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México: Con proyecciones, protestan feministas contra violencia machista e impunidad en el Palacio Nacional

Cuatro consignas contra la impunidad y la inacción del gobierno federal frente a la violencia machista fueron proyectadas la noche del domingo en la facha del Palacio Nacional.

Las frases «No + violencia», «Somos las mujeres, somos una voz colectiva», «AMLO, date cuenta» y «Un violador será gobernador» fueron proyectadas en el recinto presidencial por mujeres en protesta contra la impunidad y la falta de voluntad política para atender la violencia de género.

Se trata de la segunda megaproyección en la fachada del Palacio Nacional para denunciar la omisión de las autoridades y reafirmar la organización de las mujeres en lucha por una vida libre de violencia.

El pasado 7 de marzo, las mujeres que acudieron a pintar los nombres de las víctimas de feminicidio en el muro que cercaba al Palacio Nacional previo a las movilizaciones del #8M también proyectaron consignas como «México feminicida», «Aborto Legal ya» y «Un violador no será gobernador».

Fuente e imagenes: https://desinformemonos.org/con-proyecciones-protestan-feministas-contra-violencia-machista-e-impunidad-en-el-palacio-nacional/

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México: en 4 años crece tasa de feminicidio en 137.6 por ciento

En 4 años la tasa de víctimas de feminicidio creció en 137.6 por ciento, al pasar de 426 víctimas en 2015 a mil 012 en 2019, de acuerdo con el informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020”.

Este dato es una señal de que el Estado debe articular acciones para reducir la incidencia de este delito e incrementar las políticas de prevención, atención de víctimas e investigación criminal.

Así relatan los investigadores de la organización Impunidad Cero, Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez y Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, los hallazgos de la revisión de datos que dio origen a este informe.

La primera conclusión que se lee en el documento es que la incidencia y la impunidad en homicidio doloso y feminicidio siguen alcanzando cifras sin precedentes en el país, donde el feminicidio está definido en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificado en el Código Penal Federal.

Este reporte también derrumba las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que el delito va a la baja. Solo en una ocasión, en diciembre de 2020, al rendir su segundo informe de gobierno, López Obrador admitió que este crimen no disminuye.

Alarmantes cifras de feminicidio

En México, durante 2019 se registraron mil 012 víctimas de feminicidio, delito por el que se iniciaron 983 carpetas de investigación, de acuerdo con el análisis que se basó en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al revisar los datos desde 2015 se observa que esta forma de violencia extrema contra las mujeres incrementó de forma alarmante: 137.6 por ciento.

El problema es de tal magnitud que si se suman los homicidios de mujeres que no fueron tipificadas como feminicidio, pero que murieron en hechos violentos, la cifra de víctimas llega a ser de 3 mil 834 mujeres.

De ese total de muertes de mujeres registradas, las clasificadas como feminicidio representan 26.4 por ciento a nivel nacional. Esta cantidad es baja, pero diversos instrumentos internacionales han llamado a los estados a analizar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.

Por estados, se observa que las entidades con mayor número de víctimas de feminicidio durante 2019 fueron Veracruz, con 162 mujeres; el Estado de México, con 126; la Ciudad de México, con 71; Nuevo León, con 67; y Jalisco y Puebla, ambos con 60 mujeres víctimas.

Paradójicamente, estas entidades cuentan con una Alerta de Violencia de Género, un mecanismo activado para implementar acciones de emergencia a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

Pese a tener estos mecanismos, estas entidades concentran casi la mitad de las víctimas registradas en México por este delito, sumando 49.4 por ciento del total.

Los investigadores revisaron la tasa de mujeres que habitan en cada entidad federativa y estimaron que en 2019 la tasa de feminicidio a nivel nacional fue de 1.6 feminicidios por cada 100 mil mujeres.

Esto significa que cada día, en promedio, 2.7 mujeres en México son víctimas de feminicidio. Si se suman también las mujeres víctimas de homicidio doloso, se tiene un promedio diario de 10.5 mujeres asesinadas.

En el reporte se indica que la incidencia de este delito, considerando la tasa, pone a Morelos en el primer lugar con una tasa de 3.8 por cada 100 mil mujeres. En segundo lugar está Veracruz con una tasa de 3.7 y en tercero Colima con una tasa de 2.8.

Alta tasa de sentencias

La investigación realizada por Impunidad Cero también analizó las sentencias condenatorias dictadas por feminicidio durante 2019, información que obtuvo a través de solicitudes de acceso a la información.

