En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.
Recientemente nuestra sociedad se ha consternado grandemente por el caso de la niña de 9 años que fue violada y asesinada por un señor que era su vecino.
La violencia sexual es invisible y legitimada. Solo aparece en casos de escándalos públicos o crímenes acompañados de abuso. No se denuncia, no se registra por su normalización histórica y social.
En el estudio de masculinidades y violencia de género que realizamos para Profamilia en el 2019 se muestra la ausencia de responsabilidad y permisividad del abuso sexual en los hombres entrevistados. Estos reconocen que han sido agresores sexuales o que han tenido deseos de violar niñas, mujeres o adolescentes porque “los provocan” o porque están “solas”. En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.
La permanencia del abuso sexual en nuestra sociedad está vinculada a la culpabilización de la mujer, niña, adolescente que es víctima o a la madre de la víctima, como es el caso de la niña que fue abusada. Gran parte de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido victimas de abuso sexual lo han vivido al interior de la familia siendo sus agresores padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros o cercanos a la familia, vecinos y compadres. En otros casos aparecen figuras religiosas cercanas a la familia, sacerdotes, diáconos y pastores religiosos que han cometido el abuso o figuras de poder como dirigentes políticos, legisladores, síndicos. Los hombres agresores sexuales no son culpabilizados socialmente. Esos casos pasan por el velo de la invisibilidad y la permisividad y las victimas sufrieron y continúan sufriendo las secuelas de esas historias de abuso e incesto en sus vidas.
EL manejo de la información sobre el caso de la niña abusada y asesinada en las redes sociales y la opinión pública está afectado por los elementos señalados. El imaginario machista en el que los hombres se socializan donde la mujer se convierte en objeto sexual y el hombre tiene permiso de tocar y agredirla si ella lo provoca o está “sola” le da sostén a la impunidad histórica y continua del abuso sexual y su normalización.
Erradicar los abusos sexuales es una tarea de toda la sociedad, tenemos que generar cambios en la población masculina y sus conductas agresoras y de visión de la población femenina como objeto sexual. Ningún hombre o adolescente tiene permiso para agredir sexualmente a ninguna niña, adolescente o mujer independientemente de que esté sola o acompañada, vestida o desnuda. Enseñar el respeto al cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser el objetivo de toda campaña educativa en términos mediáticos y en todos los espacios.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/abuso-sexual-quien-tiene-la-culpa-8853179.html
La impunidad se ha convertido en la única respuesta de las autoridades costarricenses frente a la ola de asesinatos y hostigamientos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.
Ante este contexto de violencia que atenta contra los derechos, 46 organizaciones suscribieron un comunicado, publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde expresaron su preocupación por la impunidad estructural hacia los defensores de los pueblos indígenas.
En el comunicado alertaron que en Costa Rica rige la impunidad. Por eso, exigieron que se realice investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad. También solicitaron sanciones de todos los actos de violencia contra los líderes indígenas.
Piden al Estado desarrollar nuevas medidas que aseguren el bienestar y la vida de los activistas indígenas costarricenses.
País marcado por la impunidad
El pronunciamiento de las organizaciones surge porque desde el 2012 han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán, ubicados en Salitre y Térraba respectivamente.
Según el informe, los pueblos indígenas denunciaron reiteradas veces la ola de violencia que vivían. Por eso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares internacionales (MC-312-12); sin embargo, estas no se han cumplido ni respetado.
En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron los casos de los activistas indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes eran beneficiaros de medidas cautelares, pero fueron asesinados cuando defendían sus pueblos.
Con relación al caso de Rojas, el pasado 24 de setiembre la Fiscalía notificó a la familia su decisión de archivar la investigación. Mientras que la familia de Rivero, principal testigo del asesinato, sufre constantes amenazas.
Las organizaciones advierten que, desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas han experimentado un aumento de agresiones. Además, informaron que las investigaciones referentes a estos casos son inadecuadas y que no se otorga protección a víctimas ni testigos.
Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han impuesto medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, tampoco han condenado a ningún responsable.
