La democracia es clave para que el poder circule y sea accesible a todos. Es un sistema que garantiza la participación equitativa y transparente de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y gobernanza del destino de la sociedad. Instituye los derechos y voces de cada individuo donde todos somos iguales ante la ley y, precisamente, estas bondades han de cultivarse en el territorio educativo.
El expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, definió a la democracia de manera magistral, “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Esta poderosa frase resume el significado de la democracia que cada ciudadano del planeta debe estar familiarizado. Consciente de su impacto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra su valor cada 15 de septiembre. Es fundamental que toda la sociedad la promueva, ya que la democracia nos permite vivir con respeto, libertad e inclusión.
Para que las personas cultiven la democracia participativa, es perentorio que aprendan a pensar en grupo y tomar decisiones informadas, y esa es una responsabilidad de la educación. Enseñar y practicar la democracia en las escuelas, implica incorporar la educación ciudadana en el currículo para el ejercicio activo de los estudiantes en la vida escolar, potenciando el pensamiento crítico mediante debates basado en casos. Además, establecer valores democráticos y respetar la pluralidad de opiniones en la escuela, prepara a los estudiantes para una exitosa vida democrática.
Eduquemos a los niños la práctica de la democracia en el hogar, promoviendo el diálogo respetuoso y horizontal entre todos y, escuchemos su voz en la interrelación familiar. Animarlos a expresar sus ideas e involucrarse en actividades comunitarias, es otra de las maneras de cultivar la democracia participativa desde la temprana edad.
Sin embargo, en nuestro país, en nombre de la democracia, es común que muchas personas formen partidos políticos, prácticamente como un negocio personal. Algunos candidatos a alcaldías y gobiernos regionales, “compran votos” para ser elegidos y así tenemos a tantas autoridades cuestionadas por la justicia. Aunque todos tenemos el derecho de ser elegidos, creo que las personas que hayan cumplido condena por algún delito no podría ser autoridad, ya que sería como poner al zorro al cuidado de las gallinas.
La democracia es una herramienta fundamental para el desarrollo y el bienestar social. Es nuestra responsabilidad cuidarla y perfeccionarla para asegurar que las futuras generaciones vivan en un entorno más justo y próspero.
En segundo debate fue aprobado el proyecto de ley de autoría del senador Carlos Julio González Villa, que introduce la educación emocional en el sistema educativo colombiano a través de las competencias socioemocionales. El propósito es impactar las dramáticas cifras de deterioro de salud mental de la niñez y la juventud.
“Ante la grave radiografía de la salud mental de la niñez y juventud colombiana, respondemos con educación emocional”, manifestó González Villa.
La iniciativa propone introducir en el modelo educativo colombiano, a través de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), la formación en educación y competencias socioemocionales de manera transversal en todos los niveles desde preescolar hasta secundaria.
“La iniciativa busca complementar la educación académica con herramientas que fortalezcan el bienestar emocional y social de niños y jóvenes”, indicó el congresista.
Esta propuesta va más allá de simplemente incluir una cátedra en el currículo; abarca diversas estrategias que van desde la planificación de actividades, el diseño de espacios, la implementación de acciones y la realización de evaluaciones, todas orientadas al desarrollo integral de los estudiantes.
“Propongo fortalecer el desarrollo integral de la niñez y la juventud mediante la conciencia, autonomía y regulación emocional, además de fomentar el desarrollo de las habilidades sociales, así como las habilidades para la vida, así como el bienestar”, indicó el senador.
El proyecto incluye también la formación y capacitación de los docentes, además de herramientas pedagógicas específicas para abordar de manera efectiva la educación y las competencias socioemocionales de los estudiantes. Así mismo, se contempla el diseño de guías metodológicas por parte del Ministerio de Educación Nacional para garantizar su adecuada implementación.
“La educación emocional es fundamental para enfrentar los retos y los desafíos de la construcción del proyecto de vida humana, de cómo enfrentar vicisitudes, cómo enfrentar conflictos, cómo manejar toma de decisiones, cómo conocerse, expresarse, regularse y proyectarse en la sociedad. A eso es a lo que le estamos apuntando”, puntualizó.
Panorama desalentador
El proyecto de ley es una respuesta a las problemáticas tan preocupantes como la farmacodependencia, el suicidio y la violencia escolar, entre otras amenazas a la salud mental, cuyas cifras alarmantes en el país requieren una intervención inmediata en el sistema educativo.
Según los datos revelados en las audiencias públicas sobre salud mental, promovidas por el senador González Villa, de cada diez niños, 4.4 presentan síntomas relacionados con el deterioro de su salud mental. Además, mensualmente, 190 niños y jóvenes pierden la vida por suicidio, según lo revelado por la Procuraduría.
El Estudio Nacional de Consumo SPA arroja una cifra impactante: en los últimos 12 meses, cerca de 258.000 escolares han consumido drogas, y en el último año medido, 473.000 niños y niñas abandonaron el sistema educativo.
discutir y promover estrategias para transformar los sistemas educativos a fin de que puedan responder mejor a los desafíos del siglo XXI. Esto incluye la integración de tecnologías digitales, la reformulación del papel de los docentes y la adaptación de los currículos para incluir habilidades necesarias en el mundo moderno, como el pensamiento crítico y la alfabetización digital.
Importancia de la reunión
La reunión mundial sobre la educación 2024 se presenta como un momento decisivo para la comunidad internacional. Con solo seis años restantes para cumplir con la agenda 2030, este evento busca no solo evaluar lo que se ha hecho, sino también trazar un camino claro hacia adelante. Se espera que los resultados de esta reunión influyan en las políticas educativas a nivel global, estableciendo prioridades y movilizando recursos para asegurar que nadie se quede atrás en la búsqueda de una educación equitativa y de calidad.
En definitiva, esta reunión representa una oportunidad crucial para renovar el compromiso global con la educación como un derecho fundamental y una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible.
Se registra la inexistencia de propuestas consistentes y dirigidas a solucionar los grandes problemas nacionales y locales en materia educativa, expone Juan Carlos Miranda Arroyo en su artículo.
Acerca de las valoraciones analíticas que han publicado algunos colegas, observadoras y observadores de los procesos del sector educativo nacional, sobre las propuestas educativas anunciadas durante las campañas de las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo (Morena, PT y Verde), Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI, PAN y PRD) y el candidato Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), que contienden por la presidencia de la república 2024-2030, y durante el debate político celebrado el pasado domingo 7 de abril, identifico un conjunto de ideas interesantes que se han publicado en medios.
Jimena Hernández-Fernández en su texto “La educación en las campañas presidenciales: ¿qué dicen las propuestas?”, plantea lo siguiente en relación con las propuestas de campaña, expresadas por los partidos y sus candidatas o candidato, en documentos y en materia educativa: “Por un lado, observo que las campañas no muestran un análisis profundo del problema público a resolver. Se sigue cayendo en el uso de transferencias económicas por ser estrategias políticamente más rentables. Por otro lado, la infraestructura de las escuelas no se observa como un aspecto prioritario en las campañas, por el contrario, se apuesta a la continuidad de las condiciones actuales cuando se habla, por ejemplo, de seguir empleando al programa La Escuela es Nuestra como mecanismo para resarcir el mal estado en que se encuentran las escuelas públicas…”. “También es muy preocupante que las candidatas punteras no tengan propuestas específicas en materia de inclusión cuando sólo un 23 % y 37 % de las escuelas de educación básica y media superior, respectivamente, tienen infraestructura para integrar a personas con discapacidad y cuando según Coneval son las personas que reportan mayor nivel de discriminación (25 %).”.
Y concluye lo siguiente: “… las campañas electorales en México siguen siendo de bajo perfil: no tocan todas las áreas relevantes en el campo educativo y la mayoría de las propuestas se enuncian de manera general sin dar cuenta de una ruta clara de instrumentación. Observo que las propuestas educativas se siguen alojando en lugares comunes sin necesariamente identificar los problemas educativos por sus causas para lograr estrategias más adecuadas. Por último, noto que no se han visibilizado de manera adecuada los “cómo” se atenderá a poblaciones históricamente marginadas en el sistema educativo mexicano: comunidades indígenas, población que habita en localidades de muy alta marginación, personas con discapacidades de naturalezas distintas, poblaciones de jornaleros agrícolas, migrantes y refugiados. Atender las necesidades educativas de estos grupos de población requiere perspectivas inclusivas, políticas públicas orientadas a reducir las brechas de acceso y calidad educativa, así como asignar recursos adecuados para garantizar la oportunidad de recibir una educación de calidad.” (Ver: Distancia por tiempos, blog de Nexos, 6 de abril, 2024.)
