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De la seguridad al coronavirus

Por: Raúl Zibechi

Desnudos ante el poder: Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Los institutos de opinión pública uruguayos detectaron un cambio abrupto en la percepción de la población respecto a los problemas principales que enfrenta. Así, el diario La República titula en su edición del 23 abril “La salud desplazó a la inseguridad y ahora es la primera preocupación de los uruguayos”

La directora de Equipos Consultores, Mariana Pomiés, asegura. “Nos llevamos una sorpresa porque hace años la principal preocupación era la inseguridad y ahora se desplomó”. En su evaluación, la preocupación por la seguridad cayó del 58 al 5%, siendo desplazada por la salud y la economía, por ese orden.

La serie histórica que Equipos presentó el 14 de abril de la mano de Ignacio Zuasnábar, en canal 12, no deja lugar a dudas. Desde 2008 la seguridad y la delincuencia desplazaron a la desocupación como tema excluyente de los uruguayos. El año pasado, el 72% lo consideraron el problema principal en sus vidas.

Son datos relevantes ya que la serie histórica recorre más de una década, desde 2007, atravesando casi todo el período de los gobiernos progresistas. La seguridad es el dato central que permite explicar los resultados electorales de octubre y noviembre, o sea la derrota del Frente Amplio y el triunfo de una coalición multicolor que llevó a Luis Lacalle a la presidencia, pese a no existir nada que se parezca a una crisis económica en Uruguay, a diferencia de otros países de la región.

Aunque los datos son reales e indiscutibles, el enfoque me parece desacertado. La pandemia de coronavirus no desplaza a la seguridad como tema principal, porque se trata del mismo fenómeno social. El coronavirus es la expresión, en este período, de la preocupación ciudadana por la inseguridad, excusa para la aplicación de las políticas de seguridad desplegadas en los últimos 20 años, no sólo en Uruguay sino en toda América Latina.

Estamos ante una construcción política que está íntimamente ligada a lo que el filósofo Giorgio Agamben denomina como “estado de excepción”, devenido en el “paradigma de gobierno” en el período actual*. En su estudio sobre el origen el estado de excepción se remonta al “estado de sitio” durante la revolución francesa, ligado a la guerra contra enemigos externos que enfrentaba la Asamblea Constituyente en 1791. Posteriormente, a lo largo de los siglos XIX y XX, el estado de sitio se emancipa de la situación bélica que lo generó, “para ser usado como medida extraordinaria de policía frente a desórdenes y sediciones internas, deviniendo así de efectivo o militar en ficticio o político” (p. 29).

Insiste, mal que nos pese, en que fue la tradición democrático-revolucionaria y no la absolutista, la creadora del estado de excepción. Los “plenos poderes” que asume el poder ejecutivo supone en los hechos un vacío de derecho. Lo sucedido durante las dos guerras del siglo XX, con el ascenso del nazismo en el seno de regímenes democráticos, llevó a Walter Benjamin a decir que “el estado de excepción…ha devenido la regla”.

Agamben registra que la ampliación de los poderes del ejecutivo va mucho más allá de las conflagraciones bélicas, cuando todos los países en guerra aplicaron el estado de excepción. Bajo esa tendencia inexorable, “es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales lo que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo” (p. 43).

¿Cuáles son los mecanismos que llevaron a que el estado de excepción se haya convertido en el paradigma de las democracias? La mutación principal, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno” (p. 44).

El filósofo sostiene, en una reciente entrevista, que el control a través de videocámaras y teléfonos celulares, “excede, por mucho, cualquier forma de control utilizada bajo regímenes totalitarios como el fascismo o el nazismo” y que las medidas que limitan nuestra libertad “nunca se habían aplicado en la historia de nuestro país”.

Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Porque nos hemos acostumbrado a que el poder decida, con la sola aprobación de “técnicos” y “especialistas”, una gama cada vez más amplia de decisiones: quiénes son pobres y quiénes indigentes, quiénes pueden recibir ayudas y subvenciones, qué empresas están exentas del pago de impuestos y cuáles pueden vulnerar la soberanía nacional, y un largo etcétera. Hasta llegar a decidir en qué lugares debo usar tapabocas, cuántos pueden estar en un almacén y a qué distancia de otras personas debo sentarme.

¿Quién decidió que la pandemia es una guerra que debe ser enfrentada con métodos y modos militares? Los gobiernos, sin el menor debate público, argumentando la urgencia, la salvación de la población, el bien público, y otros similares. Todo ello sin que mediara el menor debate en la sociedad. Porque la fruta de la militarización de la sociedad fue madurando durante décadas de gestión de la seguridad con políticas de control policial.

