Mundo/05-03-2021/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu
La Covid-19 no estableció pausas para el cambio climático y la gestión para combatirlo debe ser una tarea diaria, afirmó hoy aquí el presidente de la próxima Cumbre del Clima COP26, Alok Sharma.
Durante un encuentro virtual organizado por la embajada de Reino Unido en la capital española para abordar detalles sobre el evento internacional, Sharma enfatizó que hacer frente al calentamiento global es algo en lo cual ‘todos tenemos un papel para desempeñar’.
También puntualizó los principales pilares en los que se sustentará la COP26, prevista entre el 1 y 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia.
Entre los objetivos de esta cita internacional está llegar a más acuerdos para reducir las emisiones de gases a la atmósfera, reforzar la adaptación al cambio climático, así como lograr financiación para los países más vulnerables y afianzar el libro de las normas del Acuerdo de París sobre cambio climático.
En la reunión acompañaron a Sharma, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, país que acogió la COP25, y el ministro de Medio Ambiente de Italia, Roberto Cingolani.
Ribera, destacó la importancia de robustecer la resiliencia social, natural y económica del planeta con vistas a la cumbre de Glasgow.
Aseguró que 2021 es un año crucial en el cual deben ‘hacerse aportaciones precisas’ para alcanzar el Acuerdo de París.
‘Resulta dramático ver ya los efectos del cambio climático en amplias zonas del mundo … El planeta afronta una agenda climática cargada de contenidos apasionantes, muy transversal, compatibles con la preservación de la biodiversidad, el desarrollo y la prosperidad’, expresó.
Sharma felicitó el trabajo realizado por España en los últimos meses en cuestiones de transición ecológica y dijo que el éxito de la futura conferencia climática de la Organización de Naciones Unidas (ONU) está centrado en sentar las bases de un crecimiento verde y limpio para todos.
Recientemente, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a la comunidad internacional mostrar más ambición de cara a la Conferencia sobre el Cambio Climático.
‘Debemos detener cuanto antes el asalto al planeta y hacer todo lo que sea necesario para garantizar el futuro de nuestros hijos y nietos’, ratificó.
Las autoridades ambientales de México han registrado una disminución en las hectáreas de bosque que ocupa el insecto, lo que aumenta los temores sobre su preservación.
El pasado 19 de septiembre cruzaron el Río Bravo las primeras mariposas monarca en su viaje migratorio hacia los bosques de Michoacán y el Estado de México, donde se protegen del invierno colgadas de los árboles en enormes racimos. La fecha ha llamado la atención de las autoridades ambientales mexicanas, porque representa un adelanto en la temporada tradicional de migración, que es en octubre. Pero lo que más les ha desconcertado es una disminución en el número de hectáreas de bosque que este año ocupan las mariposas, una de las más bajas registrada desde 2018. Los ambientalistas ponen sus ojos en las temperaturas extremas generadas por La Niña —un fenómeno en el que desciende la temperatura global y que está cada vez más agudizado por el cambio climático— y la deforestación registrada en la reserva que es el santuario de la mariposa para explicar este cambio de comportamiento, que aumenta los temores sobre su preservación.
La mariposa monarca vuela a lo largo de 5.000 kilómetros desde Canadá hasta México para hibernar y reproducirse, en lo que es uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Este invierno, sin embargo, las monarca han cubierto apenas 2,1 hectáreas de terreno, una reducción marcada si se compara con la temporada de 2018, cuando ocuparon más de 6 hectáreas de bosques. Si esta tendencia continúa, las autoridades temen que se llegue a la situación de 2014, cuando las colonias de mariposas disminuyeron en un 95%, con apenas 0,67 hectáreas ocupadas. La desaparición de una flor conocida como algodoncillo, manjar para las mariposas que la tienen como una de sus principales fuentes de alimento, las temperaturas cada vez más extremas en invierno y la tala de los bosques donde está su santuario ponen en riesgo la migración de la mariposa y su propia supervivencia.
