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Los deberes a la sombra de la LOMCE

España / 6 de mayo de 2018 / Autor: Silvia R. Court / Fuente: El Diario

Ojalá algún día confluyan las necesidades vitales con las escolares, tanto para las familias como para el profesorado y  el alumnado. Si ese día llegara, desaparecerían buenas dosis de hartazgo y hastío entre los docentes así como el aburrimiento esparcido en las aulas de los pequeños y jóvenes sentados largas horas en sus pupitres esquivando bostezos.

Si el aprendizaje estuviera dirigido al conocimiento, a la reflexión y valoración del pasado, del presente y del futuro en los distintos ámbitos y fuera un proceso de descubrimiento y de alegría, de preparación para afrontar la vida, el grado de una satisfacción y de un rendimiento excelente se reflejarían en las evaluaciones, por ejemplo, de los informes PISA.

El sistema educativo arrastra fisuras y concepciones antiguas a lo largo de decenas de años. Para poder centrar el tema objeto de este artículo de opinión – los deberes- se abordará a la luz –o bajo la oscuridad- de la LOMCE, Ley que regula la Educación ahondando en las dificultades de renovación de los pilares sobre qué y para qué se aprende. Una Ley que tras la celebración de las últimas elecciones generales debió ser derogada.

¿Deberes, sí o no? Depende de para qué y en qué condiciones. De nuevo, cabrían muchísimos matices.

Mientras siga en vigor la LOMCE, difícil atinar en una respuesta positiva o negativa. Se supone que los deberes en la actualidad están dirigidos al refuerzo del aprendizaje. Sin embargo, ¿qué refuerzo o recuperación puede realizar un alumno si previamente en su centro educativo no cuenta con los medios para afrontar los desajustes del aprendizaje? El alumnado llega a la escuela desde su infancia con una mochila cargada de su biografía, perteneciente a un espacio geográfico y a una determinada familia, con recursos económicos, culturales, con motivaciones diversas e indistintas. En el caso de no conseguir los objetivos académicos, seguirán arrastrando curso a curso los desajustes del aprendizaje y de nada serviría sentarse en casa a realizar muchos, apenas o algunos deberes.

La LOMCE regula el abandono de este alumnado con absoluta claridad. Veamos cómo contempla literalmente los programas: unos programas dirigidos a aquellos alumnos que presenten dificultades relevantes del aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo” (sic). La LOMCE no indaga en las causas que llevan a los chicos y chicas a no estudiar ni a esforzarse. La LOMCE persigue la mera cultura del esfuerzo, estimula la eficiencia y la productividad, la competitividad y el beneficio, atendiendo solo a los resultados mientras ignora el proceso del aprendizaje.

La LOMCE deja en manos del profesorado la tarea de “educar” en unas condiciones de estrés y de sobrecarga tanto laboral como emocional: sin programas de atención a la diversidad, con unas ratios elevadísimas y mezclando en el aula todos los problemas y expectativas individuales, lidiando los docentes sin recursos y ahogados en la burocracia por sacar a su alumnado adelante, al tiempo que luchan por rascar tiempo para impartir el curriculum estipulado. Tampoco han devuelto el Gobierno estatal del PP y el Gobierno de Canarias todos los recortes que impusieron. No ceden en sus políticas de ajustes ni cumplen con el incremento del presupuesto contemplado en la Ley Canaria de Educación. ¿Qué cabida tendría actualmente en estas circunstancias y con el actual modelo de sistema educativo diseñado en la LOMCE hacer deberes en el propio centro para ayudar a los estudiantes?

Los deberes podrían tener un espacio en los propios centros educativos planteados a modo de procesos de aprendizaje que despierten la motivación, la curiosidad, la participación, la experimentación creativa. Justamente lo que impide la LOMCE, que no desea personas que aprendan a pensar, a entender, a cuestionar… Por ese motivo le niega al alumnado y al profesorado medidas para compensar las desigualdades, eleva las ratios, regula itinerarios a edades muy tempranas, fomenta la privatización del servicio público, impone evaluaciones externas, niega el incremento de las plantillas, elimina cargas horarias de materias como la Filosofía, Música, Educación Artística, etc. En este contexto es donde tal vez habría que plantear también el debate de los deberes.

