Inversión Educativa

Autores: Rose Mary Hernández Román

Luz Palomino

Luis Bonilla

Año: 2022

Email: rosemhernandezr@gmail.com

mayorga.luz@gmail.com

luisbonillamolina.62@gmail.com

Resumen:

Este informe fue elaborado y presentado por un equipo de investigadores (Rose Mary Hernández, Luz Palomino y Luis Bonilla-Molina)  según directrices de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación  (CLADE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  como el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela en fecha del 05 de julio de 2021, en el marco de la Defensa del Derecho Humano a la Educación. El mismo, se hizo del conocimiento general y acceso libre en fecha del 26 de enero de 2022 en el Portal Otras Voces en Educación luego de su discusión y aval por el Organismo Internacional que acreditó su contribución (UNESCO) en  Ginebra https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/ve-index. Su elaboración atiende al formato de comunicación de Informe en los Organismos Internacionales, lo cual se describe puntualmente a continuación. Las conclusiones se extraen de lo determinado y aportado en este documento. Sobre las recomendaciones se destacan cuatro aspectos: impulsar la conformación de un Consejo Nacional de Educación; resolver de manera inmediata el tema salarial de los y las docentes, hacer transparente la información y datos del Estado en materia educativa y la redistribución del presupuesto y las finanzas públicas debe hacerse con una clara perspectiva social.

Palabras Clave: Derecho Humano a la Educación, Salarios, Pobreza, Sanciones, Políticas Públicas

Abstract 

This report was prepared and presented by a team of researchers (Rose Mary Hernández, Luz Palomino and Luis Bonilla-Molina) according to the guidelines of the Latin American Campaign for the Right to Education (CLADE) and the United Nations Educational Organization, the Science and Culture (UNESCO) as the Universal Periodic Review (EPU) of Venezuela on July 5, 2021, within the framework of the Defense of the Human Right to Education. It became general knowledge and free access on January 26, 2022 on the Other Voices in Education Portal after its discussion and endorsement by the International Organization that accredited its contribution (UNESCO) in Geneva https://www .ohchr.org/es/hr-bodies/upr/ve-index. Its preparation follows the Report communication format in International Organizations, which is specifically described below. The conclusions are drawn from what was determined and provided in this document. Four aspects stand out regarding the recommendations: promote the formation of a National Education Council; immediately resolve the salary issue of teachers, make transparent the State’s information and data on educational matters and the redistribution of the budget and public finances must be done with a clear social perspective.

Keywords: Human Right to Education, Salaries, Poverty, Sanctions, Public Policies

Introducción

El Examen Periódico Universal, conocido con las siglas EPU, fue creado  el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 60/251, y se concibió para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países. Con base en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) “…es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y las libertades individuales de todas las personas sin distinción de ningún tipo y de forma equitativa..”

Por tanto, el EPU se entiende como un mecanismo de cooperación entre Estados cuyo conocimiento del informe se implementa en formato de diálogo interactivo durante tres horas y media donde se permite el intercambio de información entre el Estado examinado, los Estados miembros y los Estados observadores del Consejo de Derechos Humanos en el cual, el Estado bajo examen se involucra y compromete completamente con el proceso de revisión y recomendaciones tanto en el nivel internacional como en el nivel nacional. Asimismo, se comprometen a entregar al Consejo información fidedigna y de calidad, sobre la cual la comunidad internacional realiza su examen al estado bajo revisión.

Es de hacer saber que, la revisión de los Estados bajo este mecanismo sucede en un período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, el cual está integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y por los demás Estados no miembros que actúan en tanto observadores.

Cada ciclo del EPU dura 4 años y medio, durante los cuales todos los Estados son revisados bajo éste mecanismo, por lo que se denota que, actualmente está en marcha el tercer ciclo de Revisión de Venezuela ante el mecanismo del Examen Periódico Universal 40ª Sesión. Para la Revisión de cada Estado, es fundamental contar con tres documentos clave: i) el informe país o nacional elaborado por el Estado bajo examen; ii) un informe que compila la información sobre el Estado bajo revisión con la que cuenta Naciones Unidas referida al cumplimiento del mismo para con sus obligaciones internacionales en materia de DDHH elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y iii) un resumen de la información y recomendaciones elaboradas por otros actores relevantes tales como la Institución Nacional de DDHH y Organizaciones de la Sociedad Civil, con competencia nacional e internacional en éste ámbito.