Jorge Rickards, director del World Wildlife Fund (WWF) en México, ha informado este jueves que entre 2019 y 2020 se han perdido 20,2 hectáreas de bosque en la reserva de biosfera de la mariposa, 13,3 de ellas debido a tala clandestina, lo que afecta las reservas de agua esenciales para garantizar la permanencia en la región de la monarca. “Sin duda el tema de la humedad del suelo, del ambiente, son elementos esenciales para la mariposa monarca”, ha explicado Rickards en conferencia de prensa. “En la medida que permitimos la degradación del bosque hay menos captación de agua, con efecto negativo para las monarca”. Gloria Tavera, bióloga de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cataloga el fenómeno como “estrés hídrico” y asegura que este invierno colonias enteras de mariposas han bajado en busca de agua a las casas de los poblados cercanos a su santuario.
El santuario de la monarca, que es compartido entre los Estados de Michoacán y de México, está amenazado por el auge del cultivo del aguacate, fruto que tiene una gran demanda en Estados Unidos y del que Michoacán es el primer productor mundial. Muchos campesinos, agobiados por la pobreza, derriban los bosques de pino para cultivar el llamado oro verde. Pero en la destrucción del manto forestal también participan mafias que desarrollan toda una economía ilegal que incluye a taladores, centros clandestinos de procesamiento de los recursos forestales y transportistas, cuyo jugoso negocio es sacar de forma encubierta las materias primas, principalmente madera de pino, encino y oyamel. “Es difícil establecer la causa precisa del aumento de tala [durante el periodo 2019-2020]. Sin embargo, el cambio de uso del suelo es el tema que debe frenarse con mayor apoyo a todas las comunidades. Es necesario el aumento de programas de apoyo a proyectos productivos sustentables”, dice Rickards, del WWF.
A la pérdida del bosque se unen las temperaturas extremas que se registran en Norteamérica como consecuencia del cambio climático. Este año se ha producido el fenómeno La Niña, que tiene el potencial de generar un invierno más crudo. “En 150 años no habíamos visto esas bajas temperaturas en Texas y desde 1962 no había fríos tan extremos en Tamaulipas”, afirma Gloria Tavera. Esta bióloga dice que las heladas degradan los bosques y afectan los campos de flores donde se alimentan y reproducen las mariposas monarca, lo que preocupa especialmente a los ecologistas. “No ha habido mucho movimiento de apareamiento en las colonias, y en primavera las mariposas están listas para regresar [a Canadá]”, explica. “Esperemos que suban las temperaturas en la siguiente temporada para mantener este fenómeno migratorio vivo”, dice la bióloga. Si el frío vuelve a ser extremo, la monarca perderá su cálido refugio mexicano y con ello se acabaría su deslumbrante fenómeno migratorio.
América del Sur/Venezuela/26-02-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve
El sector Ecologista presenta las diferentes propuestas de Fomento y Gestión del Ecosocialismo en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, con el objetivo de impulsar los principios de los Derechos de la Madre Tierra, refiere VTV en su página web.
Así lo destacó el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, quien estuvo acompañado de los diputados de la Comisión Permanentes de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN) y los movimientos sociales ecologistas.
A través del Fomento y Gestión del Ecosocialismo se consideran las variables del desarrollo sostenible y las necesidades de mitigar y adaptarnos al cambio climático como parte de los retos, además, la protección de la biodiversidad, las fuentes hidrográficas de las montañas y elevar en la militancia una teoría de consumo más acorde con la naturaleza, como ejemplo, la utilización de los reciclajes.
“Desde el ministerio somos un instrumento para estructurar el discurso y las propuestas para nuestro pueblo. “No somos rectores y tampoco somos una institución dominante, no estamos aquí para estructurar el discurso de nuestro pueblo y debatir propuestas junto a los jóvenes y adultos que aman a la naturaleza y a la vida”.
Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/ecologistas-entregan-propuestas-en-defensa-de-la-madre-tierra/
Un informe del Forest People Programme revela que los planes de reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 vulnera los derechos de los pueblos indígenas de cinco países, incluído Colombia.
La alternativa encontrada por Samela Satere (rasil) fue la fabricación de mascarillas de protección facial. Inicialmente, su comunidad las hizo para propio uso y para donar a familiares indígenas de otras comunidades y regiones de Amazonas. Sin embargo, las máscaras tuvieron éxito y las personas y empresas interesadas en la producción comenzaron a realizar pedidos. Además, el trabajo llamó la atención de organizaciones que se unieron para donar máquinas de coser, material para la confección de la máscara e incluso alimentos para los miembros de la Asociación, lo que hizo de las máscaras una alternativa rentable para superar las dificultades impuestas por la pandemia. / RAPHAEL ALVES
En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.
Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.
“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.
“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.
El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.
El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países. Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.
“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP). “En 2021, dos grandes conferencias internacionales abordarán el cambio climático y la aterradora pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Este estudio proporciona aún más evidencia de que la comunidad internacional y las empresas deberían mantener y fortalecer urgentemente las protecciones de los derechos humanos y los bosques tropicales y apoyar de manera proactiva a los pueblos indígenas para asegurar y proteger sus territorios”.
Un creciente cuerpo de evidencia ha documentado que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la prevención del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de una pandemia. Se ha demostrado que los pueblos indígenas superan a otros gestores forestales en la prevención de la deforestación, lo que tiene una importancia particular en los países con bosques tropicales que tienen algunas de las tierras más ricas en carbono y biodiversidad del planeta.
“La pandemia nunca puede ser una excusa para pisotear los derechos humanos y destruir nuestro planeta”, dijo Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International. “Para los pueblos indígenas, revertir las protecciones ambientales y sociales en nombre de promover la recuperación económica es sumarle una injuria a un insulto”.
El informe plantea cuatro hallazgos principales:
Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.
“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.
El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.
Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación. Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.
“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.
Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú
En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.
“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.
En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80%.
Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.
En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.
En Indonesia, la Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, aprobada en octubre de 2020 sin una participación significativa de los pueblos indígenas y a pesar de su oposición, debilita las leyes de protección ambiental y las leyes que regulan las evaluaciones de impacto, el uso de la tierra y la consulta pública. Sin embargo, el proyecto de ley de derechos indígenas que implementaría el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, que revocó los reclamos del gobierno sobre los bosques indígenas, ha languidecido durante casi una década ante la Cámara de Representantes.
“El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales”, dijo Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “Dada la pandemia en curso, numerosos líderes indígenas alrededor del mundo han exigido que sus Gobiernos se abstengan de aprobar nuevas leyes que afecten a las tierras indígenas hasta que el riesgo de infección haya disminuido y sea posible obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. El proyecto de ley muestra que cuando el Gobierno de Indonesia quiere impulsar algo, puede, pero no reconoce a los derechos indígenas como una prioridad”.
En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2019 más de 134 conflictos sociales activos relacionados con temas socioambientales y mineros. Durante la pandemia, la rapidez con la que el gobierno acudió a ayudar a estos sectores económicos contrasta con sus prolongadas demoras, a veces de décadas, para abordar estos conflictos. En mayo del 2020, el Gobierno declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.
“El Gobierno presenta las reglas de COVID-19 como una excepción, pero estas excepciones simplemente hacen que las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Anna Wherry, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “El Gobierno afirma que intenta hacer un esfuerzo en buena fe para consultar con las comunidades indígenas afectadas por los acontecimientos, pero estas consultas no garantizan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, los cinco países de este estudio utilizan esta misma estrategia; la pandemia de COVID-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”.
El nuevo informe publicado hoy representa un esfuerzo de colaboración entre investigadores internacionales, defensores de los derechos y comunidades indígenas en los cinco países tropicales más boscosos del mundo. También es un llamado a la acción para que los actores nacionales e internacionales protejan mejor los derechos de los pueblos indígenas ahora y en el futuro.
