Políticas Públicas

Ya está por terminar el desfile de promesas. Faltan días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el país está desbordado entre dos posturas de distinta procedencia ideológica. Frases sobre seguridad, empleo, infraestructura, crecimiento económico y lucha contra la corrupción. Los equipos de campaña de ambos candidatos diseñaron documentos con diagnósticos, metas e indicadores. Algunos hablan, aún sin propuestas concretas, de orden; otros, de reformas; y otros, de cambios estructurales. Lo triste es que el común de la población votante cree que así se construye el futuro del país: con promesas inanes. Aún votamos con los intestinos. Somos un país analfabeto democrático y político.

Entre esa lista de prioridades y promesas existe un asunto que suele aparecer como un capítulo breve o una línea secundaria: la paz. A veces se reemplaza con la alocución “seguridad”, como si fuera lo mismo. Peor renglón ocupa lo que me interesa compartir en esta columna: la educación para la paz. Continúa siendo tratada como un tema complementario cuando debería ocupar un lugar central en la discusión sobre el país que se quiere construir.

La paz en Colombia ha tenido una extraña costumbre institucional. Cada gobierno la redefine, la reorganiza y la vuelve a empezar. Los programas cambian de nombre, las estrategias desaparecen, los equipos técnicos se reemplazan y las prioridades se ajustan según la orientación política de la administración de turno. Lo construido por unos suele entrar en disputa con quienes llegan después. El resultado es una política pública sometida a ciclos electorales que terminan debilitando procesos que requieren continuidad histórica.

La educación para la paz ha sufrido ese problema durante décadas. Ha sido incorporada en leyes, políticas y programas institucionales, pero rara vez ha logrado consolidarse como un proyecto de largo plazo protegido de las disputas políticas. La escuela, las universidades y las organizaciones comunitarias terminan funcionando como espacios donde aparecen esfuerzos aislados que dependen más de la voluntad de personas concretas que de estructuras permanentes.

En Colombia existe una tendencia a entender la paz como un asunto que se negocia entre actores armados o que se administra desde oficinas gubernamentales. Esa lectura deja por fuera una dimensión que atraviesa la vida cotidiana. La paz también se construye en las relaciones sociales, en las formas de resolver conflictos, en la manera como se tramitan las diferencias y en la posibilidad de reconocer a quienes históricamente han quedado fuera de las decisiones públicas.

La educación ocupa un lugar central en ese escenario porque ahí se producen formas de comprender el mundo y de relacionarse con otros. Una escuela puede convertirse en un espacio donde se aprende a convivir con la diferencia o en un lugar donde se reproducen jerarquías, exclusiones y formas de violencia simbólica. Lo mismo ocurre con la universidad, con los medios de comunicación y con múltiples escenarios comunitarios.

Por esa razón, la discusión sobre educación para la paz no puede reducirse a la existencia de una asignatura o a la incorporación de ciertos contenidos en los planes de estudio. Durante años, muchos colegios incorporaron la Cátedra de Paz mediante actividades puntuales, talleres ocasionales o documentos administrativos elaborados para cumplir requisitos institucionales. En numerosos casos, la discusión quedó atrapada en procedimientos formales y perdió capacidad para modificar prácticas concretas.

La paz convertida en un listado de actividades termina produciendo un efecto contrario al esperado. Los estudiantes perciben rápidamente cuándo un discurso institucional carece de relación con las realidades que viven diariamente. Resulta difícil hablar de convivencia cuando las escuelas reproducen formas autoritarias de relación. Resulta complejo discutir reconciliación cuando los territorios siguen marcados por desigualdades profundas. También resulta problemático hablar sobre diálogo cuando los espacios educativos funcionan mediante esquemas verticales donde las voces juveniles ocupan posiciones marginales.

Los candidatos presidenciales deberían observar esa situación con mayor cuidado. Gobernar un país implica administrar problemas urgentes, pero también construir condiciones futuras. Colombia sigue siendo una sociedad atravesada por conflictos territoriales, desigualdades económicas, fragmentaciones sociales y violencias múltiples que cambian de forma y de actores. Pensar que esos problemas pueden resolverse únicamente mediante acciones policiales o decisiones jurídicas, desconociendo las realidades de los territorios marginados por el centralismo, representa una mirada miope.

La violencia urbana muestra esa situación con bastante claridad. Durante años, la discusión pública ha estado concentrada en estadísticas de homicidios, capturas o estructuras criminales. Son asuntos relevantes, pero las cifras suelen ocultar procesos sociales más complejos. Existen barrios donde generaciones enteras han crecido en medio de economías ilegales, estigmatización territorial y oportunidades reducidas. Existen jóvenes cuya relación cotidiana con el Estado aparece principalmente a través de instituciones de control y vigilancia.

La pregunta que debería hacerse cualquier candidato presidencial es relativamente sencilla: ¿qué tipo de ciudadanía espera construir durante los próximos años? Esa pregunta parece abstracta, pero tiene consecuencias muy concretas. Dependiendo de la respuesta, cambian las prioridades presupuestales, las políticas educativas y las formas de relacionarse con las comunidades.

Un gobierno progresista tendría una responsabilidad particular en ese escenario. Quienes se ubican políticamente en ese sector suelen hablar de justicia social, participación ciudadana y ampliación de derechos. Esos elementos guardan una relación directa con la educación para la paz porque permiten pensar la convivencia desde condiciones materiales concretas y desde relaciones sociales más equitativas.

