Aunque Panamá ha avanzado a través de dos normativas en el propósito de reemplazar el uso contaminante del plástico por alternativas sostenibles, enfrenta ahora el desafío mayor de educar y generar conciencia sobre el tema, consideró María Navas, evaluadora de proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente del país.
En entrevista con Xinhua, Navas, que ejerce en la dirección de verificación de desempeño ambiental del ministerio, resaltó que, además del cambio en los materiales de los productos comercializados en el país, «es importante crear conciencia en la población en favor de la implementación de modelos de consumo responsable, sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos».
El 20 de julio de 2018 entró en vigencia en el país, para negocios de venta al por menor, la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y promueve el de bolsas reutilizables.
«Como trabajo constante, debe realizarse la educación ambiental en todos los sectores para poder encaminarnos hacia la sostenibilidad, es necesario que todos los panameños entiendan la importancia de la aplicación de normativas que disminuyan el uso de plásticos y con esto deberán promoverse normativas más adelante», expuso Navas.
Según detalló, «gran parte de los comercios han adoptado el uso de las bolsas de papel y reutilizables como alternativa a las bolsas de polietileno, tomando en cuenta el objetivo de la ley (de 2018), que es la promoción de las bolsas reutilizables ya que generan menor impacto al ser de más de un uso».
Consideró como frutos de esa ley la reducción de aproximadamente el 33 por ciento en la entrada de bolsas plásticas al país, además que visualmente se ha podido notar una disminución de la presencia de este material en actividades como las limpiezas de playa y en la recolección en las barreras atrapa sólidos que se instalan en fuentes de agua.
La funcionaria identificó como otro avance la adhesión de Panamá, uno de los países de América Latina que más basura per cápita genera, a la carta sobre plásticos oceánicos, que, explicó, implica un compromiso con un enfoque eficiente y sostenible para la gestión de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida.
Destacó además el trabajo del país en su Plan de Acción Nacional de Basura Marina, que busca reunir a actores de todos los sectores para crear actividades y concientizar sobre la basura marina.
«Es una herramienta guía para reducir y eliminar la basura marina que atenta contra la biodiversidad y los ecosistemas en sus costas y mares, involucrando y sumando los esfuerzos de la mayor cantidad de actores nacionales mediante la implementación de acciones de limpieza, restauración, legislación, gobernanza, investigación, desarrollo e innovación», subrayó
La destrucción de plantas de Drosera rotundifolia, una especie insectívora protegida como Sensible a la Alteración del hábitat, por parte de los Servicios de Conservación de Carreteras de la Diputación de Cáceres ha provocado dicha denuncia.
Ecologistas en Acción de Extremadura espera que se llegue al fondo de esta investigación y se depuren responsabilidades técnicas y políticas, así como que se produzcan cambios en la gestión ambiental de las carreteras de diputación de Cáceres, eliminándose, entre otras prácticas, el uso de herbicidas en las cunetas de las carreteras de la diputación provincial.
Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado una denuncia contra responsables del Servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación de Cáceres. Dicha denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de los Juzgados de Plasencia por hechos que pueden revestir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, relativos a la flora y fauna silvestres.
Los hechos, que llevan produciéndose en los últimos años de manera reiterativa, afectan a las poblaciones de diversas plantas protegidas y, en los últimos tiempos, a la especie Drosera rotundifolia, especie incluida en el catálogo de flora amenazada de Extremadura. Esta especie es una de las únicas dos plantas insectívoras presentes en la región extremeña. En los márgenes de la carretera CC-102 entre Hervás y Jerte, la asociación ha tenido conocimiento de la destrucción por parte de los Servicios de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres de una turbera (hábitat protegido) con la presencia de ejemplares de esta y otras especies protegidas.
De esta manera, ha comprobado como las rozas y vertidos de herbicidas realizados a tramos en la carretera CC-102 (Puerto de Honduras) por el servicio de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres han supuesto la destrucción del 90% de una de las pocas turberas presentes en la región, que contaba con decenas de ejemplares de Drosera rotundifolia.
Ya en la pasada primavera ocurrieron hechos parecidos cuando el mismo organismo de Diputación roció con herbicida todas las cunetas de la misma carretera, dañando o eliminando varios ejemplares de especies protegidas de Cephalantera rubra (que cuenta con tan sólo 10-20 pies en la región), Limodorun abortivum, y más de 11 ejemplares de Neottía nidus-avis (catalogada como Vulnerable y de la que tan sólo se conocen dos poblaciones en Extremadura).
