«Devastador y desproporcionado», ese es el efecto que está teniendo la pandemia en el empleo de los jóvenes en todo el mundo. Más de uno de cada seis jóvenes se han visto obligados a dejar de trabajar desde que comenzó el brote, según ha destacado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El impacto se ha triplicado en los menores de 25 años. La pérdida de empleo, el parón en la educación y las nuevas barreras para entrar en el mercado de trabajo, podrían conducir a la aparición de una «generación perdida», advirtió la ONU en su último informe publicado este miércoles.
Según la OIT, alrededor de una quinta parte de los jóvenes de todo el mundo – 267 millones – ya no contaban con un empleo o formación antes del inicio de la crisis sanitaria, mientras que más de tres cuartas partes de los que tenían empleo tenían trabajos temporales o precarios.
Además, más de cuatro de cada diez trabajadores jóvenes eran empleados en distintos sectores como alimentación, vivienda, el comercio mayorista y minorista… Estos han sido los cuatro sectores más afectados por la crisis.
Las mujeres: las más afectadas por la pandemia
Las mujeres constituyen más de la mitad de los trabajadores en el servicio de alimentación y alojamiento. También más del 40% de los trabajadores en otras actividades del sector terciario o sector servicios. A ellas esta crisis les ha golpeado más que a cualquier otro grupo.
El efecto ha sido más devastador para las mujeres con hijos «ya que se tienen que hacer cargo de ellos debido al cierre de escuelas y la falta de servicios de guardería asequibles».
Por consiguiente, en el informe señala que «los datos recientes apuntan a un aumento masivo de la tasa de desempleo juvenil desde febrero de 2020».
En Canadá, la tasa de desempleo de los hombres jóvenes aumentó en 14,3 puntos porcentuales entre febrero y abril de este año y en 20,4 puntos porcentuales en el caso de las mujeres jóvenes. En Estados Unidos, se disparó del 8,5% al 24% para los hombres jóvenes y del 7,5% al 29,8% para las mujeres jóvenes.
Tendencias similares se observan en Australia, China, Irlanda, los Países Bajos y Suiza.
Mientras tanto, aquellos que han logrado mantener sus trabajos han visto cómo se ha reducido el número de horas de su jornada laboral en un 23%, según la OIT.
Efectos duraderos para los jóvenes
En cuanto a los que todavía se encuentran estudiando, la pandemia también ha provocado trastornos que «podrían afectar a los ingresos de los jóvenes que se han visto obligados a abandonar sus estudios durante toda su vida laboral», según señala el informe.
Con la economía mundial en una espiral descendente, los jóvenes corren el riesgo de sufrir los efectos duraderos y devastadores del desempleo prolongado, también conocido como «efectos de cicatrización».
«Estudios demuestran que entrar en el mercado laboral durante una recesión puede afectar negativamente a la vida laboral de los jóvenes durante una más de una década», indicó la OIT.
La ONU está pidiendo respuestas políticas urgentes y a gran escala para mitigar el impacto a largo plazo de la pandemia en la educación y las perspectivas de empleo de los jóvenes.
«Si no tomamos medidas significativas e inmediatas para mejorar la situación, el legado del virus podría estar con nosotros durante décadas», afirmó el Director General de la OIT, Guy Ryder.
«Si su talento y energía se ven frustrados por la falta de oportunidades, perjudicará nuestro futuro, dificultando la recuperación de la economía tras el coronavirus», advirtió.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que alrededor de la mitad de la fuerza laboral mundial, o 1.600 millones de trabajadores, corren un riesgo inminente de perder su sustento debido al impacto económico de la pandemia de coronavirus.
En su último informe, la agencia de la ONU declaró que los más afectados por los efectos financieros del brote de Covid-19 han sido los trabajadores de la «economía informal», incluidos los trabajadores independientes y los que tienen un contrato a corto plazo.
«Se estima que el primer mes de la crisis dio como resultado una caída del 60 por ciento en los ingresos de los trabajadores informales a nivel mundial», dijo la OIT sobre el daño económico ya causado por la pandemia.
«Para millones de trabajadores, sin ingresos significa sin alimentos, sin seguridad y sin futuro», dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder, sobre el fuerte impacto de una caída económica.La crisis cada vez más profunda en muchas partes del mundo ha dejado a más de 436 millones de empresas enfrentando dificultades financieras y un posible cierre, declaró la OIT, que inevitablemente perjudicará a los trabajadores. El informe enumeró los sectores más afectados como manufactura, alojamiento y servicios de alimentos, comercio mayorista y minorista, y bienes raíces.
Agregó que, según datos de la OIT, se espera un aumento «masivo» de los niveles de pobreza en todo el mundo, a menos que los gobiernos reconozcan la necesidad de reconstruir sus economías en torno a mejores prácticas laborales y «no un retorno al mundo precario de precarias trabajar para la mayoría «.