Sería deseable que el próximo gobierno mantuviera una orientación progresista. No por lealtades partidistas ni por afinidades ideológicas personales. La razón tiene que ver con la posibilidad de continuar procesos que han comenzado a abrir espacios de discusión sobre inclusión, diversidad, memoria histórica y participación territorial. Existen avances que requieren tiempo para consolidarse y que podrían perderse si cada administración decide comenzar nuevamente desde cero.

Sin embargo, la democracia implica la posibilidad de alternancia política. Los resultados electorales pueden producir escenarios distintos y esa realidad también debe asumirse con responsabilidad. Si el próximo gobierno pertenece a una corriente diferente, la educación para la paz tampoco debería convertirse en una víctima secundaria de disputas ideológicas.

Los candidatos deberían comprometerse desde ahora con un principio básico. Lo construido institucionalmente en materia de paz y educación debe ser evaluado, corregido cuando sea necesario y fortalecido cuando existan resultados positivos. Destruir procesos únicamente porque fueron impulsados por administraciones anteriores representa una práctica costosa para cualquier sociedad.

Colombia conoce bien las consecuencias de esa lógica. Cada cambio gubernamental trae modificaciones administrativas que interrumpen experiencias locales, reemplazan equipos técnicos y suspenden iniciativas comunitarias. Muchos proyectos terminan desapareciendo antes de mostrar resultados porque las temporalidades políticas rara vez coinciden con las temporalidades sociales.

La construcción de paz necesita tiempos largos. Las relaciones sociales no cambian con la velocidad de un decreto presidencial ni con la duración de un período gubernamental. Las transformaciones culturales requieren permanencia, acumulación de experiencias y aprendizajes colectivos. Las comunidades necesitan confianza para participar, y esa confianza difícilmente aparece cuando las reglas cambian cada pocos años.

Existen experiencias territoriales que muestran caminos posibles. Diversas comunidades han desarrollado procesos pedagógicos relacionados con memoria, convivencia, cultura ciudadana y participación juvenil. Algunas iniciativas han surgido en territorios marcados por el conflicto armado; otras han aparecido en contextos urbanos atravesados por violencias cotidianas. Muchas veces esos procesos permanecen invisibles para las políticas nacionales.

Ahí aparece otro problema frecuente. La educación para la paz suele diseñarse desde oficinas centrales con escasa relación con las particularidades territoriales. Colombia presenta diferencias culturales, sociales y económicas enormes. Las realidades del Caribe colombiano, del Pacífico, de la Amazonía o de regiones fronterizas contienen dinámicas específicas que requieren respuestas situadas.

Los territorios no representan simples lugares donde se implementan programas diseñados desde arriba. Son espacios donde existen capacidades organizativas, conocimientos locales y formas particulares de comprender los conflictos. Ignorar esas experiencias produce intervenciones desconectadas de las condiciones reales donde pretenden operar.

Los candidatos presidenciales deberían abandonar la idea de que gobernar significa llegar con soluciones terminadas. Escuchar territorios implica reconocer capacidades existentes y construir políticas con quienes habitan esas realidades. La educación para la paz necesita esa lógica porque trabaja precisamente sobre relaciones humanas y experiencias sociales concretas.

También resulta necesario revisar qué entendemos por éxito en materia educativa. Durante años, buena parte de la discusión pública ha estado concentrada en pruebas estandarizadas, resultados académicos y cobertura institucional. Esos indicadores aportan información relevante, pero dejan preguntas abiertas sobre convivencia, participación democrática y construcción de ciudadanía.

Una sociedad puede mejorar determinados indicadores educativos y mantener profundas fracturas sociales. Puede aumentar coberturas y conservar exclusiones históricas. Puede mostrar crecimiento económico y seguir reproduciendo formas cotidianas de violencia. La educación para la paz obliga a mirar dimensiones que frecuentemente quedan fuera de las métricas tradicionales.

La campaña presidencial representa una oportunidad para discutir esos asuntos antes de que las urgencias administrativas ocupen toda la agenda pública. Sería valioso escuchar propuestas concretas sobre formación docente, participación juvenil, fortalecimiento comunitario y articulación entre educación y construcción territorial de paz.

También sería valioso escuchar algo más sencillo y quizá más difícil: una disposición clara para reconocer que las políticas públicas no pertenecen a los gobiernos sino a la sociedad. Lo construido mediante recursos públicos y participación ciudadana no debería convertirse en propiedad política temporal de una administración específica ni en réditos politiqueros a futuro.

La educación para la paz necesita convertirse en una política con capacidad de sobrevivir a los ciclos electorales. Requiere acuerdos mínimos que permitan proteger procesos relevantes más allá de diferencias ideológicas legítimas. Ningún gobierno debería tener el poder de borrar completamente lo que otros construyeron cuando existen experiencias, aprendizajes y capacidades acumuladas.

Dentro de los siguientes días, los dos candidatos culminarán sus recorridos por plazas, universidades, barrios y municipios buscando votos. Escucharán reclamos sobre seguridad, empleo y servicios públicos. En medio de esas conversaciones, tal vez valga la pena formular una pregunta adicional: cuando lleguen a la Casa de Nariño, ¿piensan gobernar para el próximo período presidencial o piensan construir condiciones para las próximas generaciones?

La respuesta no debería aparecer en un discurso de campaña. Tendrá que observarse en la manera como decidan tratar aquello que el país ya construyó. Porque la paz no tendría que cambiar de dueño cada cuatro años; debería sembrarse en los territorios para que sea cosechada en el futuro de las comunidades, no de los políticos.

David Luquetta, antropólogo y doctor en ciencias sociales.

Educación para la Paz como una política pública para el 2030