El Estado/policía toma las decisiones y aplica las penas luego de marcar la falta, aunque en muchos casos el policía sea sustituido por un asistente social. La sociedad queda, de ese modo, desnuda ante el poder. Una desnudez, como dice Agamben, que es “una producción específica del poder y no un dato natural”.

* Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo, 2004.

Fuente  : https://zur.uy/de-la-seguridad-al-coronavirus/

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/digital-crime-by-anonymous-hacker-1095422036?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fseguridad%2F

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¿Fue un acierto el haber mantenido el actual ciclo escolar en pie?

Por: Fidel Ibarra López

Los tiempos de la Ciencia no cuadran con los tiempos de la política. Desde la Organización Mundial de la Salud se advierte del riesgo que representa para la salud de la población mundial si se eliminan las restricciones que se tienen hasta el momento -la sana distancia y el confinamiento de la población-. Pero desde la esfera de la política, la vida transita por otras vías. Hay urgencia por reactivar la economía -a través de reabrir los negocios y las empresas de forma gradual-. Y se entiende, la Concamin advierte que cada día se están perdiendo alrededor de 20 mil empleos en nuestro país. Y esa cifra representa una cuesta arriba muy compleja de superar una vez que la pandemia haya pasado. De ahí el que haya urgencia por reabrir los negocios nuevamente.

En el terreno de la educación ocurre algo similar. Mientras que en otros países se dio por terminado el actual ciclo escolar, en México las autoridades educativas anunciaron que eso no iba a ocurrir en nuestro caso. Y en su defecto, se anunció que el calendario escolar se recorrería hasta el 17 de julio y que el regreso a las aulas sería escalonado “dependiendo del número de contagios que haya en cada municipio: para algunos, el regreso sería para el próximo 17 de mayo y para otros, la primera semana de junio (Educación Futura, 26 de abril del 2020).

¿Se pueden iniciar las clases presenciales en esas fechas? No hay certeza para ello, debido a que ese escenario depende de la forma como se comporte la pandemia en las próximas semanas. No obstante, aún con ello se aventuran las autoridades educativas a plantear una fecha probable de regreso a las aulas. Y la pregunta obligada es ¿por qué? Me parece que la respuesta va en dos sentidos: En primer lugar, en un escenario de incertidumbre, el funcionario público se ve obligado a ofrecer respuestas para ofrecer un cierto marco de certidumbre de cara al futuro inmediato. Y dentro de esas respuestas, una de ellas se vuelve imperativa: cuándo vamos a retornar a la “normalidad” -cualquier cosa que eso signifique ahora-. El funcionario público entonces, pretende dar certidumbre ante un escenario líquido -para utilizar la expresión de Bauman-, pese a que no se cuente con evidencia sólida para confirmar que lo que asegura se va a poder cumplir. En segundo lugar, me parece que no se canceló el ciclo escolar por una consideración política. Seguramente se valoró el costo político que significaría para el gobierno federal una decisión de ese tipo. Y la conclusión que se desprendió de ello es que cancelarlo hubiese significado un revés para la reforma educativa Obradorista. Una reforma que está en proceso de implementación y que ahora, por motivos de la pandemia, ha entrado en un impasse.

Dicho esto último, planteemos la pregunta a la inversa: ¿fue un acierto haber mantenido el ciclo escolar en pie? En términos políticos me parece que sí. Se envía una señal de operación y funcionamiento del sistema educativo. Y no sólo para el caso de la educación pública, sino sobre todo para el sistema privado. Haber concluido el ciclo escolar hubiese sumido al sistema privado en un escenario muy complejo por el tema de las colegiaturas. Pero, ¿y en términos académicos? Aquí es donde se instala el problema. Y lo afirmo por lo siguiente: diversos maestros y directores de educación básica se han manifestado sobre las deficiencias que contiene el plan “Aprende en Casa”.

Cito un ejemplo: “Saturación de contenidos, estandarización de conocimientos, manejo de conceptos complejos, sin explicaciones para alumnos de preescolar y primaria, y la falta de adecuación de contenido curricular para los de educación especial, son algunas defi-ciencias detectadas por maestros y directores de formación básica” (Laura Poy Santoyo, La Jornada, 26 de abril del 2020). Visto así, el programa de la SEP se entiende como una medida de urgencia para mantener el ciclo escolar en pie. Pero esa medida topa con una realidad para la cual habría que prepararse primero. Tanto para la impartición de las clases a distancia, como para trasladar el aprendizaje a casa. Lo que se está haciendo en este momento es trabajar en base a una urgencia para concluir de alguna forma el actual ciclo escolar. En el sistema de educación privada se están preparando con base en las debilidades estructurales que están quedando al descubierto con esta pandemia. Y lo tienen que hacer si quieren mantenerse en el mercado. En contraparte, si eso no ocurre con la educación pública en México -al menos en cuanto a la educación básica-, la brecha entre estos dos niveles se puede ensanchar todavía más.

