Políticas Sociales

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Unidos contra Macri y su política neoliberal. Las cinco centrales sindicales movilizaron 150 mil trabajadores

Noticias

Terc3raInformación/30 de abril de 2016

 

El escenario desde donde hablaron Pablo Micheli, de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores; Antonio Caló, de la CGT Alsina y Hugo Moyano de la CGT Azopardo fue emplazado en Paseo Colón e Independencia. Desde allí conmemoraron el Día del Trabajador y se pronunciaron contra las políticas de ajuste sistemático del gobierno de Mauricio Macri.

En el inicio del acto, el titular del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid leyó un documento consensuado entre las cinco centrales obreras titulado “Unidad para la Justicia Social” y en el que centraron sus demandas en seis puntos.

El primero de ellos fue, “atento a la caída del empleo”, respaldar la votación de la ley de “emergencia ocupacional”, que ya tiene media sanción del Senado y que la semana próxima se tratará en la Cámara de Diputados.

El segundo punto critica “el incumplimiento de las promesas de campaña” de Mauricio Macri sobre el “impuesto al trabajo” y subraya que “el salario no es ganancia”. En el tercero se reclama «la universalización de las asignaciones familiares», y en el cuarto la plena vigencia del 82 por ciento móvil para los jubilados y una solución integral de la problemática previsional”.

El quinto punto exige al Gobierno cumplir con “el respeto por el pleno derecho de huelga sin ningún protocolo de seguridad”, como el elaborado por el ministerio que encabeza Patricia Bullrich y que da carta blanca al accionar policial durante las protestas sociales.

El último ítem del documento pide “la no intromisión de ningún organismo externo en la vida de los sindicatos”. El texto, leyó Schmid, es “un llamado de atención a las fuerzas políticas para que asuman estos problemas”, también “al Gobierno, que debe anunciar anuncios concretos” para salir de la crisis y resaltó la “unidad sindical ante la gravedad de la situación”.

Además, demandaron al Poder Ejecutivo que «informe cuál es el plan antiinflacionario tan anunciado (en los últimos cuatro meses) y cuáles son los instrumentos» que se van a aplicar para ponerlo en marcha. «No podemos dejar cuentas pendientes» ni seguir apelando a «la herencia recibida. La justificación de que la culpa está en el otro, no nos sirve», sentenciaron.

El texto destaca, además, que «el movimiento obrero organizado se moviliza por primera vez en mucho tiempo» en una acción en la que «todas las expresiones gremiales actuaron en conjunto». Lo hicieron porque, prosiguió Schmid en su lectura, «el pueblo sigue con inocultable preocupación la evolución de las medidas económicas aplicadas» por el gobierno de Cambiemos, caracterizada por «la aceleración de la inflación» y el «traslado del costo (de la crisis) sobre las espaldas de los trabajadores».

Puntualiza, además, las «dudas e incertidumbres» del Ejecutivo para «hacer frente a la inflación» y los critica las «medidas de estricto orden financiero» aplicadas. «Creemos que (estas políticas) son el regreso de recetas que tuvieron tristes consecuencias», añade el documento y exhorta a que «las soluciones no se dejen libradas al mercado o al derrame».

«¿Quién se beneficia con esto? -concluye el documento- Las empresas monopólicas de algunos sectores y el sector financiero. La sola herramienta de la discusión paritaria para actualizar el salario ya no basta para sostener la igualdad.»

Multitudinario acto de los trabajadores contra el ajuste y los despidos

Manifestó su emoción al ver la cantidad de compañeras y compañeros que están movilizados en Buenos Aires, muchos de los cuales han venido de distintos puntos del país. Resaltó además que miles y miles de trabajadores están movilizados en las principales ciudades del interior: “Estamos para festejar en vísperas del Día del Trabajador y no tenemos porque pasarlo tristes, porque cuando uno tiene dignidad para pararse frente al ajuste, tiene que estar contento”.

“Triste sería que estuviéramos escondidos, metidos en nuestras casas sin salir a la calle frente a los despidos, a la miseria que cobran nuestros viejos, frente a la pobreza, frente a lo que está pasando con nuestros salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces sí festejamos que estamos juntas las centrales, y ésto no es menor en un momento donde se habla tanto de grietas. Los dirigentes hemos sido capaces de dejar de lado nuestras diferencias para poner por encima las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país”, apuntó Micheli.

