Con los insectos se da una inquietante paradoja: los entomólogos llevan tiempo avisando de que cada vez son más las señales alarmantes sobre su situación (gente de cierta edad puede incluso percibir por ella misma que algo ha cambiado en el campo); sin embargo, desde un punto de vista científico, la falta de datos continuados sobre las poblaciones de estos pequeños seres hace muy difícil calibrar la verdadera envergadura del problema. Y esto a su vez complica también la posible respuesta. Ahora un estudio de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), la Universidad de Murcia y dos instituciones británicas, publicado en Biodiversity and Conservation, muestra que esta barrera para saber lo que está ocurriendo con estos artrópodos no desaparece ni siquiera con los inventarios más completos que existen.
“Nos preguntamos cuáles son los mejores datos de insectos del mundo y encontramos que estos son los de mariposas en Gran Bretaña”, cuenta Jorge Lobo, entomólogo del MNCN, que explica que existen más de 10 millones de registros de 58 especies de lepidópteros en este territorio recopilados durante más de 200 años, de 1800 a 2014. Una cantidad de información excepcional para los insectos solo disponible en escasos lugares como este por la gran afición naturalista británica y por la atracción concreta a las bellas mariposas.
Aunque ya se ha llegado a hablar de “apocalipsis de los insectos”, existen distintas complicaciones para demostrar de forma científica el colapso de estos animales. Como señala Lobo, una de ellas es que entre estos artrópodos son comunes las fuertes variaciones interanuales en sus poblaciones, con bruscas bajadas y subidas. Puede ocurrir que un simple temporal en el momento inadecuado o un fuerte impacto de origen humano haga caer los ejemplares de una especie en una determinada zona y que un tiempo después vuelva a multiplicarse su número. Para determinar que se está produciendo realmente un declive se necesitan inventarios continuados para poder comparar en distintos lugares y en periodos largos, lo que resulta bastante raro para estas especies en el conjunto del planeta.
En el caso de las mariposas de Gran Bretaña, con tantos registros desde 1800 para una cantidad no tan elevada de especies (hay casi el mismo número de lepidópteros en la ciudad de Madrid) se podría pensar que ya se conoce todo sobre la distribución de estos insectos en esta área del mundo. Según el investigador del MNCN, “la sorpresa es que no”. Los científicos españoles detectaron que el inventario estaba incompleto en un tercio del territorio analizado, en concreto, en bastantes sitios del norte de Gran Bretaña. “Nos preguntamos por qué y nos dimos cuenta de que esto se debe a la entrada en estas zonas septentrionales de especies que provienen del sur. La naturaleza es dinámica y por eso nuestra capacidad para detectar lo que está ocurriendo es limitada”, destaca Lobo.
Una mariposa manto bicolor (‘Lycaena phlaeas’).CHRIS VAN SWAAY
A pesar de su tamaño, los insectos pueden moverse kilómetros para buscar mejores condiciones, lo que de nuevo complica saber lo que está sucediendo. “A veces no se produce tanto una extinción como un cambio en la distribución“, indica el investigador. “Lo que tenemos hoy no nos permite conocer la verdad, pues en el momento en el que logramos suficiente información, la verdad ha cambiado”, señala.
Aun así, esto no hace desaparecer la montaña de evidencias que advierten sobre el retroceso de estos artrópodos. Como advierte Lobo, hay datos preocupantes: “Somos bastantes los científicos que aseguramos que hay un declive en las poblaciones de insectos y una pérdida de biodiversidad notable”.
Investigaciones en Alemania, el Reino Unido o Puerto Rico han registrado increíbles desplomes de la biomasa de insectos, es decir, del peso de estos animales en determinadas áreas. Y, en España, el propio investigador del MNCN ha constatado una drástica caída de los escarabajos peloteros (aquellos que construyen y ruedan bolas de excremento). En las colectas de esta familia de escarabajos anteriores a 1950, alrededor de un 30% correspondían a peloteros, pero en la actualidad no llegan al 5%. “Blanco y en botella, la diferencia es tan notoria que no caben otras explicaciones”, incide Lobo.
