La decisión de cancelar a las Escuelas de Tiempo Completo, para concentrar los recursos en las labores de mejora de la infraestructura escolar, arguyendo que así hay más beneficios en la educación de la población vulnerable, ha sido –con razón– criticada. La idea posterior de otorgar recursos, directamente a las familias, para solventar el cese de las jornadas ampliadas es un error, pues ello no conduce a prolongar la permanencia de las niñas y niños en el ámbito escolar.
Esa fue la intención primaria de su existencia: la función expresa. Derivado de ella, como aspectos adicionales, los alimentos eran necesarios; la extensión temporal propició condiciones para que (sobre todo, pero no exclusivamente) muchas mujeres pudieran desarrollar un horario laboral completo y, también, otorgar ingresos adicionales, estímulos, al personal docente y administrativo involucrado.
Al desaparecer este programa, que cubría 27 mil escuelas y a 3.6 millones de aprendices, el efecto directo, de acuerdo con su orientación académica, es la merma en las condiciones para aprender. No hay que perder de vista que este es el daño principal de su suspensión. Es cierto, la calidad de la atención a las niñas y niños era variable, no siempre la mejor, pero eso conduce a su revisión cuidadosa, no a eliminarlo: en materia de educación no se deben escatimar recursos, máxime a quienes más lo requieren.
La alimentación y el hecho de hacer posibles periodos laborales más largos, condición sin la cual no se obtiene empleo en muchas actividades o se reduce el sueldo a devengar, así como los complementos en el ingreso del personal, son, además de lamentables consecuencias asociadas a la medida, un claro ejemplo de la inexistencia de un sistema organizado de cuidados (a la infancia vulnerable y su alimentación balanceada y, por dar otro ejemplo, a los adultos mayores que requieren apoyos constantes). Por el pronunciado e inequitativo sesgo de género en las relaciones sociales, esta carencia afecta más a las mujeres y limita su desarrollo.
En un sistema organizado de cuidados, coordinado por un Estado responsable, la escuela ha de formar parte, sin duda, pero no puede con todas las necesidades. ¿Las empresas no deberían contar con estancias infantiles, seguras y estimulantes, para atender a las criaturas de sus empleadas y empleados? ¿Acaso es innecesario asegurar a la infancia nacional una nutrición propicia para su desarrollo? Las actividades extracurriculares, ¿no debieran ser accesibles a todas las familias, de tal manera que, en lugar de descartar las jornadas ampliadas, se aumente el tiempo en todas las escuelas, dado que 4 horas y media son a todas luces insuficientes para llevar a buen puerto los planes y programas de estudio, y las actividades culturales, deportivas y artísticas cruciales en el desarrollo de las personas? ¿No es urgente que el magisterio cuente con ingresos salariales dignos, a partir del desempeño cabal de una actividad de trabajo continua, en lugar de tener dobles turnos?
Para resolver esa ausencia, la escuela, mucho mejor organizada, puede colaborar. Pero no basta: ya está recargada de funciones adicionales a su naturaleza propia. Está exhausta. Es necesario abrir el horizonte hacia la construcción de un sistema eficaz de compromiso social en los cuidados, coordinado por el Estado, basado en la equidad de género, la participación de distintos actores y la colocación de recursos públicos para ello. Por el bien de todas y todos, es necesario. Urge.
América del Sur/Perú/12-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe
Iniciativa busca prevenir y mitigar desastres naturales futuros en beneficio de la población más vulnerable.
Con la finalidad de identificar la incidencia de los eventos extremos en el planeamiento urbano y mejorar las herramientas de gestión, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con el apoyo de Fondecyt, unidad ejecutora de Concytec, desarrolla una investigación que consiste en el estudio de la correlación entre el Fenómeno El Niño (FEN) y los patrones de crecimiento urbano que predominan en las ciudades del norte del Perú en torno a los cauces de los ríos.
En base a las variaciones en el clima local relacionados con el FEN y mediante la recopilación de datos históricos de fuentes locales e internacionales, esta iniciativa busca crear un perfil climatológico que permita identificar posibles riesgos con el medio ambiente y desarrollar modelos de predicción de inundaciones y cambios en los patrones climáticos. Asimismo, incluye un análisis sobre la vulnerabilidad en relación a su entorno geográfico y las condiciones socioeconómicas.