Erick Juárez Pineda señala lo siguiente, con respecto al contenido del debate: “Desafortunadamente, las respuestas de las tres candidaturas fueron principalmente generalidades y ataques personales, por lo que no pudieron presentar propuestas novedosas o explicadas con mayor profundidad.” (Ver: “La educación en el primer debate presidencial: entre ataques, señalamientos y pocas propuestas”, Educación Futura, 7 de abril, 2024.)
También en torno al debate, Sergio Martínez Dunstan afirma: “Xóchitl Gálvez hace un refrito de las políticas foxistas, calderonistas y peñistas. Los temas sobre la calidad educativa y su evaluación, la tecnología como medio de aprendizaje — v. gr. las tabletas—, el acceso a internet el acceso a la información gubernamental, entre otras, son la base sobre la cual se busca revertir el estado actual de las cosas en educación. Mientras que Claudia Sheinbaum retoma la fórmula de la administración gubernamental que va de salida. Los argumentos esgrimidos para cuestionar y desdeñar las políticas de gobiernos anteriores deberían tener mayor solidez técnica. Es válido ver desde otra perspectiva los problemas. Pero los métodos para acometer los grandes desafíos presentes y futuros bien ameritan que sean debidamente planteados. No solo es cambiar por cambiar ni continuar por continuar. Las propuestas no representan un avance respecto a las políticas públicas actuales o de sexenios anteriores. Parece que no hay nada oculto bajo el sol. Elegir entre el pretérito más lejano y el presente —que dentro de poco formará parte del pasado también— es dejar de lado la visión de futuro y condenar a la educación al estancamiento.” Ver: “La educación en el debate presidencial”, Educación Futura, 8 de abril, 2024.
Unas horas después de haber terminado el debate político organizado por el INE, comenté lo siguiente: Xóchitl propuso dar “tablets” o mini computadoras a las niñas y los niños en las escuelas públicas. Propuesta que ha probado ser no viable, en México y en otros países. Hace falta crear otras soluciones para avanzar en el tema de la educación y su relación con la cultura digital. Sería importante modificar planes y programas de la educación básica, antes de pensar en nuevas tecnologías, sin sentido.
El domingo, durante el debate, la candidata del PRIANRD también propuso “beca universal desde preescolar hasta preparatoria para estudiantes de escuelas públicas y privadas”. Ésta también es una medida de política de privatización, disfrazada, de la educación, como otras propuestas que ha hecho en campaña.
Acerca de las propuestas educativas de la candidata Xóchitl Gálvez, Manuel Gil Antón, profesor e investigador de El Colegio de México, escribió lo siguiente en la red Twitter: “Me pareció un regreso abrupto a Enciclomedia, tabletas de Calderón y Peña… computadoras e inglés (más robótica e Inteligencia Artificial) y becas para escuelas públicas y privadas. Increíble la frivolidad añeja.” (8 de abril, 2024).
A pesar de que se le advirtió a la candidata Gálvez, con argumentos y evidencia documentada, sobre la no viabilidad de una política educativa orientada hacia la reproducción de los váuchers educativos (entregar dinero a niñas, niños o jóvenes de escasos recursos para que estudien en escuelas privadas), la abanderada del PRIANRD no hizo caso de tal advertencia, por ejemplo, como la que fue expresada públicamente por Alma Maldonado, profesora e investigadora del DIE del CINVESTAV:
“Apostarle, pues, a la educación pública es apostarle a un país más justo, menos desigual, menos polarizado. Apostar por los váuchers es simplemente un subsidio a las escuelas privadas que en el nivel básico no tienen ni 10 % de cobertura y en nivel superior no es más de 36 %; es continuar por la ruta que privilegia a los que más tienen. Como el título de esta reunión muestra, no hay que temerle al conocimiento, las políticas del país demandan estar basadas en evidencia y en información confiable. Los váuchers tienen ya una historia añeja. Fueron propuestos en 1955 por Milton Friedman bajo la óptica de los beneficios de la competencia. Según este paradigma las escuelas públicas, al perder estudiantes, se verían obligadas a mejorar la calidad de la enseñanza. La evidencia ha mostrado otra cosa. En 1998, Cecilia Rouse de la Universidad de Princeton mostró que la supuesta competencia no generó ninguna mejoría en las escuelas públicas. Lo único que sucedió fue que más recursos se concentraron en instituciones privadas. Optar por un esquema como los váuchers es renunciar a que el Estado puede mejorar la educación pública, es la celebración de un fracaso más que la concepción de una respuesta. En la búsqueda de soluciones no podemos sacrificar la centralidad del Estado y su capacidad para dar respuestas.” (Ver: “El mapa seguro del conocimiento”, Distancia por tiempos, blog de Nexos, 20 de marzo, 2024. Texto leído el 19 de marzo en el evento: “Sin miedo al conocimiento”. Diálogo con la comunidad científica, cultural y académica, con la candidata Xóchitl Gálvez, que se llevó a cabo en el World Trade Center de Ciudad de México).
Lo que se puede observar, en resumen y a reserva de revisar otros textos donde se evalúen las ofertas políticas y las ideas comunicadas por las candidatas y el candidato durante la actual contienda política, rumbo a las elecciones de junio de 2024, específicamente en materia educativa, es que hay escasez de proyectos alternativos y se registra la inexistencia de propuestas consistentes y dirigidas a solucionar los grandes problemas nacionales y locales para ese sector (en el qué y el cómo); propuestas que contengan argumentos y que estén basadas en los hallazgos de la investigación y de las experiencias internacionales, nacionales y locales.
El proyecto final de la ley ómnibus que hoy empieza a debatirse en el recinto trae importantes modificaciones en materia educativa; qué se mantuvo y qué se descartó.
No fue sencillo llegar a un texto con el acuerdo de los legisladores. Pero en eso trabajaron durante el último mes los representantes del Gobierno y los legisladores para votar el proyecto final que llegará hoy al recinto, y que en materia de educación traerá importantes cambios: el más relevante, que la educación primaria y secundaria se declarará servicio esencial. De forma que, ante una medida de fuerza, se deberá garantizar la continuidad.
Nadie sabe muy bien cómo se implementará esto. Pero la decisión de tomar este concepto del Decreto de Necesidad y Urgencia e incorporarlo a la ley apunta a robustecer un argumento que en el plano judicial ya está teniendo reveses con la reforma laboral. ¿Pesará más el derecho a huelga o la garantía de un servicio esencial? Un dilema que, de prosperar el proyecto de la llamada ley ómnibus, sin dudas traerá conflictos con los gremios.
Otros de los cambios que trae el texto apuntan a la incorporación de un examen obligatorio al finalizar la secundaria, a la posibilidad de que las universidades estatales cobren una cuota a los extranjeros, que se sumará a otros exámenes que deberán completar los estudiantes cada dos años. Y también los docentes deberán completar exámenes para validar sus saberes y lograr así una mejora salarial.
Los que siguen son algunos de los principales cambios que traerá la ley en materia de educación.
La educación, servicio esencial
El texto incorpora un artículo 2 bis a la ley 26.206, de Educación Nacional: “La educación es un derecho humano fundamental, de carácter personal y social, por lo tanto, el Estado Nacional tiene la responsabilidad de garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad, que profundice el ejercicio pleno de ese derecho y la igualdad real de oportunidades a todos los habitantes de la Nación. La educación inicial, primaria y secundaria es un servicio esencial”, define.