Desde que surgió el nuevo coronavirus en China a fines del año pasado, se han confirmado más de 3.1 millones de casos en todo el mundo y más de 216,000 personas han muerto. Los drásticos bloqueos para limitar su propagación han tenido un efecto negativo en la economía mundial, lo que provocó la agitación del mercado y numerosas proyecciones de la fuerte recesión que se producirá este año.
Fuente e Imagen: https://www.rt.com/news/487288-coronavirus-economic-impact-workforce-jobs/
América Latina/19-04-2020/Autor(a):Mirra Banchón/Fuente: www.dw.com
Por: Mirra Banchón
Son más de 400 pueblos indígenas en América Latina, muchos de los cuales tienen en Bruselas una especial atención. DW conversó con organizaciones que los representan en las instituciones europeas.
El pueblo amazónico Shuar Arutam le ha pedido al Gobierno de Ecuador que los apoye restringiendo el acceso a sus territorios como medida protectora contra la COVID-19. Por otro lado, en Iquitos, se encuentran atrapados unos 500 habitantes de comunidades indígenas de la peruana Loreto porque, en marzo, el Gobierno prohibió el transporte interprovincial. Y en Brasil, un tribunal falló en contra de una misión evangelizadora que pretendía llegar, justamente en este momento de pandemia, a pueblos en aislamiento voluntario.
¿Aislamiento y nada más?
Así las cosas, ¿es apoyar el aislamiento para los más de 400 pueblos indígenas lo que cabe hacer desde la comunidad internacional? «Si eso es lo que los pueblos desean, sí», dice a DW Linda Poppe de la organización Survival International. Que se haya impedido el contacto con esos pueblos amazónicos es, según la organización, equivalente a haber impedido su muerte.
«De otras pandemias, como la de la gripe A, sabemos que esas comunidades son especialmente vulnerables», subraya Poppe. Deseable sería una mayor presión en este sentido desde Bruselas, en donde –siguiendo las convenciones de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo– existen directivas claras de apoyo a los derechos de las minorías.
«Darles la posibilidad de cerrar o por lo menos controlar las fronteras de sus comunidades es apoyar su resiliencia», dice a DW Mathias Wuldar, representante ante la Unión Europea del Centro de Documentación, Investigación e Información de los Pueblos Indígenas (DOCIP).
Fuera del foco
En un momento en donde la opinión pública está centrada en la crisis de la COVID-19, los riesgos para las poblaciones indígenas aumentan, afirma Wuldar.
«Los pueblos indígenas en la frontera entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, se están enfrentando en este momento a un recrudecimiento de la violencia, precisamente porque las instancias de control están copadas con la pandemia», agrega.
Por otro lado, «la asistencia sanitaria y los insumos médicos se concentran en los centros más poblados. Para los miembros de comunidades apartadas es casi imposible acceder a ellos», añade.
«Son más de 400 pueblos indígenas los que hay en América Latina y las diferencias son muchas, como diverso es el tratamiento que les dan sus Gobiernos», sigue Wuldar cuya organización colabora con organizaciones locales que trabajan, con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con la Agencia de Desarrollo de la UE (DEVCO), en proyectos con o sin participación de los respectivos Gobiernos.
Información comprensible
«Lo primero que se ha logrado es flexibilizar fondos dispuestos para otros proyectos. Los han recanalizado ahora para dar respuesta al Coronavirus», cuenta Wuldar. En México, por ejemplo, junto con organizaciones locales se ha creado un centro de información sobre la pandemia en lenguas indígenas.
En cualquier caso, el fallo judicial brasileño a favor de las comunidades en aislamiento es, según Poppe, «una chispa de esperanza» en el camino hacia la protección de las nacionalidades indígenas, también en la pandemia. «No es que necesiten un tratamiento privilegiado, todo lo que requieren –y los Estados de la UE deberían aprovechar esta oportunidad para apoyar– es que se respete sus derechos básicos, como a que los Estados velen por el acceso a la asistencia médica», afirma Poppe.
En este sentido, Wuldar recuerda: «los pueblos indígenas se han enfrentado solos, muchas veces, a epidemias. Saben cómo actuar. Es importante escucharlos y actuar en consonancia con ellos».
La pandemia y la economía
En vísperas de que Bruselas presente nuevas estrategias para el apoyo a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, organizaciones como el DOCIP están en ascuas. «La COVID-19 puede matarlos, sí. Pero el hambre puede matarlos más», afirma Wuldar. Tanto el cierre de carreteras y la ausencia de transporte público como la caída del turismo representan un duro golpe.
«Sin turismo no pueden vender ni sus productos agrícolas ni sus artesanías», puntualiza recordando que el confinamiento por cuestiones sanitarias debería ir acompañado de medidas para asegurar su soberanía alimentaria y el acceso al agua.
