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¿Nuestra mejor apuesta? La Profesión Docente en México: algunos números, problemáticas y retos

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: ODEJ

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

La celebración del “Día del Maestro” nos sirve como pretexto para reflexionar sobre la profesión docente, un tema crucial en este tiempo de incertidumbre electoral, lleno de interrogantes sobre  el rumbo que habrá de tomar el Sistema Educativo Mexicano.

Iniciemos mencionando que en la Recomendación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO relativa a la situación del personal docente se señala que “debería reconocerse que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (1966, p. 24). Es por ello que cuando se intenta promover cambios, reformas y mejoras al proceso educativo, invariablemente traemos a la mesa la figura del docente. No obstante, dada la historia y condiciones en las que hoy se ejerce esta profesión, no siempre ha resultado fácil tener a la mano datos que permitan contextualizar y entender de una manera más profunda su situación actual. Y ello es una cuestión clave, pues “elevar la calidad de la educación pasa necesariamente por conocer mejor al magisterio nacional, las condiciones de su formación y las realidades que circundan su desempeño, a fin de poder mejorar sus resultados” (INEE, 2015).

Así pues, el presente texto tiene el propósito de ofrecer información sobre la situación actual de la profesión docente en nuestro país, asumiendo que ésta constituye el elemento clave para cumplir con el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes mexicanos. Para ello, mencionaremos brevemente algunos datos sobre la historia de la profesión con el fin de entender más adecuadamente cuántos, cómo y quiénes son nuestros docentes, así como algunos de los retos y problemáticas que la envuelven.

Un poco de historia. La docencia en nuestro país posee ciertas características laborales que la diferencian de otras profesiones. Éstas son fruto de un proceso histórico en el que la representación sindical del magisterio ha influido de manera decisiva en el ejercicio de la profesión. De este modo, aspectos como el ingreso, permanencia, promoción, formación y salario se configuraron desde sus orígenes bajo esquemas que fueron entretejiendo relaciones de interdependencia entre el gremio y el gobierno, dotando a los maestros sindicalizados de un poder político y de una enorme influencia y control sobre el Sistema Educativo Mexicano (SEM). Todo ello ha tenido un gran peso a lo largo de los años, permeando, en la manera en la que hoy se conceptualiza y ejerce la docencia.

¿Cuántos son? Hablar del profesorado mexicano remite a un asunto de grandes magnitudes pues una vez que la Constitución Política Mexicana establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria (1891), y a medida que se incluye a la educación secundaria (1993), la preescolar (2002) y la media superior (2012), se genera un incremento sostenido del magisterio, al grado que en el año 2012, representaron en promedio 2.5% de toda la fuerza laboral ocupada en México –para los niveles de preescolar, primaria y secundaria- y de 3.5% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) -si se añaden los docentes de educación media superior, más personal de apoyo pedagógico- según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 (Degante Méndez y Rigel Castro, 2013, p. 2).

Traducido en números, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su informe “Docentes en México 2015” (INEE, 2015, p. 24) reporta que al inicio del ciclo escolar 2013-2014 contábamos con 1,201,517 docentes agrupados de la siguiente manera:  a) Educación preescolar: 227,356 educadores dando atención a 4.8 millones de niños; b) Educación primaria: 573,238 docentes a cargo de 14.6 millones de estudiantes: y c) Educación secundaria: 400,923 profesores brindando atención a 6.6 millones de jóvenes.

¿Cómo se distribuyen? Los docentes se distribuyen en diversos tipos de servicios: general, indígena y comunitario, más la modalidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para niños y jóvenes de pequeñas comunidades rurales, mestizas e indígenas.

Ahora bien, la mayor parte de los docentes trabaja en escuelas públicas y en zonas urbanas, bajo la modalidad de servicio “general” (en todos los niveles) pues éstas son las que predominan mayoritariamente en nuestro país: 86.4% de escuelas públicas y 13.6% privadas (CEMEABE, 2013). Los servicios indígena y comunitario carecen prácticamente de opciones de tipo privado. De este modo, los maestros indígenas, los de CONAFE y los de telesecundaria, laboran en su mayoría, “en localidades con altos niveles de marginación donde precisamente se ubican las escuelas con mayores carencias de infraestructura y apoyo pedagógico” (INEE, 2015, p. 158). Ahora bien, esta diversificación de los servicios imposibilita que en nuestro país hablemos de un solo tipo de docencia dado que, como hemos visto, existen diferencias muy marcadas: algunos imparten una enseñanza generalista y otros la imparten por asignatura; algunos atienden un solo grupo y otros a varios de manera simultánea; algunos cuentan con apoyos privados y otros no; algunos laboran en zonas rurales o indígenas y otros en urbanas.

¿Quiénes son? De acuerdo con el estudio del INEE anteriormente citado, la planta docente de nuestro país está conformada en su mayoría por mujeres, sobre todo en los primeros niveles del sistema educativo: en preescolar 93%; en primaria, 67%; y en secundaria, 53%. En cambio, en las primarias indígenas y en media superior trabajan más hombres que mujeres (58% y 53%, respectivamente). En su gran mayoría, se han formado en el sistema de las normales pero existen porcentajes importantes de docentes frente a grupo que no cuentan con la licenciatura completa (INEE, 2015, p. 41). Aunque cabe destacar que las generaciones más jóvenes presentan mayor escolaridad que las próximas a jubilarse y se ha incrementado gradualmente el porcentaje de docentes con posgrado, por lo que cabría esperar una mayor profesionalización del sector en los próximos años.

