Fracasa en Uruguay la embestida evangélica contra la ley trans

América del Sur/ Uruguay/ 09.08.2019/ Fuente: www.sentidog.com.

Fracasó en Uruguay una consulta popular que buscaba derogar la ley de personas trans. La iniciativa era impulsada por sectores evangelistas vinculados al Partido Nacional. El porcentaje de gente que se acercó a votar este domingo 4 de agosto no superó el 8%.

El prereferéndum que debía conducir a la derogación de la ley de derechos trans en Uruguay se saldó con un rotundo fracaso. La iniciativa apenas llegó al 10% del padrón electoral, lejos del 25% necesario para que consulta sea aceptada. Nueve de cada diez uruguayos optó por quedarse en casa, mostrando la limitada capacidad de movilización de las iglesias evangélicas y los sectores conservadores, que han convertido este texto legal —aprobado en octubre pasado— en su principal caballo de batalla.

La votación del domingo dejó también una lectura territorial importante: solo en el departamento de Rivera, fronterizo con Brasil, se alcanzó el 25% de los votos, lo que pone de relieve la creciente influencia de las iglesias pentecostales venidas del país vecino. En el muy conservador departamento de Salto (norte), la votación fue también superior a la media —con un 16%— según las primeras cifras.

Más de 2,6 millones de personas estaban llamadas a las urnas en 3.676 circuitos oficiales. Pero, según datos primarios de la Corte Electoral, únicamente votó el 9,90% del padrón, casi 270.000 personas.

La Iglesia católica uruguaya, las organizaciones sociales y la mayoría de los partidos políticos se habían desmarcado de la propuesta de referéndum, surgida desde las filas del Partido Nacional (PN, derecha), ya que dos de sus miembros, el diputado Alvaro Dastungue (ligado a la iglesia Misión y Vida) y el exdiputado Carlos Iafigliola eran los principales organizadores. Pero el candidato presidencial del PN, Luis Lacalle Pou, se había alejado de la iniciativa y el domingo ni siquiera acudió a votar.

El único político destacado que sí participó fue el militar Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército y hoy candidato. Manini Ríos expresó que su partido, llamado Cabildo Abierto, “no está de acuerdo con la ideología de género que a toda costa se quiere imponer a nuestra sociedad”.

Una minoría vulnerable

La Ley Integral para Personas Trans reconoce y atribuye beneficios a un colectivo de unas 1.000 personas en Uruguay, según el censo oficial, que forman uno de los grupos más vulnerables en el país sudamericano. Se les facilita el acceso a los servicios médicos, se les reserva un 1% de los empleos públicos y se le atribuye una pensión mensual de unos 350 dólares a un grupo de unas 60 personas que sufrieron torturas y cárcel injustificada durante la dictadura militar (1973-1985).

El capítulo más polémico de la normativa, que salió adelante gracias a los votos del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), tiene que ver con la hormonización de los menores de edad: la ley incluye el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes a la hora de decidir sobre su sexo, lo cual, potencialmente, podría permitir que recibieran tratamientos hormonales previo autorización judicial, pero sin consentimiento de sus padres.

La Iglesia y la oposición conservadora rechazaron esa parte del texto, pero se mostraron favorables a darle protección al colectivo. Con una esperanza de vida que ronda los 35 años, cuando la media nacional es de 77, los trans (travestis, transexuales y transgénero) de Uruguay registran los perores indicadores de marginalidad en términos de salud, educación y empleo. La cuarta parte de ellos abandonó su domicilio antes de cumplir la mayoría de edad, tras haber sido rechazado por su familia. El 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Los organizadores del referéndum consideran que la ley establece una “visión ideológica de la sexualidad”, ya que en su texto afirma que “se nos asigna un sexo al nacer como si fuera una cuestión convencional cuando todos sabemos que es una cuestión de biología de naturaleza humana”. Por otro lado, se critican las medidas de discriminación positiva como injustas para el resto de las poblaciones vulnerables del país.