«Es importante apoyar las estructuras locales. También dar información en lengua local. Y garantizar tanto la protección hermética de esos territorios como el acceso a mercados que permita que sobrevivan», concluye Wuldar. (few)
Fuente e Imagen: https://www.dw.com/es/pueblos-ind%C3%ADgenas-la-covid-19-mata-pero-el-hambre-tambi%C3%A9n/a-53168411
El efecto de la pandemia global de coronavirus sobre el empleo va a ser «devastador» y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo.
El covid-19 hará desaparecer globalmente, solo entre abril y junio de este año, el 6,7% de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida 195 millones de puestos a tiempo completo.
El daño es muy pronunciado y se ha registrado en muy poco tiempo, dicen los expertos.
Es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945.
De hecho, la agencia de la ONU advierte que 4 de cada 5 trabajadores a nivel mundial ya está sufriendo las consecuencias de los confinamientos totales parciales de ciudades enteras que muchos gobiernos se han visto forzados a imponer.
«Drástico impacto»
Es el caso de casi todos los países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay que hasta la fecha solo han emitido recomendaciones nacionales, y de Nicaragua.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionMuchas ciudades están prácticamente paralizadas.
Los cierres de ciudades, el cierre de negocios, fábricas y de los colegios, las restricciones de viajes y otras medidas para contener la expansión de la enfermedad «han tenido un repentino y drástico impacto en trabajadores y empresas».
Este tipo de medidas afectan actualmente a 2.700 millones de trabajadores, que representan el 81% de la fuerza de trabajo mundial.
«Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo«, declaró el Director General de la OIT, Guy Ryder».
El documento prevé que la región de Latinoamérica y el Caribe pierda 14 millones de puestos de trabajo, mientras que Centroamérica verá destruidos 3 millones de empleos.
Las cifras reflejan tanto despidos como la reducción temporal de las horas.
«Esta contracción del empleo sin precedentes ya ha empezado a sentirse en muchos países», dice el documento.
Cifras menores
Ambas regiones van a tener una pérdida de empleo por debajo del ratio global.
Mientras a nivel global las horas de trabajo perdidas en el segundo trimestre del año van a ser del 6,7% según las estimaciones, en Latinoamérica y el Caribe serán del 5,7% mientras que en Centroamérica se sitúan en el 4,5%.
Esto se debe al retraso en el momento en que la pandemia llegó al continente.
Si en Wuhan, China, donde se inició el brote, ya se están adoptando medidas para recuperar la normalidad en las calles, Europa aún está pendiente de alcanzar el pico de contagios y América Latina empieza a hacer frente a la crisis.
«Básicamente lo que reflejan estos datos es una menor progresión de la enfermedad por continentes», explica a BBC Mundo, Roger Gomis, economista de la OIT y colaborador en la redacción del informe.
«Latinoamérica está experimentando por el momento una menor intensidad (de la pandemia) que en otras partes del mundo y después de implementarse medidas de contención puede que la situación se mantenga».
«Pero los datos reflejan una estimación de lo que se va a perder en términos de empleo en el segundo trimestre. Es el escenario más probable por ahora», dice.
¿Qué país de la región se verá más afectado?
El mercado laboral de Latinoamérica tiene 3 vulnerabilidades propias -que comparten casi todos los países de la región- de las que va a depender cómo se verá afectada.
Por un lado, dice Gomis, está la tasa de empleo informal, por otro, los sectores en los que se concentran los trabajadores.
Y a todo esto hay que sumar el margen fiscal y monetario que tiene cada gobierno para ayudar a sus trabajadores.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEn América Latina siguen aumentando los contagios y las víctimas fatales.
Perfil sectorial
Las consecuencias van a depender de cuántas personas tenga cada país trabajando en los cuatro sectores que se van a haber más afectados, es decir, del perfil sectorial del empleo.
La OIT ha identificado sectores de la economía que concentran mayor riesgoy que serán las áreas de la economía que más empleos podrían perder según las estimaciones.
el sector hotelero y de la alimentación
el sector inmobiliario y las actividades administrativas
las fábricas y los servicios de reparación, los comercios y tiendas
el área de los negocios y el sector artístico
Estos sectores emplean unos 1.250 millones de trabajadores en todo el mundo.
«En términos de empleo en riesgo, en América Latina tenemos identificado que un 44% de los trabajadores lo hacen en sectores que consideramos que tienen un alto riesgo», afirma el economista de la OIT.
Esta es una cifra sustancialmente más alta que la media global, situada en el 38% de la fuerza de trabajo global.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl mercado laboral de México se enfrentará a graves desafíos durante la crisis por el coronavirus.
Por poner un ejemplo, «en México el porcentaje de trabajadores en sectores en riesgo es aún más alto y este ratio llegaría a un 51,5%», dice.
«Esto supone casi 28 millones de empleos. No decimos que se van a perder, pero sí que estos puestos de trabajo están en áreas de mayor riesgo por los cierres derivados de la pandemia».
En Argentina, el 41,8% de sus trabajadores están en sectores de mayor riesgo.
