México

Por: Abelardo Carro Nava

En los primeros días de enero de 2016, el ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciaba que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a su cargo, dejaría de pagar el sueldo a más de 2 mil maestros “comisionados”; esto, después de haber concluido la primera etapa de revisión y depuración de la nómina magisterial donde se identificaron esos dos mil comisionados sindicales con goce de sueldo, asegurando con ello, que si era deseo de esos trabajadores gozar de este derecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tendría que pagarles (Aristegui Noticias, 2016). Obviamente esta organización sindical guardó el más profundo silencio; de hecho, tampoco fijó postura con relación al ordenamiento de la nómina magisterial a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y el Fondo de Operaciones para la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (FONE). ¿Cuál fue el motivo que propició ese silencio? La respuesta, quiero pensar, la conocemos, pero también conocemos el apoyo incondicional que esta organización sindical le brindó al peñanietismo.

Esta acción, fundada en la implementación de la mal llamada reforma educativa generó que, tanto a nivel federal como en las entidades de la República Mexicana, se reubicaran o movieran a los trabajadores de la educación “comisionados” a sus respectivos centros de trabajo porque, hay que decirlo, no sólo impactó en el ámbito sindical, sino también, en las anchas estructuras burocráticas de las dependencias oficiales. Por ejemplo, si en una Secretaría de Educación existía una plantilla de personal (mayormente “comisionado”) de 2000 trabajadores, con esta medida, ésta se redujo en más del 50 por ciento, es decir, entre 600 y 700. No obstante, con el paso de los meses y cuando las cosas se “calmaron” un poco, progresivamente fueron llegando otros “comisionados” al Sindicato y a las Secretarías de Educación. ¿Fue útil la medida tomada por Nuño y compañía?, ¿sirvió de algo la reubicación y movimiento de ciertos trabajadores cuando en los hechos solo se propició la llegada de otros a esos espacios?, ¿qué nos dicen las auditorías aplicadas, por ejemplo, en cada una de las dependencias estatales y, obviamente, en la federal?, ¿qué pasa en los departamentos de recursos humanos y de relaciones laborales en dichas dependencias?; ¿por qué no se habla mucho de estos temas? Veamos.

Como bien sabemos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, es clara en cuanto a la división de los trabajadores en dos grupos: de confianza y de base (Artículo 4º de la LFTSE), no así en cuanto a la figura denominada “comisionados” puesto que como tal no existe, dado que el personal o trabajador que solicite licencia, con o sin goce de sueldo, podría desempeñar una comisión o actividad derivada de la licencia. En consecuencia, el tema de los “comisionados” necesariamente tiene que ser visto a partir de esa licencia solicitada y por las actividades, funciones y/o responsabilidades de la comisión o actividad obtenida.

En este sentido, no está demás revisar el Manuel de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública (y otras normatividades) publicado por la Oficialía Mayor, la Dirección General de Personal y la Dirección General de Normatividad y Evaluación en 2013*, para ubicar el tipo de licencias con goce y sin goce de sueldo que le permitirían al trabajador obtener, entre otras cuestiones, una “comisión”. Por ejemplo, en este documento se especifica que las licencias sin goce de sueldo por comisión sindical o por desempeño de cargos de elección popular se obtienen cubriendo una serie de requisitos. Creo, si no me equivoco, el tema es claro en este sentido: son licencias sin goce de sueldo, pero desafortunadamente en los hechos no sucede de esta manera. ¿Cuántos comisionados sindicales tiene en su estructura el SNTE?, ¿a cuántos de éstos le fue concedida una licencia sin goce de sueldo para cubrir una comisión sindical?, ¿a cuántos de éstos les paga el Sindicato? ¡Vaya tema!

Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que han llegado a la SEP sin solicitar una licencia puesto que, como tal, no sería necesaria? En ese mismo manual de normas referido (y otras normatividades), tal cuestión se observa en los apartados reubicación de las plazas, nombramiento, y límites de competencia para autorizar movimientos de personal. Tal vez por ello se explica que, ciertas autoridades educativas, reubiquen o muevan al personal por necesidades del servicio, reinstalación, prórroga o sustitución, pero ¿esto es así?, ¿la reubicación o movimientos obedece, por ejemplo, a esas necesidades del servicio? No necesariamente puesto que, como sabemos, estos asuntos obedecen a: 1. La realización de una actividad específica para la cual el trabajador es requerido en alguna área o departamento de la dependencia, 2. La complicidad y/o acuerdos que existe con el SNTE para que ciertas áreas o departamentos sean ocupados por algunos de sus más cercanos colaboradores, sean o no titulares de alguno de esos espacios, 3. Problemas, de diversa naturaleza o índole, que suelen suscitarse en los centros de trabajo y que llevan a reubicar a algún trabajador, 4. Seguridad del trabajador por estar laborando en zonas de violencia y por las que obviamente es necesario moverlo, entre otras.

Actualmente, ¿cuántos trabajadores se encuentran en las Secretarías de Educación de los estados bajo este tipo de movimientos?, ¿qué puestos son los que ocupan o qué actividades son las realizan?, ¿se justifica el ensanchamiento de las estructuras burocráticas cuando, en los hechos, en buena parte de ellas los procesos administrativos y/o trámites burocráticos padecen de un cierto “tortuguismo”?, ¿por qué si han sido reubicados o movidos a estas instancias no permea un sentido educativo en las decisiones y acciones que se realizan?, ¿qué pasa con aquellos trabajadores cuya plaza de origen fue en esa Secretaría?, ¿qué puestos ocupan éstos y qué actividades realizan?, ¿de qué manera se interpretan o emplean los manuales de organización?, ¿cuál es el papel de las delegaciones sindicales en todo este proceso?