Los autores del documento señalan que, a pesar de enfrentar los desafíos en curso de la pandemia, estos esfuerzos para debilitar salvaguardas ambientales y sociales y los derechos a la tierra, los pueblos indígenas de los países con bosques tropicales se han unido para oponerse a la erosión sistemática de sus derechos en nombre del COVID-19.
Las entidades financieras tienen parte de responsabilidad en la destrucción de nuestro planeta. ¿Cómo? Porque son las que ponen fondos a disposición de compañías de desarrollo de infraestructura, de extracción de recursos y de producción y distribución de alimentos que, en muchas ocasiones, aceleran la degradación de hábitats naturales.
Somos muchos los que tenemos nuestros ahorros, fondos de pensiones o inversiones en bancos. Depositamos nuestro dinero en entidades financieras para que lo guarden o lo rentabilicen, pero lo que ocurre con ese dinero una vez está en el banco suele escaparse de nuestras manos.
En muchas ocasiones, los bancos son quienes proveen el capital necesario a otras empresas para construir infraestructura, extraer materias primas o crear y distribuir bienes materiales; sectores que tienen un impacto en el medio ambiente y que contribuyen a la destrucción de entornos naturales.
Para sacar a la luz el papel del sector financiero en la degradación de la naturaleza, la organización Portfolio.earth publicó dos informes: uno centrado en la pérdida de biodiversidad y otro en la polución plástica. En ellos, analizaron las inversiones de 50 de los bancos más grandes del mundo o que operan en zonas de alta diversidad biológica: 20 europeos, 18 de Asia Pacífico, ocho en Norteamérica y dos tanto en América del Sur como en África.
Millones de dólares en sectores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad
Los informes revelan que, durante 2019, las entidades financieras invirtieron más de 2,6 billones de dólares -lo que equivale al PIB de Canadá- en sectores que, según científicos y gobiernos, son motores directos de la pérdida de biodiversidad en el mundo.
Además, invirtieron o dieron préstamos de 790 millones de dólares al día a compañías que están involucradas en la producción o distribución del plástico, que es uno de los mayores contaminantes de los océanos y un peligro para la fauna marina.
El 66% de estas inversiones está relacionado con actividades que son causas directas de la pérdida de biodiversidad (minería, tala de árboles o pesca), mientras que el 34% está relacionado con actividades que, indirectamente, son motores de esta pérdida, como aumentar la demanda de productos que necesitan de materias primas (teléfonos celulares o pequeños electrodomésticos). Y todo esto lo hacen bajo la mirada cómplice de los reguladores, que los protegen de cualquier responsabilidad.
El 32% de todos los préstamos y seguros entregados fueron invertidos en el sector de la infraestructura, 25% en el de la minería y la extracción de metales y un 20% en el sector de los combustibles fósiles. Los dos bancos latinoamericanos analizados, ambos ubicados en Brasil, invirtieron más en los sectores de producción de comida y servicios agrícolas (considerado el que más impacto tiene en la diversidad biológica global) y de gestión de bosques y productos forestales no alimenticios.
En Norteamérica la inversión estuvo más centrada en el transporte de bienes y personas, así como en el turismo, donde también invirtieron a partes iguales los bancos europeos analizados.
Robin Smale: «Queremos que los bancos sean más transparentes»
En entrevista con France 24, Robin Smale, integrante del «Finance 4 Biodiversity Initiative» y uno de los colaboradores en la creación de ambos informes, mencionó algunas de las recomendaciones que le hacen a las entidades financieras: «Queremos que todas las instituciones financieras sean más transparentes sobre lo que están haciendo, que evalúen el impacto que están teniendo para que entiendan dónde y cuánto daño se está haciendo.»
