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La educación privada en tiempos de mala educación pública

Por Juan María Segura

Mientras un nuevo paro docente vuelve a la primera plana de los medios y a la consideración de la población -que suele preocuparse cuando esto ocurre, bajo la creencia de que cuando hay clases todo transcurre con normalida-, los resultados del Operativo Aprender van pasando a un segundo y lejano plano.

Debo confesar que me entusiasmo mucho cuando aparecen datos como los publicados por el gobierno sobre este tema, más allá de lo que muestren y de cómo salga el país en la fotografía. Los dos informes de resultados de primaria y secundaria subidos a la página web del Ministerio de Educación de la Nación días pasados son un recurso analítico de extraordinario valor, no solo por la calidad propiamente dicha de sus datos y observaciones, sino también porque corresponden a una evaluación tomada hace escasos meses. Son muchos datos, y son actuales, aportando una pequeña mirada comparativa, y abriendo la posibilidad de delimitar con mayor precisión el contorno de los problemas a resolver, que son una cantidad y son complejos.

La publicación de los citados informes se suma a estadísticas y análisis que desde otros sectores han comenzado a sistematizarse, sea desde el sector privado (por ejemplo, del Centro de Estudios de Educación Argentina, de la Universidad de Belgrano), desde la sociedad civil (por ejemplo, del Observatorio Argentinos por la Educación) o desde organismos multilaterales (por ejemplo, la OEI y el Diálogo Interamericano acaban de publica un valioso trabajo sobre el estado de las políticas públicas docentes).

El Operativo Aprender durante 2017 hizo foco en la medición de los aprendizajes de ciencias sociales y naturales en grado 6, y de lengua y matemática en grado 12. La información es abundante, ya que se procesaron 900 mil exámenes (casi el doble de evaluaciones que se completan en las pruebas PISA) provenientes de 30 mil establecimientos educativos, y casi toda la discusión pública giró en torno a si había o no progresos en algunas mediciones en comparación con el año o la medición anterior.

Más allá del poco progreso mostrado en los aprendizajes entre Operativos (a mi juicio, dentro de lo esperable), me interesó especialmente la mirada comparativa entre la educación de gestión estatal y aquella de gestión privada. Ahora sabemos con contundencia que los alumnos aprenden mejor en las escuelas de gestión privada en todos los contenidos evaluados. Se vuelve a dejar en evidencia la gran brecha que separa ambos niveles de aprendizajes, agregando ahora el dato de que en el nivel socioeconómico (NSE) bajo solo el 4% del alumnado de primaria asiste a escuelas privadas, mientras que en el NSE alto lo hacen el 64% de los alumnos del mismo segmento educativo. En la escuela secundaria pasa algo parecido, con 10% del NSE bajo en escuela privada, contra un 67% en el NSE alto. El dato novedoso, sin embargo, es que en las escuelas de gestión privada los alumnos miden mejor aún cuando se hace la apertura por NSE. El NSE bajo de la privada mide mejor que el propio de la pública, y lo mismo con los NSE medio y alto. Eso significa que la escuela de gestión privada, para un mismo NSE, ofrece mejores oportunidades de aprendizaje en todos los campos curriculares medidos. No podemos enojarnos con el Presidente cuando habla de «caer a la escuela pública», pues estos informes lo están dejando planteado con claridad.

Estos datos son inquietantes, pues hablan a nivel sistema de la falla estructural que está teniendo el funcionamiento de la escuela pública en todo el país. Por supuesto que no toda escuela pública funciona mal, pero a nivel sistema tenemos un problema de gran magnitud y complejidad, que en parte explica que Argentina ya posea el 29% de sus alumnos escolares en escuela de gestión privada, con o sin subsidio estatal.

Los padres saben que los chicos aprenden mejor en instituciones en donde se falta menos, en donde la infraestructura es mejor, en donde se repite menos de grado, en donde hay más materiales didácticos y recursos pedagógicos, y en donde estos se cuidan como propios. Existe en los informes una gran cantidad de información sobre clima escolar, alimentada por la opinión de los alumnos y los docentes. Una pena que no se haya respetado la misma apertura realizada en la medición de aprendizajes (publica y privada, rural y urbana), pues estoy seguro se hubiese verificado con claridad lo anterior.

No tenemos que enojarnos con aquellos que huyen hacia la escuela privada. Todo lo contrario, en especial para los que pertenecen a los NSE más bajos. La escuela privada es un mecanismo de protección, caro y no apto para todos, pero de resguardo al fin, para evitar que las malas políticas y los dirigentes gremiales egoístas exploten a nuestros hijos.

Mire que interesante lo que pasó con la provincia de Neuquén en el Operativo Aprender. Del total de los establecimientos educativos de la provincia propuestos para realizar la medición, solo funcionaron un 52% en primaria (versus un promedio nacional del 91%) y un 64% en la escuela secundaria (versus un promedio nacional del 95%). Es la provincia que presentó valores más bajos de adhesión al operativo, tanto a nivel de establecimiento como a nivel de alumnos (32% vs 75% de promedio nacional en primaria, y 33% vs 66% de promedio nacional en secundaria – solo mejor que Santa Cruz, con apenas el 31% de los alumnos completando el operativo). Ahora, cuando uno hace la apertura de las escuelas por tipo de gestión, en la primaria pública completaron el operativo apenas el 25% de los alumnos, en comparación con el 75% de la privada. En la escuela secundaria pasó lo mismo, con 29% de la pública versus un 55% de la privada. ¿Por qué esta provincia tuvo niveles tan bajos de adhesión a un operativo tan importante de medición de la calidad de los aprendizajes? Pues porque los gremios locales llamaron a un paro ese día, y la fotografía de los aprendizajes casi no se pudo sacar…. salvo para los que lograron escapar hacia la escuela privada.

En casi todas las mediciones provinciales se recabaron más datos (y por lo tanto se logró mayor confianza en los resultados) en los establecimientos de gestión privada, tanto a nivel de escuela primaria (+14% de promedio nacional) como secundaria (+21% de promedio nacional).

Por lo tanto, cuidado con la forma en la que hacemos referencia hacia la escuela de gestión privada, pues para muchos padres y madres está resultado una forma de liberarse de la esclavitud de los malos dirigentes educativos y de las políticas públicas conniventes pensadas más para los grandes que para los chicos.

Nuevamente, celebro tener tantos datos, celebro que podamos arriesgar miradas e hipótesis, y celebro el ocaso de los opinólogos y engatusadores de siempre. El país necesita acordar la forma en la cual dará respuesta a estos graves problemas de aprendizaje con los cuales estamos condenando a nuestros pequeños.

