Page 1 of 228
1 2 3 228

Ecuador: Policía podrá ingresar a escuelas y colegios cuando existen casos de extorsión, porte de armas o riesgo para estudiantes.

En Ecuador hay 365 instituciones que cuentan con presencia permanente de la Policía, pues se encuentran en territorios violentos.

La tarde del 27 de agosto de 2025, el Ministerio de Educación dio a conocer el plan de regreso a clases para el año lectivo 2025-2026 del régimen Sierra Amazonía.

En una rueda de prensa presidida por la ministra de Educación, Alegría Crespo, aseguró que la seguridad de los estudiantes será uno de los principales aspectos en los que el Gobierno pondrá atención en el nuevo año lectivo.

«La Policía podrá ingresar a las instituciones educativas solamente cuando cuando haya casos de extorsiones, porte de armas o algún aspecto que ponga en peligro a los estudiantes».

Alegría Crespo
Aclaró que esté proceso debe ser en coordinación con el Ministerio de Educación para garantizar los derechos de los estudiantes.

La funcionaria recordó que el Plan Nacional Nos Cuidamos dio paso a la inserción conocida como Educación para la Seguridad, que se impartirá desde este año lectivo en todos los estudiantes del régimen Sierra Amazonía. «Esta inserción ayudará a que los estudiantes conozcan protocolos de actuación antes emergencias», explico

Estos son los dos cambios que tendrán los estudiantes del régimen Sierra para el año lectivo 2025-2026
Y agregó que todos los planteles ya cuentan con botón de pánico, en una aplicación móvil, para activarlo en caso de alguna emergencia.

En este mismo tema, el director Educativo de la Policía, Renato Cevallos, dijo que 11.400 policía se desplegarán en más de 100 escuelas y colegios que se encuentran en sectores vulnerables a hechos violentos, así como otros que son calificadas como «prioritarias».

Estos efectivos contarán con el apoyo de 800 cámaras del Sistema de Seguridad ECU 911 que se encuentran instaladas en los alrededores de las instituciones educativas vulnerables, según el viceministro del Interior, Javier Freile.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en

https://www.primicias.ec/sociedad/plan-regreso-clases-estudiantes-ministerio-educacion-policia-103811

Comparte este contenido:

Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años

La nueva ley entrará en vigor en diciembre de 2025 y obligará a plataformas como TikTok, Instagram y Facebook a verificar la edad de sus usuarios.

Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años con una ley que marcará un antes y un después en la regulación digital. El Parlamento aprobó en noviembre de 2024 una enmienda a la Online Safety Act que fija la edad mínima de acceso en 16 años. Esta medida, que entrará en vigor el 10 de diciembre de 2025, se convierte en uno de los pasos más drásticos en el mundo para limitar el uso de plataformas digitales en adolescentes.

El gobierno de Anthony Albanese defendió que prohibir las redes sociales a los menores de 16 años busca proteger la salud mental de los jóvenes. La iniciativa surge en un momento de creciente preocupación internacional por el impacto de la vida digital en la adolescencia.

PLATAFORMAS ALCANZADAS Y EXCEPCIONES

La ley que prohíbe redes sociales a menores de 16 años en Australia aplica a servicios cuyo objetivo principal sea la interacción social y la publicación de contenido. Entre ellos se encuentran TikTok, Instagram, Facebook y X.

En cambio, el propio gobierno aclaró que habrá excepciones para plataformas que cumplen otras funciones. No estarán afectadas las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Messenger, los servicios de correo electrónico como Gmail, las plataformas de videollamadas como Zoom o FaceTime, y redes profesionales como LinkedIn. Tampoco se incluyen servicios educativos, de salud ni juegos en línea.

CÓMO FUNCIONARÁ LA VERIFICACIÓN DE EDAD

Con esta ley, Australia obliga a las plataformas digitales a aplicar controles estrictos. Las compañías deberán implementar métodos confiables para comprobar la edad de los usuarios que intenten registrarse. Entre las alternativas en estudio se encuentran la validación de documentos oficiales, el uso de reconocimiento facial para estimar la edad y los sistemas de inferencia mediante inteligencia artificial.