La LOMCE convierte a los consejos escolares en meros órganos consultivos. La participación de las familias también queda anulada, familias a las que pretenden responsabilizar y sobrecargar  ahora con los deberes de sus hijos mientras los gobiernos estatal y de Canarias no dotan a los centros con los recursos necesarios y no cuidan en primera instancia a su alumnado y profesorado.

Como bien afirmaba un profesor en Finlandia, a la salida del colegio lo que le toca a los niños es seguir disfrutando y divertirse, trepar árboles, dibujar, jugar a la mancha y leer libros despatarrados en el sillón de su casa.

La familia contribuye a la educación y al crecimiento de sus hijos, sin lugar a dudas, pero no es de recibo trasladarle los problemas que los responsables de la Educación y del sistema educativo se niegan a afrontar y a resolver. Y lo primero e imprescindible es no dilatar más la derogación de la LOMCE.

Fuente del Artículo:

https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/deberes-sombra-LOMCE_6_766483357.html

Fuente de la Imagen:

https://www.eldiario.es/zonacritica/deberes-escolares-debate_6_648545148.html

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España: La Plataforma per l’Ensenyament convoca una huelga el 8 de mayo contra la «retrógada» LOMCE

España / 6 de mayo de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Valencia Plaza

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha realizado un llamamiento para participar en las manifestaciones convocadas en las tres capitales de provincia y otras poblaciones de la Comunitat Valenciana el 8 de mayo para exigir la derogación de la LOMCE, una ley que califican de «injusta, clasista, machista y retrógada» al permitir situaciones como la segregación educativa por sexos.

El colectivo ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa y ha informado del manifiesto que se leerá en las marchas del próximo 8 de mayo. Con esta acción, las entidades que configuran la plataforma se unen a la convocatoria estatal con el objetivo de «salir a la calle, decir no a la LOMCE y defender la enseñanza pública».

Para los convocantes, se trata de una ley «regresiva, privatizadora, antidemocrática, segregadora, machista, no laica y que ataca las lenguas propias». Además, expresan su «indignación» ante el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional «que avala la enseñanza segregada por sexos que separa al alumnado sin ninguna razón».

En la misma línea, han subrayado su rechazo «a los continuos recortes que se ven reflejados en peores condiciones laborales del profesorado, en el aumento de la concertación, en el destrozo de las infraestructuras –como en el caso de la presunta malversación de dinero público de Ciegsa y del BEI–, la mala planificación en las construcciones previstas y la mengua de profesorado y de recursos».

«La comunidad educativa –señala el manifiesto– ya no tolera más que el actual gobierno del PP y su presidente, Mariano Rajoy, sistemáticamente bloqueen todas las iniciativas destinadas a revertir los recortes educativos, a derogar la LOMCE y a ampliar los consensos para lograr el deseable Pacto Educativo».

«Cambio de gobierno»

«Por eso, si se muestran incapaces de impulsar y realizar los cambios que nuestro sistema educativo necesita, o deliberadamente no quieren realizarlos, nos vemos obligados a exigir un cambio de presidente y de gobierno, un nuevo gobierno del cambio que impulse la derogación de la LOMCE y su sustitución por una nueva ley educativa consensuada y progresista, que proteja la educación pública y derogue los recortes educativos. Hasta que no lo consigamos, esta movilización continúa», advierten.

La entidad anima a participar en las protestas a la comunidad educativa de todas las etapas. Las concentraciones y manifestaciones se llevarán a cabo el próximo 8 de mayo a las 18.00 horas en València y Alicante y a las 19.00 en Castellón y otras poblaciones valencianas. Los lemas serán No hi ha excuses! Ara educació pública. #SIalaPública, #NOalaLOMQE, #RevertirRetallades, #NoSegregació y #Síalvalencià.

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic está integrada por FAMPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, FEPV, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants, FEU, FdE, Acontracorrent, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa y Valencia Laica.