Fuente: https://www.infobae.com/opinion/2018/04/10/la-educacion-privada-en-tiempos-de-mala-educacion-publica/

Imagen tomada de: http://www.elsoldenayarit.mx/site/images/notas/58434_17_2018022700724_117privada.jpg

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Reformas educativas en Latinoamérica. Derecho a la educación en Argentina

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ)

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente

La tensión entre la lógica de la educación como derecho o como servicio a ser intercambiado en el mercado, atraviesa la historia reciente en la Argentina. La matriz fundacional de la educación moderna que priorizaba la formación del ciudadano y del trabajador, está muy arraigada en este país de fuerte inmigración, que encontró en la escuela uno de los principales lugares de inserción y movilidad social.

Con la dictadura militar iniciada en 1976 comenzó a instalarse el mercado educativo, que luego se profundizó en los gobiernos democráticos especialmente en la década de 1990. Una nueva etapa se inició en el 2003 durante los gobiernos nacional populares de Néstor Kirchner (desde el 25 de mayo de 2003) al que siguió el de Cristina Fernández de Kirchner (10-12-2007-09-12-2015).

Durante esos años el sector educativo, en el marco de las políticas sociales, estuvo orientado a la ampliación de derechos e inclusión. Se realizaron transformaciones muy importantes, pero también quedaron muchos aspectos pendientes. Sobre esas debilidades se asienta el discurso educativo de esta nueva derecha, a partir de la asunción del presidente Macri en diciembre del 2015.

Dos leyes fundamentales marcaron la gestión kirchnerista en el terreno educativo. En el 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional No. 26.206 se derogó la Ley Federal de Educación N° 24195 de 1993, de inspiración neoliberal. La educación pasó a ser considerada como un “bien social y responsabilidad común” (Art.1), “bien público y un derecho personal y social” y se estableció que ese derecho “está garantizado por el Estado nacional” (Art. 2). Una segunda Ley fundamental promulgada también en el 2006 fue la Nº 26075, conocida como Ley de Financiamiento Educativo, que estableció la aplicación del 6% del PBI al sector, y el apoyo nacional a las jurisdicciones para garantizar un piso salarial común. [1]

Ese proceso democratizador caducó con la llegada al gobierno nacional de la Alianza Cambiemos en diciembre del 2015. El modelo educativo de mercado nuevamente pasó a ser asumido por la política nacional, pero a diferencia de las décadas del setenta y noventa, está ahora mucho más afinado, y ha mejorado su forma de ser comunicado al conjunto de la sociedad. Las declaraciones y documentos formales son cuidadosos en las formas teniendo en cuenta la fuerte tradición de la cultura argentina de defensa de la escuela pública, respeto al trabajo docente y a la creencia en la movilidad social por los créditos escolares. Pero en algunos momentos, quizás por descuido o porque también representa parte de lo que somos como sociedad, los principales funcionarios deslizan frases o ideas que causan estupor y a veces escándalo, y suelen ser rápidamente reproducidas en las redes sociales. Por ejemplo: “esta es la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas con educación”, dijo el que fuera primer ministro de Educación de este gobierno – Esteban Bullrich -, en setiembre del 2016, al inaugurar el Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro, haciendo alusión, en el propio territorio de la Patagonia Argentina, a la masacre a los pueblos originarios ocurrida a fines del siglo XIX, que la historia oficial y conservadora enalteció con esa denominación.

En marzo del 2017, a tres semanas de inicio de paros docentes en varias provincias, el presidente Macri presentó los resultados de las ya conocidas pruebas estandarizadas de resultados escolares, ahora llamadas Operativo Aprender. Señaló los resultados como “dolorosos”, y acuñó una expresión que se hizo histórica, descubriendo que existe una: “terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada y aquel que tiene que caeren la escuela pública”. Con esta frase, el presidente inauguró el discurso oficial de desprestigio de la escuela pública y a sus docentes, dando cuenta de su posicionamiento privatizador de la educación.

Sin embargo, no les está resultando tan fácil imponer su proyecto. Han encontrado, como ellos dicen, una “pesada herencia”. La gestión kirchnerista produjo avances en el derecho a la educación que no son fáciles de remover, sobre todo cuando son ancladas en bases normativas o institucionales, o en la conciencia social. Por ello, el nuevo gobierno debió enfrentar una cultura de valorización de la escuela y los maestros, cuyo arraigo en la historia nacional se fortaleció en esos años.

La primera medida que generó malestar fue un cambio de nombre. El que fuera Ministerio de Educación pasó a llamarse Ministerio de Educación y Deportes. Al poco tiempo, nos fuimos dando cuenta que la propuesta de supuesta ampliación de la jornada escolar tan prometida, se realizaría por fuera de la escuela, en algún tipo de articulación con instituciones deportivas y extra escolares. A dos años de gobierno no se formularon precisiones ni se produjeron avances al respecto.

Lo más grave de esos primeros días de comienzo de gestión fue que en Ley de Ministerios,  a través del DNU No 13/2015, -en algo que luego se aclaró que se había tratado de un “error”- se hizo referencia a un conjunto de normas sancionadas durante los años noventa, ya caducas (Ley Federal de Educación No 24.195 ya mencionada, la Ley de Educación Superior No 24.521 y el Pacto Federal Educativo, Ley N° 24.856), y desconociendo abiertamente las leyes de Educación Nacional, de Educación Técnica, de Educación Sexual y de Financiamiento Educativo, sancionadas durante la gestión precedente.

Apenas asumidas las funciones, en el 2016, comenzó la desarticulación de programas. A pesar de las luchas y la conflictividad gremial y social, el gobierno desarmó los equipos nacionales del Plan Nacional de Lectura, los programas de Memoria, Educación Sexual Integral, Comunidad y Convivencia Escolar y Políticas Universitarias. Otros importantes programas, como el de Finalización de la Estudios Secundarios (FinEs) fueron vaciados de financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, quedando su suerte en manos de las decisiones provinciales, perdiendo el status de proyecto nacional. Otro tanto ocurrió luego con los diversos proyectos del Instituto Nacional de Formación Docente que, de a poco fueron cerrando, y dejaron un vacío que apenas comienza a ser completado con propuestas y mucha incertidumbre.

Más difícil les está resultando avanzar sobre aspectos afianzados en la Legislación, y sobre todo desarticular los sujetos políticos con capacidad de plantear una oposición y construir alternativas. Este último punto parece ser en el que más energías han puesto en estos dos años, a costa de producir avances significativos en el plano de la gestión. La conflictividad gremial a nivel nacional y jurisdiccional ha acompañado al gobierno de modo constante, pero un punto central ha sido el cierre del espacio nacional para la discusión paritaria. Con esa medida el gobierno no sólo debilita a los trabajadores de la educación, sino que contribuye a una desarticulación del sistema educativo, y genera las condiciones para el desarrollo de un escenario que permita una apertura al mercado educativo internacional. Queda a la vista que no desperdicia espacios internacionales de encuentro para avanzar en esa dirección.