El activista indígena Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos en su habitación. Foto: Laura Rodríguez
Basta de impunidad
Las organizaciones también denunciaron las amenazas e intentos de homicidio que sufren Pablo Sibar y Minor Ortiz, ambos líderes indígenas que son beneficiarios de medidas cautelares.
Alertan que desde la llegada de la pandemia se han incrementado los ataques físicos contra los activistas indígenas, porque ellos han redoblado los esfuerzos para salvaguardar sus territorios.
El informe revela que el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad de los defensores de los derechos.
“La impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores”, señaló el pronunciamiento.
Ante este escenario, las organizaciones llaman al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas. Instan a que se reabra el caso del activista Sergio Rojas.
Foto: Costa Rica Ilustra
Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas
En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.
San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.
Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.
En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.
Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.
En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.
Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.
Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.
Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.
Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.
Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.
Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.
Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!
Lista de organizaciones que apoyan la declaración
Agora Association, Turkey
AIDA Americas
Arraigo ONG, Costa Rica
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
Asociación Paz y Esperanza, Perú
Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
Corporación La Caleta, Chile
Culture Hack Labs
Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
Environmental Defender Law Center (EDLC)
Environmental Justice Foundation (EJF)
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
Forest Peoples Programme (FPP)
Front Line Defenders (FLD)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
groundWork, Friends of the Earth, South Africa
Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
Legal Resources Centre
Londres 38, Chile
National Alliance of People’s Movements of India
New Wind Association, Finland
Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
Open Briefing
Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
Project HEARD
Protection International Mesoamérica
Public Association “Dignity”
Rainforest Fund
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
Success Capital
* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica
Fuente e imagen: https://www.servindi.org/actualidad
Tras violación, maestra de Chihuahua cumple un año en demanda de justicia
En 2019 se registraron 17,334 denuncias por violación a nivel nacional, según cifras oficiales. Ese mismo año, ‘Victoria’, una maestra y estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Chihuahua, presentó una denuncia tras haber sido violada por cuatro de sus colegas.
La violación tumultaria que sufrió ‘Victoria’ –nombre ficticio para proteger su identidad– se cometió el 4 de mayo de 2019. Más de un año después, solo uno de sus agresores encara un proceso penal por violación. En entrevista con Expansión Política, ‘Victoria’ narra los obstáculos institucionales a los que se ha enfrentado para que su caso no quede impune.
«Tengo confianza en que se resolverá. Sé que está muy lento y que juegan a cansarme, pero no; yo seguiré firme», expresa.
La violación
El 4 mayo de 2019, ‘Victoria’ acudió con una amiga (quien es estudiante de la UACJ) a una fiesta organizada por otro de los docentes con motivo del Día del Maestro. La reunión se llevó a cabo en casa de uno de ellos y solo asistieron siete personas.
La joven recuerda que en la fiesta hubo consumo de bebidas alcohólicas. En un punto, comenzó a sentirse muy mareada, por lo que trató de buscar a su amiga, pero cuatro de los sujetos le impidieron salir de la casa y fue cuando comenzaron a violarla.
Tres días después, ‘Victoria’, acompañada por una psicóloga y una abogada de la asociación civil Casa Amiga, acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público estatal.
“Las cosas que recuerdo (de esa noche) las declaré en la denuncia que puse el 7 de mayo. Le pedí a mi amiga que me acompañara, pero no quiso aún cuando yo le platiqué todo lo que ocurrió, porque a ella la sacaron de ahí (de la casa); y aunque en un principio me apoyaba, pues es amiga de ellos y se puso de su lado”, dice.
Las personas que ‘Victoria’ señala en su denuncia como sus agresores son Giovanni ‘G’, Alejandro ‘G’, Israel ‘G’ y Roberto ‘S’. Y aunque el quinto docente, identificado como Arturo, no fue denunciado porque no tomó participación directa en la violación, fue él quien sacó a su amiga del lugar, “supo lo que sucedió y después me difamó”, señala la joven.
Fue hasta el 4 de agosto de 2019 que las autoridades lograron la captura, y eso gracias a una supuesta falta administrativa, de uno de los sujetos identificado por ‘Victoria’ como su agresor. Los otros tres se encuentran prófugos.