A pesar del mal resultado, Iafigliola ha asegurado que la convocatoria fue un éxito porque puso el tema en el debate público. Sus partidarios aseguran que seguirán buscando la derogación por vía parlamentaria.

La legislación uruguaya habilita un mecanismo de referéndum por el cual la ciudadanía puede expresarse sobre una ley. Este camino, exigente en términos de etapas y de alcance de participación, fue clave para el retorno de la democracia en 1985 y ha marcado la agenda política. Así, una masiva participación frenó una ley de privatización de empresas públicas en 1992 o concedió el monopolio de la gestión del agua al Estado en 2004. También fracasó la derogación de la ley de Caducidad que cubrió los crímenes de la dictadura y la autorización del voto a los extranjeros, entre otros.

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Susana Gisbert: «Toda educación que diferencia entre niños y niñas choca frontalmente con la Constitución

Por Loreto Ochando

Susana Gisbert es fiscal especializada en Violencia Sobre la Mujer. Entró en la sección hace más de diez años cuando se aprobó la Ley Integral y, por consiguiente, la creación de los juzgados especializados. Gisbert es fiscal, madre, escritora, portavoz de la Fiscalía Provincial, feminista y una tuitera empedernida. Utiliza las redes sociales para luchar contra la violencia contra la mujer y en pro de la igualdad lanzando cada día diversos tuits sobre estas materias. Valencia Plaza ha querido entrevistarla para saber qué opina de una lacra que casi ha superado en muertes al terrorismo de ETA.

-¿Qué opina del Decreto Ley del 3 de agosto sobre violencia de género?

-La verdad es que le he dado muchas vueltas y me ha suscitado muchas cuestiones. En cuanto al fondo, me parece adecuado y da un empuje que era necesario para el casi paralizado pacto de estado contra la violencia de género. En cuanto a la forma, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, la fórmula del Decreto Ley puede resultar excesivamente forzada. La interpretación del concepto de «extraordinaria y urgente necesidad» puede plantear dudas –aunque es una fórmula ampliamente utilizada sin ninguna reserva en las legislaturas anteriores-. Asimismo, puede plantear dudas la regulación por medio de Decreto Ley de una materia que afecta a la paternidad y filiación, reservada a ley ordinaria. Quizá hubiera sido deseable emplear otra fórmula jurídica que diera lugar al debate parlamentario, pero, lamentablemente, es difícil que en la situación actual se dé el ambiente de consenso respecto a la violencia de género que hubo en 2004 para aprobar la ley integral.

-¿Cree que se va a declarar inconstitucional?

-Aunque no tengo una bola de cristal, creo que, como he dicho, hay cuanto menos varias cuestiones que plantearán serias dudas al respecto, más en cuanto a la forma que en cuanto al fondo.

-¿Se salta la presunción de inocencia?

-Teniendo en cuenta que la presunción de inocencia afecta al ámbito penal, no creo que ésa sea la cuestión. La acreditación de la condición de víctima a que hace referencia se circunscribe ámbitos ajenos al Derecho Penal, cosa que por otra parte se hacía en algunas materias como la Seguridad Social a la hora de conceder una pensión, o en el ámbito laboral. Otra cosa es cómo y por quién se acredite esa condición y que grado de preparación conste para efectuarla.

-¿Existe un problema real con la violencia de género en menores?

-Por supuesto que existe. Es inadmisible y hasta sorprendente que entre los jóvenes de hoy haya más violencia de género que en generaciones anteriores. Aquí hay un problema de educación, y los recortes y la falta de iniciativa para aplicar medidas de educación en igualdad en el ámbito educativo que hemos sufrido durante mucho tiempo son la semilla de la que ahora recogemos los frutos.

-¿Tiene datos?

-No dispongo de datos concretos, pero mi experiencia en el juzgado de guardia de violencia sobre la mujer me constata cada día lo preocupante que es este tema. Tanto en parejas donde ellas son menores de edad y ellos ya han alcanzado la mayoría de edad, como en parejas en las que ambos son menores.