Además, las fuertes lluvias y las crecidas de los ríos causadas por el FEN pueden tener efectos devastadores en áreas urbanas y rurales, así como un elevado costo de recuperación. Las ciudades costeras, especialmente las áreas urbanizadas que han crecido de manera informal, son indudablemente vulnerables a este tipo de eventos, los cuales afectan gravemente el espacio urbano e impactan en los sistemas económicos y sociales de la ciudad.
Por tal motivo, esta iniciativa viene estudiando e investigando las formas en las que El Niño afecta las ciudades de la costa norte del Perú, en sus áreas más relevantes. Asimismo, propone nuevas estrategias que mitiguen los impactos futuros de tormentas e inundaciones ribereñas en las áreas costeras.
“Nuestro proyecto de investigación multidisciplinaria analizará los efectos de este fenómeno climático en comunidades de la zona metropolitana de la cuenca del río Piura. Nuestra entidad liderará el trabajo de identificación de los procesos climáticos, geomorfológicos y pluviales localizados que aumentan el riesgo de eventos extremos en las comunidades ribereñas de la ciudad de Piura”, indicó Jorge Darwin Abad Cueva, investigador principal del proyecto.
También manifestó que se analizarán los diferentes elementos de vulnerabilidad urbana y las características sociodemográficas de las poblaciones más vulnerables, como parte del mapeo de procesos y patrones de crecimiento urbano.
“Actualmente, estamos elaborando un set de recomendaciones para los planes de gestión urbana de las comunidades, de manera que mejoren su respuesta frente al fenómeno de El Niño. Ello dará una mejor lectura de la magnitud de la vulnerabilidad de las comunidades y de la adaptabilidad, recuperación y resiliencia ante desastres. Obtener esta lectura cualitativa del entorno es clave para informar y fortalecer los planes de manejo de cuencas de agua y gestión de riesgos en relación a las políticas de ordenamiento territorial y expansión urbana en zonas vulnerables costeras del Perú”, enfatizó.
Para la ejecución de esta iniciativa, la UTEC recibió financiamiento por parte del Concytec, en convenio con el Banco Mundial, a través de su unidad ejecutora Fondecyt. Mayor información en el siguiente enlace.
(FIN) NDP/LZD
Fuente e Imagen: https://www.andina.pe/agencia/noticia-crean-perfil-socioambiental-para-estudiar-correlacion-entre-nino-y-desarrollo-urbano-833072.aspx
La campaña “Justicia para todos los niños y niñas”, lanzada por la campaña 100 Millones, insta a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas en favor de los niños y jóvenes marginados.
La campaña “Justicia para todos los niños y niñas”, lanzada por la campaña 100 Millones, insta a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas en favor de los niños y jóvenes marginados.
La campaña 100 Millones —un llamamiento a la acción para crear un mundo donde todos los jóvenes sean libres, se encuentren seguros y gocen de educación— pone de relieve cómo la pandemia de la COVID-19 tendrá un impacto más grave en los jóvenes más marginados del mundo.
Los niños y niñas que viven en aldeas de difícil acceso, los niños y niñas que se encuentran en asentamientos informales de chabolas, los niños y niñas que están obligados a trabajar, los niños y niñas que se desplazan de un lugar a otro, todos ellos y otros más se verán perjudicados tanto de forma inmediata como a largo plazo si el mundo no actúa ahora.
Petición
A través de la campaña “Justicia para todos los niños y niñas”, 100 Millones está trabajando con sus socios, entre ellos la Internacional de la Educación (IE), y una red internacional de jóvenes y estudiantes activistas para instar a la comunidad internacional a que adopte medidas inmediatas en favor de los niños y jóvenes marginados.
La IE anima a sus afiliados y a las personas interesadas a firmar la petición de la campaña “Justicia para todos los niños y niñas”.
Asignación de fondos para los niños y niñas más pobres
La petición exige que los gobiernos asignen una parte justa de recursos a los niños y niñas que se encuentren entre los 20% más pobres del mundo para evitar que se produzca un desastre, desde el punto de vista de los derechos de la infancia, como consecuencia de la COVID-19.
Para los países de altos ingresos, esto supone que se destine una contribución conjunta de 1 billón de dólares a educación, salud, agua, saneamiento, asistencia humanitaria y protección social.