El titular de la CTA Autónoma siguió: “También estamos protestando, pero no es en contra de nadie sino en defensa propia porque nos meten las manos en los bolsillos todos los días, porque aumenta el costo de vida, porque todas las medidas de este gobierno son a favor de los grupos concentrados de poder y no a favor del pueblo”.

Se refirió además a la compleja situación en relación a la inflación que devora los salarios de los trabajadores: “no es verdad que tengan un plan para bajar la inflación. El plan que tienen es que sigamos pagando la crisis los trabajadores y el pueblo mientras ellos se siguen enriqueciendo”.

“Va a haber conflicto si vetan la Ley”, anunció Micheli y dijo: “vamos a agudizar la lucha, esto recién empieza. Más unidad, más lucha, y si no escuchan habrá paro nacional también”. Unidad en la acción para frenar el ajuste

Luego fue el turno de la CTA de los Trabajadores, cuyo líder, Hugo Yasky criticó las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri: “con la unidad de las centrales conseguimos que el Senado apruebe la Ley para frenar los despidos por seis meses, pero si Macri se atreve a vetarla nos va a tener en la calle, movilizados todos juntos”.

Por su parte, Antonio Caló de la CGT Balcarce, le confirmó a la multitud que el próximo 22 de agosto “habrá una CGT unificada, porque así lo necesitan los trabajadores para frenar el ajuste que está encabezando este gobierno”.

Finalmente tomó la palabra Hugo Moyano, Secretario General de la CGT Azopardo que calificó la jornada de “histórica” y se solidarizó con los inundados del Litoral, los trabajadores de Tierra del Fuego y los taxistas que están en pie de lucha con lo que es “un nuevo modo de precarización laboral”.

Criticó además todas las medidas que tomó el gobierno nacional para favorecer a las clases empresarias en detrimento del bienestar de los trabajadores. En tanto reclamó el 82% móvil para los jubilados y que se consulte a los representantes de los trabajadores cuando se toman medidas que afectan sus intereses. Con la tradicional “Marcha Peronista” se dio por finalizado el acto.

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article102567

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Por un San Jorge más social

Enrique Gullen Prados

Aragondigital/Tribuna Digital/23 de abril de 2016/Por: Enrique Guillén Pardos

Hace unos días una persona a la que admiro y respeto desde hace años me preguntaba como un cariñoso reproche por qué no escribía desde hace tiempo ningún artículo. Repitió la pregunta con la misma insistencia con que detallaba cómo miraba muchos días este diario para ver si aparecía mi opinión o apelaba a mi obligación moral de tomar posición sobre lo que está pasando. Le prometí que haría pronto lo que me pedía y con estas líneas empiezo a cumplir gustosamente con él.

Precisamente por eso, me siento obligado a llamar la atención sobre el carácter nada social que tiene este año el programa con el que las instituciones aragonesas celebran el Día de la Comunidad. Sé que él estaría bastante de acuerdo con esta valoración, porque he visto siempre su compromiso con los débiles y su honesta búsqueda de la verdad. Eso le llevó en su día a formar parte de los sacerdotes que apoyaron al cura de Fabara frente al entonces arzobispo Pedro Cantero o a trabajar en la mina de mi pueblo cuando, para los poderosos, el lugar de un sacerdote era la iglesia.

Apropiándome de su mirada –le pido disculpas, aunque no dudo de que me entenderá–, he de reconocer mi sorpresa por algunas paradójicas coincidencias de este San Jorge 2016. Mientras el Gobierno y las Cortes de Aragón repiten el protocolo anual para la celebración institucional de el Día de Aragón –incluido el acto fiesta de La Aljafería–, los periódicos de estos días vomitan noticias sobre los problemas económicos de la educación o la sanidad pública aragonesa y de quienes prestan los distintos servicios sociales.

Los directores de los institutos públicos se han quejado de no recibir el dinero que debió llegar el año pasado, la Plataforma Salud Universal ha denunciado que seis mil aragoneses no tienen aún acceso a la sanidad pública y los disminuidos psíquicos representados en Adislaf se han encerrado de forma indefinida para que el Gobierno de Aragón les pague los 735.000 euros que les adeuda también desde 2015. Mientras, el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, dedica su discurso institucional a hablar de un aragonesismo que aproveche todas las potencialidades de los aragoneses.

