PP, Vox y Junts no han logrado el respaldo del resto de la Cámara. Subirats se compromete a negociar en una comisión la polémica financiación de los campus
El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) que presentaron el Partido Popular, Vox y Junts. De modo que el proyecto, que sufrió muchos bandazos en sus inicios con el ministro Manuel Castells, prosigue su tramitación en manos de Joan Subirats, más hábil que el primero para negociar la ley, quizás por su experiencia política previa. Las enmiendas se han rechazado con 193 votos en contra, 148 votos a favor y una abstención.
En la teoría, el Gobierno cuenta con los votos suficientes para sacar adelante la norma en una votación a finales de 2022. Castells se jactó de ello en este periódico hace diez meses: “Podríamos aprobar la ley del Sistema Universitario mañana, pero quiero que sea consensuada”. Días antes, los rectores se habían negado a emitir un informe preceptivo para aprobar la ley ―consideraron que no era la versión definitiva― y colectivos de estudiantes convocaron una huelga sin ningún eco. La norma vigente ―la Ley Orgánica de Universidades (LOU)― ya ha cumplido 20 años y España ha cambiado mucho desde entonces. Cuenta con 30 universidades más, todas ellas privadas, hasta llegar a las 90 actuales.
Ahora las asperezas con ambos colectivos parecen haberse suavizado, aunque la conferencia de rectores (CRUE) aún no se ha pronunciado sobre el proyecto de Subirats, que varía mucho del de Castells porque legisla mucho menos, dejando más autonomía a los campus. Esta tarde su nuevo presidente, el rector de la Universidad Carlos III Juan Romo, marcará su posición ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, que le ha convocado como a otros expertos para conocer su opinión de la LOSU. Romo mantiene una mejor relación personal con el ministerio que su antecesor, José Gómez-Villamandos, nombrado hace dos meses consejero andaluz de Universidad.
La financiación de la ley es probablemente el mayor escollo de la negociación con las autonomías, que tendrán que sufragar los gastos extra. La intención es que en 10 años las universidades reciban un 1% del PIB para su financiación (ahora es el 0,7%). A las críticas se sumó hace tres semanas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ―”No vamos a tolerar que cargue de deudas a las comunidades autónomas”, dijo―, que se declaró dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional. Subirats, en el pleno de este jueves, se ha comprometido a negociar un plan en una comisión de expertos, “en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria” en la que se sienta el ministro y los consejeros del ramo.
El PP arrancó su enmienda rechazada asegurando que la ley no cambia nada, porque “se limita a repetir epígrafes, materias ya conocidas o lugares comunes para generalizar en unos casos y detallar en otros los aspectos que figuran en la norma vigente”. Pero, seguidamente, afirma que la norma “deconstruye” el sistema, al otorgar más autonomía a los campus, lo que va a llevar a una atomización tal que dificultará la movilidad de estudiantes e investigadores.
Considera asimismo el PP que el texto no está conectado a la recientemente aprobada Ley de Ciencia. Se muestran también en contra de la contratación masiva de profesores asociados (doctores y con relación larga con el centro) pues, a su juicio, esta regularización del colectivo en situación precaria. “incrementa la conflictividad laboral, potencia la endogamia y va en detrimento de la excelencia”. “Esta ley abre una nueva era de precariedad. No resuelve los problemas que requieren instrumentos legales y crea otros nuevos”, ha asegurado María Jesús Moro, su portavoz.
Este miércoles, el consejero andaluz Gómez-Villamandos que dejó la presidencia de la conferencia de rectores en abril, defendió punto por punto la enmienda del PP en la Comisión de Ciencia, a la que acudió como experto invitado por su partido, pero dijo hablar no como político, sino como académico. Por eso, decidió emplear en cada frase el “nosotros”para sorpresa de muchos parlamentarios. Su tono como presidente de la CRUE durante tres años fue mucho más templado.
Vox ha encabezado una enmienda a la totalidad porque considera que con esta ley se quiere “convertir en política de Estado un programa ideológico” que hace seguidismo de las “agendas globales [Agenda 2030], el fanatismo climático, el feminismo radical, el desprecio al esfuerzo”. El diputado defensor del texto, Joaquín Robles, ha llegado a acusar al Gobierno de “justificar los escraches” sin citar a su excompañera Macarena Olona, víctima de uno, muy distanciada del partido.
