Por: Abel Barrera Hernández
En las comunidades pobres de la Montaña de Guerrero, principalmente en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatonoc, se arraigó la costumbre de los matrimonios forzados de niñas que truncan su vida desde los 12 años. Los padres han normalizado la venta de sus hijas fijando cantidades que oscilan entre los 100 mil a 250 mil pesos. Son los hombres mayores los que formalizan estas alianzas matrimoniales, ignorando la opinión de las esposas y de las mismas niñas. Las autoridades comunitarias son las que testifican y legitiman las uniones de las menores. Lo más grave es que las niñas quedan en total indefensión desde el momento mismo en que sus papás las entregan a quienes serán sus esposos. El mismo día que reciben el dinero y hacen la fiesta, las niñas-esposas son tratadas como sirvientas de los suegros y del marido. Las esclavizan por el precio que pagaron por ellas. Quedan sometidas a un régimen patriarcal en el que los mismos padres se vuelven cómplices de las violencias que padecen sus hijas. No pueden reclamar a los suegros las vejaciones que sufren, de lo contrario, tendrían que regresar todo el dinero con intereses, además de ir a la cárcel junto con la hija desobediente.
A las niñas indígenas les conculcan sus derechos. Le imponen marido y le ponen precio. Como esposas quedan silenciadas de por vida. Nadie se atreve a defenderlas porque puede costarle la expulsión de la comunidad o el encarcelamiento. Las autoridades municipales, por acción u omisión, forman parte de esta red de complicidades. Las autoridades estatales y federales no llegan a estos lugares. Los diputados y diputadas locales tampoco ubican las causas estructurales del problema. Sus reformas solo criminalizan a los padres de familia. Existe un gran abismo entre la visión que permea en la clase política y el drama económico que padecen las comunidades indígenas. Se invisibiliza la desigualdad social y se estigmatiza la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos. Las intervenciones que realizan quedan plasmadas en convenios y acuerdos burocráticos que no inciden en la esfera comunitaria. Para las niñas-esposas el matrimonio forzado es una condena de por vida. Las 4 paredes de la casa de los suegros es su cárcel y su marido el capataz. Mientras la burocracia gubernamental solo contempla la tragedia desde sus cubículos.
La ausencia de las instituciones del estado en las comunidades indígenas propicia estas prácticas denigrantes. Su inoperancia permite que los agresores de las niñas se ensañen, porque saben que nadie las defiende. Los funcionarios esperan que las menores acudan a sus oficinas, sin tomar en cuenta los riesgos que corren. El monolingüismo de muchas niñas es parte de las políticas racistas que violentan su derecho a la educación. Sus trágicas historias no se conocen porque viven en lugares inhóspitos y no aparecen en el facebook.
Su dependencia económica las supedita a los caprichos de los maridos. Como esposas realizan trabajos extenuantes. Nunca reciben una remuneración por todo lo que hacen. La sujeción está basada en el uso de la fuerza de los hombres. Los mayores imponen la costumbre de que ellas deben cuidar y mantener a la prole, tienen que preparar la comida, trabajar en el campo, lavar la ropa, hervir el nixtamal y poner la lumbre en la madrugada. No reconocen su aporte sustantivo en la cultura, la alimentación, la salud, el trabajo comunitario y su creatividad artística.
Los padres de familia de estos municipios aprendieron desde pequeños a sembrar maíz en el tlacolol, en condiciones sumamente precarias. Toda la familia tiene que realizar la tumba, la roza y la quema, porque no hay recursos para pagar peones. Cosechan por año alrededor de 300 a 500 kilos de maíz. El policultivo les permite saborear frutos frescos derivados de la calabaza, el frijol y el maíz. Han heredado saberes culinarios que son manjares de la cultura mesoamericana por la multiplicidad de sabores que logran extraer y mezclar en cada producto. En la fiesta de muertos comparten la comida en el cementerio con las abuelas y abuelos difuntos.
En la temporada de secas el hambre arrecia en la Montaña porque la cosecha es raquítica y solo dura 3 meses. Las familias indígenas se ven obligadas a abandonar sus comunidades para instalarse en los campos agrícolas. Al principio su desplazamiento era a los estados de Puebla y Morelos, para el corte de la caña. Posteriormente se dio el enganchamiento de los jóvenes para trabajar en los municipios de la Sierra y la Costa Grande del Estado, como sembradores y rayadores de amapola. Muy pronto la planta roja empezó a florecer en las laderas de la Montaña y en los patios de las casas. Su siembra reforzó la militarización e incrementó la violencia. La venta de la goma abrió las rutas del trasiego y alentó la disputa por el control territorial. La fragmentación comunitaria debilitó las redes de apoyo local y expulsó a las familias sin tierra. La ola migratoria se expandió hacia los estados de Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua donde están asentados grupos del crimen organizado y empresas agroexportadoras, que contratan mucha mano de obra barata en condiciones sumamente deplorables y riesgosas.