«Además, creemos que es apropiado que se incluya al inversor como parte de la cadena de suministros de manera que, (…) si alguien hace algo ‘malo’ y corta una área de bosque o contamina un lago, no es solo la corporación involucrada la que es responsable, sino también la institución financiera que les dio el dinero. Esto haría que las instituciones financieras sean mucho más cautelosas sobre a quién le dan el dinero», agrega.
El único país del mundo que responsabiliza también a los inversores o a los prestamistas es Brasil. Sin embargo, la ejecución de esa ley deja mucho que desear.
La sociedad civil presiona para generar un cambio
El movimiento ambiental popular y la presión sobre entidades y gobiernos por parte de los científicos está haciendo que aumenten los países y compañías que están comprometiéndose a conseguir la neutralidad de carbono en los próximos años.
Varias entidades financieras también se están uniendo a no producir más emisiones de CO2 de las que son capaces de absorber, una tendencia inaudita en un sector que hace pocos años no mostraba ningún interés en la salud del planeta.
Pero según Smale, «por el momento no se les está pidiendo responsabilidades (a las entidades financieras) y tampoco se sienten responsables. Así que estamos hablando de un cambio cultural enorme dentro de la comunidad financiera. Es un cambio en su propósito: de solo ganar dinero, a tener un papel muy positivo en el mundo. Y esto va a ser un gran cambio, no solo en los bancos privados sino también en los bancos de desarrollo, que son financiados por los gobiernos».
Para Smale sí es rentable invertir y ser responsable con el medio ambiente, pero ahí donde no es rentable, es el trabajo de los gobiernos hacer que lo sea. Son ellos quienes tienen que dar los incentivos o proponer leyes y regulaciones que hagan que sea rentable invertir en la opción más amigable con el planeta.
Y nosotros tenemos el poder de decidir en qué bancos o cajas de ahorro o fondos de pensión invertimos nuestros ahorros. En este enlace puedes ver si tu banco está involucrado en sectores perjudiciales para el medio ambiente.
América Central/Guatemala/12-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
La contaminación petrolera pone en peligro los medios de vida y subsistencia de una comunidad al norte de Guatemala. | Foto: Twitter: Santigo Botton.
Los pobladores del lugar responsabilizan a la empresa local Latin American Resources del derrame petrolero.
Pobladores de una comunidad al norte de Guatemala denunciaron un derrame de petróleo en las áreas del río Chixoy (250 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala) y responsabilizan a Latin American Resources de los vertidos que han envenenado la zona.
Los habitantes de San Benito Uno, Cobán, Alta Verapaz en Guatemala no solo denunciaron el daño medioambiental, sino también la pobre cobertura que han dado los medios de comunicación a esta «nueva tragedia» ecológica.
Los afectados por la «fuerte contaminación petrolera», denunciaron que la misma inició hace dos semanas, al tiempo que expresan que el envenenamiento del agua no es el único problema pues el petróleo ha secado varias plantas nativas, según mostraron al Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI) los pobladores con ramos de cultivos en las manos, los cuales evidencian los daños a sus cosechas.
Los campesinos de la zona, en su denuncia, mostraron árboles y hierbas marchitadas y destacaron que, en años anteriores, la empresa Latin American Resources tenía depósitos específicos para almacenar los desechos líquidos, sin embargo, en esta ocasión expulsó de manera directa el petróleo; debido a lo cual otro propietario de un potrero para ganado vacuno manifestó su preocupación por la vida de las reses que también consumen agua del arroyo contaminado.
De igual manera, los habitantes dicen que la vida acuática de los ríos y arroyos locales ha desaparecido, «lo salado del agua los ha asesinado», expresaron; «las mujeres cuando venían a lavar, los peces llegan con ellas y las picoteaban y agarran cualquier comida que tiran en el agua, pero miren ahora ya no queda ningún animal», recalcó otro denunciante.
Entretanto, los lugareños denuncian que quienes buscan ocultar esta verdad son algunos integrantes del Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, de San Benito Uno, quienes mantienen vínculos laborales con la empresa y reciben presiones de Latin American Resources.