Fuente de la Noticia:

https://valenciaplaza.com/la-plataforma-per-lensenyament-convoca-una-huelga-el-8-de-mayo-contra-la-retrogada-lomce

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España: CCOO en Madrid convoca huelga los días previstos para las evaluaciones de la LOMCE

España / 15 de abril de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: El Diario de la Educación

El sindicato quiere dar cobertura así al profesorado que quiera protestar contra la aplicación de las ‘reválidas’ que tendrán lugar a final de este mes y principios del siguiente.

Según informa en un comunicado de prensa, la Federación Regional de Enseñanza de CCOO en la Comunidad de Madrid ha planteado la convocatoria de huelga entre los días 24 a 27 de abril y el 7 y 8 de mayo, en los que se celebrarán las evaluaciones de 6º de Primaria y 4º de la ESO.

La Comunidad de Madrid, al contrario que el Gobierno central, realiza las pruuebas a todo el alumnado de ambos cursos y hace constar los resultados en los expedientes académicos correspondientes.

Estas son algunas de las razones del rechazo que según el sindicato han mostrado las y los docentes en Madrid y que justifica que CCOO convoque la huelga para dar cobertura legal al profesorado que quiera secundarla como medida de protesta ante estas pruebas externas, diseñadas en un principio como llave para conseguir titular en cada etapa y pasar a la siguiente.

Fuente de la Noticia:

CCOO en Madrid convoca huelga los días previstos para las evaluaciones de la LOMCE

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España: Naufragio del pacto de Estado de Educación

España/20 de marzo de 2018/Por: María Jesús Ibáñez/ Fuente: https://www.elperiodico.com

Fue un compromiso electoral de prácticamente todos los partidos y resultó clave para que Ciudadanos diera apoyo a la investidura de Mariano Rajoy tras las elecciones de junio del 2016. El Pacto de Estado Social y Político de Educación, el marco que debe (o debería) ofrecer la estabilidad que desde hace décadas reclama el sistema educativo español, es hoy, un año después de que empezara a negociarse, poco más que un compendio de buenas palabras, con trazas de acabar en fiasco. Papel mojado, para muchos. La oposición en bloque -salvo C’s- cree que estos meses de conversaciones han sido una maniobra de distracción del Gobierno para, mientras tanto, conseguir la implantación definitiva de la polémica LOMCE, la séptima ley educativa que tiene España desde que se instauró la democracia y que ha contado con el rechazo frontal de la comunidad educativa.

Ya desde la creación en febrero del 2017 de la subcomisión en el Congreso de los Diputados que debía negociar el pacto, las fuerzas políticas que la forman (todas las del arco parlamentario excepto ERC, que acude a las reuniones en calidad de observador) se las han visto y se las han deseado para avanzar con un cierto consenso. Costó muchísimo cerrar un primer guion en el que se recogieran los 15 puntos básicos que debía de tener el documento final del pacto. En seguida se vio que las diferencias eran acusadas -si no abismales, especialmente entre el PP y Podemos- en materias como los conciertos educativos, la asignatura de Religión y la financiación de la educación.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el abandono de las conversaciones por parte del PSOE la semana pasada, ante la negativa del PP a comprometerse a garantizar una inversión estable en educación. Podemos y los nacionalistas catalanes han salido de la subcomisión esta misma semana y el PNV ha reconocido que medita hacerlo también, con lo que el PP y C’s se han quedado solos en su empeño por sacar adelante un acuerdo, que muchos dudan que pueda denominarse ya Pacto de Estado.

El riesgo de un mal acuerdo

«Siempre hemos creído en la necesidad de diálogo, pero nunca nos van a encontrar en un acuerdo que sea dañino, perjudicial y claramente insuficiente para la educación española; no vamos a ser cómplices de un acuerdo escaso o de un mal acuerdo», se justificaba la portavoz socialista en Educación, Luz Martínez Seijo, en una interpelación al ministro Íñigo Méndez de Vigo esta semana en pleno del Congreso. El PSOE considera que el Gobierno ha estado mareando la perdiz y utilizando la subcomisión «para prolongar la vida de la LOMCE».