La enmienda de Junts, como suele ocurrir con los nacionalistas, iniste en que el Gobierno no responde a las “peticiones y reclamaciones de Cataluña en materia universitaria, a pesar de ser un ámbito transferido”. El Ejecutivo no tiene que dar por perdido el voto de Junts, pues su diputada Mariana Illamola ha reconocido que presentaron la enmienda para presionar ―”Es una herramienta útil para la negociación”― y que observan “mejoras” en el proyecto de Subirats respecto a los anteriores. La CUP coincide en que la ley se entromete en las competencias autonómicas pero, como Coalición Canaria, quieren seguir negociando.
Marta Rosique, diputada de Esquerra Republicana ―cuyos votos son fundamentales―, ha mostrado su buena predisposición a votar a favor porque han detectado “cambios relevantes” que les agradan en un texto que da más independencia a los campus para autogestionarse. “Queremos que las universidades decidan cómo es su modelo, no desde Madrid”, ha insistido Rosique.
El PNV, que ha votado en contra de las enmiendas, echa de menos que de la nueva versión haya desaparecido la formación dual, como ocurre en FP con las empresas. Tampoco ha respaldado las enmiendas Ciudadanos, que se felicita de la “buena actitud” de Subirats, que trata de convencerles de las bondades de la ley, pero el partido cree que la norma “no es como se nos dijo”, en palabras de su diputado Juan Ignacio López-Bas. Además, coinciden en el diagnóstico de los problemas de la universidad con el PP.
El historiador Roberto Fernández Díaz (Hospitalet de Llobregat, 1954) dejará en mayo la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) al expirar su mandato (dos periodos de cuatro años) al frente de la Universitat de Lleida. La CRUE es el principal órgano de representación de las instituciones académicas y ejerce la interlocución con el Gobierno. A Roberto Fernández le gustaría que su sucesor o sucesora tuviera dedicación exclusiva para mejorar la gobernabilidad de esta asociación integrada por 76 universidades (50 públicas y 26 privadas). Además, semanas antes de clausurar su mandato, habla de la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Universidades, de la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones académicas y de la importancia de la divulgación en las sociedades contemporáneas.
Roberto Fernández, en la sede de CRUE Universidades Españolas.
¿Cómo cree que percibe la sociedad española la universidad y cómo le gustaría que fuera percibida?
Me gustaría que fuera vista como el motor del crecimiento económico y de la revitalización social. La percepción que se tiene sobre los profesores universitarios y los científicos es bastante alta. La gente piensa que la universidad es el lugar donde sus hijos pueden desarrollar con mayor positividad un proyecto vital y social, el lugar que proporciona más posibilidades de ascender. Hay una opinión informada que progresivamente se muestra más favorable. Quienes más cerca están de la universidad más la valoran.
Los poderes públicos, que están muy cerca de las universidades, las han sometido a múltiples recortes, sobre todo durante la crisis. ¿Se han sentido abandonadas?
En 2010 estábamos rozando el 1% del PIB. Ahora estamos en el 0,8%. En el marco de la sociedad del conocimiento y de una globalización trepidante, y cuando los países de nuestro entorno están invirtiendo mucho más en sus universidades, ¿cómo es posible que aquí estemos reduciendo los presupuestos públicos para las universidades?
¿Cuál es su respuesta?
La respuesta es vidriosa, compleja. En primer lugar, no somos un problema social. No ha habido una manifestación convocada por los rectores en el Paseo de la Castellana. Y no la habrá, porque somos gente muy prudente. Analicemos esto de forma metafórica: si no somos un problema social y hemos mantenido el barco a flote, ¿para qué nos van a dar más dinero? Yo solo admito que, antes que para las universidades, el dinero se destine a camas hospitalarias y a los parados. Por encima de eso, nada. El siguiente euro tendría que ir a las universidades. Porque ahí está nuestro futuro.
En definitiva: no somos un problema social y la nave va. La nave va, sí, pero con la misma gasolina y ésta se agotará algún día. La nave va a costa del sacrificio de la investigación. Eso lo pagaremos.
