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España: Calendario escolar en Asturias | Primaria y Secundaria comienzan y finalizan el curso el mismo día por primera vez

Europa/España/01-04-2022/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

El curso en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato comenzará el 12 de septiembre y concluirá el 23 de junio.

La Consejería de Educación ha aprobado hoy el calendario escolar para el próximo curso (2022-2023), que unifica por primera vez el inicio y el final del curso de Infantil y Primaria con el de Secundaria y Bachillerato. La supresión de los exámenes de recuperación de septiembre en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tras la entrada en vigor de la LOMLOE, ha permitido ajustar las fechas, ya que los centros tendrán más margen organizativo.

Por otra parte, la estructura del calendario escolar mantiene los periodos de respiro en mitad de los dos primeros trimestres, que son los más extensos. Las vacaciones de Navidad suman 16 días y las de Semana Santa se alargan a 11 para favorecer el descanso del alumnado. Estas últimas se reparten por delante y por detrás del puente festivo.

La directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, María Elena Arango, ha presentado una propuesta que trata de conciliar las peticiones presentadas por adelantado por representantes de las familias, los sindicatos de la enseñanza pública y de la privada-concertada y las direcciones de los centros, a través de los comités.

«La organización que hemos sacado adelante intenta acercar las posturas de toda la comunidad educativa, con un equilibrio entre los trimestres y ofreciendo una respuesta a las necesidades metodológicas y pedagógicas que requiere el alumnado», ha explicado Arango.

El calendario mantiene 177 días lectivos, a los que hay que descontar los dos festivos de cada concejo.

El curso en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato comenzará el 12 de septiembre y concluirá el 23 de junio. Se conservan los dos principales periodos vacacionales: el primero, del sábado 24 de diciembre al domingo 8 de enero, y el segundo, del sábado 1 de abril al martes 11 de abril.

Además, se introducen dos periodos de respiro de cinco días cada uno y uno de cuatro en mitad de los dos primeros trimestres. El primero de estos puentes está previsto al mes y medio del inicio de las clases. Así, se fijan como no lectivos el 31 de octubre y el 2 de noviembre, que se unen al 1 noviembre, festivo nacional, y al fin de semana.

El de cuatro días coincide con el puente de la Constitución. Se considera no lectivo el lunes, día 5 de diciembre, que se encadena al puente y al día de la Constitución. No obstante, sí habrá clase el miércoles 7 y el viernes 9.

El segundo descanso de cinco días llegará en febrero. Así, se establecen como no lectivos los días 17, 20 y 21, que se unen nuevamente a un fin de semana, coincidiendo con Carnaval.

Con este calendario, el alumnado tendrá 68 días de clase en el primer trimestre, 57 en el segundo y 52 en el tercero.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/asturias/calendario-escolar-asturias-2022-2023-20220331150447-nt.html

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LOMLOE: ¿en qué afecta al fomento de la lectura?

Por: Educación 3.0

Entre las novedades que incluye la nueva ley educativa que entrará en vigor el próximo curso se encuentra la obligación de un tiempo diario de lectura en el aula. Jesús Hernán, director de Legiland, subraya en este artículo la importancia de fomentar el hábito lector.

La nueva ley educativa (LOMLOE) estará vigente a partir del curso 2022/2023. Algunos de los elementos clave sobre los que se vertebra son: los derechos de la infancia, la defensa de la igualdad de género, la personalización del aprendizaje, el desarrollo sostenible o la inmersión al mundo digital; pero, ¿Qué dice sobre algo tan esencial como el fomento de la lectura?

En este sentido, la nueva ley apenas propone cambios significativos respecto a las anteriores. La principal novedad es la obligación de un tiempo diario de lectura en el aula. Esto es algo que la LOE y la LOMCE ya contemplaban para Primaria, pero no para Secundaria. Parece una buena medida y, desde luego, un reto para los educadores, que tendrán que cambiar algunos hábitos para dejarle espacio de calidad a la lectura.

La ley reconoce que el fomento del hábito y del gusto por la lectura impacta directamente y de manera positiva en la mejora de la comprensión lectora, la capacidad de expresarse, la gestión de la información, el pensamiento crítico y el aprendizaje de nuevos conocimientos. Sin embargo, delega en las Administraciones educativas la concreción y promoción de los planes de fomento de la lectura y presupone, no queda claro cómo, la colaboración de las familias y del voluntariado, así como el intercambio de buenas prácticas.

En referencia a las bibliotecas escolares, la LOMLOE no introduce apenas novedades. Habla de la obligación de los centros de disponer de una biblioteca, pero no entra en detalle sobre su funcionamiento, recursos o características. Tampoco menciona quién debe gestionar la biblioteca y no exige personal cualificado para ello. En ese sentido, no parece que la triste realidad de las bibliotecas escolares vaya a cambiar demasiado.