Por ello se ha dado una estrategia progresiva de diseño de políticas en fuerte acuerdo con los gobernadores, incluso de diversas líneas políticas.[2] En febrero del 2016, en el marco del Consejo Federal, se firmó la llamada Declaración de Purmamarca, nombre de la ciudad donde se realizó la reunión. No obstante la diversidad de colores políticos de los gobernadores, los documentos que se produjeron en su seno fueron muy negociados, y no pudieron sino basarse en la legislación heredada, que, recordemos, sostiene que “la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado, acorde a lo establecido por las leyes nacionales vigentes.”
[3]

Los lineamientos de política que plantea son también de corte democratizador, aunque, al igual que la declaración de principios, no dejan de ser una expresión de deseos en la medida en que no expone los mecanismos de gestión ni los recursos para su concreción. Posiblemente sea por eso que se han realizado muy pocos avances a la fecha, bastante lejos de la Revolución Educativa que se proponía.

En julio de ese primer año de gobierno, nuevamente se acordaron una serie de líneas de política conocida como “Compromiso por la educación”, el cual se define como la creación de un ámbito de debate, con participación de los individuos, a nivel sobre todo jurisdiccional. Sin embargo, no parece haber tenido trascendencia en instalar territorialmente un movimiento de apoyo al sector.

En septiembre del 2016 se acordó en el mismo ámbito interprovincial el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende”. En éste se reafirman nuevamente los principios de la ley Nacional de Educación, sosteniendo la responsabilidad indelegable del Estado y se reconoce a la educación como bien público y como derecho personal y social.

Al inicio del ciclo lectivo del año siguiente, en el marco de una fuerte conflictividad, sobre todo por la negativa del gobierno de convocar a una paritaria nacional docente y, como se mencionó antes, en el marco de la presentación de resultados del Operativo Aprender, el presidente de la Nación anunció que enviaría al congreso un proyecto de ley para el decenio 2016-2026. Eso produjo muchas críticas, tanto por el modo completamente inconsulto de su elaboración, su escasa articulación con la normativa vigente, como por los errores diversos en su formulación. Plantea seis dimensiones estratégicas y áreas prioritarias de acción, pero, como en los documentos anteriores, no establece el modo en que esas metas se lograrían, cuál sería el grado de participación provincial y nacional, ni la inversión que suponen. Parecería que se trató únicamente de una estrategia para lograr impacto mediático.

En fin, ha habido producción de documentos y firma de acuerdos con los gobiernos jurisdiccionales, que no se han traducido en un plan de trabajo que especifique mecanismos de gestión y asignación de recursos.

A pesar de los escasos avances realizados en la ampliación del derecho a la educación, no se trata de una improvisación ni la ausencia de una prospectiva de mediano plazo. Se busca generar una transformación profunda de la tradición escolar Argentina, en la valoración del espacio público y en el respeto al cuerpo docente. En el marco de un plan más general de mediano plazo, se pueden ubicar cinco puntos que se han formulado como lineamientos de política que resultan los más significativos.

El primero es la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad, sobre el que prácticamente no se ha avanzado en estos dos años, ya que requiere una importantísima inversión en infraestructura sobre la que poco se ha hecho. El segundo es la propuesta de Jornada extendida, que es parte del modo confuso en que formulan sus propuestas. Se trata, como dicen, de que la “escuela salga de la escuela”, a partir de articular trabajos con otras instancias vinculadas al deporte o la recreación, pero tampoco se han realizado avances de articulación institucional o de algún apoyo de gestión, hay apenas algunas experiencias organizadas a partir de iniciativas locales.

El tercer punto es el de la transformación de la escuela secundaria. Recién en marzo del 2018 el Consejo Federal aprobó el proyecto “Secundaria 2030”, se trata de una serie de lineamientos sobre los cuales cada provincia realizará sus planes. Lo más preocupante es la tendencia a vincularla fuertemente con las necesidades empresariales. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a implementarse en algunas escuelas públicas, el 50% del último año está destinado a trabajar en empresas y organizaciones.

Los documentos establecen un fuerte impulso a las pruebas estandarizadas, especialmente a través de la propuesta de Creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad. Se trata nuevamente de mecanismos de control, que ligan la mejora en la calidad con ese tipo de pruebas, más que con inversión y planificación estratégica.

El tema de la formación y capacitación docente es sin duda un capitulo central. Se ha desarticulado el Instituto Nacional de Capacitación Docente. En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se propuso la transformación de la carrera docente en nivel universitario, desarticulando los tradicionales Institutos Terciarios[4] sin claridad respecto a los mecanismos para su implementación, ni formulación del Plan de Estudios.

Respecto de las políticas universitarias, la Alianza Cambiemos ha recortado el presupuesto universitario en tres mil millones de pesos y comenzó el 2018 con un congelamiento de varias obras de infraestructura en las Universidades. Así también, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de quien dependen los organismos de investigación como el prestigioso CONICET, redujeron de manera sustancial las becas y el acceso a la carrera de investigador.

La cuestión presupuestaria no es el único golpe que resiste el sector: la apertura de convocatorias a proyectos con financiamiento del Estado a las Universidades Privadas da cuenta de la lógica de este gobierno. A su vez, una batería de artículos y notas en los medios de comunicación afines a Cambiemos propone el arancelamiento de la Universidad Pública y diferentes mecanismos de limitación del acceso a carreras de grado.

La sanción, hacia finales de 2015, de una modificatoria propuesta por la entonces diputada Adriana Puiggrós a la Ley de Educación Superior les obstaculiza por el momento una avanzada privatizadora de la Universidad Pública, sin embargo, la mercantilización de la educación superior avanza en nuestro país de la mano de convenios con privados en diferentes modalidades: plataformas virtuales, equipamiento de laboratorios, compra/venta de patentes, bancarización de trabajadores, etc.

A dos años de iniciado este gobierno, parece haber más declaraciones que logros; y parecería también que las energías más importantes han sido el debilitamiento de los sectores sindicales y las organizaciones sociales.

En fin, si bien los documentos oficiales no pueden sino basarse en la legislación heredada y reconocer la educación como derecho, las formulaciones de política concreta en general sólo son, en el mejor de los casos, expresiones de deseos que no establecen ni mecanismos de gestión ni administración de recursos para su implementación. Mientras tanto, las políticas educativas efectivamente implementadas en algunas jurisdicciones, están marcadas por el desfinanciamiento, argumentadas en el progreso individual, y en lógicas de inserción en el nuevo mundo empresarial. No hay una preocupación por la formación del ciudadano, la consolidación del lazo social, y están lejos de sostenerse en el principio del derecho.

