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Reseña | Educación Crítica e Inclusión (El valor de la diferencia en una escuela sin exclusiones)

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Por: Dolores Álvarez

El libro Educación Crítica e Inclusión. El valor de la diferencia en una escuela sin exclusiones, de Miguel López Melero, Caterí Soler García y Marcos A. Payá Gómez, editado por Miño y Dávila en 2025, es totalmente imprescindible para que veamos la necesidad de una escuela pública en la que se respeten las diferencias porque es de justicia social y hay que respetar los derechos humanos.

Sinopsis

Es necesario que veamos el derecho que tiene nuestro alumnado hacia una educación inclusiva; necesitamos una educación crítica e inclusiva si aspiramos a construir una sociedad en la que se respeten las diferencias y en la que no haya exclusiones por ningún concepto. Necesitamos transformar la escuela y la sociedad para hacer efectivo el derecho a la educación de todos y todas. Una escuela pública que esté a la altura del sueño pedagógico freireano de la concientización crítica. Este libro nace de una visión compartida sobre la educación inclusiva que pone el eje de análisis en la necesidad de construir una escuela pública sin exclusiones. Estamos convencidas de que lo más humano, lo más justo, es valorar y reconocer la diferencia como un derecho y un elemento de valor. La negación, la invisibilidad, la persecución o el exterminio indiscriminado de lo que se nos presenta como diferente representa, a nuestro juicio, una de las principales causas de la crisis política, social y educativa que vivimos en la actualidad. El análisis que aquí se presenta describe, en primer lugar, qué entendemos por el derecho de todas las personas a una educación equitativa y de calidad. Subrayando, por tanto, el valor de la diferencia en el contexto educativo. En segundo lugar, propone la necesidad de construir otra escuela pública, exponiendo las barreras que lo están impidiendo para luego ofrecer otra manera de concebir la escuela pública como un lugar donde nadie se sienta excluido, subrayando los principios de acción necesarios y ofreciendo una propuesta para una nueva escuela pública.

Autores

Miguel López Melero. Es catedrático emérito de la Universidad de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Antes fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor visitante y colaborador de varias universidades: Bolonia (Italia), Bremen, Berlín, Colonia, Hamburgo (Alemania); Linz, Viena (Austria); Bucarest, Iasi (Rumanía); Budapest (Hungría), Lima (Perú), San Salvador de Jujuy (Argentina); Santiago de Chile (Chile); Guadalajara (México), La Habana (Cuba), etc. Además, a menudo imparte cursos y seminarios en numerosas universidades europeas y es ponente y conferenciante habitual en congresos nacionales e internacionales.

Sus principales líneas de investigación son: a) El Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores. Desarrollo de procesos lógicos de pensamiento (cognición, lenguaje, afectividad y autonomía) en personas excepcionales en situaciones y contextos normalizados; b) Escuela Inclusiva: currículum y formación del profesorado; c) La Educación Intercultural; d) Calidad de Vida y Ciudades Educadoras. Educación en Valores; e) Universidad y Cultura de la Diversidad.

Entre sus publicaciones merecen mención: Aprendiendo a conocer a las personas con síndrome de Down (1999), El Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores (2003), Conversando con Maturana de educación (2003), Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula por proyectos de investigación (2004); así como numerosos trabajos en distintas publicaciones colectivas. Colabora habitualmente en revistas especializadas.

Ha recibido varios premios a su labor docente e investigadora, como el I Premio Internacional en Investigación sobre Discapacidad Intelectual. Fundación Caja Navarra. Pamplona (2005), o el otorgado por el Ministerio de Educación de Perú, Placa y Diploma en Reconocimiento por su aporte y compromiso a la construcción de una escuela para todos y para todas que valore las diferencias. Ciudad de Lima (Perú, 2006).

En la actualidad es director del Grupo de Consolidado de Investigación HUM-246: Cultura de la Diversidad y Escuela, de la Junta de Andalucía, así como director del Proyecto Roma.

Caterí Soler García. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Licenciada en Psicopedagogía, Doctora por el Departamento de Didáctica y Organización Escolar por la Universidad de Málaga, Diploma de Estudios Avanzados en Política Educativa por la Universidad de Málaga, Máster European Counsellor for Multicultural Affairs por The Pedagogische Hochschule Linz (Austria) y Universidad de Málaga (España) y Experta universitaria en Autismo y Trastornos del Desarrollo. Investigadora del Grupo HUM-246 Cultura de la Diversidad y Escuela de la Junta de Andalucía, desde 2003. Ha sido coordinadora del Proyecto Roma.