Esto, en concreto busca establecer un límite a los paros docentes, y es un punto muy cuestionado por los gremios, porque supone que ante una medida de fuerza por un conflicto colectivo, debería garantizarse la prestación de un porcentaje del servicio. Cómo ocurrirá, no se sabe hasta que llegue la reglamentación. Algunos dicen que no será cuestión de dejar una guardia mínima para que la escuela permanezca abierta. Sino que el sistema en su mayoría siga funcionando. “No tenemos experiencia de cómo se implementaría, pero se habla de un 75% de cobertura. El cambio es sustancial porque se mete de lleno con un tema complejo como son los paros”, explica Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
El texto del DNU, de donde se tomó la figura, ya señala que se debería garantizar el 75% del servicio. Los diputados y senadores que trabajaron sobre la nueva redacción acordaron que eso lo defina el Ejecutivo en la reglamentación.
Algunos, como la diputada de Pro, Sabrina Ajmechet, consideran que se debería garantizar un servicio mínimo, tipo guardia, como propone un proyecto de ley del legislador Alejandro Finocchiaro, para garantizar la continuidad. “Al menos como para que los padres y sobre todo las madres, puedan llevar a los chicos sin tener que afectar su jornada laboral. Y también pensando en conflictos más largos, como los que ocurrieron en provincias como Jujuy o Chubut, donde los paros docentes duraron meses, no se convierta en una puerta para la deserción escolar”, apunta la legisladora.
Evaluación que mejora el salario
Otro punto que promete polémica gremial es la incorporación de la evaluación periódica docente como condición para aspirar a percibir un suplemento salarial, tal como se detalla en el artículo 276 del proyecto de ley, que se realizaría cada cinco años. “Hasta ahora, la única forma de lograr una mejora salarial en la carrera docente, realizando una misma tarea, es mediante la antigüedad. En cambio, esta modificación permitiría que un docente con mejor rendimiento en las evaluaciones cobre más que otro que realiza la misma tarea, con la misma antigüedad”, explicó Zorzoli. Esto modifica el escalafón del Estatuto Docente y habilita la “meritocracia” en la carrera docente. Echa por tierra la idea de a igual tarea, igual remuneración y promete conflictividad gremial.
Aprender cada dos años
Todos los alumnos deberán ser evaluados con una periodicidad no mayor a dos años. Esto se refiere a evaluaciones tipo las pruebas Aprender, pero que se realizarán a todos los alumnos, cada dos años. Además, otro cambio es que ya no se los evaluará solo en matemática y comprensión lectora, tal como decía el proyecto original, sino “en las áreas que determine la autoridad de aplicación”. Se agrega que “los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.
Examen final al terminar la secundaria
“Con la finalidad de analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Estado Nacional tomará un examen censal al finalizar los estudios de educación secundaria, que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas”, dice el texto.
Censal significa que todos lo deben dar, detalla Zorzoli. Este fue uno de los puntos controvertidos y quienes trabajaron en la nueva redacción apuntaron a que quedara en claro que no condicionaría el ingreso a la universidad, aunque sí que será obligatorio. “El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado. Dicho examen no será condicionante para la prosecución de los estudios del egresado evaluado”, dice el texto.
En la oposición habían pedido que se reemplazara por un diploma de honor solo para quienes se saquen 9 o 10, pero que no sea una mancha en el currículum para los demás, pero esta idea no prosperó. No será obligatorio aprobar el examen para finalizar la secundaria, sino solamente rendirlo y esa será la nota final.
¿Se les cobra a los extranjeros?
Se modifica el artículo de la Ley de Educación Superior y habilita el cobro de un arancel a los extranjeros que vengan a estudiar al país. A la vez, garantiza la gratuidad de las universidades públicas para todos los argentinos y para los extranjeros que tengan un DNI argentino permanente, que se obtiene al tener una residencia permanente en el país. Los requisitos son haber vivido dos años en el país en el caso de migrantes de países del Mercosur y tres años para los países extra-Mercosur, así como haber hecho el trámite correspondiente. Este punto no tuvo modificaciones del texto presentado por el Ejecutivo, explicó Ajmechet.
Para los extranjeros con residencia temporaria, el texto no las arancela automáticamente, sino que habilita a que cada universidad pública determine si cobra o no. “Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que reúnan los requisitos”, dice el texto.
También agrega que las universidades podrán “firmar convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión”. Además, podrán fomentar mecanismos de intercambio y generar de esa forma sistemas de becas para los extranjeros que vengan a estudiar en el país.
A la universidad, solo con título secundario
Otro de los cambios que traería esta ley, si se aprueba, en materia de educación es que solo podrán acceder la universidad aquellos que completen sus estudios secundarios. “La ley vigente hasta ahora permite que los mayores de 25 años que acrediten los conocimientos básicos puedan acceder a estudios de grado, era una situación excepcional pero ahora no va a ser posible porque se elimina ese artículo que lo permite”, apuntó Zorzoli.También se incorpora la posibilidad de que los ingresantes a una universidad estatal, rindan examen de ingreso u opten por un curso de ingreso.
No al homeschooling
Un punto que encendió el semáforo rojo para los legisladores fue la redacción del proyecto de ley que hablaba de la hibridez. Muchos de los legisladores del PRO habían sido muy activos en la vuelta a clases presenciales en la pandemia y temían ver ahí una puerta abierta a la no obligatoriedad de la presencialidad.Después de mantener reuniones con miembros del Ejecutivo se entendió que apuntaba a otra cuestión y se decidió modificar la redacción. De forma que, si se aprueba el texto, el homeschooling seguirá sin estar permitido en el país.
Por eso, el texto permite el estudio a distancia solo para el tramo final de la secundaria en casos en los que se dificulte físicamente acceder a un establecimiento y tambiénhabilita el sistema híbrido, esto es el uso de plataformas como un mecanismo complementario para materias extraprogramáticas. El foco está puesto en, por ejemplo, si no se consigue un docente de inglés para una determinada escuela, en lugar de que se pierdan las horas de clase o tengan horas libres, se reemplazaría por un trabajo desde las plataformas, ejemplifica Ajmechet.
¿Y los vouchers?
El texto habla de financiamiento educativo, sin mencionar nada ni siquiera parecido al sistema de vouchers. En cambio, le atribuye un rol protagónico al Consejo Federal de Educación (conformado por los ministros de Educación de las provincias y ciudad de Buenos Aires). Establece que será el Consejo y no la Secretaría de Educación (antes el Ministerio) quien pueda fijar el salario mínimo docente a nivel nacional y por ende llamar a paritarias, convocando a los gremios.
Además, apunta que para definir el salario se consultará al Consejo Federal de Inversiones, integrado por los ministros de Economía de cada provincia y de la ciudad. El cambio llega del siguiente cuestionamiento: por qué el Ejecutivo nacional definiría el monto de un salario que no va a pagar, ya que el salario docente es pagado por cada jurisdicción. Hubo varias redacciones de este punto, alguna incluía a las escuelas privadas en la mesa de negociación de la paritaria nacional, también a las entidades gremiales del sector privado. Finalmente, eso se descartó.
A su vez, el texto apunta que, definida la paritaria nacional, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires podrán definir o acordarán las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.
Aulas sin patrocinadores
El texto que presentó originalmente el Ejecutivo, abría la posibilidad a que empresas y donantes particulares aporten fondos a las cooperadoras de las escuelas, sin que se les prohíba usar esa información como parte de una acción publicitaria, algo que la ley vigente no permite. Podía dar lugar a aulas con patrocinadores, del tipo a esta aulas la cuida tal empresa, cómo ocurre con las plazas. “En Estados Unidos eso es muy frecuente”, detallo Zorzoli. De todas formas, ese artículo se eliminó en la nueva redacción.
Presupuesto según cantidad de egresados
En cuanto al financiamiento universitario, el proyecto trae grandes cambios: el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no podía hasta ahora ser disminuido ni reemplazado, sino que se debía respetar lo establecido en el presupuesto anual.