El hábito lector: clave para el éxito escolar

Un estudio realizado por la OCDE a partir de las pruebas PISA 2000, demuestra que disfrutar de la lectura es más importante para el éxito escolar que el estatus socioeconómico de la familia. Otra investigación británica dirigida por el profesor Mark Taylor, que siguió a casi 20 mil personas desde la adolescencia hasta la edad adulta, revela que la lectura por placer es el primer predictor de éxito profesional. Sin embargo, el último estudio PISA 2018 sitúa a España con 477 puntos, significativamente por debajo de la media de la OCDE (487) y de la Unión Europea (489). Visto esto, es comprensible que las leyes educativas sigan poniendo el foco en fomentar el gusto y el hábito lector, huyendo del concepto de lecturas obligatorias.

LOMLOE fomento lector

La pregunta que muchos docentes y equipos directivos se hacen es: ¿cómo llevar a la práctica la nueva normativa? Si a la poca concreción de la misma sumamos la compleja realidad del día a día en un centro educativo y que el fomento lector no siempre es una prioridad, la solución se antoja una quimera.

Áreas para desarrollar el hábito lector

Un plan de trabajo que tenga como propósito fomentar el gusto por la lectura y desarrollar el hábito lector debe tener en cuenta, al menos, cuatro áreas:

  • El catálogo: poner al alcance del alumnado un amplio, variado y atractivo surtido de lecturas de todo tipo. Esto, con la fragilidad de las bibliotecas escolares es cada vez más difícil y requiere de un gran compromiso y mucho tiempo por parte de educadores e, incluso, de las familias.
  • La autonomía: situar al lector en el centro del plan lector y fomentar su autonomía y construcción de un criterio propio.
  • La mediación: todo el profesorado -no solo los de lenguas- debe ser capaz de acompañar, orientar y mediar al alumnado desde la diversidad.
  • El clima: hay que proponer dinámicas y actividades transversales relacionadas con la lectura que se orienten a crear un clima y una cultura lectora en el centro.

El hábito lector es algo que se construye en el día a día y al que es necesario darle su espacio y tiempo. Para que un plan lector funcione debe contar con tiempo, confianza y el compromiso del equipo directivo y de todas las áreas, como también remarca la LOMLOE. Dada la complejidad de la misión, cada vez más centros disponen de una plataforma digital específica para vertebrar el plan lector que les ayuda optimizar el tiempo, gestionar el trabajo, dinamizar las lecturas y medir los resultados.

En resumen, la LOMLOE sigue apostando para que desde los centros educativos se fomente el gusto por la lectura y se desarrollen hábitos lectores que perduren y así producir un impacto positivo en el plano académico, personal y profesional del alumnado. Para ello, se obliga a destinar un tiempo diario a la lectura y se pide la implicación y compromiso de todas las áreas. La nueva Ley educativa sigue reconociendo y refuerza la importancia del fomento lector, esperemos que dé sus frutos en el mundo real en los próximos años.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/lomloe-fomento-lector/

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CCOO continúa con la presión en Cataluña para revertir la elección de personal por parte de las direcciones

Por:

  • El sindicato busca la manera legal de echar por tierra diferentes normativas relacionadas con autonomía docente y de los equipos directivos que facilitan la contratación directa de determinados perfiles que se ajusten al PEC del centro y que suponen la posibilidad de saltarse las listas de sustitutos e interinos.

Al calor de la LOE de 2006, la Generalitat de Cataluña aprobó, en 2009, su Ley de Educación. En ella se abría la posibilidad a que un cierto porcentaje de los claustros pudiera ser elegido por la dirección de los centros. En 2010 y 2014 se aprobaron hasta tres decretos que desarrollaban partes de esta normativa y en los que se aprobaba que las direcciones podían solicitar perfiles profesionales concretos, así como la posibilidad de «despedir» a todo el personal del claustro que no tuviera plaza definitiva.

Ambas posibilidades, la de definir perfiles laborales concretos, así como la potestad de decidir quién sí y quién no continúa en un claustro el siguiente septiembre han sido ampliamente contestadas, sobre todo el los últimos años. Según explica Ester Satorras, secretaria general de la FECCOO en Girona, al principio las direcciones de los centros no hicieron un uso excesivo de estas posibilidades, pero de un tiempo a esta parte las cosas han cambiado. Esta dirigente sindical asegura que se producen algunas situaciones de abuso importantes por parte de ciertas direcciones y que ni la Conselleria ni la Inspección hacen nada al respecto.

La situación ha ido empeorando, hasta el punto de que el pasado mes de noviembre el sindicato presentó un concencioso-administrativo contra la última norma publicada que da más autonomía en la selección a las direcciones de centro. Se trata de la Resolución EDU/1852/2021 del pasado mes de junio en la que se establecen los criterios de utilización del procedimiento de selección de candidatos por parte de las direcciones de centro. Según los servicios jurídicos de CCOO esta normativa incumple lo dictado por la Lomloe, que recorta algunos de los provilegios de las direcciones. Algo que no pasaba con la Lomce, por ejemplo.

