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La economía criminal y la economía del crimen en México (I). Explotación infantil.

Por: Ramon Cesar Gonzalez Ortiz

Dedico este trabajo a mi tío Silvano y a todos mis amigos asesinados o que fueron consumidos por las cosas que a diario ocurren en los barrios marginales.

Introducción

El capitalismo ha sido visto por algunos pensadores, hasta la actualidad, como un proceso que de forma inmanente lleva hacia un “progreso civilizador”. Sin embargo al observar con detalle algunos procesos particulares de la historia, como el paso de la economía fundamentalmente rural, – imperante en Europa durante los siglos XVI al XVIII – hacia una economía industrial, con su fase intermedia preindustrial. Así como las diferentes estrategias familiares que impuso y los diversos roles asignados a los niños dentro de ésta. Y que, comparados con algunos sucesos como la trata de personas o la prostitución infantil, que actualmente siguen padeciendo miles de niños y adolecentes, podremos percatarnos de que en realidad es muy cuestionable el mentado “progreso civilizatorio”, si es que lo hay.

Así, es menester destacar que dentro de la conformación de la “civilización de comerciantes” que actualmente impera. El nacimiento de la industria rural fue de enorme importancia para los niños, en cuanto que acrecentó su “utilidad económica”. Contribuyendo la industria rural a absorber la oferta de trabajo infantil campesina excedente. Puesto que muchos niños no trabajaban en sus propios hogares y fueron “acogidos” en las casas de otros campesinos o artesanos de la región, con el fin de que aprendiesen sus oficios.

En Inglaterra, por ejemplo, donde casi el 60 por ciento de la población comprendía entre los quince y los veinte cuatro años. Cerca de un tercio de los hijos continuaba viviendo con sus padres y para ayudar en los gastos de la casa la mayor parte de esta población trabajaban como criados. Siendo dentro de las familias campesinas sin tierra donde los hijos marcharan primero, debido a que de ningún modo podían contribuir a la economía familiar.

Mismas razones por las cuales en los condados occidentales de Inglaterra los niños eran cedidos a un agricultor a la edad de nueve años, permaneciendo con él hasta los veintiuno. Pero si la familia del niño tenía ocupación artesanal alterna o era poseedora de tierra, de manera que los hijos mayores pudieran heredar, no había tantos motivos para marcharse de casa. Sin embargo, serán los hijos intermedios los que se verán obligados a abandonar en primer lugar los hogares [1] .

En tanto que en los hospicios y otras instituciones similares como las workhausesinglesas – desde el siglo XVI – los hospicios y casas de misericordia, creados en Italia y España tras el Concilio de Treno y los hospitales generales franceses de 1650, introdujeron el trabajo manual de los niños pobres o abandonados de ambos sexos con fines moralizadores.

Comenzándose a conocer a dichas instituciones en el Siglo de las Luces, como escuelas de trabajo. Se instituyeron varias de estas en Francia durante los años sesenta del siglo XVIII, de manera que en 1789 existían en Lyon seis de estos centros. Siendo bien vistas la presencia de estos centros ante la opinión pública, ya que veían en ellas “ventajas para los niños”, ante el hecho de que podían ser habituados aun trabajo regular.

Conforme a tales hechos, las autoridades también se vieron beneficiadas por que las ganancias obtenidas con el trabajo infantil atenuaban los costes de la manutención de los niños, a la vez que conseguían un control social sobre los niños. De lo cual se siguió un uso intensivo de los niños por parte de los industriales, quienes recurrieron en mayor medida al empleo masivo del trabajo infantil [2] .

Por consiguiente, en Postdam, tal mecanismo opero en el orfelinato femenino, estipulándose un contrato con dos mercaderes, en el cual éstos se comprometieron a “adiestrar” a doscientas o trecientas chicas en la fabricación de encajes. Las niñas permanecían como aprendices por un tiempo de siete años, con una jornada laboral de nueve horas, sin recibir ningún tipo de paga durante los primeros cinco años, aunque después de estos recibían una sexta parte de un salario normal.

Resultando así que, la explotación intensiva del trabajo de mujeres y niños, generalizada en la manufactura doméstica o los talleres manufactureros. Habitúo a la gente a que viera a los niños trabajando y propicio que cuando la industrialización comenzará a transferir los procesos productivos de la casa a la fábrica, se considerara “natural” usar a los niños pobres como un componente clave de la fuerza de trabajo. Así, John Lock, en su trabajo “Pensamiento sobre educación” (1693), aconsejaba que en cada parroquia se instituyeran escuelas profesionales en las que los niños, a partir de los tres años de edad comenzarán a ser adiestrados en el trabajo de las manufacturas [3] .

A lo cual se le sumo el hecho, de que durante las primeras etapas de la Revolución Industrial, el problema para el “reclutamiento” de la mano de obra no era sólo de tipo cuantitativo sino también cualitativo. Debido a que los obreros de las primeras fábricas eran por lo general jornaleros agrícolas sin trabajo o tejedores a domicilio. Inhabilitados para el trabajo regular, carentes de una disciplina manufacturera y una familiaridad con la máquina, por lo cual eran consecuentemente inestables e inadecuados por tales motivos, para las necesidades de los primero patrones capitalistas.

Y la solución que encontraron muchos empresarios fue la explotación infantil. Los niños sin formación, sin tradición, más dóciles e indefensos por su edad, que los adultos, se convirtieron pronto en una mano de obra fácil de disciplinar. Los patronos concebían que habilitándolos al trabajo de sus fábricas desde su tierna edad, los niños se convertirían más adelante en obreros estables y regulares. [4]

Y una vez establecido tal patrón, el uso de la mano de obra infantil fue desigual en las primeras etapas de la Revolución Industrial, dividida por sectores económicos. Aunque una gran parte de niños fueron empleados principalmente en la industria textil donde, solos o como ayudantes de las mujeres, preparaban los materiales o realizaban trabajos auxiliares: limpiar, devanar, bobinar, etc.

De forma que en cada telar eran colocados dos o tres niños que limpiaban las bobinas y unían las roturas que se producían en los hilos de algodón empleados en los telares. Estando bajo la supervisión de un hilador adulto o adolecente, que trabajaba las piezas y era el responsables de su calidad. Siendo el “fundamento técnico” de los patronos, para la utilización de niños, más allá de las distintas razones socioeconómicas, el hecho de que al tener los dedos más pequeños que los adultos, los niños de ocho a doce años reataban los hilos de una mejor manera, arrastrándose por debajo de los telares, además de que podían circular entre los estrechos pasillos que los separaban [5] .

Motivos similares hicieron que muchos niños fueran utilizados en proceso más “especializados” como el estampado de los tejidos de algodón, conocidos como indianas [6] . En dicho sector, el empleo de niños y muchachas resulto ser tan lucrativo que contribuyó al asentamiento de una vía “alternativa” para el desarrollo tecnológico. De forma que la técnica “tradicional” del estampado mediante bloques pervivió hasta mediados del siglo XIX, pese al desarrollo de la maquinaria para el estampado.

Siendo utilizados los niños para extender el líquido de color utilizando un tamiz y un pequeño cepillo. “Contratados” a partir de los seis años para esa tarea y otras tantas, repetitivas. Trabajo que además requería a menudo de catorce a dieciséis horas de trabajo, al cual también se le sumaba trabajo nocturno. No obstante resultaban peor las condiciones de trabajo de los niños en las minas, donde algunos de los cuales apenas habían cumplido los cuatro años [7] .

La industria del vidrio también utilizaba niños de entre cinco y los siete años de edad. Sabiéndose que algunos niños eran de origen italiano, que eran llevados a trabajar a otros países, constituyéndose como una verdadera trata de personas. Debido a que los niños perdían a sus familias, su lengua y su lugar de nacimiento. Para soplar cañas con las que se moldeaban los vidrios.

La industria siderúrgica parece utilizó la mano de obra infantil de manera periférica y más limitada. Debido al esfuerzo muscular requerido. Por lo que trabajaban los niños más bien en los bosques al lado de los leñadores, conduciendo las mulas y aplicando la leña o el carbón que posteriormente sería utilizado en las fundiciones. En tano que la industria algodonera inglesa en 1830, se encontraba compuesta por una fuerza de trabajo menor a los veintiún años. Donde los niños a partir de los siete años tenían que trabajar de doce a quince horas diarias, o nocturnas, durante seis días a la semana. En tareas inacabables donde se contaban dedos cortados y miembros aplastados por las ruedas de las máquinas [8] .

Pero las fábricas no fueron el único lugar de sufrimiento infantil a lo largo del siglo XIX. En Inglaterra, entre 1870 y 1930 se calcula que cerca de 100.000 niños recogidos de las calles y orfelinatos, en edades de apenas dos y tres años en adelante, fueron embarcados con dirección a las diferentes colonias del Imperio Británico, especialmente hacia Canadá y Australia. Siendo entregados a familias de colonos, fueron sometidos a una vida de trabajo no menos dura que algunos de sus coetáneos en Europa.

El capitalismo y el trabajo infantil en la actualidad.

No obstante los siglos de por medio en la explotación infantil indicada, esta sigue vigente en la actualidad aun en aras del “progreso civilizatorio”. Por lo que cabe razonar acerca del avance del “capitalismo civilizatorio”, toda vez que la prioridad capitalista sigue siendo el “crecimiento económico”. Por ejemplo, durante muchos años las llamas economías “emergentes” como la mexicana fueron acusadas por los políticos de los países imperialistas, de ser dispendiosas, asumir riesgos excesivos y de adoptar medidas de política económica contraproducente. Y por lo cual se asumía que eran países no “desarrollados”, como los países imperialistas.

Afirmándose desde los países imperialistas que el mal “desempeño”de la economía de los países dependientes era la causa de las crisis consecutivas y que así obstaculizaban el “crecimiento económico” de las demás economías “emergentes”, debido al contagio económico que se propiciaba. Designando términos para denotar las consecuencias de los “contagios” de cada crisis como: el efecto tequila, para México; el efecto samba, para Brasil; el efecto tango, para Argentina; el efecto vodka, para Rusia; el efecto dragón, para las naciones del sureste asiático, entre otros.

Aseverando los políticos y empresarios de los países imperialistas que, al no seguir las “recomendaciones” en materia de política económica del llamado Consenso de Washington, América Latina estaba destinada al fracaso. Así, han venido siendo aplicadas medidas que incluyen privatizaciones (como las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto), el equilibrio presupuestal del gobierno, la desregulación de la actividad económica, la liberalización comercial, el rechazo total al rescate de empresas o instituciones financieras por parte del Estado, entre otras.

