En un informe sobre segregación escolar, el Síndic de Greuges alerta de que la innovación en algunas escuelas puede generar desigualdades que deberían combatir extendiendo los proyectos educativos singulares sobre todo en los centros con más dificultades.
Las escuelas con proyectos educativos innovadores, las concertadas pero también las públicas, no sólo atraen cada vez más familias, sino que aglutinan un perfil social de alumnado que es ligeramente más favorecido que el de centros del entorno. Esto no quiere decir que haya que frenar el progreso de las escuelas mejor valoradas, pero sí «desarrollar actuaciones para evitar que la existencia de proyectos educativos singulares incida negativamente en la equidad», concluye el Síndic de Greuges –defensor del pueblo en Catalunya– en su último informe Segregación escolar en Catalunya: condiciones de escolarización, donde identifica prácticas segregadoras –desde la huida de las familias de las escuelas mal vistas hasta las barreras económicas que ponen algunos centros– y hace una primera aproximación a cuál es el papel de la autonomía de los centros a la hora de reproducir o eliminar las desigualdades.
A partir de casos de Barcelona, el Síndic se fija en algunos de los centros públicos con más solicitudes –por la adopción de metodologías más vivenciales, como el trabajo por proyectos o por rincones–, que suelen tener un tipo de alumnado más acomodada que los de su entorno más inmediato. Se puede dar que una escuela pública del barrio del Eixample tenga alrededor del 10% de alumnado extranjero (o de alumnado con beca comedor), mientras que en sus centros vecinos el porcentaje supera el 20%. Esto son «desequilibrios» que, según el Síndic, Rafael Ribó, se podrían reducir consiguiendo que los centros más pioneros «compartan recursos y dinámicas con los de su entorno».
Que las familias con mayor capital cultural hacen una elección más estratégica de la escuela donde quieren llevar a sus hijos no es una novedad. De hecho, lo que las mueve a muchas de ellas, en Catalunya pero también en la mayoría de países, es «evitar los centros que no son como ellos», es decir, los que tienen altos porcentajes de inmigración o pobreza, asegura Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, que
en 2010 publicó un estudio sobre qué tienen en cuenta las familias a la hora de elegir escuela. El resumen sería, dice, que el principal factor de segregación es que el grueso de padres y madres huyen de las escuelas más estigmatizadas, mientras que las familias menos instruidas tienden a llevar a sus hijos a la escuela que les queda al lado de casa (independientemente de cómo sea). Es aquí donde, según Palacín, hay que poner el foco: romper los altos niveles de segregación que sufren las escuelas que las familias evitan.
Esta recomendación la recoge también el Síndic, y la constata Marta Comas, directora del área de Innovación, Programas y Formación del Consorcio de Educación de Barcelona. «El objetivo final debe ser que la buena escuela para tus hijos es la que te queda al lado de casa», sostiene Comas, que defiende precisamente la potenciación de proyectos educativos sólidos y atractivos para atraer demanda a las escuelas que menos tienen. También verter más recursos y el profesorado más preparado.
En esta línea coinciden el Síndic y los expertos consultados. Es necesario un plan de choque que garantice no sólo «la calidad de los proyectos educativos de los centros con más complejidad social», dice el informe, sino también el impulso de programas como las Escuelas Magnet (alianzas entre escuelas y entidades reconocidas del entorno para enriquecer el proyecto educativo) o medidas que el departamento de Enseñanza ya ha empezado a poner en marcha, como las auditorías pedagógicas o la reducción de ratios –máximo 22 niños por aula– en estos centros.
Comas relata el caso de las escuelas de Poblenou: «Hace tres años, teníamos escuelas que iban disparadas con grandes proyectos y otras que quedaban atrasadas, lo que podía comportar segregación en la matrícula», explica, «por eso empezamos a trabajar en red con las escuelas: el primer año, se contaron entre ellas los proyectos; el segundo año, se visitaron; el tercero, ya trabajaban juntas, y ahora los vecinos las empiezan a ver como escuelas equivalentes», concluye.
El Síndic también señala que «determinadas escuelas concertadas pero también públicas», a través de diferentes «relatos pedagógicos» –como pueden ser la excelencia y la innovación– han podido articular «propuestas poco inclusivas» dirigidas a un perfil de familias. «Cuando se invoca un determinado tipo de familia, se disuaden otros», sostiene. Comas, por el contrario, sostiene que en ningún caso un modelo innovador puede generar rechazo en familias de clase trabajadora. «Puede ocurrir que un modelo que requiera más cuotas para la familia, o compra de más materiales, pueda echar a algunos alumnos, pero el tema será económico y no pedagógico», afirma.
Barreras económicas dentro de la escuela pública
El informe del Síndic de Greuges identifica, a través de las quejas que le llegan, cuáles son las prácticas de los centros que afectan la igualdad de oportunidades de las familias. Y no sólo se fija en las aportaciones dinerarias que muchas escuelas concertadas promueven en forma de cuotas –una de las barreras más señaladas–, sino también en pequeños impedimentos que también las escuelas públicas pueden generar: desde unas colonias en el extranjero que no todo el mundo puede pagar hasta subir las cuotas de la AMPA para financiar material escolar o soportes educativos, o incluso la cobertura de la sexta hora –aquella que igualaba el horario escolar de la concertada con el de la pública durante la época del tripartito–.
Gastos todos ellos nuevamente al alcance de las familias más acomodadas. El informe recoge casos de escuelas públicas en barrios como Gràcia o Sarrià que reciben más de 400 euros al año por parte de las familias (para material, salidas, AMPA …), mientras que otras de Nou Barris 250.
El Síndic pide al departamento de Enseñanza que elimine estas desigualdades a través de ayudas y subvenciones, por ejemplo, para que «oportunidades educativas» como las excursiones fuera del centro, la compra de libros de texto o las actividades extraescolares no acaben dependiendo del bolsillo de padres y madres. Todo ello teniendo en cuenta que, las familias catalanas destinan un 19% más a la escolarización de sus hijos que en el año 2007 (aproximadamente unos 500 euros al año).
Garantizar oportunidades como ésta son, según Palacín, cruciales para la salud de la escuela pública. Si, por ejemplo, la escuela pública cierra las puertas a las 16h sin garantizar extraescolares de calidad y para todos, al final muchas familias acabarán optando por la concertada, que ofrece todo tipo de actividades hasta la tarde. «No estamos hablando de lujos añadidos», defiende Palacín, sino de espacios «de aprendizaje real».
¿Una triple red?
Otra de las principales conclusiones del Síndic es que se podría estar configurando una «triple red» de escuelas, con dinámicas de segregación mucho más intensas que las que separan la pública y la concertada. En primer lugar, habría las escuelas con composición social desfavorecida, «proyectos educativos socialmente estigmatizados» y baja demanda; en segundo lugar, centros con alumnado heterogéneo con proyectos educativos consolidados pero sin demasiada capacidad de atracción; y, por último, escuelas distinguidas socialmente por sus proyectos singulares. En esta división, según el Síndic, ya no sería tan importante la distinción pública-concertada, dado que en cada red habría escuelas de ambas titularidades.
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