¿Cancelación o continuidad de la reforma educativa?

México / 25 de enero de 2018 / Autor: Gustavo Santín Nieto / Fuente: E-Consulta

Dependería de que quien ganara la presidencia de la república contara con mayoría calificada.

En los últimos días, funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y otros corifeos, alertan sobre una supuesta “cancelación de la reforma educativa” y de los daños que su anulación causaría en niñas, niños y adolescentes quienes refieren, tendrían “derecho a recibir una educación de calidad”. Las advertencias partirían lo mismo de Otto Granados, tercer encargado del despacho educativo de la administración en funciones, de Aurelio Nuño, Coordinador de la precampaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional, como de asociaciones privadas (ANUIES y Mexicanos Primero).

Pero, las alarmas que pretenden incidir en la opinión pública con el afán de conseguir votos a favor de su precandidato, se disparan a través de articulistas que lo mismo denuestan a quienes mantienen una opinión diferenciada a la que comparten con la burocracia educativa escondiendo fines comerciales al defenderla. Tan es así que ni siquiera la burla perdonan, cuando reconocen su vinculación a la reforma, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios profesionales, que les son otorgados para colaborar en procesos de capacitación del personal docente de educación obligatoria, justificándose en la máxima de que “lo que no se evalúa no se puede mejorar”.

Empero, otro tanto de interesados, maestras y maestros en servicio –primordialmente-, pero también investigadores del que-hacer educativo y actores políticos, cuestionan alianzas cupulares, fundamentos de los que partiera la reforma educativa peñista y los procedimientos adoptados para su instrumentación. Exigen su derogación y encuentran eco en un precandidato, quien en los discursos se pronuncia por cancelar a la “mal llamada reforma educativa que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza” y en terminar con la “humillación” a la que sometieron al magisterio y sustituirla por otra; que parta de acuerdos con madres y padres de familia “para hacer una verdadera reforma educativa y mejorar la educación en nuestro país”.

Así planteado, el dilema parecería presentarse en torno a la continuidad o la sustitución de una reforma educativa que quedó en el intento y cuyos únicos triunfos, parecerían concretarse en las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la adición de algunos parágrafos al Artículo 3, mediante los que diputados y diputadas, senadores y senadoras miembros de las bancadas de los partidos políticos suscriptores del Pacto por México, “aprobarían” la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto de Evaluación Educativa -ente que sustituye al Instituto Nacional de Evaluación-. Todas ellas emanadas de la oficina de la presidencia a cargo Nuño y de ahí partirían a la encarcelación de Elba Esther y a la “recuperación de la rectoría del estado en materia educativa”. El resto de rubros, parecería destinado -si bien le va-, a la concreción de una propuesta política que en el menor de los casos, tendría que realizar ajustes, redefinir el modelo y los objetivos a alcanzar, lo mismo que las metas, las estrategias, los plazos y las alianzas requeridas para lograrlo, contenidas las indispensables con quienes tendrían la obligación de instrumentarla.

A 5 años de su promulgación (23 de febrero de 2013) y de que la reforma educativa iniciara sin un acuerdo popular de nación que la República requiere y sin definir en consecuencia, el modelo educativo que para ello fuese pertinente lo mismo que la características a las que debiese responder el personal docente y en consecuencia, transformar planes y programas de estudio de las escuelas normales y los que rigen a la educación obligatoria, contar con la infraestructura escolar adecuada así como con los materiales educativos indispensables, incluidos los tan prometidos nuevos libros de texto gratuito.

Empero, adoptar una posición ante el enfrentamiento por lograr la cancelación o definir la continuidad de la reforma educativa, pasaría por revisar lo hecho y lo logrado por la administración de Peña Nieto.

En primer lugar, la recuperación de la rectoría en materia educativa que tanto ponderan, le costaría al erario casi 2 mil millones de pesos (1, 960 mdp) erogados por la SEP durante la administración de Nuño, cuya finalidad sería la de realizar el trabajo sucio para difundir las “bondades” de la reforma educativa, evidenciada por la revista nº 2 150 del semanario Proceso; plazas de administración (subdirecciones en las escuelas) y de supervisión escolar, entregadas al aparato sindical en diversas partes de la república, al margen de los establecido por la LGSPD; lo mismo que posiciones electorales, consecuencia de la alianza nacional PRI-PANAL, a costa de la oposición y radicalización de maestras y maestros de  la CNTE y de la misma forma, en la entidades gobernadas por la oposición, encabezadas por líderes del SNTE.

