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Libro: Política de sexos (PDF)

Autora:  Sylviane Agacinski

Fecha de la edición: 1998

ISBN: 84-306-0321-2

Sinopsis: En 1996 un grupo de mujeres francesas firmaron un manifiesto a favor de la paridad, de la igualdad de representación en la Asamblea Nacional. Sylviane Agacinski, filósofa, feminista y militante socialista, apuesta por la paridad en política y por una nueva postura filosófica. En su teoría pone en duda la jerarquía de los sexos y el predominio de los valores masculinos, a la vez que critica el feminismo más radical. Esta toma de posición política defiende, en definitiva, el carácter mixto de la humanidad y propugna el entendimiento, dentro del reconocimiento de las diferencias, entre ambos sexos.

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Colombia: La educación desapareció de la nueva Misión de Sabios

América del sur/Colombia/07 Marzo 2019/Fuente: Semana

El excoordinador de la Misión de Sabios de 1994, Carlos Eduardo Vasco, planteó, a través de una carta abierta, cinco puntos por los cuales cree que esta Misión fracasará.

Carta abierta sobre la nueva Misión de Sabios al Sr. Presidente, a la Sra. Vicepresidenta, a los 43 miembros de la nueva Misión y a todos los académicos y académicas del país, del comisionado coordinador de la antigua Misión de Sabios, Carlos Eduardo Vasco Uribe.

Estimado Sr. Presidente, apreciada Sra. Vicepresidenta, queridos miembros de la nueva Misión de Sabios y colegas académicos y académicas:

Dejé pasar 20 días desde aquel memorable jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico, fecha de la cual ya no quisiera acordarme, para darme el tiempo de “contar hasta diez” dos veces antes de enviarles esta misiva, profundamente sentida, tal vez insolente por demasiado sincera y muy probablemente impertinente, defectos de los cuales les pido de antemano me excusen con mucha empatía por encontrarme ahora avanzando lentamente por el noveno piso de mi vida, a mis 81 años de edad, ya por encima del bien y del mal.

Las trivialidades de la convocatoria

Todavía no puedo creer lo que viví el jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico. Recuerdo claramente el día 24 de julio del año pasado, hace ya siete meses. Nos reunimos en la sede de la Academia Colombiana de Ciencias tres antiguos comisionados de la antigua Misión de Sabios, Eduardo Posada, Fernando Chaparro y yo, su antiguo comisionado coordinador, y los presidentes de la Academia de Ciencias y del Colegio de Academias.

Agradecimos mucho al entonces Sr. Presidente electo que nos aceptara sin tardanza nuestra invitación a conversar con él y con la Sra. Ministra de Educación, recién nombrada y aún no posesionada, sobre la posible convocatoria de una nueva Misión de Sabios. Grande fue mi alegría e ilusión ese día, en el que, después de 25 años, parecía resurgir de su tumba oscura la primera Misión, y parecía que el informe “Colombia, al filo de la oportunidad” iba a tener una segunda.

Pero, después de seis meses de silencio total, ese jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico, a las nueve de la mañana del día de la instalación de la nueva Misión, nos enteramos tres de los antiguos comisionados que habíamos sido excluidos de la misma y, eso, por parte de uno de los acomodadores.

Tres de mis colegas de la antigua Misión de Sabios, el Dr. Rodolfo Llinás, el Dr. Eduardo Aldana y el Dr. Fernando Chaparro, estábamos esperando la llegada del Sr. Presidente para la inauguración, conversando sentados en la segunda fila de las sillas, cuando el acomodador llegó con el Dr. Eduardo Posada. Le pidió al Dr. Llinás pasar con él a la primera fila, y nos indicó a los otros tres que nos sentáramos unas filas más atrás, pues esas sillas estaban reservadas para los comisionados.

Al decirle que nosotros tres también éramos comisionados, releyó su lista y nos confirmó que no figurábamos en ella. Nos pasamos para la cuarta fila, y al empezar a llegar los otros 40 comisionados, nos volvió a pedir levantarnos de allí y pasar al lado izquierdo de la sala. Solo entonces nos dimos por enterados.

Según nuestras expectativas, que creí que eran acuerdos, el entendimiento inicial en la reunión del 24 de julio y en los primeros documentos que entregué al Dr. Enrique Forero, era que a cada uno de los seis o siete comisionados de la antigua Misión que aceptáramos seguir colaborando con la nueva nos nombrarían una persona más joven de nuestra confianza como nuevo comisionado para seguir llevando nuestra antorcha, y que se escogerían unas diez o quince personas más con los criterios muy loables de presencia internacional, de mayor participación femenina y de personas que vivieran fuera de la capital.

Tanto la Dra. Ángela Restrepo como yo enviamos algunos nombres de la persona que podría acompañarnos y de otros candidatos más, como sugerencias a la Sra. Vicepresidenta, a quien el Presidente Duque había encargado por decreto de la organización de la nueva Misión, a través del Dr. Forero, presidente de la Academia y del Capitán Ariza, pero nunca recibimos ninguna consulta, pregunta ni respuesta, a menos que pueda considerarse como tal la respuesta tajante del acomodador de marras.

No esperaba yo de dama tan bien educada este tratamiento, y aunque por algún motivo pudiera tal vez explicarse su conducta con nosotros los tres comisionados varones, no veo cómo justificarla con la Dra. Ángela Restrepo, quien estaba presente virtualmente ese día jueves, y quien, por supuesto, no se atrevería jamás a quejarse, como sí me atrevo yo a cometer tal atrevimiento.

2. Las infortunadas coincidencias con el Bicentenario

Es verdad que no se le puede pedir mucha profundidad de memoria histórica a tan joven Presidente, pero no puedo pasar por alto recordar ahora que hace precisamente 200 años, en la reconquista española de nuestra patria de 1815 a 1819, Morillo y Sámano estaban fusilando a nuestros pocos sabios sobrevivientes de la Expedición Botánica.

Por ello me impresionó mucho, tal vez indebida pero inevitablemente, que en este bicentenario de la independencia y la república se nombrara a una persona de nacionalidad española para coordinar a los nuevos sabios de Colombia. No es culpa de ella, por supuesto.

Esto sería simplemente una infortunada coincidencia, si no me asaltara al mismo tiempo la comparación con otros recientes nombramientos en otras comisiones de memoria o falta de ella, y por lo tanto no puedo disimular mis encontrados sentimientos. Me refiero a la ausencia de la dimensión histórica en la nueva Misión y en quienes la convocaron.

Obviamente parece que el gobierno y el partido de gobierno no consideran la historia como ciencia, sino como herramienta de indoctrinación y control, al tiempo que proponen un proyecto en el congreso para penalizar a los maestors que señalen a sus estudiantes las dimensiones críticas, éticas y políticas de la historia. Una Misión sin historia no es misión.

Por ello entiendo y me parece apropiado, como lo hicieron los profesores de historia de la Universidad Nacional, pedirle a Darío Acevedo su renuncia, y si no renunciare, pedirle al Sr. Presidente la revocatoria de su nombramiento. Me uno a ellos.

Entiendo, pues, y hasta me alegro ahora de que nuestro antiguo comisionado, Marco Palacios, no hubiera querido formar parte de la nueva, y no veo en ella ningún colombiano que tome su lugar. Por más que, afortunadamente, se nombró al Dr. Johan Schot, no creo que su especialidad en la historia de la tecnología le permita llenar ese vacío.