¿Cuánto ganan? Esta pregunta es difícil de responder. La Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966) establece que la retribución debería relacionarse, por un lado, con la importancia que tiene la función docente para la sociedad y por el otro, con sus responsabilidades, tomando en cuenta que determinados puestos requieren más experiencia, cualificaciones superiores o tareas más amplias. Sin embargo, en nuestro país la retribución económica de los profesores conlleva un intrincado y complejo sistema. Para empezar, el número de categorías y niveles salariales de la mayoría de los docentes de educación básica varía según la entidad federativa. Degante Méndez y Rigel Castro (2013) señalan que durante el 2012 había en promedio 364 categorías de maestros en el país con hasta 8 niveles salariales. Esto se debe a que los salarios se estipulaban mediante las negociaciones entre los sindicatos magisteriales y las autoridades educativas –tanto federales como estatales en un doble acuerdo- generando así, diferencias significativas. Además, explican estos autores, los lineamientos salariales derivados de la carrera magisterial y del sistema escalafonario tradicional ocasionaron que en lugar de servir como un sistema de reconocimiento y estímulo profesional, se convirtieran en un conjunto de recompensas y castigos de tipo administrativo-sindical. Aunado a lo anterior, este ha sido un tema manejado con cierta opacidad dificultando un conocimiento exacto de los montos, ya que no se cuenta con información completa sobre las nóminas. Sin embargo, se estima que el salario promedio puede oscilar entre 11 mil pesos (docentes sin Carrera Magisterial) y hasta 31 mil pesos en el máximo nivel para la Primaria (INEE, 2015, p. 70).

Y en este punto surge un tema de especial preocupación. Las brechas salariales entre los docentes también se acentúan dependiendo del tipo de servicio y son precisamente quienes enseñan en la modalidad “indígena” los que reciben el salario más bajo, independientemente de la edad, la antigüedad o la escolaridad. Además de ello, no resulta atractivo incorporarse a este tipo de escuelas pues son las que presentan peores condiciones de organización, gestión e infraestructura. Los retos profesionales que enfrentan este tipo de profesores requerirían justamente una mayor compensación, una formación específica y un mejor apoyo salarial pues deben realizar su función en un contexto en el que la mayoría de los estudiantes sufren pobreza alimentaria, se ubican en el quintil de menores ingresos y provienen de familias cuyos padres carecen de instrucción, aumentando con ello, las probabilidades de deserción, reprobación y rezago escolar. Así lo reportó el “Índice de Equidad Educativa Indígena”, elaborado por la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: la población indígena sólo ha logrado 39% de los niveles de escolaridad alcanzados por la población no indígena. Este rezago escolar empieza desde la educación básica pues solamente 51% de los indígenas en edad de haber completado la primaria lo ha logrado, y tan solo 27% en lo que respecta a la secundaria (Índice de Equidad Educativa Indígena: Informe de Resultados para México, sus Estados y Municipios, 2010).

Algunas conclusiones e interrogantes

Después de este recorrido, conviene destacar que a pesar de la importancia de los docentes para el funcionamiento del Sistema Educativo Mexicano, la información sobre ellos no siempre ha estado disponible ni se ha documentado, concentrado y sistematizado de la manera que cabría esperar. El contar hoy con datos más precisos no ha sido tarea fácil pues hasta hace muy poco tiempo era imposible responder a preguntas simples como cuántos docentes, escuelas y niños atendidos existen en el SEM. A través del “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial” (CEMABE) se sentó un precedente que dejó en evidencia irregularidades como comisionados, aviadores, trásfugas, docentes sin plaza, docentes con más de una plaza, docentes “fantasma”, recursos desviados, etc., dejando en claro la necesidad de una reestructuración profunda de la asignación de plazas docentes, mismas que en su gran mayoría eran entregadas mediante un  sistema de ventas, herencias y negociaciones controladas por los sindicatos. Todo ello, como consecuencia de la historia sindical brevemente esbozada líneas arriba, se fue generando la enorme inequidad dentro del gremio docente. En este contexto, se formuló la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) que estipuló nuevas reglas de ingreso, promoción, evaluación y permanencia, modificando de manera gradual las relaciones entre las autoridades educativas y el magisterio, pero que también trajo consigo incontables disputas, huelgas, plantones y actos violentos que han dañado severamente el tejido social.

Ahora bien, los datos antes expuestos nos dejan múltiples reflexiones. Los docentes, como pilares fundamentales del cambio educativo, enfrentan grandes desafíos pues como hemos visto ya, se desempeñan en contextos adversos, sin los apoyos técnico-pedagógicos necesarios y sin herramientas suficientes para hacerle frente al rezago escolar. Así lo evidencian los resultados de las diversas pruebas estandarizadas en los que se reitera el alto porcentaje de alumnos con un nivel insuficiente y bajo de aprovechamiento que no hacen más que sacar a la luz los problemas de inequidad y pobreza que aquejan a nuestro país. Como afirma María de Ibarrola (2012, p. 25). “…podríamos decir que el país tiene la escolaridad que corresponde a sus grandes problemas culturales, sociales, económicos y políticos.”

En incontables ocasiones se ha culpado y responsabilizado a los profesores del desastroso panorama educativo. Si bien es cierto que muchos de los señalamientos podrían ser justificados, también hay que asumir que más que generadores del problema, son parte de él, pero al mismo tiempo, son también, un elemento crucial para su solución. Nuestro país continúa desperdiciando su enorme potencial olvidando que ninguna transformación será posible si no parte de los profesores, si no se construye, se alimenta y se impulsa con su participación y convicción. Y para ello es preciso la profesionalización de los docentes. Los resultados de las escuelas normales como espacios formadores no han sido los que cabría esperar y la formación que se ofrece desde otras instancias (UPN y diversas IES) no está articulada ni es suficiente. Mucho ha tenido que ver el desprestigio que actualmente sufre la profesión, dificultando atraer y retener a los mejores perfiles para ejercerla. Por tanto, es preciso re-dignificarla para devolverle su verdadero sentido, que es en esencia la formación de las personas, y no los intereses laborales, políticos, personales o gremiales. Igualmente, implica asumir que “la enseñanza debería considerarse una profesión cuyos miembros prestan un servicio público; esta profesión exige de los educadores no solamente conocimientos profundos adquiridos y mantenidos mediante estudios rigurosos y continuos, sino también un sentido de las responsabilidades personales y colectivas” (Recomendación de la OIT-UNESCO, 1966, p. 9). Y son precisamente estos elementos inherentes a la docencia los que hacen que se le mire como una profesión para la cual es esencial una vocación, una misión que se traduce al servicio.