En segundo término, sería necesario resaltar que la evaluación del desempeño, punta de lanza de la reforma educativa para garantizar “la idoneidad de los docentes”, se habría aplicado al término del 2017 a tan sólo 1 de cada seis de las maestras y maestros de educación obligatoria, cifra que permitiría calificarla como un fracaso. En tercer término, la garantía que, de acuerdo al Artículo 3, el Estado ejercería en favor de la calidad de la educación de “manera que los materiales y métodos educativos […] garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos”, continúa siendo una promesa que se cumpliría a partir de iniciado el ciclo escolar 2018-2019 y eso, está por verse. La infraestructura educativa habría mejorado, de acuerdo a cifras oficiales y a reserva de verificarlo, a tan sólo una de cada tres escuelas, generando una deuda pública que las entidades pagarán en los próximos 20 años, mediante una quita pactada al Fondo de Aportaciones Múltiples que le corresponde a cada Estado.

Sin embargo,  y a pesar del corte de caja desfavorable, la cancelación de la reforma educativa institucional dependería de una nueva correlación de fuerzas que requeriría que quien ganara la Presidencia de la República, contase con una nueva mayoría calificada para hacerlo. Precisaría si, de cambios profundos que respondieran a un nuevo pacto social en el que participen maestras, maestros, madres, padres de familia, alumnos, alumnas y todos grupos de la sociedad civil interesados.

Fuente del Artículo:

http://www.e-consulta.com/opinion/2018-01-21/cancelacion-o-continuidad-de-la-reforma-educativa

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Cinco de cada 10 mexicanos piensa que la reforma educativa no ha funcionado

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La educación atropellada.

Por: Manuel Gil Antón.

De nuevo, y desde las más altas esferas del gobierno, se subordina la educación a las necesidades políticas de corto plazo. Desfachatez. Quien se dijo, innumerables veces, comprometido con la madre de todas las reformas, la educativa; se retrató cuantas veces pudo en las escuelas a las que, previo aviso, asistió; el que presumió haber construido un nuevo modelo para el siglo XXI y recuperado, para el Estado, la rectoría de la educación, Aurelio Nuño Mayer, en cuanto recibió la orden de dejar la titularidad de la Secretaría de Educación, para encargarse de coordinar la campaña política de Mead a la presidencia de la república por el PRI, no lo dudó ni un instante. Para cumplir la liturgia, “presentó su renuncia”, y quien decidió el cambio, al darlo a conocer, se atrevió a decir que la había aceptado. Cínicos: ya ni la burla perdonan.
Lo que queda claro es que, al mandar al secretario a organizar la campaña del abanderado del oficialismo, no ha recuperado el gobierno actual, en efecto, la rectoría del sistema educativo, sino a un operador electoral probado: es decir, un experto que, orientado por el interés de conservar el poder a toda costa, sabe negociar, vender y comprar, obtener recursos opacos, pactar con quien sea, y lo que sea, con el fin de no perder la rectoría que realmente les importa: la que ejerce el grupo al que pertenece en la secretaría de la corrupción y la impunidad.
¿Algún elemento que anticipe lo que viene? Ofrezco una conjetura: horas después del anuncio de la alianza del Partido Nueva Alianza (PANAL) con el PRI – al cuarto para las doce, por cierto – se destraban los impedimentos legales y la maestra Gordillo obtiene, por fin, el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había negado sistemáticamente. Digo conjetura porque el antecedente y el consecuente de los eventos no es, siempre ni necesariamente, causalidad. Pero, a su vez, la relación entre la alianza electoral (que ocurre antes) y las gestiones de la PGR para que la profesora siga el proceso legal desde su casa (posteriores, casi inmediatas) no parece ser resultado de la casualidad. Cuesta trabajo creerlo.

Luego de la ceremonia en Los Pinos, en que el presidente le agradece todo lo que lo ha apoyado y nombra a quien lo va a sustituir, el ya ex secretario se desplaza a la SEP para informar, a sus colaboradores, una gran noticia: Albricias: “he recibido la honrosa invitación del precandidato Meade para que coordine su campaña”. Aplausos a granel.
Recuerdo la respuesta de Emilio Chuayffet cuando, al inicio del sexenio, se le preguntó si la consulta sobre la reforma que organizó iba en serio, si sería real o pura apariencia. Con su clásico estilo, citando a alguien, respondió: “¿Sabe usted por qué la gente no cree en lo que dicen los políticos? Porque los políticos no creen en lo que dicen”.
Cuando se le inquiría al ahora operario electoral del PRI si aspiraba a la candidatura presidencial, su respuesta era que estaba ocupado, de tiempo completo, con la reforma educativa, porque no había mayor servicio, ni beneficio para México, que hacer que se concretara y surgiera el nuevo ciudadano, el del siglo XXI. Eso dijo. Y con sus actos recientes ha mostrado que su palabra no tiene valor: no le tocó ser lo que, quizás, anhelaba, pero contribuir al triunfo del partido que les garantiza protección – impunidad – a sus jefes, padrinos y aliados, corruptos a más no poder, lo considera un honor. ¿Por qué? Porque estos servicios se pagan, y se pagan bien en el futuro.
Sin vergüenza, sin que adviertan lo contradictorio de su proceder, ajenos a la incoherencia entre sus palabras y lo que hacen, se marchan, orondos, a lo que sigue, sea lo que sea. Están ocupados en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. Es lo que importa y les urge. ¿Más claro? Imposible.