Para el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la ‘espantada’ que en pocos días ha protagonizado la oposición resulta «inexplicable». Este viernes, el también portavoz del Gobierno recordaba que después de pactar la paralización de las evaluaciones externas o ‘reválidas light’ de la LOMCE, la creación de la subcomisión y los 15 ejes sobre los que tiene que versar el pacto, «cuando llegan al segundo eje de la financiación piden un porcentaje del PIB hasta el 2025 y o eso, o nada».

¿De cuánto dinero están hablando? Los socialistas, y con ellos el grueso de la oposición, hablan de un 5% del Producto Interior Bruto (PIB) español, aunque leyes como la LEC catalana elevan ese porcentaje hasta el 6% y «en los países desarrollados se está llegando ya al 7%», precisa Joan Mena, diputado de Unidos-Podemos en el Congreso. Algunos expertos del mundo educativo consideran incluso poco ambiciosa la petición de la oposición, ya que la inversión debería calcularse, según su opinión, en función del número de alumnos escolarizados, no de la riqueza del país.

«Pero la única respuesta que da el Gobierno es una inversión del 3,67% del PIB, o al menos a eso es a lo que se ha comprometido con la UE en el Programa de Estabilidad 2017-2020 remitido a Europa», prosigue Martínez Seijo. «Esto supone -señala la socialista- un incremento de 5.000 millones durante los próximos ocho años, a razón de unos 625 al año». «Y ese no es el único escollo económico que presenta el Pacto de Estado: es necesario que haya suficiencia económica, que el Gobierno se comprometa de una vez por todas a revertir los recortes que se han aplicado en educación en los años de la crisis y a mejorar las condiciones laborales de los profesores, que ahora sufren una tasa altísima de interinidad, lo que es sinónimo de precariedad para miles de docentes», agrega Mena, que es el portavoz de Educación de su grupo en el Congreso.

Mena y Martínez Seijo son los dos únicos representantes parlamentarios que el pasado jueves aceptaron la invitación a exponer sus posiciones en unas jornadas organizadas por el Foro de Sevilla, una plataforma de asociaciones y colectivos de la comunidad educativa, creada en el 2012 por figuras académicas del mundo de la pedagogía y la enseñanza con el objetivo, en aquel momento, de impedir que se desarrollara la LOMCE en los términos en los que la había previsto el etonces ministro de Educación, José Ignacio Wert.

El MIR docente

El debate, celebrado en la sede del Congreso y en el que participaron miembros de una veintena de asociaciones de la comunidad educativa (desde sindicatos de maestros hasta representantes de los padres de alumnos y movimientos de renovación pedagógica), sirvió también para criticar la propuesta de Méndez de Vigo de crear un MIR para profesores, como requisito previo a su ingreso en la carrera docente, similar al que tienen los médicos y algunas especialidades hospitalarias. La medida, que en principio apoyan todos los grupos políticos y buena parte del sector, «no puede anunciarse tan alegremente, sobre todo cuando en esos mismos momentos se estaba negociando un pacto de Estado en el que ese iba a ser un tema a abordar», lamentó Martínez Seijo.

Las aportaciones hechas por los 83 expertos del mundo educativo que han comparecido durante estos 13 meses por la subcomisión del Congreso para explicar sus puntos de vista y marcar las líneas del acuerdo «no caerán en saco roto», aseguró la portavoz del PSOE.

 

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España: Méndez de Vigo: “El Gobierno no puede cambiar el sistema educativo de Cataluña con el 155 o sin él”

España / 25 de febrero de 2018 / Autor: Miquel Alberola / Fuente: El País

Cospedal asegura que el Ejecutivo buscará una solución para garantizar la elección de los padres

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno no puede modificar el sistema educativo de Cataluña «con el 155 de la Constitución o sin él», en respuesta al diputado de Unidos Podemos Joan Mena. El modelo educativo, ha defendido Méndez de Vigo en su explicación, no depende del artículo 155, sino «en primer lugar, de la Constitución; luego del Estatuto de Autonomía, luego de la ley general básica, que en este caso es la LOE y la Lomce; luego de la ley del Parlamento… En Cataluña y en cualquier comunidad autónoma. Lo importante es que el sistema siga», ha subrayado.

