Política Educativa

Si todo es aagresión sexual, entonces nada es agresión sexual — Betsy DeVos

Se conoce como la ‘Dear Colleague Letter’ porque así comienza. En abril de 2011, el presidente Obama escogió esa fórmula de cortesía para abrir una carta dirigida a las instituciones educativas de EEUU con una intención clara: recordarle a directores, rectores y demás autoridades administrativas en el mundo de la enseñanza su obligación de respetar las protecciones contempladas en la ley contra la discriminación sexual (la llamada Title IX) a la hora de tratar las denuncias de violencia sexual en sus centros.

“Desde hace tiempo reconocemos la educación como el gran elemento igualador de América”, reza aquel escrito en su primer párrafo. “El acoso sexual de estudiantes interfiere con el derecho del estudiante a recibir una educación libre de discriminación y, en el caso de existir violencia sexual, es un crimen”.

Betsy DeVos ha pedido a su departamento que revise las líneas de actuación de Obama, que considera demasiado duras, empezando por rebajar «sus definiciones ambiguas e increíblemente amplias de asalto y acoso sexual»

Vía RAINN

Con aquellas cuatro páginas Obama salía al paso de un problema que durante la última década se ha tratado con regularidad en los medios norteamericanos con categoría de epidemia.

La limitada amplitud de los sondeos sobre el tema y su propia naturaleza hace que siempre sea difícil medir la incidencia de la violencia sexual en los campus norteamericanos. Según a quién preguntes, esa violencia es virtualmente inexistente o una lacra brutal. El consenso, eso sí, apunta más hacia el segundo de esos extremos.

Las cifras más aceptadas indican que una de cada cinco mujeres y uno de cada dieciséis hombres son víctimas de algún tipo de agresión sexual durante su etapa universitaria. Además, entre el 80 y el 90 por ciento de las víctimas ni informan de lo sucedido ni lo denuncian. Y las que sí lo hacen, muchas veces se encuentran con unos centros que tratan sus denuncias con desdén, con recelo o de formas abiertamente inadecuadas.

Vía RAINN

A la luz de esos números, la Dear Colleague Letter fue vista como una llamada a la acción a nivel nacional, un golpe de atención que demandaba una postura más dura contra la violencia sexual.

Obama recordaba que, de acuerdo a la Tittle IX, las instituciones educativas están obligadas a investigar las alegaciones de agresión sexual dentro de los 60 días posteriores a la denuncia. Además, reforzaba la protección de las víctimas al apelar en estos casos a una controvertida inversión de la carga de la prueba: en vez de usar el “culpable más allá de la duda razonable” como baremo, como sucede en las juzgados de lo penal, la carta abogaba por rebajar el listón a la “preponderancia de la evidencia estándar”, o cuando más del 50 por ciento de las evidencias apuntan a la culpa.

Dicho de un modo más simple, para que se entienda: en caso de denuncia de violencia sexual en un centro educativo, el acusado no debe ser tomado por inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, sino más bien lo contrario. Y eso no gustó ni a conservadores ni al activismo pro derechos de los hombres ni a asociaciones por los derechos civiles.

Los números parecen darle la razón al anterior presidente. No existen cifras que permitan decir que se ha experimentado un descenso notable en el computo global de agresiones sexuales entre estudiantes, pero diversos sondeos y organizaciones activistas coinciden en señalar que las víctimas denuncian hoy más que antes y que los casos denunciados se tratan hoy con mayor rapidez y diligencia, por lo general, que hace unos años. Las cosas parecen ir mejor.

Además, desde la publicación de aquella carta, el Gobierno ha conducido 435 investigaciones en universidades y colegios universitarios por la posible mala gestión de casos de violencia sexual. Eso sí, a día de hoy solo 75 de esos expedientes han sido resueltos. 360 permanecen abiertos.

La lógica DeVos, o la protección positiva del supuesto agresor

A pesar de esa sensación general de mejora, la cuestionada secretaria de Educación de Donald Trump atribuye a la Dear Colleague Letter un claro efecto pernicioso.

“ A través de la intimidación y la coerción, el sistema fallido ha empujado a las escuelas a excederse”, dijo DeVos el jueves durante un discurso en la Universidad George Mason de Arlington, Virginia. “Con la mano pesada de Washington desequilibrando su balanza, la triste realidad es que la Dama de la Justicia no es ciega en los campus de hoy”.