Para quien piense que uso interesadamente los hechos o los datos, todo lo escrito en el párrafo anterior procede de titulares periodísticos. Y si alguien aduce que precisamente por eso presenta la realidad de forma instrumentalizada, debe tener en cuenta que esas noticias son las que han oído y leído estos días los aragoneses. En otras palabras, mi sorpresa y decepción, mi posición crítica, quizá sea parecida a la que muchos de ellos han podido tomar o sentir.  Desde luego, no parece esta la mejor forma de celebrar San Jorge –las instituciones por un lado, la realidad social más acuciante por otro– ni tampoco el camino adecuado para que los aragoneses se identifiquen con quienes los gobiernan y lo que representan, la autonomía.

Sé que los datos anteriores son escasos y parciales para generalizar a partir de ellos. Sin embargo, parece bastante evidente que las carencias presupuestarias del Gobierno de Aragón las está pagando, sobre todo, la parte del estado social que gestiona la Comunidad Autónoma. Basta recordar las dificultades con las que se viene prestando todo lo relativo a la dependencia, pese a que bastantes de esos casos podían ser incluidos en lo que Podemos suele llamar emergencia social.

Repartir la pobreza siempre resulta más que complicado. Con todo, dudo que quejarse del sistema de financiación autonómica o de la escasa aportación del Gobierno de Rajoy a la prestación por dependencia –comparto ese punto de vista– sean razones suficientes para justificar que partidos de izquierda –los que gobiernan y los que le dan apoyo parlamentario en las Cortes de Aragón– apenas estén resolviendo las injusticias y carencias provocadas por los recortes del PP.

Si esos partidos preguntaran a los aragoneses sobre qué ha cambiado en Aragón en políticas sociales desde las pasadas elecciones autonómicas, dudo que obtuvieran respuestas gratificantes. Principalmente, porque la mayoría de los problemas sociales siguen ahí tan graves y amenazantes como entonces. O más. Y porque igual que ven continuidad en la forma de celebrar el Día de Aragón, también tienen la sensación de que en el Edificio Pignatelli han cambiado mucho más las personas que las políticas.

Las instituciones necesitan ser útiles a sus ciudadanos o corren un alto riesgo de perder su respaldo. La autonomía no se libra de esa exigencia. Ahora mismo, la desafección ciudadana convierte en un sueño apoyos sociales a la demanda de más autonomía o contra el trasvase como los que se han vivido en el pasado. Eso, sin duda, avisa de la debilidad actual de las instituciones aragonesas y de la propia autonomía como proyecto colectivo compartido.  Por todo esto, hacía falta una celebración menos oficial, más social, del Día de Aragón.

Fuente. http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144035&secid=21

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Pensar el espacio fronterizo como dinámica para la integración en América Latina

Wilson Lermanda

AsuntosdelSur/1 abril, 2016/Por: Wilson Lermanda Delgado

Cuando hablamos de espacio fronterizo, debemos considerar en primer lugar, bajo qué acepción utilizamos el concepto. Por un lado, se encuentra la perspectiva de la frontera como una delimitación jurídico-política, la cual hace alusión al límite como un marco territorial circunscrito al Estado-Nación. Por otro lado, podemos ver el espacio fronterizo como una dimensión cultural que se ha construido socialmente. Bajo los parámetros de la primera definición, es que han trabajado los aparatos diplomáticos de Chile y Bolivia, por tanto, se ha convertido en noción bajo la cual se maneja la dirección internacional y territorial de los Estados.

Este año se conmemoran 112 años desde que se celebró el Tratado de Paz y Amistad, entre Chile y Bolivia, por el cual se fijaron los límites político-administrativos entre ambos países. De ahí en adelante, el siglo XX estuvo marcado por una perspectiva diplomática que se pretendió integrar desde la diferencia. En los últimos años la relación se ha vuelto álgida, principalmente por la demanda boliviana ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Esto solamente nos da muestra de que tanto Chile como también Bolivia, han trabajado sus temas fronterizos bajo la primera acepción que mencionamos.