En atención al punto anterior, el presente informe se realiza acorde con las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la Resolución 16/21 y la Decisión 17/119, con la debida orientación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), presentado bajo la autoría compartida de los coordinadores del Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa y el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE), en el cual se busca hacer una observación minuciosa en relación al Derecho Humano de la Educación en Venezuela durante el período 2017-2021, destacando en particular: ¿Cuál es la situación salarial docente en el país?, ¿Cómo ha sido la participación y la transparencia en materia educativa por parte del Estado? y ¿Cuáles son  aspectos presupuestarios y financieros que destinó el gobierno para la Educación  en el periodo examinado?.

Por tanto, se procuró: Describir la situación salarial docente en el país, Resaltar la participación y la transparencia en materia educativa por parte del Estado y Puntualizar los aspectos presupuestarios y financieros que destinó el gobierno para la Educación en el periodo examinado.

Si bien el Examen Periódico Universal es un mecanismo perfectible de promoción y defensa de los derechos humanos, actualmente es una de las herramientas más eficaces de contralor del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los gobiernos, que vela por la no regresividad de los mismos.

Metodología

La metodología implementada exigió dos abordajes para poder dar cuenta de lo examinado. En tal sentido, para el seguimiento de las actuaciones del gobierno nacional en relación al Derecho Humano a la Educación, conllevó a la revisión  de datos oficiales que debieron ser publicados o facilitados por representantes y autoridades de los  organismos ministeriales en competencia,  así como por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Al mismo tiempo, se trató lo concerniente a los basamentos legales que rigen el sistema educativo y a las políticas públicas implementadas en materia salarial.

En otra instancia y trayecto del EPU realizado, se procedió al ejercicio de consulta a la base magisterial, instituciones, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, venezolana: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación”, Red Global Glocal por la Calidad Educativa, Comunidad Vida Cristiana, Araña Feminista, Cecodap, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Federación Nacional de Profesionales de la Docencia. Colegio de Profesores de Venezuela, Actores socioeducativos nacionales, lo cual permitió incorporar otras voces de organizaciones, movimientos sociales y de la sociedad civil, gremios y sindicatos, en relación a su perspectiva en cuanto al Derecho Humano de la Educación.

Resultados: Análisis y Discusión

a. La situación actual (2017-2021)

Seguimiento al gobierno y las políticas públicas en educación

Venezuela decidió en 1999 recorrer un camino de nueva independencia y soberanía nacional. Eso implicaba revisar la situación de dependencia neocolonial que había mantenido con el norte colonialista. Tal situación, generó tensiones hasta ahora desconocidas en la geopolítica nacional. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como “una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”, lo cual dio lugar a medidas coercitivas contra Venezuela. Estas sanciones norteamericanas y de sus aliados internacionales han generado pérdidas a la economía del país calculadas en 120 mil millones de dólares lo cual ha afectado el presupuesto público y la educación (Cifras de la Cancillería venezolana).

La situación antes descrita constituye el obstáculo más importante para construir una ruta cierta de transformación radical del sistema escolar venezolano, desde la perspectiva de inclusión, equidad, pertinencia y calidad. Además, el bloqueo norteamericano oculta indefiniciones, retrocesos y errores gubernamentales en materia educativa que podrían ser analizados y discutidos de manera más transparente, crítica y realista, si Venezuela no fuera un país asediado.

Desde 2014 la polarización política, propia de la crisis política existente en Venezuela, se ha profundizado a niveles de afectar todos los aspectos de la vida ciudadana. Esto ha imposibilitado la construcción consensuada de un Proyecto Nacional de Transformación Educativa. La falta de acuerdo se ha expresado de manera dramática en la forma de abordar la emergencia nacional en el sector educativo. Es urgente construir una unidad nacional contra la agresión económica extranjera, como paso previo para poder construir un proyecto educativo aceptado por todos a todas. Este acuerdo nacional no implica de manera alguna, silencio respecto los errores, fallas e inconsistencias de las políticas públicas en educación.

