Rosa Cañadell analiza la nueva ley de educación (LOMLOE), los motivos de la reacción en forma de protestas que ha generado en ciertos sectores, los tímidos avances que representa, así como sus carencias.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=LhtoB2KB6lI
Una de las lecciones más importantes de la pandemia es que cuando los padres y los educadores trabajan juntos, pueden suceder cosas increíbles.
¿Qué hay en la lista de deseos de todo educador para estas vacaciones?. Una de las lecciones más importantes de la pandemia es que cuando los padres y los educadores trabajan juntos, pueden suceder cosas increíbles.
¿Qué quieren los educadores para 2021? Lo mismo que quiere la mayoría. Queremos que esta pandemia termine y que nuestros estudiantes estén de regreso en las aulas, en condiciones seguras. Sin embargo, lo que no queremos es volver a la normalidad. En Florida, lo normal ha significado décadas de falta de fondos y sobre gestión de las escuelas públicas, todo lo cual empeoró las cosas cuando llegó el COVID-19.
La pandemia ofrece una oportunidad para un restablecimiento completo sobre cómo este estado aborda la educación pública y sobre cómo trata a los maestros y al personal de apoyo que han trabajado tan duro para que los niños la superen.
Quienes ingresan a la educación lo hacen con una clara dedicación y amor por los niños. Los conductores de autobuses, los monitores de autobuses, los conserjes, los trabajadores de la cafetería, los paraprofesionales (asistentes de maestros), el personal de recepción, los trabajadores de mantenimiento y los maestros quieren que cada uno de «sus hijos» tenga éxito. En marzo, fueron los educadores quienes dieron un giro al sistema de escuelas públicas.
El personal de apoyo pone en riesgo su salud para preparar y entregar comidas, paquetes de trabajo y tecnología a los niños. Los maestros reelaboraron las lecciones en persona para el aprendizaje a distancia, ayudaron a los padres y se aseguraron que los niños estuvieran seguros.
Cuando las escuelas físicas abrieron en agosto, esas mismas personas recaudaron fondos para estaciones portátiles de lavado de manos y gastaron su propio dinero en artículos de limpieza. A algunos se les pidió que hicieran lo imposible: enseñar a algunos estudiantes a través de la pantalla de una computadora y al mismo tiempo enseñar a otros en persona, en el aula. Ellos perseveraron, haciendo todo lo posible por los niños y las familias.
Entonces, esto es lo que está en la lista de deseos de cada educador para un mejor 2021 para estudiantes, educadores y escuelas públicas:
Estamos aprendiendo mucho durante esta pandemia, pero una de las lecciones más importantes que se nos ha enseñado es que cuando los padres y los educadores trabajan juntos, pueden suceder cosas increíbles. Hagamos que sea un año nuevo increíble para nuestros estudiantes y las escuelas públicas del vecindario.
* Andrew Spar es presidente de la Asociación de Educación de Florida, que representa a más de 150.000 maestros y profesionales del personal educativo de PreK-12, profesores de educación superior y estudiantes graduados, estudiantes que se preparan para convertirse en maestros y empleados de educación jubilados.
Fuente: https://www.diariolasamericas.com/florida/que-hay-la-lista-deseos-todo-educador-estas-vacaciones-n4212888
El presidente del país asegura que no quiere “especular” y hará la pública la decisión “en el menor tiempo posible”.
Uruguay todavía mantiene la incertidumbre respecto a cuál será la vacuna que utilizará el país para combatir la pandemia de la COVID-19, en un momento en el que ya varios países de la región han hecho pública su decisión.
En contrapartida a lo que ocurre con sus vecinos, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo durante su última rueda de prensa, el 16 de diciembre, que Uruguay busca «la mejor vacuna en el menor tiempo posible» y que, de momento, no hay ninguna descartada.
«Las novedades son medianamente positivas. Cuando tengamos un dato específico y digamos ‘tal vacuna, tantas dosis para tanta cantidad de población’ lo anunciaremos. Lo otro sería especular«, indicó en aquella comparecencia en la Torre Ejecutiva.