Colombia tiene un 46,8%, Chile casi un 40%, el mismo ratio que Ecuador y similar al de Honduras y Nicaragua.
Por su parte, Costa Rica registra un 42,3%, Perú cuenta con el 41% de su fuerza laboral y Bolivia el 38%.
Empleo informal
Otra de las vulnerabilidades de América Latina se refiere al empleo informal.
A nivel mundial, 2.000 millones de personas trabajan en sectores al margen.
La mayoría lo hace en las economías emergentes y en desarrollo y según la OIT, corren un riesgo especial.
En América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 54% de los trabajadores.
Derechos de autor de la imagenGETTYImage captionEl empleo informal es una de las vulnerabilidades de América Latina.
Con un 57% México vuelve a superar el ratio de trabajadores en la economía sumergida, que no tienen ningún tipo de protección.
Y en Argentina casi la mitad de los trabajadores ocupados, el 47%, desempeñan su actividad en sectores informales con empleos de muy baja calidad.
La cifra es de aproximadamente el 60% en Colombia, del 59% en Ecuador y del 69% en Perú.
En el otro lado se encuentran por ejemplo Uruguay (24,5%), Chile (40,5%) o Costa Rica (39%).
Medidas para amortiguar
«En este caso lo importante y hacia dónde los gobiernos deberían encaminar sus medidas es a paliar la menor protección de estos trabajadores» que tienen un acceso limitado a los sistemas sanitarios y a programas de protección social, explica el experto.
Gomis estima que los efectos pueden ser más graves para estos trabajadores en las regiones y países donde las tasas de informalidad son más altas.
«El informe hace énfasis en que es muy importante hacer programas específicos para esos trabajadores, en concreto realizando transferencias de efectivo para compensar los ingresos perdidos, pero también para asegurar la provisión de bienes de primera necesidad».
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionArgentina es un buen ejemplo para observar cómo se pueden comportar otros mercados laborales latinoamericanos con restricciones de circulación.
Margen fiscal
Por último, la forma en que cada país pueda responder a la crisis va a depender de su margen fiscal.
Es el margen de maniobra que existe dentro del presupuesto público para proporcionar recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía.
«Muchos países ya tenían situaciones fiscales muy precarias antes de entrar en este problema y tienen acceso muy limitado al financiamiento de los mercados», explicaba en una entrevista con BBC Mundo el economista venezolano Ricardo Hausmann.
Otros, como Perú, llevan años de disciplina fiscal que le han permitido poner en marcha un paquete de medidas por un importe de más US$25.000 millones, equivalente al 12% de su PIB.
Entre otras cosas, el país pondrá en marcha un esquema de préstamos a sus empresas por valor de US$8.500 millones.
Según la OIT, el mundo del trabajo después del coronavirus dependerá de dos factores: la evolución de la pandemia y las medidas políticas que se adopten para auxiliar a las empresas, preservar el empleo y los ingresos, y estimular la economía.
«Las decisiones que tomemos hoy afectarán directamente la manera en que esta crisis evolucionará, así como la vida de millones de personas. Con las medidas correctas podemos limitar su impacto», aseguró declaró el Director General de la OIT, Guy Ryder.
América del Sur/Venezuela/19-01-2020/Autor(a) y Fuente: aporrea.org
Por: Aporrea.org
El día sábado 18 de enero, las redes y grupos de whattssap se movían con una desagradable noticia. El dirigente sindical de la FVM del estado Miranda y también miembro de la Coordinación de Trabajadores del Partido Voluntad Popular enviaba unos extraños audios en los que hacía saber que estaba siendo detenido de manera ilegal por miembros de la PNB y además que estaba siendo brutalmente golpeado y robado.
La noticia se movía a través de «dirigentes» de partidos, sindicatos y federaciones, mientras en la base docente, muchos se preguntaban quién era, dada la desconexión existente entre los «dirigentes» de la Federación Venezolana de Maestros y la base magisterial. Otros maestros, dudaban de la versión del robo y secuestro y decidieron esperar a ver qué sucedía ya que los audios eran muy poco creíbles.
Acá los audios enviados por el «Secretario General de la Federación Venezolana de Maestros y Coordinador nacional de Educación del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular».
Pinche el botón de cada audio y espere su descarga para escucharlo
Audio 1: «Me j…dió la Policía Nacional»
Audio 2: «Me golpearon y me quitaron todo» (¿menos el celular?)
Audio 3: René Zapata con… ¿el policía imaginario y mudo?
Ya en horas de la mañana se tenía conocimiento de que René Zapata, nunca fue detenido de manera ilegal, como dieron a conocer. En el caso de la «detención ilegal» de René Zapata es más factible demostrar que nunca ocurrió; que sostener la versión del «secuestro» «golpes» y «robo». En las redes sociales existen comentarios que expresan la presunción de auto.-robo.