En el año 1999 se realizó un proceso nacional de Constituyente Educativa (CE) que intentó construir un horizonte de transformación pedagógica nacional. No obstante, no se dio continuidad al proceso consultivo y de diálogo constituyente en materia educativa. Desde el 8 de agosto de 2020 se encuentra desaparecido el Coordinador Nacional de este proceso constituyente en educación, el educador popular Carlos Lanz Rodríguez sin que hasta la fecha el Estado venezolano haya informado sobre las causas de su extraña desaparición. El derecho humano a la educación pasa por la garantía de la vida, seguridad personal, libertad de opinión del personal docente y, el Estado venezolano está obligado a esclarecer que ha pasado con Carlos Lanz Rodríguez.

Para poder monitorear el derecho a la educación se requiere transparencia en los datos y en la información del Estado, posibilidades de acceso a la misma en cualquier momento y de verificar la confiabilidad de dicha información. Ese es un problema serio en Venezuela, por la opacidad de la información. Los informes que se conocen no pueden ser verificados de manera diaria, mensual y por años escolares. Existe una concentración y hermetismo de los procesos de manejo y procesamiento de información sobre la dinámica del Estado en el Ministerio de Planificación y Desarrollo; resulta muy difícil acceder a la misma tanto en este ente, como en los ministerios de educación. Sin información cierta, creíble, verificable y de acceso en tiempo real, se debilitan la democracia, el pensamiento crítico y el derecho a la educación.

No se ha avanzado en formas de gobierno digital en educación que permitan acceder a la información pública en tiempo real, sobre ejecución presupuestaria, procesos de toma de decisiones, relación de los planes y programas con la ejecución presupuestaria, entre otros. Esto limita el acompañamiento y contraloría social.

La responsabilidad intransferible de garantizar el derecho a la educación es del Estado y su gobierno, como reposa en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La perspectiva neoliberal internacional en educación promueve una transferencia de estas responsabilidades a los y las ciudadanas(os). La responsabilidad es un proceso dinámico de interacción del gobierno con sus ciudadanos, no una transferencia de las facultades y competencias del Estado a su pueblo. Por ello, cuando se hace seguimiento al derecho a la educación, es al Estado a quien se interpela.

El Estado venezolano, al emprender una ruta de soberanía nacional tenía la obligación de prever los escenarios de conflictividad geopolítica internacional que afectaría a toda la población, como efectivamente ha ocurrido. En ese sentido, debió garantizar la creación de un fondo estratégico de protección a la educación con una parte importante de los enormes ingresos que se obtuvieron con precios del petróleo en el periodo 2005-2013.

La crisis económica ha impactado de manera directa a la educación, no solo en la infraestructura escolar, salarios docentes, equipamiento y dotación, sino fundamentalmente en la construcción de una educación pertinente que se oriente por la dialéctica entre lo local y lo global, es decir, el vínculo indisoluble entre lo que demandan los territorios y las dinámicas de aceleración de la innovación y el conocimiento a nivel mundial.

Para garantizar el derecho a la educación se deben cumplir una serie de premisas. Legislación actualizada y pertinente a las necesidades y requerimientos de la sociedad y el tiempo actual, un mínimo del 6% del producto interno bruto y de la inversión pública destinada a la educación, instancias gubernamentales de dirección de los procesos educativos, planes y programas de estudio, una estructura homologada de sistema escolar, condiciones de igualdad para todos y todas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, instancias de formación docente, mecanismos institucionales compartidos con la sociedad civil de evaluación del comportamiento del sistema escolar, infraestructura escolar adecuada y planes de mantenimiento de la misma, dotación y actualización permanente, entre otros. Veamos el estado actual de cada uno de estos aspectos.

En Venezuela, el proceso Constituyente de 1999 generó una Carta Magna que estableció nuevas prioridades para el sistema educativo. Por ello, la Ley Orgánica de Educación de 2009 sustituyó a la existente que había sido elaborada en la década de los ochenta del siglo XX; no obstante, falta reglamentar muchos de los preceptos que estable esta nueva Ley. Por otra parte, la Ley de Universidades vigente sigue siendo la de 1970 y no se ha actualizado conforme las definiciones de la nueva Ley Orgánica; ello ha producido una relación asincrónica entre ambos instrumentos jurídicos.

Así mismo, se han iniciado procesos de revisión de instrumentos como el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (para personal docente de los primeros niveles), sin que ello sea el resultado de una amplia consulta ciudadana; gremios y sindicatos han expresado su preocupación por este cambio. Es urgente, abrir una consulta nacional sobre la arquitectura jurídica que demanda el sistema educativo venezolano en el presente, la cual sea abierta a toda la sociedad y sus organizaciones.