Se da la circunstancia agravante de que la existencia de estas poblaciones de plantas protegidas es conocida desde hace muchos años en esa carretera, tanto por la Junta de Extremadura como por la propietaria de dicha carretera, la Diputación de Cáceres. De hecho, la Drosera rotundifolia L. está catalogada por la Junta de Extremadura en el Catálogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas como Sensible a la Alteración del Hábitat por Decreto 78/2018, que modifica y regula el catálogo regional de especies protegidas de Extremadura.
A pesar de lo expuesto, el Servicio de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres viene utilizando herbicidas y desbrozando físicamente dichas poblaciones de plantas, según la estación del año, de forma reiterada como métodos de limpieza de hierbas en las cunetas, afectando gravemente a las plantas de esta población amenazada.
Estos desbroces de vegetación, que afectan tanto a especies protegidas como a espacios protegidos, deben ser contemplados en la redacción de los “Planes anuales y plurianuales de Conservación y Mantenimiento de Carreteras” de la Diputación de Cáceres y que, debido a estas afecciones, dichos planes deben ser informados por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de la Junta de Extremadura.
Además la utilización de herbicidas en cunetas suponen una utilización alegal e irregular de estos productos, puesto que está prohibida su utilización sobre medios acuáticos y cursos de agua, siendo las cunetas una extensión más de la red de drenaje de ríos y cuencas hidrográficas.
Hay que resaltar que dichas plantas se encuentran en un hábitat de interés prioritario Cod UE. 7130 y de un espacio protegido de la Red Natura 2000 Sierra de Gredos y Valle del Jerte (Site Code: ES4320038).
Resulta patente, a la luz de lo expuesto, que los Servicios de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres están poniendo en grave peligro la supervivencia de Drosera rotundifolia L. y el hábitat prioritario de Turberas, por su destrucción mediante medios mecánicos (desbroces) y herbicidas, con vulneración de Leyes y disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente en dicho lugar. La reiteración de los hechos pone en evidencia la existencia de dolo, así como la posibilidad de dejación de funciones y prevaricación pasiva por parte de los técnicos, tanto de la Junta de Extremadura como de la Diputación Provincial de Cáceres.
Los bosques son el núcleo de nuestros esfuerzos para restaurar nuestra relación con el mundo natural, dijo el lunes el subjefe de la ONU en el Foro de la ONU sobre Bosques .
La Vicesecretaria General Amina Mohammed dijo que estábamos en un “momento decisivo” y agregó que los bosques cumplen funciones vitales, incluso como guardianes de las fuentes de agua dulce y la protección de la biodiversidad.
“Los bosques están en el centro de las soluciones que pueden ayudarnos a hacer las paces con la naturaleza”, subrayó, y enfatizó que “necesitamos la mano de obra” para apoyar a los bosques en todo el mundo.
Además, no protegerlos tendría un impacto negativo importante en las emisiones de carbono dañinas y crecientes.
El subjefe de la ONU dijo que los bosques deben ser financiados adecuadamente, incluso mediante el alivio de la carga de la deuda de aquellos Estados que se espera que hagan más por la protección de los bosques y la agricultura sostenible en general.
‘Crisis globales de amplio alcance’
Al señalar que el mundo se enfrenta a «crisis globales de gran alcance» que están «intrínsecamente vinculadas» a la salud y la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir, calificó la discusión como «particularmente oportuna».
“Claramente nuestro mundo nos está diciendo que hay un problema en nuestra relación con la naturaleza”, dijo, y señaló el impacto de COVID-19 , una enfermedad zoonótica que resalta los riesgos asociados con la invasión humana; tasas de extinción de especies, que oscilan entre 100 y 1000 veces por encima de la tasa de referencia; y el aumento del calentamiento global, con 2016 y 2020 empatados como los años más cálidos registrados.
“Desafortunadamente, como sociedad, tendemos a enfocarnos en los síntomas y no en las condiciones subyacentes, y hemos ignorado los mensajes de la Tierra durante demasiado tiempo”, dijo el presidente de la Asamblea. «Con suerte, podemos ayudar a cambiar eso».
Generar impulso político
El funcionario de la ONU llamó la atención sobre un diálogo de alto nivel el 20 de mayo que se centrará en la recuperación de la pandemia y destacará cómo ayudar a abordar la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía.
Abarcará un «fuerte impulso en torno a la necesidad de utilizar este esfuerzo de recuperación trascendental para crear puestos de trabajo y proyectos listos para comenzar que apoyen la restauración de la tierra, la agricultura regenerativa, la energía renovable y la eficiencia energética, así como las inversiones en la gestión sostenible de la tierra», dijo el Sr. .Bozkir.
El presidente de la Asamblea señaló que 2021 será “un año histórico para las tres Convenciones de Río sobre Desertificación, Biodiversidad y Cambio Climático ”, y agregó que estos importantes temas están vinculados y las acciones deben coordinarse para lograr el máximo impacto.