Tal vez este alejamiento de la historia no ocurra por culpa del Sr. Presidente ni su Vicepresidenta, sino por ciertos expresidentes, congresistas, y partidos antidemocráticos que comparten con Torrijos o Acevedo, con Plinio Apuleyo o José Obdulio, esa extraña enfermedad degenerativa que llamo “amnesia doble”: no tienen memoria ninguna de los discursos y argumentos que hace pocos años esgrimían tan elocuentemente contra el capitalismo, y parecen haber olvidado totalmente que hubiera habido algún conflicto social y político en Colombia en los últimos 50 años.

No se acuerdan tampoco de los millones de víctimas ni de los falsos positivos, pero sí estoy seguro de que recuerdan algo, porque ellos también se declaran víctimas de los “sicarios morales” que alguna vez los criticamos y quieren ahora impedir a toda costa el trabajo de la Comisión de la Verdad y el de la Justicia transicional. No entiendo cómo se convoca una Misión a espaldas de nuestra historia.

Por supuesto, todo esto no quiere decir nada negativo sobre la persona misma de la nueva coordinadora, la Dra. Cristina Garmendia, muy sabia, exitosa e inteligente exministra del gobierno español. Su nombramiento es un acierto. Estoy seguro de que no solo no tomará ella a mal mi ambigua nota histórica, sino que se sentirá muy estimulada y obligada a hacer todo lo posible para apoyar a los otros 42 comisionados en el éxito de esta nueva Misión, así sea por resarcir en algo a nuestra patria de lo que otros gobiernos anteriores hayan podido hacer tan mal (no me refiero al gobierno del presidente Santos sino al del Rey Fernando VII).

Es claro que yo mismo, por mi edad y mi estado de salud, no podría de ninguna manera coordinar a tantos sabios, ni hubiera aceptado ese nombramiento, pues con solo nueve ya me quedó otrora bien difícil. No creo ni siquiera haber podido colaborar con los actuales durante diez meses y, por eso, en esta carta no quiero que se tome nada como resentimiento personal o egolatría (aunque confieso que la tengo, pero no creo que influya en este escrito).

Ya hablé con la Dra. Cristina, quien me sedujo a primera vista (en el buen sentido de la palabra), y le entregué personalmente la antorcha de la antigua Misión: el informe “Colombia, al filo de la oportunidad”. Le manifesté mis mejores augurios para una exitosa coordinación y mi disponibilidad, que ahora le renuevo, para ayudarla en lo poco en que pueda asesorarla, por más que después de esta carta, cualquier ayuda mía más bien la perjudique.

3. La relación con el Plan Nacional de Desarrollo

Debo confesar públicamente que tampoco se cumplieron las expectativas ni las propuestas, que creíamos que eran acuerdos entre los que estuvimos presentes en esa reunión inicial en la Academia respecto a la convocatoria de la nueva misión de sabios. Como dije arriba, ese día acordamos convocar la nueva misión para asesorar al Sr. Presidente en la formulación de políticas públicas para su gobierno y de políticas de Estado por otros 25 años. Sentí mucha alegría con su decisión de acoger esa propuesta lo más pronto posible.

La misma Sra. Ministra de Educación, recién nombrada aunque todavía no posesionada, le indicó al Sr. Presidente la necesidad de reunirnos pronto, ojalá comenzando en ese mes de agosto mismo, para revisar las conclusiones de la antigua Misión que estuvieran aún vigentes y lograr que quedaran de una vez integradas al articulado del Plan Nacional de Desarrollo que el nuevo gobierno debía elaborar en los seis meses siguientes, desde agosto del año pasado hasta enero de este año, y presentarlo al Congreso para su aprobación.

La misma Sra. Ministra le recordó que las recomendaciones que no se integraran al articulado del Plan de Desarrollo, tanto en educación como en ciencia y tecnología, tendrían que esperar otros cuatro años para llevarse a la práctica.

Es claro que fue culpa mía haber creído que el presente gobierno estaba inclinado al cumplimiento de acuerdos, y mucho menos en este caso, en el que ni siquiera eran acuerdos. Pero, de todas maneras, me siento obligado a confesar públicamente mi sorpresa mayúscula cuando me llegó la convocatoria para la inauguración de la nueva Misión el jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico cuando se anunció al mismo tiempo para el día anterior la radicación en el congreso del Plan Nacional de Desarrollo.

Quedaron así mis colegas de la nueva Misión en la misma triste condición que nosotros con la antigua, condenados de nuevo a que los ocho documentos de propuestas y las recomendaciones globales que se entreguen al país dentro de diez meses se queden de nuevo en los anaqueles, esperando tal vez una tercera oportunidad en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno siguiente dentro de cuatro años. Y anoto, con temor, que, si el gobierno siguiente lo va a encabezar el Dr. Holmes Trujillo, tendrían que esperar ocho.

4. La exclusión de la educación

Me extrañó más todavía, especialmente por lo orgullosos que nos sentíamos del nombre y del informe de nuestra antigua Misión: Ciencia, Educación y Desarrollo, y por haber empezado a organizar la nueva Misión con la Sra. Ministra de Educación para poner en el centro de los nuevos documentos las recomendaciones sobre la educación, notar ahora que precisamente todos los aspectos y personas de la educación hubieran desaparecido de la nueva Misión y prácticamente también del articulado del Plan de Desarrollo.

Afortunadamente, dos de los coautores de un celebrado informe sobre la educación, Guillermo Perry y Sandra García, me ahorran páginas de análisis. Indican ellos que solo se plantean en el nuevo Plan de Desarrollo algunas metas de aprendizaje para el grado 11, y no para los demás grados de básica y media y que no hay metas para las áreas específicas. De los 73 artículos que quedaron en el pacto por la equidad, solo 4 son de la “subsección” de educación y solo uno de los 4 artículitos se relaciona con la calidad de la educación básica y media, y eso solo para el mejoramiento de infraestructura.

¿Dónde están las principales metas de la antigua Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, casi todas orientadas a la educación? ¿Dónde está la planeación y la garantía de financiación de los acuerdos logrados en diciembre con los maestros, con los estudiantes universitarios, sus profesores y rectores? No encuentro nada en el Plan de Desarrollo ni en el encargo a los comisionados de la nueva Misión ni en las personas seleccionadas para ella.

Fue nadie menos que el mismo Premio Nobel Serge Haroche, nombrado ese día como nuevo comisionado, quien le tuvo que recordar al Sr. Presidente al día siguiente de la instalación que lo más importante para impulsar la ciencia y la tecnología en un país en desarrollo es la educación. Lástima que tampoco tuvo tiempo el Sr. Presidente para haberse quedado a escuchar el discurso de aceptación por parte del Dr. Wasserman, en el que él hizo también el debido énfasis en la educación en todos sus niveles.

¿Se excluyó al MEN, a la Comisión Académica y a la Comisión Gestora de la conformación del Plan Decenal de Educación, tanto de la elaboración del articulado del Plan de Desarrollo como de las decisiones sobre las temáticas y sobre todo sobre los miembros de la nueva Misión de Sabios?