Además, el sector privado se va acercando cada vez más a la universidad, pero, salvo casos excepcionales, no es una fuente de financiación, porque, como ya hay un presupuesto público para las universidades, piensan: “Pues ya funcionarán. Al fin y al cabo, sus titulados son bastante competentes. Por tanto, ¿para qué vamos a meter dinero?”. Y esa falta del plus de financiación procedente del mundo privado también explica que la universidad se sienta un poquito sola.
¿Más universidades es sinónimo o antónimo de mejores universidades?
La lógica formal dice que más no es sinónimo de mejor. Y menos, tampoco. El número no hace la calidad en ningún caso.
¿Sobran universidades? Una de las cosas que descubre uno cuando está de dirigente universitario es la fuerza del tópico. Es como una muralla. Dan lo mismo los estudios comparativos, los análisis científicos. Siempre habrá alguien que diga que sobran universidades, pero si nos comparamos con la Europa de nuestro entorno en número de habitantes y de universidades, en España faltan universidades. En cualquier caso, no sobran.
Ahora bien, para un país, ¿qué es más importante: tener dos universidades entre las cien primeras o 40 entre las 800 primeras? Si me dan a elegir, no tengo la más mínima duda: 40 entre las 800 primeras de 22.000, porque eso es desarrollo territorial, cohesión, equidad social. Un joven español tiene un 20% más de posibilidades que un joven estadounidense de llegar a una de las mil mejores universidades del mundo. Lo importante no es tener una de las dos mejores universidades del mundo sino a dónde va tu hijo. Y tu hijo no va a ir a Harvard, porque allí hay solo 12.000 estudiantes, y además muchos no son becados.
Roberto Fernandez es partidario de que la presidencia de la CRUE sea de dedicación exclusiva.
Decía hace un año que las universidades no pueden aguantar más.
Todos podemos aguantar más, pero algunos no deberíamos hacerlo porque la trascendencia de lo que hacemos es vital para el proyecto de país.
La sociedad española, especialmente su clase dirigente, debería hacer un esfuerzo mayor por revalorizar, querer y dar las gracias a su universidad, que ha contribuido al desarrollo más espectacular de la Historia de España.
Es muy importante para los españoles que su universidad funcione bien porque influye en sus proyectos vitales. La suma de esos proyectos vitales se llama nación. Yo no soy nacionalista español, y no creo en las ligas nacionales, pero puestos a que existan prefiero estar en los puestos de cabeza, como expresión de lo que ofrecemos a los españoles, no como expresión de una España abstracta.
Yo soy hijo del nocturno (turnos docentes a última hora del día para facilitar los estudios a trabajadores). Si nadie hubiera puesto el nocturno de Historia en la Universidad de Barcelona en los años setenta, ahora estaría trabajando en el taller de plancha y pintura de mi padre. Alguien tomó una decisión social gracias a la cual salimos de esas clases siete u ocho catedráticos de universidad. Eso es trabajar por la gente que sumando trabaja por un país.
Ahora que por fin parecía haber consenso para una nueva ley universitaria llega el Gobierno y adelanta elecciones.
Hay consenso. Lo que era un tren que iba muy bien encarrilado porque tenía el consenso de los agentes sociales y de todos los partidos parlamentarios, y cuando el ministerio estaba pensando en la mejor estrategia, llegó el adelanto electoral. Pero tengo la impresión de que estamos ante un hecho imparable. Van a tener que explicar muy bien sus señorías que, habiendo el consenso que hay, no se constituya la comisión para discutir la ley de universidades de España al mes de iniciar la próxima legislatura. Creo que es muy difícil que no se haga.
¿Por qué y, sobre todo, para qué necesita España una Ley Universitaria?
Toda ley de largo recorrido tiene que dialogar con su contexto histórico. A veces se puede reformar la legislación existente y otras veces hay que cambiarla. Depende de dos cosas: Que el contexto de cambio sea muy fuerte y que un conjunto de reformas no nos asegure llegar a la situación ideal.
En los últimos 25 años el proceso de globalización mundial se ha hecho imparable. En él se ha puesto como centro y motor la sociedad del conocimiento para la innovación a través de la transferencia. Eso es así y no va a ser distinto en muchísimos años. Es decir, el contexto mundial y europeo dictan que para que la universidad siga cumpliendo su función necesite una ley que permita hacerlo en el marco de la globalización a través de la sociedad del conocimiento.