Los bosques ofrecen esperanza para sanar a las personas, el medio ambiente y la economía: jefe de la FAO
Liu Zhenmin, jefe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU , habló sobre una nueva investigación que vincula la restauración forestal exitosa con la reducción de la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies.
Sostuvo que los hábitats bien conservados y la agricultura saludable son caminos clave a seguir y también subrayó la importancia de los pueblos indígenas en la protección y preservación de los bosques, calificando su función de “primordial”.
“Invertir en bosques es invertir en nuestro futuro”, dijo. “Debemos fortalecer nuestros esfuerzos globales para proteger y restaurar los bosques y apoyar los medios de vida de las comunidades que dependen de los bosques. Sólo entonces podremos hacer realidad nuestra visión compartida de un mundo más justo, equitativo y sostenible ”.
El progreso en la protección de los bosques del mundo está en riesgo debido a los devastadores impactos de la pandemia COVID-19 y la escalada de las crisis climáticas y de biodiversidad, según el Informe de los Objetivos Forestales Mundiales 2021.
Los bosques son clave
En su mensaje en video , QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO ), dijo que los bosques saludables son la clave para “reconstruir mejor”.
Dado que proporcionan energía, seguridad alimentaria e ingresos al mismo tiempo que almacenan carbono y albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre de la Tierra, dijo que «los bosques ofrecen esperanza para sanar a las personas, el medio ambiente y la economía».
«Nuestra generación debe ser la que detenga la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático … y logre una mejor nutrición, una mejor producción, un mejor medio ambiente y una mejor vida», dijo el jefe de la FAO.
Si bien el mundo ha estado progresando en áreas clave, como el aumento de la superficie forestal mundial a través de la forestación y la restauración, los hallazgos revelan que el empeoramiento del estado de nuestro entorno natural amenaza estos y otros logros.
“Antes de la pandemia, muchos países estaban trabajando arduamente para revertir la pérdida de bosques nativos y aumentar las áreas protegidas designadas para la conservación de la biodiversidad”, escribió el Secretario General António Guterres en el prólogo del informe.
“Algunas de esas ganancias están ahora en riesgo con las preocupantes tendencias de una mayor deforestación de los bosques tropicales primarios”.
Fuente e Imagen: https://news.un.org/en/story/2021/04/1090622
El gobierno de Brasil ha presentado una nueva meta oficial para combatir la deforestación en el Amazonas, una novedad para la administración del presidente, Jair Bolsonaro. Pero los críticos dicen que no es suficiente.
El general retirado del Ejército y vicepresidente, Hamilton Mourao, publicó el miércoles el Plan Amazonas 2021/2022 en el boletín oficial brasileño. Prioriza para la mitigación de la deforestación cinco de los nueve estados dentro de la «Amazonía Legal», equivalente a alrededor del 60% del territorio brasileño, y anticipa varios cambios en la forma en que el gobierno federal y los estados que componen la cuenca manejan la vasta área.
El Plan Amazonas
Entre los cambios de política, el plan describe el fortalecimiento y la fusión de agencias que vigilan y luchan contra las actividades ilegales relacionadas con el medio ambiente y el uso de la tierra. También llama a regularizar la propiedad de la tierra y brindar nuevas alternativas económicas a las personas que viven en la región, incluida la promoción del desarrollo empresarial y la expansión de la infraestructura de salud y educación.
Para 2022, el Plan Amazonas también apunta a reducir la pérdida anual por deforestación al promedio registrado entre 2016 y 2020, un área de aproximadamente 8.700 kilómetros cuadrados. Es una caída significativa con respecto al nivel actual de destrucción: el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), que rastrea la pérdida de bosques por satélite, estima que se perdieron 11.088 kilómetros cuadrados por deforestación en 2020.
Sin embargo, la meta de 2022 todavía permite aproximadamente 16% más de deforestación que en el año anterior a la toma de posesión de Bolsonaro, lo que no es una reversión de las pérdidas en la selva tropical más grande del mundo, un baluarte esencial en el esfuerzo contra el cambio climático. Según el INPE, se deforestaron 7.500 kilómetros cuadrados de la Amazonía en 2018.
Una meta «muy modesta»
Carlos Nobre, uno de los principales científicos climáticos de Brasil, describe la meta de deforestación para 2022 como «muy modesta». Dice que «para generar algún optimismo, las metas para 2021-2022 deben ser al menos 2.000 kilómetros cuadrados menos (que el promedio 2016-2020). Y con una meta a mediano plazo de reducir la deforestación anual a menos de 4.000 kilómetros cuadrados en tres años.»
«El documento oficial del Gobierno Federal es muy general y no es específico sobre las medidas reales que han mostrado un efecto positivo pronunciado en el pasado», agrega Nobre.