Con la migración jornalera la situación de las niñas, niños y mujeres empeoró, no solo por las olas del Covid 19, que causó más muertes de las que normalmente suceden en las comunidades indígenas, sino por el recrudecimiento de la violencia que ha segado la vida de esposas y niñas en municipios pobres. Los matrimonios forzados de niñas han incubado la violencia dentro de los mismos hogares. Este ambiente hostil es propiciado por los suegros y maridos y permitido por las autoridades municipales que se mantienen pasivas e indiferentes. Ante la embestida virulenta de los hombres mayores que acechan a las niñas-esposas, no les queda otra alternativa que huir de este infierno para refugiarse en la casa de sus padres.
El caso de Celia, es indignante y aberrante. En julio del 2021 la forzaron a casarse con Raúl. Ante la ausencia del papá, los negociadores fueron el tío paterno y el abuelo materno. Fijaron la cantidad de 160 mil pesos. Doña Cecilia no pudo evitar que su menor hija fuera vendida. El botín se lo repartieron los hombres de la familia: 110 mil recibió el tío y 50 mil el abuelo. Los principales de la comunidad formalizaron el enlace matrimonial. Comieron y bebieron por su felicidad. Al siguiente día Celia viajó con la familia de Raúl a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco. A sus escasos 13 años enfrentó las pruebas más difíciles de su vida. Fue la sirvienta del marido y de los suegros. En la galera donde vivían no le alcanzaba el tiempo para preparar el nixtamal y hacer las tortillas. Desde las 7 de la mañana se disponía para ir al corte de jitomate. El dinero que ganaba lo cobraba el suegro. Le decían que tenía que trabajar duro para que repusiera la cantidad que pagaron por ella. El marido, en lugar de ayudar a cubrir la supuesta deuda de Celia, se dedicó a tomar y a golpearla. Fueron 8 meses de sufrimiento, sin que nadie la defendiera.
Fue un alivio regresar a la Montaña. Por su embarazo de alto riesgo pudo llegar a la clínica de Cochoapa el Grande. Se reencontró con su madre y sus dos hermanas mayores. Al verlas no pudo contener el llanto. Por fin había llegado el momento de contarles todo. Como mujeres comprendieron el drama de la hija menor. El nacimiento de su bebé, en lugar de unir a la familia se distanciaron más porque la suegra le espetaba que no era su nieto. Celia prefirió guardar silencio y emprender la huida con su pequeño hijo, para refugiarse en la casa de su mamá. Aún convaleciente por el parto, la policía comunitaria entró a su domicilio para detenerla junto con su hermana mayor. La acusaban de haber abandonado a su esposo y por la deuda que tenía su familia por el pago de su matrimonio. Doña Cecilia, madre de Celia pidió el apoyo de la síndica municipal y de la juez de paz, sin embargo, las dos tuvieron temor de intervenir ante la policía comunitaria. Comentan que ellos se han erigido en los guardianes de la ley en el municipio. No forman parte de la coordinadora de autoridades comunitarias ni de los grupos de autodefensa, surgieron más bien por la ausencia de la autoridad municipal que tiene abandonadas a las comunidades indígenas.
Cecilia tuvo que vencer el miedo. Consiguió dinero para viajar 2 horas en taxi colectivo a la cabecera municipal de Tlapa. Solicitó la intervención del centro de derechos humanos de la Montaña, que interpuso una denuncia por la privación de la libertad de sus dos hijas. Se requirió también la comparecencia del tío paterno para que regresara los 110 mil pesos que recibió por la venta de Celia. Las reacciones subieron de tono. La policía comunitaria acusó a las hijas de Cecilia de que se habían robado una pistola de la comandancia. El tío paterno amenazó a la hermana y el hermano de Cecilia para que ellos pagaran la deuda, de lo contrario los expulsarían de la comunidad. El poder de los hombres no cedía ante la denuncia de las mujeres. La policía comunitaria no tuvo otra alternativa que trasladar a las dos hermanas a la fiscalía regional, que las puso en libertad. Por su parte, el tío sigue amenazando a los hermanos de la mamá de Celia para que paguen la deuda. Mientras tanto Cecilia, sus tres hijas y sus cinco nietas, que vivían en una casa de madera en Cochoapa huyeron del lugar, porque saben que en cualquier momento los policías comunitarios, el tío paterno, los suegros y el marido cobrarán muy caro su osadía. Deambulan fuera de la Montaña, sin que nadie las defienda.
Fuente de la información: https://desinformemonos.org
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