Venezuela reportó en 2014 a nivel internacional (por el para ese entonces, Vicepresidente Jorge Arreaza) un PIB en Educación del 5%, por debajo del 6% exigido internacionalmente por la UNESCO. No hay cifras oficiales más recientes, que tengan que ver con la realidad actual. Este monto declarado en el 2014 evidentemente ha caído, pues no se expresa en la cotidianidad de los procesos educativos. La opacidad de los datos no permite corroborar las cifras presupuestarias, con el PIB y la ejecución actual en el sector.

En Venezuela existen dos ministerios de educación, uno para los primeros niveles de la educación y otro para la educación universitaria. Esto que operativamente es correcto, al carecer el país de un Consejo Nacional de Educación que obligue a articular las políticas públicas del sector educativo, genera acciones no siempre complementarias. Es urgente conformar un Consejo Nacional de Educación, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos docentes.

La mayoría de planes y programas educativos del país han sido formulados en la perspectiva de las dos primeras revoluciones industriales. Se ha impuesto una perspectiva de la pertinencia que enfatiza en el localismo, descuidando la dialéctica de lo global y lo local. Se requiere una reactualización de los programas para atender las necesidades nacionales en plena complementariedad con la aceleración de la innovación científica-tecnológica en todos los campos del saber.

La polarización política ha colocado en un “no lugar” de consenso el tema de las profesiones. Ni la oposición ni el gobierno están haciendo un debate sustantivo sobre este tema. Se requiere una redefinición de las carreras profesionales del país, para incorporar en todas ellas las dinámicas de inteligencia artificial, nanotecnología, Blockchain, contenidos digitales. La educación debe construir el necesario encuentro entre la tradición y la innovación. La transdisciplinariedad debe complementarse con los avances de la lógica difusa en las epistemologías de las profesiones. Todo ello sin olvidar que el compromiso de la educación del país es con la independencia nacional, la soberanía y la autodeterminación.

Se aprecia una caída brutal en la inversión en infraestructura escolar. Esta situación tiene un capítulo especial en las universidades, cuyas instalaciones en muchos casos llevan décadas sin un mantenimiento estructural. La dotación de equipos e insumos ha sido precaria en los últimos tres años, por no decir casi inexistente, lo que ha generado prácticas de transferencia de las responsabilidades del Estado a los y las ciudadanas. Muchas universidades se han visto obligadas a convocar el apoyo económico de los egresados o buscar fuentes de autogestión para solventar estas carencias, lo cual abre paso a novedosas formas de introducción del paradigma neoliberal en educación. Esto ocurre por el vacío que está dejando el Estado.

Los salarios del personal docente han caído de una manera muy significativa en un contexto de híper inflación y de devaluación sostenida de la moneda nacional. El salario docente de junio de 2021 oscila en los siguientes rangos: a) el salario mensual de una maestra y profesor de primaria está compuesto por salario base + bono por ejercicio docente + bono de guerra económica + antigüedad por años de servicio + prima por profesionalización (entre 20% y 60 %) + prima geográfica + bono Simón Rodríguez, y ello en el escalafón más alto de Docente Categoría VI es de 36.334.481,33 bolívares y el más bajo, de Categoría I, es de 33.265.398,14 Bolívares, que representan 10,10 y 10,08 dólares mensuales, respectivamente; b) los salarios de los profesores universitarios están estructurados conforme la categoría de la carrera docente universitaria.  Un Instructor a Dedicación Exclusiva gana 16.467.447 Bolívares, un Agregado a Dedicación Exclusiva 21.027.283 Bs, el Asociado a Dedicación Exclusiva 23.760.830 Bs., el Titular a Dedicación Exclusiva 26.849.738, equivalentes a 5 – 6,40 – 7,20 – 8,13 dólares mensuales.

La mayoría de incrementos se han dado por vía de bonificaciones que no impactan al cálculo del salario para prestaciones sociales, jubilaciones y otros beneficios de sobre sueldo como aguinaldos, bono vacacional, entre otros. Se ha instalado la práctica de anunciar los bonos por las redes sociales y no por la vía institucional de publicación en Gaceta Oficial, lo cual construye una peligrosa práctica que tiende a la flexibilización.