Las publicaciones y proyectos de investigación nacionales e internacionales en los que ha participado tienen como temáticas la educación inclusiva, escuela pública, Proyecto Roma, espectro autista, formación del profesorado, cultura de la diversidad y metodología de investigación cualitativa.

Marcos A. Payá Gómez. Profesor de Pedagogía. En defensa de la Escuela Pública. Investigador.

Reseña

Este libro debería ser de lectura obligatoria para el profesorado en activo y para aquellos y aquellas que quieren entrar en la profesión y se están preparando para ello. Es una defensa integral de la Escuela Pública y del respeto a las diferencias como un valor que engrandece la convivencia en la escuela y en la sociedad.

Es necesario construir una escuela sin barreras que impidan la presencia, el aprendizaje y la participación de personas y culturas diversas en la escuela pública. Los autores de esta obra nos exponen cómo se puede construir esa escuela sin exclusiones.

“El mundo se ha comprometido con la educación inclusiva… porque es la base de un sistema educativo de buena calidad que permite a cada niño, joven o adulto aprender a desarrollar su potencial…”

“El requerimiento previo es considerar la diversidad de los educandos no como un problema sino como una oportunidad. Los sistemas educativos deben responder a las necesidades de todos los educandos” (UNESCO, 2020).

Hablar de educación inclusiva supone un cambio del profesorado y del centro para erradicar las prácticas discriminatorias que excluyen a parte del alumnado de la convivencia y la participación necesarias para hacer de las escuelas centros de aprendizaje, participación y convivencia.

“… significa que han de cambiar los sistemas de enseñanza y aprendizaje, significa que hay que cambiar el currículum, significa  que ha de cambiar la organización escolar, la educación escolar, significa que hay que cambiar los sistemas de evaluación, significa, sobre todo, que el profesorado se encuentre preparado, comprometido y organizado para reivindicar e impulsar los cambios que implica una educación para todos y para todas”.

Debemos conseguir un lugar donde todas las personas, sin excepciones, aprendan a ser cultas, críticas, libres, dialogantes, cooperativas, democráticas, justas y autónomas.

En definitiva, la inclusión supone un cambio radical de la escuela. Hace falta mucha preparación para que podamos conseguir este espacio sin exclusiones donde el alumnado aprenda con todos y todas, participe de la convivencia y cooperen con sus compañeros y compañeras en hacer de la escuela un espacio favorecedor para el aprendizaje. Es necesario un compromiso del profesorado para llevar a cabo esta tarea justa, democrática y que respete los derechos humanos, donde se construya la cultura partiendo de la vida real, donde se aprenda la democracia haciéndola, donde nadie se sienta excluido ni diferente porque todos y todas estamos en proceso de desarrollo personal.

“Necesitamos hacer realidad con escuelas democráticas e inclusivas que eduquen para una ciudadanía mundial intercultural comprometida con una visión antirracista, ecofeminista, anticapitalista y defensora de la laicidad y de la libertad de conciencia, alternativa a la cultura patriarcal. Solo así conseguiremos erradicar las clases sociales que impiden la construcción de la democracia”.

Para saber más:

  • El valor de la diferencia en una escuela pública sin exclusiones, Miguel López Melero: El valor de la diferencia en una escuela pública sin exclusiones. Investigador y Catedrático emérito de Universidad de Málaga. Defensor de la escuela inclusiva. Referente educativo a nivel estatal en el ámbito de la inclusión. XX encuentro de experiencias de participación, dedicado a los proyectos inclusivos que realizan las asociaciones de madres y padres del alumnado, celebrado en el IES Beatriz Galindo. Francisco Giner de los Ríos. 2024.
  • Entrevista a Miguel López Melero por la Revista Niñez Hoy. (JUNJI. Chile) En el cuarto número de la revista especializada Niñez Hoy se aborda la temática de educación inclusiva y diversidad desde la primera infancia con una entrevista al experto Miguel López Melero. El profesor Miguel López Melero se define como “defensor de la educación pública” que precisa “es lo mismo que decir la educación inclusiva: una educación de todos y para todos, pero con todas y con todos”. Este tipo de frases que quedan resonando como si fueran consignas, pero al mismo tiempo, por lo sustancial de su contenido, es algo que caracteriza al también catedrático emérito de la Universidad de Málaga, Andalucía, España. Su principal línea de investigación es el afamado Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores, del cual tiene diversas publicaciones y conferencias. También es experto en desarrollo de procesos lógicos de pensamiento en personas excepcionales en situaciones y contextos normalizados; educación intercultural; calidad de vida y ciudades educadoras, entre otras materias. En esta conversación con la revista Niñez Hoy, el experto andaluz habla sobre democracia, justicia social y los cambios que son necesarios en nuestras sociedades para tener una educación realmente inclusiva y de calidad.