El proyecto agrega un párrafo que asegura que este aporte se distribuirá entre las distintas instituciones, en función del número de estudiantes matriculados en cada una, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación. También incidirá el números de egresados, no solo de los inscriptos. Este punto generó controversias y finalmente se decidió sumarle otros criterios de relevancia, como que realice investigación, que tenga escuelas y hospitales que dependan de ella, entre otras cuestiones.
a) Recesión Económica internacional y crisis del sistema dólar
La secuencia de sucesos que explica la actual inflación generalizada que experimenta el capitalismo a escala internacional comenzó en Agosto de 1971 cuando el gobierno Nixon eliminó la exigencia del respaldo en oro a la emisión de dólares por parte de la FED y unos pocos años después inició el desmonte del control estatal sobre el movimiento de capitales, medidas que habían sido consensuadas en Bretton Woods en los inicios de la segunda postguerra abriendo la circulación desregulada capital ficticio, un capital sin soporte en la producción de bienes y servicios, capital ficticio1 . La consolidación de la globalización financiera incremento la producción de ese capital. En las décadas siguientes ocurrieron los siguientes hechos:
La crisis de las hipotecas subprime en 2008, que llevó a la Fed a asumir los pasivos bancarios mediante una política monetaria expansiva denominada Quantitative Easing (Q.E.). A finales de marzo del 2009, los cálculos oficiales del rescate hipotecario aceptaron una cifra igual a los US$2.48 billones, operación que en su mayoría fue garantizada con emisiones de la FED que terminó realizando giros directos a bancos y empresas en Estados Unidos y a convertirse en el soporte más importante de la “operación de salvamento de la economía internacional”, principalmente la europea2 .
La pandemia del covid19, que con una economía paralizada obligó al “Q.E. ad infinitum”. para utilizar la terminología de J. Powel, gerente de la FED. Referenciamos solamente lo ocurrido en el 2020, “El 21 de diciembre del 2020 el medio BBC News informaba sobre las emisiones de la FED en ese año. Solamente de enero a noviembre de ese año, la oferta monetaria de Estados Unidos había crecido casi un 24 %. Según datos de la FED, el volumen de dólares había pasado de US$15.33 billones a fines de 2019 a US$19.1 billones a finales de noviembre…”3 . El Banco Central Europeo y los Bancos centrales de Japón Y China practicaron una política similar La inflación resultante fue la más dramática desde principios de la década de 1980.
La invasión rusa a Ucrania, que elevó considerablemente los precios de los alimentos y los productos energéticos aumentando los excedentes de dinero a causa las ganancias extraordinarias de las empresas multinacionales que invierten en esos sectores. A ello debe sumarse el enorme gasto fiscal que vienen ejecutando los países metropolitanos y principalmente Estados Unidos para gestionar las dificultades económicas4 .
La educación pública entendida como servicio depende de los presupuestos públicos y estos, a su vez, de la política fiscal que definen los Estados. Desde que se consolidó la globalización financiera operó un proceso de reformas estatales que terminaron por institucionalizar la cogestión en la ejecución de políticas y en la prestación de servicios con el capital privado y que han abierto los canales del “despojo del patrimonio público” mediante el endeudamiento generalizado. Las reformas administrativas han sido parte del diseño de un andamiaje institucional que apunta a este propósito. El soporte teórico es el de la inclusión de los mecanismos gerenciales de las empresas justificado en el criterio de optimizar recursos escasos mediante la intensificación de tiempos.
Contrario a la evidencia que la gestión del covid-19 y el aumento inusitado de las ganancias corporativas después de la invasión a Ucrania confirmaban un incremento de la inflación por “stocks de oferta”5 , la Fed en coordinación con los Bancos centrales (coordinación que realiza a través del Banco Internacional de Pagos) revirtió el Q.E. y comenzó a implementar una política de contracción monetaria como si estuviéramos en presencia de una inflación por demanda, subiendo, desde el 2021 las tasas de interés a niveles nunca antes vistos, sin que hasta el momento la inflación haya podido ser controlada6 . (ver gráfica N.° 1) . Una política que presiona a la deflación en el futuro cercano.
Todo indica que esta política de contracción monetaria seguirá de largo. Cuando en el primer trimestre de esta año, se presentó la crisis de los bancos regionales, el Silicon Valley y Republic, la Fed actuó para impedir el contagio, pero sin modificar las tasas de interés lo que continua en la actualidad.
b) El debilitamiento de la economía interna y un nuevo ajuste fiscal
El rebote de esta política en la economía colombiana ha sido inmediato. En primer lugar, en cuanto a la política monetaria. El Banco de la República viene aumentando la tasa de interés de referencia durante los últimos meses7 con el mismo argumento de frenar la inflación (ver gráfica N.° 2).
Esta inflación endógena debe explicarse por la influencia de la inflación internacional y adicionalmente por una causa coyuntural, que remite a los compromisos del actual gobierno con las IFIS, cual es el aumento de los precios de los “·bienes regulados” (caso gasolina)8 . Pero, ante todo por una causa estructural: la desregulación de capitales a escala internacional que comenzó en la década del setenta obliga a movimientos en las tasas de interés en los mercados emergentes conforme a los movimientos del dólar. Desde la ley 9 de 1991 que eliminó el control de capitales, un alza en la tasa de interés del dólar obliga a una subida de la tasa de interés interna para impedir la fuga de capitales, lo que determina el costo del endeudamiento público por cuanto, como anota el actual director del DNP:
Las variaciones de los montos de la deuda dependen, en gran medida, de las fluctuaciones de los mercados de capitales, así que la política fiscal doméstica se va quedando sin instrumentos para contrarrestar las tendencias que se presentan a nivel internacional. Tanto la deuda interna, como la externa, dependen de los movimientos de las tasas de interés que se definen por fuera del país. Las decisiones de la Reserva Federal, y las variaciones de la tasa de cambio, repercuten en la estructura fiscal de cada país. Los comportamientos erráticos del mercado de capitales les restan autonomía a los gobiernos nacionales (…)9.
En el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso para el año 2024 el rubro de la deuda asciende a $94,5 billones, un crecimiento del 20 % con relación al año anterior de los cuales $55 billones corresponden a intereses y debe tenerse en cuenta que en octubre el país pagó de manera anticipada US$ 791 millones. Las alarmas para el 2025 ya fueron disparadas:
En el 2025 se seguirán sintiendo las consecuencias de la pandemia fiscal. Este año el servicio de la deuda podría llegar a $112,9 billones y la inversión apenas sería de $68,8 billones. En tales condiciones, el servicio de la deuda superaría a la inversión en 1,6 veces, y la diferencia sería de $44 billones. Esta brecha tan grande no tiene precedentes. En algunos años el servicio de la deuda ha superado a la inversión, pero el diferencial no ha sido tan significativo (…)10.
Normatizado como “regla fiscal” el pago de ese endeudamiento es obligatorio. A lo que debe sumarse la pérdida de $6.8 billones para los próximos dos años en regalías por el reciente fallo de la Corte Constitucional. Lo que queda entonces es reducir los gastos de funcionamiento, las nóminas y los salarios de los trabajadores estatales. Un nuevo plan de ajuste.
c) La Gestión Empresarial en el “servicio educativo”: una estrategia antipedagógica para reducir el gasto público
La educación pública entendida como servicio depende de los presupuestos públicos y estos, a su vez, de la política fiscal que definen los Estados. Desde que se consolidó la globalización financiera operó un proceso de reformas estatales que terminaron por institucionalizar la cogestión en la ejecución de políticas y en la prestación de servicios con el capital privado y que han abierto los canales del “despojo del patrimonio público” mediante el endeudamiento generalizado.
Las reformas administrativas han sido parte del diseño de un andamiaje institucional que apunta a este propósito. El soporte teórico es el de la inclusión de los mecanismos gerenciales de las empresas justificado en el criterio de optimizar recursos escasos mediante la intensificación de tiempos.
Desde los inicios de la década del setenta, las Naciones Unidas ya venían argumentando en favor de este tipo de reformas. Por ello, incentivaron la creación de Centros Regionales de Administración para el Desarrollo en diversos continentes. Este fue el caso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), creado mediante resolución 2845 (XXVI) de 1971 emitida por este organismo internacional. Al reconocerlo y en el aparte pertinente la Resolución anota:
Señala a la atención de los Estados Miembros la importancia de las medidas destinadas a aumentar la capacidad administrativa para el desarrollo económico y social, la conveniencia de que dichas medidas formen parte de los planes de desarrollo a todos los niveles, según convenga, y la necesidad de que dichas medidas sean adecuadas para que los gobiernos puedan, individual y colectivamente, alcanzar las metas del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 2. Toma nota del informe de la Segunda Reunión de Expertos sobre el Programa de Administración Pública de las Naciones Unidas (…)11.