Por tanto, además de estrategias precisas para el combate a la pobreza y la desigualdad, la reforma más importante en política pública que puede hacer nuestro país para mejorar sus resultados educativos es construir un sistema sólido que permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para sus escuelas, logrando contar con una planta motivada, eficaz, bien formada, comprometida, autónoma y orgullosa de su profesión.

Quedan muchas preguntas en el aire: ¿Cómo lograr que la profesión docente no sólo permita a quien la elija, una carrera satisfactoria y un nivel de vida digno, sino además, que se reconozca adecuadamente su esfuerzo y desempeño? ¿Cómo generar una formación docente más pertinente y capaz de responder a las diversas necesidades, dadas las condiciones tan distintas en las que se ejerce? ¿Cómo fortalecer, empoderar y apoyar –en todos los sentidos- a los docentes que se desempeñan en las comunidades rurales e indígenas y que son precisamente los que enfrentan las condiciones más adversas y la remuneración más desigual? ¿Cómo generar reformas educativas desde los docentes y no en contra de ellos? Sin duda, la apuesta más importante para el cambio educativo y el desarrollo de nuestro país, son nuestros docentes. Ojalá esta premisa nos vaya orientando para encontrar respuestas a estos interrogantes.

Referencias

De Ibarrola Nicolín, María (2012). “Los grandes problemas del Sistema Educativo Mexicano”, en Perfiles Educativos, vol. XXXIV, número especial. México: IISUE-UNAM

Degante Méndez L.A., y Rigel Castro F.C. (2015) “Mercado Laboral de los Docentes de Educación Básica” presentado en el Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional COLME el 13 de marzo de 2015, México.

Índice de Equidad Educativa Indígena (2010) “Informe de Resultados para México, sus Estados y Municipios” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Disponible en:

http://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/IndiceEquidadEducativaIndigena/UNDP-MX-DemGov-IEEI-INFORME-DE-RESULTADOS-NACIONAL.pdf

INEE (2015) “Los docentes en México: Informe 2015”. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:

INEGI-SEP (2013) “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial” (CEMABE).

OIT-UNESCO (1966). “Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente”. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495s.pdf

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¿Tiene futuro la evaluación para permanencia?

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

Del paquete normativo aprobado en 2012-2013, en el marco de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto al inicio de su gestión, probablemente el punto de mayor controversia era el de sujetar la permanencia en la plaza docente al resultado que se obtuviera en una evaluación periódica de desempeño.

En las modificaciones al artículo tercero constitucional se indicaba: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.” (Art. 3ro. Fracción III). Es decir, la reforma constitucional contemplaba la obligatoriedad de la evaluación para permanencia, pero hacía derivar a una norma reglamentaria las características y condiciones de su implementación en la práctica.

Prácticamente desde el anuncio de su aprobación en las cámaras del Congreso, en diciembre de 2012, los representantes del magisterio expresaron su oposición. En particular, Elba Esther Gordillo, entonces dirigente principal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestó contraria a la iniciativa. Refiriéndose a la permanencia, la lideresa, al ser entrevistada en Milenio Televisión, declaró: “La amenaza está en una palabra, en mi opinión perversa, que creo que estos que estuvieron en esa mesa metieron y que hubo resistencia del PAN para que desapareciera y del propio PRD, y yo creo que hasta el PRI: La permanencia, la permanencia pervierte la propia evaluación, va contra la evaluación” (Animal Político, 22 de enero 2013). Gordillo advirtió entonces que, en caso de no modificar tal criterio, el sindicalismo magisterial pasaría a la resistencia de la reforma. Elba Esther fue detenida el 26 de febrero de 2013, el mismo día, por cierto, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al tercero constitucional, acusada de uso indebido de los recursos económicos del sindicato docente.

Una vez encarcelada Elba Esther, la nueva dirigencia sindical desistió en su oposición a la normativa de la reforma. No así la disidencia magisterial aglutinada en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. La coordinadora inició movilizaciones de protesta que se prolongarían hasta septiembre de 2013. En agosto de ese año se aprobaron dos nuevos instrumentos: reformas a la Ley General de Educación, y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero el tema de la permanencia, en su contenido sustantivo, quedaría plasmado en una tercera iniciativa, la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), cuya discusión, debate y aprobación habría de ocurrir la primera semana de septiembre del mismo año.

Las notas periodísticas sobre el debate en la Cámara de Diputados de la LSPD hacen notar, en primer lugar, que la sesión correspondiente no fue programada con anticipación, sino que, el presidente en turno, Ricardo Anaya, entonces presidente de la mesa directiva, hizo uso de sus atribuciones para convocarla el dos de septiembre a partir de las ocho de la noche. Se trató, pues, de una deliberación nocturna, que evitó la manifestación de los profesores disidentes. La sesión se prolongaría toda la noche, pues se presentaron más de cincuenta observaciones de diputados, y se intentaron tres mociones suspensivas. Algunas de las propuestas modificatorias fueron aprobadas, pero quedó en firme la obligación según cual todos los docentes en servicio, incluso los que habían obtenido definitividad bajo las reglas previas, tuvieran que participar en evaluaciones periódicas para conservar la plaza y la función asignadas. No se obtuvo una votación unánime, aunque sí claramente mayoritaria: 390 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones. A la mañana siguiente, el Senado recibió el dictamen, deliberó, y votó la aprobación con 102 votos a favor y 22 en contra.

A cinco años de distancia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, ha reconocido que “por su carácter obligatorio y su asociación con la permanencia, la Evaluación del Desempeño ha representado el mayor reto del Servicio Profesional Docente, tanto en términos políticos como técnicos. La cantidad de docentes a evaluar, la diversidad de condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas y de los contextos en los que se encuentran, han planteado retos técnicos y de logística inéditos en materia de evaluación de docentes a gran escala.” (La educación obligatoria en México, Informe 2018).