Dos breves ejemplos sobre la acción diplomática que se lleva a cabo hoy en día. Hace pocos días el Estado Plurinacional de Bolivia organizó su tradicional conmemoración reivindicativa de su mediterraneidad, conocida como el Día del Mar, en la cual como es costumbre, se hace público el nacionalismo boliviano, construido en parte por la cuestión mediterránea, donde la voz de la oficialidad culpa al Estado de Chile de todos los males y penurias que sufre el pueblo boliviano debido a su enclaustramiento. Por otra parte, Chile responde con la postura oficial, que recalca el respeto irrestricto de los tratados y del derecho internacional. Este año fue el turno de un video presentado por el ministerio de Relaciones Exteriores en el cual, inmigrantes y descendientes de bolivianos, daban testimonio de las bondades del país costero, diciendo públicamente que su progreso personal y material se debía a la política de integración que está llevando a cabo el Estado de Chile.

Aquí es donde nos detenemos. Hasta qué punto podemos hablar de una integración real, si ambos países se encuentran empeñados en hacer valer su posición dentro del Sistema Internacional, recurriendo como es costumbre, al concepto de frontera jurídico-política. Es en este momento donde se propone desde la actividad historiográfica, analizar el espacio fronterizo como una dimensión cultural, en la cual los elementos comunes de las sociedades de frontera nos pueden dar luces sobre una perspectiva futura en la relación chileno-boliviana, como también de los procesos integradores que pretenda seguir América Latina en el siglo XXI.

Al hablar de frontera en términos político-jurídico, se considera la perspectiva del yo, frente a otro, en donde las diferencias marcan los fenómenos sociales que construyen la identidad de ambos pueblos. Por otro lado, la idea del espacio transfronterizo nos permite ver la territorialidad como una construcción social, en la cual se puede generar una convivencia sana y respetuosa de grupos y pueblos identificados con distintas banderas.

En este sentido, cuando en la actualidad se habla sobre los procesos de integración de los estados, debemos considerar los espacios comunes que poseen sus propias lógicas desde antes que se desarrollara el concepto de Estado-Nación en América Latina y dentro de ese marco, generar políticas públicas apropiadas para que la integración tanto política, económica y cultural sea exitosa y no se quede solamente en acuerdos económicos que negocian ciertos aranceles, actos conmemorativos de reivindicación o posturas sacras sobre los tratados y el derecho internacional.

Sin una verdadera integración, será muy complejo que América Latina pueda despegar como un bloque económico poderoso en el Sistema Internacional, y seguirá teniendo una integración a medias, en la cual cada país hablará de buena vecindad, pero con la vista puesta en los marcos de su propio territorio.

Fuente: http://www.asuntosdelsur.org/blog/2016/04/01/pensar-el-espacio-fronterizo-como-dinamica-para-la-integracion-en-america-latina/

Licenciado en Historia. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile 

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EE.UU: Academics Assail N.C. Law That Limits Protections for LGBT People

Noticias

TheChronicleOfHigherEducation/28 de marzo de 2016/Por: Andy Thomason

Resumen: Una nueva polémica se ha desatado en las universidades de Carolina del Norte, en relación a una ley denominada HB2, la cual viola la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, al negar algunos derechos de los homosexuales y transgénero. Sin embargo, la semana pasada los legisladores de Carolina del Norte se reunieron en la sección espacial para aprobar la legislación de amplio alcance, en donde las empresas no pueden tomar medidas legales ante la discriminación en la contratación de personas homosexuales o transgénero. La HB2 fue motivada por una ordenanza aprobada en la ciudad más poblada del estado, Charlotte. El gobernador McCroy ha tratado de desacreditar las críticas de la ley, diciendo, por ejemplo, que no elimina las protecciones para los residentes de Carolina del Norte. Los críticos han dicho que las garantías son claramente falsas. La demanda presentada ante el tribunal federal fue realizada por unos empleados transgénero y homosexuales en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. La demanda en contra de la HB2 fue motivada el trato que en ella se expresa para las personas transgénero y homosexuales, al despojarlas de la protección otorgada por la Ciudad de la Ordenanza de Charlotte, la cual se opone a que cualquier gobierno local adopte medidas para proteger a las personas contra la discriminación. Por tanto, esta ley hará más difícil para el campus atraer a los mejores profesores, estudiantes y personal en general. La comunidad deplora la negación a cualquier persona a la protección de la ley debido a su orientación sexual o identidad de género.

Organized opposition to a controversial new law in North Carolina is taking shape, and university students and faculty and staff members are playing a leading role.

On Monday, three individuals, all of whom work for or attend North Carolina colleges, and two advocacy groups sued the state over the law, known as House Bill 2, alleging it violates the 14th Amendment of the U.S. Constitution by denying gay and transgender people equal rights.