Sin embargo, hay otros resultados discrepantes. También en España, un estudio de 2018 del investigador Carlos Herrera en la sierra de Cazorla no encontró ningún declive en la abundancia de polinizadores entre 1997 y 2017 a pesar de cambios significativos en la temperatura o las precipitaciones, lo que sugiere que la reducción no es igual en todas partes.
Una revisión de 73 trabajos científicos publicada en 2019 en Biological Conservation, del ecólogo español Francisco Sánchez-Bayo, de la Universidad de Sídney (Australia), advertía de que al ritmo actual un 40% de las especies de insectos podrían extinguirse en las próximas décadas. Pero poco después científicos finlandeses de la Universidad de Jyväskylä respondieron a este artículo con un análisis en Rethinking Ecology en el que acusaban a la investigación de alarmista y criticaban algunos aspectos de la metodología, sin poner en duda el declive de los insectos.
“El patrón que emerge es preocupante, pero tenemos solo datos puntuales. Desde un punto de vista científico no deberíamos ser alarmistas si los datos no son completamente fiables, pero es que las señales son alarmantes y hay que decirlo”, destaca Lobo.
¿Cómo conseguir remediar la falta de datos fiables si no son suficientes ni siquiera las mejores colecciones de registros del mundo? Para solucionar esta falta de información, teniendo en cuenta el movimiento dinámico de la naturaleza, los investigadores de este trabajo consideran que cada país debería elegir una serie de zonas para realizar inventarios continuados. Al igual que existen estaciones meteorológicas fijas que registran las variaciones del tiempo en cada momento, proponen que haya estaciones de medición de la biodiversidad.
Según el informe de síntesis de Naciones Unidas, la suma de los compromisos presentados para cumplir el Acuerdo de París supone una reducción de tan solo un 1 % de las emisiones en 2030, lo que implicará asumir un calentamiento global muy superior a los 2ºC con catastróficas consecuencias.
En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Ecologistas en Acción hace un llamamiento al sentido común. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables y deberían ser el centro de la toma de decisiones.
El endeble Acuerdo de París (AP) establece que el único mecanismo para limitar el calentamiento global son los compromisos individuales de los países, comunicados en la forma de un documento conocido como NDCs (compromisos determinados nacionales, por sus siglas en inglés). En este camino de París, todos los países firmantes del acuerdo debían de comunicar antes del 31 de diciembre cuáles eran esos compromisos, una comunicación que solo han hecho a tiempo 75 países que apenas representan el 30 % de las emisiones globales. La suma de estas reducciones de gases de efecto invernadero ha sido evaluada a través de un informe de síntesis recientemente publicado, y que muestra con contundencia lo lejos que está la comunidad internacional de cumplir el objetivo del AP de “limitar el incremento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC y perseguir esfuerzos para mantenerlo en 1,5 ºC”.
Por tanto, la insuficiente ambición de los países implica para Ecologistas en Acción la condena a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. La falta de voluntad e incapacidad de cumplir con las indicaciones científicas de los países vulnera el Acuerdo de París y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que, como la propia comunidad internacional ha manifestado en numerosas ocasiones, no enfrentar la emergencia climática se traducirá en mayores hambrunas, desplazamientos, pérdidas de ecosistemas y de vidas, entre otras muchas consecuencias.
Ecologistas en Acción considera inadmisible que, tras más de cinco años desde la adopción del AP, la suma de los compromisos presentados según las propias conclusiones de Naciones Unidas represente tan solo una reducción del 1 % de las emisiones en 2030 respecto a los niveles de 2010. El IPCC ha sido claro en establecer que esa reducción global para el año 2030 deberían ser de al menos el 45 % para tener poco más de la mitad de las posibilidades de ser capaces de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.