Tengo claro pues, que generalizar no es del todo adecuado; puede ser que alguna Secretaría (con su respectiva estructura y personal) opere con altos niveles de eficiencia y eficacia, y qué bueno que sea así porque, ante todo, su labor o quehacer se debe a sus usuarios; sin embargo, también tengo claro que no sucede de esta forma en todo el país y, desde luego, en la propia SEP federal. En suma, habría que observar qué es lo que pasa con el personal de confianza o de base porque, independientemente del puesto o cargo que ocupa, las actividades que realiza son fundamentales para el logro de los objetivos educativos y, en eso, tendrían que enfocar su atención los titulares de las distintas áreas o departamentos. En fin.

¿Qué otro tipo de personal podemos encontrar en las Secretarías de Educación? Además de aquellos que ocupan puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera encontramos a los que han sido contratados por Honorarios. Por el tema que me ocupa en estos momentos me referiré a los segundos porque, quiero pensar o suponer, que el documento que la profesora Delfina Gómez, titular de la SEP, firmó hace unos días y, mediante el cual solicitó a Subsecretarios, Directores Generales, Titulares de Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, que presentaran su propuesta de reducción de personal aludía a éstos, a los que fueron contratados bajo esta figura: la de honorarios. ¿Por qué afirmo esto? Veamos.

El contrato de honorarios por la prestación de servicios profesionales, es un esquema laboral en el que no existe una relación de subordinación por lo que la parte contratante no está obligada a garantizar ningún derecho laboral. Los ingresos percibidos de esta manera se basan en esa prestación de servicios independientes, en una relación laboral autónoma y voluntaria y, aunque no están sujetos a las mismas leyes que los trabajadores subordinados, la Secretaría de Trabajo en los últimos años, ha determinado los marcos bajo los cuales se regula este esquema.

De esta forma, a un trabajador contratado bajo este régimen, se le puede rescindir su contrato porque la misma norma establece que dichos contratos deben apegarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que dicte el ejecutivo, no obstante, éstos podrían exigir derechos laborales si pudieran comprobar la existencia de una relación laboral de subordinación, por ejemplo: si tiene un horario fijo, si recibe órdenes o instrucción de un superior inmediato o si realiza sus tareas en un lugar de adscripción fija. En estos casos, podría comprobarse una relación laboral explícita y el trabajador sí tendría que reclamar todos los derechos laborales que indica la LFT vigente.

¿A qué tipo de personal se refería la Secretaria de Educación, Delfina Gómez?, ¿la política de austeridad del gobierno, que se autodenominó de la cuarta transformación, es motivo suficiente para rescindir contratos, si fuera el caso?, ¿el contexto pandémico que estamos viviendo en nuestro país, y el mundo entero, es razón necesaria para que se reduzca el personal adscrito a esa Dependencia?, ¿no habría que ser un poco más sensibles y revisar las actividades que cada trabajador, área o departamento realiza para el desarrollo y éxito de los proyectos y políticas educativas? Vaya, ¿una política de austeridad determina la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios educativos?

Desde luego que hace falta que en la SEP se pongan las pilas; por ejemplo, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un caos y, en lo que va de este gobierno, ha vuelto incomprensibles todos sus procesos. ¿No cabría la posibilidad de hacer un diagnóstico y perfilar otro tipo de acciones para mejorar, insisto, los procesos?

¿Qué motivó a la Secretaria de Educación a afilar las tijeras? Ojalá respondiera porque, tal y como lo expuso el periodista Erick Juárez en sus redes sociales a través de la respuesta que dio la SEP al oficio signado por la profesora en cuanto a que éste se trataba de una reubicación de personal o reestructuración administrativa, deja muchas interrogantes sobre lo que sucede una vez que ésta tomó posesión de su encargo.

No hay que olvidar, que de acuerdo al artículo 46 de la LFTSE: Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. Consecuentemente, ¿asumiría los costos legales por la reducción de personal de base, por ejemplo?

Al tiempo.

*Nota: Quiero pensar que sigue vigente porque en la búsqueda de este documento no encontré una versión actualizada del mismo)

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Referencias:

–Ley federal del Trabajo. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federació el 11/01/2021.

–Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1/05/2019.

–Redacción Aristegui Noticias. (2016). SEP dejará de pagar sueldo a más de 2 mil maestros comisionados. Aristegui Noticias. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/sep-dejara-de-pagar-sueldo-a-mas-de-2-mil-maestros-comisionados/

–SEP. (2013). Manual de Normal para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. SEP. Recuperado de: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-dc572c3e4439/manual_normas_administracion_recursos_humanos_sep.pdf

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/la-reduccion-de-personal-en-la-sep-y-las-tijeras-de-la-profesora/

América del Norte/México/19-03-2021/Autor(a): Colaboradorxs de OVE/Fuente: MUJER, PUEBLO-MAGISTERIO CNTE DURANGO

El día de ayer jueves 18 de marzo en punto de las 10 am inició una caravana motorizada en la ciudad de Durango, Durango, México;  pronunciando el rechazo a la UMA en jubilaciones, pensiones y seguridad total.

La caravana se conformada por el Frente Unido Contra la UMA, en el cual participan diferentes organizaciones entre las cuales están: MPM CNTE DURANGO, GREMIO MUD, ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS «POR UNA PAZ Y TRANQUILIDAD», FRENTE REVOLUCIONARIO DE UNIDAD MAGISTERIAL, CÍRCULOS DE JUBILADOS, STEMS CECyTED, COCOPO, SINDICATO DE TELEFONISTAS, STEUJED, FRENTE TIERRA Y LIBERTAD, COMITE DE DIALOGOS ENTRE TRABAJADORES Y JÓVENES DE DURANGO Y COCOPO.

Estas organizaciones congregaron alrededor de 200 personas cuidando los protocolos de Bioseguridad.

Acá los pronunciamientos y las firmas de las distintas organizaciones:

FRENTE UNIDO CONTRA LA IMPOSICION DE LA UMA

Los miembros del Frente Unido Contra la UMA solicitamos al Señor Gobernador Dr. José Rosas Aispuro Torres y a los diputados se habrá un dialogo con las autoridades correspondientes para la creación de un sistema nacional de pensiones de carácter público que garantice el derecho a una vida digna de las y los trabajadores al concluir una vida laboral, de carácter público y solidarias.