Y sin embargo haber adoptado estas medidas en el Tercer Mundo, una crisis de gran magnitud estalló en los Estados Unidos en el 2008, que sigue afectando hasta nuestros días. En aquel momento, durante meses el mundo estuvo en una incertidumbre financiera que, fue posible contener gracias al dinero de los contribuyentes. Llevando a cabo el gobierno estadounidense, el rescate de gigantescas instituciones financieras y empresas automotrices, es decir, hizo todo lo contrario de la fórmula decretada en el Consenso de Washington [9] .

Pero no obstante estos hechos, respecto a la “superación de la pobreza”, en nuestro país se sigue indicando que lo idóneo es favorecer un crecimiento económico que permita “integrar” a los sectores más pobres a lo modernos circuitos de producción y de consumo mediante “empleos” bien remunerados o a través de un acceso real al crédito y la generación de un patrimonio reproducible. Para así, reasumir “la aventura del desarrollo”, como se hizo en las décadas del Estado de bienestar, cuando se confiaba en apropiarse del futuro para reinventarlo a través del desarrollo y el planeamiento organizado. Por lo que no era un “fantasía organizada” el convertir a los habitantes del extremo occidente en contemporáneos de todos los hombres [10] (sic). Según ha dicho Rolando Cordera Campos.

Y conforme a estas nobles intenciones, empresarios como Luis Antonio Corral Pérez, quien ha sido consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha declarado que para enfrentar problemas como la inseguridad y la violencia se requiere de todos, ya que el gobierno no puede solo. Por lo que los empresarios deben asumir su responsabilidad en la procuración de un mejor ambiente social.

Asumiendo que México es un país de altos “contrastes”, donde los índices de pobreza extrema chocan con la realidad de tener a uno de los empresarios más ricos del mundo y por el otro lado personas muriendo de hambre. Luis Antonio Corral cree que sólo estamos “atravesando” por una etapa “muy difícil”, que son simplemente ciclos. Y que desde 2011 solo estamos en el fondo un ciclo muy “pronunciado”, pero confía en que hay una salida si todos, empresarios y sociedad en general, toman conciencia de las acciones para salir adelante. Considerando así, que una de las acciones más grandes en las que deben enfocarse los actores señalados es el rescate de los valores tradicionales mexicanos, en los cuales la familia juega un papel determinante para que no se trastoque el significado de lo “bueno y de lo malo” (sic) [11] .

Y acorde con etas ideas, para hacerse responsable de su parte, el Estado mexicano firmó desde hace veintiséis años la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1990. Donde el Artículo 27 indica que, los Estados firmantes reconocen que las niñas y los niños tienen el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Pero no obstante tales “esfuerzos”, según cifras dadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 22 de abril de 1999, en México por esas fechas, existían al menos unos 32 millones de su población, menor de 15 años, de los cuales 12 millones vivían en situación de pobreza y pobreza extrema, con deficiencias nutricionales, en situación de calle, prostitución y pornografía infantil.

En tanto que 1.5 millones eran jornaleros agrícolas, de los cuales muchos se veían obligados a emigrar a los Estados Unidos. Mientras que 32 mil trabajaban y vivían en la calle, ejerciendo el comercio ambulante, la limpieza de autos, de zapatos, pidiendo limosna, de payasitos o vendiendo drogas [12] .

Respecto a la Trata de Personas en México, algunos de los casos más señalados han sido los de “Casitas del Sur” en el Distrito Federal o el de “Mamá Rosa”, en Michoacán. Lugares donde se contaba con el apoyo financiero y la protección de gobiernos o instituciones. En el caso de “Mamá Rosa”, se indico que menores de edad pobres eran sustraídos del seno familiar, incluso bajo coacción, para obtener “utilidades” en favor de los victimarios, donde se incluían la entrega en adopciones ilegales por las cuales cobraban.

De forma que, la casa hogar La Gran Familia, de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, en Michoacán, surgió desde la década de los sesenta y perduro hasta el 2014. No obstante que, las condiciones en dicha casa hogar eran deplorables, con ventanas sin vidrios pero con barrotes, puertas con candados, cubetas arrinconadas que servían como excusados, camas sin colchón, pasillos cerrados con mallas, muros cubiertos con láminas para impedir las fugas, cuartos de castigo, comida agusanada, así como una fetidez provocada por el hacinamiento.

Pero a pesar de que Mamá Rosa mantenía a los infantes en tales condiciones, ésta resulto ser intocable, puesto que contaba con protectores como Marta Sahagún de Fox, así como con distintos gobernantes y empresarios. De los cuales obtuvo “becas” y “donativos” económicos, durante más de 20 años. Recibiendo además “subsidios” de la Secretaría de Educación Pública y “donativos” de los que no se sabe su origen. Obteniendo entradas económicas también de la Secretaría de Desarrollo Social de Michoacán, la cual entregaba a Mamá Rosa poco más de 200 mil pesos anuales, de acuerdo a Víctor Manuel Silva, quien fuera secretario de dicha dependencia.

Así, al momento del cierre de dicha casa hogar y la captura de Mamá Rosa en 2014, personajes como la presidenta municipal de Zamora Michoacán, Hilda Abascal, quien se había tomado fotos con Mamá Rosa en el patio de acceso al alberge, pasó de una débil defensa a una discreta “sorpresa” por lo que se descubrió en el alberge. Y el mismo titular de la Procuraduría General de la República de aquel entonces, Jesús Murillo Karam, le aplico la inimputabilidad, es decir, no se le podía inculpar de ningún delito en razón de un posible retraso o trastorno mental (sic) [13] .

Dentro de esta explotación infantil, también ha participado la iglesia, tal y como ocurría hace siglos también. Puesto en evidencia en México, tras la muerte de Marcial Maciel Degollado, ocurrida el 30 de enero de 2008, quien fuera líder de los Legionarios de Cristo. Desde el día de su muerte, no cesaron las denuncias de abuso sexual por parte de quienes se han señalado como sus víctimas, encaminándolas ahora hacia la propia Legión, por incurrir en los delitos de “encubrimiento” y “asociación delictuosa”, pues, sostienen, la institución solapó los actos de pederastia de su fundador, Marcial Maciel. Tales se sustentaron en 97 testimonios y el libro de Alejandro Espinosa Alcala “El legionario”, donde también da su testimonio.

Sin embargo, tal como ocurrió con el caso de Mamá Rosa, las víctimas se enfrentan al contubernio de los Legionarios de Cristo con la cúpula empresarial mexicana y la cúpula política. Así, se encuentran relacionados con los Legionarios, Carlos Slim; la familia Azcarraga, donde se incluyen los tres Emilios, abuelo, padre e hijo; la multimillonaria familia Garza Zada, principal accionista del Grupo Alfa; los hermanos Servitje, propietarios del grupo panificador Bimbo; Plácido Arango, fundador de cadenas comerciales como Vips y Aurrerá. Además de que también cuentan “colaboradores” prominentes, inmersos en la banca y las finanzas, tales como: Alfonso Romo, Jorge Hank Rhon, el fallecido Manuel Espinosa Yglesias, Manuel Senderos Irigoyen, Agustín Legorreta, Carlos Trouyet, Fernando Santibáñez, Manuel Somoza Alonso, Cabal Peniche, entre otros más [14] .

Los hijos del privilegio, la otra cara del capitalismo.

Para comprender a cabalidad la explotación a la que son sometidos en su mayoría niños pobres y desprotegidos, es menester tener en cuenta que el capitalismo en realidad funciona para unos cuantos “privilegiados”. Muestra de ello lo da el hecho de que, a pesar de las “buenas” intenciones de los empresarios de la Coparmex y el Estado mexicano, es imposible pasar por alto (además del hecho histórico de la explotación infantil) políticas como las emprendidas en Argentina por Mauricio Macri.

Políticos como Mauricio Macrihan implantado distintas medidas para que existan multimillonarios como Carlos Slim en América Latina. En Argentina Macri implanto la reducción de impuestos a las exportaciones de cereales y oleaginosas, sector donde predomina la oligarquía de ese país. Impulso un fuerte aumento en las tarifas de electricidad, gas, agua y combustibles, que recaerán sobre la clase trabajadora. Reducción del “déficit fiscal” mediante la eliminación de subsidios [15] , entre otras medidas que afectan a la clase trabajadora y sus hijos, mientras que por el otro lado se favorece a la clase empresarial, en la cual se inscriben algunos gobernantes y sus hijos.

En tanto que en México, en aras de una mayor “productividad” ha imperado la visión de personajes como Carstens, gobernador del Banco de México, quien se ha opuesto al aumento del salario mínimo. Por lo que, desde 1981 hasta 2014, según la CEPAL, el salario mínimo real en México se ha devaluado un 70% –la mayor caída en este indicador en América Latina. Además de que, del total de trabajadores remunerados y asalariados que han especificado sus ingresos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada por el INEGI, la cantidad que percibe más de 5 salarios mínimos pasó del 13.9% al 7.4% entre 2006 y 2016.

Más aun, aunque entre 2008 y 2015 la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera aumentó en un 10%, el salario mínimo real sólo aumentó 7.5% en el mismo periodo –según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y, dentro de la misma industria manufacturera el porcentaje de trabajadores que ganó más de 5 salarios mínimos (del total que especificó su ingreso en la ENOE) cayó del 10% al 6% de 2008 a 2015, dándose tal contracción también en términos absolutos, puesto que en dicho periodo la cantidad de asalariados que ganó más de 5 salarios mínimos pasó de alrededor de 540 mil a alrededor de 400 mil.

Todo lo cual tiene una de sus causas en el debilitamiento en la tasa de sindicalización, la cual para el primer trimestre de 2016 representaba la mitad de su nivel de 1984. Dentro de tal lapso de tiempo, el porcentaje de la población económicamente activa afiliada a un sindicato ha pasado de 16.7% al 8.3%. Hecho que también ha posibilitado que la Ley Federal del Trabajo fuera reformada a favor del capital, al facilitar el despido y legalizara la subcontratación (outsourcing), tal y como ocurrió en septiembre de 2012 [16] .

