En 1999, en vísperas del nuevo milenio, la OIT adoptó el Convenio núm. 182 sobre las peores formas del trabajo infantil. En el año 2020, cuando ya podían observarse los impactos de la pandemia provocada por el COVID-19, hubo otro hito: con la ratificación por parte del Reino de Tonga, la Organización, por primera vez en su historia, logró la ratificación universal de una norma internacional. Es decir, los 187 países miembros de la OIT se comprometieron a erradicar las peores formas de trabajo infantil.
Y hoy, a 25 años del establecimiento de ese convenio y en una nueva conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es crucial reflexionar sobre los logros y desafíos que aún enfrentamos.
Las estimaciones globales de la OIT y UNICEF indican que 160 millones de niños y niñas trabajan, con una significativa concentración en el sector agrícola. América Latina y el Caribe presentan una alta prevalencia de trabajo infantil peligroso. Y en Argentina, el 20 por ciento de las y los niños entre 5 y 15 años trabajan en zonas rurales. El 10 por ciento lo hace en zonas urbanas.
Viven con la obligación de trabajar, a menudo en condiciones que ponen en riesgo su salud y seguridad, a costa de su educación y de su futuro. El trabajo peligroso, que daña la salud, seguridad o moralidad de los niños, es un indicador clave de las peores formas de trabajo infantil. Además, para la OIT, esta categoría incluye la esclavitud, la trata de niños y niñas, la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso, el reclutamiento en conflictos armados, la explotación sexual y el uso de niños y niñas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas.
En las zonas rurales, realizan trabajos peligrosos como manejar herramientas de corte, alambrar o utilizar agroquímicos. En las áreas urbanas y periurbanas, una de las expresiones del trabajo infantil en sus peores formas, se encuentra en las actividades vinculadas a los basurales. Niños, niñas y adolescentes trabajan, comen y socializan durante las diversas etapas del proceso de recolección de residuos.
En esta línea, los espacios y los sistemas de cuidado son herramientas fundamentales para prevenir que las y los niños ingresen en el mercado laboral. Como el resto de los países, Argentina también debe intensificar sus esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Para este enorme desafío, cuenta, por un lado, con un sólido marco normativo que incluye la ratificación de los Convenios 138 y 182 de la OIT, así como la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada en la Constitución Nacional.
Por otra parte, desde 2022, Argentina es País Pionero de la Alianza 8.7, el consorcio global que reúne a quienes buscan cumplir la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El estatus de “País Pionero” distingue especialmente a los Estados por reafirmar su voluntad política, adoptar legislación e implementar políticas para poner fin al trabajo infantil y la esclavitud moderna.
A su vez, erradicar el trabajo infantil requiere de acciones coordinadas con múltiples acciones, entre quienes los gobiernos, los empleadores y los sindicatos tienen un rol clave. De ese modo, en el marco del diálogo social tripartito, es necesario promover el trabajo decente para las personas adultas, fortalecer la legislación, promover la educación y sensibilizar a la sociedad. Solo así podremos garantizar un futuro digno para nuestros niños y niñas.
No podemos ni debemos mirar hacia otro lado. La erradicación del trabajo infantil en sus peores formas debe seguir siendo una prioridad urgente.
En todo el mundo la informalidad laboral y la pobreza se entrelazan como una rémora que impide lograr objetivos de justicia social, advierte la OIT.
GINEBRA – La pobreza y la informalidad continúan castigando a los trabajadores en el mundo, especialmente en África, donde casi uno de cada tres vive en la pobreza extrema, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En África 29 % de los trabajadores tiene ingresos por debajo de 2,15 dólares al día -umbral de pobreza extrema internacionalmente reconocido-, y al sur del Sáhara 145 millones de personas, casi un tercio de la población empleada, está en esa situación.
En otras regiones la pobreza laboral extrema ha disminuido, con la excepción de los Estados árabes, donde creció de tres a 13 % entre 2014 y 2024, según el estudio divulgado por la OIT en su sede en esta ciudad suiza.
El promedio mundial es de siete por ciento, de cinco en Asia y el Pacífico, de tres por ciento en América y entre uno y dos por ciento en Europa.