Repudiamos las acciones de la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación y exigimos se da marcha atrás.

Junto al salario, las condiciones de vida y la vivienda, conservándose y ampliándose el sistema de pensiones de carácter solidario y público que tuvo grandes avances.

Conservar y ampliar el sistema de pensiones y jubilaciones de carácter público y solidario que en su momento tuvo grandes avances, hasta lograr el derecho el trabajador a disfrutar una pensión o jubilación correspondiente al 100% del sueldo básico del último año de labores, una vez cumplidos 30 años de servicio los hombres y 28 años las mujeres, independiente de la edad, así como el derecho a una pensión proporcional cumplidos 15 años de servicio a quien por cualquier motivo se retirare.

Un derecho ganado por el trabajador no puede verse trasgredido ni los efectos serán retroactivos cuando a este se vea perjudicado. (Artículo 123 constitucional fracción VI apartado A).

Se exige respeto a la cuantificación en salarios mínimos

Exigimos que se respete la pensión y jubilación ya que es un derecho adquirido por los trabajadores.

Victoria de Durango, Dgo., a 18 de marzo del 2021

«FRENTE UNIDO CONTRA LA UMA»

 MUJER, PUEBLO-MAGISTERIO CNTE DURANGO

 ASOCIACION DE JUBLIADOS Y PENSIONADOS POR UNA PAZ Y TRANQUILIDAD

 FRENTE REVOLUCIONARIO DE UNIDAD MAGISTERIAL

 CIRCULOS DE JUBILADOS

 COMITÉ DE DIALOGO ENTRE TRABAJADORES Y JOVENES – DURANGO

 COCOPO

 STEMS CECYTED

 GREMIO MUD

SINDICATO TELEFONISTAS

COLECTIVO TIERRA Y LIBERTAD

STEUJED

Descarga en PDF: FRENTE CONTRA LA IMPOSICION DE LA UMA II CORREGIDA (1)

Fuente: OVE/MUJER, PUEBLO-MAGISTERIO CNTE DURANGO

Imagen: MUJER, PUEBLO-MAGISTERIO CNTE DURANGO

América del Norte/México/12-03-2021/Autor(a) y Fuente: Spanish. xinhuanet. com

MÉXICO, 4 mar (Xinhua) — La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más importante del país, se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo, informó hoy jueves la casa de estudios.

De acuerdo con el QS World University Rankings by Subject 2021, citado por la UNAM, este año se evaluó a más de 5.000 instituciones de educación superior.

Para elaborar este listado se evalúa la reputación de las universidades entre académicos y empleadores, la proporción de estudiantes y profesores internacionales.

También se evalúa el impacto de la investigación que realizan con base en las citas por artículo y el índice h, que se obtiene de la base de datos Scopus (especializada en información científica, técnica, ciencias médicas y sociales; incluye artes y humanidades).

El ranking está encabezado por cuatro instituciones de la Unión Americana: el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad Stanford, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de California, así como por la Universidad de Oxford, Inglaterra.

La UNAM también se ubica en el sitio 24 del mundo, en el rubro de Artes y Humanidades.

Además, en las áreas de Ingeniería y Tecnología, así como en Ciencias Naturales, la máxima casa de estudios de México logró la posición 92.

La UNAM es una universidad pública que cuenta con una matrícula de alrededor de 350.000 estudiantes y 40.000 profesores.

Los premios Nobel en México Alfonso García Robles (de la Paz, 1982), Octavio Paz (de Literatura, 1990) y Mario Molina (de Química, 1995) estudiaron en esta universidad, considerada la más grande de América Latina.

Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/05/c_139786334.htm

América del Norte/México/12-03-2021/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx

En la conmemoración de su día, miles de mujeres salieron este 8 de marzo a manifestarse en varios estados del país para exigir un alto a la violencia en su contra, “ni un feminicidio más” y el esclarecimiento de los que se han perpetrado.

Demandaron gobiernos con perspectiva de género y capacidad para atender y resolver esta problemática, pues las alertas implementadas en varias entidades “no han servido de nada”. Señalaron que durante la pandemia se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar.

Las manifestaciones se llevaban a cabo en el estado de México, Michoacán, Hidalgo, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Chiapas; en algunas de ellas las activistas realizaron pintas y causaron destrozos en inmuebles oficiales; al menos cinco inconformes fueron detenidas.

En el estado de México, integrantes del colectivo «Feminista Ehécatl» marcharon de la Vía José López Portillo, en el municipio de Coacalco, hasta la sede del ayuntamiento de Ecatepec, para exigir alto a los crímenes de féminas y la violencia en general contra ese sector de la población.

«No hay nada que festejar pero sí mucho por lo que luchar; no queremos que nos feliciten, no queremos flores ni bombones, es día de lucha combativa. Queremos hacer visibles los feminicidios que se han cometido en el estado de Mèxico», dijo Carmen Zamora, dirigente de la agrupación.

Cerca de ahí, un grupo de mujeres de diversos colectivos feministas marcharon del puente de fierro hacia palacio municipal de Ecatepec, para exigir autoridades con perspectiva de género y quejarse de que la alerta de género en esa localidad no ha servido.

En el municipio vecino de Acolman, unas 200 mujeres adheridas al Movimiento Feminista de Pueblos Organizados realizaron una caminata que partió del Boulevard Real del Valle Sur, hacia a las oficinas administrativas en el fraccionamiento Real del Valle, para demandar a las autoridades mayor seguridad.

Marcha en el Día Internacional de la Mujer, en Acolman. Foto La Jornada

En Cuautitlán Izacalli, un grupo de hombres y mujeres vestidos de blanco marcharon y se plantaron frente al Centro de Justicia contra las Mujeres y la Fiscalía de Justicia regional, para exigir ni una mujer violentada más y el esclarecimiento de feminicidios.