La campaña pide a los países de bajos ingresos y a los países de ingresos medios bajos que proporcionen a los niños y niñas marginados suficientes servicios y recursos para que tengan un acceso justo e igualitario a la protección, además de reclamar una justicia fiscal para la sostenibilidad.
Asamblea General de la ONU
En el marco de esta campaña también se hacen demandas específicas para impedir que las empresas que evaden impuestos tengan acceso al dinero destinado a rescates para mitigar los efectos de la COVID-19.
La campaña 100 Millones entregará esta petición a los gobiernos nacionales durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2020, que se celebrará del 15 al 30 de septiembre en Nueva York, en los Estados Unidos.
Recursos
La campaña cuenta con una serie de recursos sociales, entre los que se incluyen animaciones, imágenes, plantillas de mensajes para las plataformas sociales y el texto central para una página de aterrizaje que los socios pueden adaptar.
Se acordó que la población vulnerable serán los mayores de 65 años y los que tengan enfermedades previas.
El regreso a las clases presenciales es inminente y sobre eso hablará este jueves el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa. Mientras se esperan los anuncios, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay firmaron este martes el protocolo de protección a los funcionarios de la ANEP en el marco de la propagación de covid-19, que había quedado preacordado la semana pasada.
El detalle por el que la CSEU pidió un cuarto intermedio era para discutir en sus bases a partir de qué edad se es población de riesgo, ya que en un primer momento se consideraba que era 60 años y luego la ANEP decidió elevarlo a los 65 años para alinearse con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), y eso fue lo que finalmente acordaron.
En el protocolo sólo se establecen condiciones de trabajo relacionadas a la salud, por lo que los detalles de cómo y cuándo vuelven los niños está todavía en manos del gobierno nacional en consulta con los asesores.
El protocolo indica que además de los mayores de 65 años, los funcionarios y los docentes que tengan comorbilidades dentro de la lista que elaboró el MSP entrarán en la categoría de población vulnerable, por lo que no deberán comenzar a trabajar de inmediato.
Los hisopados nasofaríngeos para comprobar la presencia de covid-19 se harán a los funcionarios docentes, de gestión y servicios que presenten síntomas o que hayan estado en contacto con personas diagnosticadas. En este punto se aclara que la ANEP facilitará la información, pero será la Administración de los Servicios de Salud del Estado la que se encargue de la gestión y realización de las pruebas.
En caso de que aparezcan síntomas, los funcionarios deben quedarse en su casa y consultar a su médico. Si se confirma la enfermedad, aquellos que hayan tenido un relacionamiento estrecho con el paciente deberán entrar en cuarentena y hacerse la prueba una semana después o cuando aparezcan síntomas, mientras que los que mantuvieron un relacionamiento casual deberán seguir trabajando y monitoreando sus síntomas, según lo indicado por el MSP.
El protocolo de la ANEP establece que para evitar aglomeraciones los centros deberán “considerar el uso escalonado de horarios, horas de descanso, usos de espacios comunes como comedores, vestuarios, respetando la distancia de 2 metros”. Además, los centros deberán “mantener e incrementar las medidas de limpieza y desinfección” de los locales, mantener la ventilación e incorporar una alfombra sanitaria.
Sobre la distancia entre las personas, los representantes sindicales y las autoridades concuerdan en la complejidad de llevarla a cabo. En el protocolo señalan que “las tareas y procesos laborales deben planificarse para mantener una distancia aconsejada”.
La preocupación por la salud mental también quedó de manifiesto en el protocolo, donde se acordó que los servicios de la ANEP especializados en esas áreas harán “un plan dirigido a funcionarios docentes y no docentes, desarrollando acciones que permitan apoyar a los que se reintegran, así como a aquellos que a la fecha desempeñan funciones a través de la virtualidad”.
La cooperación entre la UNESCO y sus Cátedras UNESCO que se ocupan de cuestiones de derechos humanos e inclusión social se deriva de la necesidad de comprender mejor las repercusiones sociales de COVID-19 en los sectores más vulnerables de la población y las medidas de mitigación adoptadas hasta la fecha.
Con el cierre de instituciones educativas de todos los niveles en 191 países, el aprendizaje continúa a distancia y, en particular, gracias a soluciones digitales. Sin embargo, para muchos estudiantes de la enseñanza superior la enseñanza en línea no es una opción viable.