Una Ley Orgánica es un todo coherente y en la universidad no puedes tocar profesorado sin que repercuta en internacional, y no puedes tocar internacional sin que repercuta en investigación o en movilidad. Es un todo. Corríamos el peligro enorme, que hay que evitar a toda costa, de hacer reformas parciales que no dialogaran entre sí y que produjeran un monstruo lleno de disfuncionalidades e incoherencias. Señoras y señores, sentémonos a la mesa, abramos el mapa mundi, veamos cómo funciona la globalización, veamos el papel de las universidades en el mundo, veamos cómo está nuestra universidad, cuáles son sus puntos débiles. Y veamos entre todos, por consenso, es fundamental, qué nueva Ley Orgánica tenemos que hacer.
¿Son autónomas las universidades, como proclama la Constitución?
El hecho de que la Constitución proclame la autonomía es un bien impagable. Consagra la libertad de cátedra, de investigación, de docencia… Eso es fundamental. Ahora bien, esa autonomía ¿significa también autonomía en el gobierno de las universidades? Yo creo que el trecho que queda por recorrer es inmenso. Nosotros proponemos y el Gobierno autoriza. Que los gobiernos intervengan en cómo se gasta el dinero público que se invierte en la universidad va de suyo. Nada que decir. Pero cuando yo cojo mi presupuesto me queda el 5% libre para hacer política. El otro 95% está ya adjudicado. Si la política de títulos me la aprueba el Gobierno, si el precio de la matrícula me lo pone el Gobierno, si la política de profesorado la articula el Gobierno, entonces la autonomía universitaria queda claramente mermada.
Creo que las universidades deberíamos ganar en autonomía real para singularizar nuestras propias universidades identificándolas en el mapa de las universidades españolas. Tenemos que asumir la responsabilidad de decidir en nuestros claustros, respetando el marco general que es la ley, qué políticas aplicamos; por ejemplo, aquellas que iban en nuestro programa electoral y gracias a las que se nos eligió rector… Eso es la autonomía, no el autogobierno. Como ya he dicho, la autonomía es un bien impagable, pero creo que la autonomía real hoy en día es una utopía en la universidad española hacia la que hay que caminar mediante más flexibilidad y creo, también, que las comunidades universitarias deben asumir mayor responsabilidad en la definición de sus universidades.
¿En qué situación se encuentra la fiscalización de las universidades?
En estos momentos no hay ningún trabajador de la Universidad procesado por malversación de fondos públicos. Lo que quiero decir es que deben confiar en nosotros porque como servidores públicos hemos demostrado nuestro gran sentido de la responsabilidad. Aunque también hay que decir una cosa que se dice poco. Parte de esa vigilancia no es española, es europea. La UE también nos carga de burocracia.
¿Cómo encaja la divulgación en la carrera profesional universitaria?
La divulgación científica tiene una utilidad social extraordinaria. A veces nos dicen a los científicos que escribamos para que nos entienda todo el mundo. Cuidado: Los científicos, cuando estamos en la academia, escribimos para nosotros, y cuanta más conceptualización haya más cerca estaremos de conseguir buen conocimiento.
Ahora bien, tenemos cierta obligación moral de transferir ese conocimiento de forma completamente distinta a quien nos paga, pero no todos servimos para eso.
Aquellos que tengan vocación y sirvan para divulgar deben tener un reconocimiento en su CV en los tramos de transferencia que propusimos desde la CRUE al Ministerio de Ciencia.
Vamos a potenciar y a primar la transferencia divulgativa. Ahí entran en juego fórmulas como The Conversation, como los máster de divulgación científica o la presencia de divulgadores profesionales en los medios.
En los medios como la televisión apenas hay ejemplos de divulgación científica. Destaca Órbita Laika, pero hay poco más, a pesar que desde hace años se ha demostrado que la divulgación científica es atractiva.
El éxito de propuestas divulgativas como The Conversation será en parte el éxito de la ciencia española. Una parte de ese éxito pasa por su aplicabilidad al tejido productivo, otra por su aplicabilidad al concepto de ciudadanía, pero otra parte pasa porque el ciudadano perciba que cuando un euro suyo se va a la ciencia está haciendo una gran inversión para su vida. Y hay que llegar a ese ciudadano con la divulgación.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 14 de abril de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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