Contra lo esperado en el diseño de implementación, sólo una fracción de los docentes en servicio (poco más de una tercera parte de la población objetivo) ha transitado por las fórmulas de evaluación aplicadas para asegurar la permanencia en la plaza. Como, además, la norma aprobada indica que los profesores deben ser sometidos a este proceso de evaluación cada cuatro años, la posibilidad, práctica, del cumplimiento de la norma ha quedado en entredicho.

De los candidatos en la actual contienda presidencial, ninguno de ellos ha respaldado explícitamente la continuidad de la evaluación para permanencia. Al contrario, sus discursos sugieren la revisión de la iniciativa: desde la posibilidad de cancelar la reforma normativa correspondiente, hasta la opción de llevar a cabo una evaluación más amable (o menos punitiva) con el sector magisterial. Por si fuera poco, los instrumentos complementarios a esta fórmula evaluativa (reforma de las normales, asistencia técnica escolar, procesos de acompañamiento y tutoría, formación continua del magisterio) no han logrado ser consolidados en la aplicación de las políticas educativas sexenales, todo lleva a pensar que no bien inicie el próximo sexenio, gane quien gane, la evaluación para permanencia será uno de los aspectos que se revisen y se modifiquen.

Fuente del Artículo:

¿Tiene futuro la evaluación para permanencia?

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¿Qué es el mérito en la evaluación docente?

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Alonso

Uno de los argumentos centrales en la defensa de la Reforma Educativa y las políticas que de ella se han derivado es el supuesto de que, a partir de su implementación, los mejores maestros ocuparán las aulas, redundando así en una educación de mayor calidad. Seguramente no hay quien se pueda oponer a la idea de contar con los mejores profesores posibles para formar a la niñez y la juventud mexicanas. Sin embargo, surge una duda al respecto: ¿cuáles son los criterios que las autoridades educativas emplean y las acciones que realizan para determinar que un maestro es o no apto para ejercer su función o incluso para lograr estímulos profesionales? Al respecto, los promotores de las modificaciones constitucionales educativas surgidas en 2013, han dicho una y otra vez que el ingreso, la permanencia y la promoción de los docentes radicará únicamente en su mérito profesional, dejando atrás (al menos como aspiración) prácticas nocivas como la venta y la herencia de plazas docentes o el uso de influencias políticas o sindicales para obtenerlas.
Al revisar los rasgos del proceso de evaluación docente, es posible detectar que el mérito es reducido a condiciones que no son las más sustanciales en la labor del magisterio. En primer término, resulta inadecuado que el mérito de un profesor nada tenga que ver con su preparación académica: vale lo mismo ser egresado de una licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas, que de una en Robótica, para aspirar a obtener una plaza de Matemáticas en educación secundaria. De este modo, es indiferente para el sistema de evaluación que un aspirante haya pasado cuatro años cursando una carrera donde diariamente desarrolló sus capacidades didácticas, a otro que difícilmente tiene las nociones pedagógicas más elementales. En segundo término, aunque la escolaridad no necesariamente se traduce en mejores desempeños, el nivel de preparación académica de los profesores es intrascendente al momento de buscar el ingreso, la permanencia o la promoción en el servicio docente; países como España, Honduras, Uruguay, Nicaragua o República Dominicana dan peso a la formación académica, los cursos de capacitación o las actividades de investigación para valorar al profesorado (Martínez, 2016).
El mérito del profesor mexicano, según la evaluación a la que es sometido, tampoco está relacionado con su trayectoria profesional. Aunque en la evaluación de un maestro para determinar su permanencia en el servicio se considera un informe de responsabilidades profesionales (elaborado por el director del plantel), realmente la información proveída en este instrumento es limitada al reflejar, si acaso, el actuar del profesor en el último año. La evaluación docente entonces no contempla mecanismos que permitan analizar y dar peso a un historial laboral más amplio de quienes buscan la permanencia o la promoción en el servicio. Así, por ejemplo, están en igualdad de condiciones para ascender a supervisor escolar, un director experimentado y un maestro de grupo con pocos años de haber ingresado, no obstante que el bagaje de cada uno sea radicalmente diferente. Al respecto, vale la pena voltear la mirada hacia otros horizontes: por ejemplo, para el logro de ascensos, en España existen comisiones especiales para el análisis del currículum de los aspirantes, mientras que en Uruguay se consideran los informes de las visitas anuales de los supervisores a los centros escolares (Martínez, 2016).
Llama la atención que para determinar el mérito de un profesor, la instancia encargada de evaluarlo, el INEE, no considere evidencias de desempeño, sino únicamente de conocimiento (examen) y de producto (informe de responsabilidades profesionales y expediente de evidencias). Si bien las evidencias de conocimiento se refieren a las “respuestas a preguntas relacionadas con el saber necesario para el desempeño” (SENA, 2013, p. 72), de ninguna manera se deben de considerar como una garantía del buen desempeño de un docente: existe una gran brecha entre poseer los conocimientos y saber aplicarlos adecuadamente en situaciones reales.  Así pues, en la definición del mérito de un docente para lograr su ingreso, permanencia o promoción en el servicio, se dejan a un lado las evidencias más importantes para valorar su desempeño.
Los participantes de la evaluación docente del ciclo escolar 2015-2016 manifiestan dudas sobre la pertinencia de los instrumentos a los que fueron sometidos. Llama la atención que éstos sean percibidos con amplios márgenes de mejora con respecto al reflejo de la práctica profesional: por, ejemplo, el 56.4% de los profesores encuestados, se declaró en desacuerdo sobre los aspectos que se evalúan en los exámenes, mientras que, con respecto al expediente de evidencias, el 21% de los encuestados señaló un bajo nivel de satisfacción sobre la correspondencia entre la entrega de trabajos de sus alumnos y la importancia del desempeño docente (INEE, 2018a). De este modo, los instrumentos no miden necesariamente el mérito de un docente, pues, dada su naturaleza, será imposible que puedan reflejar con fidelidad el actuar de un docente en contextos reales.
De este modo, queda claro que la evaluación docente, al referirse al mérito, no contempla de ninguna manera el desempeño cotidiano de los profesores; para eso, haría falta una acción fundamental: la observación directa. Aunque implicaría una tarea de esfuerzos económicos y organizativos mayúsculos, sólo quien es testigo directo del actuar del profesor puede tener una idea clara de su mérito. Difícilmente, al contestar un examen, elaborar un plan de clase o informar y reflexionar sobre la ejecución de ciertas acciones se pueda lograr una idea completa y acertada de la aptitud de un docente. En suma, el mérito al que se hace alusión al defender las prácticas evaluativas para el magisterio excluye elementos importantes de su biografía profesional, tales como la preparación académica, la trayectoria en el servicio educativo, los logros educativos importantes y, sobre todo, el desempeño cotidiano en  la escuela. El mérito se asocia entones con el cumplimiento adecuado de evidencias de conocimiento y de producto.
El INEE (2018b) reconoce que “la evaluación docente debe ser un medio adecuado para ponderar el mérito de cada docente” (p. 35), pero, simultáneamente,  advierte que se debe corregir “la relación entre la evaluación y la formación continua como un proceso de superación permanente y meritorio” (p. 35). La institución encargada de generar las directrices de la evaluación docente tiene claro que no existe una relación sólida entre las prácticas evaluativas al magisterio y el mérito real de éste, omitiendo elementos trascendentales como los que se mencionaron en párrafos anteriores. Así pues, la misma institución pone en tela de juicio el supuesto que ha impulsado la defensa de las políticas derivadas de la Reforma Educativa: si la evaluación no tiene un vínculo claro con el mérito docente, ¿se debe aceptar entonces el supuesto de que los mejores maestros están llegando a las aulas?
REFERENCIAS
INEE. Educación para la democracia y el desarrollo de México. México: autor, 2018a.
INEE. Principales resultados de la encuesta de satisfacción de la evaluación del desempeño. México: autor, 2018b.
INEE. Encuesta de satisfacción de los docentes que participaron en la evaluación del desempeño. Entrevistas con actores educativos. Ciclo escolar 2015-2016. México: INEE, 2016.
MARTÍNEZ RIZO, Felipe. La evaluación de docentes de educación básica. Una revisión de la experiencia internacional. México: INEE, 2016.
SENA. Base teórica conceptual para la elaboración de la planeación pedagógica. Bogotá: autor, 2
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INEE y CNSPD: de mal en peor