Francamente, aunque es claro que sí hay una despreocupación real por la educación en buena parte del gobierno y en todo el partido de gobierno —ojalá no en el Sr. Presidente mismo y ciertamente no en la Sra. Vicepresidenta— la realidad es que no nombraron a nadie relacionado con la educación en la nueva Misión ni insertaron ninguna de las propuestas de la antigua en el articulado del Plan, excepto tal vez los consabidos saludos a la bandera en la retórica introductoria del documento, en la que me extrañó también el inusitado elogio nominal a un personaje nefasto para la ciencia, la educación y la paz.

Se desatendió también la propuesta de involucrar a la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación, y la sugerencia de nombrar en la nueva Misión a su presidente, el Dr. Rafael Campo, cuya amplia visión de la educación debería tenerse especialmente en cuenta por ser él invidente.

Infortunadamente, no se me ocurre ningún otro criterio que se hubiera tenido en cuenta para excluir a los antiguos comisionados más directamente relacionados con la educación, como a Ángela Restrepo, a Eduardo Aldana, a Fernando Chaparro y a mi. No es grave el caso de Fernando ni el mío, pero sí siento muchísimo que se haya excluido a la Dra. Ángela Restrepo por haber sido ella quien había ofrecido avanzar en una propuesta específica sobre enseñanza de las ciencias y preparación de docentes, y más que todo, que se haya desechado al Dr. Eduardo Aldana con su propuesta sobre los Institutos regionales “Innovar” para cada departamento (y a mediano plazo para cada cuenca hidrográfica), la propuesta más valiosa de la antigua Misión de sabios para la educación secundaria, media y terciaria en el sector rural. No somos las personas: es la educación.

Siento pues tener que decir que la educación desapareció del todo en la convocatoria de la nueva Misión de ciencia, tecnología e innovación, y casi totalmente del articulado del Plan de Desarrollo. No es pues, ni de lejos, la nueva Misión una continuación y perfeccionamiento de la antigua. Es más bien el entierro de tercera de la sección más importante del informe “Colombia al filo de la oportunidad”, en el que esta lápida funeraria le cambia totalmente el sentido a aquella frase del Maestro Gabo sobre la educación: que debería ser “una educación desde la cuna hasta la tumba”. Pero no esta tumba…

Me temo ver pronto de nuevo en las calles a los maestros, a los estudiantes de educación media, a los estudiantes y profesores universitarios, esta vez también con sus rectores, exigiendo el cumplimiento de todos los acuerdos de diciembre y la reinserción de la educación en el centro de todas las políticas de Estado y de gobierno.

5. La contradicción entre políticas de gobierno y políticas de estado

Finalmente, lo que me tiene más apesadumbrado es que después de redactado el Plan Nacional de Desarrollo no haya en este momento ya lugar para que la nueva Misión pueda formular políticas para este gobierno, sino solo algunas políticas de Estado a largo plazo. Así intentamos hacerlo hace 25 años en la antigua Misión, con la intención de que nuestras conclusiones comprometieran a futuros gobiernos. Lamentábamos expresamente que en Colombia solo hubiera políticas de gobierno y de ministro, pero no políticas de Estado.

Pero hay aquí una contradicción fundamental, para mí insoluble. En los últimos meses del año pasado y los dos primeros de este año, el Sr. Presidente, varios de sus ministros y todo el partido de gobierno han estado proclamando a todo el mundo civilizado el incumplimiento de muchos compromisos que, como Estado colombiano, deberíamos cumplir, con la excusa de que habían sido firmados por gobiernos anteriores.

No faltaría ya, Sr. Presidente, sino que otro de sus ministros decidiera no pagar los próximos vencimientos de la deuda externa por haber sido esta contraída por gobiernos anteriores.

Siento decirles, Sr. Presidente y Sra. Vicepresidenta, que en esas condiciones yo me sentiría moralmente impedido para asesorar a su gobierno en la elaboración de políticas de Estado. Menos mal no me nombraron ustedes en la nueva Misión, para evitarme el penoso incidente de tener que rechazar mi postulación. Si acaso la hubiera aceptado antes, ahora tendría que decir que yo sí siento una incompatibilidad moral que me obligaría ahora a renunciar a una Misión que no fuera de educación, que tuviera memoria histórica de la antigua ni aceptar su diferenciación entre políticas de gobierno y políticas de Estado.

Espero, eso sí, que mis colegas de la nueva Misión no sientan tan profundamente como yo esta incongruencia que ahora siento y continúen pacientemente con su trabajo de elaborar políticas de Estado para un próximo gobierno, a pesar del fundado temor de que el siguiente no acepte nada de lo elaborado en el presente.

Propongo pues a los 43 comisionados que sigan calladamente su tarea de formular políticas de Estado a largo plazo, pero sin entregar ningún documento hasta que el Sr. Presidente no se posesione realmente como Jefe de Estado, como rector y representante responsable del Estado colombiano, no de un partido antidemocrático y unos votantes engañados.

Siento decirle, Sr. Presidente, que no por culpa suya sino más bien de cierto partido de extremo centro, de cierto senador ya tristemente célebre y de cierto expresidente conocido de autos, usted no se ha posesionado todavía como Jefe de Estado sino como jefe de gobierno, y de un gobierno que no reconoce obligaciones del Estado, como para nuestra vergüenza nos lo han tenido que reprochar públicamente los gobiernos de Alemania, de Noruega y de Cuba.

No veo que haya rechazado usted, ni su embajador, ni sus ministros con toda la contundencia requerida que cualquier Mister Bolton mande 5000 soldados a Colombia sin ni siquiera consultarlo con usted, con su embajador en Washington ni con su ministro de relaciones exteriores. Humillar así a un país no es asunto para risas y bromas con regalitos de bloques amarillos.

Lamento decirle Sr. Presidente, que en mi no muy humilde opinión, usted no se ha posesionado todavía como Jefe de Estado de la digna y altiva República de Colombia, sino solo como mayordomo de la finca de cierto expresidente, que resultó ser, como lo temíamos, una plantación colonial más de los Señores Trump, Pence y Bolton, amenazando así con revertir otra vez 200 años de la tenue independencia de nuestra república.

Posesiónese usted, Sr. Presidente, como Jefe del Estado soberano de Colombia; autojuraméntese si es necesario, como está de moda, como se lo pidió Daniel Samper Ospina; pero yo no se lo digo en broma, sino con toda la seriedad del caso: no permita que ni cierto senador, ni cierto expresidente, ni cierto partido antidemocrático quieran reducirlo a manejarles la finca a los señores Trump, Pence, y Bolton, y menos todavía, exigiéndole que se ofrezca a administrarles también la finca vecina.

Si por fin en algún momento de este año logra usted posesionarse como Jefe de Estado y no solo de gobierno, y empieza a comprometerse a mantener en alto el honor de Colombia ante los países civilizados, especialmente ante Alemania, Noruega y Cuba y a excusarse ante ellos, jurando cumplir todos los compromisos de Estado adquiridos por los gobiernos anteriores, tendremos alguna oportunidad de que las políticas de Estado que acuerden los nuevos comisionados sean respetadas y seguidas por los gobiernos posteriores.