Fuente de la información e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com

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Estados Unidos: Proyecto de ley en Utah apunta a frenar influencia de sindicatos

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La propuesta republicana prohibiría la negociación colectiva en todos los sectores públicos de Utah: educación, transporte, aplicación de la ley y más.

Los legisladores de Utah presentaron el jueves un proyecto de ley que, según los expertos, establecería una de las leyes laborales más restrictivas del país, en un intento de los republicanos de frenar la influencia política de los sindicatos que atienden a los maestros y otros profesionales del servicio público.

La propuesta republicana prohibiría la negociación colectiva en todos los sectores públicos de Utah: educación, transporte, aplicación de la ley y más. Prohibiría a los sindicatos negociar en nombre de los trabajadores para obtener mejores salarios y condiciones laborales.

Muchos educadores, los usuarios más frecuentes de la negociación colectiva en el estado, ven el proyecto de ley como una forma de que los republicanos debiliten a los sindicatos de maestros y despejen el camino para su propia agenda educativa.

Los empleados estatales aún podrían unirse a sindicatos según el proyecto de ley, pero los sindicatos no podrían negociar formalmente en su nombre.

El presidente Donald Trump ha respaldado políticas que dificultan que los trabajadores se sindicalicen, pero su atractivo populista ayudó a los republicanos a lograr avances constantes entre los miembros de los sindicatos en las elecciones de 2024.

Los republicanos han tratado de atraer a algunos trabajadores manuales, pero principalmente del sector privado, dijo John Logan, un experto laboral de la Universidad Estatal de San Francisco.

«Los republicanos ven a los sindicatos de maestros como el principal obstáculo para transformar la educación pública de la manera que les gustaría», dijo Logan a The Associated Press. «Quieren a la clase trabajadora de su lado, pero los sindicatos del sector público no tienen ninguna utilidad para ellos. Ideológicamente, son solo un obstáculo».

Logan dijo que el proyecto de ley de Utah es «bastante extremo» y colocaría al estado entre los más restrictivos para los sindicatos del sector público, junto con Carolina del Norte y Carolina del Sur.

La negociación colectiva ha estado prohibida durante décadas en todos los empleos del sector público en las Carolinas.

Los dos estados han oscilado entre tener el porcentaje más bajo de trabajadores sindicalizados en el país durante las últimas dos décadas, y Carolina del Sur actualmente ocupa el puesto más bajo con un 3%, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

En Texas y Georgia, solo la policía y los bomberos tienen derecho a negociar. No podrían hacerlo bajo el proyecto de ley de Utah, que también enfrentó la oposición de los bomberos a quienes les preocupaba no poder defender la seguridad adecuada de los trabajadores sin el apoyo de los sindicatos.

Fuente: https://www.telemundoutah.com/noticias/local/proyecto-de-ley-en-utah-apunta-a-frenar-influencia-de-sindicatos/2316362/

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ONU: “La escolarización en centros especiales es una segregación basada en la discapacidad, incompatible con la Convención”

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“La ONU  considera que los centros de educación especial deben desaparecer. Cuestión que no compartimos”, aseguran fuentes del Ministerio de Educación. “Nosotros somos partidarios de que todos aquellos padres que opten por la inclusión se les garanticen sus derechos, pero creemos que también hay que respetar a aquellos padres que optan por centros de educación especial”.

Existen dos divergencias en estas afirmaciones por parte del Ministerio de Educación que el nuevo informe de la ONU señala taxativamente en sus conclusiones. “El derecho a la educación inclusiva y de calidad es incompatible con el mantenimiento paralelo de dos sistemas educativos, uno general y otro especial”, por una parte. “La Convención no reconoce el derecho a la educación especial”, sentencia el documento. Por la otra: “Los titulares del derecho a la educación inclusiva y de calidad son las personas con discapacidad y no sus padres, madres, u otros familiares”.

“El Comité constata con pesar, que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias continúa estando prevista y vigente en su legislación (Lomloe), aceptada por altos Tribunales, promovida por grupos parlamentarios, parlamentos y autoridades a nivel de comunidades autónomas, colectivos de la sociedad civil, y practicada por las Administraciones educativas incluyendo los consejerías y departamentos de educación en comunidades autónomas, autoridades locales y centros educativos”, afirma el informe en una de sus conclusiones.