Un día después de que el Tribunal Constitucional anulara los artículos de la LOMCE (ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) por los que el Gobierno español obligaba a la Generalitat de Cataluña a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitasen pudiesen estudiar en castellano, el ministro ha defendido la medida revocada, propuesta en su día por el entonces ministro José Ignacio Wert, y ha calificado de  «valiente» el sistema de la Lomce.

Por su parte, la ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha asegurado que la sentencia del Constitucional solo anula «la forma de garantizar la elección del castellano en los colegios de Cataluña por lo que ahora se buscará otra solución para garantizar la elección de los padres». Así lo ha manifestado en Onda Cero, donde ha asegurado que el Gobierno estudiará una solución sin predecir aún si la fórmula será con una casilla en la preinscripción de los alumnos u otra solución.

Méndez de Vigo ha considerado que “lo importante es que se cumplan todas la sentencias”, y por tanto también las que la Generalitat ha incumplido. Parapetado en esos contravenciones, Méndez de Vigo ha hecho una defensa del Tribunal Constitucional, que “es de todos”, y de sus sentencias, que “valen todas”. “No se puede decir: oigan, nos gustan solamente cuando nos dan la razón. Y si no, no”. El ministro ha asegurado que el Gobierno respetará y cumplirá la sentencia. “Esta la cumpliremos, pero la Administración educativa también tiene que cumplir aquellas sentencias que dicen que el castellano también es lengua vehicular y debe ser enseñado en una proporción razonable, y cuando las sentencias establecen cuál es esa proporción razonable”, ha indicado en un todo alterado.

En su respuesta a Mena sobre si el Gobierno “va a imponer una casilla para la segregación lingüística», el ministro ha defendido la importancia de que las lenguas «sirvan para conocernos, para enriquecernos, para hablar, pero no para utilizarlas como un instrumento político».

En la línea de desencuentros con el PP, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha calificado de «parche vergonzante» la beca de 6.000 euros con fondos públicos para que las familias se costearan un colegio privado para estudiar en castellano anulada por el Tribunal Constitucional y ha pedido a Méndez de Vigo que cómo pensaba el Gobierno garantizar que sea lengua vehicular en el proximo curso. «Respetando el ordenamiento jurídico y las sentencias de los tribunales», ha simplificado el ministro.

Girauta ha recordado al Gobierno la obligación de cumplir la ley y las sentencias y ha negado que en Cataluña exista consenso social sobre la inmeresión lingüística en Cataluña y le ha advertido de que si no asegura esta lengua como vehicular en todo el Estado, su partido no apoyará el Pacto Social y Político por la Educación.

En los pasillos, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de «chapuza» la medida anulada por el Tribunal Constitucional y ha manifestado su preocupación por que el ministro de Educación «no sepa cómo aplicar» la ley en Cataluña. «Cuando el PP tenía mayoría absoluta perpetró una chapuza y ahora, al parecer, no sabe ni por dónde empezar», ha señalado.

También fuera del hemicilo, la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, ha declarado que «lo primero que tendrá que hacer el Gobierno es aclararse» y ha criticado que el Ejecutivo lanzara «un globo sonda» a finales de la semana pasada con la modificación de la prematrícula escolar en Cataluña para garantizar el castellano en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

«Primero lanzan un globo sonda, después dicen una cosa, la ministra [Dolors] Montserrat plantea otra y la desautoriza el propio Gobierno. Lo que tiene que hacer [el Gobierno] es aclararse», ha insistido.

Fuente de la Noticia:

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/21/actualidad/1519206874_022435.html#?ref=rss&format=simple&link=seguir

 

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El 65% de las familias prefieren que la religión no esté en la escuela ni sea evaluable

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

Un estudio de la FAD sobre las AMPA asegura, además, que el 60% cree necesaria una materia de valores. Las AMPA se encuentran en situación económica y materialmente precaria.

Estas son algunas de las conclusiones del reciente estudio publicado por la FAD: Las AMPAS en el sistema escolar española: como son, qué necesitan y en qué creen. Una investigación realizada mediante encuestas a 161 AMPA que representan a unas 21.000 familias de todo el país.

El estudio pretende hacer una radiografía de la situación de la participación de las famlias en los colegios, de cuáles son sus creencias, intereses y dificultades de funcionamiento y relación con los centros educativos.

