Ley de Educación Superior

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Education Department Letter Highlights Effort to Help Americans Pursue Higher Ed During Pandemic

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Education Department Letter Highlights Effort to Help Americans Pursue Higher Ed During Pandemic

Following up on President Biden’s Executive Order last week directing all federal agencies to address the current economic crisis resulting from the pandemic, the U.S. Department of Education today announced a special effort to help Americans pursue higher education.

As part of its ongoing response to that order, the department released a letter reminding student financial aid administrators of their ability to make it easier for those who are unemployed or have received unemployment assistance to get federal aid for postsecondary education.

For instance, the letter reminds aid administrators that they have authority under the Higher Education Act to engage in «professional judgment» — a process that allows them to adjust factors that play into a student’s eligibility for federal financial aid, such as their income.

The letter informs administrators that at all times — but especially during the national pandemic — they may set income from work to zero for a student or parent who received unemployment benefits. This, in turn, may make applicants eligible for a Pell Grant or possibly a larger loan award.

«Easing the economic burden on working people is critical in helping America recover from the ongoing pandemic and its effects. Under the President’s leadership, we are working to help families who have lost jobs to get financial support to pursue higher education,» the department stated.

For more information on student financial aid, please see the department’s webpage, studentaid.ed.gov.  The site contains extensive information on how students can apply for aid to pursue higher education.

Fuente de la Información: https://www.ed.gov/news/press-releases/education-department-letter-highlights-effort-help-americans-pursue-higher-ed-during-pandemic

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RACISMO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA: LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO ASEGURA DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Daniel Mato

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita*.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la IES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

*Leer el Informe de referencia preparado para el Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción – Etnicidad y Educación en Argentina – Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina.

Leer la nota original en Revista Movimiento.

Foto cortesía de Nodal.

Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del Valle, ENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/11/27/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional/#:~:text=En%20el%20sistema%20de%20educaci%C3%B3n%20superior%20argentino%2C%20el,se%20expresa%20de%20diversas%20formas.&text=No%20obstante%2C%20a%20diferencia%20de,decir%2C%20no%20asegura%20estos%20derechos.

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Racismo y educación superior en Argentina: la Ley de Educación Superior no asegura derechos establecidos en la Constitución Nacional

Daniel Mato

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

 

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la LES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

 Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del Valle, ENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

 Daniel Mato es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Fuente: https://www.nodal.am/2020/11/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional-por-daniel-mato/

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Educación superior: ¿presiones para el retorno al pasado?

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Educación superior: ¿presiones para el retorno al pasado?

Ecuador, lunes,  3 de Febrero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

En 2006 se publicó el libro Asociación de Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 30 Años: 1976-2006. Hay varios artículos relativos a la educación y particularmente sobre la realidad universitaria del país. Incluye un artículo mío titulado “La universidad ecuatoriana: entre el profesionalismo y el mercado” que también lo publiqué en el Boletín del THE (https://bit.ly/2ROBML9).

En mi texto contrastaba dos momentos: las décadas de 1960 y 1970 caracterizadas por la masificación y politización de las universidades, el activismo estudiantil, el ataque a las universidades públicas por su “izquierdismo”, las limitaciones en recursos; y las décadas de 1980 y 1990, cuando las preocupaciones cambiaron, por la proliferación de universidades: a fines de los 70 había 15 universidades estatales, 4 privadas y solo 1 internacional, mientras en 2005 existían 66 universidades, de las cuales 40 eran privadas. Por cierto, varias de las universidades fueron aprobadas por congresos a los que no importó la violación a la misma Ley de Educación Superior.

La masificación se agudizó en 1969, cuando fueron abolidos los exámenes de ingreso para las universidades, a consecuencia de las activas movilizaciones de los bachilleres en las calles, en las que murieron varios jóvenes, por la represión en Guayaquil. De acuerdo con distintos estudios de la época, esa supresión contribuyó al deterioro de la calidad académica de las universidades públicas. La politización y el izquierdismo, si bien convirtieron a las universidades en antenas sociales del país, igualmente afectaron la rigurosidad en los estudios.

Sin embargo, la proliferación de universidades privadas tampoco solucionó el mejoramiento académico. Las universidades de “garaje” resultaron peores para la formación de profesionales; el título pasó a ser una mercancía, al compás del modelo neoliberal-empresarial que se afirmó en Ecuador durante las mismas décadas finales del siglo XX.

Con la primera Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y la creación del CONUEP en 1982, (CONESUP desde 2000), se dio un paso de enorme importancia para la organización, funcionamiento y supervisión de las universidades, así como para la promoción de las investigaciones académicas. Pero ese paso fue estrangulado por la economía neoliberal-empresarial. A tal punto se readecuaron los estudios universitarios con orientación al mercado, que en pregrado, las carreras de administración y comercio llegaron a representar el 26.14% del total y en postgrado el 26.21%.