El contencioso-administrativo ha sido admitido a trámite y se celebrará en el mes de marzo de 2023, dentro de un año. En el juicio, si llega a celebrarse, se presentará el testimonio de 12 docentes que se han visto perjudicados por las normativas que confieren esta potestad a las direcciones de centro.

Mientras tanto, el sindicato ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con las que presionar al Parlamento autonómico para que se reviertan las medidas adoptadas en cuanto a la capacidad de las direcciones de conformar sus claustros.

Fuentes de Educación insisten en el que el sistema de elección por parte de las direcciones tiene sus controles y que estas no se hacen a dedo, sino en función de una serie de necesidades y acordes a los Proyectos Educativos de Centro.

En cualquier caso, el contencioso-administrativo no solo pretende echar por tierra la última normativa publicada en Cataluña, sino que, de manera indirecta, busca derogar el artículo 50.6 del Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos; el artículo 10.1 e) del Decreto 155/2020, de 2 de noviembre, y el artículo 28 de Decreto 39/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los procedimientos para definir el perfil y la provisión de puestos de trabajo docentes, por ser contrarios al ordenamiento jurídico y lesivos para los intereses del funcionariado y el personal interino docente de Cataluña.

Para el sindicato, el sistema, una década después de haberse implantado, no ha demostrado una mejora en los resultados del sistema educativo catalán y sí lo ha llenado de subjetividad a la hora de realizar según qué contrataciones.

Según Satorras el sistema puede llegar a suponer, por ejemplo, discriminación para docentes embarazadas que no vean confirmada su continuidad en el centro educativo por su estado y en previsión de las futuras bajas. A esto se añaden otros riesgos, según el sindicato. Si una dirección decide la contratación de alguien que está al final de la lista, deja fuera a otros profesionales con más experiencia y méritos o, por ejemplo, que una interina que tenga que dejar el puesto porque vuelva la funcionaria de carrera, puede que se quede sin trabajo al ser posibles las contrataciones «a dedo» y no quedar, entonces, plazas disponibles. Un particular que, en realidad, ocurre en cualquier otro lugar, al ir avanzando la lista de interinos con las diferentes contrataciones.

Para el sindicato, además de los efectos directos sobre la situación laboral de muchas personas, hay otros más discretos y que se relacionan con el miedo a dar opiniones disconformes con la dirección en los claustros para evitar problemas con la continuidad de las plazas de trabajo. O personas que prefieren no solicitar reducciones de jornada para asegurarse el trabajo.

«Es una falta de democracia absoluta», asegura Satorras. Según relata, ella misma ha sufrido las consecuencias de este sistema con por el embarazo de su tercer hijo y la baja que tuvo que pedir por temas sanitarios. No llegó a pisar el centro en el que tenía la plaza y a finales de junio la informaron de que no continuaría en el claustros el siguiente mes de septiembre.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/03/01/ccoo-continua-con-la-presion-en-cataluna-para-revertir-la-eleccion-de-personal-por-parte-de-las-direcciones/

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Así nació la enseñanza concertada

Javier González Moreno

España difiere del resto de países europeos en un aspecto fundamental: mientras en Europa la educación privada generalmente apenas sobrepasa el 10% del sistema educativo, en España alcanza el 30%. Además, en España esa educación privada recibe grandes cantidades de dinero público. ¿Qué hechos históricos han llevado a esta situación? Un breve recorrido histórico nos permitirá también comprender qué es la educación privada concertada y desechar algunos mitos.

Las subvenciones empiezan en el tardofranquismo

En el siglo XIX la fuerte influencia de la Iglesia en España impidió que el Estado asumiera la educación y formara un sistema educativo nacional como en el resto de Europa. Las escasas escuelas existentes siguieron siendo en su mayoría propiedad de la Iglesia y el analfabetismo campó a sus anchas hasta principios del siglo XX. La II República trató de solucionar esta situación pero la Guerra Civil truncó cualquier avance. El franquismo entregó a la Iglesia toda la educación en pago por su apoyo en la Guerra Civil y durante décadas persistió la desescolarización endémica.

En los últimos años del franquismo, organismos internacionales como la UNESCO presionaron a España para que hiciera mayores esfuerzos en educación. Fruto de esto, en 1970 se declaró gratuita y obligatoria la educación entre los 6 y los 14 años de edad (la famosa EGB).

