Ley Educativa

Fernando Ruiz Ruiz

Un aumento de la inversión educativa en escuelas ubicadas en contextos marginados de nuestro país podría producir rápidas mejoras sustanciales. Así lo señaló Andreas Schleicher, Director de Educación y Asesor sobre Políticas Educativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al analizar los resultados educativos obtenidos por México en las evaluaciones del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la evidencia indica que dichas inversiones tienden a reducir paulatinamente su impacto en las escuelas si no se toman medidas permanentes para asegura la formación adecuada de docentes.

Esto plantea la necesidad de pensar en la creación de un sistema institucional de apoyo a maestros y escuelas que no sólo impulse la actual reforma educativa sino que le dé sostenibilidad a los cambios futuros. La reforma constitucional de 2013 modificó sustancialmente las reglas que rigieron durante décadas las prácticas pedagógicas y laborales del magisterio; ahora es necesario acompañarla con una modificación de aquellas que regulan a las burocracias educativas a fin de asegurar que tengan como misión central el apoyo a maestros y escuelas y que su desempeño esté vinculado a los resultados educativos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 2015 en varios momentos ha planteado la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma administrativa, pero dicha iniciativa ha carecido de conducción política y claridad de rumbo. Discursivamente se le ha asociado con la eficiencia y transparencia, con el ejercicio del gasto, con el modelo educativo y con aquellas funciones que los estados no realizan.

Asimismo, ubican su realización dentro de una gama amplia y disímbola de acciones que van desde la modificación de su Reglamento Interior, la flexibilización del calendario escolar, la reordenación de las plazas presupuestales, la suspensión de pagos a comisionados sindicales o el regreso de los mismos a las aulas, la creación e implementación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) o las medidas enmarcadas dentro de la Estrategia Escuela al Centro y el nuevo modelo educativo.

En 2015, la refundación y reorganización del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) rompió la atrofia organizacional de esta instancia y abrió la oportunidad para la instauración de nuevas prácticas administrativas alejadas del control político de la Sección 22.

Este debe servir como ejemplo de lo importante que es el tema y de que sí se puede romper con la inercia burocrática. Sin embargo al igual que en la SEP, la gran mayoría de las entidades federativas poco han hecho para modificar las viejas prácticas burocráticas que, en simbiosis con las malas prácticas sindicales, han producido el desastre educativo actual.

Las iniciativas que en el pasado reciente se han impulsado, tales como la gestión de calidad y la gestión y supervisión regionalizada, han tenido poco impacto o de plano naufragado debido a la falta de vigor político y continuidad en su impulso, su desarticulación y las reglas que permitían la injerencia y el veto sindical. Ahora, el nuevo marco normativo puede ser un factor que facilite una política ambiciosa de transformación institucional.

Dentro de la amplia gama de acciones que supone la reforma institucional, es prioritario crear, reorientar y fortalecer los sistemas de apoyo a los docentes, el factor clave para hacer realidad los aprendizajes en el aula. Sin proponérselo el nuevo marco normativo suma nuevas instituciones y responsabilidades a las anteriores dispersando la atención a los docentes. La formación inicial de docentes está a cargo de varios cientos de normales e instituciones de educación superior, reguladas y supervisadas por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); el ingreso, promoción y separación del cargo de los docentes a cargo de las secretarias estatales pero bajo regulación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); la adscripción de los docentes la lleva a cabo las autoridades educativas estatales; su desarrollo profesional sujeto a directrices nacionales de la SEP y la CNSPD, pero operada por frágiles esquemas estatales; la supervisión y control de asistencia a cargo de los supervisores y la creación y operación de programas educativos, que implican incentivos a docentes, es operada por la Subsecretaría de Educación Básica federal. La negociación salarial anual la lleva a cabo la SHCP y la SEP; la supervisión y aplicación de las afectaciones a la nómina la realiza la Oficialía Mayor de la SEP; la dispersión del salario docente a cargo de la Tesorería de la Federación y las autoridades estatales educativas y de finanzas.

Semejante jungla burocrática plantea el reto de transitar de las anquilosadas y desarticuladas unidades administrativas actuales hacia nuevos arreglos organizativos ágiles, eficaces y con capacidad de respuesta para conducir los trayectos formativos y profesionales de cada docente.

No existe una receta única. Cada entidad federativa, y la SEP en primer lugar, deberán emprender su transformación de acuerdo con su contexto. Pero sin duda es preciso que ésta se lleve a cabo de cara a la ciudadanía y con una estrategia lo suficientemente clara y coherente para facilitar y aprovechar la participación social. Sin una comunicación veraz y creíble acerca de los beneficios de los cambios, será difícil remontar la oposición que dichos cambios generan.

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