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Como bien sabemos, con la “reforma” educativa que puso en marcha el gobierno de Peña Nieto, dos instancias cobraron singular importancia en el medio educativo en México; me refiero, como parece obvio, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD); dos instancias, repito, que cobraron singular importancia dado que la responsabilidad que se les confirió no fue menor: asegurar la calidad de los aprendizajes a través de la evaluación educativa; y, para el logro de tal propósito, se les dotaron de facultades que, bien a bien, no han logrado operar dadas las injerencias de las decisiones políticas que, como veremos más adelante, dificultan y enrarecen el ya de por sí intricado Sistema Educativo Mexicano (SME). Veamos.

Como seguramente usted conoce, en días pasados el Senado de la República eligió a dos nuevos integrantes de la junta de gobierno del INEE. De las ternas propuestas, resultaron seleccionados Patricia Gabriela Vázquez del Mercado y Bernardo Hugo Naranjo Piñera (en substitución de Margarita Zorrilla y Eduardo Backhoff, respectivamente). Dos actores de cuyo perfil no me ocuparé en demasía salvo para mencionar que la primera, fungía como Secretaria de Educación Pública en Puebla y, el segundo, como asesor externo en las Secretarías de Educación de Puebla y Sonora. Y menciono que no me ocuparé en demasía porque, independientemente de su perfil y trayectoria académica, me parece importante destacar el mensaje que el legislativo envío a la sociedad y al magisterio: a) no les interesó en absoluto la educación en México; b) evidenciaron una vez más su desconocimiento sobre los procesos de evaluación (como ha sido desde que aprobaron la mal llamada reforma educativa); c) excluyeron la investigación educativa tan necesaria y fundamental en los procesos de evaluación de los maestros y maestras de nuestro país; d) quizás, el más importante, “aseguraron” la continuidad  una forma de evaluación (punitiva) que no evalúa el trabajo que los docentes realizan a diario en sus respectivos centros escolares pero, también, de la inoperancia en la SEP.

Sí, ese es el mensaje que envió el legislativo al magisterio mexicano. Eduardo Backhoff y Margarita Zorrilla, han pasado a ocupar un lugar en la historia donde la misma historia los juzgará. Qué si no pudieron, como académicos, lidiar con el paquete; qué si sus logros son dignos de reconocerse. Desde mi perspectiva, por el momento ese asunto es y será harina de otro costal, porque con la elección hecha por el Senado considero: perdió la investigación educativa, ganó dos aliados la SEP… ¿y el INEE? Ha entrado en una seria encrucijada entre su autonomía y hacer lo que la SEP determine, aunque para efectos prácticos, así ha sido desde el principio. En fin.

Y bueno, ya que estamos hablando del INEE y algunas de las “inconveniencias” que pueden presentarse en un futuro no muy lejano, corresponde hablar un poco sobre la evaluación del desempeño de docentes y técnicos docentes al término del segundo año dado que ésta estuvo, con mucha seguridad, muy presente en los Consejos Técnicos del pasado 27 de abril – y que tuvieron lugar en cada una de las escuelas de la República Mexicana – y en cada uno de los maestros y maestras que ingresaron hace un par de años al SPD, y no es para menos; si no mal recuerdo, el INEE en el mes de octubre del año pasado, a través del Calendario de las Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2018, así lo informó al magisterio, es decir, que serían evaluados.