Pese a los intentos de Efe por contactar, este miércoles, con científicos, expertos y miembros del Ministerio de Salud Pública (MSP), todos declinaron hablar y remitieron a las autoridades máximas -como el ministro, Daniel Salinas- para que sean ellas quienes hablen públicamente.
Esto ocurre en la misma jornada en que el semanario local Búsqueda informó de que el coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del MSP, Franco Alaggia, habría sido cesado por Lacalle Pou después de que aquel rechazara, sin consultar, la vacuna de Pfizer.
Según la publicación, el coordinador envió un correo electrónico de manera «unilateral e inconclusa» a los representantes del laboratorio para informarles de que el país suramericano no estaba interesado en su vacuna.
La comunicación de Alaggia habría sido en noviembre y, según explicó el semanario, se habría tratado de un evento «desafortunado», aunque esto no impidió que el presidente lo cesara del cargo.
Fuentes de Presidencia y del MSP consultadas por Efe expresaron que las autoridades no harían aclaración alguna sobre este episodio.
Aunque todavía no se sepa qué opción será la que el Gobierno decida utilizar, la prensa local estima que la preferida de las autoridades sería efectivamente Pfizer y sostiene que estudian las mejores opciones para la refrigeración que se necesita.
Por otra parte, Uruguay ya está suscrito a un acuerdo entre varios países en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para un ‘pool’ de compra con el fin de acceder rápidamente a unas 750.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 para inmunizar al 20 % de su población.
Aunque Uruguay estuvo durante varios meses un paso por delante de sus vecinos debido al control de la pandemia y a los pocos casos registrados, lo cierto es que en las últimas semanas aumentó el índice de positividad y, en lo que se refiere a la vacunación, permanece por detrás.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partió este martes rumbo a Rusia para llevar al país la Sputnik V y, además, el Gobierno argentino anunció que en los próximos meses también adquirirá la Pfizer.
Chile, por su parte, será el primer país de Latinoamérica en aplicar la vacuna a su población -también optó por la Pfizer– mientras que Brasil cuenta con la vacuna china Sinovac.
Otros países como Colombia o Ecuador también han optado por Pfizer mientras que Venezuela iría por Sputnik V.
Sin embargo, Uruguay sigue deliberando y manejando opciones, aunque las autoridades dicen que en breve habrá un veredicto, como sostuvo el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien declaró este miércoles a radio Sarandí que ya está «la luz al final del túnel» con la vacuna.
Desde que el pasado 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay, el país suramericano acumula 14.001 casos positivos (4.754 activos, 59 de ellos en cuidados intensivos) y 120 fallecidos.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/uruguay-otro-de-los-paises-de-la-region-que-sigue-sin-elegir-una-vacuna-contra-la-covid-19-noticia-1311440
A pesar de los esfuerzos de prevención y tratamiento, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infectó cada cien segundos a un nuevo niño o adolescente menor de 20 años en 2019, según un informe presentado este miércoles por Unicef en Johannesburgo
«A los niños se los está dejando atrás», advirtió el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) al divulgar este estudio, que se difunde anualmente en la antesala de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de diciembre) y que en esta ocasión se tituló «Reimaginando una respuesta resiliente contra el VIH para los niños, adolescentes y embarazadas que conviven con el VIH».
De acuerdo a los datos recopilados por Unicef, unos 110.000 niños y adolescentes murieron en 2019 por causas relacionadas con el sida (Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida), enfermedad de la que es precursor el VIH.
De ellos, unos 79.000 tenían edades comprendidas entre los cero y los nueve años y 34.000 pertenecían a la franja de entre los 10 y los 19 años de edad.
Estos datos de mortandad relacionada con el sida son algo mejores que los de 2018, pero aún así arrojan una media de más de 300 fallecimientos al día.
En el lado positivo, las opciones de supervivencia para los menores a los que se les transmitió el virus durante la gestación siguieron creciendo y, en las últimas dos décadas, la mortalidad ligada a este tipo de infecciones bajó un 53 %.
Esto es debido a mejoras en cuanto a la detección y al tratamiento, tanto para las madres como para sus bebés.