En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, la organización ecologista hace un llamamiento a la responsabilidad de proteger el interés general. La península ibérica es de las más vulnerables al cambio climático. Está en riesgo no solo la rica biodiversidad que tiene la región, sino también elementos identitarios tan importantes como los olivos o las vides. La ley, al igual que los compromisos internacionales, está lejos de la altura de los compromisos climáticos. Solo hace falta comparar cómo se plantea una reducción de sólo el 23 % de las emisiones para 2030 frente al 55 % que sería el mínimo necesario. Una de las razones por la que Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermon Oxfam han interpuesto un contencioso judicial por la inacción del Estado español en esta lucha climáticas.
La normativa climática marco llega con más de una década de retraso, un déficit que debería solucionarse inmediatamente. Todavía existe una ventana de oportunidad para hacer un llamamiento al sentido común, a dejar de convertir esta importante pieza legislativa en una nueva batalla política. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables, y una respuesta política a la altura debería de saber escuchar y alcanzar un consenso global que garantice las medidas y herramientas necesarias para lograr la descarbonización de la economía antes de 2040. La dilación en la tramitación de la ley, la falta de una participación plena en el establecimiento de objetivos y las concesiones en las enmiendas transaccionales a la rebaja de los escasos compromisos son temeridades demasiado caras que aún se pueden revertir. Del mismo modo, sería una imprudencia dejar al impulso empresarial las medidas de transición ecológica necesarias. La falta de medidas de planificación vinculantes a nivel estatal o, aún peor, la actitud cómplice de algunas administraciones públicas regionales a los proyectos más impactantes que se tiñen de verde, son la constatación real de la falta de comprensión de la importancia de la emergencia ecológica actual.
La publicación del informe de síntesis es sin duda una mala noticia, que recuerda que, mientras el tiempo para actuar se agota rápidamente, las medidas planteadas son tibias y lentas. Ecologistas en Acción recuerda que para enfrentar la emergencia ecológica no hacen falta palabras que solo benefician el lavado verde de grandes empresas, sino hechos concretos. Es necesario asumir la imposibilidad de seguir manteniendo los consumos energéticos actuales y perpetuar el modelo de producción y consumo que ha llevado a la situación de emergencia ecológica. La organización ecologista señala, además, la imposibilidad de permanecer impasibles ante esta negligencia común a todos los gobiernos mundiales, que defrauda enormemente a los cientos de miles de personas que en 2019 exigieron medidas que nunca llegan.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/27/02/2021/los-gobiernos-condenan-el-planeta-a-un-calentamiento-global-de-catastroficas-consecuencias/
Mundo/05-03-2021/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu
La Covid-19 no estableció pausas para el cambio climático y la gestión para combatirlo debe ser una tarea diaria, afirmó hoy aquí el presidente de la próxima Cumbre del Clima COP26, Alok Sharma.
Durante un encuentro virtual organizado por la embajada de Reino Unido en la capital española para abordar detalles sobre el evento internacional, Sharma enfatizó que hacer frente al calentamiento global es algo en lo cual ‘todos tenemos un papel para desempeñar’.
También puntualizó los principales pilares en los que se sustentará la COP26, prevista entre el 1 y 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia.
Entre los objetivos de esta cita internacional está llegar a más acuerdos para reducir las emisiones de gases a la atmósfera, reforzar la adaptación al cambio climático, así como lograr financiación para los países más vulnerables y afianzar el libro de las normas del Acuerdo de París sobre cambio climático.
En la reunión acompañaron a Sharma, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, país que acogió la COP25, y el ministro de Medio Ambiente de Italia, Roberto Cingolani.
Ribera, destacó la importancia de robustecer la resiliencia social, natural y económica del planeta con vistas a la cumbre de Glasgow.
Aseguró que 2021 es un año crucial en el cual deben ‘hacerse aportaciones precisas’ para alcanzar el Acuerdo de París.
‘Resulta dramático ver ya los efectos del cambio climático en amplias zonas del mundo … El planeta afronta una agenda climática cargada de contenidos apasionantes, muy transversal, compatibles con la preservación de la biodiversidad, el desarrollo y la prosperidad’, expresó.