Si así, como lo espero, sucediere en algún momento de este año, podrán con tranquilidad los 43 comisionados continuar su difícil labor de elaborar a conciencia esas políticas de Estado, no de gobierno y menos de ministro. Termino pues pidiéndole y animándole a hacerlo cuanto antes: Sr. Presidente, asuma usted su misión histórica de ser nuestro Jefe del Estado colombiano. Dios y la Patria os lo demandan; que Él y Ella os lo concedan.

Imagen: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2019/3/4/603736_1.jpg

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/criticas-del-excoordinador-de-la-primera-mision-de-sabios-al-presidente-duque/603741

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El debate por la educación mexicana: saldos iniciales

Por: Juan Carlos Yáñez

El sistema educativo será otra prueba de fuego para la democracia mexicana. Una prueba que permitirá avanzar o volver a un pasado que creíamos sepultado con el siglo XX.

Cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar la educación del país se inauguró un debate que, con intermitencias, no ha cesado, crece y muestra algunos saldos positivos. El desenlace es incierto, pero podría augurar un capítulo interesante para los análisis y favorable para el tercer sistema escolar más grande de América.

Las reacciones al anuncio hecho el 12 de diciembre reflejaron la fractura que moviliza al país, entre los defensores del nuevo gobierno y los críticos moderados o radicales. Para unos, vendrá una etapa luminosa y por fin se tomarán las decisiones adecuadas con los concursos necesarios; para los otros, las posturas son heterogéneas, pero convergen en ciertos cuestionamientos, entre ellos, no enterrar la educación inicial (0-3 años), que fue borrada de la propuesta para el texto constitucional; respetar la autonomía de las universidades públicas, eje central del sistema de enseñanza superior e investigación, omitida y luego explicada como errata; apostar al desarrollo profesional de los maestros en servicio y en formación, así como respetar la existencia de un organismo autónomo del gobierno para la evaluación de las políticas, componentes, procesos y resultados educativos, así como para la mejora.

Los primeros disculpan todo, incluyendo dislates del ministro de Educación, como superficialidades, imprecisiones y reiteraciones. Los segundos oscilan entre la exigencia de decisiones sustentadas en evidencias, no en ocurrencias, en proyectos sólidos, y en descalificaciones prematuras.

Carlos Ornelas, analista acucioso del sistema educativo, ofrece un resumen crítico: “El proyecto gubernamental, como el presidente expresó, fue para cumplir promesas de campaña. A pesar de que Esteban Moctezuma Barragán [ministro de Educación] organizó consultas en cada Estado, el texto es pobre, con fallas ortográficas y `erratas´, como la eliminación de la autonomía universitaria, que nunca enmendó”.

Mientras la división persiste, hay algunos saldos positivos identificables que, involuntariamente, el Gobierno podría abonar a sus cuentas: un debate social más o menos abierto en medios y analistas, pese a que la reforma educativa enfrenta otros temas mediáticos de enorme repercusión social y preponderancia en la agenda pública: el combate al escandaloso robo de combustible, el llamado “huachicoleo”, desde instancias gubernamentales y privadas, con episodios sangrientos, como la muerte de 132 personas; y más recientemente, el controvertido asunto de conformar una guardia nacional que el presidente quería militarizada, pero los partidos opositores, la ciudadanía y organismos internacionales de derechos humanos negaban y al final, en las negociaciones, lograron su cometido.

Mientras que en diciembre la reforma educativa propuesta por el presidente parecía cosa de tiempo, que sucedería sin dilaciones mayores, hoy, a poco de votarse en el Congreso, el tablero del ajedrez político movió las piezas. Los partidos opositores al del presidente y un grupo de académicos, formularon una iniciativa alterna que, sin los reflectores de la primera, resulta plausible. Por otro lado, el Congreso de la Unión convocó a audiencias públicas para debatir el tema entre expertos, académicos, maestros, autoridades escolares, representantes sindicales, diputados y organizaciones sociales, incluso estudiantes, en un ejercicio inédito en la materia, una muestra del tipo de deliberaciones que precisan una transformación como la demandada. No es suficiente, por supuesto, pero es un paso saludable.

Los desaciertos del Gobierno federal suman varios. Destaco la creación de una red de “universidades” públicas con el nombre de un prócer, Benito Juárez, cuya extensión será de 100 centros, entre algunas ya creadas y otras por aparecer en número considerable. La simple denominación de “universidades” es un exceso. Ni siquiera las instituciones privadas de enseñanza superior tienen permitido llamarse universidades si no cumplen con un abanico de carreras en varias áreas de conocimiento.

Para el nuevo Gobierno federal, se abrirán universidades con una o dos carreras, pocos cientos de alumnos, sin investigación ni extensión cultural. A cambio, las universidades públicas, que atienden a casi 3 millones de estudiantes y realizan más del 75% de la investigación nacional, las más prestigiadas en un sistema que completan institutos tecnológicos, instituciones privadas y escuelas normales, han recibido un trato presupuestal injusto y escasa comprensión, que tampoco es gratuita, porque algunas de ellas se prestaron para participar en tramas descubiertas de corrupción.

Cuando terminen los foros vendrá la tarea de procesar el contenido de horas y horas de discusiones que pueden seguirse en transmisiones por el Canal del Congreso; luego, analizar las dos iniciativas turnadas para la reforma al texto constitucional y las negociaciones entre los grupos políticos. Allí estarán colocadas las baterías de los grupos interesados en las grandes decisiones: universalizar y hacer gratuita la enseñanza superior, eliminar o no la educación inicial, los mecanismos para transparentar el acceso y la promoción en la carrera magisterial, así como la respetar la autonomía de las universidades, una conquista histórica en América Latina, gracias al centenario Movimiento Universitario de Córdoba, Argentina, de 1918.

El sistema educativo será otra prueba de fuego para la democracia mexicana. Una prueba que permitirá avanzar o volver a un pasado que creíamos sepultado con el siglo XX.

Fuente e imagen: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/03/04/el-debate-por-la-educacion-mexicana-saldos-iniciales/

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La educación popular, apuesta política por la transformación de la realidad

Por: Rosa Elva Zúñiga López

El contexto de la educación popular

La Educación Popular es una apuesta política que plantea la transformación radical de la realidad a partir de la lectura crítica del mundo.  Nace en el seno de los procesos de liberación de los pueblos de América Latina y el Caribe contra el sistema opresor colonial–patriarcal que vivimos desde hace más de quinientos años, y que hoy experimentamos de forma salvaje.

Desde su nacimiento y hasta la actualidad, la educación popular apuesta por la integración y liberación de los pueblos desde la diversidad.  Adquiere mayor presencia y visibilidad en América Latina y el Caribe en la década de 1960, cuando Paulo Freire escribe la Pedagogía del Oprimido exiliado en Chile, en el año 1968.

La educación popular nace en un contexto convulso y sus principales promotores son perseguidos por diversos países durante dos décadas, obligándolos a pensar en estrategias creativas para no ser eliminados, por ello migran y se exilian en diversos países.  La Revolución Cubana es un fuerte aliciente para creer que la liberación de los pueblos es posible.

Así es como, en Centro América, a partir del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, confluyen diversos actores del mundo, no sólo de América Latina y el Caribe, a partir de lo cual nacen apuestas regionales y continentales para hacerle frente la embestida imperialista que en aquellos años existía.