Sin embargo, en aquel momento existía un gran número de centros privados que venían impartiendo estas enseñanzas, en su inmensa mayoría propiedad de la Iglesia católica. Tras esta declaración de gratuidad y obligatoriedad, estos centros privados presionaron al Estado para obtener subvenciones aduciendo que era la única manera de garantizar esa gratuidad para los alumnos que escolarizaban. Con el Ministerio de Educación dominado por fuerzas afines a la Iglesia, muy pronto las subvenciones se multiplicaron sin control.

Mención especial merece el fraile presidente del sindicato vertical de enseñanza franquista, convertido en patronal de la enseñanza en la Transición. Su estrategia para las subvenciones fue conseguir primero unas ayudas a la gratuidad en unos pocos centros, luego unas subvenciones al 30%, luego al 50%, etc. Era la estrategia de la “mancha de aceite”, que una vez que cae sobre la tela se extiende sola.

La Transición y el miedo a una guerra educativa

Los intentos de estatalización de la enseñanza de la II República habían constituido una de las causas de la Guerra Civil. Y la izquierda de la Transición no deseaba repetir ninguna guerra, por lo que la estatalización de todo el sistema educativo quedaba descartada de antemano.

En 1978 se promulgó nuestra Constitución, que es una de las más extrañas de Europa respecto a la educación. Aunque se proclama un derecho a la educación y se encomienda al Estado la organización de la escolarización, no se atribuye al Estado la responsabilidad de su prestación. También se proclama la libertad de enseñanza al mismo nivel que el derecho a la educación y se incluye una referencia a las subvenciones públicas a los centros privados. La Constitución, y las sentencias del Tribunal Constitucional de 1981 y 1985, son muy favorables para los intereses de la enseñanza concertada.

El gobierno socialista pacta los conciertos con la Iglesia

En 1982 llega al gobierno el PSOE de Felipe González. La prioridad para el PSOE era la “modernización”: en educación había que superar la “historia de escasez, inhibición del Estado, politización y ardor ideológico” y centrarse en lograr una escolarización a niveles europeos. Para ello había que promulgar una ley de escolarización que fuera a durar, es decir, que fuera aceptada por todos los actores políticos, incluida la Iglesia.

Las negociaciones con la Iglesia y la derecha parlamentaria fueron muy duras porque estos actores no renunciaban a sus posiciones maximalistas: que el Estado financiara la enseñanza privada sin contrapartidas, incluso absteniéndose de construir centros para no hacerles la competencia. La pretensión de los representantes de los obispos era que el Ministerio de Educación siguiera bajo su influencia como durante el franquismo. De hecho, en la primera reunión con el ministro socialista, presentaron sus propios decretos con el objeto de que fueran firmados y publicados en el BOE, como había venido siendo habitual.

El resultado fue la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE), que establecía el siguiente pacto entre Iglesia y Estado (uno más de los pactos de la Transición): la Iglesia conservaba su sistema escolar y recibía subvenciones más estables y cuantiosas, pero a cambio sus centros debían comportarse como centros públicos, es decir, escolarizar sin discriminaciones y gratuitamente. Un concierto es un contrato que ambas partes deben cumplir, se da una financiación pública para prestar un servicio en unas condiciones.

Hay que destacar que el pacto se hizo principalmente para aplacar a la Iglesia y evitar cualquier atisbo de guerra escolar que pusiera en peligro al nuevo régimen político. Todo cuanto se ha dicho de que los conciertos nacieron porque el Estado no tenía dinero para crear suficientes colegios es prácticamente un mito. Y esto se demuestra en que, cuando los obispos se negaron a firmar los conciertos porque consideraban inaceptables las mínimas contrapartidas que se les pedían para recibirlos, el ministro socialista afirmó que la mayoría absoluta socialista en el Congreso aprobaría un crédito extraordinario para inundar España de colegios públicos. Los obispos firmaron los conciertos y esperaron a otros gobiernos que desarticularan los mínimos controles que se habían establecido.

El efecto de los conciertos en el sistema educativo

Realmente los conciertos de la LODE no fueron un invento socialista: se inspiraron en la los artículos 94 y 96 de la Ley General de Educación franquista de 1970. Estos dos artículos preveían un sistema de conciertos con centros privados, pero la falta de voluntad política y la inestabilidad de la Transición provocaron que durante años se funcionara con un sistema “provisional” de subvenciones sin control.

Con la LODE y su sistema de conciertos la educación quedó como un servicio público “impropio”, de segunda categoría, prestado por una “red integrada” de centros privados concertados y centros públicos. Esto significa que ambos tipos de centros son parte integrante del sistema educativo español. Así lo afirma la vigente LOE-LOMLOE en su artículo 108.4: “La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados”. En tanto la mayoría de estos centros concertados son propiedad de la Iglesia, se puede afirmar que en España la Iglesia forma parte del Estado en educación.