El gobierno australiano invirtió más de 6,5 millones de dólares en un programa piloto para probar qué tecnologías son más viables. El eSafety Commissioner será la autoridad encargada de evaluar si las plataformas cumplen con el estándar de “medidas razonables”.

MULTAS MILLONARIAS POR INCUMPLIMIENTO

Australia no solo prohíbe redes sociales a menores de 16 años, también impone sanciones severas a las compañías que ignoren la norma. Las plataformas que no apliquen las restricciones podrán enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos o el equivalente a 150 000 unidades de penalización.

La carga de responsabilidad recaerá exclusivamente en las empresas tecnológicas. En ningún caso los menores ni sus familias serán sancionados si logran acceder de forma irregular a una red social.

REACCIONES A LA MEDIDA

La prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Australia generó un fuerte respaldo político y social. Una encuesta nacional reveló que el 77% de la población apoya la medida. Organizaciones como 36 Months y News Corp Australia celebraron la decisión, destacando que refuerza la protección infantil.

No obstante, también aparecieron críticas. Diversos expertos en derechos digitales advirtieron que el control de edad podría implicar riesgos de privacidad, ya que obligaría a los jóvenes a entregar información sensible. La Comisión de Derechos Humanos de Australia señaló que la normativa podría restringir de manera excesiva las libertades digitales de los adolescentes.

UN MOVIMIENTO QUE PODRÍA REPLICARSE EN OTROS PAÍSES

Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años y con ello se coloca a la vanguardia del debate mundial sobre la edad mínima en el acceso digital. Aunque otros gobiernos han planteado regulaciones similares, pocos han aprobado una legislación tan clara y con un marco legal tan estricto.

El caso australiano puede convertirse en un modelo para Europa y América Latina, regiones donde también crece la discusión sobre los riesgos de la vida digital en adolescentes.

Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años

Comparte este contenido:

La sed de ChatGPT: la IA consume una cantidad de agua alarmante

Sergio Parra
Sergio Parra

Periodista especializado en temas de ciencia, naturaleza, tecnología y salud

Generar un texto de 100 palabras en ChatGPT consume, en promedio, 519 mililitros de agua, el equivalente a una botella del líquido.

¿Qué precio paga el planeta por cada palabra generada por la Inteligencia Artificial? Este es el interrogante que surge al desvelar las cifras alarmantes de recursos necesarios para mantener en funcionamiento los modelos avanzados de inteligencia artificial como ChatGPT. Detrás de cada interacción aparentemente trivial con un chatbot, se esconde un sistema complejo y voraz, cuya operación deja una marca significativa en el medio ambiente.

Desde su lanzamiento en 2022, ChatGPT ha sido utilizado por aproximadamente el 25% de los estadounidenses, según cifras del Pew Research Center. Sin embargo, estas interacciones cotidianas vienen acompañadas de un consumo desproporcionado de agua y electricidad, generando preguntas cruciales sobre su sostenibilidad.

El coste hídrico de cada consulta

Generar un texto de 100 palabras en ChatGPT consume, en promedio, 519 mililitros de agua, el equivalente a una botella. Este consumo, que puede parecer mínimo en la escala de una sola consulta, se magnifica cuando se analiza el impacto a gran escala.

Si solo el 10% de la población activa en Estados Unidos usara este servicio semanalmenteel consumo anual de agua ascendería a más de 435 millones de litros, suficiente para abastecer a todos los hogares de un estado como Rhode Island, de un millón de habitantes, durante un día y medio, según un análisis de The Washington Post en conjunto con investigadores de la Universidad de California en Riveside.

https://images.outbrainimg.com/transform/v3/eyJpdSI6Ijc0NmE1ZmU3MjNjYmM2YTlhNWYzNzFhMDFkZmMwMjFhN2I3OTc4ZjQ4ZGMxODVmZmMzNjFkNDliMWRkYTc3ZjIiLCJ3Ijo3MjAsImgiOjQwNSwiZCI6MS41LCJjcyI6MCwiZiI6NH0.webp