A esto se le debe sumar, que al lado de la miseria de muchos trabajadores, mujeres y niños, el privilegio de los hijos de los gobernantes, que dicen representar a los mexicanos y gobernar para su bienestar. Resultado de que muchos funcionarios federales se han ido “heredando las plazas”, de manera que hay parientes de expresidentes, hijos de exsecretarios de Estado o de extitulares de paraestatales. Caso paradigmático de tales hechos es el grupo Atlacomulco. Éste ha ejercido el poder en el Estado de México, durante seis décadas y sus integrantes han ocupado plazas heredadas como secretarios de Estado, subsecretarios, titulares de paraestatales y gobernadores, hasta alcanzar en 2012 la Presidencia de la República, en la figura de Enrique Peña Nieto.

Peña Nieto es hijo de Gilberto Enrique Peña del Mazo y María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez. Y a su vez, Enrique Peña del Mazo fue hijo del extinto cacique de Acambay, Severino Peña, y primo del exgobernador mexiquense y exsecretario de Estado, Alfredo del Mazo González. En tanto que María del Perpetuo Socorro, es prima del exgobernador mexiquense Arturo Montiel. Siendo que del Mazo en 1987, así como Montiel en 2005 fracasaron en sus intentos por alcanzar la presidencia.

Y en la misma lógica, Alfredo del Mazo, hijo del exgobernador y primo de Peña Nieto, hoy dirige Banobras. Así como mediante parentesco político, el clan del Mazo también llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, donde se designó subsecretario a Ernesto Nemer, cuya esposa es Carolina Monroy del Mazo, hija del influyente político Juan Monroy Pérez y sobrina de Alfredo del Mazo González [17] .

Bibliografía:

Fremantle Anne. “La edad de la fe”. Ediciones culturales internacionales, 1989.

Hemerografía.

Revista, El Cotidiano. UAM-Azcapotzalco, número 173. Mayo-junio, 2012.

Revista, Ciencia. Volumen 61, número 4. Octubre-diciembre 2010.

Revista, Ágora. Volumen 4, número 3. 2011.

Revista, Exposición, la paz tras el cerco. Número 4. Primavera 2000.

Revista, Proceso. Número 2051, 21 de febrero de 2016.

Proceso, número 1908, 26 de mayo de 2013.

Revista, Contralínea. Año 8, número 168. Del 7 al 13 de febrero de 2010.

Revista, Urbe. Año 1, número 4. 19 de febrero de 2015.

Proceso, número 1969, 27 de junio de 2014.

Proceso, número 1631, 3 de febrero de 2008.

Rebelión, “ La CNTE contra la utopía neoliberal ”. Por: Ramón I. Centeno, 19-07-2016.

Rebelión. “El sufrimiento laboral se ha convertido en un grave problema social”. Por: Rafael Poch, 19-07-2016.

Notas:

[1] Fremantle Anne. “La edad de la fe”. Ediciones culturales internacionales, 1989. Pág. 188

[2] Ibíd. Pág. 189.

[3] Ibíd. Pág. 188-189.

[4] Ibíd. Pág. 190

[5] Ibíd. Pág. 190

[6] Fábricas de indianas fueron unas instalaciones industriales que se establecieron en Barcelona desde 1738, pero especialmente a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuando su número se incrementa de forma importante; y hasta 1833, cuando la fundación de la fábrica Bonaplata supuso un salto tecnológico importante.

Se denominaron así por el producto que fabricaban: las indianas, un tipo de estampado sobre telas de algodón o lino, que inicialmente no se tejían en España, sino que se importaban de la India, y cuyo destino era, además del abastecer el consumo interior, la exportación a las colonias españolas de América («las Indias»). También se utiliza el término indianeríapara referirse a este ramo de la industria.

[7] Ibíd. Pág. 191.

[8] Ibíd. Pp. 193-194

[9] Revista, El Cotidiano. UAM-Azcapotzalco, número 173. Mayo-junio, 2012.

[10] Revista, Ciencia. Volumen 61, número 4. Octubre-diciembre 2010.

[11] Revista, Ágora. Volumen 4, número 3. 2011.

[12] Revista, Exposición, la paz tras el cerco. Número 4. Primavera 2000.

[13] Proceso, número 1969, 27 de junio de 2014.

[14] Proceso, número 1631, 3 de febrero de 2008.

[15] Revista, Proceso. Número 2051, 21 de febrero de 2016.

[16] Rebelión, “ La CNTE contra la utopía neoliberal ”. Por: Ramón I. Centeno, 19-07-2016.

[17] Proceso, número 1908, 26 de mayo de 2013.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214743&titular=la-economía-criminal-y-la-economía-del-crimen-en-méxico-(i).-explotación-infantil.-

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La Alianza del Pacífico como proceso de disolución latinoamericana

América del Sur/Venezuela/22 de Julio de 2016/Autor: Sergio Martin Carrillo/Fuente: Correo del Orinoco

Parece ser que la Alianza del Pacífico está de moda. Los grandes medios de comunicación nos hablan de algunos de los “grandes avances” que la misma ha presentado en términos de integración regional… pero cabe preguntarse, ¿procesos como la Alianza del Pacífico profundizan realmente la integración regional? Quizás es más apropiado darle la vuelta a la pregunta y reformularla, ¿procesos como la Alianza del Pacífico profundizan el carácter dependiente de las economías latinoamericanas? Vayamos por partes.

Cuando hablamos de integración regional podemos realizar una clasificación dicotómica en función a la relación que tengan con el proceso de globalización neoliberal. Por un lado, tenemos aquellos procesos que van a profundizar este fenómeno histórico, actuando en un mismo sentido y guiado por la misma ideología.  Aquella misma que sentó las bases del proceso de revolución neoliberal a partir de la década de los 70` y que acabó impregnando a las instituciones de Bretton Woods.

Por otro lado, y en oposición al anterior, tenemos aquellos procesos de integración regional que surgen como oposición al avance de la ideología neoliberal, así como respuesta a la dependencia creciente de la única potencia hegemónica que surge tras el fin de la Guerra Fría.

La disputa entre ambos tipos de bloques ha marcado lo que llevamos de siglo XXI en la región latinoamericana. El año 2005 supuso un claro cambio en el status quo de la correlación de fuerzas regionales. La desaparición del ALCA se vio precedida tan sólo unos meses antes por la creación de la ALBA y la decisión de crear la Comunidad de Naciones Suramericanas (inicios de la actual UNASUR). Posteriormente, también se crearía la CELAC, y por su parte, el MERCOSUR empezaría a impregnarse cada vez más de estos procesos, convirtiéndose en el principal promotor contra-hegemónico en la región en el aspecto económico.

Pero el regionalismo abierto, aquel que acompaña y profundiza el proceso de globalización neoliberal, no desapareció. En el año 2011 surgió la Alianza del Pacífico, conformada por 4 países con una visión compartida en cuanto a la inserción en la Economía-Mundo capitalista. Como resumen de su apuesta en cuanto a comercio internacional se puede destacar que todos estos países tienen vigentes Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos.

La Alianza del Pacífico no tardó en convertirse en el juguete preferido del capital internacional. Entre sus “avances” se destacan su importante peso en el comercio internacional (aproximadamente el 50% del comercio internacional extrarregional de América Latina), su nivel de atracción para la Inversión Directa Extranjera (47% del total del flujo en la región) y contar con los países de la región clasificados como los mejores para realizar negocios[1].

A menudo, entre las supuestas bondades de la Alianza del Pacífico, los grandes medios destacan que es un verdadero proceso de integración comercial, dejando de lado lo ideológico, a diferencia de otros bloques de la región. Es decir, supuestamente la Alianza del Pacífico se guía por las bondades de la tecnocracia y ha mantenido un posicionamiento pragmático. Esta supuesta animadversión a lo político, algo muy recurrente entre los grandes capitales y buena parte de las derechas, es una gran falacia. La Alianza del Pacífico es un bloque plutocrático, guiado por, y para, los intereses del gran capital.

Podemos volver ahora a las preguntas lanzadas al inicio. ¿Procesos como la Alianza del Pacífico profundizan realmente la integración regional? No, la Alianza del Pacífico sólo profundiza la integración de los grandes capitales latinoamericanos con los grandes capitales mundiales, esto a través de las relaciones comerciales y de la Inversión Directa Extranjera, primando las relaciones con países extra-regionales y excluyendo a las grandes mayorías. Con respecto a la segunda: ¿Procesos como la Alianza del Pacífico profundizan el carácter dependiente de las economías latinoamericanas? Sí, las relaciones económicas dependientes Centro-Periferia se profundizan. Cierto es que hay unas ganancias, pero éstas son recogidas por las oligarquías exportadoras de cada uno de los países, quedando las grandes mayorías alejadas de los beneficios. La Alianza del Pacífico representa la integración de los grandes capitales en los flujos económicos mundiales, pero representa la disolución de un verdadero proceso de integración regional a nivel político, cultural, social y productivo.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/opinion-libre/alianza-pacifico-como-proceso-disolucion-latinoamericana-opinion/

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Académicos y sindicalistas latinoamericanos deliberaron en Montevideo:“La construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados continúa más vigente que nunca”

Uruguay/21 de julio de 2016/Fuente: kaosenlared

La ciudad de Montevideo, en el sur del continente, fue el escenario de una jornada de análisis que llevó como nombre “La experiencia de los Gobiernos Progresistas en Debate. Vigencia de la contradicción entre capital y trabajo”. Académicos y sindicalistas de Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba, vuelven a encontrarse diez años después para darle continuidad al debate que se dio en esa oportunidad en la capital uruguaya sobre la realidad política de Latinoamérica y el Caribe. La CLATE, junto a su presidente Julio Fuentes, participó activamente en la convocatoria junto a la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), miembro de dicha confederación.

Organizado por el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y la Sociedad de Economía Política Latinoamericana (SEPLA) estas jornadas de debate se iniciaron el miércoles 13 en las instalaciones de la COFE sobre la avenida 18 de Julio, y tuvieron su cierre en una sala de conferencias de la Universidad de Ciencias Sociales.

Julio Fuentes, Presidente de la CLATE

Los distintos referentes de estos cinco países latinoamericanos debatieron durante dos días. Estas disertaciones, preguntas y respuestas, fueron grabadas para luego producir una publicación similar a la de diez años atrás. Este encuentro reedita y toma como base el realizado en Montevideo del 17 al 19 de agosto de 2005 titulado “Los gobiernos progresistas en Debate”. El origen de la convocatoria de ambos encuentros es la necesidad que tiene el movimiento sindical de combinar en forma sistemática teoría y acción, en una actitud práctico-crítica imprescindible en una fuerza social que se plantea, como objetivo estratégico, una transformación radical de la relación entre el capital y el trabajo.