Puesta en escena
Despúes de hacer circular por distintos grupos de whatsapp los audios provenientes de su número telefónico, a lo que siguieron los «pronunciamientos de solidaridad» por parte del tejido de relaciones del partido Voluntad Popular. La complicidad de algunos comenzó a entrelazarse con la solidaridad automática de otros. Maestros de base del país al escuchar los audios mostraron su escepticismo ante los hechos.
En diversos medios de comunicación se publicó la noticia del «secuestro y robo» de René Zapata y la exigencia de diversos sectores sindicales de su liberación.
«Los miembros del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital alertaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, sobre la desaparición forzada del secretario general de la Federación Venezolana de Maestros, René Zapata, quien dio el discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero por el Día del Maestro. Marlene Sifontes, dirigente nacional de la Alianza Laboral, denunció junto a sus compañeros que Zapata fue golpeado y secuestrado por los cuerpos de seguridad del Estado. Dijo que todos los movimientos sindicales del país exigen su liberación». (https://elpitazo.net/politica/sindicalistas-denuncian-desaparicion-forzada-del-maestro-rene-zapata/)
En las redes sociales personajes y organizaciones de la derecha tradicional venezolana, aglutinada alrededor de la figura de Juan Guaidó también hicieron la respectiva denuncia del secuestro.
EDUC. PJ. NACIONAL@1EROEDUCACION
Desde la Secretaria de Educación del Partido Primero Justicia exigimos la liberación del colega René Zapata y su esposa
dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros del estado Miranda.Hacemos un llamado a todos los colegas para activarnos en la lucha por la liberación
Nos solidarizamos con el compañero, colega y amigo Rene Zapata. Representante Gremial de la FVM Tuy Guaicaipuro, que ayer fue golpeado y desaparecido por el régimen de Nicolas Maduro. Practica de las dictaduras para silenciar a quienes disienten de las políticas del dictador.
El Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, ha denunciado la desaparición de René Zapata, dirigente de la Federación Venezolana de Maestros del estado Miranda, golpeado y secuestrado por los cuerpos represivos del Estado. Exigimos su liberación inmediata.
Que René Zapata hizo circular los audios, sin embargo ya en la tarde se tenía conocimiento que estaba bien y en su casa.
Que ni René Zapata ni su esposa jamás fueron detenidos saliendo de la sesión de la AN realizada en El Hatillo.
Que el Secretario General de SINVEMA Caracas, Edgar Machado, fue uno de los más activos para hacer circular la «noticia» en nombre de la organización sin tener el aval de los demás miembros de la junta directiva del sindicato.
Que incluso circuló que Voluntad Popular habría financiado a Zapata una cantidad de dinero para «movilizar» a los maestros el día 16 de Enero, para quitarle protagonismo al Día del Maestro y reforzar el llamado de las federaciones para el día siguiente.
Que el Derecho de palabra en la Asamblea Nacional, lo hace por ser el Coordinador Nacional del Movimiento de Trabajadores del Partido Voluntad Popular, apegado a Juan Guaidó, y no por ser vocero ni mucho menos representante de la base magisterial.
Que la movilización realizada el día 15 de Enero y que fue atacada con excrementos y orina no tiene nada que ver con los directivos de la FVM, ni con Voluntad Popular y algunos de los partidos aglutinados alrededor de la figura de Guaidó. Es un movimiento por las reivindicaciones salariales y de defensa de la educación muy amplio, diverso y heterogéneo, que se autoconvocó.
Muchos percibieron estar ante la creación de un «falso positivo» para quitarle protagonismo a la lucha magisterial que se da por la base. Su intención sería crear la matriz de que todo aquel maestro o maestra indignada por sus condiciones laborales y contractuales o que levanta la voz en defensa de una educación en la que se promueva el pensamiento crítico y se valore la labor docente, está detrás de esta «jauría de burocrátas» (según palabras de docentes).
Para docentes de base, René Zapata, Secretario General de la FVM de Miranda y Coordinador Nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular sería expresión de la manera como este sector pretende cabalgar las verdaderas necesidades del gremio docente para usarlo para sus propios inetereses.
Fuente e Imagen: https://www.aporrea.org/contraloria/n351121.html
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso e infantil, y declaró 2021 como el año para la Eliminación del Trabajo Infantil: el desafío previsto para 2025 se adelantó en cuatro años y se la ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo que asuma el liderazgo de la implementación.
Recordaremos que esta resolución subrayaba el compromiso de los estados miembros de “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”
La Asamblea General reconoció la importancia de los convenio sobre la Edad mínima (1999, número 138) y sobre las peores formas de trabajo infantil (1999, número 182) –cuya ratificación por los 187 estados miembros de la OIT es ya casi universal– así como la de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Reconoció también la importancia de “revitalizar las alianzas mundiales para asegurar la aplicación de la Agenda 2o030 para el Desarrollo Sostenible, incluida la consecución de los objetivos y las metas relativas a la erradicación del trabajo infantil”.