Con la actual policrisis –conflictos armados, inflación, deuda externa, interrupción en las cadenas de suministro, crisis climática, secuelas de la pandemia- se prevé que persistan tanto esa pobreza como la informalidad, pues se entrelazan.
Las difíciles condiciones económicas están empujando a los trabajadores hacia la economía informal, y la OIT advierte que esos empleos carecen de los elementos críticos de las relaciones formales de la ocupación, en particular el acceso a los sistemas de protección social, lo que supone un obstáculo para la justicia social.
A escala mundial, más de 2000 millones de trabajadores se encontraban en la economía sumergida en 2023, 58 % de la mano de obra mundial, y se prevé que esa tasa disminuya solo ligeramente hasta 57,8 % en 2024.
El descenso de la tasa de informalidad en menos de un punto porcentual desde 2015 es demasiado lento como para esperar una formalización generalizada a corto plazo.
En 2021, 56 % de las personas mayores de 15 años de todo el mundo estaban empleadas, lo que significa que las rentas del trabajo determinan la vida de 3300 millones de trabajadores y sus familias.
Una proporción decreciente de las rentas del trabajo en el producto interno bruto refleja que los aumentos de la productividad laboral no se traducen plenamente en remuneración del trabajo.
Por otra parte, las mujeres y los jóvenes siguen enfrentándose a tasas de desocupación más elevadas que sus homólogos masculinos y adultos en todo el mundo, y en la mayoría de las regiones. En 2023, las diferencias de género en las tasas de la desocupación casi reflejaban las de 2015.
La mayor brecha de género se mantiene en los Estados Árabes: durante más de una década, las mujeres han tenido sistemáticamente alrededor del doble de probabilidades de estar desempleadas, en comparación con los hombres.
La tasa de jóvenes que no están empleados, ni en entrenamiento y tampoco cursan estudios se situó el año pasado en 21,7 % (14,1 % hombres y 29,7 % mujeres).
Mientras que en la ocupación las mujeres están representadas en casi 40 %, en 2022 solo ocupaban 27,5 % de los puestos de dirección, un descenso desde el 28,5 % de 2021. Al ritmo actual, pueden pasar 176 años antes de que las mujeres alcancen la paridad de género en los puestos directivos.
En lo que se refiere al cumplimiento de los derechos laborales fundamentales (libertades de asociación y negociación colectiva), la OIT aprecia un “deterioro alarmante”, con base en el indicador que utiliza y que va de cero (el mejor cumplimiento posible) a 10 (el peor).
La media mundial de ese indicador en 2022 se situó en 4,81, lo que supone un deterioro significativo y continuado desde 2015, cuando se situó en 4,5.
Este empeoramiento afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y es evidente en todas las regiones desde 2015.
Son cambios impulsados por las violaciones en la práctica y, de manera alarmante, por las violaciones de las libertades civiles fundamentales de los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT subraya en una declaración que “la paz universal y duradera sólo puede basarse en la justicia social”, la cual solo puede mantenerse mediante la observancia de los derechos laborales y la realización de los derechos humanos en sentido amplio.
“[…] en Panamá, hoy, hay empresas que están solicitando pruebas de embarazo para que una mujer pueda entrar a laborar; pero más grave aún, están solicitando certificaciones del salpin o que estén operadas para no tener más hijas e hijos!”
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ha sido escrito con sangre y dolor por mujeres que desde 1857, han venido demandando mejores condiciones de trabajo, reconocimiento de los sindicatos, rebaja de las horas de trabajo, igual trabajo, igual salario que los hombres, la lucha por estas demandas llevó a que los dueños de las fábricas textiles en New York le pusieran candados a las puertas de las mismas y 146 de ellas murieran carbonizadas.
A lo largo de más de 166 años las mujeres han logrado conquistas importantes, que van desde el derecho a ejercer el voto, a la educación, salud, trabajo, al estudio de la Ciencia, a la igualdad de género, a la no violencia contra las mujeres, al derecho a la participación política y sindical y a la tenencia de la tierra, entre muchas otras conquistas producto de la lucha demandada por las propias mujeres.