Foto: Estrella Jover

Foto: Estrella Jover

-En una ocasión usted habló de terminar con las subvenciones a colegios que segregan. ¿Sigue opinando lo mismo?

-Sí, Sigo pensando que toda educación que diferencia entre niños y niñas choca frontalmente con lo establecido en la Constitución. Si bien podría admitirse al amparo de la libertad de enseñanza, lo que nunca debe ser es asumirla y financiarla con fondos públicos. Nadie admitiría un colegio público donde solo se admitiera a alumnado de raza blanca, por ejemplo.

-¿Qué opina de las princesas Disney?

-Creo que han hecho mucho daño. El mito del príncipe azul, de la mujer que solo despierta si la besa el príncipe o no tiene más fin en la vida que casarse con él es un modelo que en nada beneficia el empoderamiento de las niñas. Además, nunca he entendido que comer perdices sea un requisito para ser feliz.

-En Twitter es usted una auténtica personalidad. Usted tuitea con nombre y apellido ¿Qué opina de sus compañeros que tuitean con seudónimo?

-Respeto que cada uno use las redes sociales como tenga a bien. Pero creo que es más honesto hacerlo con mi propio nombre, salvo que el anonimato sea por cuestiones de seguridad personal. Como digo siempre, ni tengo nada que esconder ni nada de qué avergonzarme. Y ser fiscal, como ser bombero o tornero fresador, es una profesión más. Ni somos dioses, ni estrellas de cine.

Foto: Estrella Jover

Foto: Estrella Jover

-¿Qué opina de la sentencia de la Manada?

-Lo he dicho otras veces. Respeto, pero no comparto el contenido de la resolución. Al igual que la fiscal del caso, entiendo que a esos hechos probados corresponde anudar la consecuencia jurídica de la calificación jurídica de violación, y no del abuso sexual. Otra cosa es el voto particular, del cual no comparto ni forma ni fondo. Para expresar que no se consideran probados unos hechos, es innecesario descalificar a la víctima.

-¿Y de la de Juana Rivas?

-No soy partidaria de las vías de hecho y, por tanto, creo que su conducta, fruto de un asesoramiento inadecuado, era ilícita. Ahora bien, creo que es una sentencia excesivamente dura y que no ha tenido en cuenta las circunstancias de la investigada. También creo que eran absolutamente innecesarias las alusiones a que las mujeres utilicen las denuncias para lograr supuestos beneficios. Creo que, además, que, en lo que tiene de generalización, esa alusión era improcedente y parece arrojar una sombre de duda sobre todas las mujeres que denuncian malos tratos.

-¿Piensa que las campañas contra la violencia de género están bien enfocadas?

-Pienso que no. Creo que ya es hora de que dejemos de poner el acento en lo que debe hacer la víctima, que bastante tiene con lo que tiene, y desplacemos el foco hacia el agresor y el total reproche al mismo. Y, por supuesto, estimo que deben enfocarse a todas esas personas cercanas a las víctimas que, en muchas ocasiones, miran hacia otro lado.

-Sobre esto último, ¿qué importancia le da a que las familias denuncien?

-Creo que es esencial y que nos queda mucho trabajo en esta dirección. Las familias en muchos casos miran hacia otro lado en pro de una pretendida paz familiar que nada tiene de paz ni de familiar. También es importante que aprendamos a identificar los síntomas, porque muchas veces miramos sin ver.

-¿Falta educación en igualdad? ¿Cómo es posible que las generaciones que se han criado con más libertad sean las que más justifican la violencia contra la mujer?

-Creo que falta muchísimo trabajo en este sentido. Por un lado, se ha bajado la guardia y por otro, ha faltado voluntad política en implantar un modelo transversal de educación en igualdad. No basta con una charla el 25 de noviembre o el 8 de marzo para cubrir el expediente. Es un trabajo de cada día, y no solo en los centros educativos, sino también en los hogares o en los medios de comunicación.