«Somos el grito de las que ya no están», «La cantidad de ropa que uso, no es la cantidad de respeto que merezco», «Las Mujeres somos la fuerza», «Es momento de gobernar», «No estás sola», fueron algunas de las consignas de las mujeres.

«Aún falta mucho por hacer, debemos y necesitamos estar unida, actualmente nos une la violencia sistemática que sufrimos en todo el mundo y en especial en Ecatepec, que sigue en el olvido por aquellos que nos deben de garantizar la seguridad», reclamaron.

En el municipio de Chicoloapan, un centenar de féminas bloquean la carretera federal México-Texcoco en protesta por los feminicidios perpetrados en esa localidad y en todo el territorio mexiquense.

El grupo de mujeres, en su mayoría portando blusas moradas y pancartas con consignas de lucha por la igualdad de género, se apostó en ambos sentidos de la vía, a la altura del kilómetro 28 más 500, justo a la entrada a la cabecera municipal.

Las manifestants gritaron consignas contra Nancy Gómez, alcaldesa de Morena, a quien exigieron implementar acciones de gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres y deje de gobernar a través de las redes sociales de Internet.

En Morelia, Michoacán, cientos de mujeres se manifestaron este lunes para exigir se frene la violencia; se haga justicia en el caso de mujeres desaparecidas y asesinadas, además de exigir más igualdad y equidad.

Al igual que la educadora Jésica Gonzáles, desaparecida y asesinada en septiembre pasado, en los últimos seis meses, 15 mujeres fueron desaparecidas y luego localizadas muertas. De enero de 2020 a la fecha han sido ultimada 841 personas de sexo femenino. Además, en el 90 por ciento de los casos ha habido impunidad.

También se manifestaron unas 20 madres e hijas de personas desaparecidos en los tres últimos lustros. Son las mismas que cada domingo de fin de mes se sientan en la Plaza de Armas de Morelia a hilar y tejer, con el fin de recodarles a las autoridades que sus familiares son parte de los 50 desaparecidos que fueron detenidos o “levantados” por elementos de seguridad municipal, estatal o federal. Aunque por otras causas tienen documentadas otras 250 desapariciones.

Disturbios en Pachuca

En Pachuca, Hidalgo, unas 200 feministas, causaron destrozos en el Palacio de Gobierno, las instalaciones del Tuzobus y la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

Con el rostro cubierto con pañuelos verdes y morados, las activistas de Marea Verde y otras agrupaciones iniciaron una marcha desde Plaza Independencia, a un costado del Reloj Monumental hacía el monumento a la Mujer y de allí a Plaza Juárez, frente al Palacio de Gobierno.

Con el grito :»¡Fuimos Todas!» y «¡Somos malas y podemos ser peores!», armadas con palos y piedras las mujeres rompieron los cristales de tres estaciones del Tuzobus así como de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

Al llegar al Palacio de Gobierno, un grupo de feministas con carteles y mantas que colocaron frente a los reporteros y reporteras que cubrían la manifestación obligaron a los representantes de los medios de comunicación a replegarse.

Mientras, algunas mujeres con palos y tubos destrozaron los vidrios y marcos de los dos accesos principales del Palacio de Gobierno estatal y grafitearon los muros con consignas en contra del «Estado opresor, y violador» entre otras.

Frente a la sede del gobierno del Estado de Hidalgo. Foto Juan Ricardo Montoya

Arrestan a cinco mujeres en Chihuahua

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM) arrestó a cinco mujeres por realizar pintas feministas, a favor de aborto y contra el patriarcado en el monumento dedicado a la familia y otros dos monumentos de la capital del estado, la madrugada del 8 de marzo.

La colectiva Movimiento Malinche convocó a la manifestación “Nos movemos por todas”, que se realiza de forma simultáneamente en tres estados del país por el 8 de marzo, consistente en una rodada ciclista y un vehículo con bocinas que recorrerán calles de la ciudad de Chihuahua para reproducir audios de la marcha feminista del año pasado. Además, anunció que los sonidos acompañan una lista de canciones disponible en Internet, para que otras mujeres puedan escuchar y protestar desde casa.

En Monterrey, Nuevo León, con un tendedero de ropa de mujer, activistas y la senadora de Movimiento Ciudadano Indira Kempis recordaron a las víctimas de feminicidios en el contexto del Día Internacional de la Mujer.

Diez mujeres y la senadora colocaron pañoletas moradas, pantalones, blusas y diversos accesorios de mujer en la estructura del Puente del Papa, sobre el río Santa Catarina, en Monterrey.

“Esta ropa pudo haber sido de nuestras hermanas, esposas, vecinas, hijas, de las hermanas de alguien que hoy son víctimas de desaparición forzada, de feminicidios, de violencias sexuales, que no deberían ocurrir”, explicó Kempis.

En Morelos, madres que buscan a sus hijas desaparecidas denunciaron que la Fiscalía estatal, que encabeza Uriel Carmona, «no están buscando a sus hijas» y no está cumpliendo su función de garantizar justicia para todos los morelenses.

Las integrantes del Colectivo Regresando a Casa Morelos protestaron esta mañana en frente de las instalaciones de la FGE, en Cuernavaca, porque, aseguraron que sus casos de búsqueda de sus hijas no avanzan con el pretexto de que no cuentan con personal y equipo para buscarlas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) el Congreso local le presupuestó para este año 792 millones de pesos, gracias a la autonomía financiera que logró en la pasada administración estatal, según para dar resultados, pero sigue sin dar resultados a la sociedad morelense.

Manifestantes en el Día Internacional de la Mujer, en Cuernavaca, Morelos. Foto Rubicela Morelos

Exigen cierre de cantinas en la sierra de Chiapas

En el contexto del Día internacional de la mujer, la Coordinación Diocesana de Mujeres, la agrupación llamada Pueblo Creyente de la Parroquia San Pedro y San Pablo, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) y el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, exigieron el cierre de cantinas y cancelación de permisos para la venta de bebidas alcohólicas en las comunidades y la cabecera municipal de Chicomuselo, situado en la sierra de Chiapas.