Los servidores que operan en centros de datos generan cantidades masivas de calor al realizar los miles de cálculos necesarios para cada respuesta. Para evitar sobrecalentamientos, el sistema requiere enfriamiento constante, a menudo mediante sistemas que utilizan agua para transferir el calor hacia torres de refrigeración. Este proceso es comparable a cómo el sudor enfría el cuerpo humano. En zonas donde el agua escasea, se utilizan sistemas eléctricos de aire acondicionado, pero a costa de un mayor consumo energético.

El costo energético de las palabras

Cada respuesta de 100 palabras también implica un consumo promedio de 0,14 kilovatios-hora (kWh), suficiente para alimentar 14 bombillas LED durante una hora. Multiplicado por millones de usuarios, el impacto es abrumador. Si solo el 10% de los trabajadores estadounidenses usara esta tecnología semanalmente, el gasto anual de electricidad equivaldría al consumo energético de todos los hogares de Washington, D.C., de más de 600.000 habitantes, durante 20 días.

Este incremento en la demanda eléctrica ya está generando tensiones en las redes locales, especialmente en estados como Georgia, Arizona y Texas. En estas regiones, los costes más bajos de electricidad han atraído a gigantes tecnológicos que construyen centros de datos a un ritmo acelerado, agravando los problemas de transmisión y abastecimiento. Comunidades locales expresan preocupaciones sobre el impacto ambiental y social, desde el ruido hasta el posible aumento en sus facturas de servicios públicos.

La búsqueda de soluciones: ¿respuestas sostenibles?

Ante estas cifras, algunas compañías tecnológicas han anunciado iniciativas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Microsoft, por ejemplo, firmó un acuerdo para comprar toda la energía generada por el reactor nuclear de Three Mile Island, cerrado desde 2019, lo que podría ayudar a mitigar el consumo eléctrico de sus centros de datos. Sin embargo, el reactor no estará operativo hasta 2028, y persisten preocupaciones sobre la gestión de residuos radiactivos.

Google, por su parte, se ha comprometido a reponer el 120% del agua que utiliza para 2030, aunque un informe reciente reveló que apenas alcanzó un 18% de reposición en 2023. Estas promesas, aunque esperanzadoras, a menudo se quedan cortas frente a la magnitud del desafío.

Todo lo que hacemos en internet tiene un impacto. Por ejemplo, el 1 % de las emisiones globales de C02 están generadas por ver vídeos online, y esta cifra podría elevarse al 8% para 2025. También leer (aunque leer libros en papel, en promedio, parece menos contaminante que leer online o en ebooks).

Así pues, en lo tocante a la IA, la industria debe invertir en tecnologías innovadoras que minimicen su huella ambiental. Si queremos disfrutar de todas las ventajas de la inteligencia artificial, no queda otra.

Enlace original https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/agua-que-gasta-chatgpt-y-otros-modelos-ia_23812

Comparte este contenido:

El Salvador: Proyecto de presupuesto reducirá fondos a medio ambiente

El proyecto de presupuesto para 2025 de El Salvador recortará 4,5 millones de dólares al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó hoy una fuente oficial.

 

Esta semana los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibieron al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, para debatir la partida programada para esa cartera.

 

Según lo discutido, el MARN dispondrá de 15.7 millones de dólares como presupuesto para el 2025, es decir 4.3 millones menos respecto a 2024.

 

Entre las principales afectaciones de fondos se identificó a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que recibirá 5.4 millones en 2025, 2.5 millones menos respecto a 2024.

 

Se espera que esta cartera de Estado tendrá menos fondos para el próximo año, lo cual pudiera afectar su trabajo con las 208 áreas naturales protegidas establecidas, 43 islas de manglares en la Bahía de Jiquilisco, tres estuarios de Bosques Salados en La Unión y la Laguna de Olomega.