Hoy, amparados o teniendo como excusa la pandemia de COVID-19, el sector empresarial se ha aprovechado de las circunstancias que hemos tenido que vivir haciendo recaer el peso de la pandemia en las y los trabajadores, recargando en las compañeras el trabajo que hacían cinco, dejando sólo a dos que lo realicen, manteniendo contratos suspendidos por más del tiempo estipulado por los decretos establecidos por el Ministerio de Trabajo, se dejó un vacío en lo concerniente a la licencia de maternidad, que aún a la fecha hay compañeras que no han podido cobrar la misma. A las mujeres se les hizo recaer el cuidado de los familiares, adultos mayores, los niños, al no poder asistir a la escuela de manera presencial, recayó en la madre fundamentalmente el cuidado y la atención escolar de ellos, en la casa, además del teletrabajo que realizaban y los quehaceres domésticos.
Las compañeras trabajadoras del hogar fueron las primeras a quienes se les envió para sus casas muchas veces sin pagarle sus prestaciones, dado que con quienes trabajaban fueron despedidas o suspendidas de sus trabajos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) Panorama Laboral 2022, América Lanita y el Caribe indica que en el tercer trimestre de 2022 la tasa de participación laboral femenina regional fue de 51.8 %, siendo inferior en casi 23 puntos porcentuales a la de los hombres (70,3).
La OIT indica que resulta imperioso adoptar políticas públicas con perspectiva de género que permitan eliminar las barreras a la entrada al mercado del trabajo y que amplíen el abanico de oportunidades laborales para las mujer en general y con particular atención en aquellas de menor calificaciones.
Han transcurrido 166 años desde que mujeres dieron sus vidas por el derecho al trabajo, por una jornada laboral cónsona y justa, que les permitiera trabajar. Si embargo, en Panamá, hoy, hay empresas que están solicitando pruebas de embarazo para que una mujer pueda entrar a laborar; pero más grave aún, están solicitando certificaciones del salpin o que estén operadas para no tener más hijas e hijos. Esto es una flagrante discriminación a las mujeres y lo peor que se está solicitando tanto en la empresa privada como en instituciones del Estado.
Ante la cantidad de compañeras y compañeros desempleados, la Central General Autónoma de Trabajadores (CGTP) está demandando una Ley que contemple un Plan de Urgencia Nacional que le garantice a esos miles de trabajadoras jefas de familia un trabajo digno con un salario justo. No podemos permitir que las y los hijos de estas compañeras mueran de hambre, que no tengan para asistir a la escuela.
Así como hay dinero para pagar altos salarios, que van desde cinco mil a veintiséis mil balboas, que se le permite a cientos de empresas evadir impuestos, que se exija el pago de esos impuestos y se le garantice a las trabajadoras desempleadas un trabajo, como lo ha manifestado la OIT, un trabajo decente.
Que este 8 de marzo sea un día de demandar justicia para la mujer trabajadora que hoy llenan las calles y aceras de la ciudad y de todo el país tratando de vender algo para subsistir, ese trabajo informal con más de 16 horas laborando, sin prestaciones sociales, sin poder participar en reuniones de la comunidad para exigir agua en sus viviendas nos retrotrae a las razones por las cuales compañeras de 1857- 1905 salieron a las calles a luchar y a impulsar y promover huelgas y, dados los hechos tan violentos realizado por los empleadores, la socialista alemana Clara Zetkin, en 1910, planteó, en la Segunda Conferencia Internacional de la mujer, que el 8 de marzo de cada año se estableciera como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, luego, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Saludos en el Día Internacional de la Mujer.
Con tres máquinas adquiridas con sumo esfuerzo, Cinthya Wipin se inició en la confección de prendas de vestir en el 2019, actividad que se truncó con el inicio de la pandemia. Ella forma parte de los trabajadores informales en Perú, que son 8 de cada 10, sin beneficios ni derechos laborales.
Las perspectivas a corto plazo de mejora del empleo no son optimistas en América Latina y el Caribe, región con 662 millones de habitantes donde el mercado laboral fue uno de los más golpeados durante la pandemia por la covid-19.