No obstante esta normatividad y/o reglamento que tan pomposamente fue aprobado por Senadores y Diputados (otra vez la burra al trigo), es importante mencionar que hay una preocupación evidente en los docentes que serán evaluados. Esto, porque precisamente el trabajo que hasta el momento ha hecho el INEE en esta materia ha dejado mucho que desear y bueno, el que ha realizado la CNSPD ni se diga, va de mal en peor y, para muestra un botón: conforme a los lineamientos que estableció la “reforma” educativa (en la LGSPD, Cap. III. Del ingreso al Servicio. Art. 22), se dice que los profesores de recién ingreso: “con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos, competencias… durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda” pero, lamentablemente, en los hechos, en muchas entidades de la República y, para muchos pero muchos maestros, este artículo, esta norma, esta disposición jurídica, ha sido, es y será letra muerta.

¿Qué pasó con la tutoría prometida?, ¿por qué los maestros y maestras no tuvieron ese acompañamiento?, ¿quién asumirá la responsabilidad de tal incumplimiento?, ¿cuál es el argumento que en esta ocasión dará la SEP sobre este asunto?, ¿a dónde se ha ido el presupuesto (si es que ha existido) para que cada docente de nuevo ingreso pudiera contar con un tutor? Vaya, ¿se conoce cuántos tutores existen en el país?, ¿quiénes son éstos, quién les autorizó y/o certificó para esta desempeñar esta acción? En fin, preguntas y más preguntas que, seguramente quedarán en el aire, pero eso sí, cientos de profesores en estos momentos, se encuentran realizando su proyecto de enseñanza para subirlo a la plataforma que, hay que señalarlo, no está operando como debiera.

Estos pues, son dos de los tantos problemas que enfrentan quienes, en los hechos, no han logrado materializar las acciones de tan nombrada calidad educativa en nuestro país, desde luego, con la evaluación educativa de por medio.

Ciertamente, el tema de los recién nombrados integrantes del INEE despierta y anima la polémica porque éste, no ha tenido ni gozado de la autonomía requerida para cumplir con sus funciones. Ha estado, como parece obvio, sujeto a los designios presidencias y legislativos. ¿Por qué si se habla de autonomía en este tipo de organismos no se revisa lo que en su momento pasó con el llamado Instituto Federal Electoral (IFE) cuando José Woldenberg lo presidía?, ¿por qué se ha permitido que la CNSPD siga cometiendo las mismas “barbaridades” que desde un inicio cometió y que en nada apoyan la labor de los maestros y maestras de México?

Sí, urgen respuestas. Urgen instituciones fuertes, sólidas, confiables, legítimas. Urge sacar a la política del tema educativo. Sí, de esa mala política que opera desde Los Pinos.

Fuente del Artículo:

INEE y CNSPD: de mal en peor

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Renovación del INEE: acierto, reto y riesgo

Martín López Calva

México / 6 de mayo de 2018 / Autor: Martín López Calva / Fuente: E-Consulta

Méritos suficientes. Sinergia con los otros consejeros. Evitar cuotas en el INEE.

El pasado martes 24 de abril el Senado de la República eligió a Bernardo Hugo Naranjo Piñera y a Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Los dos consejeros electos sustituirán en sus cargos al actual Consejero Presidente, Eduardo Backhoff Escudero y a Margarita Zorrilla Fierro respectivamente, quienes terminan el período de cinco años para el que fueron electos este martes 30 de abril.

El cambio en dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno implicará sin duda el inicio de una nueva etapa del instituto, que ha sido el centro de una gran polémica entre los sectores que apoyan y los que se han opuesto a la Reforma educativa, principalmente en lo relativo a la creación del Servicio Profesional Docente y a los procesos de evaluación para el ingreso, la permanencia y la promoción de los profesores de todos los niveles de la educación obligatoria.

Si bien el enorme ruido y polarización en que nos tiene metidos el proceso electoral sobre todo en las campañas presidenciales hizo que esta noticia tuviera poca atención en los medios y en las redes sociales, resulta muy importante para quienes trabajamos en el sistema educativo y para quienes hacemos investigación educativa analizar los pros y contras que puede tener la designación de estos nuevos consejeros, por las implicaciones que puede tener para la definición del rumbo futuro de este órgano, que desde mi punto de vista tiene un papel muy importante para buscar una mejora sustancial en la calidad y la equidad de la educación que tenemos en el país.

Trataré de expresar aquí, de manera sintética y sin ser experto en política educativa, lo que considero positivo, lo que veo como reto y lo que me parece que podría implicar un riesgo para el futuro del INEE.

En general las reacciones que pude ver en los medios y las redes después del nombramiento fue positiva. Sin duda esta recepción de la noticia se debe a prestigio que tanto Bernardo Naranjo como Patricia Vázquez del Mercado se han ganado a pulso por su trabajo eficiente y comprometido con la educación en Puebla y por los resultados significativos que se han obtenido en nuestro estado en las evaluaciones nacionales de PLANEA.

Desde este punto de vista el nombramiento de ambos es muy positivo y debe celebrarse. Aunque no tengo contacto cercano y sistemático con el trabajo de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, en los aspectos que conozco de primera mano y en la información que tengo de muchos actores dentro del sistema educativo poblano y de los medios de comunicación, coincido con la buena impresión de la mayoría respecto al profesionalismo, la honestidad y el compromiso con la educación de ambos personajes.

La primera Junta de Gobierno del INEE estuvo formada exclusivamente por académicos de reconocido prestigio, conocedores del sistema educativo por su trabajo como investigadores durante muchos años y en distintas instituciones del país. De hecho sus nombres surgieron de una consulta que se realizó entre los investigadores nacionales –como miembro del Sistema Nacional de Investigadores fui consultado para enviar propuestas- de donde se eligió la lista de la que fueron seleccionados finalmente los cinco consejeros fundadores del nuevo INEE.

Tal vez por ello, una de las cosas que se han criticado del trabajo del instituto ha sido la de errores de instrumentación de ciertos procesos y de gestión e interacción con la autoridad educativa para lograr que los resultados de la evaluación y las directrices que de ellos se han derivado puedan convertirse en política pública que se aplique de manera eficiente para mejorar la calidad educativa.

Entiendo como una razón de la elección de los nuevos consejeros la necesidad de contar con dos personas que han estado en la trinchera de la política educativa y saben de los procesos y las complicaciones, la complejidad y las estrategias para lograr que lo que se reflexiona y se planea pueda irse haciendo progresivamente parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas.