Es cierto que en los últimos años se ha logrado una evolución sustancial, en buena medida debido a la intensidad de las campañas de promoción y a la movilización nacional respaldada por medidas legislativas y prácticas. Solo entre 2000 y 2016, la reducción mundial del trabajo infantil en el mundo fue del 38 por ciento.
“En los dos últimos decenios, la lucha contra el trabajo infantil ha cobrado un impulso extraordinario”, dijo Beate Andrees, Jefa del Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
“Sin embargo, a nivel mundial sigue habiendo 152 millones de niños inmersos en el trabajo infantil. Es evidente que tenemos que intensificar más las actuaciones, y la decisión de la Asamblea General de declarar 2021 el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil será de gran utilidad para centrar la atención en los millones de niñas y varones que aún trabajan en el campo, las minas y las fábricas”, añadió.
Mientras tanto Argentina asumió el liderazgo de la promoción de este compromiso internacional, como seguimiento de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trbajo Infantil, celebrada en Buenos Aires en noviembre de 2017.
La resolución recibió el apoyo de 78 países. “Esperamos que este sea un paso más en la intensificación de los esfuerzos y el avance, día a día, hacia un mundo en el que ningún niño sea sometido al trabajo infantil o a la explotación y un mundo en el que el trabajo decente para todos sea una realidad”, dijo Martín García Moritán, delegado de Argentina ante las Naciones Unidas.
La agenda, un capricho de corte maquiavelista
Las sanas prescripciones de la moralidad por los cálculos del interés y la descarada persecución del triunfo constituyen lo que se acostumbra a llamar maquiavelismo. Es tristemente indiscutible que el maquiavelismo no tiene fecha, no pertenece a ningún país porque este es tan antiguo como extenso tan universal como lo es la propia perversidad humana.
Pero, por triste ironía del destino, fue la Argentina de Mauricio Macri con sus actuales políticas económicas fondomonetaristas, que generan más precariedad, más pobreza, más injusticas asuma el liderazgo de la promoción de este compromiso internacional. Pero más allá de las agendas no deberíamos olvidar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen un compromiso mundial de poner fin al trabajo infantil.
En concreto, la Meta 8.7 de los ODS exhorta a la comunidad mundial, entre otras cosas, a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, (ahora 2021) poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
Las estimaciones de 2016 cuentan una historia con relatos disimiles sobre los avances reales y el trabajo por concluir. Por un lado, dan cuenta de la notable reducción del trabajo infantil durante el período de 16 años que se inició cuando la OIT comenzó a supervisarlo en 2000.
Por el otro, las estimaciones señalan también la retracción considerable del ritmo de esta reducción en los últimos cuatro años, precisamente en un momento en que se necesita un ímpetu vertiginoso para cumplir la ambiciosa meta de haber erradicado el trabajo infantil en 2025 (ahora 2021).
En el período 2012-2016, el número de niños en situación de trabajo infantil se redujo en 16 millones, apenas un tercio de la reducción en 47 millones alcanzada en el período anterior (2008-2012). En términos relativos, la proporción de niños en situación de trabajo infantil se redujo solo un punto porcentual entre 2012 y 2016, mientras que en el cuatrienio anterior disminuyó tres. La disminución del trabajo peligroso mostró un resultado similar.
Una simple proyección de avances futuros basada en el desempeño de 2012 a 2016 —si todo siguiera igual— indica que en 2025, 121 millones de niños estarían aún atrapados en una situación de trabajo infantil, y 52 millones de ellos, en trabajos peligrosos. Un cálculo similar indica que, aunque hubiésemos mantenido el ritmo del período 2008-2012, que fue el más ágil registrado hasta la fecha, tampoco hubiese sido suficiente.
Cifras mundiales
-152 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad se encuentran en situación de trabajo infantil; casi la mitad de ellos, esto es, 73 millones, realizan trabajos peligrosos.
-El trabajo infantil peligroso es más prevalente entre los niños de entre 15 y 17 años. Sin embargo, la cuarta parte de todos los niños que realizan un trabajo peligroso (19 millones) son menores de 12 años.
-Casi la mitad (el 48 por ciento) de las víctimas de trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; el 28 por ciento, entre 12 y 14 años; y el 24 por ciento, entre 15 y 17 años de edad.
-El trabajo infantil se concentra sobre todo en la agricultura (el 71 por ciento), que abarca la pesca, la silvicultura, la cría de ganado y la acuicultura –el 17 por ciento, en los servicios; y el 12 por ciento en el sector industrial, incluida la minería.
Características del trabajo infantil: la historia de dos relatos
El sector agrícola concentra, y de lejos, la mayor proporción de trabajo infantil. La agricultura absorbe el 71 por ciento del total de niños en situación de trabajo infantil, es decir, más de 108 millones de niños en términos absolutos. El trabajo infantil se concentra principalmente en el cuidado de ganado y la agricultura comercial y de subsistencia, y suele ser peligroso por su propia naturaleza y por las circunstancias en las que se realiza.
