, el gobierno tiene todo a su favor para replantear su posición y de las enormes cifras económicas que se prevé movilizar en el contexto de la covid 19 (117 Billones, U. Javeriana), no resultaría oneroso destinar al menos un adicional no mayor del 20% al presupuesto asignado y cubrir las matriculas de los estudiantes del sistema universitario estatal.

En el presente inmediato la justificación es irrebatible: El impacto económico sobre los 22.5 millones de personas que reciben salarios muestra un alto impacto de retroceso del derecho al trabajo con todos sus contenidos. Hay cálculos que anuncian 8 millones de personas que quedarán sin trabajo, procedentes especialmente de los 10.5 millones de la clase trabajadora (48% de la fuerza laboral, antes de la pandemia) que recibe un salario mínimo y de los otros 9 millones de empleados que alcanzan ingresos de 2 millones de pesos (larepublica.co, dic 2019). Solo 3 millones de personas ganan mas de 2 millones al mes. Globalmente se esperan pérdidas económicas de entre $4,6 billones y $5.9 billones por mes, que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional y son los servicios, donde se destacan las actividades de alojamiento comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio, los más afectados (Banco de la republica, mayo 2020). En estos sectores se originan los recursos para pagar la educación universitaria.

Las composición del presupuesto de las universidades publicas se divide entre un aproximado 50% de recursos de la nación y otro 50% que debe producir cada una, de esos entre el 10% y el 20% viene por matriculas, es decir, están desfinanciadas, como se indico ampliamente con las movilizaciones de 2018. La ventaja para el gobierno es que al asumir la educación como derecho puede de manera inmediata adicionar los presupuestos y mediante decreto anunciar la gratuidad. No resulta ajeno comparar que las demás instituciones publicas como Congreso, poder judicial, fuerzas militares, incluso educación básica y media o el SENA, aunque padezcan afectaciones por aplazamientos o recortes presupuestales, no están obligadas a producir para vender. Las instituciones publicas por su naturaleza dependen de los ingresos de la nación, los orientados a educación son inversión, no gasto.

Redireccionar recursos para el alivio social, decretando transitoriamente la gratuidad, como paso hacia la nacionalización definitiva de la educación superior en todos los niveles y modalidades, aparte de un gesto amable, es necesario, evitará un aumento de la desigualdad, hará justicia con las diferencias y brechas territoriales y evitará una deserción irreparable. La salida generosa de las entidades territoriales trasladando recursos podrá apoyar un lado y desfinanciar otro. América Latina tiene ejemplos de inversión en educación a seguir para el mediano plazo, Cuba invierte el 12,9% de su PIB, Costa Rica 7.4%, Bolivia 7%; otros como Dinamarca 8.7%, Islandia 7.6%, Ghana 8.1%, (BM), que permiten mostrar que no es riqueza o pobreza lo que define a la educación como derecho humano sostenible como inversión, si no que es el compromiso y voluntad política del gobierno y de estado. Lo que ocurre en esos países quizá se refleja en los resultados de la pandemia.

El bienestar general esta lastimado por desigualdades, inequidades, discriminaciones y violencias desbordadas e incontrolables, que convocan al gobierno a dar atención inmediata a ciertos sectores prioritarios y entre estos a la educación superior, ahora que tiene a su favor la declaratoria de la emergencia Económica, Social y Ecológica y recursos posibles que puede adicionar, en tanto su destino único y exclusivo será impedir una crisis de alto impacto social por deserción y abandono de las aulas y así conjurar en este sector la crisis desatada por la Covid -19.Es momento para que de los recursos anunciados de crédito por 1250 millones de dólares con el BM (actualidad.rt.com), 10.800 millones de dólares del FMI por línea de crédito flexible (imf.org), los aproximados 21 billones siguiendo el decreto 444 y otros, reinvierta con un adicional de menos del 20% de los 4.7 billones de 2020, suficientes para aplicar la gratuidad de la matricula universitaria. La educación es un derecho y un deber del estado, hay que protegerlo de la Covid19. Quizá resulte poco pedir cuando las violencias y desigualdades han dilapidado tantas vidas, sueños y rebeldía de sus jóvenes, es momento para reinvertir en el bienestar y esperanzas de sus universitarios y hacer que la vida sea su mayor riqueza universal.

