Entrevista: El DE recibe baja calificación en los servicios de Educación Especial

Por Keila López Alicea

Informe evidencia baja en el cumplimiento de la agencia con servicios especiales.

El Departamento de Educación falló nuevamente en atender de manera satisfactoria las necesidades de los estudiantes de Educación Especial, según el más reciente informe de monitoría del pleito de clase impulsado por Rosa Lydia Vélez.

Luego de cuatro años de aumento en la cantidad de los servicios que debe ofrecer a esta población estudiantil, en el año escolar 2016-2017, la agencia obtuvo una puntuación de 2.75 en una escala de 0 a 4. Para el año escolar 2015-2016, la agencia obtuvo una puntuación de 3.20, que luego fue modificada a 3.07.

El secretario asociado de Educación EspecialEliezer Ramos Parés, indicó que no considera que la puntuación represente una regresión de parte de la agencia, ya que la monitora Pilar Beléndez utilizó en esta ocasión una herramienta de medición distinta.

En el informe, Beléndez reconoce que es la primera vez que se midieron ciertas áreas, basándose en el plan de monitoría y la sentencia que se firmó en 2002 y no la llamada Hoja de Control Global, un bosquejo creado en el tribunal para guiar las evaluaciones.

“No estoy diciendo que no nos falte camino para tener un sistema perfecto para atender a nuestros estudiantes de forma ágil, pero el resultado obtenido en este informe es el resultado directo del cambio en el instrumento de medición”, sostuvo Ramos Parés.

En el más reciente informe, la agencia obtuvo puntuaciones altas en áreas relacionadas con la divulgación de información sobre los derechos de los estudiantes de Educación Especial, los referidos para evaluaciones y en los procesos para identificar y atender las barreras arquitectónicas en las escuelas, entre otros.

No obstante, las puntuaciones más bajas fueron en áreas que abarcan la prestación directa de servicios a los estudiantes, como la confección del plan educativo individualizado (PEI) –donde se detallan las necesidades de cada alumno– y en los servicios de remedio provisional, un mecanismo mediante el cual Educación paga para las terapias que necesitan los estudiantes cuando la agencia no puede ofrecerlas con sus proveedores.

En el documento se detalla que la agencia solo compensó en verano el 31 por ciento de las terapias que los estudiantes necesitaban, realizó una evaluación administrativa del 7.4 por ciento de las corporaciones que brindan servicios a los alumnos y no hizo un monitoreo para verificar que provean las terapias y evaluaciones requeridas por los menores. Además, solo el 46.8 por ciento de los estudiantes que necesitaban equipos o materiales especializados los recibieron.

Debido al incumplimiento de Educación evidenciado en este nuevo informe, el tribunal ordenó a la agencia a pagar una multa diaria de $10,000.

Fuente de la Entrevista:

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elderecibebajacalificacionenlosserviciosdeeducacionespecial-2418728/

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España: Presencia y participación: puntos claves para garantizar la inclusión del alumnado

España/10 de Marzo de 2018/El Diario

El nuevo decreto de inclusión del alumnado trabajará con medidas preventivas para anticiparse a las necesidades de los estudiantes con cualquier tipo de «barreras».

«Queremos poner el foco en la potencialidad de los alumnos para desarrollar sus capacidades», explican desde la Junta de Comunidades.

El borrador del anteproyecto del decreto por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en Castilla-La Mancha se encuentra disponible para información pública hasta el 21 de marzo. Se trate de un documento que pretende establecer las directrices que «garantizarán» a todo el alumnado así como dar respuestas a las demandas de la propia comunidad educativa en este sentido. Entre las distintas normativas que quieren hacer «efectivo» el derecho a la educación inclusiva, se encuentra la Ley Orgánica de Educación, que en su Título Preliminar establece la equidad, la no discriminación y la autonomía a cada comunidad educativa para las actuaciones organizativas en cada centro.

La ley 7/2015, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha establece los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad, e pro de la protección de este colectivo. En la ley 7/2010, de Educación, recoge que la diversidad es un valor y así establece que el conjunto de actuaciones educativas se dirijan a favorecer el progreso educativo de los alumnos.

Cambio de mentalidad

Principalmente, la idea del decreto es identificar los posibles obstáculos que tiene el alumnado en cuanto a la participación y a la presencia de los mismos en las aulas, ya sea por una posible discapacidad, por el idioma o las posibles barreras educativas y emocionales. «Las medidas van desde las más individualizadas, hasta el nivel del centro para que todos tengan capacidad de participación y presencia de manera ordinaria», explica Pastor. La normativa también se centra en la prevención de estas posibles barreras, y anticipar también medidas compensatorias «antes de poner la etiqueta».

«El decreto marca un cambio de mentalidad en la inclusión educativa. Luego tendremos que trabajar en órdenes, protocolos e instrucciones para acotar cada una de las particularidades precisas», señala el director general. Y es que existen diferencias entre los impedimentos, ya que, explica Pastor, hay discapacidades que son permanentes, como las de un alumno en silla de ruedas, que deberán trabajarse con un cambio en la infraestructura, pero hay otras que tienen un carácter más temporal, como en el caso del lenguaje. «Hay barreras insalvables, pero debemos trabajar con medidas necesarias para ofrecer su espacio a los alumnos», relata.

El decreto contempla todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la formación profesional, ya que la Universidad tiene su propia manera de trabajar estos aspectos. Para llegar a estas medidas, se ha hecho un trabajo «exhaustivo», incluyendo comisiones provinciales, una regional, y también con organizaciones y sectores dentro de la comunidad educativa, incluyendo al CERMI y asociaciones como la ONCE, Plena Inclusión o las relacionadas con el autismo o el trastorno de déficit de la atención.

El decreto pretende estar publicado alrededor del mes de junio, pero primero debe pasar por los órganos correspondientes, como son la mesa sectorial de Educación, el consejo escolar y el Consejo de Gobierno. «Hemos querido provocar un camio de mentalidad en atención a la diversidad. Siempre la diferencia ha sido asociada a desventaja y lo que queremos es que independiente de una discapacidad o barrera, pongamos en el foco la potencialidad de los alumnos para desarrollar sus capacidades. Esto es lo que queremos hacer a la ciudadanía», concluye el director general.

Fuente: https://www.eldiario.es/clm/Presencia-participacion-garantizar-inclusion-alumnado_0_749976067.html

 

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