Con la nueva Constitución de 2008, otra Ley de Educación Superior y la creación de la SENESCYT, se avanzó como nunca antes. Fueron cerradas casi una veintena de universidades de “garaje”, se implementó el sistema de acreditación y seguimiento a las universidades, se potenció la investigación y la producción científica, fue reforzado el criterio de titulaciones de cuarto nivel, se trazó una línea futura de lo que debía ser la educación superior. También hubo serios límites, sobre todo en cuanto a la burocratización del trabajo docente y varios dogmatismos sobre la calidad universitaria y la supervisión. Sin embargo, la idea de potenciar universidades con altos niveles académicos e investigativos también respondió a las reorientaciones económicas y políticas del país, que dejaron atrás los conceptos neoliberales.

Desde 2017, con el retorno del modelo neoliberal-empresarial, la visión sobre la educación superior se modificó. También revivieron los intereses universitarios privados, en tanto se recortan o descuidan las inversiones estatales, se cuestionan las herencias de la educación durante la década pasada por el simple apuntalamiento de la “descorreización”, e incluso aparecen posiciones políticas que pretenden la desaparición de la Senescyt y el retorno al libre ingreso a las universidades. Sería un retroceso a la época anterior a la fundación del CONUEP.

Confabulan para ello, la ausencia de visiones estructurales sobre el futuro de la educación en primaria y secundaria, y la carencia de perspectivas sobre cómo orientarlas para que la educación superior no sea presionada en contra de las exigencias académicas, que son las que deben prevalecer. Tampoco hay sentido para ofrecer otras alternativas, con decidida intervención del Estado, para invertir en instituciones y carreras que potencien tecnicaturas y profesiones medias. El revivido neoliberalismo nuevamente solo exige el recorte del “gasto” público, que provoca, inevitablemente, el recorte de recursos para la educación.

Autor: Juan J. Paz y Miño C

 

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/educacion-superior-presiones-retorno-al-pasado/

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China: Proponen revisión de la ley para fortalecer educación superior

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Asía/China/25 Octubre 2019/Spanish.xinhuanet

Un equipo de inspección del máximo órgano legislativo de China ha sugerido revisar la Ley de Educación Superior, para promover el desarrollo del sector.

La Ley de Educación Superior ha estado en vigor por casi 20 años, y algunas disposiciones han quedado obsoletas y deben ser revisadas, dijo el equipo de inspección en un informe presentado ante la sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), que por estos días se celebra en Beijing.

El Comité Permanente de la APN llevó a cabo la inspección sobre la aplicación de la ley entre junio y septiembre, la primera desde su promulgación, en 1998.

En respuesta a las nuevas condiciones y demandas para desarrollar la educación superior, el informe sugiere incorporar a la ley la experiencia y la innovación institucional logradas en la reforma y el desarrollo de la educación superior en los últimos años.

De acuerdo con el documento, se deben perfeccionar las leyes y regulaciones relacionadas, incluidas la ley de educación, la ley de educación vocacional, la ley de maestros, así como la regulación de los títulos académicos.

La actual sesión del Comité Permanente de la APN concluirá el 26 de octubre.

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/22/c_138493893.htm

Imgen: https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/01F0/production/_98269400_chinabandera.jpg

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Estados Unidos: 4 Higher Education Bills That Impact Young People

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Por: www.teenvogue.com/12-06-2019

Students are taking on “insurmountable debt with high interest rates.»

The price of college is too damn high.

In fact, the price of higher education today is so astronomically outrageous that it would take an incoming freshman nearly 20 years to pay off a bachelor’s degree — and even longer if they pursued a masters or a Ph.D., according to one study.

Year over year, the cost of higher education continues to rise, with the current average cost of a four-year university reaching over $104,000. By comparison, a degree in 1989 cost around $26,000 ($53,000, if you adjust for inflation). Meanwhile, wages have stayed relatively stagnant, meaning the cost of higher education requires an increasing amount of students to take out student loans to cover tuition, housing, and general costs of living. To date, the student-loan debt in the United States is $1.53 trillion among an estimated 44.7 million people.

“Repaying student loans is by far one of the most oppressive obstacles young Americans face in our country today,” Ally Bernstein, a student debt lobbyist for the Association of Young Americans (AYA), tells Teen Vogue.

“Fortunately, despite the many issues Democrats and Republicans don’t see eye to eye about, there is one thing on which our elected officials do agree: Something must be done about the high cost of college and [student debt],” she says.

AYA, who Berstein lobbies for, is a nonpartisan membership organization that focuses on giving young people a voice in political decisions and increasing youth political engagement.

According to Bernstein, more students are taking on “insurmountable debt with high interest rates” in an effort to secure a college degree, thus leaving them unable to save for retirement, invest in home ownership, pay for quality health care, or qualify for an apartment without a guarantor. The debt, she emphasizes, delays major life events like marriage and starting a family.

With a commitment to tackling the student-debt crisis, Bernstein says the ideological differences regarding affordability and whether or not policies should “cut, boost, or consolidate federal grants and loan programs” are one reason Congress has yet to act on a solution

Bernstein notes that while legislation that would make college more affordable and alleviate student debt has not yet been introduced this session, both the House and the Senate are working on rewrites of the Higher Education Opportunity Act.