Con datos de 16 estados que respondieron las solicitudes, se encontró que hubo 269 sentencias, de las cuales 252 fueron condenatorias y 17 absolutorias. Es decir, la tasa de condena en este delito fue de 93.7 por ciento.

En el informe se advierte que el hecho de que la tasa de condena sea alta puede ser resultado de que los ministerios públicos clasifican un delito como feminicidio sólo cuando tiene pruebas suficientes para acreditar que fue un crimen por razones de género ante el juez y “asegurar” la condena.

La forma de comisión del delito también puede influir, ya que el uso de armas que requieren que el agresor se acerque a la víctima suelen dejar más rastros físicos en la escena del crimen, lo que incrementa la probabilidad de identificación del agresor.

En el caso de las víctimas de feminicidio solo en 22 por ciento de los casos se utilizó un arma de fuego, mientras que en las víctimas de homicidio doloso, el arma de fuego se utilizó en 71 por ciento de los casos.

Impunidad de 51.4 por ciento

A pesar de que organizaciones civiles aseguran que persiste la impunidad en las muertes violentas de mujeres, este reporte detalla que la impunidad del delito de feminicidio en 2019 se estimó en 51.4 por ciento. Esto implica que cerca de 5 de cada 10 casos de feminicidio fueron esclarecidos.

En 2019 la entidad con mayor impunidad en feminicidio fue Baja California Sur, con 100 por ciento, pero se debe considerar que ese año solo se registraron dos víctimas de feminicidio.

A esta entidad le siguieron Guerrero, con una impunidad de 93.8 por ciento y Jalisco con 86.7 por ciento. La investigación advierte que en este dato también hay que considerar que el indicador depende de los criterios que sigue cada estado para catalogar una muerte violenta de mujeres como feminicidio.

Los instrumentos internacionales sugieren que como hipótesis inicial se debe considerar que la muerte violenta de la mujer que se investiga corresponde a un feminicidio, con el fin de incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la sentencia por el caso de feminicidio de Mariana Lima, ocurrido en el Estado de México, que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género para descartar patrones de violencia por razón de género.

Fuente e imagen: CIMAC Noticias

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México: La Masacre de Acteal continúa en la impunidad.

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.

Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.

Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.

A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.

Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.

Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.

A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.

Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.

Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Boletín No. 20

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Descarga: La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad. 

 Escucha NotiFrayba: Masacres Nunca Más

Fuente e imagen: https://frayba.org.mx/la-masacre-de-acteal-continuidad-en-la-impunidad/

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Llevar calzones rojos, una indigna licencia para violar en Perú

América del Sur/ Perú/08-11-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

El hecho de que la sala judicial haya resaltado el uso de esa prenda es lo «más escandaloso», pero «en toda la sentencia ha habido una serie de argumentos basados en prejuicios, en estereotipos, en machismo, que ha causado bastante indignación».

Un calzón rojo de encaje es la prenda de máxima seducción en el imaginario popular y bajo ese argumento, tres jueces de Perú rechazaron una denuncia de violación de una mujer que los usaba y absolvieron a su presunto violador, en un fallo que ha indignado al país por los prejuicios machistas que sostiene.

El relato es el de una muchacha de 20 años que acude a una cita con otro joven de 22 años, toman unos tragos y el encuentro se extiende más allá de las once de la noche, la hora en que la mujer dijo a su familia que volvería a su casa.

Sin embargo, la cita se convierte en una pesadilla, pues la mujer denuncia al hombre por agresión sexual y el caso llega a los tribunales en la calurosa ciudad de Ica, al sur de Lima.

Después de meses de investigaciones, los magistrados decidieron absolver al presunto agresor por una serie de argumentos que para muchos peruanos, expertos legales y organizaciones feministas son fuente de indignación, pues muestran claramente cómo la Justicia, en lugar de proteger, revictimiza y perpetúa la violencia contra la mujer.

JUSTICIA QUE REVICTIMIZA

«A muchas mujeres y organizaciones feministas nos ha causado mucha indignación porque no es la primera vez, ni es un caso excepcional, donde la Justicia revictimiza y contribuye a esta cadena de violencias que se ejecutan contra las mujeres», declaró a Efe la vocera del movimiento feminista Manuela Ramos, Luz Mateo.

El hecho de que la sala judicial haya resaltado el uso de esa prenda es lo «más escandaloso», pero «en toda la sentencia ha habido una serie de argumentos basados en prejuicios, en estereotipos, en machismo, que ha causado bastante indignación», precisó la activista.