Joselo López (COFE Uruguay)

Los participantes de estas jornadas fueron desde el sector académico, Atilio Borón, Julio Gambina del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A y Horacio Fernández del Instituto de Estado y Participación de la ATE (Argentina); Marcelo Díaz Carcanholo y Plinio Arruda Samapio (Brasil); Roberto Regalado (Cuba); Antonio González Plessman (Venezuela); Antonio Elías y Álvaro Rico (Uruguay). Desde el sector sindical: Julio Fuentes (Presidente de CLATE y Secretario General Adjunto de la ATE Argentina) Joselo López (Secretario General de COFE Uruguay); Marcelo Abdala (Secretario General del PIT-CNT) y Martín Pereira (Presidente de COFE) (Uruguay).

Martin Pereira (COFE Uruguay)

El viernes 15 se realizó el cierre con las conclusiones de cada uno de los participantes en el ámbito universitario uruguayo.  Y para concluir se leyó una declaración final de las jornadas. A continuación el texto completo:

Declaración de Montevideo

A partir de la década de 1990, fuerzas políticas de izquierda y progresistas ocupan, de manera estable y prolongada, espacios en los poderes e instituciones del Estado, incluido el ejercicio del Poder Ejecutivo en un significativo número de países de América Latina. La importancia de este hecho se multiplica debido a que esos espacios fueron conquistados a contracorriente de la imposición de Estados neoliberales y del grave daño infligido a todo pensamiento emancipador por el llamado socialismo real y su ignominioso derrumbe. Ello fue posible gracias al acumulado histórico de las luchas populares, el rechazo generalizado a la violencia reaccionaria históricamente ejercida como método de dominación, la gran organización, movilización y lucha social y política desplegada contra el neoliberalismo, y el voto de castigo de amplios sectores sociales contra los gobiernos neoliberales.

Antonio Elias (INESUR COFE Uruguay)

El cambio en el mapa político latinoamericano y caribeño creó las condiciones para el inicio de la solución de problemas de larga data, como la derrota de la política y bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana, incluido el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la apertura de una posibilidad real de solución política negociada del conflicto armado colombiano, que está a punto de concretarse en la firma de un Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que debe concluir con un acuerdo similar con el ELN.

Horacio Fernandez (IDEP ATE Argentina)

En los países donde la institucionalidad neoliberal colapsó, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al acceder al gobierno las fuerzas populares implementaron profundos cambios en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería. Los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía popular donde, en medio de tensiones y contradicciones, se plasmaron en la elaboración de nuevas Constituciones.

Atilio Boron (Argentina)

En los países donde antiguos movimientos insurgentes lograron transformar su acumulado político‑militar en acumulado político‑electoral, en Nicaragua y el Salvador, esas fuerzas ejercen hoy el gobierno con programas orientados a detener y revertir la reestructuración neoliberal desarrollada por los gobiernos de derecha que les precedieron, y sustituirlos por programas de asistencia y desarrollo económico y social, en la medida en que la correlación de fuerzas en cada uno de ellos lo permiten.

Plinio Arruda Samapio (Brasil)

Y en el Cono Sur, en Brasil, Argentina y Uruguay, coaliciones políticas que abarcan un amplio el espectro de fuerzas progresistas y de izquierda, por lo general en alianza con fuerzas sistémicas o tradicionales, accedieron al gobierno. Esos gobiernos progresistas optaron por variadas formas de institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis: llegaron al gobierno vaciando su discurso político de los objetivos estratégicos de la izquierda, asumieron las reformas del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. En estos países los cambios son fuertes en el plano político-electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, y en lo económico e institucional profundizan el capitalismo.

Roberto Regalado (Cuba)

Todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas generaron expectativas populares que han sido parcialmente satisfechas, en mayor o menor medida, en dependencia de las condiciones y características, y de la correlación de fuerzas existente en cada país. Pero si bien estos espacios político‑institucionales fueron conquistados a contracorriente del neoliberalismo y de la ofensiva ideológico‑cultural reaccionaria derivada del fin de la bipolaridad, también están acotados y signados por sus secuelas. Y la inflexión de la coyuntura internacional, provocada por la agudización de la crisis sistémica del capitalismo y la economía mundial, revela los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente, es decir, de la democracia burguesa, como sistema político dentro del cual realizar las reformas y transformaciones que necesitan los pueblos de la región.

Antonio González Plessman (Venezuela)

Los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente y los errores, deficiencias e insuficiencias de las propias fuerzas de izquierda y progresistas, son aprovechados por el imperialismo y las oligarquías criollas para recuperar el monopolio de los poderes del Estado que históricamente ejercieron. Para ello recurren a la guerra mediática, las campañas de desestabilización, la judicialización de la política, los llamados golpes de Estado de nuevo tipo y otros métodos similares. El resultado es que los pueblos latinoamericanos quedan expuestos a ataques contra los derechos de los trabajadores y contra la soberanía nacional.

Julio Gambina (Argentina)

El nuevo momento histórico incentivó una peligrosa ofensiva de los sectores más reaccionarios y autoritarios de la derecha: en Venezuela, se recurre tanto a la violencia paramilitar como a la guerra económica; en Bolivia, se fabricó un conjunto de calumnias para descarrilar el referendo constitucional convocado para habilitar una nueva reelección del presidente Evo Morales y en Brasil, se aprovechó la debilidad del gobierno de Dilma para impulsar un golpe institucional. En todos los casos los medios de comunicación masivos desarrollan una campaña permanente contra estos gobiernos.

Marcelo Díaz Carcanholo (Brasil)

Esas agresiones se ven favorecidas por el empeoramiento de la situación económica mundial, que provoca la caída de la demanda de materias primas, en volumen y precios, la recuperación del valor relativo del dólar, con las consiguientes devaluaciones de las monedas nacionales, el aumento de los intereses de la deuda externa y el retraimiento de la entrada de capitales.

Fuente: http://kaosenlared.net/academicos-y-sindicalistas-latinoamericanos-deliberaron-en-montevideola-construccion-de-una-sociedad-sin-explotadores-ni-explotados-continua-mas-vigente-que-nunca/

Imagen: http://kaosenlared.net/wp-content/uploads/2016/07/1-16-620×321.jpg

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Panamá: Huelga Magisterial

Panamá / 20 de julio de 2016 / Por: frenadeso / Fuente: http://kaosenlared.net/

Exitosa y contundente

A los grupos de poder que históricamente han controlado los partidos políticos, jamás les ha interesado atender las necesidades de educación del pueblo. El sistema público de educación ha sido la cenicienta de todos los gobiernos, que han visto en él la forma más hábil de mantener las estructuras de dominación sociocultural de la población joven y el futuro de nuestro país.

La política educativa de los últimos años ha estado sustentado sobre las bases del neoliberalismo, planteándose reformas educativas que buscan colocar la educación como una mercancía (servicio privado), reducir la intervención del Estado en el proceso de garantizar a la población su acceso a recibir educación científica, humanista y tecnológica.

Como resultado de la política neoliberal en la educación: se mantienen estancados los indicadores educativos (nivel de alfabetismo); la infraestructura escolar es inadecuada, tornándose rutinario que cada año no se pueda iniciar clases en cientos de planteles dado el deterioro de la infraestructura; el equipamiento necesario para el proceso de enseñanza aprendizaje en la mayoría de los planteles educativos es ínfimo; el nombramiento tardío de cientos de educadores (muchos de ellos viven informalidad laboral); educadores y estudiantes en áreas de difícil acceso que diariamente arriesgan sus vidas dada las condiciones de los caminos; la discriminación que enfrentan la niñez y jóvenes con capacidades especiales pues los centros educativos carecen las condiciones necesarias para el debido proceso de enseñanza-aprendizaje.

La inversión en educación no se corresponde con el crecimiento económico, ni con las necesidades del sector. En flagrante violación a la Ley Orgánica de Educación, ningún gobierno ha gestado el 6% o más tal como establece la Ley. En Panamá el porcentaje del PIB destinado a la educación nacional sólo alcanza el 3.3%, mientras que en América Latina la UNESCO promueve una relación del 8%.

Un indicador más ajustado para evaluar la prioridad financiera que los gobiernos dan a la educación es comparar el gasto en este sector con el gasto público total. El presupuesto del Ministerio de Educación en relación al presupuesto de gasto público, bajo el gobierno de Varela, es inferior al de 1999 (18.7%), siendo de 9.6% en el 2015 y 10.3% en el 2016. ¿Dónde quedo su discurso señor Varela?

La ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo y las carencias de procesos de planificación, son el marco propicio para profundizar los problemas de la educación en nuestro país.

Como se ve el neoliberalismo, con la complicidad de gobiernos y empresarios, no se contenta con su explícita preferencia por la escuela privada, se orienta también hacia una clara desnaturalización y desmantelamiento de la escuela pública. Dejan de lado que la educación es un derecho y no una mercancía.

Por otro lado, al igual que toda la partidocracia, el gobierno de Varela niega el derecho de los educadores a mejor remuneración, con el agravante de pretender desconocer el Decreto Ejecutivo 155 del 2014 que establece aumento salarial de 900.00 balboas en tres etapas para educadores, directores y subdirectores.

El argumento gubernamental, avalado por el sector empresarial, de que fue un acto politiquero de Martinelli, es falaz, pues este fue una reivindicación ganada producto de la lucha de maestros y profesores. Pero además, el sector empresarial exigió a Varela, en sus primeros meses de gobierno, que hiciera efectivo el pago de la deuda del gobierno de Martinelli con la empresa privada; esta es la moral de muchos de la “casta empresarial”, misma que evade impuesto.

Nos preguntamos, porqué gobierno tras gobierno reconoce el pago de la deuda pública, mucha de la cuál ha sido utilizada para financiar la corrupción (corruptos y corruptores), tal como demuestran los escándalos de todas las administraciones.

Rechazamos la política gansteril del gobierno de Varela de tratar de quebrar la lucha con esquiroles a los que se les ofrece un “bono” para que regresen a clases; tal como hacen con el clientelismo político donde “entregaron bolsas de comidas, para una vez en el gobierno aumentar los precios de los bienes y servicios de la canasta básica familiar”.