Según la ley, ambos tipos de centros son responsables de la escolarización de todos los alumnos del país, sin discriminaciones y gratuitamente. La realidad es otra, principalmente por las famosas “cuotas voluntarias” que en la práctica son obligatorias en muchos casos y que sirven de filtro para no escolarizar a mucho alumnado con dificultades socioeconómicas. Además, la concertada no está obligada legalmente a establecerse en lugares de difícil cobertura (mundo rural, barrios conflictivos, etc.). Con todo esto se ha pervertido el sistema y se ha conseguido que la subsidiaria sea la pública. La afirmación en la LOMLOE de que “la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo” es mera retórica sin efecto legal (apenas se menciona en el preámbulo de la ley) y un magro reconocimiento para los centros públicos, que son los únicos garantes reales del derecho a la educación en todos los rincones de España y para todos los ciudadanos.

Una pregunta final

Han pasado ya 47 años desde la implantación del sistema de conciertos educativos, que constituye una anomalía en Europa. El gobierno socialista de entonces pactó con la Iglesia que sus centros educativos recibirían fondos públicos y estos se comportarían como públicos, escolarizando sin discriminaciones y gratuitamente. En aras de la calidad democrática y de la eficacia en la gestión de los recursos públicos debemos hacernos esta pregunta y actuar en consecuencia: ¿Se ha cumplido el pacto?

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La Lomloe se declara indagadora de la sostenibilidad (parte I)

Por:

  • Cada vez que se formula una nueva ley educativa para la enseñanza obligatoria, y van muchas, uno tiene la rara manía de leérselas. En concreto busca si existe una relación entre lo que se dice en el prólogo, lo que podríamos llamar los principios generales, y cómo estos se traducen en algo tan simple como los contenidos, o más bien los matices y el envoltorio con los cuales se presentan o recomiendan.

Ha llegado a mis manos el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se establecen en la Lomloe las enseñanzas mínimas de Educación Primaria. Dado que la primera parte se dedica a definir la estructura y el marco normativo, con todas sus disposiciones adicionales, lo he visto de pasada pero lo doy por leído y dejo su consideración a los distintos equipos educativos que deban ponerlo en marcha. Aunque en toda esta primera parte se dicen cosas sustanciales y algunas novedosas, que van más allá de cambio de terminologías de las que todas leyes educativas tienen la manía de incluir. En concreto, habrá que darle vueltas al asunto de la situación del aprendizaje y los principios para su diseño, que vienen recomendados, “a título orientativo” se dice. Me gusta ese matiz, pues deja una libertad que aprecia quien ha actuado más de una vez de partisano didáctico en su trayectoria profesional. En fin, ahí van una serie de percepciones; no se trata de un análisis pormenorizado, escudriñador o complaciente.

Tiene su dificultad para buena parte del profesorado el cometido de diferenciar/relacionar entre objetivos y competencias clave. No digamos de su adaptación al perfil de salida del alumnado, como si fuera una carrera. Más todavía si lo anterior lo queremos compaginar con unas competencias específicas que debemos distinguir de los saberes básicos en el contexto de situaciones de aprendizaje. Me veo como maestro en una reunión traduciendo y acordando con los compañeros y compañeras de ciclo o área. No digo nada pero oídos los comentarios me pregunto si cada cual habrá hecho una lectura reposada para entender el entramado pedagógico, pasado y futuro. Dudo si llegaremos a ponernos de acuerdo sobre lo que dice el borrador. Por poner solo un ejemplo: “Conseguir que las competencias específicas en lo ambiental sean el elemento de conexión entre el perfil de salida del alumnado (seguro que se pensado en el de entrada) junto con los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación”. En fin, que se necesita tiempo de análisis para sintetizar lo que se pide, más si tenemos en cuenta lo de la evaluación. ¿Hará falta una formación específica? Esperemos que la Administración educativa no pida los proyectos para anteayer, como a veces hace.

Dejo esta hipótesis abierta y por ahora vamos a dedicarnos a reconocer de qué manera la Lomloe ha abierto los currículos a la sostenibilidad. Eso tan complejo que se asemeja a una manera de pensar, saber y vivir como colectivo sin fronteras que se hace inexcusable en los tiempos que nos vienen por delante.

De entrada, hay que aplaudir la decidida apuesta por abrir los currículos y definir una serie de saberes de los que hasta ahora se habían olvidado otras leyes. Quienes mandan en el Ministerio han sido valientes. Me imagino a los profesores y profesoras diseñadores del currículo de primaria dándole vueltas a lo que proponían y cómo lo hacían. Luego, al margen de consideraciones varias, un aplauso ecosocial por su esfuerzo hacia ese destino. Y aquí está uno de los teóricos distintivos básicos de esta nueva ley. Otro aplauso.