Fuente: https://rebelion.org/educacion-superior-un-deber-del-estado/

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Hungría: ¿Qué tiene de gratis la educación?

Redacción: La Vanguardia

El ejemplo de Hungría, con escuela gratuita y obligatoria, acentúa la ambigüedad de los sistemas: los alumnos pagan la comida, el jabón y hasta el papel higiénico.

“¿Dónde te crees que estás? Esto es Hungría.”

Así, subida de tono, una de las madres de la Asociación de Padres de la escuela me increpó en la última reunión. Mi hijo va a quinto grado, en una escuela del Estado, en Budapest. Le había hecho una llamada de atención, cuando ella, con total naturalidad, explicaba que los niños que no hubiesen pagado la mensualidad, la entrada al evento o que no hubiesen traído el ticket para el bus, de haber una excursión, se quedarían en la escuela.

En Hungría, la educación es gratuita y obligatoria desde los 3 hasta los 16 años. Pero hay que puntualizar lo de gratuita, y por qué no, lo de obligatoria también. La comida de los niños hay que pagarla. Suelen ser unos 30 euros por mes. Hay que dar también unos 3 ó 4 euros por mes, dinero que administra la Asociación de Padres y que usan para organizar excursiones, comprar algún material de clase y regalos, como los de fin de curso a las maestras.

 

 

De haber algún evento extra, por ejemplo, ir al teatro, o incluso a algún concurso, hay que mandar el dinero aparte, en un sobre. Y efectivamente, tal como decía aquella madre, los que no mandan el dinero se quedan en la escuela, o directamente no van al colegio, a sabiendas de lo que va a pasar. Igual lo que realmente pica es la lista de útiles escolares que piden a comienzos de año, que entre pitos y flautas, supera los 60 euros.

Y solo como detalle, cada mes hay que llevar a la escuela jabón para lavar las manos, servilletas de papel, papel higiénico y pañuelos de papel.

Una madre camina con sus hijos tras acabar la escuela, en Hungría.

Una madre camina con sus hijos tras acabar la escuela, en Hungría. (.)

Salario mínimo

De 300 a 400 euros al mes

Para que se entienda mejor, el salario mínimo en Hungría es de unos 300 euros, o de 400, si para ese puesto se necesita al menos un título de educación media (8 años de primaria más 4 años de secundaria).

Igual, a sabiendas de la práctica, me atreví a sugerir que al menos la Asociación de Padres o bien el tutor de la clase aceptase un fondo voluntario para los casos en que los niños no hubiesen pagado. Es decir que los padres que quisieran entregasen a fondo perdido un equis monto de dinero para que nadie se quede sin participar en la actividad del día, entendiendo que estas actividades se suelen hacer durante el horario escolar.

 

 

Repetía yo aquello de “la educación es gratuita…”. Insistí en que mi sugerencia no pretendía exonerar a los padres de la obligación de pagar, pero sí evitar que ningún niño quede privado de participar en las actividades comunes que se realizan en horario escolar. Mi propuesta cayó en balde. Aquí la gente no es muy habladora en las reuniones. Siempre son, somos los mismos los que hablamos.

El tema se cerró con aquello de que los niños tienen que aprender cómo funciona la sociedad para no cometer de mayores los mismos errores que sus padres. Respiré hondo, y esperé a que terminase la reunión, boli en mano, en silencio, tomando nota del calendario para el año entrante, como un buda.

La siguiente semana volvimos a encontrarnos con la madre en cuestión, nos dimos un beso, un abrazo, y dejamos claro que el griterío forma parte del folclore de las reuniones, y seguimos tan amigos.

Terapia con perro en una escuela de educación especial en Budapest.