Latin American Resources (LAR), es una empresa que fundó el canadiense Michael Realini, a partir de la adquisición, en 2012, de las acciones de la canadiense Quetzal Energy, anterior socia de Petro Latina, empresas extranjeras vinculadas a Realini, las cuales comenzaron a operar el contrato de los pozos Atzam, hace más de una década, en la zona adyacente del Parque Nacional Laguna Lachúa, en Cobán, Alta Verapaz.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-contaminacion-guatemala-20210210-0006.html
América del Sur/Perú/12-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe
Iniciativa busca prevenir y mitigar desastres naturales futuros en beneficio de la población más vulnerable.
Con la finalidad de identificar la incidencia de los eventos extremos en el planeamiento urbano y mejorar las herramientas de gestión, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con el apoyo de Fondecyt, unidad ejecutora de Concytec, desarrolla una investigación que consiste en el estudio de la correlación entre el Fenómeno El Niño (FEN) y los patrones de crecimiento urbano que predominan en las ciudades del norte del Perú en torno a los cauces de los ríos.
En base a las variaciones en el clima local relacionados con el FEN y mediante la recopilación de datos históricos de fuentes locales e internacionales, esta iniciativa busca crear un perfil climatológico que permita identificar posibles riesgos con el medio ambiente y desarrollar modelos de predicción de inundaciones y cambios en los patrones climáticos. Asimismo, incluye un análisis sobre la vulnerabilidad en relación a su entorno geográfico y las condiciones socioeconómicas.
Además, las fuertes lluvias y las crecidas de los ríos causadas por el FEN pueden tener efectos devastadores en áreas urbanas y rurales, así como un elevado costo de recuperación. Las ciudades costeras, especialmente las áreas urbanizadas que han crecido de manera informal, son indudablemente vulnerables a este tipo de eventos, los cuales afectan gravemente el espacio urbano e impactan en los sistemas económicos y sociales de la ciudad.
Por tal motivo, esta iniciativa viene estudiando e investigando las formas en las que El Niño afecta las ciudades de la costa norte del Perú, en sus áreas más relevantes. Asimismo, propone nuevas estrategias que mitiguen los impactos futuros de tormentas e inundaciones ribereñas en las áreas costeras.
“Nuestro proyecto de investigación multidisciplinaria analizará los efectos de este fenómeno climático en comunidades de la zona metropolitana de la cuenca del río Piura. Nuestra entidad liderará el trabajo de identificación de los procesos climáticos, geomorfológicos y pluviales localizados que aumentan el riesgo de eventos extremos en las comunidades ribereñas de la ciudad de Piura”, indicó Jorge Darwin Abad Cueva, investigador principal del proyecto.
También manifestó que se analizarán los diferentes elementos de vulnerabilidad urbana y las características sociodemográficas de las poblaciones más vulnerables, como parte del mapeo de procesos y patrones de crecimiento urbano.
“Actualmente, estamos elaborando un set de recomendaciones para los planes de gestión urbana de las comunidades, de manera que mejoren su respuesta frente al fenómeno de El Niño. Ello dará una mejor lectura de la magnitud de la vulnerabilidad de las comunidades y de la adaptabilidad, recuperación y resiliencia ante desastres. Obtener esta lectura cualitativa del entorno es clave para informar y fortalecer los planes de manejo de cuencas de agua y gestión de riesgos en relación a las políticas de ordenamiento territorial y expansión urbana en zonas vulnerables costeras del Perú”, enfatizó.
Para la ejecución de esta iniciativa, la UTEC recibió financiamiento por parte del Concytec, en convenio con el Banco Mundial, a través de su unidad ejecutora Fondecyt. Mayor información en el siguiente enlace.
(FIN) NDP/LZD
Fuente e Imagen: https://www.andina.pe/agencia/noticia-crean-perfil-socioambiental-para-estudiar-correlacion-entre-nino-y-desarrollo-urbano-833072.aspx
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