La mayoría de las asociaciones de madres y padres de centros educativos, independientemente de la red a la que pertenezcan, tienen una relación bastante positiva con el centro educativo en el que se encuentran. Eso sí, su situación es de bastante precariedad.

Creencias

Efectivamente las familias creen que la educación en valores necesita más espacio dentro de la educación. El 53,4% opina que tienen poco espacio dentro del sistema educativo, y el 60% ve la necesidad de que exista una asignatura específica de valores. Algo a lo que se suma el que el 65% de las familias no está de acuerdo con que la educación en valores es solo responsabilidad de las familias.

Además de entender que es necesario alcanzar el pacto por la educación, así lo cree el 95% de las AMPA encuestadas, también opinan, en un 70% que los alumnos deberían tener más protagonismo en la gestión de su propio aprendizaje, a lo que se sumaría un 62% cree que debería incorporarse al colectivo en las decisiones sobre el funcionamiento del centro educativo.

Dificultades

La falta de capital, de personal, de tiempo y de apoyo por parte de la Administración, del propio centro, de muchas familias y de los docentes, se encuentran entre las mayores dificultades que encuentran las AMPA de los colegios.

Unas familias que participan en buena medida en los consejos escolares de sus centros, pero que lo hacen, principalmente, en la realización de actividades extraescolares o en jornadas de puertas abiertas y que quedan un poco más descolgadas a la hora de participar en actividades más relacionadas con el funcionamiento de sus centros, como la escolarización, por ejemplo. Una situación en la que ahondó la LOMCE al dejar el papel de los consejos escolares en meramente consultivo, vaciándolos del poder de decisión que tenían.

Se trata de asociaciones en las que, principalmente, existe un pequeño grupo motor de menos de 10 madres y padres (en un 80% de los casos son las madres las que participan más, frente a un 20% de los caos en los que la implicación es paritaria, nunca son ellos quienes participan más, unos datos tozudos”, en palabras de Eulalia Alemany, directora téncnica de FAD), que ha de hacerse cargo de todo sin recursos suficientes, sin apoyos ni económicos ni personales ni de las administraciones (como el ayuntamiento de su localidad) ni del propio centro además, con cierta necesidad de formación en ámbitos como la gestión y de una mayor flexibilidad horaria.

Los expertos hablan de la importancia de la implicación de la familia en la vida del centro, así como de la formación que dentro de escuelas e institutos puedan conseguir madres y padres para la mejora, no solo de los resultados escolares propios y de sus hijas e hijos, también de la convivencia en los centros educativos.

“Las familias tienen poco tiempo, explicaba Eulalia Alemany, para compaginar el horario laboral y el escolar. No tienen flexibilidad para participar más”.

Tipologías

Dado que el estudio se ha hecho con AMPA de centros públicos, concertados y privados, desde la FAD han podido elaborar una tipología de asociaciones de familias, con cuatro grupos principales.

El más numeroso lo formarían las AMPA laicas, inclusivas y participativas, que representan más o menos el 36% de todas las que forman parte del estudio. Están más presente en la escuela pública (prácticamente el 96%), piden más recursos para la educación pública, que se eliminen los deberes en casa y se realicen en el aula, y que la religión salga del currículo.

También creen que la educación en valores no es monopolio de las familias y que es necesario que haya una asignatura específica puesto que ahora no se le dedica el tiempo suficiente en la escuela. Apuestan por la diversidad en el aula, puesto que ayuda a combatir estereotipos, aunque habría que equilibrar su representación en centros públicos y privados.

Tras esta, la segunda tipología sería la del AMPA de colegio católico, concertado, con un 23% de representación. Apuestan por los deberes, el esfuerzo, los contenidos y el trabajo del profesorado.

Se trata de asociaciones que confían más en la capacidad del centro para el funcionamiento normal, para solucionar los problemas de convivencia qu se desarrollen, que no ven tan necesaria la participación del alumnado en la vida ordinaria de la escuela o instituto.

Después vendrían las AMPA de una escuela pública, funcional y directiva (22%). Se trata de la contraparte de la anterior. Con una visión más crítica de la diversidad y de la necesidad de un mayor equilibrio entre pública y privada en el reparto de este alumnado.