Una parte importante del deterioro de los salarios docentes está asociado al bloqueo norteamericano, pero también a definiciones estructurales del gobierno sobre lo que hay que hacer en economía y en materia salarial. Es inconcebible que países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití que tienen un Ingreso Per Cápita menor que Venezuela cuenten con salarios docentes mucho más elevados que los que se reportan para el personal docente en Venezuela. Algo similar ocurre con países con Ingreso Per Cápita ligeramente más alto que Venezuela como Ecuador, Perú y Cuba quienes tienen salarios mucho más altos que Venezuela. Lo descrito demuestra que no es cierto que el problema salarial de los y las docentes sea solo por las sanciones, sino que hay un problema de perspectiva y voluntad política en la materia.

Durante los últimos años el gobierno Bolivariano dotó de manera directa a millones de estudiantes con computadoras portátiles. Esta estrategia tiene algunos problemas. Se debió dotar primero a las escuelas, liceos y universidades con computadoras para garantizar condiciones de aprendizaje iguales en cada institución educativa. Por otra parte, esta estrategia construye condiciones de posibilidad ciertas para el desembarco del modelo de educación virtual en casa que promueven las grandes corporaciones tecnológicas; defender la escuela presencial pasa por equipar adecuadamente con los equipos tecnológicos y la conectividad que demanda el presente.

La conexión a internet en las instituciones educativas es prácticamente inexistente. Eso no se corresponde a la estrategia de dotación directa de computadores para fines escolares.

A pesar de contar el país con satélites y acuerdos estratégicos con China al respecto, no se ha construido una arquitectura de nube digital educativa propia, ni plataformas virtuales autónomas para la educación, mucho menos repositorios digitales en formato de tercera y cuarta revolución industrial. Esto constituye una limitación estratégica en materia del derecho humano a la educación y un problema de seguridad de Estado.

Durante la pandemia de la COVID-19 se produjo una situación dramática. A pesar de la carencia de cifras oficiales confiables, es evidente para la población, los serios problemas que tuvieron (y tienen) los y las estudiantes de todos los niveles educativos para sostener el vínculo pedagógico desde marzo de 2020 hasta la fecha de presentación de este informe (junio 2021). A pesar de la entrega y mística del personal docente que hizo esfuerzos sobre humanos, incluso arriesgando su propia vida en un contexto de pandemia, un porcentaje importante de estudiantes quedaron “descolgados del sistema escolar”. Las políticas contingentes de “Universidad en casa”⁵ y “Cada familia una escuela” se fundamentaban en la virtualidad, la conexión a internet, aunque desarrollaron estrategias complementarias de limitado impacto (televisión, guías). El acceso a internet en el país es inestable, actualmente no alcanza al 60% de la población y no fue liberado de forma gratuita a pesar que el principal proveedor de este servicio es la estatal CANTV; frente en una situación de precariedad salarial y de fuertes limitaciones de la población, el internet debió ser liberado para estudiantes y docentes durante la pandemia del COVID-19, lo cual no ocurrió (ni ocurre). La mayoría de escuelas no poseen una computadora por estudiantes. Si el plan de dotación se hubiese hecho por aulas, se habría podido facilitar un computador pos estudiante en la contingencia. El impacto de esta situación lo veremos en los próximos años.

El gobierno durante la pandemia del COVID-19 dotó de dispositivos de computación al personal docente de la educación universitaria, a tiempo completo y dedicación exclusiva, lo cual es una iniciativa correcta. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los y las docentes de educación inicial, primaria y secundaria, ni con los estudiantes que no habían sido alcanzados por las dotaciones anteriores de computadores. No se dotó de computadores al personal contratado no fijo a tiempo convencional, así como al personal docente y estudiantes de las escuelas subvencionadas perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y las de Fe y Alegría. Este tratamiento desigual no ha sido explicado en su fundamentación como política pública, ni como orientación del Estado. El derecho a condiciones iguales de aprendizaje es para todos y todas por igual.

En aquellos estudiantes que no pudieron acceder al modelo de educación virtual en casa, se generó la auto percepción de excluidos del proceso educativo en formatos de innovación tecnológica. La escuela al retorno se presenta desigual, entre quienes disponen o no en casa de computadores y conexión a internet, pues lo que se anuncia es un modelo bimodal (presencialidad + virtualidad).