Aun así, estamos preocupados por ese escenario llamado perfil de salida. Siguiendo con la hipotética reunión de equipo o área; no sabemos las interpretaciones que de él podrá hacer el profesorado. Pues esa “herramienta”, definida como la piedra angular de currículo, según lo comprendido, cabe sospechar que proporcione una visión estructural y funcional de tal manera que capacite al alumnado para todas las situaciones que le plantea la vida, incluido el perfil del entorno natural y del planeta en su conjunto. Además, debe ser “el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria” (Anexo I). En este punto vemos una dificultad nada desdeñable para la transición pedagógica y didáctica que debe llevar a cabo el profesorado implicado. Luego está el porcentaje que hace caso omiso a las leyes educativas y utiliza las “tablas de la ley” de los libros de texto.

Siguiendo sin resolver el asunto, aquí nos vamos a las competencias clave (en particular la ciudadana y la social). Nos permitimos apuntar unas cuantas notas que trae el borrador que podrían “sostenibilizar” bastante, si los libros de texto no ejercen su tiranía, el día a día escolar:

  • La dedicación de un tiempo lectivo a la realización de proyectos en los que se resuelvan de manera colaborativa los problemas planteados. Se terminó el llevar a cabo experiencias socioambientales sumadas a todo lo demás que el currículo marca, que ya es demasiado. Ahora se pueden hacer “en lugar de” y no “además de”.
  • Dichos proyectos se podrán realizar agrupando áreas en ámbitos de vida, algo acorde con la sostenibilidad del currículo. Más cercano a las referencias sociales del alumnado. Pero con cuidado que no es sencillo.
  • El perfil de salida supondrá que el alumnado participe activamente en el entorno natural y del planeta para asumir como propios los retos que se recogen en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De tal forma que, además de otros hábitos de vida saludable, haya generado la toma de conciencia sobre la degradación del medioambiente. Todo lo cual se consigue con la adquisición de unas competencias clave en el contexto de una posición ética exigente. Ahí va un esfuerzo considerable, coordinado, creciente, comprometido, etc. Nada sencillo, por otra parte.
  • La competencia en ciencia hace suya la sostenibilidad pues se aproxima a la comprensión del entorno natural y social para interpretar el mundo de la incerteza. Si bien se ha deslizado un matiz que a nosotros nos parece cuando menos ambiguo: los métodos de la ingeniería para “transformar el entorno” de forma comprometida, responsable y sostenible. En esta competencia aparecen otros estilos de aproximación que deberían ser debatidos en un claustro monográfico: (STEM5) “Participa en acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud y el medio ambiente, aplicando principios de ética y seguridad practicando el consumo responsable.” Aquí cabría la lucha contra el cambio climático, que debería tener una categoría especial en todos los centros de Primaria.
  • La competencia digital (CD) propone un uso sostenible y crítico de las TIC. Particularmente interesante para la cuestión ambiental y de la sostenibilidad el descriptivo operativo de la CD5 si bien no lo concreta tanto como lo hace la CD4: adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para… la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de las mismas. Es este un modelo de vida más deseable en un escenario social actual en donde prima el usar y tirar, con los evidentes deterioros ambientales y sociales que se generan. Una idea interesante, muy comprometida de conseguir dadas las inercias actuales.
  • La competencial personal y social incluye entre “la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad y adaptarse a los cambios”. ¿Acaso no es esto Educación Ambiental o para la Sostenibilidad? Sin embargo quedan bastante difusos sus descriptores operativos.
  • Es en la competencia ciudadana (CC) donde se muestra más claramente la intención transformadora de quienes han elaborado el borrador. De hecho, habla del “desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030”. Así utiliza como descriptores la participación en acciones comunitarias en torno a los ODS, el cuidado del entorno y la generación de hábitos de vida sostenibles en un contexto dialogado para el que se precisa la comprensión de las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión. Habrá que ver cómo incentiva esto la sociedad que acompaña a la escuela.
  • En la competencia emprendedora nos quedamos, reproducimos textualmente con “Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y económico.” Valdría como una declaración básica de intenciones para construir un estilo de vida diferente. Si bien otros descriptores de esta competencia contradicen en cierta manera el postulado expuesto.

El libreto está compensado; se nota que lo han construido personas con vocación ecosocial, esas que quieren ecoescuelas abiertas en un camino que conduce a una percepción participada del mundo. Pero ahora se trata de ver si servirá de enlace a las distintas biodiversidades que conviven dentro de los centros educativos. Por allí se entremezclan inercias del pasado con novedades permanentes; creencias con cansancios profesionales; incredulidades hacia cada nueva ley educativa con el anhelo de educar de otra forma; escolares que tardan en asimilar los cambios y otros que no entienden por qué se les presentan tales o cuales formatos; familias indagadoras con otras despreocupadas; alumnado sobreestimulado con otro grupo que no encuentra finalidades a lo que hace; inclusividades y falta de ellas; administraciones reglamentistas con otras que prefieren innovar al compás de lo que ven en el profesorado; la atenta mirada a la cotidianeidad vs los axiomas clásicos en educación. Al tiempo vendrá la permeabilidad o colisión entre objetivos, competencias, saberes, conceptos y perfiles de salida; y de entrada entre curso y curso, que de esto se dice menos. De todas maneras, bienvenidos estos nuevos matices pero prudencia a la hora de dimensionarlos porque la práctica ciudadana que se ve por la calle colisiona con estos postulados ecosociales. Además, la exigida y nueva manera de enseñar del profesorado no puede cambiar de la noche a la mañana; habrá que poner en marcha mucha formación reflexiva.