Demandaron también que cesen la violencia en contra de las mujeres, jóvenes, niñas y niños; las amenazas, la persecución y el hostigamiento contra servidoras y servidores que trabajan por la paz con justicia y dignidad.

Asimismo, que se dé seguimiento al caso de feminicidio “de la hermana” Virgilia Villatoro, asesinada el 28 de octubre de 2017 en la localidad de Pablo L. Sidar, Chicomuselo, así como de muchas mujeres que son asesinadas y violentadas en su dignidad.

(Javier Salinas, Silvia Chávez, René Ramón, Ricardo Montoya, Ernesto Martínez, Jesús Estrada, Yolanda Chio, Rubicela Morelos y Elio Henríquez)

En la ciudad de Zacatecas, más de 2 mil 500 mujeres de todas las edades participaron este lunes en la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Foto: Alfredo Valadez Rodríguez

«¡Se va a caer, el patriarcado se va a caer!», el grito en Yucatán

Cientas de mujeres del estado salieron a las calles para alzar la voz y pedir justicia por las víctimas de violencia de género. Tomaron el monumento de Los Montejos y desde ahí, con pintas, al unísono gritar ¡Se va a caer, el patriarcado se va a caer!

En bicicletas, patines, scooter y patinetas se reunieron en el parque de Santa Ana para después desplazarse a Paseo de Montejo, avenida principal de Mérida, en donde gritaron consignas como ¡Las niñas, no se tocan, no se violan, no se matan!, ¡Señora, señor, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!

Con una batucada y una bandera feminista por delante, decenas de mujeres recorrieron los dos carriles de la avenida, en donde por momentos se hincaron y con el puño arriba, guardaron minutos de silencio por todas las mujeres que perdieron la vida, convirtiéndose como víctimas de violencia de género.

Habiendo mujeres de todas las edades, entonaron fragmentos de la «Canción sin miedo», de Vivir Quintana.

Algunas caminaron con sus madres, abuelas, hijas o mascotas. La mayoría llevaba carteles en mano pidiendo que no queden impune los feminicidios registrados en Yucatán.

A su paso, se detuvieron en el Monumento a Los Montejo y al grito de ‘¡Fuimos todas!’, con pintas exigieron al gobierno mexicano, más protección a las mujeres que a las estatuas y edificios.

Además de las pintas con aerosol, algunas dejaron sus carteles en los que escribieron ‘de camino a casa, quiero sentirme libre, no valiente’, ‘que se escuchen nuestros gritos de cambio’, justicia para todas’ y ‘somos el grito de las que ya no están’.

A pesar de la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las mujeres se protegieron con carteles entre sí para no exponer sus rostros mientras el monumento fue pintado.

Las pintas fueron una forma de exigir justicia a favor de las mujeres en la entidad yucateca.

Al finalizar la marcha, las mujeres volvieron al punto donde iniciaron, mientras que las pintas quedaron como testigo de sus peticiones.

Mientras tanto, los transeúntes y automovilistas ajenos a la marcha, se detuvieron para tomar fotografías y obtener así un registro del #8M2021.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/estados/ni-un-feminicidio-mas-claman-miles-de-mujeres-en-las-calles/

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Fullan y Hargreaves advierten que, entre las profesiones, la docencia “sin duda aparece entre las más solitarias” (2000, p. 80). Al respecto, Serafín Antúnez asevera que “aun en la escuela mejor estructurada y coordinada, el trabajo de los docentes, su acción directa en el salón –que ocupa la mayor parte de su jornada laboral– casi siempre es individual” (2004, p. 18). Christopher Day coincide al señalar que “la pasión por la enseñanza sigue siendo principalmente una cuestión individual” (2006, p. 153). El defecto de la cultura escolar es claro según estas apreciaciones: docentes ensimismados, cuyos lazos profesionales son frágiles y su práctica cotidiana se realiza, en los aspectos sustanciales, en solitario.

“El problema del aislamiento tiene raíces profundas” (Fullan y Hargreaves, 2000, p. 33), que van desde físicas hasta personales, históricas y culturales. Lo anterior se refleja no sólo en el funcionamiento general de la escuela, sino específicamente en el individualismo de la enseñanza. Aunque la colaboración existe al interior de las escuelas mexicanas, ésta no se enfoca predominantemente en asuntos de desempeño profesional. Dentro de los planteles, “las actividades que en menor proporción se realizan en equipo son aquellas que fortalecen el desarrollo profesional de los docentes, como el análisis de la práctica a partir de las evidencias” (INEE, 2019, p. 64).

Para contrarrestar la soledad de la enseñanza son fundamentales, cuando menos, tres factores: el involucramiento de las autoridades escolares, el fomento del trabajo colegiado y el aprovechamiento de los Consejos Técnicos Escolares. Sobre el primer elemento, directores y supervisores tradicionalmente se encuentran absorbidos por un modelo de administración predominantemente burocrático, lejos de lo que pasa en las aulas:  una consulta realizada por el INEE mostró que “las asesorías pedagógicas del director y del supervisor, que por sus características se definen como estrategias para fortalecer la práctica de los docentes, obtuvieron porcentajes nacionales menores a 50%” (2019, p. 57). Es necesaria pues una redefinición de las funciones directivas, más centrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Fomentar un verdadero trabajo colegiado, enfocado en la enseñanza, puede parecer complicado pero sin duda sus efectos son atractivos: “la capacitación entre pares, la enseñanza en equipo, la observación de la clase y aun ciertas modalidades de evaluación del rendimiento pueden ser un verdadero estímulo para la reflexión” (Fullan y Hargreaves, 2000, p. 125). No obstante, la mayoría de escuelas deben vencer obstáculos para el trabajo en equipo, tales como falta de tiempo o de espacios, poca disposición entre docentes o falta de promoción del trabajo colectivo por parte del director, entre otros (INEE, 2019, p. 66). La reflexión sobre la práctica docente sin duda se nutriría si su planeación, ejecución, análisis, retroalimentación y reconstrucción se dan considerando más de un punto de vista: ahí radica la importancia del trabajo colegiado.