Durante el confinamiento se perdieron masivamente los puestos de trabajo, más de 30 millones de personas se quedaron sin sus fuentes de sustento, siendo las más afectadas las mujeres, cuya participación laboral en la región retrocedió 18 años.
Un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió en diciembre de 2022 que pese a los avances en la reducción del desempleo en el primer semestre de dicho año, esta tendencia sería difícil de sostener.
Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile
“El contexto económico global se ha complicado bastante en los últimos meses y tiene un impacto en la dinámica mundial”, dijo a IPS mediante entrevista virtual Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile.
“Tenemos el menor crecimiento de China por la política de combate a la covid, estábamos acostumbrados a que crezca 7, 8, 9 % y ahora está en 3%; la guerra de Rusia contra Ucrania; y el contexto inflacionario que impacta sobre las perspectivas económicas del mundo y de la región latinoamericana”, agregó Reinecke, coautor del informe de OIT y Cepal, Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, dinámica de productividad laboral.
Cepal proyectó que la desaceleración económica se acentuará en la región en 2023. Estima un crecimiento de 1,3%, porcentaje que limita el optimismo frente a la recuperación del empleo de calidad, tras los indicadores auspiciosos logrados en el primer semestre de 2022.
En ese período disminuyó la tasa de desocupación en los 16 países analizados en el estudio conjunto de OIT y Cepal, ubicándose en 7 %, porcentaje menor al de pre pandemia. Y se incrementó el trabajo asalariado con una mayor demanda en el sector industrial.
Los países que formaron parte del estudio fueron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.
Ocho de ellos mostraron un crecimiento de más de 4 % del empleo total con respecto al 2021: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
El difícil contexto global así como la menor inversión y crecimiento económico de los países, y el alza de la inflación, recortan las expectativas de sostener la recuperación del mercado laboral en la región y de superar el histórico problema de la informalidad, que hace perder derechos a la población trabajadora.
“Al corto plazo esas nubes siguen estando ahí, no se han despejado las perspectivas para un crecimiento tan dinámico como el que se requiere para dar un impulso fuerte a la creación de trabajo decente”, afirmó Reinecke, cientista político y economista de profesión, con más de 20 años de residencia en Chile.
Es difícil tener empleo con derechos
Cinthya Wipin, migrante en Lima de 36 años, proveniente de la ciudad nororiental peruana de Chachapoyas, es parte de los ocho de cada 10 trabajadores que se encuentran en la informalidad y sin gozar de sus derechos laborales en el país andino de 33 millones de habitantes.
Madre de un adolescente de 16 años y de mellizos de seis, decidió estudiar confecciones en 2018 para tener una mejor calidad de vida y garantizar la educación de sus hijos. Terminado su periodo de capacitación, con los ahorros de su labor de entonces como trabajadora del hogar y los de su esposo obrero de construcción civil, más un préstamo familiar, logró comprarse las máquinas necesarias para empezar su negocio.
“Una amiga me vendió su máquina Singer, es antigua pero buenota, es para coser. A una prima le compré su máquina recubridora, que es para hacer los acabados, y en plazos conseguí la remalladora, que es nueva. Y así fue como me inicié”, contó a IPS en su hogar ubicado en un barrio del distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima.
No imaginó entonces que luego de tres meses se declararía la pandemia y el confinamiento que encerró a las familias en sus casas entre marzo y julio del 2020. “Yo no lo podía creer, había invertido todos mis ahorros, estaba endeudada y con las máquinas paradas… fue un momento desesperante”, recuerda.
A mediados del año decidió anunciar su servicio de confecciones a través del Facebook y le llegaron pedidos. Continúa así en la actualidad y ha logrado sanear sus deudas, pero necesitaría producir 300 poleras al mes para poder lograr ingresos que cubran sus costos de producción y obtener una rentabilidad suficiente para sostenerse y crecer.
“Tendría que generar unos 15000 soles al mes –unos 3900 dólares- para poder contratar a una persona y alquilar un local. Mi sueño es tener un taller, dar trabajo a otras mujeres y surgir haciendo lo que nos apasiona, porque a mí me encanta coser”, remarca.