Sharma felicitó el trabajo realizado por España en los últimos meses en cuestiones de transición ecológica y dijo que el éxito de la futura conferencia climática de la Organización de Naciones Unidas (ONU) está centrado en sentar las bases de un crecimiento verde y limpio para todos.
Recientemente, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a la comunidad internacional mostrar más ambición de cara a la Conferencia sobre el Cambio Climático.
‘Debemos detener cuanto antes el asalto al planeta y hacer todo lo que sea necesario para garantizar el futuro de nuestros hijos y nietos’, ratificó.
Las autoridades ambientales de México han registrado una disminución en las hectáreas de bosque que ocupa el insecto, lo que aumenta los temores sobre su preservación.
El pasado 19 de septiembre cruzaron el Río Bravo las primeras mariposas monarca en su viaje migratorio hacia los bosques de Michoacán y el Estado de México, donde se protegen del invierno colgadas de los árboles en enormes racimos. La fecha ha llamado la atención de las autoridades ambientales mexicanas, porque representa un adelanto en la temporada tradicional de migración, que es en octubre. Pero lo que más les ha desconcertado es una disminución en el número de hectáreas de bosque que este año ocupan las mariposas, una de las más bajas registrada desde 2018. Los ambientalistas ponen sus ojos en las temperaturas extremas generadas por La Niña —un fenómeno en el que desciende la temperatura global y que está cada vez más agudizado por el cambio climático— y la deforestación registrada en la reserva que es el santuario de la mariposa para explicar este cambio de comportamiento, que aumenta los temores sobre su preservación.
La mariposa monarca vuela a lo largo de 5.000 kilómetros desde Canadá hasta México para hibernar y reproducirse, en lo que es uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Este invierno, sin embargo, las monarca han cubierto apenas 2,1 hectáreas de terreno, una reducción marcada si se compara con la temporada de 2018, cuando ocuparon más de 6 hectáreas de bosques. Si esta tendencia continúa, las autoridades temen que se llegue a la situación de 2014, cuando las colonias de mariposas disminuyeron en un 95%, con apenas 0,67 hectáreas ocupadas. La desaparición de una flor conocida como algodoncillo, manjar para las mariposas que la tienen como una de sus principales fuentes de alimento, las temperaturas cada vez más extremas en invierno y la tala de los bosques donde está su santuario ponen en riesgo la migración de la mariposa y su propia supervivencia.
Jorge Rickards, director del World Wildlife Fund (WWF) en México, ha informado este jueves que entre 2019 y 2020 se han perdido 20,2 hectáreas de bosque en la reserva de biosfera de la mariposa, 13,3 de ellas debido a tala clandestina, lo que afecta las reservas de agua esenciales para garantizar la permanencia en la región de la monarca. “Sin duda el tema de la humedad del suelo, del ambiente, son elementos esenciales para la mariposa monarca”, ha explicado Rickards en conferencia de prensa. “En la medida que permitimos la degradación del bosque hay menos captación de agua, con efecto negativo para las monarca”. Gloria Tavera, bióloga de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cataloga el fenómeno como “estrés hídrico” y asegura que este invierno colonias enteras de mariposas han bajado en busca de agua a las casas de los poblados cercanos a su santuario.
El santuario de la monarca, que es compartido entre los Estados de Michoacán y de México, está amenazado por el auge del cultivo del aguacate, fruto que tiene una gran demanda en Estados Unidos y del que Michoacán es el primer productor mundial. Muchos campesinos, agobiados por la pobreza, derriban los bosques de pino para cultivar el llamado oro verde. Pero en la destrucción del manto forestal también participan mafias que desarrollan toda una economía ilegal que incluye a taladores, centros clandestinos de procesamiento de los recursos forestales y transportistas, cuyo jugoso negocio es sacar de forma encubierta las materias primas, principalmente madera de pino, encino y oyamel. “Es difícil establecer la causa precisa del aumento de tala [durante el periodo 2019-2020]. Sin embargo, el cambio de uso del suelo es el tema que debe frenarse con mayor apoyo a todas las comunidades. Es necesario el aumento de programas de apoyo a proyectos productivos sustentables”, dice Rickards, del WWF.