Todo esto si la Lomloe goza de una existencia facilitadora, y larga vida. Por lo que se escucha de las escaramuzas políticas no se va a llegar a los imprescindibles acuerdos. Seguiremos hablando de la cuestión sostenible y ambiental en entregas sucesivas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/ecoescuela-abierta/2021/12/02/la-lomloe-se-declara-indagadora-de-la-sostenibilidad-parte-i/

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Decanas y decanos plantean la evaluación de las actitudes para acceder a las facultades de Educación

Por:

  • En enero el Ministerio de Educación prevé presentar un documento sobre la profesión docente. Ya ha habido reuniones con el Consejo de Decanas y Decanos de Educación en los que se han planteado posibles líneas de cambios. También ha habido encuentros informales con sindicatos, pero estos desconocen, siquiera, ligeramente, las intenciones del Gobierno.

«Pretendemos cumplir con el plazo», zanja Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación y uno de los máximos responsables de la redacción de la propuesta. Una propuesta que todavía está en el aire en muchos sentidos. Según este alto responsable, ha habido comunicaciones informales con los sindicatos, así como con las y los decanos de las facultades de Educación, aunque todavía no puede adelantarse mucho.

Muy informales, al menos, en opinión de Maribel Loranca, responsable de educación dentro de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Asegura Tiana que están en fase de análisis y discusión con «todos los sectores que tienen algo que decir».

Es verdad que en los últimos 11 meses desde la aprobación de la ley, el Ministerio ha puesto prácticamente todos los esfuerzos en la preparación de los currículos de la Lomloe. Un trámite que requería también unos plazos muy apretados para que fuera posible que en el próximo curso escolar estuvieran listos, tanto los decretos de enseñanzas mínimas como los decretos autonómicos.

A esta premura se une el cambio en la cabeza del Departamento a final del curso pasado. La salida de Isabel Celaá y la llegada de Pilar Alegría han impuesto un cambio de ritmo, empezando por la necesaria «rueda de reconocimiento» de la nueva responsable del Ministerio con las diferentes organizaciones sociales y educativas. Que se ha sumado a la necesidad de llevar a cabo viajes por el territorio en las últimas semanas, apariciones en actos públicos y representación institucional de diferentes tipos.

Ahora, con el tiempo jugando bastante en contra, hay que pisar el acelerador, al menos, para cumplir los plazos de la primera etapa, es decir, tener un texto preparado para el mes de enero que poder enseñar a sindicatos y comunidades autónomas. Un texto que, lo más seguro, abrirá un tiempo de ardua negociación. «Quieren abrir el debate», es la sensación de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. García deja entrever que han comentado, efectivamente, informalmente, algunos aspectos de la propuesta que está elaborando el Ministerio, pero no hay nada claro.

Para él, por supuesto, hay elementos que deben estar presentes sí o sí: formación inicial del profesorado, ingreso a la función pública, desarrollo profesional a lo largo de los años. Pero también, cuestiones relativas a las condiciones laborales del profesorado. Y en este ámbito habla, por ejemplo, de «recuperar la sensatez» en relación al horario lectivo, o de las ratios y de la posibilidad de utilizar, para ello, la bajada de la natalidad que ya es notoria en muchos territorios. Desde el Ministerio, Alejandro Tiana se muestra cauto al hablar de la propuesta sobre la que trabajan. Lo están haciendo en diferentes líneas, pero «todavía es muy prematuro».

La actitud a examen

Además de otras posibilidades de transformación de los estudios de magisterio, las y los decanos plantean la posibilidad de crear pruebas específicas en las universidades, más allá de la EvAU estatal. Pruebas que se centren en cuestiones actitudinales de las y los futuros estudiantes. El objetivo sería seleccionar al «candidato idóneo», explica Carmen Fernández, presidenta del Consejo de Decanas y Decanos de Educación. «No todo el mundo puede ser docente; el expediente académico no puede ser el único filtro», asegura la decana.

Fernández asegura que este tipo de filtros que miden elementos como las habilidades sociales, la creatividad o el pensamiento crítico de las y los futuros docentes, pueden ponerse en marcha de forma objetiva. Además de esto, se trataría de tener claro que las y los candidatos son tolerantes, respetan la diversidad, la coeducación, o tienen un cierto compromiso social. «Se trata de valores universales», insiste la decana de la Universidad de Santiago de Compostela.