Desde entonces, el CLAD ha sido un organismo de consulta obligatoria para los gobiernos de la región en los temas asociados a la administración pública. Hace parte de la Secretaría técnica permanente de las Conferencias Iberoamericanas sobre Reforma del Estado. Ha oficiado como una pieza central en el impulso a las reformas de la administración pública en la región soportadas en los métodos de gestión privada que se consolidaron conforme a las pautas de la globalización financiera.
La Constitución de 1991 incorporó estas coordenadas gerenciales en la reorganización de la administración pública. Efectivamente, el artículo 20 del capítulo II denominado “Disposiciones Transitorias” autorizó al presidente para que por la vía de decretos extraordinarios “suprimiera, fusionara, o reestructurara. las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y en especial con la redistribución de competencias y recursos que ella establece (…)”.
Con base en esta autorización el gobierno de César Gaviria expidió una serie de decretos en los que oficializó privatizaciones y reorganizó entidades oficiales, como en el caso de TELECOM, en perspectiva de privatizarlas como efectivamente ocurrió. Las modificaciones administrativas de las entidades y dependencias de la rama Ejecutiva incluyeron a la casi totalidad de los Ministerios “sobre la base de distribuir sus funciones en las áreas de formulación de políticas, planeación, coordinación y regulación normativa, de una parte y en las de seguimiento, vigilancia y evaluación de programas y proyectos, de la otra, dejando la labor de ejecución a sus organismos adscritos o vinculados”12.
Esta división de funciones entre los Ministerios y los organismos adscritos sigue los lineamientos de los diseños empresariales de gestión interna; la definición de planes operativos, el seguimiento de procesos, la ejecución de proyectos y la evaluación de estos. En el plano interno y en cada una de esas entidades dispuso el control interno obligatorio y utilización obligatoria de indicadores de gestión y resulta la estandarización de procesos mediante la aplicación de indicadores de gestión y resultados. La reforma a la Contraloría General de la República eliminó las funciones de control previo definición concordante con la oficialización del control previo institucional.
El conocimiento exige un tiempo investigativo que es cada vez mayor en la medida en que nos aproximamos a uno de sus peldaños y entonces nos damos cuenta de que requerimos abordar nuevas temáticas y complejidades. Esta realidad ha sido reconocida desde la Antigüedad. La afirmación socrática del “solo sé que nada sé” lo confirma a la manera de testimonio. Imponer lo contario es otra de las manifestaciones de la “policrisis” a la que ha llegado el capitalismo. La generalización de estándares educativos hace parte, al mismo tiempo de la inclusión de la educación en el comercio mundial. Un salto cualitativo en la consecución de este objetivo fue la declaración que en 1999 realizó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que manifestó que debía regularse por el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS).
El aparte constitucional sobre los Planes de Desarrollo (artículo 339 y siguientes) incluyó existencia obligatoria de planes previa a la ejecución de los presupuestos. La aprobación del Plan Nacional de desarrollo en cada período presidencial debe incluir los programas a implementar y la elaboración del plan nacional de Inversiones que cuenta con prioridad normativa. A su vez, la planeación opera como un sistema coordinado “sinérgicamente” en el que se integran, además del plan nacional los planes departamentales y municipales dentro de una estrategia descentralizadora y participativa. Igualmente, la ejecución de proyectos en la esfera territorial cuenta con indicadores obligatorios de gestión y de evaluación de resultados.En el caso de las leyes educativas, la ley 30 de 1992 y la ley 115 de 1994, en cuya elaboración jugaron un papel determinante las IFIS, también se incluyeron esos lineamientos concibiendo a la educación como servicio13. La consolidación de la gestión en la educación básica ha sido proclamada en los documentos oficiales como uno de sus soportes. A manera de ejemplo citamos un artículo del Ministerio de Educación sobre el tema (septiembre del 2007):Los nuevos escenarios globales inciden directamente en todas las organizaciones sociales y las obligan a emprender rápidas transformaciones. La educación no es ajena a este fenómeno y, por esta razón, el sistema educativo enfrenta importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI. (…) La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr que todos “remen hacia el mismo lado” para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa (..) Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo hacia el alcance de los objetivos en los plazos establecidos para ello, así como el seguimiento y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo que se está haciendo permite alcanzar las metas y los resultados propuestos, y qué ajustes hay que introducir para corregir el rumbo oportunamente. Asimismo, se trata de poner a marchar un sistema de gestión con sus fases correspondientes (…) Luego, el artículo gira hacia la necesaria inclusión de la gestión de las instituciones en todos los grados de la educación “desde el preescolar hasta la educación superior”, lo que sirve de soporte al “Sistema de aseguramiento de la calidad”, el cual incluye la estandarización de currículos.Con base en lo anterior, las acciones que se están adelantando para fortalecer la gestión de las instituciones educativas se orientan a la conformación de un sistema de aseguramiento de la calidad que va desde el Preescolar hasta la educación Superior. En el caso de la educación Preescolar, Básica y Media se han definido estándares básicos de competencias para un conjunto de áreas fundamentales: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, competencias ciudadanas e inglés como idioma extranjero. Los estándares son criterios claros y públicos que orientan el diseño de los currículos y planes de estudio, y permiten saber si se están cumpliendo unas expectativas comunes de calidad (…)14.Debe recordarse que las exigencias de gestión en el sistema educativo aumentaron después de la reforma a las transferencias oficializada mediante el Acto Legislativo 1 del 2001 (modificatorio de los artículos 356 y 357 constitucionales) reglamentado por la ley 715 del mismo año, el cual hizo parte del “Plan de Ajuste” exigido por el “Acuerdo Extendido con el FMI “ suscrito en 1999, produciendo una reducción cuantiosa de las transferencias territoriales al cambiar la fórmula del aumento anual de las mismas conforme al incremento de los ingresos corrientes por el del ajuste inflacionario. La ley 715 estableció el Sistema General de Participaciones, los giros por “costos por alumno” y generalizó el “subsidio a la demanda”. Este tipo de gestión utiliza la técnica de la “contabilidad de costos” dividiendo a las instituciones educativas a la manera empresarial y como si fueran “áreas contables” (nómina de docentes, bienestar, mantenimiento de infraestructura, etc.) que sumadas deben coincidir con el giro a la institución por transferencia. En el caso de las universidades, igualmente se incorporaron la planeación gerencial y los indicadores de gestión y resultados. El autofinanciamiento por la vía de la “extensión” mediante la venta de servicios terminó por suplir a la carencia de presupuestos públicos. El reconocimiento de los incrementos anuales a las universidades definido en la ley 30 de 1994 ha quedado desueto abriendo un hueco fiscal que dificulta la incorporación de docentes planta y limita las posibilidades de la investigación y del ejercicio académico. Las invasiones gerenciales en el “sistema educativo” incluyen al aula. En el caso de la educación básica esta incorporación significó la racionalización de plantas de docentes, el aumento del número de estudiantes en los ciclos de formación (indicador de cobertura), la intensificación de los tiempos aula entre otros. La estandarización de currículos despedagogiza el ejercicio de aula. En el caso de las universidades el volcamiento obligatorio de la nómina de profesores a las actividades de extensión limita el ejercicio académico. Esta suma de actividades implica la intensificación de tiempos a la manera de la producción empresarial de bienes y servicios. Pero los tiempos de la academia son diferentes. El conocimiento exige un tiempo investigativo que es cada vez mayor en la medida en que nos aproximamos a uno de sus peldaños y entonces nos damos cuenta de que requerimos abordar nuevas temáticas y complejidades. Esta realidad ha sido reconocida desde la Antigüedad. La afirmación socrática del “solo sé que nada sé” lo confirma a la manera de testimonio. Imponer lo contario es otra de las manifestaciones de la “policrisis” a la que ha llegado el capitalismo.La generalización de estándares educativos hace parte, al mismo tiempo de la inclusión de la educación en el comercio mundial. Un salto cualitativo en la consecución de este objetivo fue la declaración que en 1999 realizó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que manifestó que debía regularse por el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS).La disminución de las barreras comerciales y de transferencia de servicios, dinamiza este mercado, convirtiéndolo en una opción para la inversión extranjera y para la colocación de capitales, puesto que representa un presupuesto anual mundial de mil millones de dólares, con cincuenta millones de trabajadores y cerca de un billón de clientes potenciales, que son los estudiantes (…)15.En el tratado de libre comercio que Colombia suscribió con Estados Unidos y en otros TLC importantes quedó incluida la normatividad educativa del AGCS.d) Políticas educativas diseñadas para la formación del