El peritaje psicológico hecho a la víctima la describe como una persona sumisa, dependiente e incapaz de decir un no tajante, pese a lo cual los jueces dictaminaron que ese peritaje no corresponde con una persona que lleva ropa interior de color rojo.

«Han dictaminado que este peritaje no va y por eso es que hacen hincapié a su ropa interior, que era una truza (calzón) de color rojo y con encaje», anotó Mateo.

De hecho, en la resolución judicial se afirma que «la máxima de la experiencia» señala que esa prenda es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual.

También desvirtuaría el peritaje que dice que la mujer es «tímida», en el sobreentendido que solo una mujer «atrevida» llevaría ese tipo de prenda.

ABREN INVESTIGACIÓN A JUECES

Manuela Ramos es una de las varias organizaciones que viralizaron en las redes sociales el lema #Perúpaísdevioladores para criticar la actuación de los magistrados Ronald Anayhuamán, Diana Jurado y Lucy Castro, que serán investigados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a raíz de su controvertido fallo.

El archivamiento de la denuncia fue asimismo apelado por el fiscal adjunto provincial, Carlos Guillermo Yalle, para que se realice un nuevo juicio con las debidas garantías y se anule esta sentencia.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer manifestó su «profundo rechazo» ante los argumentos de los magistrados y agregó que la erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con «un Poder Judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género».

CASOS REPETIDOS

Esta situación se añade a otros sonados casos en los que la Justicia parece amparar a los agresores sexuales antes que a las víctimas que se han dado a conocer en Perú en los últimos meses y que evidencian la arraigada cultura de la impunidad en este tipo de casos.

Así, en septiembre último un fiscal decidió archivar una acusación de abusos contra Guillermo Castrillón, director y profesor de teatro, al que 16 de sus alumnas acusaron de abusos sexuales, bajo el argumento de que no estaban lo suficientemente traumadas por los presuntos ataques.

Castrillón obligaba a sus actrices y estudiantes, con quienes mantenía una relación jerárquica, a desnudarse, las manoseaba, introducía su pene entre las nalgas o los dedos en sus vaginas como «técnica» de enseñanza.

También habría penetrado a una mujer que quedó inconsciente en su casa durante una fiesta e irrumpido en el cuarto de una compañera de apartamento para masturbarse junto a su cama, nada de lo cual parece sostener indicios de probable delito a los ojos de un fiscal.

A finales de octubre otro caso llamó la atención y generó un gran revuelo, después de que un abogado justificara una agresión sexual cometida por cinco hombres contra una mujer durante una reunión, al señalar que a la víctima «le gusta la vida social».

#AMiMeGustaLaVidaSocial se convirtió en una etiqueta utilizada en redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok, bajo la cual grupos feministas y mujeres de distintos ámbitos de la vida social peruana denunciaron los prejuicios y argumentos utilizados para amparar a los violadores.

CULPA A LA MADRE

El caso de la absolución del presunto violador, además de asumir una responsabilidad de la víctima por sus prendas, también recoge otras culpas, como el hecho de que la denunciante había bebido alcohol voluntariamente con su agresor y que era mayor de edad.

Además, según denunció Mateo, se pretende trasladar la responsabilidad del delito a la madre de la mujer, por no haber cuidado de su hija.

Mateo indicó que los magistrados señalaron que «la mamá no busca a su hija después de las 11 de la noche, hora en que quedó en llegar a su casa, y entonces la responsabilidad se traslada a la madre», pues el juez dice que «el impulso de una madre es ir a buscar a su hija cuando no aparece».

«Básicamente, lo que hace la sentencia es justificar la violencia, pero parte de este cuestionamiento que se hace al testimonio de la víctima», afirmó la vocera de la organización feminista.

BORDEAN LAS 7.000 DENUNCIAS POR VIOLACIÓN

Las cuestionadas actuaciones de los operadores de justicia, como en el caso de Ica, son un motivo por el cual muchas víctimas de violencia sexual evitan denunciar, pues temen ser enjuiciadas por su forma de ser o incluso de vestir.