[1] La República Argentina está organizada de modo federal, en veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es además la capital de la República. Tanto las provincias como la Ciudad son jurisdicciones autónomas con poderes políticos, económicos y administrativos propios. Por lo tanto, existen leyes nacionales que regulan el sistema educativo, pero también cada provincia tiene su propia normativa y sus propias estructuras para el sector.

[2] El espacio común para la concertación de políticas es el Consejo Federal de Cultura y Educación, creado por Ley Nº 22.047 del año 1979, conformado por los 24 ministros de educación, y presidido por el Ministro Nacional. El sistema educativo argentino está conformado aproximadamente por 40.000 establecimientos de los niveles inicial, primario, secundario y/o superior no universitario y más de 100 instituciones universitarias, con un total de más de 10.000.000 de alumnos.

[3] Consejo Federal de Educación (Argentina). (2017). Declaración de Purmamarca. Buenos Aires: [Ministerio de Educación y Deportes].

[4] Los Institutos terciarios o Institutos Superiores de Formación Docente o Técnica son las instituciones que dictan las carreras docentes.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reformas-educativas-en-latinoamerica-derecho-a-la-educacion-en-argentina/

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Argentina: Los chicos mejoraron en Lengua pero siguen mal en Matemáticas

América del sur/Argentina/22 Marzo 2018/Fuente: Diario de cuyo

El 60% de los estudiantes tuvo desempeño satisfactorio, logran comprender textos y leen mejor. Naturales se mantiene en lo alto.

Seis de cada diez estudiantes obtuvieron un desempeño satisfactorio en lengua y comprenden textos de acuerdo a los resultados del Operativo Aprender 2017, por lo tanto, leen mejor, lo que evidencia una mejora respecto a la evaluación del 2016, en la que fueron cinco de cada diez los que presentaban niveles por debajo del básico.

En matemáticas, en cambio, persisten los bajos índices respecto a la evaluación pasada, ya que siete de cada diez alumnos presentan niveles básicos o por debajo del básico y 4 de cada diez reconocen sólo conceptos elementales y únicamente pueden resolver problemas simples.

Los resultados fueron presentados ayer por el presidente Mauricio Macri durante un acto en la Escuela Nacional Superior Dr. Eduardo Costa de la ciudad bonaerense de Campana, junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En Lengua, en el nivel secundario, el 45,4% de los alumnos tuvo niveles satisfactorios de respuesta, el 17,1 llegó a un nivel avanzado, mientras que el 19,6 alcanzó un nivel básico y sólo el 17,9 tuvo bajas respuestas.

En la evaluación Aprender del 2016, la primera realizada en la gestión de Cambiemos, el 9,4% había alcanzado un nivel avanzado, el 44,2 satisfactorio, el 23,4 básico y el 23 por debajo del básico, siempre en alumnos de secundario.

El operativo 2017, que abarcó un universo de 877.000 alumnos, 309.000 de la secundaria y 568.000 de la escuela primaria, confirmó además que se mantiene la brecha educativa entre aquellos alumnos de alto y bajo nivel socioeconómico.

«En algún sentido hemos avanzado», aseguró Finocchiaro tras la presentación de los resultados y detalló que «la mejora sustancial» en lengua se debió, entre otros motivos, a «una fuerte capacitación docente» y a que «hubo una gran reacción del sistema con directores de escuelas que elaboraron estrategias para mejorar los resultados».

El ministro destacó que «para revertir el estancamiento en Matemáticas estamos evaluando algunas propuestas innovadoras, ya que si desde hace 30 años trabajamos de una manera y los resultados son siempre los mismos algo no está bien». En este aspecto remarcó que las líneas de acción tras estos resultados son reforzar el proyecto de Secundaria 2030, seguir trabajando con las 3700 «escuelas faro» -aquellas que tienen el nivel de desempeño escolar más bajo-, además de trabajar muy fuerte en matemática y en la formación docente.

El nivel de participación de los alumnos descendió un 5,6% respecto al operativo del 2016 y ello se notó especialmente en algunas provincias como Neuquén y Río Negro, donde los niveles de asistencia no llegaron al 50%. En 2017 se decidió tomar Lengua y Matemáticas para alumnos de quinto y sexto año de la secundaria y Ciencias Naturales y Sociales para los estudiantes de sexto grado del nivel primario.

Tanto en Ciencias Sociales como en Naturales, los resultados alcanzados confirmaron el crecimiento que se evidencia desde 2013.

En Sociales, el 66% obtuvo niveles satisfactorios de respuestas, lo que expone un crecimiento de 10 puntos respecto a la prueba ONE de 2013, mientras que en Naturales el 67% tuvo niveles satisfactorios y avanzados, aunque aquí el incremento sólo fue de 3,2 puntos respecto al 2013.

   La probreza como un sinónimo de inequidad   

La secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro explicó que «el estancamiento en Matemáticas es una tendencia global, mientras que el avance en Lengua es regional, aunque Argentina tiene el sistema educativo mas desigual de la región».

Duro señaló que esta inequidad «encuentra un fuerte determinismo en la pobreza y en otros factores asociados como el nivel socio educativo de la madre del alumno y destacó que «el 38% de los alumnos del secundario no respondió a las preguntas.

Otro fuerte dato que arroja el Operativo Aprender es que el 21% de los estudiantes evaluados trabajan fuera del hogar a la vez que van a la escuela, un porcentaje que la funcionaria del Ministerio de Educación estimó «alto y que interpela fuertemente al formato escolar».

Duro también destacó que la amplia brecha educativa que persiste entre los alumnos de niveles socio económico altos y los de bajos recursos se evidencia especialmente en el rendimiento en Matemática, la pata floja de la Educación. En los alumnos de sexto año del secundario, seis de cada diez de nivel socioeconómico bajo se ubican en el nivel mas bajo de desempeño.

Fuente: https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Los-chicos-mejoraron-en-Lengua-pero-siguen-mal-en-Matematicas-20180321-0076.html

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Operativo Aprender: preparativos del nuevo ataque a la educación pública en Argentina

Argentina/12 noviembre 2017/Fuente: La Izquierda Diario

En la jornada del 7 de noviembre se expresó un amplio rechazo al Operativo Aprender, con paros y movilizaciones. Las direcciones kirchneristas del Suteba y Ctera se opusieron “de palabra” a la prueba impulsada por el Gobierno, pero no convocaron ni una asamblea para organizar las acciones.

Desde uno de sus voceros oficiales, el diario La Nación, el Gobierno salió, como nos tiene acostumbrados, a vender espejitos de colores manifestando que en el 94% de las escuelas designadas se hizo la prueba.

Quieren hacer creer que pese al boicot impulsado por alumnos y gremios combativos junto a la comunidad educativa, la evaluación se concretó en la mayoría de los 31 mil establecimientos.