Superar la brecha digital y económica
El primer obstáculo es la brecha digital. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, antes del brote de COVID-19 sólo el 47% de la población de los países en desarrollo utilizaba Internet, en comparación con el 86% de la población en los países desarrollados. Como señala la Cátedra de Cultura de Paz y Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) «al menos el 60% de la población estudiantil se ha visto afectada por la pandemia, ya que muchos no tienen los medios ni los instrumentos para acceder a la enseñanza en línea. Dado que COVID-19 está teniendo graves repercusiones sobre los estudiantes, se necesitan respuestas oportunas».
Aunque los estudiantes de primaria y secundaria parecen ser los más afectados, la brecha digital también puede observarse a nivel universitario, incluso en los países desarrollados. En palabras de la Cátedra de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I (España) «en lo que respecta a la educación, COVID-19 pone de manifiesto la gran brecha digital que sigue existiendo hoy en día, en el siglo XXI. En la Universidad Jaume I, según los estudiantes, hay personas que sufren esta situación».
En lo que respecta a la brecha digital, «la situación socioeconómica de los estudiantes y sus familias es un factor agravante», observa la Cátedra de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja (España). En efecto, los estudiantes que se encuentran en una situación económica difícil tienen más probabilidades de tener un acceso deficiente o nulo a Internet, ya sea porque no pueden permitirse el costo de una computadora portátil o de la conexión a Internet o porque viven en regiones o barrios de baja conectividad. Por ejemplo, según la Cátedra UNESCO de Población, Migraciones y Desarrollo de la Universidad La Sapienza de Roma, en Italia alrededor del 25% de las familias no tienen una conexión de banda ancha y entre ellas el 20,6% se encuentran en Trentino -en el norte- y el 35,7% en Calabria -en el sur de Italia-. Estas divisiones digitales y económicas, combinadas con un prolongado cierre, harán que los estudiantes afectados se queden más atrás.
Consciente de la brecha digital existente, la Universidad de La Rioja la ha tenido en cuenta en las instrucciones de adaptación de las actividades docentes a la modalidad de docencia no presencial en el curso académico 2019/2020. Según la Cátedra UNESCO «por un lado, se ha dejado claro que las modificaciones introducidas deben tener en cuenta la capacidad tecnológica disponible en los domicilios de los alumnos […] Por otro lado, si los alumnos tienen problemas de carácter tecnológico, se recomienda que informen al profesorado o a la dirección de estudios de su titulación».
Las Cátedras UNESCO de la Universidad de Córdoba (España) y de la Universidad Jaume I (España) informan de que sus universidades anfitrionas, en un intento de permitir a los estudiantes con dificultades económicas acceder a la enseñanza en línea, ofrecieron a estos estudiantes la posibilidad de pedir prestados ordenadores portátiles y unidades USB 4G.
Los estudiantes con discapacidades están entre los más afectados ya que requieren apoyo específico y herramientas de enseñanza que no siempre están disponibles en la educación a distancia. Las Cátedras UNESCO de la Universidad de Zagreb (Croacia) y de la Universidad de Padua (Italia) informan sobre las medidas específicas adoptadas por sus instituciones anfitrionas.
Desde el anuncio del Rector sobre la enseñanza a distancia, el Centro de Aprendizaje Electrónico del centro informático de la Universidad de Zagreb ha estado supervisando y apoyando a los profesores en la aplicación de la enseñanza en línea. A fin de garantizar una enseñanza a distancia inclusiva, se pide a los profesores que apliquen instrucciones y recomendaciones específicas, como las Directrices elaboradas por la Oficina para Estudiantes con Discapacidades. La Oficina se estableció en 2007 con el objetivo de dar igualdad de oportunidades a los estudiantes que, debido a enfermedad, impedimento o discapacidad, tenían dificultades para cumplir sus obligaciones académicas cotidianas.
La Oficina de Inclusión de la Universidad de Padua sensibilizó a todos los profesores que ofrecían clases en línea sobre las necesidades de los estudiantes con discapacidades auditivas, que normalmente se benefician de los servicios de estenotipia. Además, publicó en su sitio web directrices específicas sobre la manera de hacer que los instrumentos de enseñanza, como los vídeos y las presentaciones en PowerPoint, sean accesibles a los estudiantes con discapacidades auditivas y visuales.