La intimidación y la coerción a la que alude se refiere a la amenaza lanzada por Obama de retirar las ayudas públicas a aquellas instituciones educativas que no abordaran las denuncias de agresión sexual con suficiente ahínco o la debida diligencia. Y eso, opina DeVos, ha derivado en un sistema inclinado a sancionar en exceso, por miedo a perder sus fondos públicos.

Haciendo suyos los argumentos del ‘movimiento por los derechos de los hombres’, DeVos considera que el enfoque promulgado por Obama está generando sus propias víctimas en la forma de estudiantes —casi siempre varones— injustamente acusados o injustamente castigados por sus centros, y por tanto debe ser revisado.

“ Una sola violación ya es una violación de más. Un solo asalto sexual ya es un asalto de más. Un solo caso de una persona acusada a la que se le niega un procedimiento adecuado ya es un caso de más”, dijo DeVos.

En su discurso, Betsy aludió a un par de casos absurdos y extremos para avalar su deseo de cambios. Entre ellos está el de una pareja californiana que fue denunciada por una tercera persona. “Esta es la historia de un atleta, su novia y el sistema fallido”, relató DeVos de forma dramática.

“ La pareja estaba ‘forcejeando de forma juguetona y ruidosa’, según su propio relato, pero un testigo pensó otra cosa y reportó el incidente al coordinador de la universidad. La joven aseguró repetidamente a los funcionarios del campus que no había sufrido abuso y que no había ocurrido ningún tipo de mal comportamiento. Pero por culpa del sistema fallido, los administradores de la universidad le dijeron que ellos sabían mejor lo que había pasado. Apartaron al joven del equipo de fútbol y le expulsaron de su facultad. ‘Cuando dije la verdad’, cuenta la joven, ‘fui estereotipada y me dijeron que era una mujer ‘maltratada’, me hicieron sentir menospreciada”.

Esa realidad existe. Hombres acusados de forma injusta. Hombres que ven su reputación destruida de forma instantánea por una acusación que luego se demuestra infundada. Pero es una realidad residual, minoritaria.

DeVos se agarra a esos casos para pedir cambios. El Departamento de Educación va a revisar las líneas de actuación de Obama, que considera demasiado duras, empezando por rebajar “sus definiciones ambiguas e increíblemente amplias de asalto y acoso”. Porque “ si todo es acoso, entonces nada es acoso”, dice.

Hay que asegurar que el propósito de la ley sea concretado de una manera que reconozca tanto los derechos de las víctimas como los de aquellos que han sido acusados — Betsy DeVos

Aunque en su plática nombró repetidamente a las víctimas, la idea que ha cuajado en las cabezas de la mayoría de medios y de todo tipo de organizaciones feministas y de defensa de las víctimas de violencia sexual es más bien la contraria: su reforma, de la que no ha dado detalles, parece surgir de un deseo de incrementar las protecciones de los supuestos agresores.

Ya lo dijo hace unos meses en el discurso de toma de posesión de su cargo: “Hay que asegurar que el propósito de la ley sea concretado de una manera que reconozca tanto los derechos de las víctimas como los de aquellos que han sido acusados”.

Suena justo sobre el papel. El problema es que las cifras no terminan de refrendar esa supuesta necesidad imperiosa de cambios.

Frente al 20% de mujeres que sufren algún tipo de agresión sexual durante su etapa universitaria — algunos sondeos elevan la cifra hasta el 25%, una de cada cuatro estudiantes—, el número de denuncias falsas relacionadas con violaciones y otros cargos sexuales en centros educativos se sitúa estadísticamente entre el 2 y el 10%, con una mayor propensión a situarse en la mitad inferior de esa horquilla.

Asociaciones de víctimas habían escrito a DeVos expresando su temor ante posibles cambios. Los fiscales generales de 20 Estados habían urgido por escrito a DeVos a mantener las protecciones existentes al considerarlas adecuadas. Al final, parece que esas cartas no van a servir de nada.

Fuente: http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/betsy-devos-secretaria-educacion-trump-relajar-guidelines-violencia-campus_0_2043995603.html