Justicia

Por: Sarah Babiker

Hace un año, cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, las trabajadoras agrícolas se hicieron visibles. Según el medio de comunicación que se leyese, los titulares versaban sobre lo esencial de estos trabajadores y denunciaban las malas condiciones en las que sobrevivían, o les acusaban —no siempre— soterradamente de ser el origen de brotes, causa de riesgo y de contagio.

Uno de los temas que abordaron los medios, cuando se acababa el confinamiento pero las fronteras seguían cerradas, fue el de las temporeras varadas en territorio español sin que nadie pareciera hacerse cargo de su regreso a casa. Muchas de esas temporeras que se quedaron retenidas más tiempo del proyectado, que trabajaron como nunca al ser menos —al llegar menos contingentes— que en temporadas anteriores, forman parte del grupo de 14.000 temporeras reclutadas mediante el régimen de contratación en origen que se espera este año. Su estancia, sin embargo, está siendo mucho más silenciosa que en las temporadas anteriores.

Angels Escrivá integra el colectivo feminista Mujeres24h. Especula que si este año se está hablando menos de las temporeras es para no agitar los ánimos: las personas migrantes que ya residen en la provincia o los propios autóctonos están necesitados de recursos y por tanto de trabajo. En los comentarios a las pocas noticias disponibles donde se habla de llegadas de una y otra fase de trabajadoras se adivina un clima social difícil. Esta profesora de la Universidad de Huelva que reside en un pueblo observa cómo muchos de sus vecinos están volviendo al campo. Por otro lado, las fincas donde residen estas mujeres están cerradas a cal y canto por la crisis sanitaria, así, las temporeras marroquíes se hallan más aisladas que nunca.

La pugna en la justicia que algunas de ellas iniciaron en 2018 no está dando sus frutos. Según comparte Aintzane Márquez, de Women’s Link, organización que representa a varias de estas mujeres, todo está paralizado y va muy lento. Sus defendidas, al denunciar acoso laboral y violencia sexual, asumieron el riesgo de no ser contratadas nunca más, y también la vergüenza ante sus familias. Suspendidas en un limbo, ya no se trata solo de saber si habrá sentencias favorables, los tiempos de la justicia no se adaptan a su realidad y, en cierto modo, ya están siendo castigadas.

Este año, a diferencia de los anteriores, nadie ha pedido asistencia a Women’s Link. “No se nos ha consultado, lo cual no significa que no haya habido ninguna denuncia en ningún caso. Al final, las organizaciones que están en terreno son las que tienen información directa de lo que está ocurriendo ahí y creo que hay que abrir los espacios para que esas mujeres tengan acceso, para que las mujeres puedan informarlas. Que accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”.

“Es importante que las mujeres accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”

Jornaleras en Lucha es una de estas organizaciones independientes en terreno. Es desde ahí que han contribuido a visibilizar la situación de las jornaleras del campo, no solamente las marroquíes, también las migrantes que ya residen en Huelva, así como las locales, todas ellas explotadas de distintas maneras por un campo que paga barato el trabajo esencial. La integrante de Jornaleras en Lucha, Ana Pinto, constata que aún estando encerradas en las fincas, han sido contactadas por algunas de estas mujeres marroquíes con diversas problemáticas que están tratando de resolver. Pero también insiste en poner el foco no solo en estas temporeras, sino también en tantas mujeres, sin papeles, que malviven en los poblados y que no están en una situación mejor.

Para Escrivá la invisibilidad vuelve porque, después de todo, se asume que las condiciones de trabajo para las personas migrantes son peores, ¿si no para qué les contrarían? Por eso la realidad de las temporeras marroquíes saltó a los medios cuando fueron abusos sexuales los denunciados. Con las denuncias sin resolver, lo único que ha quedado en evidencia es que la vulnerabilidad de estas mujeres es muy consistente. “Hay que revisar muchas cosas, y una de ellas es que aquellas trabajadoras que denuncien no puedan venir otro año porque nadie las llama. Cómo van a denunciar si saben que las consecuencias son que el año que viene no vienen”, apunta Márquez que insiste en que es responsabilidad del Estado y las empresas informar, prevenir y proteger “y que no recaiga el peso en las propias temporeras”. Herramientas para denunciar y un sistema que fiscalice, serían requisitos irresponsables, reflexiona esta abogada.