Así pues, ¿fue un acierto haber mantenido el ciclo escolar en pie? En términos académicos me parece que hubiese sido mejor haberlo terminado y haber aprovechado todo este tiempo para atender las deficiencias estructurales -capital humano, tecnología, etc.- que contiene el sistema educativo nacional en cuanto a la educación básica.

En contraparte, se está trabajando por urgencias para sacar adelante un ciclo escolar que en esencia ya se trastocó de forma importante con la pandemia. Lo pongo en perspectiva con la siguiente pregunta: ¿Qué está dejando a los alumnos en términos de aprendizaje? Para los niños, no sé; pero para los padres de familia un estrés muy fuerte por todas las tareas que tienen que atender.

Pero bueno, la hoja de ruta que se siguió para el caso de México fue mantener el ciclo escolar en pie. Y terminarlo lo “mejor posible”. Esa decisión ya se tomó.

La pregunta ahora es: ¿en qué condiciones vamos a iniciar el otro ciclo escolar si la pandemia se mantiene en el escenario? ¿Se están tomando las previsiones para ello? Regresaremos a estas preguntas en su momento.

Sólo esperamos que no se trabaje por urgencias en el siguiente ciclo escolar.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/fue-un-acierto-el-haber-mantenido-el-actual-ciclo-escolar-en-pie/

Imagen: https://pixabay.com/photos/laptop-woman-education-study-young-3087585/

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Libro (PDF) Economía del género : el valor simbólico y económico de las mujeres

Reseña: CLACSO

Estudios previos habían mostrado que las mujeres se incorporan con menor frecuencia al mercado laboral de la industria del software. La autora se pregunta, entonces, si esta será una consecuencia de que las niñas son socializadas más para la maternidad y el cuido, que para el desempeño profesional. De ser así, prosigue la autora, ¿se encuentran las mujeres, que efectivamente ingresan al mercado laboral, en ventaja o en desventaja? ¿Cómo son valoradas simbólicamente, sobre todo en un contexto en que la industria de alta tecnología prioriza cualidades asociadas a las mujeres? ¿En qué áreas de trabajo se desempeñan? ¿Cómo hacer para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos? Para explorar empíricamente estas interrogantes, la autora consideró tres niveles de análisis, prácticas, representaciones e instituciones, presentes en la oferta y la demanda en tres empresas especializadas en tecnologías. La hipótesis que orienta el trabajo sugiere que las mujeres están en desventaja en el mercado laboral y ello condiciona las posibilidades de desempeño en un sector económico estratégico pese, incluso, a las políticas, públicas y privadas, que promueven la igualdad de género.

Autor/a:  Flórez Estrada, María  

Editorial/Editor:  Editorial UCR

Año de publicación: 2007

País (es): Costa Rica

Idioma: Español.

ISBN :   978-9968-46-054-5

 

Descarga:   Economía del género : el valor simbólico y económico de las mujeres

Fuente  e Imagen:   http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=miedo&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO

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Precariedad laboral y expansión del extractivismo en Venezuela

Por: OEP.

 

En el Día Mundial del Trabajador, la cada vez más notoria precarización de las condiciones laborales en Venezuela destaca como uno de los elementos con incidencia en el avance del extractivismo en el país, sirviendo como principal motivador para quienes han migrado de empleos formales a sectores como la minería ilegal, o quienes han optado por la extracción directa de recursos naturales (leña, por ejemplo) para solventar necesidades básicas que no están siendo atendidas por el Estado venezolano, así como para l@s funcionari@s del sector de seguridad y defensa que apelan a prácticas de corrupción en zonas mineras para mejorar por esa vía sus condiciones de vida personales.

Política de precarización y reducción del Estado

El más reciente anuncio de aumento salarial hecho por el gobierno venezolano deja el nivel de ingreso mínimo en el sector formal en Venezuela en la pírrica cifra de $2,2, muy por debajo del salario en Cuba, por ejemplo, ($15) que ha sido históricamente uno de los más bajos de la región.

El anuncio evidencia dos elementos que han caracterizado la política no declarada de precarización de las condiciones laborales del actual gobierno venezolano: por una parte los anuncios no son realizados de manera explícita por el gabinete ministerial del gobierno, y se presenta el salario mínimo como un valor referencial que debería contemplarse en el marco de un paquete social que contempla el subsidio a los servicios básicos o la gasolina, lo que en las actuales condiciones de crisis del agua, electricidad, gas, y acceso al combustible pasa a ser fuertemente cuestionado por diversos sectores del país.