En la década de 1980, se llevan a cabo acalorados debates, reflexiones y acciones que permiten construir claras apuestas políticas para darle vida a la educación popular en Mesoamérica, con la Red Alforja, y en América Latina, con la CEAAL, entre muchas otras apuesta colectivas.

La cumbre de Río en 1992 y el levantamiento zapatista en 1994, nos sacuden y reconocemos que aún nos faltan muchos caminos por andar, que la digna rabia está presente y que otros mundos son posibles y urgentes, que los sin voz han hablado y hacen retemblar la tierra.

El siglo XXI, es marcado por las movilizaciones globales contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, marco en el cual nace el Foro Social Mundial, la lucha se globaliza y se plantea que otros mundos son posibles.  La segunda década del siglo XXI está plagada de injusticias y desigualdades, nos exige resistir y crear, resistir y transformar.

Qué es la educación popular hoy

En palabras de Carlos Núñez, diríamos que “la educación popular constituye una corriente de pensamiento y acción dentro del campo de las ciencias sociales, particularmente de la pedagogía…  es una propuesta teórico – práctica, siempre en construcción desde cientos de prácticas presentes en muy diversos escenarios de nuestra América (y más allá).  Su visión es integral, comprometida social y políticamente.  Asume una posición epistemológica de carácter dialéctico, rechazando por tanto el viejo, tradicional y todavía ‘consagrado’ marco positivista.  … desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo y en la complementación de distintos saberes” (2005; 8) [1].

La educación popular, en el contexto actual nos exige partir desde los territorios, cuerpos–tierra para sentir–pensar nuestras prácticas y experiencias, las feministas nos invitan a reflexionar y actuar desde nuestros cuerpos.  Porque si la reflexión no pasa por el cuerpo, la transformación no puede ser posible.  Está reflexión y acción debe hacerse junto con las personas que habitan esos cuerpos–tierras–territorios, para que desde las diversas estrategias de acción, procesos y conflictos busquemos alternativas posibles, necesarias y urgentes.

Esta apuesta implica que nos demos el tiempo para contar nuestras historias y las reescribamos.  Compartir entre pares y entre diversos nuestras andanzas a partir de mediaciones pedagógicas y políticas, para reconocer: los condicionamientos sociales, económicos y políticos que existen; que somos múltiples, complejos y contradictorios; que nos vamos haciendo y vamos siendo con la vida.  Saber que tenemos todas las posibilidades para reinventarnos.

Al reconocer nuestras historias y las de otras personas, pueblos y movimientos estamos ante la posibilidad de construir procesos de autoafirmación y la construcción de sujetos colectivos críticos.  Parafraseando a Simón Rodríguez diríamos que al reconocer el porqué de nuestras circunstancias, nuestra acción adquiere sentido político, porque nos duele lo que hemos vivido y vemos que lo que le pasa a una persona, también les pasó a otras.  Nos llenamos de rabia y nos indignamos.  Reconocemos que el racismo, el clasismo y el machismo siguen presentes en pleno siglo XXI.

La educación popular como paradigma de transformación sociopolítico, asume una opción ético política, a favor de los intereses de los sectores excluidos y dominados.  Respeta los miedos, pero también los toca.  Nos provoca, nos invita a cuestionar de fondo los privilegios patriarcales que ejercemos y con los cuales hemos vivido por siglos como si fueran naturales.  Para concretar este cambio radical, es necesario hacer una lectura crítica de nuestras prácticas y contextos.

Desde la educación popular, se produce conocimiento colectivo a partir de la Sistematización de Experiencias y la Investigación Acción Participativa.  Implica tomar como punto de partida nuestra realidad; profundizar sobre ella, comprenderla, conceptualizar y teorizar; para volver a nuestra realidad con nuevos aprendizajes y desafíos.  Se trata de poner en práctica la concepción metodológica dialéctica.

Una de las claves estratégicas para construir procesos de liberación desde pueblos en clave de educación popular en estos tiempos, es la necesaria construcción de espacios para compartir la vida cotidiana, así como la construcción de espacios en los que podamos debatir, construir y decidir el proyecto de país que queremos.  Esto implica la necesaria condición de construirlos en libertad para rehacer, redanzar, recantar, reinventar nuestros caminos.

Por ello es necesario y urgente que desde los procesos que llevamos a cabo denunciemos cualquier acto de opresión.  Hacerle frente a la desigualdad, el racismo y hacer lo necesario para construir contrapesos de poder popular, que nos permitan concretar otras hegemonías posibles.

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-educacion-popular-apuesta-politica-por-la-transformacion-de-la-realidad/

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España: Infancia pobre, derechos vulnerados (Estudio Social)

Redacción: El Salto

En el Estado español, uno de cada tres niños y niñas menores de 16 años está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Son datos del Informe sobre el Estado de la Pobreza, publicado el pasado octubre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Una vez más, el documento constataba que tener menores a cargo es un factor de riesgo para caer en la pobreza.

POBREZA INFANTIL

“No interesa resolver la pobreza porque es una especie de efecto secundario del sistema económico que tenemos ahora mismo. Por eso, las políticas contra la pobreza siempre han sido una cuestión secundaria”, sentencia por teléfono, desde Albacete, Juan Carlos Llano. Autor del informe mencionado, este sociólogo se muestra escéptico ante las posibilidades de revertir una situación que viene de largo —recuerda que en el boom económico entre 2004 y 2007 había alrededor de un 20% de pobreza— si no se ataca al trasfondo estructural: una sociedad tremendamente desigual.

Sobre la desigualdad Intermón-Oxfam aportaba su propio informe el pasado 21 de enero. Mientras que el número de millonarios crecía, observaba la ONG, también lo hacía el número de hogares en los que no entraba ningún recurso económico, llegando a 617.000. “El hijo de un padre de ingresos altos ganará, al hacerse adulto, un 40% más que el de un padre de ingresos bajos”, ponían como ejemplo para ilustrar la creciente polarización. Así, si las cosas siguen su curso, los niños pobres de hoy serán los adultos pobres del futuro.

Pero, ¿qué es la pobreza infantil más allá de las estadísticas?, ¿de qué hablamos?, ¿cómo viven las niñas y los niños pobres? “Las carencias son enormes: tienen una alimentación insuficiente y deficiente, comen mal, se saltan muchas comidas, y eso afecta a su salud. Además, no van al dentista, si tienen problemas psicológicos nadie se los resuelve”, enumera Llanos. “Algunos medicamentos que son fundamentales en la infancia no están cubiertos por la seguridad: antitusivos, laxantes, antidiarreicos. Lo mismo pasa con los pañales”.

A todo esto hay que añadir el estrés de vivir en hogares atravesados por la incertidumbre económica, que tienen que decidir todo el tiempo a qué destinan sus limitados recursos. También está el dónde se vive: casas donde no se puede mantener la temperatura, que tienen humedades, o poca luz natural. Barrios mal iluminados por la noche, más peligrosos, más contaminados, en los extremos de la ciudad… “Todo eso afecta a la salud, al desarrollo social. El tiempo libre, las relaciones sociales son fundamentales para los derechos del niño, el hecho de que no pueda ir a excursiones o seguir al grupo en otras actividades afectará a su desarrollo”, sigue describiendo Llanos.