“Hasta el momento, solo han detenido a Giovanni; (las autoridades) no han hecho nada por buscar a los otros tres; le escribo a los del Ministerio Público (para saber cómo va el caso), pero no me han contestado nada”, lamenta.
Revictimización y difamación
Luego de presentar su denuncia, ‘Victoria’ confió en que solo quedaba esperar a que se emitieran las órdenes de aprehensión correspondientes, pero antes de eso, su caso salió a la luz pública por una filtración al medio local El Diario de Juárez. Esto no solo causó que la joven fuera revictimizada, sino que dio oportunidad para que sus agresores escaparan.
“Mi caso salió a la luz pública porque la misma Fiscalía (General del Estado) lo filtró al Diario de Juárez, que confirmó que tuvo acceso a la carpeta de investigación. En ese medio, pusieron datos sobre mí y detalles del abuso; al final todo el mundo se enteró de algo que yo no quería que se supiera públicamente. Los agresores se enteraron (de mi denuncia) por la nota y se escaparon”, acusa.
Los textos del Diario de Juárez a los que se refiere fueron publicados el 22 y el 24 de mayo de 2019. En el primerose dieron los detalles de la violación, y en el segundo, una columna titulada ‘El inocente perreo con final trágico’, se destacó el grado académico de los docentes, refiriendo a los hechos como un “infortunio” y “falta de prudencia”, e insinuando que ‘Victoria’, con su denuncia, estaba dañando la vida de sus agresores.
Por los términos que se usaron en la columna para referirse al caso, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) exhortóal medio a ofrecer una disculpa pública, la cual no llegó y, por el contrario, El Diario de Juárez publicó que había sufrido un intento de censura.
Ella explica que a partir de ese momento comenzaron las campañas de difamación al interior de la UACJ, presuntamente por docentes y estudiantes cercanos a sus agresores, entre ellos –acusa la joven– Arturo Paz, la amiga que la llevó a la reunión y José Rurik, secretario general del Sindicato de Maestros del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).
“Algunas personas de la universidad me decían que estaban haciendo campañas de desprestigio, diciendo que yo tenía la culpa de lo sucedido o que yo lo había inventado todo», recuerda.
‘Victoria’ acudió junto con otras docentes a una reunión con el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, para ponerlo al tanto de la violación; éste, inicialmente, le externó que reprobaba los hechos, se comprometió a que no habría represalias en contra de ella ni de la personas que la apoyaban, y que se le brindaría el apoyo necesario.
Pero el 4 de agosto de 2019, día en que Giovanni fue detenido, ‘Victoria’ recibió un mensaje de texto de la coordinación de la carrera en la que era docente desde 2017; en este se le informaba que ya no podría dar clases porque estaba por iniciar su posgrado.
“La universidad, que en ese momento me tenía contratada por honorarios, me mandó un mensaje diciéndome que ya no podía dar clases porque yo iba a comenzar como estudiante de posgrado, y que Conacyt no permite trabajar y ser estudiante. Pero eso no es cierto. El reglamento de Conacyt dice que puedes trabajar siempre y cuando no rebases las ocho horas. Entonces, no tenía sentido, porque yo trabajaba cinco horas”, explica.
‘Victoria’ tuvo que resolver su situación laboral en la Universidad, que en ese entonces era su única fuente de ingresos, logrando que la restituyeran. Pero desde enero de este año, no le volvieron a ofrecer carga académica porque “no han requerido de sus servicios”, según aclaró la institución en respuesta a una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En la misma respuesta, la UACJ indicó que «no se llevó a cabo ninguna acción» para investigar o sancionar las campañas de difamación contra ‘Victoria’, pues, argumentó, la denuncia por este hecho no se presentó ante la Defensoría dentro de los 90 días naturales que establecen los estatutos generales.
Por esta razón, Arturo Paz, a quien la joven señala como testigo de la violación y partícipe de las campañas de hostigamiento, sigue impartiendo clases en la UACJ.