Finalmente, debe aprovecharse al Consejo Técnico Escolar, como instancia máxima de los planteles en asuntos académicos, para socializar la tarea de enseñar.  Este órgano “necesita romper con un aislamiento en el aula que no admite cuestionamientos o sugerencias” (Antúnez, 2004, p. 78) y asumirse como “un espacio privilegiado para promover el aprendizaje entre pares” (SEP, s.f., p. 12), teniendo siempre presente la enseñanza como uno de sus asuntos medulares. Nuevamente el papel del directivo es fundamental: resulta desafortunado observar la reproducción de guías de trabajo para las sesiones del Consejo Técnico Escolar, provenientes desde lejanas oficinas, en ocasiones ignorando las necesidades reales del plantel y desaprovechando oportunidades para poner sobre la mesa asuntos relativos a la enseñanza de los profesores.  Reafirmar la autonomía de las escuelas para el buen ejercicio de este órgano es sin duda fundamental para ofrecer posibilidades de colectivizar la enseñanza.

Es bien sabido que el consenso entre los miembros de una escuela en torno a sus prioridades y líneas de acción detonan el potencial de una comunidad educativa: hacer poco entre todos es más que hacer mucho entre unos cuantos.  En ese sentido, no debería concebirse a la enseñanza como un ejercicio individual. Lo que pasa en el aula, la enseñanza, debería ser asunto de interés común al interior de la escuela. El ejercicio de la docencia, contrario a lo que tradicionalmente sucede, tendría que suponer un motivo de confluencia entre los integrantes de un cuerpo escolar. La enseñanza no debería desarrollarse pues en la cueva oscura a la que sólo el maestro tiene acceso y en la que sólo se escucha y se observa a sí mismo.

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REFERENCIAS

Antúnez, S. (2004). Organización escolar y acción directiva. México: SEP.

Day, C. (2006). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. Madrid: Narcea.

Fullan, M. y Hargreaves, A. (2000). La escuela que queremos. México: SEP/Amorrortu.

INEE (2019). Personal y organización escolar de la escuela primaria mexicana. ECEA 2014. México: autor.

SEP (sin fecha). Lineamientos para la organización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares. Educación Básica. México: autor.

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/el-maestro-solitario/

América del Norte/México/05-03-2021/Autor: Fernando Camacho Servín/Fuente: www.jornada.com.mx

Ciudad de México. En México, las mujeres que participan en marchas y movilizaciones en contra de la violencia de género están expuestas a ser agredidas de diversas formas por parte de los cuerpos de seguridad, como parte de un escenario de criminalización y estigmatización generado tanto por las autoridades como por algunos medios informativos, advirtió Amnistía Internacional (AI) México.

En su informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan” –el cual se presenta este miércoles–, la organización advirtió que aunque el derecho humano a la libertad de reunión pacífica está supuestamente garantizado en el país, en la realidad muchas mujeres sufren violencia y vulneración de ésta y otras garantías básicas al salir a manifestarse en las calles.

“Distintos cuerpos policiales han infringido los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia”, señaló AI en su estudio.

De igual forma, el colectivo documentó que “las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”.

AI México alertó que, aunque las marchas y mítines feministas y en contra de la violencia de género son mayoritariamente pacíficos, dichas acciones “han comenzado a ser estigmatizadas como violentas.

“Esta caracterización por parte de las autoridades y por varios medios de comunicación, genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra”.

Asimismo, la organización recalcó que “el estigma sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, se basa en y refuerza estereotipos de género contra las mujeres, es decir, roles y concepciones tradicionalmente asignados por la sociedad a las mujeres”, como que “las mujeres deben quedarse en casa en lugar de buscarse problemas al manifestarse”.

A lo anterior se suman otros elementos de exclusión y marginación en contra de las mujeres que viven en la periferia de la Ciudad de México, así como “sesgos discriminatorios” en contra de las manifestantes que se cubren el rostro –incluso con cubrebocas como medida sanitaria para protegerse del contagio de la COVID-19–, o se visten de negro.

Las mujeres que lo hacen, puntualizó AI México, son “consideradas sospechosas de querer cometer o haber cometido un delito”, cuando “el ocultar el rostro o vestirse de negro no puede equipararse a la comisión de un delito, o a la suposición de uso de violencia durante las manifestaciones”.

Por otro lado, el informe documentó “el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza como una forma de inhibir el derecho de reunión pacífica, a través de “detenciones o aseguramientos preventivos” para detener arbitrariamente a quienes desean participar en manifestaciones o por “sospechas” de querer realizar un delito.

Luego de mencionar casos de represión y uso excesivo de la fuerza en contra de movilizaciones de mujeres en ciudades como Culiacán, León, Ecatepec, Atizapán y Cancún –donde incluso la policía abrió fuego en contra de las manifestantes–, la organización de derechos humanos indicó que las personas detenidas sufrieron un “intenso miedo de ser víctimas de desaparición” u otros abusos graves, lo cual implica una forma de tortura y tratos crueles e inhumanos.

El estudio también consideró “preocupante el uso de diversas formas de violencia sexual por integrantes de los cuerpos policiales contra las manifestantes, como una forma de violencia basada en género y como una táctica para aleccionar a las manifestantes por supuestamente estar comportándose de forma contraria al orden público”.

“Dado el nivel de violencia que sufren las mujeres y las niñas que participan en manifestaciones en México, y el escalamiento de la violencia en su contra por parte de las autoridades, Amnistía Internacional considera que se configura una situación de riesgo particular para las manifestantes feministas y que se pronuncian contra la violencia de género”, subrayó el informe.

Por todo lo anterior, AI México llamó a las autoridades mexicanas a “adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la libre reunión pacífica, el derecho a estar libre de violencia, y todos los derechos humanos de las manifestantes en cada una de las protestas en que partícipe este grupo de personas”.