El “Aprender” es un operativo nacional de evaluación que con el argumento de medir el nivel de conocimientos de los alumnos de sexto grado de primaria y del último año de la secundaria, busca desacreditar a docentes y estudiantes y ganar apoyo social, como primer paso para avanzar en el ataque a la educación pública.

El Gobierno y sus funcionarios montan un show para mostrarse fuertes con apoyo popular y por eso oculta la defensa de docentes y estudiantes desde las escuelas y las redes sociales, en defensa de la educación pública. Pero la realidad fue más contradictoria. Así como el Gobierno está probando como encaminar el ataque, sin desatar la movilización popular. Los docentes y estudiantes empiezan a organizarse y ya dieron sus primeras respuestas.

La dirección kirchnerista del Suteba y Ctera mira para otro lado

Los gremios docentes de Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz, la seccional Rosario de AMSaFe junto a las seccionales combativas de Suteba realizaron un paro con un acatamiento desigual pero significativo. Fuerte en La Matanza, también en Lomas de Zamora y en Ensenada e importantes acciones en rechazo a las evaluaciones «estandarizadas» en Bahía Blanca, Tigre, Quilmes y Escobar

El Gobierno quiere demostrar de manera indiscutible que la educación pública atraviesa una crisis y que los responsables son los trabajadores de la educación, como manifestó el ministro de educación, Alejandro Finocchiaro, cuando atacó a Ctera y los gremios docentes.

La educación está en crisis pero por la política de los distintos gobiernos capitalistas que reducen el presupuesto educativo mientras pagan altísimos intereses por la cuantiosa deuda externa que generan y favorecen con subsidios a la educación privada que lucran con lo que es un derecho social. Y son los docentes, estudiantes y las familias los que defienden la educación del pueblo.

Finocchiaro: «La oposición a Aprender es de gremios de izquierda»

En el marco de la pelea por el balance del operativo Aprender 2017, Finocchiaro dice una verdad, que “la oposición al Aprender es de gremios de izquierda”. Esto es así ya que las direcciones kirchneristas de Ctera y Suteba se han negado a organizar el rechazo activo a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires como le reclamamos desde las asambleas y plenarios de delegados de los Suteba combativos, y en los hechos han sido los responsables de que el rechazo que hay entre los docentes no se haya expresado con una medida contundente.

Esta política de la dirección de Ctera y Suteba facilita que avance el plan del Gobierno contra la educación pública, y lo muestra fortalecido para avanzar con sus contrarreformas, tanto en educación, como la laboral y la previsional.

A pesar de este boicot de Ctera y Suteba a organizar el rechazo al operativo Aprender, las seccionales combativas de Suteba y la Lista Marrón (PTS e Independientes) en el Frente de Izquierda dimos una pelea en las escuelas junto a la comunidad educativa para rechazar el aprender. Como en Lomas de Zamora, San Martín-Tres de Febrero o Mar del Plata (donde dirige la lista de Baradel) o en La Matanza, Ensenada o Tigre (donde dirige la Multicolor) logrando en estos distritos del conurbano bonaerense, especialmente en los de la tercera sección electoral un importante acatamiento al paro y un alto rechazo al operativo aprender.

Junto con esto, la diputada nacional del PTS-FIT, y miembro de la Comisión Directiva del Suteba La Matanza Nathalia Gonzalez Seligra, presentó un proyecto parlamentario para que se suspenda el Aprender, por considerarlo la avanzada del ataque de conjunto, poniendo su banca al servicio de la defensa de la educación pública.

Seguir organizando la resistencia y exigiendo a los sindicatos y la Ctera que se sumen a la lucha

Este primer test de la docencia muestra que hay fuerzas para enfrentar el ajuste de Macri. Desde la Marrón (PTS-Independientes), en el FIT, directivas de los Suteba Multicolor de La Matanza, Ensenada, Bahía Blanca, Escobar, Quilmes y Tigre, y centenas de delegados y docentes de numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires nos damos el objetivo de fortalecer la resistencia tanto en el gremio docente junto a los estudiantes, como en unidad de acción con trabajadores y sectores populares que se organicen. Este jueves llamamos a participar de la convocatoria realizada por las y losobreros de PepsiCo en la carpa de Congreso.

A su vez les seguiremos reclamando a las direcciones de nuestro gremio y la Ctera que rompan con su política actual, y convoquen a asambleas de escuela o distritales y plenario provincial de delegados, para discutir y decidir cómo enfrentar el ataque del Gobierno.

Fuente: http://laizquierdadiario.com/Operativo-Aprender-preparativos-del-nuevo-ataque-a-la-educacion-publica

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Argentina: Una banca al servicio de la defensa de la educación pública

Nathalia González Seligra, diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda, docente y miembro de la directiva del Suteba La Matanza, presentó un proyecto de preocupación por el Operativo Aprender 2017 en el Congreso Nacional. A continuación dialogamos en relación a los anuncios del gobierno sobre educación.

América del Sur/Argentina/La IzquierdaDiario

Contanos de que trata el proyecto que presentaste

  •  Presenté un proyecto de preocupación para que el Congreso inste al Consejo Federal de Educación a dejar sin efecto las evaluaciones externas ordenadas por el Banco Mundial como es este operativo. Se trata de una evaluación inconsulta, que no da cuenta de la diversidad educativa que hay en el país, es realizada por aplicadores que no conocen a los alumnos que evalúan y ya han fracasado en otras partes del mundo como muestra que estén retirando de Europa las pruebas PISA.El Operativo Aprender ya se realizó en 2016, sin embargo no cambió un ápice la crisis que viene arrastrando la escuela pública gobierno tras gobierno, sino que los resultados han sido utilizados para responsabilizar a los docentes, para descalificar a la escuela pública en favor de la privada o como en el caso de Jujuy para cerrar carreras docentes con el argumento que hay sobre oferta de trabajadores de la educación. Hoy los docentes que defienden la educación pública, que se oponen al gobierno, sus planes de ajuste y las contrarreformas, rechazan el Operativo Aprender. En los Suteba de oposición como en La Matanza, donde hoy hay paro y movilización, hay miles de docentes que junto a sus alumnos y familias hoy no realizan las evaluaciones.

     El ministro FInocchiaro habla de revolución educativa, ¿Qué opinión te merece?