A la par, ‘Victoria’ sufrió revictimización por parte de su abogada, que le fue asignada por Casa Amiga. Desde la audiencia inicial contra Giovanni, celebrada el 6 de agosto de 2019, la litigante le sugirió a su clienta que, si quería, no se presentara a la próxima audiencia, la cual llegó el 8 de agosto. Ese día, el inculpado declaró que la joven lo inventó todo por “cuestiones políticas”.
Al día siguiente, a Giovanni lo vincularon a proceso por violación. ‘Victoria’ se reunió con su abogada para que le entregara el expediente, pues hasta ese punto se le negó supuestamente para que no se filtrara información, y fue cuando le insinuó, tal como hizo la defensa de Giovanni, que ella lo había inventado todo.
“Mi abogada parecía como que le estaba creyendo (a Giovanni). Yo empezaba a ver actitudes extrañas por parte de ella. Entonces me citó en su despacho y le pregunté que qué seguía. Ella me dijo, textualmente ‘es que, maestra, a usted nadie la obligó a ir a esa fiesta, nadie la obligó a tomar, ¿no será más bien que usted se inventó la violación porque alguien se lo metió en la cabeza?’”.
Además, en Casa Amiga le reclamaron por haber ofrecido una entrevista. Para entonces, ‘Victoria’ ya había pedido asesoría con otros abogados en la Ciudad de México, y cuando la asociación se enteró, le retiró el apoyo legal.
Sin avances en el proceso
A más de un año de la captura y vinculación a proceso de Giovanni, no hay avances: es el único detenido y no se le ha dictado sentencia. ‘Victoria’ ha tenido que acudir a los juzgados hasta en tres ocasiones debido a los amparos presentados por la defensa del imputado, pero todas las audiencias se suspenden por una u otra razón.
La joven afirma que en todos estos meses ha intentado comunicarse con el Ministerio Público a cargo de la investigación para localizar a los otros tres agresores, pero no le responden.
Este medio consultó a la Fiscalía de Chihuahua sobre el caso, y la respuesta fue que, aunque los demás implicados están prófugos, se sigue trabajando para llevarlos ante la justicia.
A inicios de este año, al ver que su caso no avanzaba en Chihuahua, ‘Victoria’ viajó a la Ciudad de México para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General del Estado y el Diario de Juárez por filtración de datos y difamación; contra Casa Amiga, por no haberle brindado una defensa legal adecuada; y contra la UACJ por hostigamiento y violación a sus derechos laborales.
La UACJ, a la que también se le pidió una postura, afirmó que a partir de este caso se dio prioridad a la creación de un protocolo de actuación para atender de manera específica los casos de violencia de género que podrían suscitarse dentro y fuera de la Universidad.
“En colaboración con un grupo de profesoras-investigadoras y abogadas adscritas a la Oficina del Abogado General, se trabajó para integrar un proyecto de protocolo para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual, el cual, actualmente se encuentra en proceso de revisión y se pondrá a disposición de la comisión redactora de normatividad de la universidad; se pretende que sea aprobado por el Consejo Universitario y entre en vigor este mismo año”, respondió la casa de estudios a Expansión Política.
“Aquí en Juárez todo está muy hermético y todo está coludido. No tenemos mucho apoyo en este tipo de situaciones. Constantemente matan, secuestran y violan a mujeres, y las autoridades no hacen nada”, lamenta ‘Victoria’.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de Quintana Roo, Chihuahua tiene la tasa más alta de violación a nivel nacional: 16.3 por cada 100,000 habitantes.
Por total de casos, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional, con 619 denuncias registradas de enero a julio de este año. En el mismo periodo, la línea de emergencia 911 recibió 2,180 llamadas de auxilio por violación a nivel nacional, de las cuales, 159 eran provenientes del estado fronterizo.
Fuente de la información: https://politica.expansion.mx/estados/2020/10/04/tras-violacion-maestra-de-chihuahua-cumple-un-ano-en-denuncia-de-justicia-uacj
Después de colocar una fotografía en el pódium, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Gro., con voz firme se dirige al Presidente. No, no lleva hojas en sus manos; no, no lleva un discurso preparado; solo la fotografía con el rostro de su hijo. La exigencia, al igual que hace seis años, es la misma: la aparición con vida de sus hijos.