Junto a este análisis de las habilidades transversales, relacionadas con lo actitudinal, Fernández también habla de, por ejemplo, estudiar las razones que llevan a las personas a los estudios de magisterio para evitar que razones de poco peso («me gustan los niños») lleven a muchas y muchos a las facultades. Y, por supuesto, también sería necesario evaluar el rendimiento académico de las y los jóvenes.

Otros cambios en la formación

Uno de los puntos fuertes de la propuesta que está pendiente (nadie termina de saber si llamar al texto Estatuto Docente), tiene que ver con la entrada de jóvenes a las facultades para formarse en Magisterio o en el Máster de secundaria. Es un punto conflictivo porque, además de participar en ello el Consejo de Decanas y Decanos, también lo hacen el Ministerio de Educación y el de Universidades.

Carmen Fernández explica que ya han tenido dos reuniones con Educación. Universidades todavía no se ha unido a las conversaciones. En la primera, representantes de la Administración explicaron a las y los decanos en qué consistía la reforma curricular puesta en marcha. En la segunda, los últimos hablaron sobre los puntos que ven claves para la reforma de la formación en las universidades.

El Consejo de Decanos de Educación lleva varios años trabajando más o menos intensamente en la reformulación de unos estudios regulados al milímetro mediante diferentes órdenes ECI. Estos textos impiden a las facultades reformar los estudios universitarios, más allá de algunos detalles cosméticos, asegura Fernández. De esta forma, desde el cambio de gobierno de 2018, el Consejo se puso a trabajar en la reforma completa.

El pasado día 5, las y los decanos, en la reunión con el Educación, le expusieron los elementos que entienden que hay que abordar necesariamente: el acceso a los títulos; su masificación (con el aumento de las universidades privadas y de las ofertas online) y, «poner sentido al acceso», comenta Fernández, es decir, «la regulación del número de plazas (ofertadas) evitando la mercantilización».

Entre los elementos que ven necesario reformular está el grado de la experimentalidad de los estudios; habría que aumentarlo. Esto supondría la reducción de las ratios de estudiantes en según qué materias, relacionadas con la práctica docente. En Medicina, explica Fernández, tienen el nivel mayor y tienen clases con siete alumnos. Magisterio tiene la experimentalidad mínima, lo que hace que haya decenas de chicas y chicos en clase. «No es lo mismo trabajar con 90 alumnos o 40, como trabajamos con algunos grupos prácticos que hacerlo con 12 o 14».

Además, habría que hacer modificaciones en el prácticum de estos estudios, también el currículo («fragmentado y enciclopédico») o fijar los perfiles docentes en las facultades de educación para decidir quién imparte en el prácticum o desarrollar los perfiles de los docentes asociados en las facultades.

Uno de los problemas principales en este sentido es que los cambios de las órdenes y el consenso para lograrlos, pueden llevar una gran cantidad de tiempo. En un primer momento, las y los decanos de Educación deberían ponerse de acuerdo en qué y cómo reformar (algo que, según Carmen Fernández, es más o menos sencillo); también es necesario tener la complicidad del Gobierno y pasar la aprobación de las diferentes agencias de evaluación autonómicas y estatal.

Los plazos se terminan

El tiempo se le acaba al Ministerio para presentar algún documento. Enero es el horizonte legal para presentar la propuesta. Las fuentes consultadas no creen que todavía haya ningún documento muy fundamentado o elaborado.

En la memoria de mucha gente está la negociación fallida del Estatuto Docente de 2007. A pocas conversaciones de su firma definitiva, las conversaciones saltaron por los aires. La cuestión económica que debería llevar aparejada la reformulación de la carrera docente (vertical y horizontal) así como las condiciones laborales y los primeros destellos de la crisis de 2008 dejaron aquel documento en papel mojado.

Algunos de los protagonistas de entonces, vuelven a estar presentes. Tanto Alejandro Tiana (como secretario general) como Fernando Gurrea, como subsecretario de Educación, ya tuvieron que sentarse a negociar con los sindicatos. Podría ser una «modernización», piensa Loranca, de FeSP-UGT, pero ahora mismo, asegura, no saben cuáles son las intenciones del Ministerio.

Esta situación, la de la repetición de los protagonistas ministeriales, hace pensar en la posibilidad de que se vuelva a presentar un documento a los sindicatos que tenga similitudes con aquel de 2007. Pero es imposible saberlo. Es lo que se desprende de la conversaciones con los diferentes representantes de los sindicatos, que desconocen por dónde irán los tiros del documento que Educación ha de presentar en unas pocas semanas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/11/15/decanas-y-decanos-plantean-la-evaluacion-de-las-actitudes-para-acceder-a-las-facultades-de-educacion/

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