Frente a sus máquinas, siente que se realiza.
“Mi esposo me dice para qué te esfuerzas tanto, por qué mejor no compras ropa al por mayor y lo vendes. No, le digo, yo misma quiero comprar la tela, trazarla, cortarla, remallar y hacer los acabados”, explica, refiriéndose al proceso de confección de las prendas.
Ella trabaja más de 12 horas al día realizando labores productivas y de cuidado: tres veces por semana es empleada de hogar; todos los días se hace cargo de la alimentación de su familia, en particular de los mellizos; y cada noche destina tiempo para atender los pedidos que le llegan de camisetas, buzos o poleras.
No es mucho, pero le permite mantenerse en actividad en su rubro y no verse absorbida por lo doméstico.
Con su extenuante jornada laboral logra el sustento diario y ahorrar un poco, pues cuenta con los ingresos que aporta su esposo. Pero no sabe lo que son vacaciones, seguridad social, compensación por tiempo de servicios o fondo de pensiones.
“Quién tiene trabajo estable en estos tiempos, unos poquitos serán. Yo siento que dependo solo de mí, de mi esfuerzo, no hay apoyo de las autoridades. Me animo pensando que de aquí a cinco años, cuando mis niños estén grandecitos y tenga más tiempo y un pequeño capital, podré hacer realidad mi sueño de ser una confeccionista que trabaja con otras mujeres”, dice con una sonrisa.
Desafíos para crear empleo formal
Reinecke indicó que la OIT plantea a los Estados estrategias integradas para las políticas orientadas a superar la informalidad, partiendo por las causas que la originan como es el tejido productivo.
“Hay muchas unidades productivas que son estructuralmente débiles y les cuesta asumir los costos de la formalidad; y falta también el conocimiento de cómo hacerlo”, dijo.
Se refirió también a la “informalidad oportunista” que ocurre cuando una empresa de 50 u 80 trabajadores decide tener 10 o 20 sin contrato, sin cobertura, sin cotización a la seguridad social.
“Según cual sea el segmento de informalidad, las medidas de política también son distintas”, precisó.
Añadió que es necesario ajustar los factores para el fomento productivo, que redunden en más recursos para poder asumir los costos de la formalidad. Y, a la vez, garantizar que la formalidad sea más atractiva, con beneficios evidentes, menores costos posibles y con información disponible para proceder.
“Entonces, los desafíos para seguir creciendo y seguir creando empleos formales, trabajos decentes, siguen ahí”, subrayó.
La denuncia se realiza en el marco de un paro de 24 horas en reclamo de garantías laborales, entre otras exigencias.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenaes) de Uruguay, que este jueves realiza un paro general de 24 horas, denunció lo que llamó persecución político sindical, luego de la recomendación de las autoridades de destituir a dos de las profesoras de una escuela por presunto proselitismo político.
La Fenapes y la Asociación de Trabajadores de Secundaria (ATES), entre otras, se unieron a la protesta para reclamar mejores condiciones de trabajo y rechazar el subempleo, que afecta a cerca de 2.000 docentes.
En el marco de la movilizacíón, trascendió que la Fenapes no descarta denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución político sindical a dos profesoras.
La denuncia refleja la situación de un grupo de docentes del Liceo 1 del departamento de San José (sur), a quienes en febrero pasado se les realizó un sumario, con separación del cargo y retención del 50 por ciento de sus haberes, por tomarse una fotografía en la institución con pancartas contra la reforma “Vivir sin miedo”.
De acuerdo con la Fenapes, se trata de un hecho sin precedentes desde el llamado retorno a la democracia en Uruguay, y que vulnera los derechos humanos, en especial la libertad sindical y las libertades civiles de opinión y expresión del pensamiento.
La Fenapes asegura que se trata de un accionar que consideran dudoso y reñido con las garantías del debido proceso.
En tal sentido, la organización gremial manifestó su más absoluto rechazo a un proceso de persecución política sindical, que retrotraen a prácticas que Uruguay ya sufrió en el pasado y durante la dictadura fascista en la educación pública.