Firme y decidida, recuerda el compromiso que el mismo López Obrador hizo: “ayudarles a encontrar a sus muchachos”. Y es que ya son dos años de gobierno y seis años de la desaparición de sus hijos y los avances han sido mínimos.
Suplica, al Presidente, que apriete el paso, al mismo tiempo en que emite un doloroso “entiéndanos” porque, si por ellos fuera, “destruirían todo porque les quitaron a sus hijos”. Y luego sentencia: “usted como padre nos entiende; póngase un día en nuestro lugar, porque esto es lo que duele más, que le arrebaten a un hijo”.
Recuerda que el camino no ha sido sencillo; la lucha de los padres de familia de los 43, en la búsqueda de la verdad, desde luego, ha sido intensa. Nadie de ellos estaba preparado para esto, pero, por el amor a sus hijos, se han enseñado y por ello recuerda todo el camino, los gritos y la exigencia que durante seis años han venido realizando. Y es que, como padres y mexicanos, afirma categóricamente: “tenemos el derecho de tenerlos con nosotros”.
La súplica vuelve a su origen: “no nos defraude… que les apoye”; y asevera enérgicamente: “dicen que nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia; a nosotros no nos interesa eso, se los llevaron los policías, participaron militares; hubo videos; hubo fotografías; operaron en el C4; dónde están todas esas pruebas; dónde quedaron; y cuándo le van ‘a llegar’ a los militares”.
El sentimiento y la nostalgia aparecen, de nueva cuenta, en sus palabras: “para nosotros cada día que pasa nos desespera, llega día y noche y no sabemos nada; salimos y regresamos a la casa con las manos vacías”. Y el clamor es el mismo: “si no les gusta vernos en las calles, no les gusta que estemos bloqueando, entréguenos lo que queremos y con gusto nos retiramos”.
Con firmeza, pero con una mirada que refleja cierta impotencia y una voz que retumba en aquel espacio, afirma: “dicen que parecemos locos; tal vez sí, locos de dolor porque cargamos este dolor; dónde lo dejamos; qué hacemos con este dolor que lo cargamos acá; cómo podemos hacerle como padres”.
Segura de sí misma, advierte: “tápele la boca a esas personas que hablan mal de usted, y lo mismo de nosotros”. Y con cierto tono, que refleja un dejo se impotencia y coraje, señala: “si cargamos el coraje, al menos como madre lo hemos demostrado, hemos salido, no hemos descansado; pero quién de ustedes no haría lo mismo”.
Y cierra, con unas palabras lapidarias para un gobierno que, si bien es cierto no fue el causante de tan dolorosa tragedia, si lleva el peso inquebrantable de la búsqueda de la verdad en sus hombros: “aquí vea a estos padres, andan enfermos, vienen de sus comunidades, pero aquí están, porque tenemos una esperanza y grande; en nuestra casa nos falta un miembro; vemos la cama vacía, la mesa; no es posible, ya voy a comer y mi hijo, ¿ya comió?, ¿está enfermo?, ¿Cómo está?; busquen señor, a nuestros hijos por ahí los tienen, y yo nunca voy a dejar de exigir, siempre voy a gritar: que los queremos vivos porque así se los llevaron, que nos lo regresen porque así como se los llevaron tienen que regresarlos; no tienen ningún derecho de disponer de vidas ajenas”.
Sí, la herida sigue siendo la misma. Después de seis años, nada ha cambiado.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Referencias:
Informe a seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, desde Palacio Nacional.
Las mujeres mexicanas se organizan, demandan, luchan, son solidarias entre sí, aunque el Estado niegue sus derechos y sea cómplice de miles de muertes en el país.
Cuando me enteré de que un grupo de mujeres feministas habían tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, no pude dejar de pensar en su valentía. Pensé de inmediato que, en estos tiempos de incertidumbre -por lo menos, en 2020 y lo desatado por la pandemia de la COVID-19-, un acto político colectivo como este nos recuerda que el Estado sigue teniendo muchas deudas que no han sido saldadas. Por ello, las feministas, las madres de desaparecidxs, las mujeres y personas disidentes, conscientes de un sistema patriarcal que mata y violenta, no toleraremos más no ser escuchadxs. El detonante que da como resultado la Okupa Feminista sucedió entre el 2 y 6 de septiembre pasados.