  •  El ministro Finocchiaro ni siquiera cumple con las promesas que realizó Macri en campaña como la construcción de 3000 jardines, en la provincia de Buenos Aires por ejemplo hay 638.000 niños entre 0 y 4 sin escolarizar. Presenta como novedosas las viejas recetas del FMI y el Banco Mundial para educación. El objetivo es imponer las contrarreformas educativas que tienen como modelo a Chile, con un modelo privatista y empresarial de la educación.Por ello es legítima la preocupación de los gremios junto a sectores de la comunidad educativa que, en el marco de las distintas reformas anunciadas el Gobierno, ven que hay un intento de avanzar contra la escuela pública, los derechos y las condiciones de trabajo en la educación, incorporando entre otras cosas el “premio al presentismo”, como ya se hizo en la provincia de Mendoza con el Ítem Aula, subir la edad jubilatoria y acabar con el 82 % móvil con el que se jubilan los docentes a tono con el intento de imponer una Reforma Laboral y Previsional en todo el país. También buscan utilizar esta reforma educativa para abaratar costos para los empresarios, tal como lo anticipa el proyecto “Secundaria del Futuro”, que introduce pasantías laborales gratuitas en los últimos años de enseñanza como si se tratara de prácticas educativas.

    Pero las cúpulas sindicales se han quedado en declaraciones nada más, por eso las conducciones de izquierda en Suteba y Ademys, exigen a la dirección de Suteba, UTE y Ctera pasar de las palabras a los hechos, ya que se han pronunciado contra las reformas. Hace falta que convoquen una masiva movilización como un primer paso en un plan de lucha que debe ser con la CGT y el conjunto de los trabajadores, en este sentido es la convocatoria que hacen los trabajadores de Pepsico este jueves al conjunto de los trabajadores y sindicatos que estén contra la reforma laboral.

    ¿Cómo se sale de la crisis educativa?

  •  Para dar respuesta a la emergencia en la que se encuentra la educación, hay que renacionalizar del sistema educativo, que el estado garantice el financiamiento necesario para sostener una educación 100 % pública, de calidad y al servicio de las necesidades e intereses de los trabajadores. El incumplimiento estatal es claro: ni el Estado nacional ni el Estado provincial, ni con este gobierno ni durante el kirchnerismo, pusieron los fondos necesarios para construir las escuelas ni para crear los nuevos cargos docentes.Hay que aumentar el presupuesto educativo al 10 % del PBI, terminar con el subsidio a la educación privada y dar becas integrales de media canasta familiar para que los estudiantes puedan terminar sus estudios secundarios y universitarios.

    Hace falta duplicar ya el salario docente y que una jornada laboral docente de 6 horas (4 frente a clase y 2 extra clase) cubra la canasta familiar, con capacitación permanente en servicio. Esta es la única manera de empezar a debatir poner la educación como una prioridad para que todos los niños y jóvenes en edad escolar puedan formarse como merecen.

    [09:30, 7/11/2017] Vale Fgl:

    Proyecto de resolución – Operativo Aprender by La Izquierda Diario on Scribd

Fuente: http://laizquierdadiario.com/Una-banca-al-servicio-de-la-defensa-de-la-educacion-publica

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Comunicado de CTERA: Los operativos de evaluación “Aprender”,“Enseñar”

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina da a conocer su posicionamiento analítico acerca de los operativos que, por estos días, se impulsan desde el Ministerio de Educación y que están destinados a “evaluar” a los estudiantes del Sistema Educativo argentino.

La primera cuestión que la CTERA quiere dejar en claro en este sentido es que la docencia no rechaza ni se opone a “la evaluación” porque, de hecho, ésta forma parte de nuestro trabajo cotidiano en las aulas. Todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje requieren de las evaluaciones para contar con la información y el conocimiento necesarios que permitan mejorar, día a día, nuestras prácticas educativas. A lo que nos oponemos desde la docencia y desde las organizaciones sindicales es a los “mecanismos de pruebas estandarizadas” que están siendo impulsados por esta gestión a través de los llamados “operativos” de evaluación. La crítica que realiza nuestra organización sindical se focaliza tanto en la concepción de evaluación educativa sobre la que se instrumentan estos operativos como en los modos de implementación; en el uso y el manejo de los resultados del operativo aplicado en el año 2016; y en la réplica de este operativo programada para el año 2017, donde se incluye a los institutos de formación docente.

El operativo de evaluación denominado “aprender”, que estuvo dirigido a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, comenzó a implementarse en el 2016. Y este año se reitera el mismo operativo de manera mecánica, sin haberse realizado un análisis en profundidad de los resultados anteriores del mismo operativo, ni de los operativos de años anteriores (ONE), con los cuales se pretendían establecer ciertas comparaciones -según lo habían manifestado las actuales autoridades-. Tampoco se realizaron análisis críticos ni consideraciones sobre la validez de la estructura metodológica implementada, ni sobre las resistencias que estos operativos han tenido por parte de los estudiantes y los docentes a lo largo y ancho de todos el país. Asimismo, es pertinente mencionar que las devoluciones de los resultados a las escuelas también han sido “estandarizadas”, lo que contradice el argumento de las autoridades del Ministerio de Educación cuando sostienen que los resultados van a dar información “relevante” a las escuelas para su mejora.

A las escuelas que tuvieron resultados semejantes se les hicieron las mismas devoluciones, sin reparar en la multiplicidad de factores que hacen que una escuela tenga resultados similares a otros por motivos bien diferentes. Estos operativos son presentados en sociedad a través de los medios de comunicación, y han tenido como característica esencial la manera inconsulta en la que se han llevado adelante. Las autoridades gubernamentales no sólo han obstaculizado la participación de los trabajadores de la educación y de las organizaciones sindicales, sino que también han ignorado las opiniones críticas de los docentes, estudiantes, especialistas y pedagogos, quienes, en su gran mayoría, se han manifestado en contra, presentado diversos argumentos que cuestionan radicalmente a estos operativos en sus múltiples dimensiones.

Recordemos que el mismo día en que se iniciaba en todo el país la Marcha Federal Educativa para exigir la apertura de la Paritaria Nacional Docente, el Presidente Macri y el por aquel entonces Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, salieron a comunicar en conferencia de prensa los resultados del “Operativo Aprender 2016”. Toda una operación montada para seguir desprestigiando a la Educación Pública, en la que el Presidente de la Nación, además de incurrir en la expresión “caer en la escuela pública”, utilizó los datos de esta prueba no sólo para denostar a la escuela pública, sino también para atacar a los docentes y a sus Secretaría de Educación Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” organizaciones sindicales en pleno conflicto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y de la paritaria docente. Y en esta misma conferencia de prensa se anunciaba el “Plan Maestro” como la solución a todos los problemas que esos resultados supuestamente ponían en evidencia. “Plan maestro” que también ha recibido innumerables críticas por sus contradicciones e inconsistencias y que, al día de la fecha, cada vez cuenta con menos posibilidades de ser una realidad efectiva.