Mitigación de la pérdida de medios de vida
Otra vulnerabilidad causada por la crisis con posibles efectos indirectos en el aprendizaje es el aumento de las dificultades económicas de los estudiantes debido a la pérdida de ingresos. Por ejemplo, la Cátedra de la Universidad de Maastricht (Países Bajos) informa de que «muchos de los estudiantes extranjeros y externos al campus, que normalmente dependen de empleos a tiempo parcial para cubrir la matrícula universitaria, perdieron sus ingresos debido al cierre de actividades económicas no esenciales». En respuesta, la Universidad lanzó una campaña de financiación colectiva y ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener un préstamo sin intereses por un par de meses. La Cátedra de la Universidad Jaume I informa de la decisión de esta última de aplazar el pago de las tasas de matrícula de abril a más de 5.200 estudiantes de licenciatura y máster para mitigar el impacto económico de COVID-19.
Respuestas de la UNESCO
Desde el comienzo mismo de la pandemia, la UNESCO ha estado a la vanguardia en el tratamiento de los desafíos relacionados con la adopción de la enseñanza en línea.
Paralelamente, la Organización está fortaleciendo su cooperación con la comunidad de recursos educativos de libre acceso (OER) para: apoyar los materiales de enseñanza y aprendizaje de libre acceso en el marco de la Recomendación sobre recursos educativos de libre acceso de la UNESCO de 2019; determinar los cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) y los recursos educativos de libre acceso que puedan ofrecer cursos en línea y contenidos de aprendizaje autodirigidos a través de plataformas móviles y de escritorio; apoyar, a través de la iniciativa OER4Covid, la transición al aprendizaje en línea utilizando recursos educativos de libre acceso durante la pandemia de COVID-19.
Este artículo fue preparado con aportaciones de: la Cátedra UNESCO de resolución de conflictos de la Universidad de Córdoba (España); la Cátedra UNESCO de filosofía para la paz de la Universidad Jaume I (España); la Cátedra UNESCO de ciudadanía democrática y libertad cultural de la Universidad de La Rioja (España); la Cátedra UNESCO de derechos humanos y paz de la Universidad de Maastricht (Países Bajos); la Cátedra UNESCO de derechos humanos, democracia y paz de la Universidad de Padua (Italia); la Cátedra UNESCO de libre circulación de personas, migración y diálogo intercultural de la Universidad de Zagreb (Croacia).
Dada la escasez de datos fiables, la UNESCO envió a las Cátedras un breve cuestionario para reunir información y reforzar la base de pruebas. Sobre la base de sus respuestas, se publicarán artículos en línea. Se seguirá compartiendo información y experiencias, y este diálogo podría dar lugar a iniciativas coordinadas en la fase posterior a la pandemia a fin de aumentar la solidaridad y reducir la vulnerabilidad ante futuras emergencias inesperadas y prolongadas.
Epidemias y pandemias han marcado la historia africana. La COVID-19 llega al continente solapándose con otras enfermedades endémicas, serias deficiencias médicas y objetivos aún no conseguidos en acceso al agua y saneamiento. La población africana conoce bien el poder que tiene el espíritu comunitario. Es su más poderosa arma en la lucha contra la pandemia de la que todos podemos aprender.
Un viaje al frente de la lucha contra el ébola. Beni, región de Kivu del Norte, República Democrática del Congo. Hospital general de Beni. Photo: World Bank / Vincent Tremeau
La pirámide demográfica en países africanos presenta una población mucho menos envejecida que la de los países desarrollados. Esto apunta a que algunos epidemiólogos lo consideren un factor tendente a reducir la mortalidad por la COVID-19 atendiendo a las estadísticas mundiales que se han generado hasta ahora. Ocurrió con el coronavirus del SARS, en 2002-2003, y la gripe H1N1, en 2009. Sin embargo, al igual que en otras enfermedades, la vulnerabilidad del sistema inmunitario de los africanos más pobres, debilitado por la malnutrición, y la simultaneidad con otras enfermedades endémicas, amenazan en sentido contrario. Es el caso de muchas regiones de África en las que la falta de acceso pleno al agua y al saneamiento plantean el peor escenario para la propagación y mortalidad de la pandemia.