A la pérdida del bosque se unen las temperaturas extremas que se registran en Norteamérica como consecuencia del cambio climático. Este año se ha producido el fenómeno La Niña, que tiene el potencial de generar un invierno más crudo. “En 150 años no habíamos visto esas bajas temperaturas en Texas y desde 1962 no había fríos tan extremos en Tamaulipas”, afirma Gloria Tavera. Esta bióloga dice que las heladas degradan los bosques y afectan los campos de flores donde se alimentan y reproducen las mariposas monarca, lo que preocupa especialmente a los ecologistas. “No ha habido mucho movimiento de apareamiento en las colonias, y en primavera las mariposas están listas para regresar [a Canadá]”, explica. “Esperemos que suban las temperaturas en la siguiente temporada para mantener este fenómeno migratorio vivo”, dice la bióloga. Si el frío vuelve a ser extremo, la monarca perderá su cálido refugio mexicano y con ello se acabaría su deslumbrante fenómeno migratorio.
América del Sur/Venezuela/26-02-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve
El sector Ecologista presenta las diferentes propuestas de Fomento y Gestión del Ecosocialismo en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, con el objetivo de impulsar los principios de los Derechos de la Madre Tierra, refiere VTV en su página web.
Así lo destacó el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, quien estuvo acompañado de los diputados de la Comisión Permanentes de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN) y los movimientos sociales ecologistas.
A través del Fomento y Gestión del Ecosocialismo se consideran las variables del desarrollo sostenible y las necesidades de mitigar y adaptarnos al cambio climático como parte de los retos, además, la protección de la biodiversidad, las fuentes hidrográficas de las montañas y elevar en la militancia una teoría de consumo más acorde con la naturaleza, como ejemplo, la utilización de los reciclajes.
“Desde el ministerio somos un instrumento para estructurar el discurso y las propuestas para nuestro pueblo. “No somos rectores y tampoco somos una institución dominante, no estamos aquí para estructurar el discurso de nuestro pueblo y debatir propuestas junto a los jóvenes y adultos que aman a la naturaleza y a la vida”.
Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/ecologistas-entregan-propuestas-en-defensa-de-la-madre-tierra/
Un informe del Forest People Programme revela que los planes de reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 vulnera los derechos de los pueblos indígenas de cinco países, incluído Colombia.
La alternativa encontrada por Samela Satere (rasil) fue la fabricación de mascarillas de protección facial. Inicialmente, su comunidad las hizo para propio uso y para donar a familiares indígenas de otras comunidades y regiones de Amazonas. Sin embargo, las máscaras tuvieron éxito y las personas y empresas interesadas en la producción comenzaron a realizar pedidos. Además, el trabajo llamó la atención de organizaciones que se unieron para donar máquinas de coser, material para la confección de la máscara e incluso alimentos para los miembros de la Asociación, lo que hizo de las máscaras una alternativa rentable para superar las dificultades impuestas por la pandemia. / RAPHAEL ALVES
En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.
Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.
“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.
“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.
El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.
El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países. Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.
“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP). “En 2021, dos grandes conferencias internacionales abordarán el cambio climático y la aterradora pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Este estudio proporciona aún más evidencia de que la comunidad internacional y las empresas deberían mantener y fortalecer urgentemente las protecciones de los derechos humanos y los bosques tropicales y apoyar de manera proactiva a los pueblos indígenas para asegurar y proteger sus territorios”.
Un creciente cuerpo de evidencia ha documentado que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la prevención del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de una pandemia. Se ha demostrado que los pueblos indígenas superan a otros gestores forestales en la prevención de la deforestación, lo que tiene una importancia particular en los países con bosques tropicales que tienen algunas de las tierras más ricas en carbono y biodiversidad del planeta.