Es muy evidente que las políticas educativas de la “Alianza Cambiemos” se han centrado en la evaluación, entendiendo a ésta como un mecanismo de “rendición de cuentas” que se reduce a medir los rendimientos y desempeños de los estudiantes y docentes. Evaluación que, además, se presenta como la solución a todos los problemas educacionales y como la posibilidad de alcanzar la mentada “calidad educativa”. Se usan eufemismos como “aprender” y “enseñar” para denominar a un operativo que, para ser precisos, debería llamarse “evaluar” a cecas, en tanto está desconectado de las instancias de enseñanza y de aprendizaje que se producen en los diversos contextos educativos y culturas escolares. Y para ser más precisos aún, tal como están planteados, deberían llamarse “operativos medir y rankear”. En el fondo y en la forma se trata lisa y llanamente de esto: pruebas estandarizadas que operan como control y mecanismo para la construcción de datos sobre resultados que, por un lado, “permiten” elaborar rankings de escuelas, ciudades, países; y, por otro, dejan abierta la posibilidad para encadenar las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de desempeño/rendimiento, la meritocracia y el credencialismo. O sea, estigmatización de los estudiantes y de las escuelas y precarización y flexibilización laboral de la docencia; en definitiva, deslegitimación de la educación pública, para abrir las compuertas a la iniciativa empresarial meritocrática, estandarizante, mercantilista y privatizadora.

Desde nuestra perspectiva, la evaluación no puede ser utilizada como mecanismo meramente técnico sin tener en cuenta la diversidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se construyen en todo el país, tampoco puede ser pensada o implementada más allá de las condiciones del contexto en el que viven los estudiantes; y, mucho menos, ser usada como mecanismo de extorsión. Por el contrario, la evaluación tiene que ser el resultado de una construcción colectiva y de una responsabilidad compartida, que no puede pensarse sin la garantía de la inclusión socioeducativa asumiendo su carácter eminentemente formativo y de acción político-pedagógica.

¿Qué se ocultó cuando se dieron los resultados del primer Operativo?

Al momento de anunciar los resultados de las pruebas Aprender 2016, se enfatizó en las notables diferencias entre escuelas públicas y privadas. Sin embargo, cuando se analizan estos valores controlando por el índice socioeconómico de la población estas diferencias se reducen notablemente. Asimismo, para hacer un análisis más adecuado de las diferencias entre sectores, habría que contemplar también la disponibilidad de recursos escolares en las escuelas pertenecientes a uno u otro sector. Numerosos estudios realizados en el país y a nivel internacional muestran que la diferencia público/privado deja de existir, o sea, no es estadísticamente significativa cuando se controla por los indicadores mencionados: nivel socioeconómico y disponibilidad de recursos. Cuando se analizan los datos concretos teniendo en cuenta solamente la variable socioeconómica, la brecha de resultados entre escuelas estatales y privadas se reduce entre un 7% y un 15% según la materia. Si se contemplara, además, la disponibilidad de recursos en las escuelas, es muy probable que desaparecieran las Secretaría de Educación Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” diferencias. Es decir, pesa más la condición socioeconómica y la disponibilidad de recursos que el hecho de pertenecer a la escuela púbica o a la privada.

Comparación ONE 2013 y Aprender 2016

Tampoco se han hecho declaraciones respecto de las mejoras que se evidencian entre los resultados del año 2013 y 2016. En los últimos 3 años mejoraron los resultados de las dos áreas de la educación primaria evaluadas en 2016: lengua y matemática. En 2013, en el área de lengua el 58.3% de los alumnos obtuvieron resultados satisfactorios/avanzados, mientras que, en 2016, este porcentaje asciende al 66.8% (implica una mejora de 8.5 puntos). Por su parte, en matemática el 51.7% logró resultados satisfactorios/avanzados, mientras que, en 2016, esta proporción incrementa 7 puntos porcentuales (58.6%). La comparación entre el ONE 2013 y APRENDER 2016 también corrobora lo que otras evaluaciones (TERCE y PISA entre ellas) venían mostrando: el nivel educativo en Argentina no está bajando. Al contrario, hay evidencias de mejora, especialmente en la educación primaria. En la educación secundaria, si bien la mejora se evidencia en algunas áreas (lengua y sociales), en matemática y naturales prácticamente podemos hablar de una situación de estancamiento en cuanto a los estudiantes que no alcanzan el nivel básico, ya que estos porcentajes descienden muy levemente.

En definitiva, la intención de la gestión actual es mostrar evidencia de una supuesta catástrofe educativa que no existe. Cobertura del Operativo Los datos respecto a la cobertura del Operativo son poco significativos en la mayoría de las jurisdicciones del país. En primer lugar, hay que aclarar que el porcentaje de alumnos que respondió la prueba Aprender 2016 es muy relativo, ya que se ha considerado como “estudiante respondiente” a quien haya respondido al menos la mitad de las preguntas dadas. Esto quiere decir que en el caso de 6to. grado del nivel primario, donde se tomaron 2 pruebas (una para Lengua y otra para Matemática), si un alumno respondió sólo el 25% de las preguntas de lengua y el 25% de las preguntas de matemática, el Ministerio considera que cumplió con el operativo.

Para el caso del último año del nivel secundario, se tomaron 4 evaluaciones –lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales-, y se considera “estudiante respondiente” a aquel que completó al menos el 50% de las preguntas; es decir, que en este caso consideran que el estudiante que respondió sólo el 12.5% del total de las cuatro pruebas, cumplió con el Operativo Aprender. Aún con esta salvedad, algunas jurisdicciones muestran niveles de respuesta extremadamente bajos, y se desconoce también cuál es el sesgo que podría haber introducido la no respuesta en el operativo, o a qué sectores o territorios afectó más. En la Ciudad de Buenos Aires sólo respondieron el 58% de los estudiantes e, incluso, en las escuelas estatales la cobertura desciende al 37.4%. La Provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la matrícula total del país, alcanzó una cobertura total del 69.3% (el sector estatal sólo el 61.5%); Chaco, una cobertura total de 51.6% (con valores de 50.7% en escuelas estatales); Neuquén tuvo una cobertura total de tan sólo el 29.8%, el porcentaje de “estudiantes respondientes” en escuelas estatales fue del 24.8%. En Santa Fe el porcentaje de “estudiantes respondientes” fue del 69.2% (sector estatal del 64.7%).

Cabe la pregunta: ¿cómo darían los valores de cobertura si se consideraran al menos el 50% de respuesta en todas las pruebas? Secretaría de Educación Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” “Operativo Enseñar 2017” En el corriente año se incluyen en estos operativos a los/as estudiantes del 4to. año de los institutos del profesorado, quienes serán evaluados en el marco de lo que se ha dado a conocer como el “Operativo Enseñar”. Se trata de una evaluación implementada al finalizar la carrera y, tal como está presentada, podría entenderse como una “prueba de idoneidad” o “acreditación de estudios”. Es decir, un dispositivo de mero control que no respeta ni considera todo el proceso de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo durante cuatro años en las respectivas y diversas trayectorias estudiantiles.