Esta situación mencionada puede generar abandono escolar de muchos niños, niñas y jóvenes por auto percepción de no poseer las condiciones mínimas para el retorno a clases. Es urgente avanzar en soluciones al respecto, que pasan por recuperar la capacidad igualadora de las condiciones de aprendizaje de la escuela pública.

No existe un mecanismo de diálogo permanente entre los ministerios de educación y las organizaciones de la sociedad civil en materia educativa. Al menos, las organizaciones que elaboraron este informe y las consultadas no han sido consultadas en momento alguno sobre la orientación estratégica de la educación venezolana

b. Consulta abierta a organizaciones sociales, estudiantes, gremios y sindicatos

De las instancias y actores socioeducativos participativos, relevantes, consultados para este Examen Periódico Universal, y, de los resultados de la encuesta abierta sobre la percepción de la Educación venezolana, se puntualiza lo siguiente:

En cuanto a la formación docente, el 68% de las y los encuestados, expresaron que, se encuentra desactualizados (as). Le atribuyen esta situación a la poca posibilidad de cubrir estudios de post-grados ante los bajos salarios mensuales que reciben, a la desinversión en ciencia y tecnología en las instituciones escolares y universitarias, el tener menor tiempo disponible dada la crisis económica nacional, que obliga a realizar dos o tres trabajos diferentes en día.

Gráfico N.1

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Los y las consultadas(os) consideran que ante la migración que se vive en Venezuela, existe un importante abandono de los puestos de trabajo por profesionales de la educación, lo que repercute negativamente en la atención profesionalizada a las y los estudiantes, desmejorando considerablemente su formación. No existen cifras oficiales, pero en el sondeo de más de un mil (1.000) escuelas estudiadas encontramos que, en cada una de ellas, por lo menos un(a) docente se ha retirado por razones de migración.

Otro elemento resaltante es despedagogización docente, al cual, el 67% de las y los educadores consultados, señalaron que se requiere una formación profesional, inicial y continua, que revalore la mirada pedagógica.

Gráfico N.2

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

El 64% de los y las consultadas manifestaron que, ante la pandemia de la COVID-19 y, la forma cómo se ha introducido la tecnología en las instituciones educativas (aún con las enormes brechas tecnológicas existentes), ello requiere una reconfiguración curricular adaptada a las nuevas necesidades del hecho educativo.

Gráfico N.3

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Señala el 68% de los y las consultadas(os) que se requiere repensar el pensamiento crítico en el actual contexto de aceleración de la innovación científica y tecnológica global y, ello pasa por actualizar tecnológicamente a las escuelas, liceos y universidades.

Gráfico N.4

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

En relación a la percepción de las y los estudiantes, el 63,5% de las y los encuestados expresan que, estudian en instituciones públicas (escuelas, liceos y universidades); pertenecen a familias en situación de pobreza. El bono denominado 100% Escolaridad otorgado a través de la plataforma Patria, se corresponde a Bs. 3.500.000 por estudiante (un poco más de 1 dólar norteamericano), considerándolo insuficiente.

Gráfico N.5

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Los y las estudiantes consultados(as) señalan que, si no se actualiza pedagógicamente a los y las docentes en las nuevas dinámicas educativas mediadas por la tecnología, puede generar una nueva problemática educativa, como el retraso en conocimiento.

De igual manera, el porcentaje indicado muestran preocupación por el desmejoramiento de las infraestructuras, la falta de dotación en los laboratorios para hacer ciencia y tecnología conlleva a comprar insumos de altos costos para avanzar en carreras que ameriten prácticas correspondientes.

Señalan que, tanto la carencia, de condiciones mínimas de bioseguridad (agua, insumos de limpieza) y la precariedad o inexistencia del transporte escolar y/o universitario, unido a la deficiencia y mal estado de los transportes público urbanos que les permita trasladarse sin cao a las instituciones educativas en caso de volver a la presencialidad, sin correr riesgos de contagio ante la COVID-19, crea una situación de incertidumbre que puede generar abandono escolar.

En relación a los problemas centrales que han afectado el Derecho Humano a la Educación en Venezuela durante el periodo 2017-2021, los gremios y sindicatos docentes consultados, en un 87,5% expresaron su rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el Estado en el Memorándum Circular 2792 del 11 de octubre del año 2018, emanada por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, con la que han quedado congeladas las negociaciones y convenciones colectivas de todos los sectores laborales en la administración pública. Igual rechazan el bloqueo y sanciones económicas.