El número de niños en situación de trabajo infantil en los sectores de servicios e industria es de 26 y 18 millones, respectivamente, pero es probable que estos sectores adquieran mayor importancia en algunas regiones, en razón de fuerzas tales como el cambio climático, que obliga a las familias a dejar las fincas y trasladarse a las ciudades.
Según las estimaciones mundiales de 2016 sobre la esclavitud moderna, alrededor de 4,3 millones de niños menores de 18 años son víctimas del trabajo forzoso, lo que equivale a un 18 por ciento del total de 24,8 millones de víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo.
Esta estimación incluye a un millón de niños en situación de trabajo forzoso víctimas de explotación sexual forzosa, tres millones en situación de trabajo forzoso para otras formas de explotación laboral, y 300.000 niños en trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado.
Muchas veces al definir el trabajo infantil se muestra una posición ambigua y contradictoria. Por más que las razones para combatir el trabajo infantil sea una obviedad, esta vara varía según sean los intereses. Aquí se admite la gravedad del problema, pero establece cuasi subrepticiamente que exigir la desaparición del “trabajo infantil” es inconveniente para las familias que sobreviven de los ingresos que obtienen de él.
De esta forma se afirma ambiguamente que el trabajo no es perjudicial para el niño y que, al contrario, estimula su independencia, confianza en sí mismo y lo dota de habilidades que le serán útiles en trabajos futuros. Los niños se sienten, así, satisfechos de sentirse útiles y de contribuir con el gasto familiar, dejando de ser una carga económica.
Pero las actuales formas extremas de trabajo infantil, en la que los niños sufren tanto el efecto de las condiciones del trabajo peligroso como el trauma de la coacción, la amenaza de una pena y la falta de libertad, requiere la adopción de medidas urgentes por parte de los gobiernos y la comunidad internacional.
El Estado y la sociedad deberían entonces alentar la protección de estos niños y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. El resultado es que estamos todavía muy lejos de alcanzar el mundo que deseamos: 152 millones de niños aún son víctimas del trabajo infantil, y casi la mitad de ellos, se encuentran en sus peores formas de explotación. Visto lo visto ¿sera 2021 una expectativa real?
Uruguay / 30 de junio de 2019 / Autor: Pablo Silva Galán / Fuente: Caras & Caretas
La Federación Nacional de Profesores (Fenapes) presenta este viernes una nueva investigación sobre el proceso de mercantilización de la educación en Uruguay. En ella se revelan los mecanismos tendientes a generar el desprestigio de la educación pública para facilitar el ingreso de corporaciones privadas en el sector.
Uruguay cuenta con un fuerte sistema de educación pública que en los últimos tiempos ha comenzado a ser erosionado por intereses financieros privados que ven en el sector una oportunidad de negocios. Ese proceso de mercantilización es analizado en la investigación “El avance privatizador en la educación uruguaya: discursos y políticas”. Según explicó a Caras y Caretas el dirigente de Fenapes José Olivera, esta situación es parte de un proceso mundial.
Recordó Olivera que Fenapes integra la denominada Internacional de la Educación, una federación presente en 37 países con más de 200 organizaciones afiliadas que representan a unos 300 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación. Fue esta organización, que tiene a acción a nivel mundial y participación en ámbitos internacionales como Unesco, Unicef, OIT, la que en su último congreso en 2015 definió comenzar una campaña mundial frente al comercio y la privatización de la educación. “Esto se hace porque se comenzó a visualizar, a nivel mundial, que había una ofensiva muy grande del sector privado, no la educación privada como la conocimos históricamente, sino de grandes corporaciones financieras que ven en la educación y en torno a lo que en ella se mueve una oportunidad de negocios”, explicó.
“Es multimillonaria la cifra que se mueve en torno a la educación a nivel mundial y las principales corporaciones, grandes instituciones financieras y organismos internacionales, como el BID para el caso de América Latina, o la propia OCDE, comenzaron a generar las condiciones para promocionar la participación de estos sectores en el sistema educativo, creando lo que se llama el mercado educativo”, agregó.
Esto se hace con un doble objetivo: económico, “para obtener una ganancia, transformando a la educación en lugar de un derecho, y por lo tanto la existencia de un sujeto de derecho que la pueda ejercerlo, en una mercancía que se puede comprar o vender en un espacio llamado mercado”. Allí concurren “no los ciudadanos sujetos de derecho, sino los consumidores y clientes. Este es el esquema mundial que se comienza a visualizar como problemático en términos del sistema educativo y esta es la parte más económica”.
Pero también hay una parte política e ideológica, y consiste en que los Estados “generen las condiciones para dejar un buen sector del sistema educativo en manos de privados. Comienza a hablarse de costo/beneficio, eficacia y eficiencia, de calidad educativa, no de educación de calidad, y básicamente reserva a los Estados encargarse de la educación a través de los sistemas públicos para los sectores más pobres”.