Las pandemias que llegan a África suelen solaparse con las endemias propias de determinadas zonas, por lo que los pronósticos de riesgo se vuelven más inciertos. Un ejemplo lo constituyen las enfermedades debidas al mal estado del agua, como la diarrea, una lacra que diezma y deja sin defensas al organismo de la población infantil africana; y las enfermedades respiratorias como la neumonía infantil y la tuberculosis que, asociadas con el sida, otra de las endemias lacerantes de África, incrementan la vulnerabilidad de la población de forma dramática.
En su boletín semanal sobre brotes epidémicos y emergencias médicas, la OMS señala que la COVID-19 llega a África coexistiendo además con más de 90 brotes epidémicos, como el ébola en la República Democrática del Congo, el sarampión en la República Centroafricana y la fiebre amarilla en Uganda, entre otros.
A las alertas de la OMS se ha añadido la de la FAO sobre las plagas de langosta que se ciernen sobre la agricultura de los países del este de África, como Somalia, Kenia, Uganda, Sudán del Sur y Etiopía. A causa de las lluvias generalizadas que cayeron a fines de marzo, los enjambres de este insecto devorador de cultivos amenazan con extenderse de junio a julio coincidiendo con el inicio de las cosechas. Esto representa una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los campesinos de una de las zonas geográficas más amenazadas por el cambio climático.
Falta acceso al agua, saneamiento y servicios médicos
En el África subsahariana, el 40% de la población no tiene acceso al agua salubre. Esto significa que 300 millones de personas están expuestas a las enfermedades características del agua contaminada, y que las expectativas de mantener programas eficientes de higiene personal son remotas.
Por otra parte, un 40 % de la población vive en zonas urbanas, la mayor parte de las cuales han experimentado un crecimiento desordenado. ONU Habitat estima que 570 millones de africanos viven en tugurios en condiciones de hacinamiento sin los mínimos servicios de suministro de agua y saneamiento, y para los que la cobertura médica es un bien remoto. En estas condiciones, el confinamiento y distanciamiento social son objetivos difíciles de conseguir.En las zonas rurales subsaharianas el confinamiento genera problemas se supervivencia notables. La OMS estima que en África, más de una cuarta parte de la población, la gran mayoría mujeres, sobrepasa los 30 minutos andando para ir y volver a una fuente de agua. En total pasan 40.000 millones de horas al año fuera del hogar buscando agua y, pese a ser una lacra inaceptable, este tiempo es el que emplean muchas mujeres y niñas para socializar entre ellas.
Los países africanos tienen los sistemas de salud más precarios del mundo. En general, en todo el continente, no llega al 50 % la población que tiene acceso a servicios médicos eficientes. Sus sistemas sanitarios funcionan por debajo de la mitad de sus posibilidades en cuanto a recursos humanos y materiales, por lo que son incapaces para hacer frente a un aumento exponencial de pacientes con necesidad de cuidados intensivos.
La Unión Africana ha reaccionado con rapidez ante la COVID-19. Los 55 estados miembros han sido conscientes de la importancia de aprender de lo ocurrido en China, Europa y EEUU y lanzar un programa de medidas coordinado con la OMS y con instituciones científicas y médicas internacionales. El plan se basa en sistematizar la vigilancia, los test de detección, la prevención, la gestión de los centros médicos y las estrategias de comunicación con la población. Este programa, multilateral e integrador, está reflejado en el documento Africa Joint Continental Strategy for COVID-19 Outbreak que se aparece como una experiencia de cuyos resultados todo el mundo puede aprender para esta crisis y las futuras pandemias que puedan surgir..
La concienciación de que lo bueno para uno ha de ser bueno para la comunidad está sólidamente enraizada entre los africanos, especialmente en las comunidades rurales. La experiencia de la Fundación en el proyecto que llevó agua potable y educación en la higiene en Brakna, en Mauritania, lo demostró.
Brakna es una de las regiones más deprimidas del país, con una tasa de pobreza superior al 40%. Allí la población lleva décadas afectada por crisis recurrentes de enfermedades, como la diarrea o la malaria, y severas sequías que aceleran la desertización y abocan al país a un círculo vicioso de inseguridad alimentaria, malnutrición y pobreza.