El 2 de septiembre, distintxs familiares provenientes del estado de San Luis Potosí llegaron a la Comisión para solicitar el seguimiento de casos no resueltos de violencia y desaparición de personas -principalmente, mujeres e infantes-. Entre estxs familiares, estaba Marcela Alemán, madre de una niña que fue víctima de agresión sexual, en 2017, dentro del espacio escolar. El caso de la hija de Marcela ha tenido una serie de quejas en distintas dependencias del gobierno y, a pesar de que incluso la niña ha identificado a sus agresorxs, no ha habido una resolución. Al no recibir una respuesta satisfactoria, Marcela decidió no irse de la CNDH, sentarse en una silla y quedarse ahí hasta no solamente ser escuchada, sino atendida de manera digna, en un camino que diera luz a resolver el caso de violencia que vivió su hija. Junto con ella, Silvia Castillo, madre de un niño asesinado en 2013 en San Luis Potosí, también decidió quedarse con Marcela.
Los siguientes días, colectivas feministas -a quienes las madres habían contactado-, así como más familiares de personas desparecidas, asesinadas o violentadas de alguna manera, llegaron a la CNDH con el fin de exponer, apoyar, acompañar y exigir, de manera colectiva, la resolución de sus denuncias. El domingo 6 de septiembre, las colectivas feministas dijeron que no obtuvieron respuesta ni solución de las demandas y, durante ese día, cambiaron el nombre del edificio a “Okupa Casa Refugio Ni Una Menos México”. Como parte del proceso de ocupación de este órgano público, encargado de proteger los derechos humanos, las chicas efectuaron pintadas en el inmueble, sobre todo, a imágenes de hombres considerados “héroes de la patria”, y declararon al lugar un refugio para otrxs familiares y víctimas de violencia.
Entre sus demandas y la búsqueda de resolución de sus denuncias -que significan vidas, experiencias y personas a las que se les han violado sus derechos como seres humanos-, lxs familiares y feministas han solicitado la renuncia de la titular de la CNDH, la cual se niega a hacerlo, ya que argumenta que ella está “haciendo su trabajo”.
Imagen: Quetzalli Nicte Ha González
Hasta el 15 de septiembre, no se había llegado a ningún acuerdo; por el contrario, las declaraciones efectuadas por las autoridades del Estado, sobre todo, por Andrés Manuel López Obrador, fueron reduccionistas. El presidente mexicano reconoció que la okupa es resultado de “una demanda justa” y “un asunto político”, sin embargo, con la incapacidad de resolver que lo ha caracterizado, declaró: “Yo no me equivoco: abrazado por el conservadurismo”. Nuevamente, esta declaración demuestra que la jefatura del país, en vez de atender, se justifica y, desde el complejo de sabotaje a su gobierno, no asume ni atiende las injusticias que lxs familiares y víctimas de violencia han vivido.
Además de la okupa efectuada en la CNDH en la capital mexicana, otras colectivas feministas de diversos estados se han sumado. Han habido otras tomas del mismo organismo público (a nivel estatal), en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, el Estado de México, entre otros. Uno de los casos más sonados fue la toma de la CODHEM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) por distintos grupos de feministas en Ecatepec, donde fueron desalojadas de manera violenta en la madrugada el 11 de septiembre. Distintas formas de represión se han dejado ver. ¿Quién nos cuida de la policía? ¿Quién nos cuida del poder del Estado? Los actos de represión ante las protestas feministas, ante las okupas y tomas de dichos organismos nos recuerdan que, para el sistema patriarcal del Estado-nación mexicano, nosotras y nosotrxs no somos personas.
Ante todos estos eventos, llegó el AntiGrito Feminista organizado y convocado el 14 de septiembre por las colectivas y familiares que habitan la Okupa Casa del Refugio Ni Una Menos, en el mismo lugar. Este acto obedeció a una acción política que cuestiona, de alguna manera, los símbolos nacionales de México. El grito de guerra que desató la independencia un 16 de septiembre, ese grito que da origen a un país “libre y soberano”, a una nación que, como muchas veces Mónica Cejas me ha comentado, nos recuerda que las mujeres no somos parte de ella, no somos ciudadanas. Ese AntiGrito estuvo protagonizado por la participación de artistas feministas, que festejaron la okupa, y la lucha de las madres y familiares.