trabajador como simple “recurso humano” En marzo de 1961, Teodore Schultz publicó un artículo en la American Economic Review, en el cual aseguró, entre otras cosas, que los trabajadores se habían convertido en capitalistas, si bien no a partir de una noción marxista de redistribución de los medios de producción, sí a partir de la adquisición de conocimientos y habilidades con cierto valor económico en el mercado. Un año después, en 1962, organizaría la aparición de un número especial del Journal of Political Economy titulado “Investment in Human Beings”, en el cual participaron, entre otros, Jacob Mincer, Burton A. Weisbrod, Gary Becker y el propio Theodore Schultz. Hacia 1964, Gary Becker, colaborador de Hayek y Friedman, y miembro de la Mont-Pélerin Society, publicó la obra que sistematizaría de forma más completa los planteamientos realizados por él y por Schultz durante los años previos. Dicho libro llevó por título “Human Capital. “A theoretical and empirical analysis, with special reference to education”, obra que se considera central en los estudios sobre capital humano, y cuyo éxito a futuro sería tal, que le haría merecedor del Premio Nobel de Economía en 1992. Entre otras cosas, la novedad de dicha teoría sería su interés por el llamado “factor residual” en la economía; es decir, el factor que explicaría los niveles de crecimiento económico de la economía norteamericana durante la primera mitad del siglo pasado, el cual había ocurrido desapercibido16.Fueron los pioneros de un diseño de políticas asociadas a la integración discursiva de, los trabajadores al universo del capital, las cuales, en los años siguientes fueron incorporada en los documentos de las IFIS. La consolidación de la globalización financiera en la década del ochenta pasó por derrotar la resistencia de los trabajadores y por desconocer a los partidos que los representaban y a las organizaciones sindicales que abogaban por sus derechos. La consolidación de grupos financieros que controlan la producción en el comercio mundial terminó por crear de manera paralela un “mercado mundial del trabajo desigual” en el que los trabajadores son obligados a competir por salarios a la baja. Esto determinó un desconocimiento del trabajador como “sujeto social. El diseño educativo oficial tomó nota de esta realidad: Desposeído de su significado como sujeto social y, por lo tanto, fuera de su contexto público, social y cultural múltiple, el trabajo humano se ha convertido en un objeto. Como cualquier otro recurso material e inmaterial, el recurso humano es una mercancía económica que debe de estar disponible libremente para todos, siendo los únicos límites a su acceso y a las formas más libres de su explotación de naturaleza financiera (costes). (..) El recurso humano no tiene voz social, no tiene representación social. No hay, por otra parte, sindicatos de recursos humanos. No tiene, como tal, derechos cívicos, políticos, sociales, culturales. Es un medio en el que el valor de uso y cambio monetario están determinados por el balance de la empresa. El recurso humano está organizado, administrado, valorado, desplazado, reciclado, abandonado en función de su utilidad para la empresa. No se tiene ningún derecho en el trabajo. Sus derechos de existencia y de mejora dependen de su resultado, de su rentabilidad (…). Un elemento adicional, el trabajador concebido como “recurso humano” debe adecuarse permanentemente a las exigencias del actual circuito empresarial que innova permanentemente, por lo que “La formación continua debe de servir fundamentalmente para mantener útiles y rentables los recursos humanos de un país”17.Estas consideraciones explican el por qué las políticas educativas y los currículos, desde la década del ochenta, comenzaron a girar en torno a la formación de “habilidades y destrezas”, abandonando la integralidad del conocimiento y el espíritu as crítico. En Colombia ha sido el tema central en la legislación educativa que anexa seguimiento y evaluaciones sobre el conjunto de las comunidades educativas, Durante las últimas décadas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE ha jugado un papel de primer orden en el diseño y la ejecución de las políticas educativas en el país. La OCDE nació formalmente en 1961 y cuenta en la actualidad con 30 países miembros los cuales según lo pregonan en sus documentos “producen casi el 60 % del PIB mundial”. De manera análoga a lo que ocurre con las IFIS, su financiamiento es acordado por sus integrantes siendo Estados Unidos el que realiza los mayores aportes. En las últimas décadas esta organización internacional se ha convertido en uno de los “tanques de pensamiento” más importantes en el diseño de políticas públicas. Incide en redes de investigación y de cooperación internacional.No obstante, la base estructural de la educación en tanto una actividad independiente en la OCDE llegó con el establecimiento, en 1968, del CERI -Centro para la Investigación e Innovación de la Enseñanza- (siglas en inglés, el cual se financió inicialmente con recursos de la Ford Foundation y la Shell y del Education Committee, en 1971. “Schools and Quality: An International Report” fue su primera publicación en 1989 (…) La teoría del capital humano fue objeto también de reestructuración; tanto la OCDE como el Banco Mundial, dieron un giro teórico hacia perspectivas microeconómicas, con lo cual la inversión en capital humano dejó de verse como un factor de beneficio social, para pasar a ser un elemento de beneficio individual, al generar las capacidades de adaptación y flexibilidad, necesarias para el trabajador aislado en la economía mundializada. El interés por la calidad educativa provocó la necesidad de profesionalización en la realización de estándares educativos, así como la comparación de resultados a nivel internacional. (…) La lógica competitiva en la economía internacional requería información para llevar a buen puerto los flujos de inversión “global” y el análisis comparativo de la calidad educativa permitía conocer a los dueños del capital la rentabilidad en potencia de invertir en determinados países, dada la calidad de su capital humano, expresado ahora en los resultados académicos -favorables o no- en pruebas estandarizadas. Este fue el contexto en el cual se elaboró el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos PISA que se realizó por primera vez en el año 2000 (…)18.Una de las preocupaciones centrales del equipo gubernamental de Santos fue el ingreso del país a la OCDE19. En ese período 2010-2018 bajo las orientaciones de los Comités OCDE fueron incluidos lineamientos en los Planes de Desarrollo y expedidas 50 leyes en diversas materias y 22 relacionadas con política tributaria y educativa. La OCDE diseñó lo que el gobierno Santos posteriormente denominó el “Acuerdo por lo Superior-2034”, el cual incluye un marco evaluativo y curricular basado en estándares20. En 2008, la OCDE presentó un documento titulado “Sistema de Cualificaciones. Puentes para el aprendizaje a lo largo de la vida” en el que cambió el criterio curricular de “competencias” por el de “cualificaciones”, conforme a las cuales los aprendizajes pueden dividirse en niveles que van desde el ocupacional hasta el académico en la Educación superior. La ley 1064 del 2006 suprimió las diferencias entre educación formal y no formal abriendo la posibilidades de implementar la certificación de las cualificaciones en cualquiera de los niveles del sistema educativo. En la página oficial del Ministerio de Educación se reconoce que “Desde al año 2010 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en coordinación con el Ministerio del Trabajo, la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el SENA, el Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y junto con entidades del sector productivo, gubernamental y educativo vienen avanzando significativamente en el diseño, desarrollo e implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para Colombia, proceso que ha contado con acompañamiento técnico internacional, el cual ha permitió recoger las experiencias y buenas prácticas de países que cuentan con Sistemas de Cualificaciones.(..) El artículo 194 de la ley 1955 de 2019 a través de la cual se reglamenta el PND 2018-2022, creó el “Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), como un instrumento para clasificar y estructurar las cualificaciones en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de cualificación”21.Los decretos reglamentarios reposan en las oficinas del Ministerio de Educación y si el llamado “gobierno del cambio” quisiera cambiar la política educativa definida anteriormente ya los hubiera derogado abriendo una discusión ante las comunidades educativas en la perspectiva de una orientación diferente. De momento, el gobierno ha presentado ante el Congreso una propuesta de ley Estatutaria de la Educación y ha diferido la presentación del proyecto reformatorio de la Ley 30, cuyo borrador anterior incluía las pautas OCDE. Todo parece indicar que pocas cosas cambiarán cuando llegue la hora de presentar la propuesta. Mientras tanto la inercia del pasado continúa determinando el accionar gubernamental también en el tema educativo.Los decretos reglamentarios reposan en las oficinas del Ministerio de Educación y si el llamado “gobierno del cambio” quisiera cambiar la política educativa definida anteriormente ya los hubiera derogado abriendo una discusión ante las comunidades educativas en la perspectiva de una orientación diferente. De momento, el gobierno ha presentado ante el Congreso una propuesta de ley Estatutaria de la Educación y ha diferido la presentación del proyecto reformatorio de la Ley 30, cuyo borrador anterior incluía las pautas OCDE. Todo parece indicar que pocas cosas cambiarán cuando llegue la hora de presentar la propuesta. Mientras tanto la inercia del pasado continúa determinando el accionar gubernamental también en el tema educativo.