A los padres de familia recordar que este año escolar se ha caracterizado por los cierres de colegios y las protestas en las calles de educadores, estudiantes y padres por el estado deplorable de los planteles educativos.

FRENADESO respalda la lucha de los trabajadores de la educación. Es un derecho su lucha para que se respeten los acuerdos pactados en materia salarial. Abogamos por una inversión en educación acorde a los requerimientos del desarrollo social y nacional. Rechazamos las pretensiones de privatización de la educación.

Panamá, 19 de julio de 2016.

SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS

F R E N A D E S O
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES

Fuente noticia: http://kaosenlared.net/panama-huelga-magisterial/

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El origen histórico de la neoliberal «Sociedad de la Información»

Por: Jorge Díaz Piña

Se puede indicar que fue en EE.UU. durante la primera administración del presidente Bill Clinton y la vicepresidencia de Al Gore, en 1993, que se dio el impulso definitivo a la constitución de la llamada «infraestructura de información global», que será el precedente oficial de la sociedad de la información, a través de la política nacional denominada «National Information Infrastructure – Agenda for Action», promovida por el gobierno de los EE.UU. y que comprendería «una tarea sin precedentes de redes de comunicación, computadoras, bases de datos y aparatos electrónicos de los consumidores, en los cuales se colocará una vasta información en manos de los usuarios»(United States, 1993). Junto con su impulso nacional, esta temática adquirirá relevancia estratégica en la agenda internacional de los EE.UU., que en función de la construcción de la infraestructura de información global presentará en diferentes escenarios y eventos mundiales documentos con proposiciones para viabilizar dicha infraestructura. Con el propósito de analizar algunos de esos documentos seleccionados, se hará una relatoría de los mismos.

Esos documentos, evidenciaran las orientaciones discursivas fundamentales en que se basará la globalización tecnoinformacional y que se expresaran en las estrategias para la creación de un régimen internacional de información y comunicación al servicio de la configuración del «libre comercio mundial» capitalista neoliberal. En este sentido se destacará en la relatoría documental la legitimación de directrices para las políticas de comunicación e información de carácter internacional, y el papel que se asignará a los gobiernos locales de las naciones en la renovación de la división internacional del trabajo tecnoinformacional capitalista.

La construcción de la sociedad de la información es concomitante con nuevos regímenes para su gobernanza. Regímenes de carácter mundial que van a impulsar la incorporación en el ámbito público internacional de actores privados y no gubernamentales como la organización no gubernamental (ONG) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que contrapesaran el papel de los estados nacionales, bajo la argumentación de que esos asuntos ya no son principalmente de los intereses nacionales, sino de interés más general o transnacional.

Respecto de los EE.UU., relataremos los documentos que se refieren a la dimensión global de la infraestructura de la información, además del ya indicado de carácter nacional estadounidense. La «National Information Infrastructure – Agenda for Action» (United States, 1993), propone considerar la información como uno de los recursos económicos más importante para la industria manufacturera y de servicios, así como para la seguridad nacional de los EE.UU. Así mismo, concibe la infraestructura de la información nacional para que los estadounidenses tengan acceso a la información y se comuniquen entre sí en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esa infraestructura informativa es pensada como una articulación sin precedentes de redes de comunicación, como ya señalamos con anterioridad.

La infraestructura de información pensada de esa manera potenciaría el crecimiento económico y el aumento de la productividad, lo que redundaría en el reforzamiento del liderazgo tecnológico de los EE.UU., tanto en su propio desarrollo como en el mundial. Ello debido principalmente a la reducción del tiempo de producción de nuevas mercancías. En resumen, contribuiría de manera decisiva a la promoción de la competitividad y, en consecuencia, a la creación de empleos. Del mismo modo, contribuiría también a mejorar la educación y la capacitación laboral a través del recurso de la infraestructura informativa, lo que a su vez, redundaría en el crecimiento de la misma infraestructura informativa. En este sentido, en el documento se afirma que la aplicación de estas orientaciones y objetivos asegurarían que el gobierno estadounidense brinde incentivos y apoyos a la industria, a los trabajadores, a las instituciones escolares y a los ciudadanos al usar esa infraestructura (ob. cit.).

Los objetivos principales de esa estrategia los ordena el documento del modo siguiente: a) estímulo a la inversión privada en la infraestructura; b) la promoción y protección de la competitividad; c) protección al libre acceso a infraestructura, tanto para los consumidores como a los proveedores de servicios; d) la preservación universal de los servicios para evitar la división entre quienes poseen y quienes no poseen acceso a la información; y e) garantía de flexibilidad para que las regulaciones normativas a adoptar sean compatibles con los cambios e innovaciones tecnológicas y mercantiles (ob. cit.)

Si al sector privado le corresponde realizar las principales inversiones y liderar el desarrollo tecnológico de la infraestructura informativa, al sector gubernamental le toca promover y apoyar el despliegue de la misma por medio de programas que complementen y fortalezcan los esfuerzos del sector privado (ob. cit.).

De allí que las tareas gubernamentales para mantener el liderazgo de los EE.UU. a nivel mundial en el terreno de la competitividad y respecto de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones, conllevan a: 1º) la formulación de políticas de tributación y regulatorias que a su vez promuevan la participación del sector privado; 2º) fijar precios convenientes para favorecer que los recursos informativos estén al alcance de todos; 3º) actuar como instancia catalizadora en la promoción de innovaciones tecnológicas y de nuevas aplicaciones a través del apoyo a programas de investigación y ayuda al sector privado a fin de desarrollar las tecnologías necesarias a la infraestructura de información; 4º) la promoción de operatividad de la infraestructura para captar e incrementar usuarios garantizando que las operaciones sean interactivas y que las transferencias de información sean fáciles y eficientes; 5º) garantizar la seguridad de las informaciones y la confiabilidad de las redes; 6º) mejorar la gestión del espectro de radiofrecuencia; 7º) la protección de los derechos de propiedad intelectual de los usuarios; y 8º) la coordinación de los distintos niveles del gobierno involucrados entre sí, y respecto de los demás países , para prever y evitar obstáculos que puedan perjudicar a la industria estadounidense (ob. cit.).

Es de aclarar que el punto 2º) de las tareas gubernamentales redefine de manera privatizadora y limitante el concepto de «servicio universal» expresado en el literal d) de los objetivos anteriormente presentados dentro de esta estrategia.

En el plano internacional, la coordinación intragubernamental persigue que los servicios a comercializar le permitan al mismo gobierno central actuar en nombre de las firmas industriales nacionales, asegurándoles de este modo la apertura de mercados para exportar sus bienes tecnológicos y servicios informativos relacionados con las telecomunicaciones para los clientes extranjeros, eliminando barreras e incompatibilidades de patrones o criterios al participar hegemónicamente en comités o comisiones internacionales de patrocinio y desregulando e imponiendo normas de comercio a otros países.

El impulso para propiciar la infraestructura de información de forma global o mundial por parte de los EE.UU., se formuló en los lineamientos expuestos en el documento divulgado en 1995 titulado «Global Information Infrastructure – Agenda for Cooperation», elaborada por la Information Infrastructure Task Force (IIFT, 1994), aunque según Gore (1996), esos lineamientos fueron previamente hechos por él en la Conferencia de 1994 de la UIT en Buenos Aires y luego en la Conferencia del Grupo de los 7 (G7) en Bruselas en 1995. En el documento aludido la infraestructura de la información global es presentada como una red de redes locales, nacionales, regionales y transnacionales, y es considerada como resultante de la confluencia tecnológica y la competitividad que harían posible compartir información, interconexión y constitución de un mercado global de información (IITF, 1994).

Dicha agenda de cooperación tiene por objetivos principales la de nuevos mercados, la eliminación de barreras de incompatibilidad y el examen de las regulaciones internacionales. Después señala los aspectos que interesaban a los EE.UU. trabajar y acordar con las otras naciones. Por esto proponen un conjunto de orientaciones que asumirán como directrices a ser difundidas y adoptadas por los proyectos o políticas de las sociedades de la información de los demás países (ob. cit.).

Esas directrices se basaban en: a) el estímulo a la investigación del sector privado y la desregulación de los mercados; b) la promoción de la competitividad a nivel local, nacional, regional y global; c) acceso a las redes para todos los usuarios y proveedores, incluyendo a los gobiernos y al sector privado para ampliar la oferta de servicios e información; d) flexibilidad regulatoria para atender la naturaleza global de los mercados de telecomunicaciones, tecnologías de información y servicios informativos, y para facilitar las adaptaciones a las innovaciones tecnológicas; y e) garantía de servicio universal para proveer a todos con mayor acceso a los servicios básicos como especializados (ob. cit.). Aquí cabe citar al vicepresidente estadounidense Gore (1996), quien aludiendo a la llamada Ley de Metcalfe, la cual es también invocada para presionar a las naciones para que se conecten a la infraestructura informática global, resaltó «que el poder de una red de computadores aumenta aproximadamente en la proporción directa del cuadrado de la cantidad de personas conectadas a ella».

Puede señalarse que esas cinco orientaciones se inscriben en los «principios» neoliberales de liberalización, privatización, desregulación y competitividad.

Siendo que el aspecto regulatorio es considerado como fundamental para el desarrollo de la infraestructura de información, los EE.UU. elaboraron y divulgaron una guía destinada a los diseñadores de las políticas de los demás países del mundo, justificándola con fundamento en la falta experticia de estos países para orientar el proceso de regulación de la infraestructura global de información- Esta guía fue denominada «Connecting the Globe – A Regulators Guide to building a Global Information Community» (Kennard, 1999).

La guía se inicia reiterando las orientaciones generales enunciadas en la ya referida precedentemente «agenda para la cooperación». En este sentido son enunciadas las orientaciones de privatización, liberalización y competitividad en primer lugar, la de desregulación en segundo lugar, la de acceso universal a los servicios y tecnologías de información y comunicación en tercer lugar, y la de favorecer las oportunidades para las poblaciones desfavorecidas en último lugar. Aquí también se resalta el papel de la participación del capital privado para la construcción de la moderna infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo, se le atribuye a los gobiernos nacionales y locales la función primordial de promoción de mercados abiertos a la competitividad y libres de regulaciones innecesarias (IITF, 1999).