Marcio Astrini, director del Observatorio del Clima de la red brasileña de defensa del medio ambiente, dice que el plan del gobierno esencialmente admite permitir una mayor tala de bosques. «Significa que el gobierno de Bolsonaro se compromete a lograr, después de cuatro años, una tasa de deforestación… más alta que cuando comenzó su gobierno. No es un objetivo, es una confesión de delito ambiental», dijo Astrini.
Culpa al gobierno de Bolsonaro por alentar la actividad ilegal y la tala de bosques en la Amazonía, y señala que un paquete de leyes propuestas actualmente en el Congreso facilitaría el desarrollo de tierras protegidas. «Bajo Bolsonaro, el bosque está solo y bajo el control de los criminales», dijo Astrini.
La deforestación se ha disparado durante la presidencia de Bolsonaro. En 2019, su primer año como presidente, los datos del INPE muestran que la Amazonía perdió 10.129 kilómetros cuadrados por la deforestación, un aumento del 34% con respecto al año anterior.
Aunque el presidente ha aprobado varios decretos y leyes para proteger la Amazonía, simultáneamente ha recortado drásticamente los fondos para los programas gubernamentales de protección y monitoreo ambiental y ha presionado para abrir las tierras indígenas a la agricultura y la minería comerciales.
Conferencia climática con Joe Biden
La presentación del plan se produce solo una semana antes de que Brasil participe en una conferencia climática virtual de alto perfil organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que comienza el 22 de abril.
Enfatizando su desconfianza por los compromisos ambientales de Bolsonaro, la semana pasada cerca de 200 organizaciones no gubernamentales hicieron un llamado a Biden para que no llegue a ningún acuerdo sobre la protección del Amazonas con Bolsonaro sin una consulta más amplia con la sociedad civil y los grupos indígenas.
El lunes, el embajador de Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, se reunió con miembros de la Articulación del Pueblo Indígena de Brasil (APIB) luego de que solicitara un «canal directo» de comunicación con Estados Unidos sobre temas relacionados con la Amazonía brasileña.
Los funcionarios a nivel estatal en Brasil también han buscado establecer una línea directa con Washington para la negociación ambiental. Representantes de 22 de los 26 estados de Brasil más el Distrito Federal escribieron esta semana una carta pública a Biden pidiendo que Estados Unidos se asociara directamente con los gobernadores estatales, prometiendo transparencia y «resultados verificables».
«Nuestros estados cuentan con fondos y mecanismos especialmente creados para responder a la emergencia climática. [Los fondos están] disponibles para un uso seguro y transparente de los recursos internacionales, garantizando resultados rápidos y verificables», dice la carta.
Esfuerzo de las empresas
Bosque amazónico en peligro, más de lo que se pensaba 0:49
Nobre, el científico de medio ambiente, dice que un punto positivo en los esfuerzos de Brasil para combatir la deforestación no proviene en absoluto del gobierno, sino de las grandes empresas que asumen una mayor responsabilidad en sus cadenas de suministro.
«El único indicador algo positivo no proviene del gobierno. Está surgiendo de las grandes empresas agroindustriales de cadenas de carne y soja que se han comprometido a impulsar cadenas de suministro libres de deforestación en los próximos 5 años», dice.
«Muchas empresas se comprometieron con la deforestación cero (ilegal y legal) para 2025. Es probable que esto haya enviado un mensaje claro al crimen organizado detrás de la mayor parte de la deforestación ilegal de que los sistemas de trazabilidad en implementación harán que sea mucho más difícil para ellos comerciar principalmente carne de áreas deforestadas ilegalmente, incluso tierras tomadas por delincuentes».
Insignias notorias de la gran tradición de los pensamientos de la emancipación, los conceptos de revolución y de democracia pudieron pensarse en América Latina, durante los tres primeros lustros de este siglo, en sus diversas y auspiciosas combinaciones. En ese clima de ideas, tan distinto del actual, se puso en marcha años atrás el Programa Regional Democracias en Revolución & Revoluciones en Democracia, cuyos grandes motivos no hay ninguna razón para abandonar y cuyo capítulo argentino se complace en presentar sus resultados por medio de esta serie de libros colectivos.
La llamada “crisis ecológica” es, en realidad, una crisis civilizatoria. Se percibe de distintas maneras y llega a la sociedad de distintas formas, pero todas tienen un factor común: el aumento de la degradación ambiental y el deterioro de la calidad de vida de millones de humanos acompañados por un proceso de sobreexplotación de recursos vitales para todos. Sin embargo, es muy llamativo que –más allá de la queja, la preocupación o la demanda por algún tipo de cambio–, tanto la sociedad global como las sociedades nacionales parecen dejar bajo la alfombra, o para más adelante, situaciones que luego de su impacto no se pueden soslayar o detener.