Hace unos meses, en diciembre, el Tribunal Supremo daba la razón a Rubén Calleja y a sus progenitores. Después de 14 años de pelea, incluido un dictamen favorable de la ONU en el que se denunciaban las situaciones de discriminación y persecución que esta familia había vivido por reclamar la educación inclusiva que garantiza la Convención, el alto tribunal exigía que la Audiencia Nacional calculase la indemnización que debe recibir este joven de 21 años.

En aquel momento, su abogado, Juan Rodríguez Zapatero, señalaba que “lo más importante es que la sentencia da valor jurídico a un dictamen de la ONU” sobre la educación inclusiva y de calidad. El letrado, uno de los mayores especialistas en la materia, afirmaba que el problema es que España no había establecido ningún mecanismo para que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad llegase al ordenamiento jurídico. Para él es necesaria una ley orgánica que recoja las obligaciones de los poderes públicos en este sentido. “Si firmas un contrato, tienes que cumplirlo”, decía, en referencia a la Convención.

“La ONU vuelve a señalar y a certificar que España está muy lejos de disponer de un sistema educativo inclusivo con las personas con discapacidad”, aseguran desde CERMI. “Y que pese a la ‘condena’ a nuestro país de 2017, por vulneración sistemática de la Convención de la Discapacidad en este aspecto, apenas se ha hecho nada para avanzar con determinación y mostrando logros tangibles. La educación inclusiva sigue siento un asunto pendiente, incluso postergado en la agenda política. Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos exigen que se actúe para ponernos en consonancia con los parámetros convencionales. Un paso positivo, previsto en la última reforma educativa de 2020, de adoptar y poner en práctica un Plan estatal de Inclusión Educativa hasta el horizonte de 2030 ha sido olvidado por el Gobierno y por el Ministerio de Educación, que no han hecho nada por su materialización, cuatro años después. CERMI redoblará su presión a este Departamento para que pase a la acción, sin excusas”.

Asimismo, desde Solcom  “creemos que es el momento de unir fuerzas entre todas aquellas asociaciones, instituciones etc. defensoras de la educación inclusiva, para solicitar al Gobierno el cumplimiento inmediato de todo lo demandado por el Comité, y poner corregir las desigualdades y discriminaciones vividas hasta el momento por este alumnado”. Y por eso solicitarán al Ministerio de Educación una reunión para exigir cambios y para “corregir las desigualdades y discriminaciones vividas hasta el momento por este alumnado”.

La educación especial es segregadora

La ONU, en su nuevo informe es tajante al respecto. “La educación inclusiva (…) no es solo un principio general o un estándar de diseño de políticas públicas”. Además, “la obligación de erradicar la discriminación en la legislación (…) no está sujeta a implementación progresiva”, en referencia al mandato de la Lomloe de ir ampliando la escuela inclusiva y reduciendo en su caso la especial en la siguiente década tras la implantación de la ley.

El informe insiste en que, aunque las personas con discapacidad necesiten de “significativos niveles de apoyo individualizado”, estos no deben ser utilizados para “segregarla en una educación especial”. Es decir, aquellas necesidades no pueden “justificar su segregación en escuelas especiales o en unidades específicas en aulas ordinarias”.

El Comité se muestra preocupado por la situación de la educación inclusiva en España, más allá de los esfuerzos legislativos contenidos en la Lomloe, así como en otras iniciativas del Estado. Y lo hace en relación a lo que sucede, principalmente, en algunas comunidades autónomas y señala, sin mencionarlo, al Partido Popular en sus conclusiones para afear su conducta, entre otros temas, por el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la Ley de Educación “alegando que la educación especial segregadora era un modelo educativo compatible con el artículo 27 de la Constitución Española”.

Este organismo de la ONU muestra su preocupación porque “grupos parlamentarios, que forman parte en 2023 de más de la mitad de los Gobiernos autonómicos hayan hecho abogacía por la educación especial” o porque se aprueben leyes autonómicas “que perpetúan la educación especial segregadora” y señala directamente a la Ley Maestra de Madrid.

Aunque señala avances legislativos en lo relativo a la inclusión en la Lomloe, el Comité muestra su preocupación por el hecho de que se mantenga la posibilidad de escolarización en centros especiales y aulas específicas en la educación ordinaria, “basándose en un enfoque biomédico centrado en las necesidades del alumno con discapacidad, y que “se continue considerando que el alumnado con importantes requerimientos de apoyo quede segregado de la educación ordinaria”.

El informe no solo afea la conducta tanto al Ejecutivo central, a los autonómicos así como a algunos partidos políticos con responsabilidades de gobierno. También lo hace con los tribunales. El documento habla de la preocupación que siente el Comité ante la interpretación que el Tribunal Constitucional hace del derecho a la educación inclusiva como “un principio general del sistema educativo y no como un derecho de las personas con discapacidad”.