«Los niños pequeños infectados con el VIH al nacer tienen ahora más posibilidades de llegar a la adolescencia y la edad adulta. Pero incluso aunque la proporción (de fallecimientos en comparación con el número de transmisiones) ha disminuido, las muertes entre niños menores de 5 (años) todavía supone la mayoría de las muertes de los menores entre los cero y los 19 años», puntualiza Unicef.
CASI 3 MILLONES DE MENORES CONVIVEN CON EL VIH EN TODO EL MUNDO
El número de menores que convivían con el VIH en 2019 ascendió a unos 2,8 millones en todo el mundo, de los cuales 1,1 millones eran menores de 9 años.
Sólo un poco más de la mitad de la infancia afectada, sin embargo, tenía acceso a fármacos antirretrovirales.
«Los esfuerzos de prevención y tratamiento para los niños quedan entre los más bajos entre las poblaciones clave afectadas. En 2019, un poco más de la mitad de los niños tenían acceso a los tratamientos que salvan vidas, una cobertura significativamente rezagada tanto respecto a la de las madres (85 %) como de todos los adultos que viven con el VIH (62 %)», recalca Unicef.
El Fondo de la ONU para la Infancia subraya también que el impacto y el tratamiento del virus en la infancia sigue siendo muy dispar a nivel geográfico.
África subsahariana sigue siendo la región más afectada, ya que es hogar de nueve de cada diez niños y adolescentes que en 2019 convivían con el VIH.
Respecto a la disponibilidad de tratamiento, entre las zonas más afectadas por la epidemia, Oriente Medio y el Norte de África tienen los mejores niveles de cobertura pediátrica de los medicamentos antirretrovirales (81 %), seguidos del sur de Asia (76 %) y el sur de África.
Los peores datos en esta materia se registran en Latinoamérica y el Caribe (46 %) y en África occidental y central (32 %).
También hay disparidad por sexos, ya que entre las niñas y adolescentes hay más infecciones que entre los varones.
«La vulnerabilidad sigue oscilando gravemente en contra de las chicas, que suponen tres de cuatro de las nuevas infecciones entre adolescentes. La proporción es incluso mayor, cuatro de cada cinco (82 %) en África subsahariana, hogar de los países con las mayores prevalencias (de VIH) del mundo», describe la agencia de la ONU.
LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COMPLICA LA PANDEMIA DE VIH/SIDA
Aunque todavía no haya datos finales, para este 2020 resulta ya claro que la pandemia de covid-19 ha complicado la lucha contra esta otra gran pandemia que amenaza al mundo desde hace cuatro décadas, la de VIH/sida.
«Todavía no hay vacuna contra el VIH. Los niños todavía quedan infectados a tasas alarmantes y todavía mueren por el sida. Esto ocurría incluso antes de que la covid-19 interrumpiera tratamientos vitales contra el VIH y servicios de prevención, poniendo incontables vidas adicionales en riesgo», declaró Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef, en un comunicado sobre el estudio.
Los confinamientos y las nuevas prioridades sanitarias con recursos escasos han dificultado tanto el tratamiento como los nuevos diagnósticos y la recolección de datos.
«La covid-19 empeoró el lento progreso, exponiendo además las desigualdades en el acceso a servicios de VIH críticos para los niños, adolescentes y mujeres», expone el texto del estudio.
Con las reaperturas de los países hubo un «rebote» de las medidas, pero a fecha de hoy los renovados esfuerzos aún están lejos de llegar a los objetivos pediátricos fijados para 2020.
Este frenazo pone seriamente en peligro la meta global de erradicar el sida como amenaza pública de salud para 2030.
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20201125/49691644535/el-vih-infecto-a-un-nuevo-nino-o-adolescente-cada-100-segundos-en-2019.html
Expertos de diversas universidades entregaron los cuatro aspectos en los que consideran deben mejorar las instituciones de educación superior en la formación de los profesionales de esta área.
La pandemia ha golpeado a las sociedades de todo el mundo y ha tenido importantes implicaciones para los sistemas de salud y para el colectivo sanitario, razón por la que desde ya muchos expertos se replantean cómo se debe reorganizar la asistencia sanitaria y también la enseñanza.