1 La eliminación del respaldo en oro a la emisión de dólares ha terminado por producir una expansión inusitada de capital ficticio que puede confirmarse en términos monetarios por la depreciación de esta moneda con relación al oro. El portal GoldSwitzerland que expresa los análisis de la división de inversión de la reconocida empresa Matterhorn Asset Management, especializada en inversión en metales preciosos reconoce, que en el lapso 1971-2001, el dólar se ha depreciado en un 98 %. La desregulación de capitales terminó por crear el mercado internacional de divisas, el mayor mercado financiero del mundo “Aglutina un volumen medio diario negociado en torno a los 5 billones de dólares…”. https://www.bbva.com/es/mercado-divisas-que-es-como-funciona/
2 Cuando la Fed empezó a proveer de liquidez a Wall Street, los bancos que se aprovecharon de ello con más avidez eran todos europeos. (…) Si medimos la ayuda concedida en la fase crítica de liquidez, a través del volumen total de los créditos concedidos y devueltos, la actividad de las permutas financieras entre 2007 y 2010 supera los 10 billones de dólares. Bernanke presidió una acción de estabilización internacional (y específicamente transatlántica) mucho mayor que el Plan Marshall…” Adan Tooze, “Un pánico más”, en New Left Review No 97, https://newleftreview.es/issues/97/articles/adam-tooze-un-panico-mas.pdf
3 Orgaz, C. “Por qué en 2020 se crearon más dólares que nunca (y qué consecuencias tendrá para las economías de América Latina)”. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias- america-latina-55315553
4 Dylan Relay y Robert Bremmer, en “Siete tesis sobre la política estadounidense” anotan al respecto, “un gasto estatal masivo dirigido directamente a la industria privada, con efectos de goteo para la población en general: la legislación de medicamentos recetados de Bush, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de Obama, la Ley de Cuidados de Trump, el Plan de Rescate Estadounidense de Biden, las Leyes de Infraestructura y chips y la Ley de Reducción de la Inflación. Todos estos mecanismos de extracción de excedentes son abierta y obviamente políticos. Permiten retornos, no sobre la base de inversiones en planta, equipo, mano de obra e insumos para producir valores de uso, sino sobre la base de inversiones en política”, https://newleftreview.org/issues/ii138/articles/dylan-riley-robert-brenner-seven-theses-on-american-politics
5 Lo reconoce el FMI “Las crecientes ganancias empresariales explican casi la mitad del incremento de la inflación en Europa, en la medida en que las empresas aumentaron sus precios mucho más que el incremento del costo de la energía importada”. Igualmente, el Economic Policy Institute, reconoce que “estos márgenes pasaron del 12 % al 17 % después del COVID, y atribuye tal incremento al poder de mercado de las grandes corporaciones. Como consecuencia, mientras en el pasado la contribución de las ganancias empresariales a explicar el alza de los precios había sido tan baja como del 11 %, en el actual ciclo inflacionario llegó hasta el 53 % el año pasado…”. Mauricio Cabrera, Portafolio, /inflacion-y-ganancias-empresariales-opinion-589572
6 Particularmente la denominada “inflación subyacente”, o sea, aquella que calcula el aumento de los precios descontando los precios de la energía y los de los alimentos no elaborados.
7 La cual representa la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto (OMA), y constituye el “principal instrumento de intervención de política monetaria”, con que cuenta el emisor. Marca un piso en la definición de la DTF, la tasa de interés variable calculada con base en el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas para la captación a noventa días por los intermediarios financieros. Debe recordarse que desde 1992 fueron eliminadas las tasas de fomento lo que afecta a la mayoría de la población.
8 El compromiso del gobierno Petro de acabar con el déficit del Fondo de Precios de Combustibles arrastra consecuencias en el conjunto de la economía, y principalmente en el sector del transporte. A datos estadísticos de septiembre de 2023, “Para el Dane, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (42,90 %), compra y cambio de aceite (18,67 %) y vehículo particular nuevo o usado (16,78 %) …”. Portafolio, https://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-colombia-alza-de-la-gasolina-sigue-jalonando-precios-588678
10 Jorge Iván González, “Alarma para el 2025”, https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/alarma-para-2025-3754724
11 Resolución 2845 (XXVI) de 1971 de Naciones Unidas, https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/333/23/PDF/NR033323.pdf?OpenElement
12 Javier Henao. La Modernización del Estado Colombiano. Análisis de los Decretos sobre Reforma del Estado expedidos por el gobierno nacional en diciembre de 1992”, https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/332392
13 Lo que hizo parte de una tendencia internacional, por cuanto la reducción de presupuestos en el sector debió enfrentarse al aumento de la demanda, “ un área donde los poderes públicos tienen cada vez más dificultades para satisfacerla demanda: entre 19, 85 y 1992, el número de estudiantes universitarios pasó de 58.6 millones, a 73.7 millones –un alza del 26 %– pero el gasto público en educación tendió a estancarse en torno al 5 % o 6 % del PIB, en los países desarrollados y cerca del 4 % o menos, en otros países…”. Giovanny Fernando Benavides, “Mercantilización de la Educación y Comercio Internacional”, https://core.ac.uk/download/pdf/268203545.pdf
14 “Al Tablero” “La Gestión Educativa es la vía al mejoramiento de la Educación” https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html
15 Giovanny Fernando Benavides, Ibidem. Los datos son de agosto del 2011.
16 Mauro Rafael Jarquín “Empresarios y educación en el México mundializado: el momento de la ciudadanía corporativa y la nueva derecha”, Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (Opción Ciencia Política), UNAM, México, 2018.
17 Ricardo Petrella, “La educación víctima de cinco trampas”, Revista Iberoamericana de Educación, https://rieoei.org/historico/jano/opinion03.htm . Este tema de la “formación para toda la vida” ha sido ratificado por Naciones Unidas como parte de uno de los objetivos del milenio “Reafirmar que el principio rector para alcanzar el ODS 4 (objetivos del Milenio) es el aprendizaje de por vida, que abarca el aprendizaje formal, no formal e informal. Adoptar plataformas de IA y análisis de aprendizaje basados en datos como tecnologías clave en la construcción de sistemas integrados de aprendizaje permanente que permitan aprender en cualquier momento, en cualquier lugar y potencialmente para cualquier persona, con respeto a agencia de los estudiantes…”
18 Mauro Rafael Jarquín, ibidem.
19 En el discurso que el entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas realizó ante la OCDE cuando fue oficializado el ingreso del país reconoció que para ese gobierno era un asunto estratégico “Nos hemos embarcado en dos proyectos independientes y estrategias ambiciosas. La paz a nivel interno y el ingreso a la OCDE, internacionalmente. Estas dos estrategias se complementan. Convergen, tanto en su momento y su alcance: permitir que Colombia se convierta en un país más rico, una nación más próspera…” Mauricio Cárdenas, Discurso de Ingreso a la OCDE, 2018.