Para Márquez, el compromiso de un feminismo interseccional encarnado en colectivos como Jornaleras en Lucha, o de abogadas como Pastora Filigrana ha supuesto una baza central para avanzar en los derechos de estas trabajadoras, lo que no se mueve es la justicia “patriarcal”. “El acceso de las mujeres a la justicia en general es difícil, y cuando al hecho de ser mujeres le sumas ser migrante o racializada, o estar en una situación socioeconómica precaria, se complica aún más. El caso de las temporeras es un ejemplo clarísimo”.

La vulnerabilidad del contrato en origen, no solo les expone al abuso laboral, a las malas condiciones habitacionales, o incluso al acoso sexual. Redunda en su salud y por tanto en su vida. “En agosto visitamos a algunas de las temporeras que se habían quedado a raíz de problemas de salud”, narra Escrivá, había un caso grave, una mujer a la que habían detectado un cáncer de mama de forma tardía. Según les hizo saber Jornaleras en Lucha la mujer se había detectado un bulto en marzo y hasta después de confinamiento no pudo ser diagnosticada. Desde la empresa la animaron a volver a Marruecos. En agosto, cuando finalmente empezaba el operativo de retorno, la mujer fue a hacerse la PCR reglamentaria, y allí sanitarios valoraron su Estado —la metástasis le había afectado los huesos— y decidieron que no podía viajar. Murió en noviembre. Mujeres 24h denuncia “el abandono sanitario al que están sometidas estas mujeres, que no tienen cartilla sanitaria a pesar de ser repetidoras”, mujeres que además no cuentan con los medios para desplazarse a centros de salud o a urgencias y que además tienen dificultades para hacerse entender por el personal sanitario.

El discurso de la esencialidad que saltara a los medios en los momentos álgidos del confinamiento es un eco lejano. Tampoco la demanda de regularización que un potente movimiento migrante puso sobre la mesa consiguió su propósito. “No puede ser que quien es más imprescindible sea quien peores condiciones de vida tenga, esto es una barbaridad”, se rebela Pinto. Para esta activista el problema es que interesa tener “un ejercito de personas a las que poder explotar fácilmente”. Pinto piensa que es necesario hacer un trabajo de pedagogía con la clase obrera local para explicarles que la regularización de las compañeras y compañeros migrantes también les beneficiaría.

El lugar de las feminismos

Las denuncias de violencia sexual de las temporeras salieron a al luz en pleno momento de apogeo de los feminismos. Si bien se acusó a las feministas de estar lejos de esas luchas, también hubo muchas movilizaciones de apoyo a estas mujeres. En 2021 los debates en torno a los feminismos van por otros derroteros. “Siento que se está perdiendo el tiempo, desde el mismo movimiento feminista y desde muchos lugares, también partidos políticos y demás, se está perdiendo el tiempo en cosas como son las polémicas, y los debates en torno de las compañeras trans, o las compañeras prostitutas”, lamenta Pinto.

A la activista le preocupa la fragmentación de luchas y apunta a que el feminismo tiene que centrar su mirada en las mujeres que más apoyo necesitan: “no podemos continuar hablando de feminismo, de progresismo y de avances si ni siquiera estamos hablando que aquí hay sectores de trabajo que están súper feminizados, que la mayoría de ellas son migrantes y que están viviendo unas vidas que son de auténtica barbaridad”.

Escrivá no cree que haya bajado la sensibilidad sobre el tema, y considera que persiste la solidaridad. Cuenta cómo el 8 de marzo se hicieron corrillos de comadres —ya que manifestarse no podían—  y hablaron entre otras cosas sobre por qué “no se está hablando tanto del feminismo o de las vulneraciones de los derechos de las mujeres ahora. Me recuerda mucho a la crisis anterior, en el sentido que cuando parece que hay otras preocupaciones estos temas, la situación de las mujeres, pasan a ser secundarios”, considera.

Tímidos avances

En el lado positivo de la balanza, desde Women’s Link ven algunos cambios tanto en el sistema en general, como en el papel en particular de las empresas. Pero matiza Márquez: “Creo que no sirven solo el cambio sobre el papel, sino que tiene que haber un control de que efectivamente lo que viene en el papel se está cumpliendo”. A este respecto aclara que aún hay algunos casos abiertos y que han participado en una investigación para una relatoría de las Naciones Unidas, “tanto el Estado como las empresas han contestado”, concede.

“El día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos”

Pinto piensa que a este paso, antes o después, serán las personas migrantes quienes tomen la iniciativa. “Van a ser los que tomen finalmente las riendas y van a parar. Y el día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, ese va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos, y esas personas no pueden estar aquí trabajando como un ejército de reserva para hacer los trabajos más fundamentales y a la vez más precarizados”. Ellas de momento están a la espera de que las inspección de trabajo responda a las más de 20 denuncias que pusieron el año pasado.