En Brakna, en noviembre de 2017, el 62 % de la población utilizaba fuentes no seguras de agua debido a su imposibilidad de pagar el suministro o por la lejanía de sus casas de las fuentes salubres. La falta de acceso a productos para la potabilización del agua era una de las causas de la prevalencia de la diarrea que alcanzaba al 21% en la zona de intervención del proyecto.
El trabajo de la Fundación, en colaboración con Save the Children, tuvo como objetivo mejorar el acceso al agua y las prácticas de higiene para reducir la desnutrición infantil. Se distribuyeron 250 kits de higiene entre los hogares más pobres, alcanzando a unas 1.500 personas. El kit contenía cloro para el tratamiento del agua, jabón para promover el lavado de manos, un recipiente para almacenar el agua y detergente en polvo.
Las distribuciones de kits se realizaron con sesiones educativas en las que se explicó cómo utilizar los productos, las prácticas de higiene básicas de lavado de manos y las prácticas culinarias seguras.
El proyecto logró sus objetivos de beneficiar al resto de los aldeanos gracias a su espíritu participativo. Esto facilitó la formación y gestión de comités comunitarios que monitorizaron las buenas prácticas y las transmitieron a más de 43.000 habitantes repartidos en 124 aldeas de la región. El convencimiento de que el empoderamiento comunitario es la mejor herramienta para combatir las crisis sale fortalecido en todos los proyectos de ayuda que se desarrollan en África, asegurando así su plena sostenibilidad.
Esta experiencia se hace extensiva a los 12 proyectos que la Fundación ha desarrollado en la África subsahariana. En todos ellos la celebración por la consecución de agua y saneamiento es un sentimiento que se enraiza y comparte como el logro comunitario de un pueblo que está obligado a sobrevivir día a día. Esto permite al extraordinario pueblo africano lograr una resiliencia ejemplar para el resto del mundo, una de sus principales armas para luchar contra el coronavirus y de la que todos deberíamos aprender para superar la crisis que estamos viviendo.
América/México/26/03/2020/Autor y Fuente: plumasatomicas.com
La precarización social podría poner en riesgo la vida de la población vulnerable.
Según datos proporcionados por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) la población vulnerable se verá más afectada por la epidemia de nuevo coronavirus o Covid-19.
La ONU informó que la pandemia golpeará con mayor fuerza a las personas en condiciones vulnerables debido a su falta de recursos y las condiciones precarias en las que viven, pues muchas habitan en asentamientos informales, barrios marginales, densamente poblados y sin algún tipo de seguridad social.
Asimismo, los puntos de contagio son mayores y , en algunos casos, inevitables. Por ejemplo, el transporte público cuya demanda no es cubierta de manera suficiente y no cuenta con las medidas de higiene necesarias para evitar la propagación del virus.
Ante este escenario, las únicas recomendaciones para evitar la dispersión del Covid-19 es el lavado de manos y el distanciamiento social o la cuarentena. No obstante, la mayor parte de los trabajadores no pueden ausentarse de sus labores, pues viven de sus ganancias diarias y no cuentan con un sistema de apoyo financiero.
Asimismo, una gran parte de la población vulnerable no tiene algún tipo de seguridad social que los apoye en caso de contraer el virus. Ante este escenario la ONU puntualiza que las autoridades deben proporcionar medios a la población vulnerable para superar esta crisis de salud.
“Las medidas críticas pueden implicar la ubicación de clínicas móviles de atención médica más cercanas a las comunidades afectadas, y mapear las instalaciones de salud para mejorar el acceso a las pruebas y el tratamiento“. (Vía: Comisión UNAM).
Otra de las medidas que la organización mencionó fue la descentralización de recursos en las zonas urbanas y habilitar las zonas rurales. También señaló que cada una de estas labores deberían realizarse en conjunto con diversas asociaciones comunitarias.
Finalmente,señalaron que la restricción de las actividades diarias frenaría el ingreso económico de los trabajadores independientes o con pequeños establecimientos, pues estos dependen de las ventas e ingresos económicos diarios. Perder los ingresos formales en una casa podría provocar el abandono de hogares:
“Esto puede provocar que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares debido a su incapacidad para pagar el alquiler. Sin ningún beneficio social, no podrán cubrir a sus familias”. (Vía: Comisión UNAM)
Se espera que la pandemia por el coronavirus termine sin afectar gravemente a la población, no obstante, estos daños podrían ser inevitables.
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