En este año de pandemia, entre enero y septiembre, Perú registró 6.893 denuncias de violencia sexual en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde el 30 % de las víctimas fueron menores de edad, pero las organizaciones feministas sostienen que los casos reales deben ser muchos más. EFE

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/llevar-calzones-rojos-una-indigna-licencia-para-violar-en-peru-8879792.html

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“No sé el nombre del padre de mi hija”

Por: Tahira Vargas García

La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”

“No sé quién es el padre de mi hija. Pregúntale a mi mama”. La madre responde: “el padre de mi hija es José, vive por aquí. El violó a mi niña un día que entró a la casa cuando ella estaba sola con su hermana. Fui al cuartel a poner la denuncia y me dijeron que lo iban agarrar nunca lo llevaron preso. El anda por ahí, mi hija le tiene mucho miedo”.

Este relato se extrae de una entrevista realizada hace unos meses en un estudio en un barrio marginado de Santo Domingo. La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”.

Continuamente en estudios que realizamos en barrios marginados y comunidades rurales del país encontramos múltiples casos como estos. Niñas de 8-12 años que han sido victimas de abuso sexual por vecinos, padres, padrastros, hermanos y tíos. El abuso sexual se produce en el silencio y el embarazo lo visibiliza.

La aprobación reciente por la Junta Central Electoral de la entrega de cédulas a menores de 12 años que tienen hijos e hijas ha escandalizado nuestra sociedad. Parece un absurdo total el que niñas menores de 12 años tengan una cedula por ser madres.

El escándalo debería ser mayor al ver que la JCE ha tenido que tomar esta medida para que no se siga reproduciendo la indocumentación de miles de niños y niñas que nacen de una madre-niña. Con ello se contribuye a la ruptura con los círculos de indocumentación y vulnerabilidad que afecta a hijos e hijas e niñas-madres.  A su vez demuestra la recurrencia y gravedad del fenómeno que no se queda en unos pocos casos aislados, sino que por el contrario tiene impacto en el ámbito nacional. Demostrándose con ello que las violaciones sexuales hacia niñas menores de 12 años son bastante frecuentes, así como su consecuente embarazo.

El otro lado de la moneda son las posibles consecuencias en el respeto a los derechos de la niñez en esta población. Se corre el riesgo de la confusión sobre su condición de niñas y que se les trate como adultas aún con edades de 9-17 años y con ello se agudice su exclusión en las familias y centros educativos, así como la legitimación de las violaciones de derechos hacia las mismas.

¿Qué refleja una medida como esta? Además de la gravedad del problema de las violaciones sexuales hacia las niñas, su embarazo en la expone a riesgo de muerte tenemos que se muestra con ello el fracaso del Estado Dominicano en intervenir en sus raíces que afecta a las niñas pobres de este país con elementos como los siguientes:

*Ausencia de políticas sociales dirigidas a cambiar las prácticas cotidianas de la población masculina contra las niñas sostenidas en una masculinidad machista y violenta que se exhibe con permiso para agredir sexualmente a la infancia y la niñez sin límites.

*Falta de una educación sexual dirigida a empoderar a niñas y adolescentes sobre su cuerpo desde el conocimiento de sus derechos con herramientas de protección desde el sistema educativo y desde una educación no formal

*Deficiencias en la educación de las familias sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la ruptura con la normalización del acoso y abuso sexual.

*Negación del derecho que tienen las niñas de interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual que las expone al riesgo de muerte y afecta su desarrollo integral. Se les obliga a continuar con el embarazo fruto de una violación que las expone a riesgo en su salud y desarrollo y en la continuación del circulo de violencia que viven.

Actualmente en el Congreso se debate el Código Penal, del cual se excluyó la despenalización del aborto por las tres causales. La medida tomada por la JCE demuestra las graves consecuencias de la penalización total del aborto en una sociedad donde las violaciones y embarazos de niñas está normalizada y es parte de la cotidianidad. Nuestra infancia y niñez vive así desprotección y sometimiento a la vulnerabilidad de forma continua.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY 

Fuente: https://acento.com.do/opinion/no-se-el-nombre-del-padre-de-mi-hija-8876034.html

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De cara al sol

Por: Marisol Vicens Bello

En medio de esta crisis es indispensable que aquellos  que tienen una incidencia frente a la colectividad,  den lo mejor de sí y cumplan con su deber, las autoridades ejerciendo sus funciones con responsabilidad, los que antes gobernaron y ahora son oposición comprendiendo que hay un tiempo para todo y el suyo ahora es el de no entorpecer y contribuir con lo que conviene al país.

Estamos viviendo un momento difícil de la historia de la humanidad en el que por vivir en un mundo interconectado, se aumenta el reto de controlar la pandemia y a la vez se pone de manifiesto la forma en que inciden negativamente los malos liderazgos y las expresiones muchas veces grotescas de falta de compromiso de quienes no son capaces de comprender que el problema nos afecta a todos, y que cada quien tiene que cargar con su cuota de responsabilidad y sacrificio para acortar el camino hacia la solución y hacerlo menos traumático.