Last week, North Carolina lawmakers gathered in special section to pass the sweeping legislation, which, among other things, forbids cities and counties from passing ordinances that extend protections to gay and transgender people. As a consequence, critics of the law say, cities like Greensboro or Raleigh cannot take legal steps to, say, prevent businesses from discriminating against gay customers or employees.

House Bill 2 was prompted by an ordinance passed in the state’s most populous city, Charlotte, that allowed transgender people to choose the public restroom consistent with their gender identity, rather than their gender at birth. After the bill was passed and signed by Gov. Pat McCrory, Charlotte’s mayor, Jennifer Roberts, called it “literally the most anti-LGBT legislation in the country.”

Governor McCrory has sought to debunk criticism of the law, saying, for instance, that it does not remove protections for any North Carolina residents. Critics have said assurances like that are patently false.

Organized Opposition

The three individual plaintiffs in the lawsuit, filed on Monday in a federal court, are Joaquín Carcaño, a transgender employee at the University of North Carolina at Chapel Hill; Payton Grey McGarry, a transgender student at UNC’s Greensboro campus; and Angela Gilmore, a lesbian who is a professor and an associate dean at North Carolina Central University School of Law. The American Civil Liberties Union of North Carolina and the nonprofit group Equality North Carolina are also plaintiffs.

“H.B. 2 was motivated by an intent to treat LGBT people differently, and worse, than other people,” the lawsuit reads, in part, “including by stripping them of the protections afforded by the City of Charlotte’s Ordinance and precluding any local government from taking action to protect LGBT people against discrimination.”

Also on Monday, more than 50 Chapel Hill faculty members released a statement on Facebook condemning the law. (The statement clarified that professors were not speaking for the university.)

“The recently passed House Bill 2 makes it impossible for UNC-Chapel Hill and its surrounding communities to protect valued faculty, staff, and students from discrimination simply because of who they are,” the statement reads, adding that the law will make it difficult for the campus to attract the best professors, students, and staff.

According to the organization Campus Pride, Duke University was the first institution to issue a statement on the law, saying, “We deplore any effort to deny any person the protection of the law because of sexual orientation or gender identity.” Here is a partial collection of university statements.

On Saturday, the president of the NCAA, Mark Emmert, said he had spoken with Governor McCrory, and told him the association was committed to fostering an “inclusive” environment at sporting events. He added that he did not threaten to cancel any events scheduled to take place in North Carolina.

Fuente: http://chronicle.com/blogs/ticker/academics-assail-n-c-law-that-limits-protections-for-lgbt-people/109842

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Libro: Derechos humanos: políticas sociales y educativas

Rose Mary Hernández Román 2 comentarios

 

9788416383290



Esta literatura fue producida por Bornaetxea Rodríguez, Fito, quien transmite la idea de que, es difícil separar ni en la teoría ni en la práctica las temáticas de los derechos humanos, las políticas sociales y las educativas, ya que la aplicación a presente y a futuro de las políticas basadas en los derechos humanos necesitan de la implementación desarrollada en opciones normativas y presupuestarias que permitan ser reivindicadas por cualquier persona, ciudadano o no, para su concreción práctica. Desde esta perspectiva, el estudio de estas temáticas sitúan las bases deontológicas y el posible desarrollo curricular del acercamiento a los conocimientos sobre la legislación educativa y la perspectiva internacional. La formación en Derechos Humanos, pues, aporta a los perfiles profesionales de las áreas de pedagogía y/o educación social una perspectiva transversal tan necesaria como, hasta ahora, excluida de los curricula formales universitarios del área.


Este autor  nacido en 1955, es un gasteiztarra donostiarrizado. Es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Ciencias de la Educación. Ha acumulado multitud de experiencias, a lo largo de su vida, en el campo de la Educación, tanto como profesor como director de escuela. Desde hace veinte años es profesor e investigador en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco. Ha sido, paralelamente, alumno en diversas universidades europeas y americanas. Es autor de varios libros. Entre otros: El habla y lo real (1983), Teoría de la educación (1985),Bertsolarismo y escuela (1991), El desafió del euskara hablado (1998), El pensamiento de la resistencia (1998) y Soberanía en el siglo XXI (2000). En colaboración con otros autores ha editado, también, otros trabajos relacionados con la educación. Al margen de la educación y la filosofía ha publicado, asimismo, otros trabajos en distintos medios de comunicación.


 


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