 

Varias carteras como educación y salud sufrieron recortes en sus planes de gastos, mientras otras con defensa se incrementaron, según los informes.

 

El Salvador: Proyecto de presupuesto reducirá fondos a medio ambiente

 

Comparte este contenido:

Al 23,6% de migrantes no los emplean por ser venezolanos

Una cuarta parte de los hogares migrantes asentados en Norte de Santander y demás regiones no consigue empleo y no genera ingresos.

Alrededor de 6 de cada 10 migrantes procedentes de Venezuela que ingresan a Colombia lo hacen por Norte de Santander (58,6%), mientras que otros, en menores proporciones, lo hacen por La Guajira (29,2%), Arauca (8,5%) y Bogotá (2,1%).

Este fue el panorama que arrojó la séptima ronda de la Encuesta Pulso de la Migración, presentada hace un par de días por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que incluye a los colombianos retornados y se realizó del 8 de abril al 8 de junio de 2024. La muestra tuvo 8.022 personas y 3.719 hogares consultados.

Es de resaltar que este departamento creció 3,1 puntos porcentuales en entrada de migrantes, referente a la sexta ronda de la investigación (55,5%), desarrollada entre agosto y septiembre de 2023.

Otro de los datos revelados es que el 25,9% de los hogares migrantes no consigue empleo y no genera ingresos, mientras que el 22,6% no tiene para adquirir los alimentos. Estas son las dos principales necesidades no cubiertas.

Según la encuesta, la principal dificultad del venezolano para hallar trabajo es no tener los documentos solicitados, pues, casi la mitad no logra emplearse por tal razón (48,5%), siendo el permiso de trabajo el más solicitado (59,2%). La segunda es ofertas de trabajo con baja remuneración o malas condiciones laborales (26,0%).

La tercera dificultad para tener empleo es que ha sentido discriminación por su nacionalidad. Por lo menos 2 de cada 10 ciudadanos lo han vivido (23,6%).

La falta de experiencia (13,4%), no tener conocimiento de donde buscar trabajo (8,9%), no contar con el tiempo suficiente para jornada completa (6,2%) y su círculo familiar no lo/la deja laborar (2,5%) son las demás dificultades encontradas.

Pulso Migración reflejó que el 59,6% de los migrantes estaba trabajando, al momento de ser encuestados, con una diferencia significativa entre hombres (74,3%) y mujeres (45,2%). Mientras que el 21,1% dijo estar dedicado a las labores del hogar; el 8,1%, buscando trabajo; y 7,4%, estudiando.

El DANE también preguntó en qué lugares se sintieron discriminados: ‘buscando trabajo’ (40,0%) y ‘en el trabajo’ (21,7%) fueron el segundo y tercer escenario, después de la calle/espacios públicos (47,8%).

Además, el 55,1% de los migrantes trabaja 49 horas o más a la semana (la jornada legal es de 46 horas), lo cual significa un aumento de 6,1 p.p. al hacer la comparación con la anterior medición (49,0%).

Leve disminución en barreras

En cuanto la relación laboral, el 78,0% tiene contrato verbal y 22,0%, contrato escrito. Estos indicadores variaron respecto a la anterior ronda, cuando fueron de 81,9% (verbal) y 18,1% (escrito). Lo cual representa una muy leve mejoría.

El director de Metodología y Producción Estadística del DANE, César Mauricio López, expresó que la diferencia entre las dos últimas encuestas no es significativa en lo concerniente al tipo de contratación. También que la población que tuvo barreras para hallar trabajo se redujo 4,4 p.p., respecto a la ronda 6 (52,9%).

Para la coordinadora del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo (Ormet), Sharyn Nataly Hernández Fuentes, aún falta bastante por hacer en la generación de empleo digno, no solo para los migrantes, también para los colombianos.

La economista recordó que los planes de incentivo al trabajo y emprendimiento en dicha población no se impulsan con la misma fuerza que los programas para el resto de la ciudadanía, lo cual “es lógico, porque hay que dar prioridad a los nacionales”.