De repente la situación cambió, haciendo que a los muchos desafíos que teníamos por delante como país, se sumaran los efectos inesperados de una crisis que al igual que el virus ha atacado las actividades productivas, e impedido la reapertura de sectores que no pueden operar bajo la virtualidad o que por definición conllevan la reunión de personas, lo que aumenta nuestras muchas desigualdades pues la crisis afecta en distintos grados a unos y a otros, mientras algunos tienen la fortuna de verse beneficiados.

Entre las muchas lecciones que debemos extraer de esta crisis, está dimensionar cuantas oportunidades hemos desperdiciado para hacer las cosas bien y el enorme costo de no haberlo hecho a tiempo, cuan responsables han sido muchos actores de la sociedad porque en vez de marcar la pauta y dar el ejemplo, han preferido compartir el despilfarro o beneficiarse de este, cuantos recursos han sido malgastados y cuán perverso ha sido el círculo vicioso de la impunidad, que ha hecho aumentar exponencialmente la corrupción, ha debilitado fuertemente nuestras instituciones y la confianza ciudadana en estas, y generado una frustración que hace difícil convencer a una población que a fuerza de promesas incumplidas, de reformas postergadas y de arreglos de aposento, simplemente está renuente a sacrificarse más.

Es muy fácil quejarse de lo que otro hace mal, o adoptar discursos políticamente correctos de igualdad, transparencia, institucionalidad, respeto a la ley, buenas prácticas, pero es más difícil demostrar con los hechos que lo que se está dispuesto a exigir a los demás somos capaces de hacerlos nosotros mismos.

Ser líder implica una responsabilidad inmensa, pues lo que se haga o deje de hacer tiene impacto sobre muchos otros en cualquiera de los escenarios en el que se actúe, desde la arena política a las organizaciones de la sociedad civil, por eso deben medirse con sensatez los mensajes a dar, porque en un mundo interconectado ya no hay espacio para esconder los esqueletos en el armario ni para adoptar una pose antidemocrática y contraria a todo lo que se enarbola de cara al público y pretender que no se conozca y que no tenga un efecto nocivo en la sociedad en la que están llamados a influir positivamente.

En medio de esta crisis es indispensable que aquellos que tienen una incidencia frente a la colectividad, den lo mejor de sí y cumplan con su deber, las autoridades ejerciendo sus funciones con responsabilidad, los que antes gobernaron y ahora son oposición comprendiendo que hay un tiempo para todo y el suyo ahora es el de no entorpecer y contribuir con lo que conviene al país, así como que entiendan que los cambios colectivos necesitan para darse de buenos ejemplos, y que un buen liderazgo es capaz de inspirar las mejores acciones, mientras que uno malo es capaz de extraer todo lo negativo de la naturaleza humana. Por eso más que nunca necesitamos buenos liderazgos que actúen en la sombra tal cual lo harían de cara al sol, y no solo en el ámbito político, sino en todos los espacios del quehacer social.

Fuente:  https://acento.com.do/opinion/de-cara-al-sol-8871937.html

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Honduras ante el EPU con los “pies hinchados”

Por: Giorgio Trucchi

Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.

En la declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de tortura y de los niveles de militarización.

También señalaron la creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes, personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Actualmente Honduras es el país más desigual de América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.

Asimismo, ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. La reciente aprobación de un nuevo código penal profundiza su criminalización.

Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol[2] y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.

Son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.

Una impunidad casi total

La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.

Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.

En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.

“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.

No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.

“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.

La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.

“El afán de este gobierno es destruir al movimiento que resiste y lucha contra la colusión de los poderes político, económico, judicial y militar para garantizar los intereses del gran capital nacional y transnacional.

Hay una cantidad de recomendaciones incumplidas e ignoradas por parte del Estado de Honduras. El EPU va a ser un escenario importante para volver a exigir cambios estructurales en materias de derechos humanos”, concluyó.

Notas

[1] https://bit.ly/2SV8gTW

[2] Mientras se redactaba esta nota fue asesinado Arnold Morazán Erazo, uno de los 32 defensores de la comunidad de Guapinol, que han sido criminalizados por defender los recursos hídricos que son amenazados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.

Fuente: https://rebelion.org/honduras-ante-el-epu-con-los-pies-hinchados/

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