20 Sobre el tema ver, Daniel Libreros C y Brayan Camilo Rojas, “¿Sólo buenas prácticas?: intereses de la OCDE en Colombia para otorgarle la membresía “, por publicar.
Finalmente, el integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) y de Centro Alerta, Juan González, en línea con los diagnósticos y evaluaciones realizadas, planteó que, «desde ha muchos años hemos visto cómo la educación pública se ha ido destruyendo y corporativizando. Estamos en un punto tal que es urgente terminar de pelear por lo políticamente viable para pasar a luchar por lo políticamente imposible».
El reciente 29 de noviembre, en la biblioteca del Liceo Confederación Suiza de Santiago, se celebraron los 20 años del Foro por el Derecho a la Educación Pública. El espacio reunió a un complejo de organizaciones del ámbito de la enseñanza entre las que se contaron la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Federación de Trabajadores/as de la Educación Pública (FENAEDUP), dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores y del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, entre otros y otras.
La presentación del Foro planteó que, «Tras años de luchas donde el movimiento social por la educación develó la crisis del sistema neoliberal, hoy nos enfrentamos a la crisis terminal de la educación pública y su sentido está a punto de diluirse en la competencia educativa», y añadió que, «sabemos que para incidir en la transformación del sistema educativo es necesario un movimiento social por la educación que sea fuerte, con actoras y actores educativos organizados, con estudiantes, trabajadores/as, familias y organizaciones populares que vean en la escuela pública una herramienta de emancipación (…) inclusiva, comunitaria, feminista, multicultural y democrática».
El encuentro propuso a los expositores y asistentes pronunciarse sobre dos preguntas clave: ¿Qué lecciones aprendidas dejan los períodos de auge del movimiento social por la educación y cómo construir el movimiento social por la educación que se necesita en estos tiempos?
Las intervenciones: sin movimiento social no hay
El evento inició con el análisis del historiador y profesor universitario Cristian Matamoros, quien se basó en su propia obra Nuevas historias de la educación durante la Unidad Popular, para referirse al proyecto de esa época, la Escuela Nacional Unificada (ENU).
Al respecto, Cristian Matamoros señaló que, «la ENU jamás logró implementarse. Fue un informe que buscó experiencias del pasado del país para elaborar un proyecto educacional más integral, capaz de articular el estudio y el trabajo. La ENU aspiró a una enseñanza nacional, unificada, diversificada, democrática, solidaria, pluralista, productiva, integrada a la comunidad, científica y tecnológica, humanista, presente en el sistema escolar y extraescolar», y agregó que, «una cuestión muy importantes es que la ENU se propuso la unificación de un sistema fragmentado por niveles (preescolar, básica y media) y por áreas (científico-humanista por un lado, y técnica por otro), de manera de superar esa balcanización, incluso en la formación de los profesores».
Matamoros detalló que la ENU fue lanzada por el Gobierno de la Unidad Popular en el verano de 1973, pero «ya en marzo de ese año se inició un movimiento bastante fuerte en su contra por parte de la oposición. De hecho, nosotros concluimos que las fuerzas socialistas no tuvieron una táctica para defender el proyecto de la ENU. Debido a esa carencia concreta, pensamos que cualquier reforma educacional de carácter democrático y popular que elaboremos en la actualidad, necesariamente debe ser impulsada por un poderoso movimiento social».
A su turno, la lideresa docente y presidenta del comunal Copiapó del Colegio de Profesores y Profesoras, Yariela Ardides, abrió inmediatamente los fuegos, expresando que, «como es de público conocimiento, llevamos 76 días movilizados en medio de una lucha muy dura. Sobre todo, cuando muchos pensamos erróneamente que este gobierno tendría una perspectiva progresista para enfrentar los múltiples problemas que azotan a la enseñanza pública de la región de Atacama. A diferencia de lo que ocurre en el Colegio Nacional de Profesores en Santiago y sus disputas internas, en provincia nosotros simplemente somos comunidad y a ella nos debemos».
La dirigenta Ardides recordó que las causas de la extensa movilización de la comunidad escolar provienen «de la crisis financiera, cultural, de infraestructura y legal del Servicio Local de Educación Pública de la zona (SLEP). Mucho tiempo antes, nosotros habíamos denunciado que el SLEP no iba a funcionar, entre otras cosas, por las enormes distancias entre los distintos establecimientos escolares del territorio; porque ni siquiera se informó sobre el nuevo sistema, ni el Mineduc conoce la realidad de la región y la comuna».
Por su parte, la representante de la Federación de Trabajadores/as de la Educación Pública (FENAEDUP), Carolina Pizarro, se refirió al individualismo y atomización de las entidades de la educación, las cuales «nos hacen mirarnos más hacia adentro que hacia los demás. Creo que si potenciamos los problemas locales y pequeños de cada cual, podemos tender puentes de confluencia en temas más generales, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación escolar».
El responsable de las relaciones públicas de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Gael Palape, en su exposición dijo que, «nuestras demandas están asociadas a las condiciones en las que debemos asistir a clases y a las reivindicaciones de nuestros profesores. Como ha sido históricamente, nos sentimos un sujeto social dinamizador de las transformaciones y un actor relevante de las luchas populares», y sumó que, «más allá de las necesarias demandas del movimiento estudiantil y de su propia reconstrucción, también nos encontramos creando un proyecto que mejore nuestras vidas y que rompa con la educación sexista. Uno de nuestros objetivos es llegar a los sectores que no están convencidos».
Gael Palape enfatizó que, «sufrimos una frecuente represión del Estado a través de los carabineros. Como no tenemos nada qué perder, ni siquiera una educación que coincida con nuestras necesidades, pues nos movilizamos permanentemente. Y precisamos de toda la comunidad educativa para conquistar la vida que nos merecemos».
El debate
Llegado el momento de la discusión de los asistentes al Foro, el presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación de San Joaquín, Víctor Venegas, manifestó que, «con el chantaje de la imposición institucional de los Servicios Locales de Educación Pública, se está agudizando la crisis de la enseñanza neoliberal. Sin dudas, cualquier reforma educacional que elevemos desde nuestros espacios debe ir acompañada de la movilización social», y agregó, «¿cómo nos unimos cuando lo fundamental no es el Estado, sino lo comunitario?».
Asimismo, el profesor de Historia Roberto Vergara comentó que, «para conquistar nuestros proyectos se requiere la coordinación de las fuerzas sociales y políticas. Yo pienso que el problema se encuentra en la tecnocracia dominante, ese fenómeno que ha despolitizado y arrebatado los aspectos culturales del debate educativo», y añadió que, «los gobiernos no han desmunicipalizado la educación pública, sino que la han tercerizado mediante aparatos híbridos como los SLEP. Es decir, sólo se ha cambiado la administración de la educación pública de un sostenedor a otro».
Consuelo Chaparro de ONG Entorno acentuó que, «en Chile resta menos de un 30 por ciento de educación pública. La privatización y mercantilización de la enseñanza ha avanzado dramáticamente, de tal modo que las relaciones de solidaridad se ven duramente obstruidas».
Maule por una Nueva Educación se llama la agrupación a la que pertenecen Alejandra y Macarena Villarroel. Ellas distinguieron dimensiones de la educación rural, sin romantizar, pero destacando iniciativas como la agroecología. Además, vehementemente se ubicaron sobre el camino de la movilización social tras el objetivo de implementar una enseñanza pública, ya no administrada exclusivamente por el Estado, sino por las propias comunidades, de manera territorial.
Finalmente, el integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) y de Centro Alerta, Juan González, en línea con los diagnósticos y evaluaciones realizadas, planteó que, «desde ha muchos años hemos visto cómo la educación pública se ha ido destruyendo y corporativizando. Estamos en un punto tal que es urgente terminar de pelear por lo políticamente viable para pasar a luchar por lo políticamente imposible».
El Comité Ejecutivo del Foro informó sobre sus próximas actividades respecto de la lucha contra la criminalización de las y los estudiantes que hoy siguen movilizados. Igualmente, comunicaron que la próxima asamblea general del espacio se efectuará en enero del 2024, cuyo propósito es persistir en la producción de experiencias y políticas para un proyecto educativo público y comunitario desde el movimiento social.
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