Sin embargo, resaltó que entidades internacionales o algunas ONG, como USAID, ONU y Acnur, han implementado planes para que venezolanos y colombianos retornados generen ingresos.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, indicó que “estos datos son indispensables para el diseño de políticas públicas, que realmente respondan a las necesidades de esta población”.

https://www.laopinion.co/economia/al-236-de-migrantes-no-los-emplean-por-ser-venezolanos

 

Comparte este contenido:

«Necesitamos políticas para promover el acceso a la educación pública superior»

Por: Karina Batthyány

Hoy quiero sistematizar el tema de la Educación Superior, las Universidades Públicas y sus desafíos actuales, ya que atravesamos una coyuntura particular en nuestra región marcada por encrucijadas de distintos fenómenos en lo político, lo social y en materia económica. Por eso, es imprescindible profundizar la reflexión crítica sobre la educación superior pública universitaria, sus alcances, limitaciones y retos tanto a nivel nacional como regional, partiendo de la base de defenderla como un derecho humano.

La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018 se manifestó de manera muy clara en este sentido: el acceso, el uso y la democratización del conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico son fundamentales para garantizar los derechos humanos básicos. Además, ¿por qué limitar ese derecho humano solamente a algunos niveles como el primario y el secundario sin incluir la educación universitaria?

La CRES 2018 también planteó que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad sin distinción social, de género, etnia, religión o edad. La educación no es una mercancía. Y desde la CRES se afirmó: “Instamos a los Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo”.

Desde la década de los 80, en nuestra región latinoamericana y caribeña, la educación superior es objeto de un proceso de mercantilización creciente a nivel local e internacional. Aún en los países con una fuerte tradición de universidad pública, gratuita y laica, todavía no se ha logrado discutir el financiamiento de la educación superior de manera sustentable y sigue siendo parte de un nicho de mercado o negocio privado por fuera de la planificación del financiamiento público.

Entonces, tenemos que insistir en el reconocimiento del carácter de bien público y social de la educación superior como un derecho humano. Pero en la actualidad hay dificultades para implementarla por parte de los estados, como también en la posibilidad efectiva de todos y todas, los ciudadanos y las ciudadanas, de ejercer ese derecho en su vida concreta y cotidiana.

A su vez, observamos adversidades financieras y económicas en los países de la región, que ponen en cuestión el derecho humano a la educación superior pública con una característica estructural, en términos de desigualdad, en la insuficiente inversión en los sistemas educativos y formación de calidad.

La educación superior como un derecho humano se conecta con otro tema más amplio que es el derecho a la educación en el proceso de formación a lo largo de toda la vida. En este punto hay algunos dilemas importantes dentro del marco de la educación pública superior que está pendiente resolver en nuestra región, como las políticas concretas para promover el acceso equitativo a ella.

Allí tenemos tres elementos en términos de funcionamiento de las economías. El primero es que América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo a nivel de ingresos y riqueza. La expansión de la demanda en educación superior es motorizada por egresados y egresadas de la educación media que pertenecen a hogares de sectores bajos. Por lo tanto, no pueden acceder a la educación privada y en la medida que no hay suficiente oferta de educación pública superior ven truncadas sus aspiraciones de continuar sus estudios a nivel superior. En varios países de América Latina, la ampliación de la oferta de vacantes en educación superior, tiene más lugar en el sector privado que en el público.

En segundo lugar, tenemos la cuestión de género en el sistema universitario y la igualdad de género en la educación superior. En los últimos años, dentro de las estructuras universitarias latinoamericanas y caribeñas tenemos programas, grupos y estudios feministas. Además, encontramos un crecimiento interesante en términos de carreras, institutos y equipos que ampliaron las agendas de investigación y renovaron perspectivas metodológicas en este sentido. Esto no quiere decir se hayan superado las inequidades de género al interior de las universidades públicas, sino que adquirieron más visibilidad y hoy cuestionan los procesos de producción y circulación del conocimiento, así como también las estructuras y las configuraciones institucionales en materia de carrera docente y participación en los espacios de toma de decisiones dentro de las universidades.