“Una de las principales medidas que hay para luchar contra la pobreza infantil es luchar contra la pobreza”, ironiza Llanos.

Si bien entiende la pertinencia y utilidad de hablar de pobreza infantil para visibilizarla, el sociólogo recuerda que, cuando se habla de niños pobres, lo que hay detrás son hogares pobres. “Una de las principales medidas que hay para luchar contra la pobreza infantil es luchar contra la pobreza”, ironiza.

POLÍTICAS PÚBLICAS

¿Cómo se interviene para acabar con la pobreza infantil? ¿hay políticas públicas a la altura? Serán los años de relevar los casi inmóviles números de la pobreza mientras el PIB se recuperaba, pero la visión de Llanos no es optimista: “La situación actual es una muestra del fracaso de las políticas públicas. El límite es que se tratan de políticas reactivas, para luchar contra la pobreza de personas que ya son pobres, y además son escasísimas, son malas”. Explica que los montos son insuficientes y el alcance limitado, por eso él tiene otra propuesta: “La clave es la predistribución, distribuir antes de que las personas sean pobres”, y eso requiere, para el experto, una mirada transversal, que aborde políticas de vivienda, recuperación de los servicios públicos, “y salarios dignos, rentas inclusivas, acceso a los recursos necesarios para vivir, que ahora no se adquieren ni trabajando”.

El 18 de junio de 2018, un recién estrenado gobierno socialista creó el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, un organismo vinculado directamente a presidencia. Desde septiembre de ese mismo año, su director es el sociólogo Pau Marí-Klose. Llano saluda esta iniciativa: “Demuestra al menos sensibilidad hacia un tema importantísimo”. Aún reconociendo los limites —el Alto Comisionado no tiene competencias directas en las políticas, ni presupuesto, sino que hace labores de seguimiento, evaluación, estudios y propuestas— reconoce “que ayuda a mantener la pobreza infantil como un objetivo diana de las políticas. Él de hecho está presionando en plan Pepito Grillo dentro del gobierno”, bromea.

“Que esté ahí el Alto Comisionado es definitivamente un paso en la dirección correcta”, afirma Lucía Losoviz, responsable de Políticas Locales de Infancia y Participación de UNICEF Comité Español. Para esta experta, la pobreza infantil es el primero de los grandes desafíos que enfrenta la infancia en el Estado. Selma Villa Bergman, especialista, actualmente implicada en el grupo de trabajo de Unidos Podemos-En Marea-Podem sobre derechos de la infancia como técnica, coincide en la urgencia de abordar la pobreza infantil. También retoma el argumento de Llano: “Los niños pobres no salen de una maceta. No es que viene una acaudalada vecina del barrio de Salamanca y te diga, ‘uy, he tenido un niño pobre’. Los niños pobres lo son porque sus familias lo son”.

Por eso, desde una perspectiva de derechos, Villa defiende la prestación universal por menor a cargo. “El PSOE ha dicho que va a ir todo mejor porque va a dar 300 euros al año por hijo a cargo. Es vergonzoso. Además se refiere solo a casos bajo el umbral de pobreza. Muchos de los países de nuestro entorno tienen para empezar la prestación universal por hijo a cargo, de al menos 100 euros al mes, luego ya si hay condiciones de vulnerabilidad hay otros recursos sociales”.

Villa admite que hay detractores a esta medida, que se preguntan por qué deben ellos pagar una ayuda por el hijo de Cristiano Ronaldo: “Si el sistema funciona, Ronaldo paga por 80 niños y niñas a través de los impuestos”. Más importante, la prestación universal afianza otro principio: los niños no pertenecen a los padres, a Cristiano, “son sujetos y tienen derecho a ese mínimo vital”, señala. El otro argumento contra la prestación universal sospecha de las familias. “‘Es que a ver en qué se lo va a gastar’, dicen. Me da igual en qué se lo gaste, es una manera de destinar recursos a lugares donde no los hay”.

Los niños no pertenecen a los padres, “son sujetos y tienen derecho a un mínimo vital”

Por su parte, Lucía Losoviz apunta a otros avances: “Tenemos herramientas para analizar los presupuestos generales y autonómicos y poder vigilar que las áreas que se doten de más presupuesto sean las áreas que tocan a la infancia. Sobre todo a las niñas y niños más vulnerables. Creemos que todas las políticas, todas las leyes, tienen que tener este enfoque de equidad, ver cuáles son los grupos más vulnerables, sus necesidades y si realmente los servicios y las políticas les están llegando”.

UNA VISIÓN MÁS AMPLIA DE LOS DERECHOS

La violencia, la educación, la participación, la situación de los menores migrantes son, junto a la pobreza, los grandes desafíos a los que se enfrenta la infancia, señala Lusoviz.  El elenco coincide con las recomendaciones que hizo hace ya un año el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, organismo que da seguimiento a la aplicación de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Tras recibir el informe de seguimiento del Estado, y el informe complementario de las organizaciones sociales —ambos se entregan cada cinco años— el Comité señaló una serie de pautas a seguir por el Estado español. Lo primero, incrementar una deficiente inversión en infancia, pero también, establecer mecanismos de análisis presupuestario.

Combatir la discriminación a niñas, niños y adolescentes; avanzar con la adopción de una ley integral de violencia; reducir la presencia de niños en instituciones, fortaleciendo el apoyo a las familias; reducir la pobreza infantil; mejorar la coordinación entre comunidades autónomas para garantizar por igual el derecho a la educación o facilitar los procesos de asilo a las personas menores eran algunas de estas recomendaciones.

En algunas cosas se ha avanzado más que en otras, comenta Villa. Pero en cuanto a los menores migrantes no se ha avanzado nada. De hecho, argumenta, ya cuesta que se les considere niños antes que migrantes. “Hay múltiples interseccionalidades que no hay que perder de vista, ante las cuales hay que responder: menores no acompañados, niñas racializadas o trans. Pero hay que recordar que, sobre todo, se trata de niños y niñas”.

En septiembre se presentó el Anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia la Infancia.
“Es una ley de buen trato”, comenta Villa, quien participó en su elaboración, “no negamos que tiene que haber una parte contra la violencia, pero hay otra que tiene que ver con el buen trato, cómo construir relaciones y vínculos no violentos y positivos”. Villa considera vital esta aproximación, que implica la escucha, que se les sea tenidos en cuenta: “En temas como el abuso sexual, no se les cree, se les somete a complejos procesos para que ratifiquen su versión de los hechos. Son —establece paralelismos— como las mujeres antes. Se trata, en resumen de que se les considere sujetos de derecho”.

“Llama la atención —comenta Losiviz—que a 30 años de la firma de la Convención, no se conozcan prácticamente los derechos políticos y sociales de la infancia

En concreto Villa se refiere a una tendencia al adultocentrismo, que imposibilita relaciones más equitativas con la infancia: “Es pensar que los y las niñas no son sujetos en sí, sino que pertenecen a su madre o a su padre o al adulto de referencia o a la institución de referencia”. Losoviz, que coordina  programas de participación —principalmente con municipios pero también con colegios— nota también estas resistencias a entender a las niñas y niños como sujetos de pleno de derecho. “Llama la atención —comenta—que,  a 30 años de la firma de la Convención, no se conozcan prácticamente los derechos políticos y sociales de la infancia”.