“La pandemia nunca puede ser una excusa para pisotear los derechos humanos y destruir nuestro planeta”, dijo Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International. “Para los pueblos indígenas, revertir las protecciones ambientales y sociales en nombre de promover la recuperación económica es sumarle una injuria a un insulto”.
El informe plantea cuatro hallazgos principales:
Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.
“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.
El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.
Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación. Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.
“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.
Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú
En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.
“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.
En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80%.
Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.
En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.
En Indonesia, la Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, aprobada en octubre de 2020 sin una participación significativa de los pueblos indígenas y a pesar de su oposición, debilita las leyes de protección ambiental y las leyes que regulan las evaluaciones de impacto, el uso de la tierra y la consulta pública. Sin embargo, el proyecto de ley de derechos indígenas que implementaría el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, que revocó los reclamos del gobierno sobre los bosques indígenas, ha languidecido durante casi una década ante la Cámara de Representantes.
“El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales”, dijo Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “Dada la pandemia en curso, numerosos líderes indígenas alrededor del mundo han exigido que sus Gobiernos se abstengan de aprobar nuevas leyes que afecten a las tierras indígenas hasta que el riesgo de infección haya disminuido y sea posible obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. El proyecto de ley muestra que cuando el Gobierno de Indonesia quiere impulsar algo, puede, pero no reconoce a los derechos indígenas como una prioridad”.
En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2019 más de 134 conflictos sociales activos relacionados con temas socioambientales y mineros. Durante la pandemia, la rapidez con la que el gobierno acudió a ayudar a estos sectores económicos contrasta con sus prolongadas demoras, a veces de décadas, para abordar estos conflictos. En mayo del 2020, el Gobierno declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.
“El Gobierno presenta las reglas de COVID-19 como una excepción, pero estas excepciones simplemente hacen que las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Anna Wherry, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “El Gobierno afirma que intenta hacer un esfuerzo en buena fe para consultar con las comunidades indígenas afectadas por los acontecimientos, pero estas consultas no garantizan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, los cinco países de este estudio utilizan esta misma estrategia; la pandemia de COVID-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”.
El nuevo informe publicado hoy representa un esfuerzo de colaboración entre investigadores internacionales, defensores de los derechos y comunidades indígenas en los cinco países tropicales más boscosos del mundo. También es un llamado a la acción para que los actores nacionales e internacionales protejan mejor los derechos de los pueblos indígenas ahora y en el futuro.
Los autores del documento señalan que, a pesar de enfrentar los desafíos en curso de la pandemia, estos esfuerzos para debilitar salvaguardas ambientales y sociales y los derechos a la tierra, los pueblos indígenas de los países con bosques tropicales se han unido para oponerse a la erosión sistemática de sus derechos en nombre del COVID-19.
Las entidades financieras tienen parte de responsabilidad en la destrucción de nuestro planeta. ¿Cómo? Porque son las que ponen fondos a disposición de compañías de desarrollo de infraestructura, de extracción de recursos y de producción y distribución de alimentos que, en muchas ocasiones, aceleran la degradación de hábitats naturales.
Somos muchos los que tenemos nuestros ahorros, fondos de pensiones o inversiones en bancos. Depositamos nuestro dinero en entidades financieras para que lo guarden o lo rentabilicen, pero lo que ocurre con ese dinero una vez está en el banco suele escaparse de nuestras manos.
En muchas ocasiones, los bancos son quienes proveen el capital necesario a otras empresas para construir infraestructura, extraer materias primas o crear y distribuir bienes materiales; sectores que tienen un impacto en el medio ambiente y que contribuyen a la destrucción de entornos naturales.
Para sacar a la luz el papel del sector financiero en la degradación de la naturaleza, la organización Portfolio.earth publicó dos informes: uno centrado en la pérdida de biodiversidad y otro en la polución plástica. En ellos, analizaron las inversiones de 50 de los bancos más grandes del mundo o que operan en zonas de alta diversidad biológica: 20 europeos, 18 de Asia Pacífico, ocho en Norteamérica y dos tanto en América del Sur como en África.