Terapia con perro en una escuela de educación especial en Budapest. (Marton Monus / EFE)

 

 

 

Ayudas

Para familias con ingresos muy bajos

De cualquier modo, tengo que aclarar que existen ayudas específicas para cubrir los gastos escolares. Un niño puede quedar exento de pagar la comida en la escuela, si el ingreso por miembro de la familia no excede los 130 euros. En el caso de familia numerosa (por lo menos 3 hijos), pagan la mitad. Con respecto a los gastos de inicio de clases, también se puede solicitar una ayuda de 10 euros, siempre y cuando el ingreso por cabeza no supere 265 euros. Y los libros de texto son gratuitos. Hay que hacer las cuentas.

Para terminar me gustaría aclarar que hasta ahora el tema de la obligatoriedad de la escuela tenía su trampa. Es decir, hasta este año existía la figura del alumno particular. O sea, no tenía que ir a la escuela, sino, periódicamente, asistir a los exámenes de rigor.

En base a esta fórmula se fundaron algunas escuelas, como la Budapest School, de uno de los fundadores del Prezi, donde todos sus alumnos estaban exentos de ir a las escuelas del Estado. De esta manera, el colegio podía enseñar como quería, y el Estado no podía inmiscuirse en el diseño pedagógico. Pero a partir de este septiembre esto está prohibido. Todo el mundo tiene que ir a la escuela del Fidesz (el partido que está en el gobierno).

 

 

La enseñanza gratuita y obligatoria se entiende o se entendía como una conquista social, atendiendo a los derechos del menor. Hoy por hoy, al menos por estos lares, es cada vez más común rebelarse contra el Estado, no ya para hacer que el niño se quede trabajando en la mina o en el campo, sino para ofrecerle una educación distinta, diferente al rígido modelo estatal.

La otra opción sería democratizar la escuela. Pero de eso estamos todavía más lejos.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20191028/471171604552/educacion-gratis-obligatoria-ejemplo-hungria-pros-contras.html

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José Joaquín Brunner: “La educación superior gratuita es irreal y profundamente inequitativa»

Redacción: Semana

José Joaquín Brunner, exministro de Estado en Chile e invitado de la Cumbre Líderes por la Educación habló con SEMANA Educación. Asegura que es un error centrar la política en becas como Ser Pilo Paga, pues no solo los más pobres necesitan ayudas para acceder.

José Joaquín Brunner tiene claro cómo fue, cómo es y cómo apunta a ser el sistema de educación superior en Latinoamérica. No es para menos. Gran parte de su vida la ha dedicado a conocer diferentes sistemas educativos en el mundo. Ha sido profesor, investigador y consultor del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

Ahora que el ámbito universitario del país atraviesa por tiempos turbulentos, su visión es más que necesaria. Para plantear una discusión que aún no ha tomado la fuerza que merece, Brunner estará en la sexta edición de la Cumbre Líderes por la Educación. El encuentro, número uno en el país, se realizará el próximo 18 y 19 de septiembre. Semana Educación habló con él.

Semana Educación (S. E.): El sistema de educación superior en América Latina es muy distinto al de hace 50 años. ¿Cuáles han sido esos grandes cambios?

José Joaquín Brunner (J. J. B.): Uno de los cambios más significativos que han transformado y que seguirán transformando la educación superior es la expansión de la matrícula. En 1950 había 250.000 estudiantes de educación superior en Latinoamérica. Hoy, hay alrededor de 28.000.000 alumnos. Luego está la explosión de Instituciones de Educación Superior (IES). En 1950 había 75 universidades, hoy hay cerca de 11.000 IES, de las cuales más de 4.000 son universidades. Un tercer fenómeno es el de la privatización. De la matrícula total en América Latina, más de la mitad está en privadas, y de esas, más del 50 % son instituciones con fines de lucro. Países como Brasil y Perú admiten legalmente que grandes empresas funcionen como IES. Otro cambio son las fuentes de financiación, porque han dejado de ser puramente estatales. Hoy es financiada –en algunos países–, en gran medida, por las familias y por los propios estudiantes cuando contraen un crédito para estudiar.