“La covid-19 ha puesto sobre la mesa la importancia de la salud como derecho universal, de manera que las lecciones aprendidas de la pandemia pueden ayudar a repensar cómo enseñamos, cómo preparamos a los profesionales de la salud”, destaca Albert Barberà, director del eHealth Center de la UOC.
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“Esta pandemia ha mostrado la interrelación entre la salud humana y la económica, así como el impacto que tienen las desigualdades socioeconómicas y la inequidad en la salud. Ante esta situación, la colaboración internacional es clave para poder enfrentarse a los desafíos globales y hacer realidad la Agenda 2030», explica Pam Friedman, presidenta de la IAU e impulsora del clúster del ODS 3.
Entender la salud como un fenómeno planetario obliga a que el currículo de los futuros profesionales de la salud se abra a otras disciplinas. “La prevención de la transmisión de virus no es solo un problema médico: también implica hacer frente al cambio climático y preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales. De esta manera, una formación interdisciplinaria en salud pública y ciencias ambientales es necesaria para evitar futuras crisis sanitarias y, por tanto, es clave para la formación de los estudiantes”, explica Marta Aymerich, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y vicerrectora de Planificación Estratégica de la Universitat Oberta de Catalunya.
En este entorno en el que el trabajo con la comunidad y con otros profesionales será cada vez más importante, los expertos recomiendan reforzar la enseñanza de competencias sociales, como el trabajo en equipo, las habilidades de liderazgo y de comunicación y la gestión de las emociones. “Los trabajadores sanitarios se han enfrentado a altos niveles de estrés y a decisiones complicadas durante la pandemia. Por eso más que nunca es necesario enseñar la capacidad de gestionar el estrés y enfrentarse a la incerteza. Los trabajadores de la salud deben poder adaptarse a circunstancias que cambian rápidamente”, señala Maria Niemi, profesora asociada del Instituto Karolinska (Suecia) y también miembro del clúster.
El uso de la tecnología para el aprendizaje y la atención médica es otro de los aspectos que se han acelerado durante la crisis sanitaria y en el que los expertos hacen hincapié. Los profesionales de la salud tienen que formarse mucho más que antes en salud digital para saber, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones médicas más efectivas, cómo usar las redes sociales para la promoción de la salud o cómo aplicar la ciencia de datos para tomar decisiones médicas, “se trata de un conocimiento que se aprende practicando, por lo que el aprendizaje en línea debe integrarse en la educación sanitaria”, destaca Marta Aymerich.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/lecciones-de-la-pandemia-para-educar-a-los-futuros-profesionales-de-la-salud/202054/
Un informe de la Unesco revela que más del 60% de venezolanos en edad escolar no está matriculado en Perú, el país con más solicitudes de refugio de venezolanos en el mundo, cuyo Gobierno impulsó una política migratoria que facilitó el ingreso en 2017 y 2018, pero que endureció el año pasado, al imponer una visa para personas de esa nacionalidad. Tomando como cifras de 2018, el estudio Derecho a la educación bajo presión, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de Unesco, muestra que de los venezolanos que han conseguido ingresar, el 68% manifestó como su mayor preocupación alimentación, mientras que el acceso a la educación aparece en décimo lugar.
Un 74% de los niños de la diáspora venezolana en el país andino no asiste a educación inicial, un 54% no va a primaria y un 60% no está matriculado en secundaria. Unesco señala que aunque en Lima antes de la pandemia había 339 colegios habilitados para recibir a migrantes, el Ministerio de Educación calcula que, en la capital, 37.400 venezolanos no están cubiertos por el sistema educativo.
Sin embargo, el acceso a la educación superior es mucho más complicado. Mariana termina la secundaria este mes en Lima y su madre, una migrante venezolana con empleo formal, le ha hecho notar que el dinero no alcanza para inscribirla en una academia preuniversitaria. La adolescente no sabe aún dónde buscar una opción gratis en los próximos meses para estudiar. Ella se encuentra entre el 99% de los migrantes venezolanos de 17 a 25 años que en Perú no tienen acceso a la educación superior, un problema que se ha agravado durante la pandemia.