Algunas de dichas medidas, indicó, son abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestaciones feministas y que se pronuncian contra la violencia de género contra las mujeres; reconocer que pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos, son manifestaciones de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos, que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones.

Otras recomendaciones tienen que ver con adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, y responder a los posibles hechos de violencia perpetrados por grupos específicos de manifestantes de manera diferenciada y proporcionada, respetando y protegiendo el derecho de reunión pacífica de quienes se manifiestan pacíficamente.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/03/sociedad/en-mexico-mujeres-se-exponen-a-violencia-policiaca-en-marchas-ai/

Por: Abelardo Carro Nava

Corría el año de 2007 y, Felipe Calderón, supeditado a lo que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mandatara en términos de seguridad social en diversos países como el nuestro, logró una reforma al sistema público de salud y de pensiones que vulneró los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.

Para pocos es desconocido que, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal) en marzo de 2007, presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) cuyo objetivo, entre otros, consistía en la conversión gradual de los planes contributivos obligatorios en sistemas privados de capitalización individual como columna vertebral para algo que recibió el nombre de “Sistema Nacional de Pensiones”. Iniciativa que fue aprobada días más tarde y publicada el 31 de marzo de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta nueva ley abrogó la ley del ISSSTE publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1983.

De nada sirvieron las protestas, marchas y manifestaciones de cientos de miles de trabajadores del Estado. Las respectivas Cámaras de “Representantes” y un presidente, corto de miras, habían logrado su objetivo: acrecentar la precariedad laboral, la seguridad social y las pensiones de dichos trabajadores, como si éstos hubiesen tenido una responsabilidad en el pésimo manejo de las finanzas del país que se habían venido dando con los años, o bien, en la implementación de un modelo neoliberal que poco o nada ha favorecido a los sectores más vulnerables de México. ¿Por qué no se diseñó una política para mantener y ampliar los fondos de pensiones?, ¿por qué se optó por una política donde el estado y los gobiernos estatales podrían utilizar los fondos de pensiones de manera discrecional?, ¿por qué se optó por aplicar en el ISSSTE un modelo similar al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sabiendas de que, con en este último, no se resolvió el problema de estos fondos en la década de los 90’s?, ¿por qué, en esta y otras reformas, no se ha puesto en el centro a los trabajadores y, en su lugar, se han colocado a las finanzas y administración del estado, al mercado de capitales, a las AFORES y a los bancos?, ¿cuál fue el papel de los sindicatos en ese tiempo? Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) guardó silencio. Éste fue comparsa de tal infamia. Claro, durante el “calderonismo”, La Maestra tenía un lugar privilegiado en el gobierno no así los miles de trabajadores de la educación.

Pasados algunos años, en los que obviamente la reforma “calderonista” no funcionó y de la que se desprendió, como ya se dijo, el esquema de pensiones a través de cuentas individuales, el incremento en la edad de jubilación y años de servicio (con el consecuente aumento en los años de cotización al ISSSTE), en diciembre de 2014, el ejecutivo federal en manos del peñanietismo, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa para la desindexación del salario mínimo, misma que fue aprobada y publicada en el DOF el 27 de enero de 2016.

Esta acción, como se sabe, condujo a una reforma constitucional y la creación de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) la cual, dicho sea de paso, es una unidad que se utiliza como índice de referencia, medida o base económica en pesos para determinar la cuantía de pago de obligaciones, créditos, multas, impuestos y deducciones personales.

Para este propósito se creó la Ley UMA, y se le confirió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la responsabilidad de calcular y actualizar el valor de dicha UMA, hechos que, indudablemente, han repercutido seriamente en los derechos laborales, en la seguridad social y en las pensiones de los trabajadores puesto que, como se verá más adelante, la cuantía de las pensiones de los trabajadores, por ejemplo, estaría determinada por el comportamiento de la UMA.

Esto es así, porque si analizamos varias normativas como el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, en su Artículo Único, se especifica que: “Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del Artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 123…, VI. los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o referencia para fines ajenos a su naturaleza” (DOF, 2016).

Pero aún hay más, en ese mismo decreto, en el Cuarto Transitorio se señala que: “…el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización” (DOF, 2016).

Con la emisión de este Decreto y las consecuentes reformas constitucionales, los trabajadores recibieron otro duro golpe a sus derechos, otra vez, proveniente de gobiernos neoliberales y tecnócratas cortos de miras y cuya precariedad laboral, con esta “idea de reforma”, la acrecentaron.

Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de le educación, ¿cuál fue el papel del SNTE en manos de un líder ampliamente cuestionado por su entrega total al poder ejecutivo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Al igual que sucedió en el 2007: guardó silencio. Fueron comparsas de tal infamia. Al fin de cuentas, ese líder sindical apoyó sin miramiento lo que en su momento el magisterio nacional conoció como la mal llamada reforma educativa de 2013.

Ahora bien, regresando al tema de las pensiones de los trabajadores, dada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emitió hace unos días, y de la que hablaré más adelante, no hay que perder de vista lo que el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de ISSSTE, en su artículo 8 señala: “la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir de enero de cada año. En caso de que en año anterior el incremento del índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción de estos últimos” (DOF, 2009). Esto nos lleva a observar: 1) que la actualización de la pensión es por IPC, 2) esta cuantía puede ser determinada por el comportamiento de la UMA, 3) “la pensión mínima garantizada de la Ley del ISSSTE de 2007 está determinada nominalmente y se actualiza también por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero para la cuantía máxima de pensión para los que se encuentran el décimo transitorio, está establecida en salarios mínimos: el monto máximo de pensión no podrá exceder diez veces el salario mínimo con lo que el tope sería 10 veces la UMA, perjudicando el monto de las pensiones del 86% de los trabajadores que estaban activos cuando se aprobó la reforma de 2007 y que decidieron mantenerse en el régimen de beneficio definido con las modificaciones que introdujo el artículo décimo transitorio – aumento de edad y de aportaciones –” (Ramírez y Badillo, 2017).