También afea al Alto Tribunal el que asegurase en una sentencia que la escolarización en centros especiales era compatible con la Constitución a pesar de que esta, en su artículo 96, establece que los tratados internacionales firmados por España forman parte del ordenamiento jurídico”.

Evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de escolarización

Este es otro de los puntos que señala con preocupación el informe de la ONU. Según la información de la que disponen tanto las evaluaciones como los dictámenes que se derivan de aquellas, “continúen resultando en la exclusión de alumnos” al ser derivados a centros especiales.

Para el Comité, la detección temprana de las necesidades del alumnado no debería justificar su escolarización segregada “bajo el argumento de que dichas necesidades (…) serían mejor atendidas por la educación especial segregadora”.

El informe también muestra su preocupación por que “en diferentes comunidades autónomas la decisión de escolarización en centros especiales está prevista en diferentes barómetros para los alumnos que presentan altas necesidades de apoyo” cuando, en la Convención se establece que el Estado parte debe “adoptar las medidas pertinentes (…) para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 24”.

Plan de Educación Inclusiva

Entre las preocupaciones del informe, el Comité dedica un apartado a la inacción por parte del Ministerio de Educación de cumplir con lo dispuesto en la Lomloe sobre la redacción de un Plan de Educación Inclusiva que en el plazo de 10 años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

En este sentido se apoya en los informes redactados en su momento por el CERMI y que apuntan, en un primer momento, en 2022, a la petición al Gobierno de que se adoptase dicho plan. Un año después, dicha petición se reiteró y, como recoge el Comité de la ONU, en el documento elaborado en 2023 se mostraba la “preocupación por información disponible que indicaba que no se desarrollaría el plan integral, sino que se desarrollarían programas a cargo de las comunidades autónomas”.

“Preocupa al Comité la dilación en la adopción de dicho Plan integral”, asegura el documento, al mismo tiempo que recuerda que dicho plan debe ajustarse a la Convención.

El informe del Comité también habla de otras cuestiones como el aumento de la inversión pública en la creación y escolarización en centros de educación especial, así como en las dificultades que tiene el alumnado con discapacidad para titular en secundaria y continuar estudios más allá de la etapa obligatoria.

O sobre el hecho de que quienes son sujetos del derecho a la educación inclusiva de calidad son las chicas y chicos con discapacidad y no sus madres, padres o familiares, aunque estos tengan una importante responsabilidad en su bienestar.

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«La educación de calle intenta generar oportunidades en todas las facetas de la vida de los jóvenes»

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Las personas educadoras de calle, trabajan con jóvenes de 8 a 18 años. Lo hacen en espacios comunitarios y les ayudan a adquirir confianza.

No siempre resulta sencillo realizar una detección temprana de las situaciones de dificultad y conflicto social que afectan a niños y jóvenes. Ellas y ellos son parte de la ciudad, de la comunidad. Van y vienen entre su casa, el centro escolar, las tiendas, el centro cívico, los parques…Sus relaciones, sus problemas, sus ideas y sus risas forman parte de la vida del vecindario.

 

Entrevistamos a José Manuel Rodríguez (responsable Irsearaba y educador de Abetxuko), Haizea Rodriguez, educadora de Salburua, Julián Tomé (educador de Iparralde), Helen Owusu (16 años), Noor Baracatu Hamadi (13 años).

 

En los municipios y barrios encontramos niños y jóvenes que, por diversas circunstancias, se encuentran fuera de los circuitos normalizados que les ofrece su entorno como puede ser la escuela, el instituto, entidades de ocio, recursos deportivos … y comienzan un proceso de exclusión social. Esta población requiere de una atención socioeducativa que ayude a los menores y jóvenes a retornar a los circuitos de socialización normalizados.

 

Ahí entra en juego el trabajo profesional de los educadores de calle, que trabajan en los barrios con niños y jóvenes para que todos tengan oportunidades de aprendizaje, relación y diversión. Apoyan a quienes tienen alguna dificultad en su familia, con sus iguales o para encontrar su sitio en la comunidad.

 

En Vitoria – Gasteiz, el programa municipal de educación de calle PEC, se encuentra dentro del servicio social de base. Un proyecto que arrancó a finales de los 80 y que en estas décadas ha ayudado a cientos de niñas, niños y jóvenes a mejorar su bienestar social, favoreciendo la integración activa y positiva en su entorno.