Foto: Estrella Jover

Foto: Estrella Jover

-¿Ha tenido algún problema para ascender en su carrera por el hecho de ser mujer?

-Problema en sí no he tenido ninguno concreto, aunque las dificultades de conciliar la vida personal y familiar siempre entorpecen las carreras profesionales, y casi siempre las de las mujeres. También sigo viendo que se valora más a los hombres que a las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo.

-¿Qué les diría a las feministas que les acusan de no preocuparse por las mujeres debido a la cantidad de casos archivados en los juzgados especializados?

-Pues, como feminista que también soy, las invitaría a ponerse en mi piel. En la jurisdicción penal –que es a la que pertenecen los juzgados especializados- se trabaja con pruebas, no con intuición ni con impulsos. Es muy duro tener que archivar un asunto por falta de prueba pese a la convicción de que esa mujer es víctima, y eso es algo que nos pasa a diario cuando las mujeres se acogen a la dispensa legal que les permite no declarar contra su marido.

-¿Falta perspectiva de género en la Justicia Española?

-Sin duda alguna. No hay más que ver las reticencias para la especialización y formación desde muchos sectores para darse cuenta de ello. Si no se admite el diagnóstico, es difícil atajar la dolencia.

-¿Cómo la implementaría?

-Con formación, tanto en general como, con mayor motivo, en los juzgados especializados. Y con una inversión seria en los juzgados de violencia de género para que todos fueran especializados y no juzgados que tienen añadida a las muchas materias que llevan, la de violencia de género. También quiero añadir que cuando hablo de formación no me refiero solo a conocer las leyes y la jurisprudencia –algo que está al alcance de todos y que se nos presupone- sino a otras materias relacionadas con el modo de tratar a las víctimas.

-¿Qué opina sobre que los juzgados especializados tengan formación específica pero no la Audiencia Provincial y mucho menos los penales?

-Creo que es un fallo tremendo. De nada sirve exigir especialización a quienes instruyen las causas si no se le exige a quienes van a poner las sentencias instruidas por ellos. La ley integral sí que lo preveía, pero en su implementación nos hemos quedado a medias.

Foto: Estrella Jover

Foto: Estrella Jover

-Hábleme de las denuncias falsas

-Creo que es una falacia peligrosísima. Desde determinados sectores existe el empeño en sembrar la duda sobre toda mujer que denuncia, amparándose en una presunción de inocencia del agresor que luego deniegan a la víctima. Que haya una absolución no implica que exista una denuncia falsa, sino que los hechos no se han considerado probados. Hay una estadística bajísima de denuncias falsas que se sigue poniendo en duda porque no conviene a quienes esgrimen estos argumentos. Las víctimas de violencia de género son las únicas víctimas de delito sobre las que se arroja la duda sobre su veracidad con carácter generalizado.

-¿Cree que los medios de comunicación hacen un buen trabajo con la violencia sobre la mujer?

-Pues de todo hay, pero queda mucho camino por recorrer. En general, hay mucha prensa escrita que trata adecuadamente los temas, pero todavía hay titulares que dejan mucho que desear, del tipo «una mujer muere apuñalada y detienen a su marido» como si no hubiera relación de causalidad sino de casualidad. Por otra parte, otros medios distintos a informativos, tales como programas o series de televisión, ofrecen modelos sexistas que son absolutamente inasumibles. No obstante, hay que reconocer la labor de los medios de comunicación que, a partir del asesinato de Ana Orantes, tuvieron mucho que ver en el avance en esta materia. (Una de cal y una de arena)

-¿Nos dejamos algo en el tintero?

-Una cosa por la que siempre abogo. Ni el pacto de estado ni la última reforma lo han abordado, a pesar de que se viene reclamando desde Fiscalía y CGPJ. Hay que reformar el precepto de la Ley de Enjuiciamiento criminal que permite a las mujeres acogerse a la dispensa a declarar contra su marido o su pareja. Más de una muerte de las que nos hemos lamentado venía precedida de una «retirada de denuncia» al amparo de este artículo.

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