S. E.: ¿Cómo financiar un sistema que, según usted, seguirá creciendo?

J. j. b.: La gran solución, en países como los nuestros que tienen una matrícula muy significativa en instituciones privadas, va por el lado de un buen sistema de crédito estudiantil. Hoy, hay múltiples experiencias de las cuales podemos aprender porque muchas de ellas han tenido fallas y errores. Pero existen otras que están funcionando, como en Australia o Gran Bretaña. Otro ejemplo es Chile, que tiene un sistema de créditos amplio. En este caso, el Estado se ha preocupado por diseñar un modelo con los dos componentes: gratuidad y crédito, pero que está dirigido a todos los jóvenes, independientemente si se quieren inscribir en una pública o privada. Lo único que le importa al Estado es que esas instituciones estén acreditadas.

S. E.: Aquí llamamos a ese modelo Ser Pilo Paga. ¿Cree que debió continuar?

J. j. b.: Considero que este programa fue muy interesante, en el sentido en que ofrecía becas independientemente de si el estudiante iba a ir a una universidad privada o pública. Ahora, otra cosa es el diseño, que hizo que las universidades sintieran una especie de competencia desleal. Pero, además, era una iniciativa muy limitada. El error es que creemos que debemos dirigir los programas de becas a jóvenes con el decil más bajo. Sin embargo, resulta que el acceso a la educación es un problema generalizado. En ese sentido, no es suficiente un programa de becas, lo que hay que tener es un sistema de crédito abierto a todos los jóvenes del país; esa es la única solución.

S. E.: Pero en Chile se planteó una reforma para, precisamente, hacer de la educación superior un servicio gratuito y generalizado…

J. j. b.: En el Gobierno de Michelle Bachelet, que es el Gobierno por el que voté, fui extremadamente crítico con el proyecto de gratuidad universal. Se dijo que los jóvenes chilenos debían tener gratuidad en un determinado tiempo; pero pronto el Gobierno se dio cuenta de que era completamente irrealizable y, finalmente, a lo que se llegó fue a una gratuidad focalizada. Es decir, los jóvenes que pertenecen al 60 % de menores recursos de la población chilena y que están buscando educación. Eso en el número total de nuestros estudiantes significa alrededor de un 30 %. Mientras que los jóvenes restantes, que son la mayoría, tendrán un buen esquema de financiación contingente al ingreso.

S. E.: ¿Por qué pareciera que la gratuidad es lo peor que le puede pasar a la educación?

J. j. b.: La gratuidad ha traído grandes problemas a las universidades, porque está calculada de una manera que no cubre los reales costos de la docencia que imparten una buena parte de nuestras universidades. En el caso de Chile, hay un número importante de IES que se está viendo afectado en otras actividades como en investigación, porque el subsidio de gratuidad no es suficiente. Es una política irreal, inviable y profundamente inequitativa, pues termina favoreciendo a sectores de alto y mediano ingreso de la sociedad, que son los que llegan a la universidad. Nuestros países se deben enfocar en la educación inicial, es ahí donde se tienen que invertir más recursos.

El error es que creemos que debemos dirigir los programas de becas a jóvenes con el decil más bajo. Sin embargo, resulta que el acceso a la educación es un problema generalizado.

S. E.: Finalmente, ¿cuáles son esos otros desafíos que ponen a tambalear a las IES?

J. j. b.: Están los desafíos en el ámbito global como la revolución tecnológica en todos sus aspectos. A las universidades les importa mucho ese vector porque está transformando la manera en que se organiza el trabajo en nuestra sociedad. Tenemos otros desafíos culturales y sociales, por ejemplo, la lucha contra la igualdad de los géneros. Y ante esto, las instituciones obviamente tienen dificultades para adaptarse

No se pierda la Cumbre Líderes por la Educación, el evento educativo de mayor relevancia a nivel nacional donde expertos nacionales e internacionales discutirán sobre el futuro de la educación en Colombia.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/entrevista-la-educacion-superior-gratuita-es-irreal-y-profundamente-inequitativa/621840

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