Por último, está la cuestión de cuál es el papel de la ciencia abierta en la producción y la circulación del conocimiento y cómo es su evaluación en las decisiones de la estructura docente, investigación y espacios universitarios. Desde el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), estamos trabajando para promover alternativas en la evaluación y la circulación del conocimiento, así como la producción en materia de investigación, que también contemplen las desigualdades asociadas a la posibilidad de acceso en términos de estructura universitaria. Reconocemos la necesidad de avanzar sobre acuerdos regionales y compromisos institucionales a nivel nacional y regional en el acceso al conocimiento sin ningún tipo de barrera y que los resultados de investigación estén disponibles para todos y para todas y modificar la forma en que se evalúa el conocimiento y las trayectorias individuales y colectivas de investigación.

En ese sentido, lo que hoy está en disputa a nivel regional es la concepción del conocimiento como bien público con políticas de acceso abierto, con la promoción de un discurso académico y político que considere la producción de conocimiento y sus realizaciones como parte del capital social para la emancipación de nuestros países. En otras palabras, está en juego cómo valoramos el conocimiento científico y cómo, a partir de esas temáticas, podemos construir sistemas más equitativos y democráticos. Estos debates contribuyen a diseñar modelos educativos que no solamente actualicen la relación entre investigación, docencia y extensión desde un marco de cooperación regional y abierta a las comunidades no universitarias, sino también recuperen otras formas de conocimiento para generar diálogos más enriquecedores en el sistema de educación superior en general y las universidades en particular.

A nivel regional, estamos atentos y atentas a los procesos de inestabilidad política en varios países que amenazan directamente el desarrollo del conocimiento en las universidades y las instituciones de investigación, ya sea por medio de restricciones presupuestarias o restricciones a la libertad académica e intelectual.

En definitiva, la educación y todos los niveles educativos deben convertirse en un derecho para todos y todas. CLACSO es un espacio de encuentro de las voces críticas que construye conjuntamente alternativas para colocar en el centro la discusión de la educación superior pública universitaria como un derecho humano en América Latina y el Caribe y fomentar cada vez más la democracia, la solidaridad, la interdependencia, el pensamiento crítico y el pensamiento transformador. En nuestra Conferencia #CLACSO2025 en Colombia, daremos continuidad a una iniciativa que comenzamos en México #CLACSO2022 en el  marco del Foro de Rectores y Rectoras, para discutir los desafíos que el espacio universitario latinoamericano y caribeño enfrenta en la actualidad.

– Siguiendo tu reflexión, pienso qué difícil es ver que los países cambian sus políticas relacionadas con las universidades públicas frente a los cambios de períodos gubernamentales y no mediante políticas de Estado a lo largo del tiempo, particualrmente en términos de fondos universitarios…

– Lamentablemente, estamos acostumbrados y acostumbradas a esos vaivenes en nuestra región, que ponen en cuestión los avances en la concepción de la educación superior como un derecho y un bien público, más allá de las voluntades concretas de los gobiernos de turno en nuestros países latinoamericanos.

Además, en muchos casos, las universidades públicas son un blanco de ataque de algunos sectores ideológicos a nivel regional y mundial, que buscan convertir a la educación superior en una mercancía y no en un derecho, recortando y reduciendo al mínimo la existencia de estos espacios. En CLACSO, siempre estaremos en el lugar de la defensa de la universidad pública como un elemento central, entre otras cosas, para el fortalecimiento democrático y la construcción de ciudadanía en nuestros países.

https://www.clacso.org/necesitamos-politicas-para-promover-el-acceso-a-la-educacion-publica-superior/

Comparte este contenido:

Informe: Las madres solteras sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social

https://es.euronews.com/video/2024/04/09/las-madres-solteras-sufren-mayor-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social (vídeo)

 

El informe de la Red Europea contra la Pobreza apunta a una fiscalidad más justa como herramienta para evitar la marginación.