Aquí es donde vislumbro el reto de la nueva Junta de Gobierno: lograr que la visión de los académicos e investigadores pueda ser complementada y articulada de manera sinérgica con la de los que conocen de políticas públicas en educación para poder generar un engranaje más eficiente que acelere los procesos de investigación-evaluación-definición de directrices-comunicación con la autoridad educativa-traducción a políticas y programas-instrumentación en las escuelas.

Fuente del Artículo:

http://www.e-consulta.com/opinion/2018-04-30/renovacion-del-inee-acierto-reto-y-riesgo

Fuente de la Imagen:

http://nuevolaredo.tv/insuficiente-aprovechamiento-en-sexto-de-primaria-inee/

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INEE: atisbos de una nueva época

Carlos Ornelas

Por: Carlos Ornelas

El martes 24 el Senado de la República cumplió con el ritual. Designó a dos noveles integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; ya rindieron protesta del cargo. Me parece que los cambios no son menores, vislumbro el comienzo de un nuevo tiempo en el joven INEE independiente.

El relevo implica una mudanza generacional y de perfil, pero también puede indicar un movimiento —leve si se quiere— en la conducción del instituto hacia “una evaluación más amable”, como recomendó el senador Juan Carlos Romero Hicks. Empero, los nuevos consejeros no tendrán un camino adornado; el INEE y la Reforma Educativa están en la encrucijada electoral.

Margarita Zorrilla Fierro y Eduardo Backhoff Escudero cumplieron con su tarea en tiempos inaugurales y difíciles, su labor rindió frutos y heredan un legado de trabajo, disciplina y productividad. Hay que reconocerlo, no se amilanaron ante andanadas de los opositores ni ante reclamos de la Secretaría de Educación Pública; tampoco buscaron pleito.

Quienes los reemplazan pertenecen a generaciones subsecuentes. A Backhoff lo sustituye Bernardo Naranjo Piñera y a Zorrilla, Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera. Los consejeros bisoños son poco conocidos en el ámbito de la investigación educativa, pero tienen carrera de distinción en la consultoría profesional y el servicio público. Bernardo Naranjo obtuvo el doctorado en educación en la Universidad de Stanford, Patricia Vázquez es maestra en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y, hasta la semana pasada, secretaria de Educación Pública de Puebla.

Naranjo, al igual que Backhoff, posee capacidades técnicas y analíticas en el campo de la evaluación, pero, además, la experiencia de haber realizado e innovado proyectos educativos. Patricia Herrera comparte con Margarita Zorrilla pericia en la conducción de sistemas estatales de educación. Ni Naranjoni Herrera desmerecen ante sus antecesores.

La diferencia de edad —y no insinúo que Zorrilla y Backhoff estén fatigados— y de trazo profesional indican que los poderes Ejecutivo, al enviar las ternas, y el Legislativo, al hacer la designación, buscan fortalecer al INEE y, al mismo tiempo, inyectarle un nuevo hacer. Los nuevos consejeros equilibran la balanza en los currículos; la Junta tendrá tres portes académicos con Sylvia Schmelkes, Teresa Bracho y Gilberto Guevara y dos cercanos al quehacer de las escuelas.

El Ejecutivo fue responsable, no descartó la posibilidad de que los consejeros salientes se reeligieran, Zorrilla y Backhoff estuvieron en las ternas. Con todo, el presidente Peña Nieto no envió al Senado ternas con personas de bajo perfil para facilitar su ratificación; brindó al legislativo opciones. Las presentaciones de los candidatos ganadores ante los senadores fueron cruciales, obtuvieron 79 votos cada uno.

Pienso que el canje tiene que ver con expectativas del Senado; espera un INEE más vuelto a la práctica. La enmienda al artículo 3 constitucional (IX, a) estableció que es función del INEE: “Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema”. Sin embargo, en algún momento el INEE evadió la porción práctica; en su misión, definió que al INEE le corresponde “Evaluar la educación obligatoria, así como coordinar y regular las tareas de evaluación en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa”. El verbo realizar desapareció.

El INEE es un organismo autónomo del gobierno, pero es un aparato del Estado (evaluador). No tiene que subordinarse a la autoridad, pero tampoco en controversia constante con ella. Vienen tiempos confusos, quién sabe cómo marche el INEE en la nueva etapa por venir después del 1 de julio.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/inee-atisbos-de-una-nueva-epoca/

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El rostro indígena de la inequidad educativa

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Pluma Invitada

Un solo dato estadístico engloba las penurias educativas a las cuales se enfrenta gran parte de la población indígena: de acuerdo a su nivel de escolaridad, se podría decir que al iniciar su vida escolar, de tres indígenas, al cumplir 15 años de edad, sólo uno podrá alcanzar niveles educativos superiores a la primaria. La cifra anterior no es más que un reflejo de las repercusiones de las dificultades socioeconómicas inherentes a la población indígena para ejercer el derecho a la educación. Según la Encuesta Intercensal de 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (citado por INEE, 2017a), 25 millones de mexicanos se autoadscriben como indígenas, aunque sólo poco más de una cuarta parte de esta población (7.3 millones) son hablantes de alguna lengua autóctona. La información que presenta el INEGI deja entrever una vida difícil para éstos: 7 de cada 8 municipios indígenas (aquellos en los que representan el 70% o más de su población) tienen un grado de marginación alto o muy alto (INEE, 2017a).
Las difíciles condiciones de bienestar socioeconómico de la población indígena van acompañadas de condiciones educativas lamentables. En efecto, 23.2% de los indígenas son analfabetas, porcentaje cinco veces mayor al de los no indígenas (4.2%). Como ya se ha dicho, el acceso y la trayectoria a la educación por parte de los hablantes de lenguas indígenas están seriamente afectados: apenas uno de cada tres mayores de 15 años tiene una escolaridad superior a la primaria completa. Este dato, devastador por sí solo, se complementa con otros igualmente lamentables: en 2015, la tasa de asistencia de hablantes de lenguas indígenas en educación primaria, secundaria y media superior era de 95.9%, 86.8% y 56.7%, respectivamente, cifras eclipsadas por las de los no hablantes de lenguas indígenas en los mismos términos: 98.1%, 93.9% y 74.4% (INEE, 2018, p. 113). El porcentaje de alumnos con extraedad grave (dos o más años por encima de la edad idónea para cursar el grado escolar en el que se encuetra) es un dato significativo para determinar la calidad del avance escolar, pues en él inciden directamente situaciones como la reprobación o el abandono escolar.  En ese sentido, las escuelas primarias indígenas (4.7%) tienen un porcentaje mayor que el de las primarias generales urbanas (1.2%) (INEE, 2018, p. 123).