En el horizonte tienen una reunión con el ministerio de Igualdad, y planean reunirse también con el de Trabajo y el de Agricultura. Quieren así trasladar el pulso a las instituciones para que estas legislen: “Son quienes tienen el poder de cambiar todo esto en base a leyes, no nos queda otra para empezar. Por eso es un paso que un ministerio nos quiera escuchar”.

Una cuestión europea

De momento, donde se les ha escuchado a las Jornaleras en Lucha ha sido en el Parlamento Europeo. Allí fueron invitadas el pasado 8M por el grupo GUE/NGL que aglutina a las izquierdas alternativas. “Fue un gran altavoz. Nos dijeron también que iban a trabajar con nosotras. Al menos no han dicho ‘ahí os quedáis y apañaros como podáis”, al menos se ve un compromiso y que nos tienen en cuenta como un proyecto político y sindicalista”.

Para Pinto, la falta de alternativas de trabajo empuja a la gente a aguantar su situación para no poner en juego su último sustento. “Las compas que vienen de los pueblos, y toda la que va llegando a trabajar, no está conforme con lo que hay pero se tiene que aguantar porque no tienen otra cosa. Es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que hay que cambiar, y es que nos han hecho dependientes de este modelo de agricultura, un modelo de agricultura intensiva que además arrasa con todo, no solo con los derechos de la gente”.

También desde una perspectiva europea la organización italiana Terra presentó recientemente su trabajo, Il Caporalato, una questione meridionales. Italia, Spagna, Grecia. “El hecho de que al final, para que este modelo productivo se sostenga gran parte del peso recae en el eslabón más débil, las y los trabajadores, es algo que es común a los tres países. Queríamos poner en evidencia que esta cuestión de la explotación de los trabajadores en la agricultura se tiene que abordar a nivel europeo”, reflexiona Mariangela Paone, la autora del capítulo dedicado a España.

Y cuando la activista italiana habla de nivel europeo, se refiere también a una fiscalización en esa escala: “un organismo de coordinación, porque hay empresas que contratan de un país a otro, como las ETT transnacionales, y también porque las dinámicas de explotación son parecidas”. Paone habla del trabajo gris, que es como se llama en Italia al hecho de que el trabajador tenga menos jornada laboral declarada de la que realmente trabaja. Así se aparenta legalidad ante una inspección de trabajo. Este tipo de explotación no es exclusivo de aquel país.

“El hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa”

Trabajadores en gris, en negro, temporales, bajo el régimen del “caporalato”, para Terra! ha sido positivo que durante la pandemia aflorase todo ese trabajo, “el hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa, que evidentemente deja a estas personas desprotegidas ante cualquier chantaje que puedan sufrir de cara a los productores”. Recuerda también que la debilidad se correlaciona —aunque no se justifica— con la de muchos productores para quienes es complicado seguir adelante dado el estrangulamiento de precios. En todo caso, el reconocimiento a trabajos esenciales, no ha durado mucho tiempo.

Esa es la impresión también de Fabio Ciconte, director de Terra, quien describe la política actual italiana como algo muy lejano a estos debates, después de que el país optara por un limitado proceso de regularización. “Gracias a la interpelación de entidades como Terra ha habido un debate político en el gobierno muy fuerte sobre esto. La regularización se hizo. El decreto ley se aprobó, el problema, desde nuestro punto de vista, es que esta regularización ha tenido límites”.

Se podían beneficiar solo trabajadoras y trabajadores de los cuidados y personal agrícola, pero los trámites eran complejos, más para los temporeros: “En lo positivo, 220.000 personas han pedido ser regularizadas, pero la mayor parte, entre el 80 y el 85% proceden del sector cuidados, pues para ellos era más fácil reunir la documentación”, explica el director de Terra. Y aunque celebra que unas cuantas personas hayan podido regularizar su situación, le hubiese gustado que hubiera más valentía política para construir cambios más sustanciosos. En plena crisis económica, con el discurso anti inmigración tan asentado y las trabajadores y trabajadoras invisibilizados de nuevo. La valentía política es un activo que se echa en falta por quienes quieren acabar con la explotación agrícola, sean inmigrantes legales o ilegales, nativos o contratados en origen. Para tener más opciones que aceptar lo que venga.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/temporeras-marroquis-siempre-esenciales-de-nuevo-invisibles/