Bajo este esquema se promueve el llamado currículum mínimo. “Esto es la formación en competencias y habilidades para el mercado laboral. Se habla de la formación de capital humano, es decir, la mano de obra que el mercado de trabajo requiere, mientras que para los futuros gobernantes se les reserva el espacio del conocimiento como espacio privilegiado”.
En este proceso “van a promover la descalificación de lo público y la elevación de lo privado como verdadero y de buena calidad. Van a escandalizar y llamar crisis de la educación pública, como diciendo que los Estados no pueden con la educación pública. Van a utilizar los medios masivos de comunicación, que son también empresas, para promover esta idea en la sociedad de que lo público es peor que lo privado, o al revés, que lo privado es mejor que lo público. Que la crisis en la educación pública es irreversible y por lo tanto hay que buscar otros mecanismos. Van a atacar a los docentes y sus organizaciones representativas”.
Ante esta realidad se define en Canadá, en 2015, la campaña mundial. Una primera investigación demuestra que no había una gran información. “Esa investigación dice dos cosas muy interesantes en torno a la situación de América Latina. Una, que es la región que más ha avanzado en este esquema. Un ejemplo muy fuerte es el de Chile y la reforma de la educación de [Augusto] Pinochet, que claramente establece el sistema de mercado en su formato más duro. En Uruguay se habla de un estado de latencia. Hay una privatización latente. Es decir, hay un embrión que está latiendo en un discurso promercado, de privatización, en un país que tiene fuerte presencia de la educación pública”.
Por esta razón “entendimos que había que profundizar porque visualizamos la presencia fuerte de organismos como el Banco Mundial o el BID, que vienen desde los 90 con la reforma Rama, pero que nunca se fueron del sistema educativo uruguayo. De hecho, hoy Uruguay tiene préstamos con estas instituciones. Vemos una presencia cada vez más importante de la OCDE promoviendo este sistema. Hay un informe de 2017 de la OCDE que le recomienda ciertas cosas a Uruguay sobre su política educativa. Y vemos una política constante y sistemática contra la educación pública en los medios masivos de comunicación y el surgimiento de algunos fenómenos, como pueden ser Eduy21, la proliferación de liceos públicos de gestión privada, Ceres, con Talvi a la cabeza, planteando la creación de colegios de excelencia”.
Una segunda investigación, que fue presentada el año pasado -Privatización educativa en el Uruguay. Políticas, actores y posiciones-, revela, entre otras cosas, que en Uruguay “hay una privatización de la política pública. Esto es los partidos, las organizaciones sociales, sindicales, quedan excluidas de la definición de lo que hay que hacer en la educación y esa construcción de la política educativa queda en manos de supuestos expertos que se presentan como un movimiento apolítico y promueven un plan de reforma educativa. Incluso por arriba de los partidos políticos, lo cual implica también en cierta medida una deslegitimación del sistema democrático representativo”.
Otro tema que aparece en la investigación es que Uruguay tiene el sistema más grande de subvenciones a la oferta educativa privada. “Acá lo que se subvenciona mediante exoneraciones fiscales es la oferta educativa privada y aun así hay colegios que se funden o hay sistemas de transferencia de recursos públicos que financian centros como el Jubilar”.
En tercer lugar aparece el papel de los medios masivos de comunicación en la formación de estas fundaciones como Eduy21 o el sistema de reclamar fondos públicos para la actividad privada.
En función de eso, “encargamos una investigación sobre dos aspectos: el papel de los medios de comunicación en torno a la promoción y mercantilización de la educación y, por otro lado, el sistema de exoneraciones fiscales. De ahí que surge este libro”.
“Queda evidenciado, a través del estudio de la prensa, que hay una acción decidida desde el punto de vista político de tomar partido por la construcción del sentido común en torno a la crisis de la educación pública”.
Revela dos elementos centrales: el sistema de exoneraciones fiscales que en Uruguay trae una larga data. “Acá se encuentra que con la reforma tributaria de 2007 y un cambio en la normativa del artículo 358 de la Rendición de Cuentas de 2013, se modificó el sistema y amplió los beneficios fiscales así como los posibles donantes”.
Señaló que otro elemento es la Participación Público Privada y recordó que se anunció hace poco la construcción de locales educativos bajo esta modalidad. “Esto significa que por 25 años se le va a estar pagando a empresas privadas el canon correspondiente por la utilización de esas obras por mantenimiento, limpieza y seguridad”.
“Este régimen, construido en los años 80 en Inglaterra, hoy está descartado en Europa incluso por la OCDE y el Banco Mundial, que han dicho que es un sistema que ha sido más costo. En Uruguay esto no se discutió, hay obras que están en curso que por 25 años van a implicar transferencias de fondos públicos al sector privado”, finalizó.
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