 

El programa genera redes de conocimiento mutuo y colaboración con familias, profesionales, centros escolares, BIZAN, asociaciones y vecindario para que niños, niñas y adolescentes tengan su lugar y su voz. Animan a la comunidad para que la población adulta vea que sus aportaciones son valiosas y que entre las personas de todas las edades se pueden construir barrios seguros y amables para convivir y crecer.

 

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«La educación de calle intenta generar oportunidades en todas las facetas de la vida de los jóvenes»

Fuente: https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/dejate-llevar/detalle/9470322/la-educacion-de-calle-intenta-generar-oportunidades-en-todas-facetas-de-vida-de-jovenes/

 

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Educación y justicia social

David Auris Villegas Deja un comentario

Por: David Auris Villegas

 

Sin equidad en la educación, no existe justicia social. No se trata de ideologías políticas. Se trata de desarrollar el capital humano, con el propósito de establecer una sociedad más sostenida que el mundo de hoy exige. La lucha por la justicia social desde la educación requiere un compromiso colectivo, con el fin de garantizar un acceso equitativo a todos los estudiantes.

A pocos días de empezar el año escolar 2024, el panorama educativo está lejos de encontrar la justicia social para los menos favorecidos. El Dr. Guillermo Molinari, exviceministro del Ministerio de Educación, dice que, 63 mil estudiantes han desertado durante el año 2023, existe desnutrición, dificultades de aprendizaje, poca condición de educabilidad y limitados recursos educativos. Asimismo, de las 55436 instituciones educativas públicas del Perú, 30294 de ellas requieren ser demolidas y, solo 16187 disponen de agua, luz y alcantarillado, señala Paola del Carpio, economista de “REDES”.

Esta situación es el triunfo de una larga política educativa vegetativa, impulsadas por gobernantes corruptos y sin perspectivas de desarrollo. Priorizaron sus intereses políticos en lugar de mejorar a la educación y algunos expresidentes siempre culparon de nuestro infortunio a los países desarrollados o a los organismos mundiales. Un Ministerio de Educación, colmado de funcionarios expertos, pero incapaces de liderar políticas educativas de equidad, aunque no de calidad. Además, la sociedad en su conjunto no juega un papel crucial, pues carecen de conciencia educativa para el progreso colectivo.

Con el objetivo de construir una sociedad equitativa, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, promovida por Naciones Unidas, ONU, con su lema del 2023, “Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social”. La justicia social, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef), se basa en la igualdad de oportunidades como un derecho humano a la equidad para desarrollar su potencial mental. Esto significa que la educación, contribuye a eliminar las disparidades, así como lo está consiguiendo China, un país en desarrollo gracias a un manejo adecuado de sus recursos.

En este siglo más interconectado de toda la historia de la humanidad, gracias a la internet, la justicia social es nuestro desafío y posibilidad, ya que todos los individuos tienen derecho a realizarse como persona. Según Audrey Azoulay, directora de la Unesco, la educación es un bien público, delicada, frágil y la mejor inversión que podemos hacer. En esencia, se trata de la búsqueda de un equilibrio social que promueva la equidad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

Para el experto, Javier Murillo, a fin de alcanzar la equidad y la inclusión en la educación, indica que las escuelas para que contribuyan a la justicia social deben tener tres elementos fundamentales: escuelas de carácter equitativo, crítico y democrático.   Estos principios básicos pueden incorporarse en todo el currículo nacional y así garantizar el acceso igualitario a la educación, especialmente en comunidades marginadas, mediante la inversión en infraestructuras que brinden todos los servicios básicos y programas de apoyo didáctico.

Asimismo, es hora de innovar la administración del 4% del PBI destinado a educación, con el fin de incrementar la productividad en beneficios de todos. De lo contrario, así el Estado, asigne el 10% del PBI a este sector, y de continuar administrándose como en la actualidad, perpetuaremos esta crisis que, entre otras cosas, es el resultado de un irresponsable manejo de recursos con sobrecostos y despilfarros por parte de quienes tienen la capacidad de gasto.

El hecho de que todas las instituciones educativas tengan servicios básicos, recursos pedagógicos y profesores medianamente capacitados, es un gran paso hacia la justicia social que todos aspiramos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.

Fotografía: Padres corefonet

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Carta abierta de las juventudes: Por una educación transformadora

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Dirigida a ministras y ministros de educación de América Latina y el Caribe

Estimadas ministras y ministros de educación de América Latina y el Caribe,

Las juventudes de la región nos dirigimos a ustedes porque sabemos que la crisis educativa que atravesamos está poniendo en juego el futuro y derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A su vez, estar presentes en esta Reunión Ministerial marca un precedente fundamental, ya que podremos compartir experiencias, desafíos y propuestas de soluciones que impactarán directamente nuestras vidas. Reconocemos la importancia histórica de esta reunión al dar espacio a nuestras voces. Sin embargo, queremos subrayar que escuchar nuestras perspectivas debe ser la norma y no un gesto excepcional. Agradecemos esta oportunidad para contribuir al diálogo.