La escuela a la que asisten la mayoría de los indígenas no es igual a la del mexicano promedio. Tan sólo en infraestructura y tipo de organización, las diferencias son considerables. Aunque en algunos aspectos, la infraestructura de las escuelas indígenas comparte prácticamente las mismas adversidades que las escuelas generales, las primeras presentan algunos datos realmente indignantes: una de cada cuatro primarias indígenas (24.7%) carece de baños o sanitarios, más de la mitad  no tiene internet (55.4%), tiene fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos (61.9%), casi dos de cada tres (64.2%) tiene vidrios rotos o una tercera parte (36%) recibe los libros de texto gratuitos durante la tercera semana del ciclo escolar o después (INEE, 2018). De manera particular, en las escuelas indígenas multigrado se presentan condiciones materiales aún peores. El estudio Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014 (INEE, 2016) revela carencias increíbles: agua (14.8% de los planteles), energía eléctrica (12.4%), suficientes tazas sanitarias para estudiantes (50%), mecanismos para eliminar aguas negras (22.2%), paredes y muros (8.3%), pupitres en buenas condiciones (46.5%) y pizarrón o pintarrón (8.1%).

En cuanto a la forma de organización, la mayoría de las escuelas a las que asisten los indígenas son de tipo multigrado. No obstante que el predominio de escuelas multigrado seguramente se justifica en las condiciones de tamaño y dispersión de las poblaciones, esto no elimina el hecho de que los indígenas tienen que ejercer su derecho a la educación en planteles donde ni siquiera se les puede otorgar un maestro específico de acuerdo al grado que estudian. Es de resaltarse que la presencia de la organización multigrado es el doble en las primarias indígenas (65.9%) que en las generales (32.7%). En cuanto al nivel preescolar, la proporción pasa al triple: el 49% de las escuelas indígenas son de organización multigrado unitaria (un profesor atiende los tres grados y la dirección), por sólo el 15.2%  de los centros escolares generales. De este modo, los indígenas van predominantemente a escuelas cuya calidad en el servicio se ve afectada por razones diversas: falta de formación adecuada de los profesores para el servicio en este tipo de escuelas, distracción de los docentes en asuntos administrativos y de gestión (el profesor además debe fungir como director), alta rotación de maestros y carencia de plan de estudios, libros de textos y materiales didácticos ajustados al contexto multigrado, entre otros (INEE, 2017c, pp. 315-316).

No sólo el acceso y la permanencia de los indígenas en la escuela son temas preocupantes. Quienes, por ejemplo, logran llegar al último grado de educación primaria (uno de cada dos indígenas) o secundaria (uno de cada tres), lo hacen con carencias de aprendizaje profundas, tal como lo revela la prueba Planea 2015. Aunque se puede decir que los malos resultados no son exclusivos de algún tipo de escuela, lo cierto es que las indígenas han obtenido los peores puntajes. Por ejemplo, en el examen señalado, en el área de Lenguaje y Comunicación, el 80% de los estudiantes indígenas se ubicaron en el nivel más bajo (por 49.5% de media nacional), mientras que en Matemáticas, el 83.3% tuvo el nivel de logro más bajo (por 60.5% a nivel nacional) (INEE, 2017b). La crisis de logros de aprendizaje, de por sí intensa a nivel nacional, se agudiza con la población indígena. Como si no fuera motivo suficiente de alarma que tan pocos indígenas logren terminar la primaria y la secundaria, escandaliza aún más el hecho de que lo hagan con niveles de aprendizaje tan bajos.

Como ya se ha visto, la población indígena está inmersa en condiciones socioeconómicas adversas que repercuten directamente en las posibilidades de disfrutar plenamente el derecho a la educación. Quizá por indiferencia o quizá por incapacidad (o incluso por ambas), las acciones gubernamentales no han sido suficientes para revertir el círculo vicioso al que se enfrentan los indígenas al acceder a una escuela: dificultades socioeconómicas, fracaso escolar y perpetuación de las desigualdades. Así pues, el ejercicio del derecho a la educación por parte de los indígenas está seriamente afectado. La situación de la escuela indígena representa uno de los peores defectos de nuestro sistema educativo: su inequidad, es decir, dar menos a quien más necesita. Voluntaria o involuntariamente, el Sistema Educativo Mexicano está brindando el peor servicio a uno de los grupos de población que más requiere la tan anhelada movilidad social a partir del ejercicio del derecho a la educación. En suma, se requiere atender de fondo los problemas que aquejan a las escuelas indígenas: desde pedagógicos, tales como el diseño de políticas educativas específicas para las escuelas multigrado, hasta socioeconómicos, tales como la elevación de los niveles de bienestar de la población indígena, acción sin duda difícil que incluso sobrepasa los alcances de la institución escolar. Además, es urgente redoblar los esfuerzos para mejorar su infraestructura y hacer de las escuelas indígenas lugares dignos ya no sólo para aprender, sino, increíblemente, para cubrir una necesidad fisiológica.

REFERENCIAS

INEE. Breve panorama educativo de la población indígena. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. México: autor, 2017a.

INEE. Informe de resultados PLANEA 2015. El aprendizaje de los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria en México. Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. México: autor, 2017b.

INEE. Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014. México: autor, 2016.

INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018.

INEE. Panorama Educativo de México 2016. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor, 2017c.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-rostro-indigena-de-la-inequidad-educativa/

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