La Argentina no está ajena a esta situación. A pesar de los enormes costos ambientales y sociales generados por la economía de rapiña que se ejerce sobre su territorio y sociedad, pretende no percibirlos o incluso vilipendiarlos con perspectivas parcializadas o miradas sesgadas. En este volumen se estudian los recursos naturales, su creciente escasez y limitaciones tanto desde un análisis global como desde un abordaje sectorial de lo que hoy sucede en el país con áreas estratégicas como la agricultura, la forestación o la minería y sus interrelaciones con factores de poder, apropiación y distribución de externalidades de uno u otro grado de intensidad.
Autoras(es):
Walter Alberto Pengue. Juan Fal. [Compiladores]
Héctor Alimonda. Erika J. Barzola. Daniel Cassano. Candela de la Vega Ávila Tulián. Juan Fal. Marta S. Juliá. Walter Alberto Pengue. Delia Ramírez. Yaniel Salazar Pérez. [Autoras y Autores de Capítulo]
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2323&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1493
Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivohan elaborado un documento con 130 propuestas destinadas a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.
El objetivo de estas propuestas es crear un debate interno en el seno de las formaciones políticas y ,en última instancia, que sean recogidas en los distintos programas electorales.
El documento pretende ser una guía básica de medidas, concretas y realizables, para aquellas agrupaciones políticas que pretendan una regeneración ambiental de la región, bajo la necesidad de un cambio normativo estructural, de una mayor transparencia y participación ciudadana y poner en el centro de las políticas ambientales la conservación del medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía.
Las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo representan una oportunidad para dar un giro radical a las insostenibles políticas desarrolladas en los últimos 25 años. Por ello, los principales colectivos ecologistas de la Comunidad de Madrid han elaborado 130 propuestas para mejorar la conservación del medio ambiente (natural y urbano), además de la calidad de vida y los derechos ambientales de la ciudadanía madrileña.
Las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos regionales del Partido Popular han supuesto un completo desmantelamiento ambiental de la región. El medio ambiente se ha supeditado a los intereses económicos de poderosos grupos de interés que han visto las puertas abiertas para hacer negocio a través (o a pesar) del suelo, del agua, del aire o de los valores naturales de la Comunidad de Madrid.
Si el futuro Gobierno regional fuera capaz de tener en cuenta las oportunidades que ofrecen la conservación de los recursos y el patrimonio natural de la región, comprendería la necesidad de que las políticas ambientales se aplicaran transversalmente a toda la estrategia autonómica.
Las 130 propuestas han sido agrupadas en 12 epígrafes que tratan de recoger todos los ámbitos sectoriales de la política y gestión ambiental: urbanismo, transporte y calidad del aire, espacios naturales, gestión forestal, caza y pesca, aguas, agricultura, residuos, etc. En esta ocasión también se incluyen medidas dirigidas a incluir la sostenibilidad ambiental y social en el currículum educativo.
Todas las propuesta han sido elaboradas bajo tres ejes transversales que se insertan en cada uno de estos ámbitos:
Una regeneración normativa, proponiendo un cambio radical de toda la normativa ambiental aprobada en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, y que han originado la desregulación ambiental del territorio (espacios protegidos, vías pecuarias, montes, participación, etc)
Una mayor transparencia y mayor participación ciudadana, a través de mecanismos que impidan la opacidad actual de la administración y que permitan de forma efectiva la intervención de los ciudadanos en la elaboración y el seguimiento de las políticas ambientales.
La conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental de la ciudadanía como principios básicos sobre los que deben girar todas las decisiones de la administración regional.
Los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo pretenden que estas propuestas se consideren como la base de otro modelo de desarrollo para la Comunidad de Madrid y consigan estimular un auténtico debate interno en el seno de los partidos, más allá de que puedan recogerse en ese catálogo de compromisos que es el Programa Electoral.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/29/03/2021/propuestas-ecologistas-para-la-regeneracion-ambiental-de-la-comunidad-de-madrid/
La historia detrás de uno de los compromisos ambientales más importantes de Costa Rica es como un cuento de hadas legal.
Todo comenzó hace casi 30 años, con un joven que quería detener la contaminación en su barrio y terminó con una reforma constitucional. Los impactos de los esfuerzos del niño se extienden hasta el día de hoy.
En 1992, un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño pueblo cerca de la capital, San José, era el sitio donde los lugareños arrojaban su basura. Al no tener un sistema de gestión de desechos adecuado, los residuos terminaban amontonados en sus orillas.
Frustrado por la situación, Carlos Roberto Mejía Chacón, de 10 años, presentó un recurso de apelación ante la Sala Constitucional de Costa Rica contra el municipio local.