El grupo de investigación en materia económica 15 y último publicó una serie de gráficos que reflejan, con base en datos oficiales, el dramático aplanamiento del ingreso salarial en Venezuela, en relación con el comportamiento del valor referencial de la moneda.

Aplanamiento de la curva del ingreso salarial en Venezuela. Fuente @15yultimoweb
Evolución del ingreso mínimo en Venezuela. Fuente @15yultimoweb
Hundida y aplanamiento de la curva salarial en los últimos dos años en Venezuela. Fuente @15yultimoweb

Estos anuncios, y en especial la explicación de algunos funcionarios, que indican que el salario mínimo sólo parece cumplirse en el sector público pues el privado se ve obligado a mejorar las ofertas laborales para poder captar personal, ha sido interpretada por algunos analistas como una serie de medidas para impulsar una reducción de facto del aparato del Estado venezolano, sin declararla de tal forma por el costo político que tendría para un gobierno que se presenta como socialista.

Precarización laboral y migración como expansión del extractivismo

Diversas organizaciones han reportado cómo esta precarización laboral ha impulsado una migración interna hacia zonas tradicionalmente mineras en Venezuela. El Informe especial: Peligros y Vulneraciones de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes en la Frontera y Actividades Mineras de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) alerta que las principales razones que motivaron la marcada migración venezolana de los últimos años hacia el extranjero estaban relacionadas con las condiciones de vida y del ámbito laboral. También advierte el documento sobre la migración interna en el país  de maestros, maestras, entre otros trabajadores del sur del país hacia las zonas mineras.

En este sentido cabe destacar que mientras una parte de la clase trabajadora venezolana que migró al extranjero terminó siendo captada como mano de obra barata para la minería y otras formas de extractivismo en países como Chile o Colombia, otro sector terminó siendo captado por el propio sistema extractivista en Venezuela en zonas como Bolívar.

Represión en el sector laboral en Venezuela

A finales del 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó a Venezuela como uno de los países con mayor riesgo de conflictividad social en el mundo, debido a la alta tasa de precariedad laboral que registra.

La OIT designó una comisión de encuesta para Venezuela, una decisión con muy pocos precedentes históricos en la entidad, para analizar reiteradas quejas de los empleadores y organizaciones sindicales sobre el irrespeto de normas laborales y las condiciones de informalidad y precariedad crecientes en el mercado laboral. Una situación que ha sido reportada por diversas organizaciones y activistas en el país.

En especial, destaca que la OIT hace un llamado enfático al gobierno venezolano  por “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.”

Este llamado de la OIT coincide con reportes de persecución y represión en contra de trabajadores venezolanos, dirigentes o activistas del sector laboral en el país. En este sentido destacamos el caso del trabajador de Ferrominera, Rodney Álvarez, quien formaba parte de los trabajadores que en Ferrominera del Orinoco se organizaban para luchar por el contrato colectivo y sus derechos, enfrentados tanto a la gerencia como a la burocracia sindical progubernamental y que desde el 2009 ha sido injustamente incriminado y privado de su libertad como forma de proteger a delincuentes al amparo del gobierno y de reprimir las luchas por los derechos laborales en el sector de las industrias básicas en Venezuela.

Fuente del artículo: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/01/precariedad-laboral-y-expansion-del-extractivismo-en-venezuela/
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Libro(PDF): «Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana»

Reseña: CLACSO

Este libro colectivo pone a disposición del lector un conjunto de innovaciones teóricas orientadas a renovar el gran proyecto de la sociología latinoamericana. En tal sentido, desde un registro plural, el libro se propone reconceptualizar los tópicos clásicos que desde mediados del siglo XX inciden de modo protagónico en la conformación de la agenda pública de las ciencias sociales en la región. A la cabeza de estos asuntos se sitúan el problema del cambio social, la dilucidación de la especificidad continental en el concierto mundial, la evolución histórica del estado y de la economía, la prefiguración del futuro de América Latina, así como la permanente revisión de las coordenadas para una ciencia social crítica, científica y con pretensión transformadora.

Autores (as): Esteban Torres. [Editor]

Esteban Torres. Breno Bringel. Viviane Brachet-Márquez. Alfredo Falero. Juan Pablo Gonnet. Sergio Pignuoli Ocampo. Aldo Mascareño. Sérgio Costa. Guilherme Leite Gonçalves. Fernando Calderón. Kathya Araujo. Enrique de la Garza Toledo. José Maurício Domingues. José Aricó. [Autores y Autoras de Capítulo]

Editorial/Editor: CLACSO.

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

Idioma: Español.

ISBN:978-987-722-596-9

Descarga: Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=1960&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1387

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Entrevista a Daniel Innerarity: “Que educación y sanidad ganen peso es una de las pocas noticias ilusionantes de esta devastación”

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