In the meantime, Bernstein recommends that young people pay attention to the stand-alone higher-education bills entering Congress this year. Many, she notes, address specific issues regarding affordable education and debt relief.

1. College Transparency Act

A bipartisan bill that was introduced in both chambers of Congress by Senator Bill Cassidy (R-LA) and Senator Elizabeth Warren (D-MA) on March 14, 2019, the CTA legislation would establish a postsecondary student data system to provide better data and information about college patterns, post-collegiate outcomes, higher-education costs, and financial aid. The idea of transparency would allow for institutional improvement and a detailed analysis of Federal aid programs. The bill currently has bipartisan support, with 19 cosponsors in the Senate.

“If passed, the legislation would overturn a ban on a federal data system to track employment and graduation outcomes of college students,” Bernstein explains, referencing a federal data system ban implemented in 2008 with the reauthorization of the Higher Education Opportunity Act, which meant colleges had to report data only at an institutional level, not providing more-targeted evaluations.

“The CTA would ensure accurate reporting on student outcomes such as enrollment, completion, and post-college success across colleges and majors. In order to protect student privacy, the bill bans the sale of the data, prohibits access by law enforcement, and limits the use of personally identifiable information.”

Fuente de la Información: https://www.teenvogue.com/story/4-higher-education-bills-that-impact-young-peoplehttps://www.teenvogue.com/story/4-higher-education-bills-that-impact-young-people

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Chile: Gratuidad y educación parvularia es lo que se espera de la cuenta pública

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Redacción: Diario El Centro

Desde las instituciones de educación superior sigue siendo motivo de inquietud la aplicación de la Ley de Educación Superior.

En materia legislativa y en mediciones de calidad de la educación han sido meses polémicos para el gobierno, por lo cual, cuando esta noche el Presidente, Sebastián Piñera, entregue su cuenta pública ante el Congreso en pleno, se esperan importantes anuncios en educción superior y a nivel parvulario.

Entre los acontecimientos más recientes a nivel educacional figuran los negativos resultados para la región en prueba Simce, donde solo un liceo público logró superar los 300 puntos, lo cual contrasta con los resultados de colegios privados que, incluso, alcanzaron el máximo de 400 puntos.

Al respecto, el diputado por el Maule, Hugo Rey, quien integra la Comisión de Educación de la Cámara Baja, sostuvo que los datos que arrojó dicha prueba no son sorpresivos.
“La educación en Chile -aseveró- no ha tenido una gran mejora y, en lo particular, pienso que, más allá de recursos, es un tema de cómo se está enfrentando el día a día en clase, porque el profesor y el apoyo que se le dé es clave. Creo que ahí ha faltado bastante”, sostuvo.

 

UNIVERSITARIOS V/S PÁRVULOS

El parlamentario reconoce los problemas manifestados por las casas de estudios superiores con la aplicación de la Ley de Educación Superior, específicamente, por el financiamiento de la gratuidad para estudiantes que se retrasen en culminar sus carreras. Según dijo, la educación inicial es el punto de partida para obtener mejores resultados a futuro.

“No hay que abandonar las universidades ni a los estudiantes. Por el contrario, tenemos que evaluar las mallas curriculares, la duración de las carreras, los costos, el endeudamiento de muchos jóvenes, la calidad de la educación y la formación docente universitaria. Hay muchas cosas que se tienen que seguir profundizando en la educación superior. Pero, sin lugar a dudas, lo fundamental es la educación inicial, porque es ahí donde se marcan las diferencias y donde tenemos el ‘cuello de botella\’ en Chile para tener educación de calidad”, afirmó.

 

REGLAS DEL JUEGO
El debate generado durante el gobierno pasado respecto a la educación superior y el rol de las universidades, tal como lo expuso el rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, afectó el crecimiento de las casas de estudio.
“Tenemos hoy una ley dictada sobre educación superior que, a pesar de ello, ya escuchamos personas que solicitan su modificación, porque su implementación es difícil. Por lo menos, la Universidad Autónoma lo que espera y ansía es estabilidad, reglas del juego claras y estables en el tiempo, que nos permitan seguir consolidando el proyecto académico y, de esa manera, aportar al desarrollo nacional, regional y local”, afirmó.

 

“PROBLEMAS GRAVES”
Por su parte, el rector de la Universidad Católica del Maule (UCM), Diego Durán, sostuvo que es tiempo de que el gobierno atienda el llamado de las instituciones adscritas a gratuidad.

“Me encantaría ver cómo terminan de asumir los graves problemas de la Ley de Educación Superior y que asuman el compromiso concreto de enmendar esa situación, aun cuando no se haya discutido y aprobado esa ley en su gobierno”, indicó.

En términos generales, el rector de la UCM espera de la cuenta pública presidencial un desglose ajustado a la realidad.

“Más que señales de nuevos proyectos o ideas, me gustaría escuchar el cómo se hará frente a los problemas graves que vive el país en relación al sistema educacional, su estancamiento o la violencia que radica en ella”, añadió.

Fuente: http://www.diarioelcentro.cl/noticias/cronica/gratuidad-y-educacion-parvularia-es-lo-que-se-espera-de-la-cuenta-publica

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