Fuente: https://www.debate.com.mx/opinion/La-educacion-atropellada-20171216-0298.html

Imagen: http://www.elpoderdelapalabra.com.mx/wp-content/uploads/2017/10/Escuela-1747085.jpg

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La reforma educativa en Chihuahua.

Por: Luis Alfonso Arenal

Sigue vigente la discusión sobre lo que se ha denominado “reforma educativa”. La controversia empieza incluso desde su mismo nombre, habiendo quienes dicen que es una mera reforma laboral aplicada a las escuelas públicas.

En realidad la trasformación no puede ni debe ser demeritada en ninguno de los dos casos. Primero porque no es simplemente un cambio en la forma de contratar a los maestros, y si así fuese, no es tampoco un cambio menor.

Aquí en Chihuahua hemos tenido un sector magisterial con una conflictividad realmente baja, en honor a la verdad. Los recientes cambios en la dirigencia sindical de las dos secciones que existen en nuestro estado se dieron con poca oposición, si las comparamos con los eventos en Oaxaca y estados vecinos.

En un caso hubo una oposición minoritaria y en la otra fue prácticamente un día de campo. Tan es baja la conflictividad del sector magisterial en Chihuahua que tanto César Duarte como el mismo Enrique Serrano fueron candidatos también del Partido Nueva Alianza (Panal). Honestamente no supe de voces disidentes al interior del Panal en contra de este apoyo.

Desde la década de los ochentas no hemos tenido paros en las escuelas de Chihuahua. Y eso ha sido una buena noticia. En la década de los noventas hubo amenazas de paro pero no recuerdo que se hayan concretado… aunque sí el Gobierno estatal de Francisco Barrio pagó el costo político de impulsar cambios en la educación en 1995.

Ahora veremos con Javier Corral si el conflicto permanece en estos niveles o se incrementa. Ojalá que la próxima administración implemente y haga respetar la reforma educativa y la sociedad apoye este esfuerzo.

Es difícil pronosticar aquí dada la pasión con que este tema se ha discutido en las redes sociales y cómo se organizan campañas de desinformación desde algunos planteles escolares.

En el tema hay muchos mitos y mucha gente de buena fe los ha creído. Hay muchas personas que genuinamente creen que tendrán que pagar colegiatura en las escuelas públicas. La gratuidad de la educación pública no está en riesgo por esta reforma (que en realidad no es tan gratuita dado que la pagamos con nuestros impuestos). Aun así, soy de la opinión de que los padres de familia debemos apoyar el funcionamiento de las escuelas, sea en especie o con trabajo social. Asimismo, la escuela tiene un importante rol en el mejoramiento de la comunidad en la que ésta actúa. Esto no quiere decir que se vaya a privatizar o que se implementen colegiaturas en las escuelas públicas.

¿El cambio es insuficiente? Seguramente. Pero no podemos pensar honestamente en generar técnicas educativas de vanguardia cuando los maestros suspenden clases un día sí y el otro también o francamente no dominan la materia que imparten. Esta afirmación es una generalización y, como sucede con todas las generalizaciones, siempre habrá casos que la desmientan. Me consta que hay muy buenos maestros en muchas escuelas públicas… y ellos serían los primeros beneficiados si la reforma educativa se implementa correctamente. ¿A quién no le gustaría disfrutar de la tranquilidad que brinda el saber que su carrera depende más de su desempeño que de otros factores fuera de su alcance?

A la reforma educativa se le ha criticado varias cosas. Una de ellas que no atiende necesidades de infraestructura en las escuelas. Al margen del trabajo que la SEP realiza en este tema junto al Inegi, vale la pena destacar que un uso más racional del presupuesto educativo permitiría solventar esas carencias. Como en toda nueva legislación, no basta que ésta sea positiva sino que se implemente de manera correcta.

Fuente: http://diario.mx/Opinion/2016-09-13_cf6a4d1e/la-reforma-educativa-en-chihuahua/

Imagen: http://www.elpueblo.com/img/thumbnails_l/DSC_0620.jpg

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