Millones de dólares en sectores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad
Los informes revelan que, durante 2019, las entidades financieras invirtieron más de 2,6 billones de dólares -lo que equivale al PIB de Canadá- en sectores que, según científicos y gobiernos, son motores directos de la pérdida de biodiversidad en el mundo.
Además, invirtieron o dieron préstamos de 790 millones de dólares al día a compañías que están involucradas en la producción o distribución del plástico, que es uno de los mayores contaminantes de los océanos y un peligro para la fauna marina.
El 66% de estas inversiones está relacionado con actividades que son causas directas de la pérdida de biodiversidad (minería, tala de árboles o pesca), mientras que el 34% está relacionado con actividades que, indirectamente, son motores de esta pérdida, como aumentar la demanda de productos que necesitan de materias primas (teléfonos celulares o pequeños electrodomésticos). Y todo esto lo hacen bajo la mirada cómplice de los reguladores, que los protegen de cualquier responsabilidad.
El 32% de todos los préstamos y seguros entregados fueron invertidos en el sector de la infraestructura, 25% en el de la minería y la extracción de metales y un 20% en el sector de los combustibles fósiles. Los dos bancos latinoamericanos analizados, ambos ubicados en Brasil, invirtieron más en los sectores de producción de comida y servicios agrícolas (considerado el que más impacto tiene en la diversidad biológica global) y de gestión de bosques y productos forestales no alimenticios.
En Norteamérica la inversión estuvo más centrada en el transporte de bienes y personas, así como en el turismo, donde también invirtieron a partes iguales los bancos europeos analizados.
Robin Smale: «Queremos que los bancos sean más transparentes»
En entrevista con France 24, Robin Smale, integrante del «Finance 4 Biodiversity Initiative» y uno de los colaboradores en la creación de ambos informes, mencionó algunas de las recomendaciones que le hacen a las entidades financieras: «Queremos que todas las instituciones financieras sean más transparentes sobre lo que están haciendo, que evalúen el impacto que están teniendo para que entiendan dónde y cuánto daño se está haciendo.»
«Además, creemos que es apropiado que se incluya al inversor como parte de la cadena de suministros de manera que, (…) si alguien hace algo ‘malo’ y corta una área de bosque o contamina un lago, no es solo la corporación involucrada la que es responsable, sino también la institución financiera que les dio el dinero. Esto haría que las instituciones financieras sean mucho más cautelosas sobre a quién le dan el dinero», agrega.
El único país del mundo que responsabiliza también a los inversores o a los prestamistas es Brasil. Sin embargo, la ejecución de esa ley deja mucho que desear.
La sociedad civil presiona para generar un cambio
El movimiento ambiental popular y la presión sobre entidades y gobiernos por parte de los científicos está haciendo que aumenten los países y compañías que están comprometiéndose a conseguir la neutralidad de carbono en los próximos años.
Varias entidades financieras también se están uniendo a no producir más emisiones de CO2 de las que son capaces de absorber, una tendencia inaudita en un sector que hace pocos años no mostraba ningún interés en la salud del planeta.
Pero según Smale, «por el momento no se les está pidiendo responsabilidades (a las entidades financieras) y tampoco se sienten responsables. Así que estamos hablando de un cambio cultural enorme dentro de la comunidad financiera. Es un cambio en su propósito: de solo ganar dinero, a tener un papel muy positivo en el mundo. Y esto va a ser un gran cambio, no solo en los bancos privados sino también en los bancos de desarrollo, que son financiados por los gobiernos».
Para Smale sí es rentable invertir y ser responsable con el medio ambiente, pero ahí donde no es rentable, es el trabajo de los gobiernos hacer que lo sea. Son ellos quienes tienen que dar los incentivos o proponer leyes y regulaciones que hagan que sea rentable invertir en la opción más amigable con el planeta.
Y nosotros tenemos el poder de decidir en qué bancos o cajas de ahorro o fondos de pensión invertimos nuestros ahorros. En este enlace puedes ver si tu banco está involucrado en sectores perjudiciales para el medio ambiente.
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