A la experta de UNICEF en ocasiones le ponen pegas en las escuelas, “no hablemos de derechos”, le dicen. “que luego nos exigen los niños demasiadas cosas”. Tal como señala, “es un error no entender qué es ser sujeto de derecho, ser sujeto de derecho significa poder compartir, opinar libremente, expresar las opiniones que se tienen. Otra cosa es que tú como representante del centro, docente, tutor, decidas tomar la que consideras la mejor decisión por el interés superior del niño, eso los niños lo tienen que entender, pero debes explicárselo”. Y añade: “Yo creo que ese es el proceso que nos queda por afianzar. ¿Cómo hacer entender que ser sujeto de derecho es una relación más equitativa y no un traspaso de responsabilidades”.

Quedándonos en la escuela, una de las vulneraciones a los derechos de la infancia señaladas por la ONU, y refrendadas por las personas entrevistadas en este texto, son las falencias de la educación, ante las cuales no ha sido posible alcanzar un pacto de Estado “que no cambie las leyes cada legislatura”. Además de esta volatilidad de los planes en función del liderazgo político, Llanos recuerda un estudio de reciente publicación de la OCDE, el cual señalaba que la mitad de los estudiantes españoles de clases pobres se concentran en escuelas en condiciones depauperadas. La escuela se ha convertido en un espacio segregador.

Losoviz es optimista, cree que, a pesar de los datos, va creciendo la convicción de que “el bienestar de la infancia es el indicador de qué sociedad somos, qué país estamos construyendo. Yo creo que se están dando pasos, que se hable de la pobreza infantil, que haya surgido del Alto Comisionado”. Villa cierra con un llamamiento. Se niega a ver a los niños como a los adultos del futuro en lo que hay que invertir. “Entiendo cual es la idea cuando hablamos de inversión, para no decir gasto. Pero me revelo un poco ante la idea de que hay que invertir en las niñas y niños porque son la sociedad del futuro. No, son la sociedad del presente. No es que cumplan 18 años y se hagan sociedad, lo son ya de pleno derecho”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/infancia/infancia-pobre-derechos-vulnerados#

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Unicef denuncia la desprotección de los niños inmigrantes en España

Europa/España/28 Febrero 2019/Fuente: El país

La organización pide un Plan Nacional y un presupuesto estable para cuidar a los 13.000 menores que tutelan las comunidades

Niños que prefieren vivir en la calle antes que dormir hacinados en un centro de protección. Adolescentes recién llegados que pasan una semana sin encontrar un adulto que les hable en su idioma. Jóvenes sumidos en la frustración por ver cómo pasan los días sin hacer nada. España, el país mediterráneo al que llegaron más menores inmigrantes no acompañados en 2018, según Acnur, se ha convertido en tutor accidental de alrededor de 13.000 niños extranjeros y el modelo de acogida, denuncian desde hace meses todo tipo de ONG así como el Comité de Derechos del Niño, falla, de comienzo a fin.

La última organización en sumergirse en la realidad de los niños inmigrantes no acompañados en España ha sido Unicef que acaba de presentar un informe que refleja los resultados de una investigación realizada entre el 20 de septiembre y el 16 de octubre de 2018 en centros de protección y calles de Melilla, Ceuta, Madrid y Andalucía. Unicef constata que a pesar de que España asume el cuidado de esos niños a través políticas de infancia y no de control migratorio, se repiten los casos en los que, una vez dentro del sistema de protección, “las vulnerabilidades no son atendidas sino agudizadas”.

El documento concluye con la exigencia de un Plan Nacional, entre el Estado y las Comunidades autónomas, responsables directas de la tutela de los niños, que asegure coordinación entre autoridades con competencias en la materia, recursos estables y una política de protección homogénea en todo el país. “Una de las evidencias más importantes que emanan de la investigación está en la necesidad de una política integral y coordinada por todos los niveles de gobierno”, asegura Unicef. Esta es una de las cuestiones en las que se puso a trabajar el Ministerio de Sanidad este verano, ante el incremento de llegadas de menores, sin que hasta ahora se hayan hecho públicos sus avances.

Entre los problemas identificados por Unicef destacan la falta de mediadores que conozcan el idioma de los residentes en los centros, la ausencia de asistencia jurídica, casos de malos tratos, trabas para acceder a la educación o instituciones en las que apenas hay un psicólogo para más de 600 niños. “Desde la recepción en frontera en adelante, los niños y niñas prácticamente no cuentan con asistencia jurídica gratuita ni representación letrada en los procesos en los que sus derechos están en juego”. La investigación además comprueba “demoras injustificadas”, en ocasiones por la propia saturación del sistema, en los procedimientos de tutela y en la gestión de los permisos de residencia,trámites obligatorios para las Comunidades Autónomas. A 30 de septiembre, solo 395 solicitudes de autorización de residencia estaban siendo tramitadas por las comunidades, cuando estas ya habían asumido la acogida de unos 5.000 menores recién llegados.

Una de los problemas más acuciantes es la transición de esos niños a la mayoría de edad. Sara Collantes, la investigadora principal de este trabajo, recuerda que a la pregunta de qué ocurre el día que estos menores cumplen 18 años, un grupo de niñas residentes de un centro de protección le respondió: «Cantamos el cumpleaños feliz y se marchan”. La cantidad de niños y niñas que llegan a la mayoría de edad en algún programa de transición a la edad adulta es “ínfima”, abunda el informe. “Esta situación incide en el crecimiento de jóvenes adultos que terminan viviendo en situación de calle, en lugar de estar integrado a nivel social y laboral en un proceso de progresiva autonomía”.

La Fiscalía, responsable por decretar la edad de los menores cuando se solicita y el organismo que debe supervisar que se protegen los derechos de estos niños, también cuenta con un apartado en el informe. “Algunas secciones de menores de las Fiscalías presentan importantes limitaciones en su rol de supervisión del sistema de protección de la infancia, y en particular de las condiciones en los centros de acogida”, resume el texto. La organización también cuestiona que las pruebas de determinación de edad de los menores, imprecisas e invasivas, sean la única herramienta para determinar si un joven es niño o adulto.

El informe también apunta las deficiencias del registro de menores extranjeros no acompañados, «debido a que este sistema de registro tiene limitaciones para ofrecer datos exactos». Este instrumento es la única fuente oficial para conocer el número de niños tutelados en España, pero sus datos acaban siendo orientativos. Dependen de la mejorable comunicación entre la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad autonómicos y los sistemas de protección que deben informar puntualmente de las altas y las bajas en los centros de cada región. Fue en función de los números de este registro que el Gobierno de Pedro Sánchez repartió un fondo de 40 millones para compensar a las comunidades autónomas que más niños acogieron el año pasado.

La estigmatización de los niños ha sido una de las cuestiones que más han preocupado a los investigadores. «En algunos contextos específicos, particularmente en Ceuta y Melilla —y más aún, en esta última— es posible evidenciar de múltiples formas una imagen negativa y estigmatizada de estos niños denominados genéricamente ‘los MENA’ (Menores Extranjeros No Acompañados), dirigida mayoritariamente a niños de origen magrebí”, describen. Collantes, que mantiene que la imagen negativa que se construye alrededor de los niños ofusca los casos de éxito, rememora que en uno de los 15 centros que visitó se pedía a los jóvenes que evitasen asomarse a las ventanas para no dar pie a las quejas de vecinos incomodados con su presencia. “Uno de los niños me preguntó si era verdad que en España no les querían como decían en la tele”, recuerda la investigadora. “Yo ya le había respondido muchísimas preguntas jurídicas, pero a esta no supe qué decirle”.