Por otro lado, la guía resalta el uso de Internet al destacar ampliamente su potencial para incidir en el crecimiento económico y cultural, promoviendo en los países la implementación de políticas que desarrollen la red sin limitaciones de regulaciones en sus territorios. Focalizando su promoción en el comercio electrónico por Internet y, por este medio, la conformación de un mercado global inédito con base en su presunta neutralidad tecnológica (ob. cit.).

En la guía se describe el modelo de las entidades reguladoras de los EE.UU. como ejemplo a ser adoptado por los demás países. También trata de aspectos específicos de la infraestructura de información y de la cuestiones para su conformación global, tanto en términos comerciales como técnicos o tecnológicos. Se defiende un modelo competitivo de los servicios en telecomunicaciones en función de que los gobiernos nacionales remuevan las barreras legales que protejan a sus proveedores contra la incorporación de nuevos proveedores extranjeros. Obligándolos así, a compartir el mercado nacional cautivo. Por otro lado, se incita la promoción gubernamental local del uso de la Internet y de la infraestructura de información para dinamizar su mercado interno. En lo que respecta al espectro de radiofrecuencia, su coordinación es considerada como un aspecto relevante y álgido por lo que se remite a las recomendaciones de radiocomunicación de la UIT con el propósito de que sean asumidas.

La lectura de esta guía deja entrever el objetivo estadounidense de fijar a priori sus intereses con relación a las directrices para la liberalización y privatización de las telecomunicaciones, la universalización de sus servicios, las normativas para la radiofrecuencia y redes satelitales y, con particular relevancia, la asunción de la red de redes, Internet.

En resumen, lo que se propicia y se espera obtener como resultado es la internacionalización de parámetros que favorezcan el control de las infraestructuras nacionales, reduciendo las regulaciones al mínimo, y cuando sea necesario establecerlas a condición de que éstas se orienten de conformidad con los patrones y criterios propuestos por EE.UU. a nivel internacional.

Las orientaciones contenidas en los referidos documentos de los EE.UU., se convertirán en directrices diseminadas por las entidades internacionales para impulsar y afianzar las propuestas de concreción de las sociedades de la información. Esto permitirá identificar el advenimiento de un régimen mundial de información y comunicación del que participará la UE junto a otras naciones.

La adopción de la sociedad de la información por parte de la Unión Europea (UE) se establece mediante el documento presentado por la Comisión Europea (CE) en diciembre de 1993 denominado «White Paper on Growth, Competitiveness and Employment: the challenges and ways forward into the 21st century». En este documento se defiende la necesidad de desarrollar una infraestructura de información paneuropea como iniciativa para retomar el crecimiento económico en una economía cada vez más transnacional y competitiva con los EE.UU.

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Neoliberalism’s Balancing Act: Shifting the Societal Burden and Tempting Fate

 

Por: Colin Jenkins

Resumen:

Como se discutió en la primera parte de este proyecto, en relación con la aparición de capas de la base económica y la esfera política, Poulantzas se mantiene dentro de los límites de la teoría de base-superestructura, mientras que también se extiende esta noción para enfatizar una separación estricta.Este énfasis se ve en la siguiente declaración, que se basa sobre una base económica firme: «En este estado, el poder político es con lo que aparentemente basa en un equilibrio inestable de compromiso.»De este modo, el aparato político es visto como una consecuencia de la base económica inherentemente frágil formada por las relaciones capitalistas (es decir, el capital de trabajo. V, de propiedad privada como una relación social). Con este entendimiento, la tarea de gobernar dijo «equilibrio inestable» no sólo se convierte en una prioridad, pero podría decirse que el único propósito del estado. Y cuando se considera este fin, que se manifiesta a través de sacrificios calculados, se puede ver el llamado contrato social – que aboga por una relación recíproca entre el gobierno y los ciudadanos – como elemento más natural del estado capitalista. Poulantzas explica, «Es en este contexto donde hay que situar, por ejemplo, todo el problema de la llamada ‘estado de bienestar’, un término que, de hecho, más que disfraza la forma de la« política social »de un estado capitalista en . la etapa del capitalismo monopolista de estado «[1]» la noción de interés general de la ‘gente’, una noción ideológica que cubre un funcionamiento institucional del estado capitalista «, continúa Poulantzas,» expresa un hecho real : a saber, que este estado , por su propia estructura, da a los intereses económicos de ciertas clases dominadas garantiza que incluso puede ir en contra de los intereses económicos a corto plazo de las clases dominantes, sino que son compatibles con sus intereses políticos y su dominación hegemónica «. [2]

A través de su despliegue del «Estado de Bienestar», los jugadores de poder económico, a través de esta estructura política autónoma de compromiso limitada que Poulantzas detalles de longitud, han sido capaces de lograr un cambio estratégico de la responsabilidad social del organismo rector oficial de los niveles superiores de las clases trabajadoras; y sobre todo a la de la «nueva pequeña burguesía» (o, como Kautsky y Lenin, una vez conocida como la aristocracia de la mano de obra), Que son los beneficiarios económicos más inmediatos de este proceso que da «ciertas clases dominadas garantiza que incluso puede ir en contra de los intereses económicos a corto plazo de las clases dominantes.» Este reordenamiento monumental de la «carga social», que previamente había caído en las clases dominantes (a través de «contrato social» del liberalismo) en un momento u otro en forma de imposición efectiva, una voluntad / necesidad de pagar salarios dignos, una confianza general y la facilitación de los trabajadores y de los consumidores (un componente del fordismo ), y una aceptación cultural de la humildad relativa y responsabilidad comunal, ha logrado dos cosas para el moderno élite del poder .

En primer lugar, se ha aliviado las clases dominantes de esta mencionada «responsabilidad» al colectivo – ya sea en forma de una comunidad, región, nación, país o la sociedad – por lo que les perpetuo estado de «free rider» a través de la eliminación virtual de la empresa y imposición riqueza y redistribución. La erradicación relativa de la justicia distributiva se ha mantenido a través de diversos medios, tales como lagunas fiscales, «rompe», fiscales una práctica común de la acumulación y ocultar dinero en los bancos «off-the-grid», y más recientemente a través de la puerta giratoria virtual que es la estructura político-corporativo, que lava con éxito y se concentra fondos públicos a manos privadas a través de cualquiera de desembolso directo del gobierno (es decir, los subsidios corporativos y el uso constante de la Reserva Federal de flexibilización cuantitativa (QE) ), de nuevo la subvención de la puerta (es decir, el sistema de préstamo de estudiante y » ayuda exterior » que se utiliza para financiar la industria de las armas), o «ayuda de emergencia» (es decir, la Ley de Estabilización Económica de emergencia de 2008 , el Programa de Activos en Problemas Relief (TARP) , y otras formas de los llamados «rescates del gobierno»).

En este último caso, el sector financiero, mucha de la cual también incluye componentes significativos de la estructura político-corporativo, se ha beneficiado de dos tipos: Inicialmente a través de los inmensos beneficios generados por los valores respaldados por hipotecas y esquemas de obligaciones de deuda garantizadas, y más tarde a través el «rescate» de las pérdidas sistémicos creados por estos beneficios históricos, a pesar de su ser (y porque eran) basado puramente en Fiat (liquidez que carece), especulativa, y muy concentrado. Estas consideraciones son importantes porque representan una red de retroceso de seguridad de tipo – no necesariamente uno que «privatiza ganancia y socializa pérdidas» (aunque esto ha demostrado ser verdad), pero que permite la constante de distribución, cíclico – que fluye de privado a público y de nuevo a privada – incluso en los casos raros en los que se grava de manera efectiva los ingresos corporativos o ganancia (en otras palabras, estos ingresos fiscales no se aplica hacia un «bien común», sino que es canalizado de vuelta al sector empresarial a través de estos diversos medios ). Esto se lleva a cabo tras la fachada del «Estado de Bienestar», reemplazando efectivamente la justicia distributiva con un reciclaje constante y reproducción de la riqueza que se blanquea a través del estado corporativo y regresó a los ricos.

En segundo lugar, se ha colocado la mayor parte de esta responsabilidad social sobre las espaldas de la corteza superior de las clases dominadas (la «nueva pequeña burguesía» y la llamada clase media industrializados), sometiéndolos a cargas pesadas en forma de aumento de los impuestos, aumento de los costos, y la disminución de los salarios – todos diseñados para complementar (no necesariamente llenar – ver morir de hambre a la bestia ) el vacío dejado por los propietarios ausentes de la riqueza que no quieren nada más que para acumular tanto como sea posible al tiempo que contribuye lo menos posible. En otras palabras, los «compromisos» realizados para establecer el «equilibrio» para los que Poulantzas se refiere haberse beneficiado históricamente sólo el sector de la clase obrera que posee un mayor grado de privilegio (la clase media blanca, por ejemplo) por lo que les permite mejores niveles de viviendo a través de ofertas de educación, la movilidad social, la propiedad de vivienda y de crédito al consumo, bajo la condición de que estos «compromisos» no se derrame en la esfera política.Sin embargo, este equilibrio ha sido despojado de la inclinación por las medidas tomadas bajo la bandera del neoliberalismo, que desataron el poder corporativo (Reaganismo en la década de 1980) con el supuesto de que la esfera política había sido asegurado. Esto ahora parece ser un error de cálculo o, al menos, un movimiento descuidado por parte de las clases dominantes, ya que muchos de los compromisos de la antigüedad se ha invertido en el proceso, lo que lleva a una traición de la clase en contra de la «nueva pequeña burguesía «y» clases medias industrializados «, a quienes siempre han servido como perros guardianes leales para las clases dominantes, que proporcionan una barrera entre ellos y la mayoría de la clase obrera – los trabajadores pobres, desempleados, marginados y en general.

«En el curso del desarrollo capitalista, la pequeña burguesía tradicional – artesanos independientes, pequeños comerciantes, etc. – ha disminuido de manera constante», explicó Erik Olin Wright en un análisis finales de los años 1970. «En su lugar, ha surgido lo que Poulantzas llama la» nueva pequeña burguesía «, que consta de los empleados de oficina, técnicos, supervisores, funcionarios, etc. En condiciones de capitalismo avanzado, la cuestión crucial para la comprensión de la determinación estructural del trabajo clase, Poulantzas sostiene, se centra en el análisis de la frontera entre la clase obrera y este nuevo segmento de la pequeña burguesía. «[3] las diferencias fundamentales entre lo que Poulantzas conoce como la» pequeña burguesía tradicional «, que» no pertenecen a la el modo de producción capitalista, sino a la forma simple mercancía que ha sido históricamente la forma de transición de la feudal al modo capitalista «[4] y la» nueva pequeña burguesía «no son significativos en lo que respecta a su relación con la clase obrera como una todo. Históricamente, su posición beneficiosa dentro de la estructura social mantenida por el «contrato social» ha moldeado una existencia en gran medida apolítica. «Como resultado de la situación que se encuentra la pequeña burguesía como una clase intermedia,» Poulantzas nos dice: «[que] tienen una fuerte tendencia a ver al Estado como una fuerza inherentemente neutral cuya función es la de arbitrar entre las distintas clases sociales. «[5] esta traición es la prueba de esta clase media no sólo económicamente, sino también por temperamento.