 

La pobreza tiene muchas caras, pero **su rostro más habitual es el de una mujer.**Como el de Geneviève Baert, que vive en Bélgica y tiene 54 años. La pérdida del negocio familiar cuando era adolescente y el cuidado de sus cinco hijos como madre soltera la empujaron a una situación de pobreza de la que está tratando de salir.

 

«Tuve un periodo en el que era pobre y no lo sabía», cuenta en una entrevista con ‘Euronews’. Pero Baert pudo darse cuenta de su situación gracias a las redes de ayuda, algo que la empujó a «luchar de otra manera, con otras armas» y evitó que se culpabilizara. «Es la sociedad la que no pone las cosas a mi alrededor para que yo pueda evolucionar», lamenta.

 

Ella es una de las 95,3 millones de personas en la Unión Europea que en 2022 estaban en riesgo de exclusión social o de pobreza. Según Eurostat, la oficina europea de estadística, se trata de un 22% de la población del bloque. Países como Rumanía (34%), Bulgaria (32%), Grecia y España (ambos 26%), encabezan la lista.

 

Baert pertenece a uno de los grupos más vulnerables: las mujeres. Así lo explica el informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés) presentado este lunes en Bruselas. La pobreza femenina «es empeorada por los bajos sueldos y el ser responsable de los cuidados y es más probable que tengan un empleo de media jornada o temporal». Por ejemplo, el dossier alerta que en Austria aproximadamente el 50% de las mujeres trabajan a media jornada para poder atender a sus hijos, lo que las hace depender económicamente de sus parejas.

 

Según el presidente de EAPN, Carlos Susias, la situación es «estructural». Algo que se constata al haber «una diferencia en todos los parámetros de pobreza entre hombres y mujeres a favor de los hombres, en contra de las mujeres». Por ello, para Susias las medidas para acabar con las diferencias por género deben ir más allá de las actuales políticas de protección y apunta a una mejor conciliación. Para Baert, poder llevar a sus hijos al jardín de infancia fue clave. «Es importante para la madre, porque puede emanciparse y es importante para el niño, porque ya está aprendiendo socialización a esa edad», explica.

 

Aunque Susias también pide cambios en la fiscalidad de las familias monomarentales, que componen el 80% de los progenitores solteros con hijos a cargo. «Es necesario unas políticas fiscales que también permitan ciertos impuestos negativos de apoyo a las familias en mayor situación de vulnerabilidad», reclama.

 

Baert lamenta que la pobreza ha afectado a la vida y las oportunidades de sus hijos. «He tenido una experiencia muy mala de la escuela porque hay mucha discriminación contra los niños de entornos desfavorecidos», asegura. Además, ha echado en falta la empatía de otros padres o de los centros. «Eso deja huella en la infancia, marcas indelebles», lamenta.

 

El coste de la vivienda incrementa el riesgo de pobreza

El informe también alerta de como el aumento del precio de la vivienda y la alta inflación han afectado de forma más acusada a los grupos vulnerables, entre los que se incluyen los jóvenes o las personas con bajo nivel de estudios. Es el caso de Portugal, donde el informe explica que «en 2022, el 19,4% de la población en riesgo de pobreza estaba sobrecargada de gastos de vivienda, frente al 2,2% de la población sin riesgo de pobreza». Además, el texto alerta que en todo Portugal hay 2,8 millones de hogares con problemas económicos relacionados con la vivienda.

 

Las dificultades asociadas a la vivienda, como por ejemplo, la imposibilidad de mantenerla a una temperatura adecuada en invierno son también mayores entre los grupos en riesgo de pobreza. Según un informe de la Comisión Europea sobre el acceso a servicios esenciales de la UE en 2024, la pobreza energética «en todos los Estados miembros es mayor para las personas en riesgo de pobreza, y va entre el 3,9% de Finlandia y el 50,6% de Chipre, mientras que la media de la UE es del 20,2%».

 

Fuente: https://es.euronews.com/my-europe/2024/04/09/las-madres-solteras-sufren-mayor-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social

Comparte este contenido:
Page 1 of 228
1 2 3 228