Fuente: https://elpais.com/politica/2019/02/26/actualidad/1551211734_478914.html

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Entrevista a Ignacio Calderón: “Lo que nos falta (en la educación inclusiva) no es evidencia científica, es voluntad política”

Entrevista/28 Febrero 2019/Autor y Fuente: El diario la Educación

Ignacio Calderón, profesor de la Universidad de Málaga, acudió ayer a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad para hablar sobre educación inclusiva.

La legislatura ya se acaba. De hecho, ayer se celebró la última sesión de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Entre los diferentes temas tratatados, el de la educación fue uno de ellos. Ignacio Calderón, profesor de la Universidad de Málaga y referente en eduación inclusiva acudió para hablar del derecho a la educación inclusiva de calidad de las personas con discapacidad.

“A menudo se piensa, aseguró Calderón, que cuando una niña o un niño señalado por la discapacidad está en una escuela ordinaria, ya hablamos de educación inclusiva y esto, de ninguna manera es así. Hay que mirar la organización escolar, las prácticas habituales, las metodologías, en los libros de texto, en las actividades que hace el alumnado, en los horarios, en los ritmos uniformes… todas esas cuestiones que pasan inadvertidas porque son lo común, lo normal hacen que las escuelas sean lugares inhóspitos para determinadas personas que allí habitan”.

La comparecencia ocurrió pocos días después de que de nuevo surgiera la polémica entre el sector de la educación especial que se manifestó en contra del cierre de los centros de educación especial. El proyecto de ley de educación aprobado por el Gobierno hace unos días ponía sobre la mesa la cuestión de la transición desde el modelo de sistema educativo actual en el que conviven diferentes formas de escolarización, por uno en el que todo el alumnado estuviera matriculado en los mismos centros. El proyecto, dado el adelanto electoral, ni siquiera llegará a ser tramitado en el Congreso.

Durante algo más de una hora, Ignacio Calderón repasó la necesidad de que las administraciones enfrenten la obligación legal que supone la ratificación en 2008 de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad en la que se habla del derecho a la educación inclusiva de calidad.

“La educación está obligada a afrontar el reto de cuestionar el modelo escolar que está negando sistemáticamente los derechos humanos a toda nuestra infancia. Y he dicho a toda; a quienes son excluidos de la educación común y al resto que aprende a ser excluyente”. El profesor de la UMA se mostró tajante durante su intervención: “Hablamos de derechos humanos con mayúsculas. que siguen siendo vulnerados y han de ser respetados por obligación moral y por imperativo legal. Hablamos de un gran proyecto (que parece simple y no lo es) para educarnos juntos”.

Calderón dio algunas pinceladas sobre lo que está ocurriendo desde hace años en el sistema educativo: “Demasiados niños y niñas son dirigidos a modalidades de escolarización excluyentes ya sea en aulas específicas en centros ordinarios, o en centros de educación especial y esta separación es inadmisible”.

Frente a quienes hablan de que ha de primar el derecho de las familias a la libre elección de centro para sus hijos, Calderón entiende que dicha libertad, en estos casos, tampoco se está dando. “Muchas familias están siendo invitadas a abandonar la escuela común porque no van a ofrecerles lo que sus familiares necesitan. Algunas de estas se ven forzadas al cambio, otras asumen que es lo mejor porque son profesionales quienes lo indican y eligen, entre comillas, la educación segregada; otras han huido del castigo que les ha supuesto la educación ordinaria. Es evidente que en ninguno de los casos es una elección, sino de un condicionamiento férreo”.

Para apoyar este argumento, Calderón habló también de los informes psicopedagógicos que son los que terminan en dictámenes de escolarización que llevan a las familias a los centros especiales o a los ordinarios en los que hay aulas específicas. Y leyó el dictamen de un alumno de educación infantil justo en el momento de paso a la educación primaria: “En estos momentos el centro ordinario no tiene ni cultura, ni política ni prácticas inclusivas para que Álvaro pueda continuar en primero de primeraria”.

De esto, precisamente, es de lo que Calderón habla en sus artículos y entrevistas. De la necesidad de un cambio de cultura escolar, así como de las políticas y las prácticas educativas para que todas las personas puedan estar escolarizadas en los mismos centros. “Un centro escolar, aseguró, puede decir con impunidad a un niño de 5 años que se va a vulnerar su derecho a la educación porque ni hemos cambiado ni pretendemos cambiar la cultura, la política y la práctica del centro para atender al mandato legal de la Carta de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto no puede seguir así”.

Calderón no se quedó aquí y dijo a diputadas y diputados que “tienen ustedes la obligación de deterner esta vulneración sistemática de los derechos de la infancia y para ello han de prever una inversión decidida de esfuerzos y recursos humanos, formativos, materiales, para transformar cultura, política y prácticas”.

“Es necesario que la entrada de las personas señaladas por la discapacidad en la escuela ordinaria, así como la de otros colectivos, venga acompañada de una transformación de la cultura escolar de modo que esa ciudadanía previamente excluida de la institución pueda aprender, participar y aprobar”.

Y aquí volvió a insistir en otras claves importantes. La escolarización no es el fin último de la escuela inclusiva. Esta también debe garantizar que el alumnado con discapacidad pueda participar de lavida del centro y, además, pueda aprobar, conseguir un título que certifique sus conocimientos y capacidades, algo que hoy por hoy no ocurre.

Calderón insistió en la obligación de que la legislación no sea contrario al mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad y, además, se apoyó en la existencia de evidencia científica sobre el mayor aprendizaje, para todo el alumnado, cuando existe heterogeneidad en las aulas. “Aprendemos de la diferencia, y aprenemos a ser inclusivos cuando estamos con las diferencias. Aprendemos a ser abiertos, flexibles… más humanos. A convivir unos con otros”.

Y sobre la preocupación de las familias de la escuela especial en relación al cierrre de sus centros, aseguró: “Cómo no entender a los que han sido expulsados de la (escuela) ordinaria si lo he vivido en mi familia. Cómo no entender que huyan de la escuela que ataca a sus niños”. Pero eso sí, “eso lo pueden decir las familias, pero los representantes de la sociedad (en referencia a los políticos) no pueden escudarse en esto”. “El interior superior del niño, añadió, es el respeto a los derechos humanos” y, aunque comprende que las familias estén preocupadas y defiendan la segregación en centros o aulas específicas, cree que los representantes políticos han de defender la necesidad de una escolarización conjunta.

Calderón cerró su intervención hablando de la necesidad de que las administraciones y los legisladores tengan en cuenta la voz de las familias y del alumnado con discapacidad a la hora de transformar el sistema educativo para que “no preguntemos qué le pasa a tu hijo sino qué podemos hacer para que tu hijo esté en la escuela”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/02/26/lo-que-nos-falta-en-la-educacion-inclusiva-no-es-evidencia-cientifica-es-voluntad-politica/

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