El sindicato manifiesta que promoverán las denuncias y acciones pertinentes en cuanto ámbito internacional sea necesario, de no existir resoluciones que pongan fin a estos hechos. En particular, mencionaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
América del Sur/Venezuela/30-10-2021/Autor(a) y Fuente: www.bancaynegocios.com
El secretario general (e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, pide mantener la presión en las calles y ante organismos nacionales e internacionales para no invisibilizar la magnitud de la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El llamado se hace a propósito de la 343 reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se llevará a cabo en Ginebra del 1 al 13 de noviembre de 2021 y en la cual se considerará el “examen de todas las posibles medidas, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, requeridas para asegurar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la comisión de encuesta en los plazos señalados”.
Venezuela incumple las recomendaciones derivadas del informe de la Comisión de Encuesta presentado en octubre de 2019, en el que se exhortó al “cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno.
En marzo de 2018 se estableció una Comisión de Encuesta, el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT, para dar respuesta a una queja presentada contra el gobierno de Venezuela en junio de 2015 en la Conferencia Internacional del Trabajo y examinar el incumplimiento del gobierno del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (número 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (número 87), y del Convenio sobre la consulta tripartita (número 144).
En su 341ª reunión, el Consejo de Administración, por votación, deploró la respuesta del gobierno de Venezuela del 10 de agosto de 2020 en la que indicaba que no aceptaba las recomendaciones de la comisión de encuesta e instó a las autoridades a convocar para mayo de 2021 un foro de diálogo social.
Para no bajar la guardia, Torres indicó que “es necesario mantener la presión en las calles, ante organismos nacionales e internacionales para no invisibilizar la magnitud de la violación de los derechos de los trabajadores, como la salud, un trabajo digno, así como conquistas contractuales y sindicales”.
El secretario general de la CTV dijo que más allá de la ideología hay que apoyar la reinstitucionalización del país de la mano de los sectores democráticos. “Apostamos a la negociación en México, hoy suspendida, para lograr una concertación política que permita una recuperación económica y social y por ende una mejor calidad de vida de los trabajadores”.
Fuente e Imagen: https://www.bancaynegocios.com/ctv-oit-examinara-medidas-de-presion-a-venezuela-para-restituir-derechos-laborales/
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó hoy que sólo alrededor de la mitad de los trabajadores en 130 países ocupan puestos correspondientes a su nivel de educación, el resto está sobreeducado o infraeducado para su empleo.
Pese a los esfuerzos por mejorar el nivel educativo de las personas en todo el mundo, los avances en el aumento de los niveles de escolaridad, especialmente entre las mujeres y las niñas, no se traducen en las correspondientes mejoras en los resultados del mercado laboral, precisó un informe sobre el tema.
Al mismo tiempo, muchos empresarios afirman tener dificultades para encontrar empleados con las competencias que necesitan para ampliar su negocio e innovar con éxito, un fenómeno que señala una importante desconexión entre la educación y el mundo del trabajo, explicó la estadística superior de la OIT Valentina Stoevska.
De acuerdo con el estudio tanto la infraeducación como la sobreeducación reflejan un uso inadecuado del capital humano y, si son persistentes, estos desajustes pueden suponer un elevado costo económico y social para los trabajadores, los empresarios y la sociedad en su conjunto.
Para respaldar las políticas encaminadas a reducir esos desequilibrios es necesario evaluar en qué medida la instrucción de los empleados se corresponde con el nivel que exigen sus puestos laborales, y también comprender las causas y las consecuencias de una educación suficiente o insuficiente entre los distintos grupos poblacionales.
Esta información es esencial para la planificación macroeconómica, el desarrollo de los recursos humanos y la formulación de políticas adecuadas, afirma el texto.
La OIT plantea que en la mayoría de los países existe una discrepancia significativa entre la proporción de trabajadores con estudios superiores y los puestos que requieren ese nivel, en particular en las naciones de bajos ingresos, lo cual demanda acciones para elevar el nivel de educación de quienes ocupan plazas altamente cualificadas.
Agrega el informe que los asalariados tienen más probabilidades de ser emparejados que los autónomos.
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