Permitir que el río sea utilizado como vertedero, argumentó, violaba el derecho humano a la vida, que requiere condiciones adecuadas y vías fluviales limpias y protegidas.
La cámara se puso del lado de Chacón un año después y ordenó al municipio limpiar la basura y comenzar a manejar adecuadamente los desechos de los residentes.
Pero la decisión también tuvo un signficado mucho más profundo.
Un medio ambiente limpio y saludable es una base fundamental de la vida humana, al igual que los ecosistemas equilibrados, la biodiversidad y otros elementos de la naturaleza de los que dependen las personas, razonaron los jueces.
Al igual que la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, un medio ambiente sano en todos los aspectos debe considerarse un derecho humano.
Esta notable conclusión no solo estableció un nuevo estándar legal para los tribunales de todo el país. También impulsó la decisión de tallar el derecho humano a un medio ambiente saludable en el ADN legal de Costa Rica durante una reforma constitucional en 1994, recuerda la abogada Patricia Madrigal Cordero.
FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES, El derecho humano a un medio ambiente saludable reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna.
Desde entonces, el derecho constitucional ha ayudado a guiar muchas de las políticas ambientales ampliamente elogiadas, aunque lejos de ser perfectas, de Costa Rica. Además, ha repercutido en el paisaje y la cultura del país.
«Creo que Costa Rica sería diferente si no estableciéramos esa relación entre los derechos humanos y el medio ambiente«, dice Cordero, quien estuvo involucrada en el proceso legislativo de 1994.
El derecho humano a un medio ambiente saludable, que abarca ecosistemas limpios y equilibrados, una rica biodiversidad y un clima estable, reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna, en consonancia con una gran cantidad de evidencia científica que vincula el bienestar humano y el mundo natural.
Las personas dependen de ecosistemas prósperos que limpian el agua y el aire, producen mariscos y polinizadores y absorben gases de efecto invernadero. Reconocer este vínculo legalmente puede fortalecer enormemente los derechos humanos.
Pero igualmente importante, señala Cordero, es que el derecho proporciona una base poderosa para proteger la naturaleza misma.
En una crisis ambiental global que se agrava, algunos académicos han argumentado que el derecho a un ambiente saludable actúa como una vía legal crucial para proteger el mundo natural, tanto al alentar a los gobiernos a aprobar leyes ambientales más estrictas como al permitir que los tribunales responsabilicen a los infractores.
Especialmente cuando se instalan en las constituciones, estos derechos son tomados en serio por muchos sistemas judiciales y se vuelven difíciles de deshacer, creando una fuerza duradera que contrarresta los intereses contra la protección de la naturaleza.
Políticas ambientales más sólidas
Pero aunque existe un claro consenso científico sobre los beneficios de la naturaleza para las personas, la evolución de la naturaleza como derecho humano ha sido notablemente irregular en todo el mundo.
Hoy en día, muchos países de América Latina están avanzando, mientras que Europa y América del Norte están algo rezagados.
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Aunque existe un claro consenso científico sobre los beneficios de la naturaleza para las personas, la evolución de la naturaleza como derecho humano ha sido notablemente irregular en todo el mundo.
Desde la primera mención del derecho a un medioambiente saludable en la Declaración de Estocolmo en 1972 –como resultado de la primera gran conferencia ambiental-, unos 110 países lo han reconocido constitucionalmente.
Si bien su impacto varía en todo el mundo, ha creado un poderoso baluarte contra una marea creciente de destrucción ambiental en muchos países, como Costa Rica, Colombia y Sudáfrica, ya que más naciones parecen estar preparadas para seguir su ejemplo.
Por supuesto, reconocer el derecho «no es una varita mágica que podamos usar para resolver todos nuestros desafíos», dice el abogado ambientalista David Boyd,quien es nombrado relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente en las Naciones Unidas.
«Es un catalizador para mejores acciones», agrega.
De hecho, algunas de las investigaciones de Boyd han revelado que los países con derecho a un medio ambiente saludable -u otros mandatos ambientales- en sus constituciones, tienden a tener políticas ambientales más sólidas en general.
También es más probable que obtengan mejores resultados en las métricas de desarrollo sostenible, según estudios del economista Chris Jeffords de la Universidad de Indiana en Pensilvania.
Dicho esto, Jeffords advierte que es complicado analizar la causa y el efecto: ¿son los derechos en sí mismos los que conducen a estos beneficios, o es más probable que los países ambientalmente progresistas adopten tales derechos?
En el caso de Costa Rica, la respuesta parece ser un poco de ambos.