Para hacernos presentes de manera proactiva, juventudes y estudiantes de América Latina y el Caribe aunamos esfuerzos para traer a este espacio una diversidad de voces y realidades.

Fue así como un conjunto de organizaciones juveniles de la región nos unimos con el apoyo de UNICEF y UNESCO, creamos un grupo asesor y nos organizamos para consultar a estudiantes de nuestra región sobre cómo debemos transformar la educación y traer hoy a ustedes nuestras propuestas.

Esta carta incluye siete prioridades que como juventudes y estudiantes creemos imprescindible atender para transformar la educación. Además, presentamos un conjunto de propuestas fundamentales en los temas centrales que serán discutidos en el Foro Ministerial: Recuperación del Aprendizaje, Financiamiento de la Educación y Transformación Educativa.

Sabemos que una carta por sí sola no genera grandes transformaciones en nuestros sistemas educativos; es la voluntad política y el trabajo colaborativo lo que impulsa cambios significativos.

Necesitamos la colaboración de ministras y ministros de educación en América Latina y el  Caribe, trabajando de la mano con la generación más numerosa de la historia, para adaptar las necesidades de los y las estudiantes al nuevo paradigma educativo de la región.

Contamos con ustedes para que estas transformaciones se plasmen en acciones y políticas educativas nacionales y regionales, dando respuesta a las problemáticas que ponen en juego la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Por tanto, les instamos a considerar nuestras recomendaciones y que esta carta movilice la creación de espacios de participación e incidencia de juventudes a nivel nacional y regional.

Juntos podemos dar forma a las políticas que nos impactarán directamente y forjar esa educación transformadora que estamos comprometidos con defender y co-construir.

Atte.

Juventudes participantes del proceso de consultas en el marco de la Sesión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe.

Esta carta reúne el trabajo realizado por el Grupo Asesor de Jóvenes (conformado por Una Generación, SPEED, IPPF ACRO, The Millennials Movement, Corporación de Estudios y Desarrollo Norte Grande (CNG), Red de Jóvenes por la Salud mental, FES Chile, CONCAUSA y Tertiary Refugee Student Network) y las consultas realizadas que alcanzaron a 100 juventudes al largo de 17 países de la región.

Fuente: https://www.unicef.org/lac/educacion/carta-abierta-juventudes-america-latina-caribe-educacion-transformadora

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Thiago Payva: “En Brasil hay veinte millones de jóvenes que no llegan a la educación superior”

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El co-fundador de la Asociación Interamericana de EdTechs y ex vicepresidente de HollonIQ, habló de cómo las compañías tecnológicas pueden ayudar a reducir la brecha educativa en América Latina.

En pocos días se realiza en Bogotá la cumbre Colombia 4.0. Organizada por el Ministerio de Tecnología y Comunicación Nacional, es uno de los eventos más importantes de la región sobre los ecosistemas digitales. Colombia 4.0 tendrá un recorrido especial dedicado a la educación y a las compañías EdTech —una abreviatura que reúne los desarrollos tecnológicos dedicados a la educación—. Con la presencia de figuras de toda América Latina. Uno de los invitados más destacados es el brasileño Thiago Payva,

co-fundador de la Asociación Interamericana de EdTechs y ex vicepresidente de HollonIQ, quien, antes de viajar, habló del presente del sector. “Por sus características, es una industria casi única en el mundo”, dijo.

—La tecnología fue la única herramienta que sostuvo la educación en pandemia, pero en el tiempo inmediatamente posterior hubo quienes plantearon una reacción para regresar al escenario previo. ¿Cuál es la situación en este momento?

—Hoy prestamos atención a las EdTechs que crean impacto. Eso es muy importante. En Brasil estamos discutiendo en los gremios y las asociaciones el poder de la enseñanza en línea. Hace unas semanas, el Ministerio de Educación empezó a dar señales sobre una nueva regulación para esta clase de educación. La enseñanza en línea le ha dado acceso a la educación superior a toda una generación, pero, al mismo tiempo, el 80% de los alumnos de ese nivel educativo asiste presencialmente a clase. Necesitamos impulsar ideas sobre la educación en el país.

—Brasil es un continente en sí mismo y la cantidad de EdTechs brasileñas supera largamente a las de cualquier otro país de la región. Pero ¿se puede “exportar” esos modelos al resto de Latinoamérica?