Un desarrollo corolario de este cambio ha sido diseñada saqueo de las arcas públicas (la manifestación de que muere de hambre la bestia ), que ha producido insalvable «deuda» pública (un término cargado). Esto ha coincidido con niveles históricos de los beneficios empresariales y la acumulación de riqueza en un lado (el fallo / élite del poder), y el aumento del nivel de desempleo, subempleo y «medidas de austeridad» con y para el otro (todos los demás, la clase obrera). Sin embargo, a pesar de estas consecuencias económicas tangibles, las dinámicas peculiares explicadas por Poulantzas siguen siendo, sobre todo en relación con la fragmentación a la Segunda Guerra Mundial de las clases dominadas y la posterior «bourgeoization» de las antiguas clases medias industrializados – o el desarrollo de lo pareconists se refieren como la «clase coordinadora», que no es muy diferente de Kautsky y Lenin «aristocracia obrera», o incluso la idea de una burguesía compradora en algunos aspectos. Irónicamente, la «posición neutral» históricamente mantenido por la pequeña burguesía hacia el estado se ha roto sistemáticamente a lo largo del año reinado de más de 30 de la agenda neoliberal, principalmente a través de la destrucción de esta misma clase (la clase media). La naturaleza plural de la sociedad multi-clase que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, y se sirve eficazmente como un amortiguador entre la élite del poder y la clase obrera, ha sido diezmada por una extrema concentración de la riqueza que se ha acumulado en la parte superior durante este período. En concreto, esta acumulación masiva de la riqueza que ha sido desviados de la clase media ha servido como el principal catalizador en el desplazamiento de la carga social. La cada vez más tensas «pequeña burguesía», a pesar de sus salarios decrecientes, siguen siendo los abanderados de no sólo los restos del estado del bienestar del contrato social, sino también del estado de bienestar corporativo recién prominente.

Si bien las consecuencias políticas de esta traición «contrato social» aún tienen que formar en su totalidad, una transición que parece ser en el horizonte con las perspectivas de una nueva generación frente largas posibilidades de mantener los grados de privilegio que disfrutan sus padres. Dos ejemplos concretos de esta angustia se pueden ver en el movimiento Occupy Wall Street y el movimiento inspirado-Paul Ron «Libertario» (aunque engañado en muchos sentidos). Por lo tanto, la noción altamente propaganda y sigue siendo popular del individualismo y una terca Randian negativa a aceptar la mera existencia de la «sociedad» – ambas ideologías manufacturados utilizados para justificar la acumulación ilegítima de la riqueza y la propiedad personal. Mientras que la clase obrera en su conjunto sigue sufriendo a niveles cada vez mayores debido a la agenda neoliberal, los desplazados «aristocracia del trabajo» – que consiste principalmente de los niños (en su mayoría blancos) de la clase media erosionando – continúa ignorando algunas obvias causas de su desaparición, en lugar de elegir a culpar a sus compañeros de las víctimas que históricamente han residido unos pasos más adelante en la escala socioeconómica. Incluso en el caso raro de un análisis un tanto matizada (es decir, los libertarios), conclusiones superficiales de «Fin a la Fed», eliminar la interferencia del gobierno en el mercado libre, y «No pise en mí» sirven de anteojeras para el intrincado desarrollo de una sistema político-corporativo que intencionalmente y con éxito se haya hecho cargo compromisos con el fin de permitir el aumento de las tasas de acumulación de riqueza para un minúsculo porcentaje de la población. Este conservadurismo temperamental que se aferra a la clase media erosionando y gran parte de la clase trabajadora blanca es aparentemente único que se interpone entre el statu quo y el malestar generalizado arraigada en un cambio de error en el cálculo de la carga social.

Artículo Original:

The following is Part two of a multi-part series, «Applying Poulantzas ,» which analyzes the work of Greek Marxist political sociologist, Nicos Poulantzas, and applies it to the unique political and economic structures found under neoliberalism and post-industrial capitalism. To read Part one, click here .

As discussed in Part One of this project, regarding the layered appearance of the economic foundation and political sphere, Poulantzas stays within the confines of base-superstructure theory while also extending this notion to emphasize a strict demarcation. This emphasis is seen in the following statement, which is predicated upon a firm economic base: «In this state, political power is thus apparently founded on an unstable equilibrium of compromise.» Thus, the political apparatus is viewed as an outgrowth of the inherently fragile economic base formed by capitalist relations (i.e. capital v. labor, private property as a social relation). With this understanding, the task of governing said «unstable equilibrium» becomes not only a priority, but arguably the sole purpose of the state. And when considering this purpose, which is manifested through calculated sacrifices, one can view the so-called social contract – which advocates for a reciprocal relationship between government and citizen – as the capitalist state’s most natural element. Poulantzas explains, «It is in this context that we should locate, for example, the whole problem of the so-called ‘Welfare State,’ a term which in fact merely disguises the form of the ‘social policy’ of a capitalist state in the stage of state monopoly capitalism.»[1] «The notion of the general interest of the ‘people’, an ideological notion covering an institutional operation of the capitalist state,» continues Poulantzas, «expresses a real fact: namely that this state, by its very structure, gives to the economic interests of certain dominated classes guarantees which may even be contrary to the short-term economic interests of the dominant classes, but which are compatible with their political interests and their hegemonic domination.»[2]

Through their deployment of the ‘Welfare State,’ the economic power players, via this autonomous political structure of limited compromise which Poulantzas details in length, have been able to accomplish a strategic shifting of societal responsibility from the official governing body to the upper tiers of the working classes; and most notably to that of the «new petty bourgeoisie» (or, as Kautsky and Lenin once referred to as the aristocracy of labor), who are the most immediate economic beneficiaries of this process that gives «certain dominated classes guarantees which may even be contrary to the short-term economic interests of the dominant classes.» This monumental rearrangement of the «societal burden» which had previously fallen on the dominant classes (through liberalism’s «social contract») at one time or another in the form of effective taxation, a willingness/need to pay livable wages, a general reliance and facilitation on and of worker-consumers (a component ofFordism), and a cultural acceptance of relative humility and communal responsibility, has accomplished two things for the modern power elite.

First, it has relieved the dominant classes of this aforementioned «responsibility» to the collective – whether in the form of a community, region, nation, country or society – by allowing them perpetual «free rider» status through the virtual elimination of corporate and wealth taxation and redistribution. The relative eradication of distributive justice has been maintained through various means, such as tax loopholes, tax «breaks,» a common practice of hoarding and hiding money in «off-the-grid» banks, and most recently through the virtual revolving door that is the corporate-political structure, which successfully launders and concentrates public funds into private hands through either direct government disbursement (i.e. corporate subsidies and the Federal Reserve’s constant use ofquantitative easing (QE)), back door subsidization (i.e. the Student Loan system and «foreign aid» that’s used to finance the weapons industry), or «emergency relief» (i.e. the Emergency Economic Stabilization Act of 2008, the Troubled Asset Relief Program (TARP), and other forms of so-called «government bailouts»).

In the latter instance, the finance sector, much of which also includes significant components of the corporate-political structure, has benefitted two-fold: Initially through the immense profits generated by the mortgage-backed securities and collateralized debt obligations schemes, and later through the «bailout» of the systemic losses created by these historic profits, despite their being (and because they were) purely fiat-based (lacking liquidity), speculative, and highly concentrated. These considerations are important because they represent a reverse safety net of sorts – not necessarily one that «privatizes gain and socializes loss» (though this has proven to be true), but one that allows for constant, cyclical distribution – flowing from private to public and back to private – even in the rare cases where corporate revenue or gain is effectively taxed (in other words, this tax revenue isn’t applied towards a «common good,» but rather is funneled back to the corporate sector through these various means). This is accomplished behind the facade of the ‘Welfare State,’ effectively replacing distributive justice with a constant recycling and reproduction of wealth that is laundered through the corporate state and returned to the wealthy.

Second, it has placed the bulk of this societal responsibility on the backs of the upper crust of the dominated classes (the «new petty bourgeoisie» and so-called industrialized middle class) by subjecting them to heavy burdens in the form of increased taxation, rising costs, and diminishing wages – all designed to supplement (not necessarily fill – see starving the beast) the void left by the absentee owners of wealth who want nothing more than to accumulate as much as possible while contributing as least as possible. In other words, the «compromises» made to set the «equilibrium» for which Poulantzas refers to have historically benefited only the sector of the working class possessing higher degrees of privilege (the white middle class, for example) by allowing them improved standards of living through offerings of education, social mobility, homeownership and consumer credit, under the condition that these «compromises» do not spill into the political sphere. However, this equilibrium has been thrown off tilt by the measures taken under the banner of neoliberalism, which unleashed corporate power (Reaganism in the 1980s) with the assumption that the political sphere had been secured. This now appears to be a miscalculation or, at the very least, a careless move on the part of the dominant classes, since many of the compromises of old have been reversed in the process, leading to a betrayal of sorts against the «new petty bourgeoisie» and «industrialized middle classes» whom have always served as loyal watchdogs for the dominant classes, providing a buffer between them and the majority of the working class – the working poor, unemployed, and generally disenfranchised.