Aunque el programa de políticas y legislación ambiental comenzó mucho antes de 1994 en el país, las protecciones ambientales se han vuelto más sólidas desde que se introdujo formalmente el derecho constitucional, explica Cordero, quien además se desempeñó como viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica de 2014 a 2018.
Además de obtener el 98% de su energía de fuentes renovables, Costa Rica ha protegido una cuarta parte de su tierra como parques o reservas nacionales y ha reforestado vastas franjas de tierra que alguna vez estuvo degradada.
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Costa Rica obtiene el 98% de su energía de fuentes renovables.
A lo largo de los años, el tribunal constitucional del país ha escuchado cientos de casos relacionados con el derecho, a menudo encontrando violaciones, dice Cordero.
Ha dictaminado que la matanza de tortugas marinas verdes en peligro de extinción es inconstitucional, así como la tala del almendro de montaña, que es utilizado por el gran guacamayo verde en peligro crítico de extinción,ilegalizando efectivamente ambas prácticas.
La moratoria del país sobre la exploración petrolera y la minería a cielo abierto también se remonta a demandas por el derecho a un medio ambiente saludable, agrega Cordero.
Una carta de triunfo en los tribunales
Casos similares se han presentado en muchos otros países latinoamericanos que han abrazado el derecho, como Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, dice César Rodríguez-Garavito, experto internacional en derechos humanos y derecho ambiental de la Universidad de Nueva York.
Allí, Rodríguez-Garavito dice que tales leyes también han moldeado la forma en que los periodistas enmarcan los problemas ambientales, como algo a lo que la gente tiene derecho, en lugar de una sola consideración política, y han empoderado a los movimientos de justicia social para movilizar al público, lo que en sí mismo puede disuadir potenciales infractores.
En los tribunales, los derechos humanos actúan como cartas de triunfo, generando argumentos legales más poderosos sobre otras consideraciones, como la libertad económica.
Y en algunas jurisdicciones, como Colombia, «si se puede demostrar que un derecho fundamental está en juego, básicamente se puede acelerar el caso en los tribunales. Así que eso se hace para decisiones mucho más rápidas», agrega.
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Costa Rica ha dictaminado que la matanza de ciertos animales en peligro de extinción es inconstitucional y, por lo tanto, ilegal.
Como mínimo, el derecho a un medio ambiente saludable ha ayudado a ralentizar los procesos de destrucción del hábitat, argumenta Rodríguez-Garavito.
Esto, particularmente durante el auge de las materias primas de la década de 2000, que empujó el precio de los metales a niveles sin precedentes, produciendo una presión casi insuperable para abrir las selvas tropicales y otros ecosistemas delicados a la minería.
«Si no hubiera habido una fuerte protección constitucional, apuesto a que tanto los derechos ambientales como los derechos de los pueblos indígenas habrían sido básicamente eliminados», dice Rodríguez-Garavito.
Por supuesto, esto no significa que la naturaleza esté suficientemente protegida en América del Sur: la deforestación continúa y la región sigue siendo la más mortífera para los activistas ambientales. Al igual que con otros derechos humanos, «hay una brecha en la implementación», señala.
Esa brecha también existe en Sudáfrica, donde el derecho se encuentra enclavado en su famosa y progresista constitución de 1996. Pero el país sigue siendo marcadamente desigual, tiene algunos de los aires más contaminados del mundo y muchas comunidades padecen enfermedades respiratorias.
A menos que las personas vayan a los tribunales, «no verás que se cumple ese derecho», dice Pooven Moodley, abogado de derechos humanos de Natural Justice, una organización sin fines de lucro que trabaja con comunidades locales en África para brindar apoyo legal en cuestiones de justicia ambiental.
Si bien hasta ahora no muchas comunidades han acudido a los tribunales, está comenzando a suceder cada vez más, dice.
«Es absolutamente clave, porque es algo a lo que podemos referirnos, algo que podemos (usar) para desafiar otras leyes o prácticas, ya sea por parte de los gobiernos o del sector privado», agrega Moodley.
A pesar de que la isla de Fiji adoptó la legislación ambiental en 2013, aún no se ha aplicado en los tribunales, tal vez porque las personas, en particular los grupos políticamente marginados, aún desconocen sus derechos o no pueden permitirse el costoso proceso legal, explica Kiji Vukikomoala, abogado que coordina la Asociación de Derecho Ambiental de Fiji.
Pero su organización ha visto un reciente aumento en el interés de las comunidades que buscan llevar estos asuntos a los tribunales.
«A medida que aumenten los impactos…creo que muchos más de nuestros ciudadanos pensarán en poner en cuestión estos temas», dice.
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A pesar de que la isla de Fiji adoptó la legislación ambiental en 2013, aún no se ha aplicado en los tribunales.