Visto lo anterior, probablemente sea fácil comprender el revuelo que causó, entre los trabajadores del Estado, la resolución de la Segunda Sala de la SCJN en cuanto al tope máximo de la pensión obligatoria otorgada por el ISSSTE puesto que ésta, a decir de la Corte, deberá cuantificarse en UMA y no en salarios mínimos. Lo anterior, teniendo como fundamento la reforma constitucional en materia de desindexación del salario que, como ya he referido, entró en vigor en enero de 2016 y, mediante la cual, se eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular multas, créditos y aportaciones de seguridad social.

En este sentido es importante señalar, que dicha resolución es aplicable a los trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, es decir, para aquellos que, tras la reforma a dicha Ley en 2007, decidieron permanecer en el esquema de pensión vitalicia que paga el Estado, rechazando con ello, el esquema de cuentas individuales. ¿Cuál es la afectación directa a estos trabajadores por la cuantía de su pensión en UMA y no en salarios mínimos? La disminución en el pago de dicha pensión dado el valor que tiene la UMA con relación al incremento del salario mínimo.

¿Cuál fue el motivo por el que la SCJN resolvió de esta manera? Después de la aprobación de la Ley del ISSSTE en 2007, como ya he dicho, varios de estos trabajadores optaron por mantenerse bajo el esquema que ofrecía el Décimo Transitorio. No obstante, al entrar la desindexación del salario mínimo en 2016, aquellos que comenzaron a tramitar sus pensiones ante el ISSSTE se encontraron que éste las cuantificó con base en la UMA vigente, hecho que propició una serie de demandas y amparos con un propósito específico: que sus pensiones fueran cuantificadas en salarios mínimos y no teniendo como base la UMA. ¿Tercer golpe para los trabajadores del Estado? Indudablemente porque, desde mi perspectiva, la resolución de la Suprema Corte, de nueva cuenta, no puso en el centro al trabajador, pero sí colocó a las finanzas, economía y política en un país donde el modelo neoliberal sigue presente, aunque alguien señalé lo contrario.

Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de la educación, ¿cuál fue la postura del SNTE ante este asunto? Irrisoriamente, emitir un escueto manifiesto mediante el cual rechazaba la determinación de la SCJN anunciando que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones internacionales para demandar el respeto a las disposiciones originales del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE (Profelandia.com, 2021). Repito, solo para demandar el respeto a los trabajadores que optaron por el Décimo Transitorio, ¿y los que no lo hicieron?, ¿y los que ingresaron después de 2008?

¿Por qué no fijó postura en 2007?, ¿por qué no levantó la voz en 2016?, ¿por qué solamente la emisión de un escueto manifiesto que, eso sí, vía WhatsApp llegó a prácticamente todo el gremio? En fin, esto me llevó a preguntarme ¿cuál es su capacidad de movilización, resistencia y lucha de esta organización sindical que alguna vez fue conocida como la más grande de América Latina? Llamar los reflectores y simular una supuesta defensa de los derechos de los trabajadores de la educación se ha vuelto una costumbre en este “Sindicato”.

Pienso, que la lucha la están y la estarán dando cientos de trabajadores de la educación, activos y pensionados, para que este falló se eche abajo en otras instancias, o bien, para que se abrogue la Ley del ISSSTE de 2007.

Caray, la pensión es un derecho adquirido por los trabajadores a través de los años y, por un pésimo manejo de las finanzas del Estado sin olvidar las pésimas reformas que se han aprobado en distintos momentos en México, éste no merece otra cosa más que un trato digno y una pensión que le permita vivir con dignidad el resto de sus días.

Con negritas:

¿Sabe usted a cuánto asciende la pensión de un ministro de la SCJN? Más de 250 mil pesos mensuales. ¿Se compara con lo que un trabajador con tope máximo de 10 UMA recibiría en un mes? Vaya desigualdad, ¿no le parece?

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Referencias:

Aguilar, J. (2006). La seguridad social y las reformas a los sistemas de pensiones en México. Revista Estudios Políticos. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/4264/426439536007.pdf

Cámara de Diputados. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/LISSSTE_abro.pdf

DOF. (2009). Reglamento para el otorgamiento de pensiones sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n217.pdf

DOF. (2016). Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016

Flores, Z. (2016). Aprueban ley de UMA que desindexa el minisalario. El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aprueban-ley-de-uma-que-desindexa-el-minisalario

Flores, Z. (2021). Corte determina que tope de pensión jubilatoria en ISSSTE será en UMA, ¿a quién le afecta? El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/corte-determina-que-tope-de-pension-jubilatoria-en-issste-sera-en-uma-a-quien-le-afecta

Leal, G. (2011). ISSSTE: la “reforma” de Calderón, un fracaso. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2011/02/05/opinion/020a1pol

Notimex. (2007). La Ley del ISSSTE, primera reforma estructural del sexenio. Crónica.com.mz. Recuperado de: https://www.cronica.com.mx/notas/2007/320016.html

Ramírez, B.P. y Badillo, G. (s/f). La UMA y su impacto en las pensiones. UNAM. Recuperado de: http://ru.iiec.unam.mx/3688/1/La%20UMA%20y%20su%20impacto%20en%20las%20pensiones.pdf

Redacción Profelandia.com. Aquí el posicionamiento del SNTE sobre las pensiones en UMAs. Profelandia.com. Recuperado de: https://profelandia.com/aqui-el-posicionamiento-del-snte-sobre-las-pensiones-en-umas/?fbclid=IwAR1gNpwI0qaeMOPjjpk3GcAX1pA8RgLu186cIXNw88RdDNvuDNfBV5DRPTQ

Ulloa, O. y Alonso, M. (s/f). La nueva Ley del ISSSTE: la reforma estructural del consenso dominante. UNAM. Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3484/2.pdf

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/el-snte-y-las-pensiones-para-jubilados-y-activos-el-atraco/