—Yo suelo decir que Brasil es una tremenda paradoja. Tenemos potenciales extraordinarios de acceso a la educación. Tenemos el PROUNI, que es el programa de la Universidad para Todos; hay programas de financiación. Pero, al mismo tiempo, tenemos un gap increíble entre los alumnos que terminan la educación media y los que consiguen avanzar hacia la educación superior. Hablamos de 20 millones de jóvenes que no llegan a la educación superior. No llegan, no por un corte cultural o laboral, sino porque no tienen los recursos. Otra diferencia con la región es que, en Brasil, el 80% de los estudiantes va a la universidad privada. Sin embargo, en esa gran paradoja, hay iniciativas que pueden apoyarse entre los demás países de la región. Yo soy un gran entusiasta de la co-creación. No necesitamos reinventar la escuela. No necesitamos mirar a los Estados Unidos o a Europa. Hay iniciativas de Argentina, de Colombia, de México que pueden venir a Brasil para explorar ideas conjuntas.

El mundo laboral y el educativo están siendo transformados por la inteligencia artificial – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo laboral y el educativo están siendo transformados por la inteligencia artificial – (Imagen Ilustrativa Infobae)

—En este año, HollonIQ presentó un informe donde la inversión en EdTech fue lógicamente menor al período de la pandemia. ¿Cuándo va a volver a crecer?

—Este es un tema interesantísimo. Acabo de escribir un artículo sobre esto en LinkedIn, y voy a preparar otro para fin de año. La educación es una industria muy distinta a las demás. Es increíble. Podemos cambiar vidas y sociedades. Tiene un impacto directo en las personas y sus familias. Es un proceso que se da a largo plazo, nunca en el corto: hablamos de cinco, seis, siete años. Y, claro, en el mundo de los negocios —y no es que sea algo malo—, el tiempo de retorno de las inversiones no puede esperar. En 2021, tuvimos el boom de las EdTechs por la pandemia y después volvimos a una retracción. Ahora, los grandes fondos están observando cómo va a impactar la inteligencia artificial en las EdTechs. No creo que en los próximos años vayamos a tener un boom como el 2021. Sin embargo, las inversiones no se pararon. Hay grandes fondos, como Reach Capital, que manejan millones de dólares.

—Si el tiempo de retorno puede tomar varios años, ¿eso implica que los jugadores de esta industria tienen que ser grandes jugadores? Agregaría, además, que si hablamos de cinco a siete años estamos ante un período mayor al de un mandato presidencial, donde cada gestión suele hacer cambios en la política educativa.

—Yo no hablaba en términos de inversión, sino sobre todo de impacto. Ese es el tiempo que lleva generar impacto a nivel social. Y, claro, los gobiernos cambian cada cuatro años y eso trae una incertidumbre, porque no sabemos cómo van a afectar. Pero, si se me permite dar el ejemplo de una EdTech enfocada en el impacto de la tecnología, quiero mencionar a Sima Robot, de Chile. Ellos están desarrollando un pequeño robot que ayuda a los niños en las escuelas. Es una empresa de dos personas que está generando impacto positivo. Con esto quiero decir que sí, claro que hay espacio para los players pequeños. Los grandes tienen un margen mayor para negociar, para invertir, etc., pero, sin duda alguna, los pequeños players son una parte de suma importante en nuestro ecosistema.

Dice Payva que se necesita mayor inversión y más desarrollos EdTech que apunten a la escuela básica y media (Imagen ilustrativa Infobae)

—Si hoy manejaras un fondo de inversión, ¿en qué área y en qué país invertirías?

—No sería la opción número uno, pero sin duda alguna, miraría la industria de lifelong learning, el aprendizaje para toda la vida. Es una tendencia de la que ya no se vuelve a atrás. No quiero decir que un diploma de grado ya no sea importante, pero hoy muchas empresas piensan en cómo capacitar a los profesionales para que apoyen el proyecto de la compañía. Otro tema clave es el impacto en K12: la escuela básica y media. Hay una brecha enorme en los niños. Debemos asegurar una educación de calidad que les permita ingresar en la universidad y cambiar su vida, su futuro. K12 es todavía mi primera opción. Y, si hablamos de mercados, Brasil es un blue ocean, pero en México hay muchos y muy buenos competidores. Colombia también es una gran oportunidad. Y en la Argentina, primero miraría cómo se recompone el escenario tras el cambio de gobierno, y luego, sí, también consideraría invertir.

Fuente: https://www.infobae.com/educacion/2023/11/29/thiago-payva-en-brasil-hay-veinte-millones-de-jovenes-que-no-llegan-a-la-educacion-superior/

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