Según la plataforma de coordinación de migrantes y refugiados de Venezuela, hasta agosto había en Perú más de un millón de venezolanos, y 394.195 peticiones de refugio de personas de esa nacionalidad. Una encuesta de OIM, Unicef y Unesco refiere que el 63% de los venezolanos consultados en un control migratorio de la frontera norte de Perú no fue admitido. Unesco indica que una parte de ellos intenta entrar de manera ilegal.
A mayo de 2020, cuando el desempleo empezó a aumentar debido al confinamiento y la pandemia del nuevo coronavirus, había 80.541 escolares venezolanos matriculados en Perú, el 88 % en colegios públicos y el 11 % en privados. El chef Rómulo Landaeta llegó a Lima con su esposa y dos hijos en 2017. “Antes de la pandemia trabajaba como mesero en un restaurante en Lima Norte, ganaba unos 340 dólares mensuales, sumando propinas; pero el establecimiento cerró. Tengo un hijo de 15 y una de cuatro años y tuve que retirar a mi hija de un colegio inicial privado”, comenta a EL PAÍS en una avenida, mientras vende tapabocas. Landaeta encontró como solución los contenidos del sistema Aprendo en casa y él mismo revisaba las tareas de su hija.
El informe de Unesco, basado en 69 documentos y las opiniones de funcionarios del ministerio de Educación de Perú, especialistas y representantes de la sociedad civil, abarca la realidad educativa desde enero de 2017 hasta febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia en el sector.
Unesco destaca la necesidad de ampliar a otras regiones del país el programa Lima aprende, que identificó escuelas que podían recibir a escolares venezolanos —evitando las que tuvieran infraestructura inadecuada— e invirtió en ellas casi cinco millones de dólares.
Angélica Zevallos, una de las funcionarias que puso en marcha Lima Aprende, indica que en el primer año —2019— abrieron 10.000 vacantes para educación inicial y primaria de escolares venezolanos, y en 2020 hubo 16.000 vacantes adicionales, incluyendo secundaria.
Zeballos explica que el financiamiento, además del pago a los profesores y auxiliares, incluyó el personal de limpieza y guardianía, y los gastos de luz, agua y material educativo. El presupuesto cubrió también el costo de diez equipos interdisciplinarios e itinerantes de convivencia escolar, cada uno integrado por dos psicólogos, un trabajador social y un docente, anota la especialista. Con ellos trabajaban para lograr escuelas interculturales e inclusivas.
Desde 2013, el Ministerio de Educación peruano registra denuncias de acoso escolar en la web Sí se ve, que clasifica agresiones psicológicas, físicas o sexuales, precisa en qué distrito ocurrieron, quién fue el agresor y el “motivo”. En las estadísticas hasta noviembre pasado, cientos de casos de agresión tuvieron como causa “el lugar de origen del escolar”; en 49 de ellos, la violencia, humillación o discriminación ocurre “por ser de otro país”, y en muchas ocasiones, el agresor es el personal del colegio.
Lima Aprende capacitó a docentes y directores de las 120 escuelas con mayor población extranjera de la capital en prácticas de autocuidado, resolución de conflictos y prevención de la violencia y discriminación, comentó Zevallos. “Para ello se consideró la información recogida en la plataforma Sí se ve sobre casos reportados de violencia escolar”, agrega.
La funcionaria informó a Unesco que el trabajo de los equipos itinerantes de convivencia escolar en las escuelas fue muy valorado por los directores y docentes, pero no pudieron continuar en 2020, debido a recortes presupuestarios originados por la pandemia.
Unesco consultó al ministerio de Educación, como complemento al reporte, sobre las variaciones en la matrícula por causa de la crisis sanitaria y económica. Aunque el año escolar empieza en Perú en marzo, en mayo el sistema educativo público reabrió la matrícula para los niños que tuvieron que abandonar las escuelas privadas por razones económicas. Recibió entonces 110.000 nuevos escolares en el sistema público, de los cuales más de 4.000 eran de niños, niñas y adolescentes extranjeros, destaca Zevallos.
El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.
El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.
La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.
El impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021
El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.
Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.
A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.
Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.
Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.
Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.
El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.
El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.
Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada, además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas
Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.
Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.
De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.
Fuente: https://www.cadtm.org/Honduras-un-valle-de-lagrimas-y-de-resistencias
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