Este operativo del Ministerio de Educación Nacional es llevado adelante por una decisión unilateral ya que no se convocó a los sindicatos, ni a la comunidad educativa, ni a los miembros de los distintos claustros de los Institutos Superiores para su discusión. De esta manera, las instituciones de educación superior quedan situadas en el lugar de meros aplicadores de una evaluación externa. Se desconoce, así, toda la formación realizada por el propio sistema formador, desde la dimensión de políticas educativas hasta las acciones institucionales, y se lo reduce al rendimiento medido en un solo dispositivo evaluativo. Entre otras cosas, llama la atención que este operativo prevea “la entrega de un diploma de reconocimiento que acredite la contribución de cada estudiante que haya realizado la evaluación y el cuestionario complementario”. Como así también resulta preocupante la idea de “otorgar una placa de reconocimiento a los institutos participantes de Enseñar y, además, una distinción especial para aquellos que superen el 95% de participación de los estudiantes en la evaluación”. ¿En qué consiste esta “distinción especial”? ¿Para qué podrá ser utilizado ese “diploma”?

Dada las características de las políticas educativas de esta gestión, en las cuales se prioriza la mirada meritocrática, nos preocupa mucho el uso de esta lógica de “premios” en el campo de la formación de los futuros profesores. ¿Estas “condecoraciones” por someterse a los operativos serán acaso requisitos para obtener futuras becas y/o recursos? Nuestra preocupación se basa en hechos concretos, porque ya lo han hecho con el Operativo Aprender 2016, que se convirtió para los estudiantes de 5to. año de la secundaria en la llave para obtener una beca en caso de seguir la carrera docente. Toda la crítica que realiza CTERA sobre los operativos de evaluación no se circunscribe a un determinado instrumento técnico. Se realiza en un escenario en el que estos instrumentos técnicos que hemos analizado se convierten en la expresión de un proyecto que, claramente, necesita reformar el sistema educativo en correspondencia con la actual proliferación de políticas de ajuste combinadas con medidas económicas de devaluación, desocupación, precarización laboral, inflación e incremento del endeudamiento externo.

Hoy las pruebas estandarizadas y sus resultados son presentados a través de los medios de comunicación hegemónicos como una cortina de humo para tapar las verdaderas políticas que han estado implementando desde que asumió la “Alianza Cambiemos” y que hoy se traducen en: – Deterioro de la educación pública en todos sus niveles, mediante el desfinanciamiento, el desmantelamiento de programas, la subejecución presupuestaria y la implementación de reformas educativas que atacan al trabajo docente, excluyen del currículum contenidos críticos. – Precarización de las actividades de ciencia y tecnología, que promueven el éxodo de científicos argentinos hacia el extranjero y la subordinación científico-tecnológica con pérdida de soberanía. – Exorbitante endeudamiento externo en beneficio exclusivo de la especulación financiera. Secretaría de Educación Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” – Empobreciendo de los sectores populares y de las grandes mayorías, con decisiones políticas al servicio de los sectores transnacionales concentrados, que destruyen las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, sometiendo a los trabajadores a condiciones laborales cada vez más precarias.

 Documento analítico elaborado por el “Equipo de trabajo sobre evaluación educativa” de la Secretaría de Educación de CTERA, constituido Miguel Duhalde, Liliana Pascual, Luz Albergucci y la participación de Sonia Alesso. Ciudad de Buenos Aires, 12 de octubre de 2017.

Fuente: http://agmer.org.ar/index/wp-content/uploads/2017/11/Operativos-Aprender-Ensenar.pdf

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Argentina: En La Plata, los gremios de la Educación realizan un “juicio popular” al Operativo Aprender

Argentina/08 noviembre 2017/Fuente: Info Blanco

Este martes se realiza por segundo año consecutivo la evaluación del Operativo Aprender en las escuelas de todo el país. Los gremios se oponen a esta política por la falta de consulta previa con los trabajadores y las organizaciones del sector. El titular de SUTEBA La Plata, Patricio Villegas, aseguró a Info BLANCO SOBRE NEGRO que se trata de un proceso de “mercantilización de la educación”.

En la jornada que comenzará este miércoles al mediodía se expresará el rechazo gremial al “Operativo Aprender” y también a la reforma laboral. Desde las 17.30 se realizará un juicio público a la evaluación estadarizada que se lleva a cabo en escuelas de todo el país, con una exposición explicativa y alegatos que fundamentan la oposición a esta política.

En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, el secretario general de SUTEBA La Plata, Patricio Villegas, explicó: “Nos oponemos porque los docentes que son el actor principal en los procesos educativos tienen la única función de meros aplicadores. Es una prueba estandarizada en la que no se ha trabajado previamente en el aula. Además no sabemos por qué es esa prueba, es totalmente descontextualizado. Nosotros no nos oponemos a una evaluación, pero no como se está implementando”.

“Es una prueba muy sesgada que da para pensar en dobles intenciones, sobre todo cuando después de la primera prueba escuchamos a Macri decir que lamentablemente muchos chicos caían en la escuela pública, o lo que opinó el ahora senador Bullrich de que los pibes deben aprender a vivir en la incertidumbre”, agregó el dirigente gremial.

Este martes se realiza por segundo año el Operativo Aprender, una prueba multiple choice para evaluar los conocimientos de más de un millón de estudiantes y 90 mil docentes de las escuelas medias de todo el país.

“Esto es la mercantilización de la educación, con la aparición de distintas plataformas educativas que lucran, como la del ahora ministro de educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny que trabajo para las pruebas Pearson. Se trata de correr al Estado como sostén de la educación pública y entregar negocios a manos privadas”, señaló Villegas.

Y agregó: “Ya hay ONG’s trabajando en distintos distritos del Conurbano aportando dinero para distintos proyectos, pero no todas las escuelas lo reciben, generando escuelas con más posibilidades que otras. También están planteando la aparición de tutores para trabajar dentro del aula cuando un docente falta, se trata de un acompañante pedagógico que ni siquiera es docente”.

“Esas organizaciones después lucran por otro lado, con una plataforma, con pruebas estandarizadas que se vende, porque esto no es gratis. Así el dinero no va a la escuela pública, sino a estas manos privadas. El presupuesto de Educación es más del 6%, hay mucha plata, el problema es cómo se ejecuta y que se subejecuta”, aseguró el titular de SUTEBA.

La jornada de esta tarde es organizada por SUTEBA, pero contará con la participación de todos los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente y también de ATE, Judiciales y la CICOP, entre otras organizaciones.

Fuente: http://infoblancosobrenegro.com/noticias/18621-en-la-plata-los-gremios-de-la-educacion-realizan-un-juicio-popular-al-operativo-aprender

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