Imagen: Quetzalli Nicte Ha González
A pesar de las críticas efectuadas a las acciones feministas, las tomas y okupas feministas han recibido víveres, ropa y medicinas para sostener su lucha. La ayuda viene de personas que comprenden la importancia de su acto para el futuro de nuestro país y quienes le habitamos. Desde que la pandemia apareció en nuestro contexto como una amenaza vital, he tenido la sensación de que la vida ha sido congelada por el miedo. Esta okupa nos recuerda que no podemos paralizarnos ante el miedo; además, recupera las luchas, tomas del espacio público y rabia que distintas colectivas feministas hemos vivido en los últimos años. No puedo más que agradecer a todas esas mujeres, madres y familiares que están ahí poniendo el cuerpo: me devuelve la esperanza de que juntas, juntxs, podemos hacer un refugio donde los deseos de un mundo distinto pueden existir.
*Por Merarit Viera Alcazar (Feminista, bruja y música. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco), Área Mujer, Identidad y Poder. Colabora en el Seminario de Investigación en Juventud (SIJ-UNAM). / Foto de portada: Quetzalli Nicte Ha González.
Evo Morales, exiliado presidente de Bolivia, se sumó a la campaña “Los desaparecidos nos faltan a todos” con la fotografía de Víctor “Yodo” Pineda Henestrosa, líder social del Istmo detenido-desaparecido hace 42 años a manos del Ejército mexicano. Familiares y amigos recordaron que el 11 de julio de 1978, a pleno día y con testigos, elementos del 11 Batallón del ejército mexicano detuvieron y desaparecieron al profesor Victor Yodo. La familia Pineda Santiago realiza anualmente actos conmemorativos, pero este año por la emergencia sanitaria no convocó al acto político-cultural y realizó acciones conmemorativas de forma virtual. “Lo anterior, no significa que no mantengamos viva la memoria, y este año Evo Morales se suma a la exigencia por la presentación con vida de las y los desaparecidos políticos”. El caso sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe recordar que en 1978, después de la desaparición forzada del entonces promotor agrario Víctor “Yodo” Pineda Henestrosa, una demanda de amparo impidió que se eligieran autoridades agrarias en Juchitán y sus anexos. Cuarenta años después se resolvió que los que interpusieron el amparo no tenían la razón y se les negó el amparo y protección de la Justicia federal. Mientras, las empresas eólicas acapararon gran parte de los Bienes Comunales de Juchitán.
América/México/ 01/07/2020/Autor y Fuente: educaoaxaca.org/
Familiares del joven Alexander Martínez Gómez , asesinado por un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca el pasado 9 de junio, informaron que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México manifestó su interés de brindar acompañamiento y documentar el caso, con la intención de que el proceso de justicia se lleve a cabo con los más altos estándares en derechos humanos. Los familiares difundieron esta información mediante un documento que aparece publicado en una página de internet “justiciaparaalexander.mx” , que fue creada recientemente y con la intención de brindar información en torno a la investigación del homicidio del adolescente de 16 años. También agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron que no los dejen solos, porque el proceso judicial ha iniciado y necesitan en mayor medida de su apoyo para alcanzar la verdad y justicia. Por último enviaron su solidaridad con la familia de todas las víctimas de abuso policial en México y en los Estados Unidos. “Nuestros hijos e hijas no debieron morir por quienes tienen la obligación de protegernos”.
ONU brindará acompañamiento y documentará investigación sobre asesinato de Alexander en Oaxaca. Visitar página Justicia para Alexander. Contexto: Policías de Oaxaca, implicados en cuatro asesinatos de jóvenes en menos de dos meses.
Fuente e imagen: https://www.educaoaxaca.org/onu-acompanara-a-familia-de-alexander-en-investigacion-sobre-su-asesinato/
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