Gráfico N.6

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Los sindicatos docentes consultados, consideran que el deterioro del salario del personal docente, administrativo y obrero de la educación, ha constituido un factor que impulsa a la migración para buscar fuera de las fronteras nacionales un salario que permita cubrir las necesidades básicas

Añaden los gremios y sindicatos de docentes, administrativos y obreros que la migración forzada por razones económicas ha traído como consecuencia renuncia a los puestos de trabajos, abandono de las escuelas por parte de los estudiantes, aumento del trabajo infantil y juvenil para sortear la condición de pobreza.

Por otra parte, agregan que se ha incrementado el número de reclamos y manifestaciones en la calle ante la violación constante y sostenida de las conquistas gremiales logradas incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, ejemplo de ello, la vulneración del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que, un salario, para ser considerado suficiente, debe permitir una vida con dignidad y la cobertura de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

Conclusiones

La situación del derecho a la educación en Venezuela ha sido seriamente afectado por la situación de crisis económica derivada del bloqueo, pero también por la limitada capacidad del gobierno de privilegiar los intereses de los y las trabajadoras de la educación en una situación tan compleja.

Es urgente construir espacios de diálogo entre todos los sectores del hecho educativo, para construir una ruta de solución a la actual solución, que tenga como lugar de enunciación los intereses del mundo del trabajo.

Recomendaciones

UNO: Impulsar la conformación de un Consejo Nacional de Educación (con ese u otro nombre) que agrupe a los dos ministerios de educación y las instancias institucionales que trabajan el sistema educativo, donde tengan representación permanente organizaciones de la sociedad civil, gremios y sindicatos docentes, así como intelectuales de la pedagogía en Venezuela. Esta instancia tendría la tarea de articular los dos subsistemas, construir consenso nacional en materia educativa y garantizar una mirada plural del hecho educativo.

DOS: Resolver de manera inmediata el tema salarial de los y las docentes. Los gremios vienen planteando un salario mínimo docente en la coyuntura de 300 dólares, aspiración que se puede concretar con una política redistributiva a favor del mundo del trabajo, impuestos a las grandes fortunas y ganancias y la dignificación social de la profesión docente.

TRES: Es urgente hacer transparente la información y datos del Estado en materia educativa. Esta transparencia y acceso público universal, debe ser en tiempo real, como una forma de impulsar la co-responsabilidad y la contraloría social previstas en la carta magna y la Ley Orgánica de Educación.

CUATRO: La redistribución del presupuesto y las finanzas públicas debe hacerse con una clara perspectiva social, garantizando que los sectores más vulnerables recuperen el poder adquisitivo de sus salarios e ingresos. El derecho a la educación es interdependiente de los restantes derechos humanos.

Fuentes

Cada Familia una Escuela: http://cadafamiliaunaescuela.fundabit.gob.ve/

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999:   https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_1006.pdf

https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/346850

https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/357104

Ley de Universidades publicada en Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario de fecha 8 de septiembre de 1970: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/10210.pdf

Ley Orgánica de Educación (G. O. Nº 5.929 de fecha 15 de agosto de 2009): https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_0452.pdf

Ley Orgánica de Educación de 2009 publicada en Gaceta Oficial Nº 5.929 Extraordinario del 15 de agosto de 2009  https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_0452.pdf

Memorando-Circular N° 2792 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, publicado en Gaceta Oficial N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, sobre lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo:  https://www.laizquierdadiario.com.ve/IMG/pdf/lineamiento_para_las_negociaciones_colectivas-2.pdf

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) Informe Educación Universitaria en Venezuela durante el COVID-19 e Inviabilidad del Plan “UNIVERSIDAD EN CASA”:  https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/01/Educacion-Universitaria-Vzla-y-covid19-def-26ene.pdf

Plan Universidad en Casa deja a la educación superior a su suerte: https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/346850

Por la inmediata reaparición de Carlos Lanz (recolección de firmas): https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/357104

Resultados de la abierta sobre la percepción de la Educación venezolana:   https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/382342

Índice de siglas

Descargue el Informe en formato ONU. Omite gráficos según recomendaciones de presentación. Disponible la versión pdf en UPRVenezuela_Joint contribution FOVEDE-CLADE