Moldear la mentalidad hacia la naturaleza
Hasta ahora, el derecho humano mediambiental probablemente ha tenido el mayor impacto en América Latina y otros países como India y Filipinas, donde los tribunales han tendido a ser más proactivos que los gobiernos para reparar el daño ambiental, dice Rodríguez-Garavito.
Europa, por otro lado, ha sido más lenta. En el puñado de países europeos que han adoptado el concepto, parece tener menos impacto en los tribunales.
Esto se puede explicar porque sus políticas ambientales son generalmente más fuertes, dice Laurence Gay, un experto en derechos humanos del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en Aix, de la Universidad de Marsella.
En Eslovenia, por ejemplo, un país con abundante vegetación y amplios programas de reciclaje, el derecho puede haber influido en algunas de las políticas ambientales del país.
Pero su principal efecto ha sido moldear la mentalidad del país hacia la naturaleza, como lo demuestra su sistema educativo, que incluye amplios planes de estudio sobre sostenibilidad, dice la embajadora Sabina Stadler Repnik,representante permanente ante la ONU en Ginebra.
«La parte educativa de este derecho, creo, es más importante (y donde) podemos obtener logros más a largo plazo que simplemente acudir a los tribunales y litigar durante años y años», señala.
En algunos países europeos, cuando por primera vez se adoptaron estas legislaciones, muchos jueces debatieron inicialmente si los derechos ambientales constitucionales eran meros manifiestos políticos, dice Gay.
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La extracción de materiales deja profundas huellas en la tierra.
Pero cada vez más, «los jueces de más y más países tienden a rechazar tales posiciones y a reconocer sus efectos vinculantes».
Por ejemplo, en una demanda climática de alto perfil en Noruega, los grupos ambientalistas argumentaron que permitir la extracción de petróleo en el Ártico era inconstitucional.
La Corte Suprema dictaminó que el Estado tenía la obligación de proteger a los ciudadanos de los daños ambientales.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que los permisos de perforación aún no infringían el derecho, en parte porque el Estado no debería ser responsable de las emisiones del petróleo que exporta.
Francia, sin embargo, ha dado un paso más.
La ley de «deber de vigilancia», introducida en 2017, responsabiliza a las empresas de prevenir las violaciones de los derechos humanos o del medio ambiente en todas sus cadenas de suministro, explica Sebastién Mabile, abogado medioambiental de la firma de servicios legales Seattle Avocats.
Evidentemente, el derecho a un medio ambiente saludable requiere algunos ingredientes adicionales para funcionar bien, entre ellos, la voluntad de hacer cumplir la ley.
Además necesita de sistemas judiciales libres de influencia política, algo de lo que no gozan la totalidad de los 110 países que cuentan con este derecho en sus constituciones.
Los derechos humanos son más efectivos cuando se combinan con otros derechos constitucionales y leyes que facilitan a las personas acudir a los tribunales y obtener información sobre sus derechos, agrega Jeffords.
Y la protección ambiental tiene que ir de la mano con otros derechos humanos, agrega Moodley, señalando a los gobiernos que han desalojado a las comunidades indígenas de las áreas protegidas en nombre de la conservación.
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En los últimos años, miles de personas se han manifestado alrededor del mundo pidiendo cambios en la política ambiental.
Sin embargo, cuando se utilizan correctamente, como en América Latina, los derechos constitucionales pueden proteger los derechos humanos y la naturaleza, y sin obstaculizar el desarrollo económico; Costa Rica se considera un país de ingresos medianos altos, y sus principales exportaciones son la electrónica, el software y el ecoturismo.
Más países están considerando adoptar pronto el derecho a un medio ambiente saludable, ya sea en sus constituciones o en la legislación general, incluidos Argelia, Gambia, Chile, Canadá y Escocia.
Pero algunos de los más ricos del mundo, como el Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón, aún no lo han considerado oficialmente.
Mientras tanto, Boyd todavía aboga por el reconocimiento a nivel de la ONU, lo que podría obligar a más países a reconocerlo y fortalecerlo, y crear formas de hacer que los países rindan cuentas en el escenario internacional.
A menudo se dice que los derechos humanos tienen sus raíces en los errores.
La Declaración de Derechos Humanos de la ONU en 1948 surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, sus autores no podían prever una crisis ambiental global, ni una gran cantidad de investigaciones científicas que demostraran la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.
Pero se podría decir que estos documentos están destinados a evolucionar y adaptarse a las nuevas amenazas para las personas.
«Si continuamos por el camino en el que estamos, entonces estaremos en serios problemas desde la perspectiva de los derechos humanos», dice Boyd.
«Debemos dar un paso adelante y tomar las acciones que sabemos que son necesarias y factibles para proteger y restaurar este hermoso planeta nuestro», concluye.
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