Comparten con los anteriores una visión más directiva del centro, en el que se trabaja más los contenidos y se confía en la institución, aunque, al contrario, perciben la falta de dotación de los centros a la hora de abordar cuestiones como los idiomas o las tecnologías. Curiosamente, es uno de los grupos que menos participa en las actividades del centro, como la mediación de conflictos o en las formaciones dirigidas a las familias.

Por último, está la escuela exclusiva, de pago y religiosa, en la que se encuentra el 19% de las AMPA. Un grupo que claramente defiende a la escuela concertada, con cierto tono exclusivo y religioso.

Considera la diversidad una dificultad que empeora los resultados escolares, provoca conflictos y es una sobrecarga para el profesorado. Además, consideran que la educación en valores es algo que debe permanecer en el ámbito de la familia, sin cabida en el sistema educativo. Eso sí, la educación ha de formar parte del currículo.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/02/14/el-65-familias-prefieren-que-religion-no-este-en-la-escuela-ni-sea-evaluable/

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España: El TC tumba la «vía Wert» para escolarizar en castellano con fondos públicos

Por: abc.es/21-02-2018

Estaba condenada al fracaso, llevaba casi un año en punto muerto y ahora el Tribunal Constitucional (TC) le ha dado la estocada definitiva. El alto tribunal ha anulado por «insconstitucional» la conocida como «vía Wert», que ofrecía a los padres la posibilidad de escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña con fondos públicos y sin tener que litigar durante años en los tribunales. La sentencia, aprobada por unanimidad, llega en un momento de máxima sensibilidad en Cataluña después de que hace unos días el Gobierno, que en virtud del 155 tiene competencias en la Consejería de Enseñanza, anunciara que estudia mover hilos para que el castellano recupere el papel de lengua vehicular en esta comumidad.

Una vía muerta

La «vía Wert» o «vía Lomce», habilitada en 2013 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert , ofrecía 6.000 euros de ayuda –luego la cantidad se rebajó– a las familias para sufragar la enseñanza bilingüe de sus hijos, dinero que después el Gobierno descontaba a la Generalitat. En la práctica, la propuesta embarrancó, ya que no habían centros públicos que ofrecieran escolarización en castellano, lo que obligó a los padres a matricular a sus hijos en centros de élite privados con matrículas inaccesibles. Desde un principio, los padres –medio centenar han accedido a las ayudas– entendieron que era una vía muerta.

La sentencia del TC, hecha pública ayer y que responde a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat en 2014, considera que esta vía para garantizar el castellano es «inconstitucional» y no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

El fallo del alto tribunal, aprobado por unanimidad, se refiere, en concreto, «a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación».

Según el TC, «la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomasrespecto a la Administración del Estado». De igual modo, la sentencia rechaza que, «a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las comunidades autónomas».

«Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias que constitucionalmente le están reservadas», señala el fallo.

La sentencia también dirime otras cuestiones sobre la Lomce y, así, declara inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingüe (impartición de asignaturas no lingüísticas en lenguas extranjeras) desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

El Tribunal sostiene que la ley no especifica el criterio legal que da cobertura a esta competencia del Gobierno para el desarrollo reglamentario básico. Tampoco puede justificarse en que la educación plurilingüe tenga un carácter excepcional, pues, todo lo contrario, abarca prácticamente a todas las enseñanzas no universitarias.

Por otro lado, el Tribunal sí considera conformes a la Constitución los preceptos que atribuyen al Ministerio de Educación la competencia para regular las pruebas de evaluación finales de ESO y Bachillerato, cuya superación es necesaria para la obtención de los títulos académicos, incluyendo la de establecer los criterios de evaluación y las características de las pruebas para cada convocatoria.

Se trata del ejercicio de la competencia estatal para regular las «condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales». Asimismo, recuerda que compete al Gobierno el fijar «las llamdas enseñanzas mínimas».

*Fuente: http://www.abc.es/sociedad/abci-constitucional-anula-sistema-lomce-para-garantizar-escolarizacion-castellano-cataluna-201802201344_noticia.html

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