«In the course of capitalist development, the traditional petty bourgeoisie – independent artisans, small shopkeepers, etc. – has steadily dwindled,» explained Erik Olin Wright in a late-1970s analysis. «In its place there has arisen what Poulantzas calls the «new petty bourgeoisie,» consisting of white-collar employees, technicians, supervisors, civil servants, etc. Under conditions of advanced capitalism, the crucial question for understanding the structural determination of the working class, Poulantzas argues, centers on analyzing the boundary between the working class and this new segment of the petty bourgeoisie.»[3] The fundamental differences between what Poulantzas referred to as the «traditional petty bourgeoisie,» which «did not belong to the capitalist mode of production, but to the simple commodity form which was historically the form of transition from the feudal to the capitalist mode,»[4] and the «new petty bourgeoisie» are immaterial with regards to their relation with the working class as a whole. Historically, their beneficial position within the societal structure maintained by the ‘social contract’ has molded a largely apolitical existence. «As a result of the situation that finds the petty bourgeoisie as an intermediate class,» Poulantzas tells us, «[they] have a strong tendency to see the state as an inherently neutral force whose role is that of arbitrating between various social classes.»[5] This betrayal is testing this middle class not only economically, but also temperamentally.

A corollary development to this shift has been a designed looting of public coffers (the manifestation ofStarving the Beast) which has produced insurmountable public «debt» (a loaded term). This has coincided with historic levels of corporate profit and wealth accumulation on one side (the ruling/power elite), and rising levels of unemployment, underemployment and «austerity measures» on and for the other (everyone else, the working class). However, despite these tangible economic consequences, the peculiar dynamics explained by Poulantzas still remain, most notably regarding the post-World War II splintering of the dominated classes and the subsequent «bourgeoization» of the former industrialized middle classes – or the development of what pareconists refer to as the «coordinator class,» which isn’t much different than Kautsky and Lenin’s «labor aristocracy,» or even the idea of a comprador bourgeoisie in some ways. Ironically, the historically «neutral stance» maintained by the petty bourgeoisie towards the state has been systematically broken down throughout the 30-plus year reign of the neoliberal agenda, mainly through its destruction of this very class (the middle class). The pluralistic nature of the multi-class society which formed after World War II, and effectively served as a buffer between the power elite and the working class, has been decimated by an extreme concentration of wealth that has accumulated at the top over this period. Specifically, this massive accumulation of wealth which has been siphoned from the middle class has served as the main catalyst in displacing the societal burden. The increasingly strained «petty bourgeoisie,» despite their diminishing wages, remain the standard bearers of not only the remnants of the social contract’s welfare state, but also of the newly prominent corporate welfare state.

While the political consequences of this ‘social contract’ betrayal have yet to form in their entirety, a transition appears to be on the horizon with the prospects of a new generation facing long odds of maintaining the degrees of privilege enjoyed by their parents. Two concrete examples of this angst can be seen in the Occupy Wall Street movement and the Ron Paul-inspired «Libertarian» movement (though misled in many ways). Hence, the highly propagandized and still popular notion of rugged individualism and a stubborn Randian refusal to accept the mere existence of «society» – both manufactured ideologies used to justify the illegitimate accumulation of personal wealth and property. While the working class as a whole continues to suffer at ever-increasing levels due to the neoliberal agenda, the displaced «aristocracy of labor» – which consists mainly of the children (mostly white) of the eroding middle class – continues to ignore some obvious root causes of their demise, instead choosing to blame their fellow victims who have historically resided a few steps below on the socioeconomic ladder. Even in the rare instance of a somewhat nuanced analysis (i.e. libertarians), shallow conclusions of «End the Fed,» eliminate government interference in the free market, and «Don’t Tread on Me» serve as blinders to the intricate development of a corporate-political system that has intentionally and successfully taken back compromises in order to allow for increased rates of wealth accumulation for a minuscule percentage of the population. This temperamental conservativism that clings to the eroding middle class and much of the white working class is seemingly all that stands between the status quo and widespread unrest rooted in a miscalculated shift of the societal burden.

Notes

[1] Nicos Poulantzas. Classes in Contemporary Capitalism. Verso, 1978, p. 93.

[2] Ibid, pp. 190-191.

[3] Erik Olin Wright, Class, Crisis and the State, Verso, 1978. P 34
[4] Classes in Contemporary Capitalism, p. 285.

[5] Ibid, p. 292.

Tomado de: http://www.hamptoninstitution.org/neoliberalisms-balancing-act.html#.V4f2f9LhDIU

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Educación en el Bicentenario: un debate con Sonia Alesso de Ctera

Argentina/09 Julio 2016/Autor: Federico Puy/Fuente: La Izquierda Diario

La conmemoración del Bicentenario, abrió varios debates sobre el modelo pedagógico del macrismo, la herencia del Kirchnerismo y el rol de los trabajadores y sus sindicatos, ante el ajuste en curso.

La secretaria general, Sonia Alesso, del sindicato de docentes Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), escribió una editorial para la revista N° 27 “Canto Maestro. Miradas sobre el bicentenario de la independencia”, que publican desde la entidad gremial.

En la editorial Alesso remarca que “consideramos necesario (el debate) porque, así como a principios del Siglo XIX sobrevolaba en la patria naciente la idea de la restauración conservadora, hoy también en el aire de nuestra época hay claras señales que dejan al descubierto las intenciones de volver a someter a la Argentina a una situación de dependencia…”

La herencia no es siempre negativa

El gobierno de Cambiemos tiene donde apoyarse para las políticas que está desarrollando. El kirchnerismo enarboló, en su relato, la reversión de las problemáticas heredadas del neoliberalismo, como la implementación de las políticas del llamado “Consenso de Washington”, que avanzaron en un proceso de privatización de la educación. Lo cierto es que dejó “la puerta abierta para ir a jugar”.

El neoliberalismo valoró a la educación según lo que considera “resultados” en términos mercantiles y puso a los estudiantes como meros consumidores. A su vez, descentralizó las políticas administrativas de manera tal que cada provincia cuenta con un presupuesto propio, e impulsó la inversión en la educación privada. Como parte del mismo proceso, se centralizó lo pedagógico, sin respetar los múltiples elementos sociales, divergencias y heterogeneidad que encontramos los docentes en las escuelas.

En la actualidad este modelo educativo está en los planes del Macrismo. Para muestra basta el modelo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero vale la pena preguntarnos ¿Cuántas de estas políticas, de la cual hoy el Macrismo se monta para hacerse fuerte, fueron cambiadas por el kirchnerismo y combativas por las conducciones sindicales que Sonia Alesso representa? Estos planes educativos neoliberales ¿Volvieron o nunca se fueron?

Uno de los pilares de la educación ligada al mercado, cuya estructura el kirchnerismo mantuvo intacto, fue la Ley Federal de Educación de los ‘90 con el desfinanciamiento de las provincias. La Ley de Transferencia de Servicios Educativos (LTSE) y la Ley Federal de Educación (junto a la Ley de Educación Superior) constituyeron el paquete de leyes heredadas del menemismo para adaptar las políticas educativas a los dictados del FMI y los organismos internacionales.

Actualmente el Estado aporta una suma mínima por provincia, lo que genera que el grueso de la inversión deba ser realizado por éstas, profundizando la desigualdad ya que las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa) albergan apenas al 6 % de los alumnos del país, mientras el grupo de las más pobladas (provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) reúne a casi el 70 % de los alumnos. Según datos publicados en la edición de febrero-marzo 2015 de Le Monde, los Estados provinciales invierten de conjunto el 31,5 % del gasto público en educación, y Nación el 5,3 % del PIB nacional.

Con la LEN (Ley de Educación Nacional) mantuvieron la centralización verticalista de los contenidos, sin espacios reales de democratización del sistema educativo para una transformación de abajo hacia arriba.

También podemos decir que a nivel presupuestario con un crecimiento a tasas chinas llegaron a cumplir con un con un 5,4 % del PBI, recién en los últimos años de gobierno. No se pudo finalizar con el plan de máxima de construcción de escuelas (se prometieron 2.671 y se hicieron 1.665) y solo por tomar un ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, donde es obligatoria la sala de cuatro, la de cinco, toda la primaria y toda la secundaria, según el último censo oficial quedaron por fuera de los jardines (públicos y privados) 163.736 niños de 3 y 4 años.

¿No fueron suficiente 12 años de gobierno, con crecimiento a tasas chinas y vientos de cola en la economía, para revertir las principales problemáticas heredadas de los 90 de una educación neoliberal?

Una mirada sin perspectiva

Para finalizar la editorial, Alesso plantea que “Desde este espacio, pensamos que hoy la clase trabajadora se tiene que apropiar del festejo, de la conmemoración, y de los nuevos desafíos que significan hacer de la independencia una realidad concreta; pues, en manos de los empresarios gobernando, la independencia tal como la concebimos, corre un serio peligro.” Ningún llamado a organizarse y ni mención a resistir contra el ajuste.

Una mirada crítica debería re pensarse sobre los escándalos de la obra pública, donde están todos implicados como los José López y los Nicolás Caputo. ¿Qué hacía la dirigente mientras José López se robaba el dinero de las obras públicas, plata con la que se podía haber construido miles y miles de escuelas? ¿Sabe acaso que con el dinero lanzado al convento podrían haber comido 3 millones de niños? Estamos ante un nuevo favor del Frente para la Victoria a Cambiemos, así como el voto en el Senado para la entrega a los buitres (que Alesso crítica del Macrismo pero nada dice de sus cómplices como Bossio y Pichetto).

Pero no será la dirigente de Ctera quien desentrañe este lío ya que ni siquiera la jefa política, Cristina de Kirchner, habló de estas “problemáticas” en su entrevista con Roberto Navarro en C5N.

Con los escándalos políticos y una mirada de CFK hacia la interna del Partido Justicialista, la primer idea que encantó rápidamente a Alesso, Baradel y Yasky, que fue el Frente Ciudadano, estaría completamente en retroceso. La huída del Movimiento Evita (integrante de la lista Celeste de Sonia Alesso) despavoridos hacia el PJ, otro síntoma. Mientras tanto, la conducción de Ctera no pasó la prueba en esta nueva etapa, con los conflictos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, solo porra resguardar a sus futuros candidatos políticos.

Pero basta recordar que todas las políticas educativas neoliberales, se rechazaron en las calles y con resistencia. Y en este último tiempo con un avance de estas políticas que atacan a la educación, somos los docentes los que protagonizamos grandes luchas por nuestras demandas y en defensa de la educación pública.

A 200 años de la firma de la Declaración de la Independencia, con grandes gestas heroicas como el Cordobazo, sabemos que la resistencia está en las calles. Para enfrentar estas políticas no podemos esperar a las elecciones ni marchas Federales. La experiencia histórica tiene que servirnos a los docentes para sacar conclusiones y evitar repetir la misma historia.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Educacion-en-el-Bicentenario-un-debate-con-Sonia-Alesso-de-Ctera

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